Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años de iniciales AL al que se investiga como autor del homicidio de su padre, Juan Emilio López, cometido en Rufino.

La cautelar privativa de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez, e impuesta por la jueza Lorena Garini, en una audiencia que se desarrolló en la mañana de este jueves en los tribunales rufinenses.

“La magistrada tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y consideró que eran suficientes para acreditar que el hecho ilícito efectivamente ocurrió y que fue cometido por el hombre imputado”, subrayó el fiscal. “A partir de nuestro planteo, Garini consideró que también existían riesgos procesales y por eso hizo lugar a nuestro pedido de imponer la prisión preventiva”, valoró.

Menéndez informó que “la Defensa solicitó la realización de una Junta de Salud Mental, pedido que fue autorizado por la jueza” y remarcó que “más allá de la realización de esa pericia, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

El homicidio fue cometido el domingo 3 de mayo pasado, entre las 20 y las 22, en una vivienda ubicada en calle Crouzellies al 300 en la que vivía la víctima.

“El hombre de iniciales AL golpeó a la víctima en la parte posterior de su cabeza”, detalló el fiscal y agregó que “luego le asestó una serie de puñaladas mientras su padre estaba tendido en el piso”. En tal sentido, Menéndez afirmó que “la víctima resultó con una serie de heridas que derivaron en su muerte”.

“Posteriormente, el imputado envolvió el cuerpo de su padre en frazadas y lo ató a la parte trasera de una pick–up marca Chevrolet modelo Apache de color amarilla, propiedad de la víctima, y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda, tomando por la calle Ayacucho para luego dirigirse en dirección a la calle Meunier”, relató el funcionario del MPA.

El fiscal también puntualizó que “el hombre investigado continuó por esta vía hasta un derivador de aguas ubicado en la intersección con calle José Ingenieros, donde se detuvo, arrojó el cuerpo de su padre y regresó a la vivienda”.

El representante del MPA indicó que “una vez de vuelta en el inmueble, el imputado utilizó diversos elementos de limpieza e intentó borrar los rastros del ilícito que había cometido unos minutos antes”.

“Con el fin de lograr la impunidad por el homicidio que había cometido, el martes 5 de mayo, el imputado realizó una denuncia en la que refirió a una presunta desaparición de la víctima y aportó datos falsos”, resaltó el fiscal.

Menéndez destacó que “si bien la investigación se inició por la búsqueda del paradero de López, fuimos realizando distintas diligencias que nos permitieron avanzar con la hipótesis de que en realidad se trataba de un homicidio”. En tal sentido, el fiscal del MPA indicó que “el miércoles ordenamos la detención del imputado, quien estaba en la vivienda en la que cometió el ilícito”.

“Finalmente, en horas de la tarde de ese día fue encontrado el cuerpo de la víctima”, concluyó el fiscal.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de los delitos de homicidio doloso agravado (por el vínculo) y falsa denuncia.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años, cuyas iniciales son AJB, al que se investiga por robar un celular con un arma y lesionar a la víctima en Sancti Spiritu. Además, se le atribuyó hurtar previamente una motocicleta que se encontraba en la vía pública de la misma localidad y en la cual se trasladaba al momento del robo.

La fiscal Rafaela Florit solicitó la medida cautelar en una audiencia ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, realizada en los tribunales de Rufino.

En relación a lo dispuesto, la funcionaria del MPA valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó alternativas no privativas de la libertad que había propuesto la Defensa”.

Florit afirmó que “el martes 6 de este mes alrededor de las 7, el imputado junto a otra mujer detenida llegaron en una motocicleta negra a la Sala de Monitoreo”. Al respecto, especificó que “AJB hurtó una motocicleta marca Honda que se encontraba estacionada y huyó en el motovehículo”.

“El hombre y la mujer investigados se trasladaban por un camino de tierra de la misma localidad cuando a las 7.30 aproximadamente, se encontraron con un hombre que iba caminando por la vía pública”, relató la fiscal. “El imputado lo sobrepasó y luego pegó la vuelta”, puntualizó y añadió que “sacó un arma tipo revólver, le apuntó y le exigió que entregue su teléfono celular”.

La funcionaria del MPA explicó que “la víctima accedió inmediatamente mientras que AJB le pegó un culatazo en la cabeza, provocándole lesiones leves”.

“A partir del llamado al 911 que realizó la dueña de la motocicleta hurtada, personal policial logró interceptar y capturar al imputado a bordo dicho motovehículo, al que se le secuestró un arma calibre 22 sin municiones y el teléfono sustraído”.

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la coautoría del delito de robo agravado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada) y la autoría de los delitos de hurto agravado (por ser vehículo dejando en la vía pública) y lesiones leves dolosas.

Finalizó en los tribunales de Melincué un juicio oral y público donde se juzga a un sujeto acusado e abusar sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades. Durante la audiencia final, el fiscal Julián Cochero fundamentó la solicitud de una pena de 20 años de cárcel para Brian Alejandro F. de 29 años, a quien se le atribuyen distintos episodios, ocurridos desde que la víctima tenía entre 9 y 10 años hasta el año pasado.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación, representado en esa etapa por Vanina Servidio Pozzi. La defensa del acusado fue ejercida por la abogada Jaquelina Cortes Luchesi. El tribunal que en los próximos días dará a conocer la sentencia está integrado por Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

Hechos denunciados

De acuerdo con el expediente judicial, los abusos comenzaron en la vivienda familiar de calle Saavedra, en el barrio La Hermosa de Firmat, cuando los hermanos convivían bajo el mismo techo. Según el expdiente, Brian aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con la niña para someterla, bajo amenazas de muerte contra ella o contra su padre.

Los ataques se repitieron en diferentes momentos de la infancia y la adolescencia de la víctima, incluyendo episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados. El último hecho habría ocurrido en 2024, en la cocina de la casa familiar, cuando el acusado la amenazó con un cuchillo antes de abusarla.

La calificación legal

El Ministerio Público encuadró la conducta de Brian Alejandro F. en los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, abuso sexual con acceso carnal agravado por las mismas circunstancias, y amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor.

Por la gravedad de los hechos y la prolongada duración de los abusos, la Fiscalía solicitó la pena de 20 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales correspondientes.

Ahora resta que el tribunal dé a conocer la sentencia definitiva que determinará el futuro del acusado.

Quedaron en prisión preventiva dos hombres que son investigados por haber intentado vender una caja de herramientas que uno de ellos había hurtado en Rufino. Tienen 28 y 29 años y sus iniciales son JAC y JIM, respectivamente.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia realizada en los tribunales rufinenses.

El fiscal que está a cargo de la investigación es Mauro Menéndez, quien solicitó que los imputados transiten el proceso judicial en prisión preventiva. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso, la magistrada consideró que estaban acreditados los requisitos para ordenar la cautelar de máxima para ambas personas”.

El funcionario del MPA remarcó que “uno de los investigados tiene un antecedente condenatorio y el otro, causas penales en trámite”, y especificó que “la reiterancia fue contemplada por la jueza”. A su vez, expuso que “las evidencias en las que se funda la atribución delictiva son contundentes”, y agregó que “las penas en expectativa son a prisión de cumplimiento efectivo”. Por otro lado, planteó que “los peligros procesales estaban latentes”.

Menéndez señaló que “alrededor de las 6.30 del viernes 28 de febrero de este año, el imputado de iniciales JAC se apoderó ilegítimamente de una caja de chapa que contenía gran cantidad de herramientas de mano”. Según precisó, “la sustrajo de la caja de una camioneta que estaba estacionada en la vía pública”.

“Con el objetivo de ocultar lo hurtado, llevó la caja de herramientas a su casa, en la que vive junto con el otro hombre investigado, quien la recibió –a sabiendas de su origen ilícito– y la mantuvo oculta”, relató el fiscal.

“Ese mismo día, los imputados intentaron vender la caja de herramientas como si hubiera sido suya”, aseguró el funcionario del MPA. “Si bien la ofrecieron a través de redes sociales y se comunicaron con personas interesadas mediante whatsapp, por causas ajenas a su voluntad no pudieron concretar la transacción”, indicó.

Asimismo, Menéndez destacó que “el hurto fue registrado por cámaras de seguridad privadas y diferentes testigos dieron cuenta de las ofertas que los hombres investigados hicieron ante potenciales compradores”.

A los imputados se les atribuyó la coautoría del delito de tentativa de estelionato. Además, al hombre de 28 años se lo investiga como autor de hurto, mientras que al hombre de 29 se le endilgó la autoría de encubrimiento.

El fiscal Menéndez también adelantó que solicitará a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que agende una audiencia para ampliar la imputación de los dos hombres. “Luego de que se dispuso la prisión preventiva de ambos, se hizo una inspección de la celda en la que estuvieron alojados provisoriamente en la Comisaría Tercera de Rufino, y se descubrió que intentaron escapar del lugar utilizando herramientas con las que provocaron daños en la infraestructura”, indicó el funcionario del MPA.

A partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada en la mañana de este lunes en los tribunales rufinenses, quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años, cuyas iniciales son MNQ, que es investigado por delitos cometidos en un contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja en Rufino.La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini.“Con su accionar, el hombre incumplió una prohibición de contacto y de acercamiento a la víctima, y una medida que le impedía ingresar a la ciudad de Rufino”, remarcó la fiscal Florit y aclaró que “estas dos normas de conducta, junto con otras que tampoco respetó, se le habían impuesto en el marco de otra investigación penal también por violencia de género en perjuicio de la misma víctima”.Florit valoró que “si bien la Defensa propuso alternativas a la privación de la libertad, la magistrada las desestimó, hizo lugar al pedido que hicimos desde la Fiscalía e impuso la prisión preventiva ordinaria y sin plazos”.

Florit señaló que “el lunes de la semana pasada, el imputado fue a la casa en la que estaba vivienda su expareja, discutió con ella, le quitó de las manos el teléfono celular y, a pesar de los reiterados pedidos de la mujer, se fue del lugar sin devolvérselo”. La fiscal advirtió que “previamente, el imputado la había amenazado a través de distintas redes sociales”.“Al día siguiente, MNQ nuevamente volvió a buscar a su expareja”, subrayó Florit e hizo hincapié en que “la mujer se había mudado a la casa de un amigo”. En tal sentido, la funcionaria del MPA relató que “el hombre investigado ingresó a la vivienda, comenzaron a discutir, ella se fue de la casa diciendo que se iba a comprar algo y en el camino se encontró con un conocido, a quien le pidió prestado el teléfono para llamar a la policía”.La fiscal informó que “personal del Comando Radioeléctrico fue al lugar y aprehendió al imputado”.

Al hombre que quedó en prisión preventiva se le atribuyó la autoría de los delitos de robo simple, amenazas y tres hechos de desobediencia judicial.

Quedaron en prisión preventiva dos hombres y una mujer que son investigados por el robo de un televisor y dos teléfonos celulares, cometido con un arma de fuego la semana pasada en Rufino. Se trata de dos hombres, cuyas iniciales son AL y HMGO, y una mujer de iniciales MLB.Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en audiencias realizadas en los tribunales rufinenses.El fiscal Mauro Menéndez está a cargo de la investigación y es quien solicitó las medidas cautelares. "Si bien en todos los casos la Defensa de los imputados se opuso a nuestro requerimiento, la magistrada hizo lugar a nuestra solicitud", valoró el funcionario del MPA y precisó que “para el hombre de iniciales HMGO y para la mujer de iniciales MLB, las preventivas se impusieron sin plazo con la posibilidad de ser revisadas a los 60 días. En tanto, para el otro hombre -de iniciales AL-, la cautelar es por 60 días”."La jueza consideró que la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría estaban acreditadas; contempló que las penas en expectativa son de prisión efectiva y sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes", aseguró Menéndez. "A su vez, tuvo en cuenta que hay un cuarto hombre que también es investigado, ya fue identificado y se emitió la correspondiente orden de detención”, advirtió.

Menéndez señaló que "durante los primeros minutos del martes de la semana pasada, los imputados y el hombre que está prófugo actuaron de manera coordinada con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos".Afirmó que "mientras el hombre de iniciales HMGO aguardaba afuera a modo de apoyo, las otras tres personas ingresaron sin autorización a una vivienda ubicada en Brown al 100". Al respecto, manifestó que "uno de los atacantes llevaba consigo un arma de fuego"."En el inmueble, se encontraron con una mujer a la que amenazaron de muerte con el arma para evitar que opusiera resistencia al robo", indicó el fiscal. "En el marco de la situación violenta, sustrajeron un televisor y dos teléfonos celulares", especificó.Por otro lado, refirió que "el accionar delictivo fue advertido por un vecino que estaba en la vía pública", y destacó que "al salir del domicilio, los imputados lo golpearon en la cabeza con el arma y le quitaron una bicicleta"."Finalmente, los cuatro coautores del ilícito se fueron juntos del lugar con el objetivo de procurar su impunidad", concluyó.

A los dos hombres y a la mujer investigados se les endilgó la coautoría del delito de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada de ningún modo; y por haber sido cometido en poblado y en banda).

Guillermo Clement fue condenado a 33 años de prisión en el marco de un juicio en el que fue acusado de cometer nueve abusos sexuales contra alumnas que concurrían a su gimnasio de calle Francia y 25 de Mayo en Venado Tuerto. La sentencia fue informada en la mañana de este martes, en los tribunales de calle Chacabuco, por Lorena Garini, Presienta del Tribunal, que además estuvo integrado por Benjamín Révori y Aldo Baravalle.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra fue quien llevó adelante la investigación, y en lo previo había solicitado 35 años de prisión, pedido al que adhirió la abogada Ana María Regidor como querellante. En tanto, la defensora pública, Melisa Andreata había partido de la base de la inocencia planteada por su defendido en los alegatos, y subsidiariamente solicitó morigerar la calificación legal de cada una de las carátulas.

Finalmente, el tribunal encontró culpable a Clemente de siete casos de abuso sexual gravemente ultrajante, dos casos de abuso sexual simple y tres casos de abuso sexual con acceso carnal, estableciendo una pena de 33 años de prisión.

Al mismo tiempo, marcó un precedente importante al no dejar prescribir (tal cual lo había solicitado la defensa) un hecho que databa del año 2008 y que había sido denuncia más de 10 años después.

La totalidad de los hechos se registraron repetidamente entre los años 2008 y 2021. Haces tres años un grupo de ex alumnas pudieron romper la barrera del silencio y radicar la denuncia contra quien era su profesor. 

Fin del caso

Desde la Oficina de Gestión Judicial convocaron a las 7:30 horas del martes a la audiencia donde se procedería a la lectura de la sentencia. Desde temprano familiares y allegados a las víctimas se hicieron presentes en los tribunales.

A las 7:35 Lorena Garini comenzó con la lectura del fallo, dejando en claro en primer lugar que no hacía lugar al pedido de prescripción de una de las denuncias.

A paso seguido, informó la condena de 33 años para Guillermo Clement, indicando a su vez que tendrá que continuar en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Y al mismo tiempo, ser trasladado de la Alcaidía de Melincué a una de las cárceles de alojamiento del Servicio Penitenciario Provincial: Piñero, Las Flores o Coronda.

Tras la lectura del fallo, que no se extendió por más de 9 minutos, los familiares de las víctimas se fundieron en un abrazo. Posteriormente hicieron lo mismo con la fiscal, a quien agradecieron la profesionalidad y sensibilidad con la que llevó adelante la investigación y el juicio. 

En la mañana de este martes se dará a conocer la sentencia contra el preparador físico (GOC) acusado de 9 abusos sexuales, tres de ellos con acceso carnal, en perjuicio de alumnas menores de edad que concurrían a su gimnasio ubicado en la esquina de Francia y 25 de Mayo de Venado Tuerto. 

El tribunal está integrado por Benjamín Révori, Aldo Baravalle y Lorena Garini, quienes en la última audiencia del 15 de marzo escucharon los alegatos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien solicitó 35 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor. Mientras que la defensora pública Melisa Andreata, basó su exposición en la declaración de inocencia que hizo el preparador físico y pidió subsidiariamente la morigeración de las calificaciones legales.

Se trata de uno de los hechos más importantes en la historia de la página judicial de Venado Tuerto, ya sea por la cantidad de denuncias, como así también por el pedido de condena. 

Por los tribunales de calle Chacabuco pasaron un total de 57 testigos a lo largo de 10 audiencias en donde se brindaron detalles en relación al mecanismo utilizado por el acusado para cometer los abusos. 

Se trata de 9 casos abusos sexuales por los que fue imputado con distintas calificaciones desde lo legal: por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado es juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación. También se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación.

Un hombre de 21 años, identificado como Jairo Juan Carrasco Guajardo, fue condenado por haber agredido físicamente a su pareja en Rufino. Así fue dispuesto por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales rufinenses.

La pena impuesta a Carrasco Guajardo es a dos años de prisión de ejecución condicional. Además, se le ordenó cumplir reglas de conducta, entre las que está la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima de los ilícitos.

La fiscal que llevó adelante la investigación es Rafaela Florit.

“A principios del mes pasado, el condenado concretó sus conductas delictivas en un contexto de violencia de género que ejercía en contra de su pareja”, aseveró la fiscal.

Precisó que “en una vivienda en la que convivían, le causó lesiones leves en el rostro y en un brazo”, y agregó que “luego la amenazó de muerte”. Asimismo, señaló que “días después, la amedrentó por teléfono”.

“Tras el ataque, la mujer se mudó a la casa de su madre, donde Carrasco Guajardo ingresó sin autorización y rompió varios elementos con el fin de intimidar a la víctima”, sostuvo la fiscal.

Florit también manifestó que “a raíz de los hechos violentos que protagonizó, al condenado se le impuso una restricción de acercamiento al domicilio en el que residía su pareja”, y subrayó que “él transgredió deliberadamente la orden judicial”.

Carrasco Guajardo reconoció su responsabilidad penal como autor de lesiones leves calificadas (por haber sido en contra de su pareja, y por ser cometidas por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género); amenazas coactivas; amenazas simples; violación de domicilio; desobediencia y daño.

A su vez, la Defensa aceptó la calificación penal, la pena a dos años de prisión y el modo en el que se resolvió el conflicto penal.

Por su parte, la víctima expresó su conformidad con la condena resuelta.

Desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron 35 años de prisión para el preparador físico G.O.C. acusado de 9 abusos sexuales, tres de ellos con acceso carnal. En la audiencia de alegatos que se llevó adelante durante la jornada de este viernes, la abogada querellante planteó la misma pena que la fiscal Florencia Schiappa Pietra, mientras que la defensora del acusado se basó en el principio de inocencia esgrimido por su defendido, solicitando en su defecto una pena morigerada en caso de que el tribunal encuentre elementos probatorios.

Por su parte, el imputado aseguró que “Dios sabe que soy inocente”, y señaló que de lo único que se arrepiente en “la vida es haber enviado a mi madre a un geriátrico”.

Defensa Priopia

Luego de 10 audiencia en las que pasaron 57 testigos, en la mañana de este viernes llegó el turno de los alegatos, previo a la sentencia que se dará a conocer el 26 de marzo. Minutos después de las 8 horas hizo uso de la palabra el preparador físico que se encuentra detenido desde mediados de 2021.

“Me siento en una silla de ejecución”, comenzó diciendo, para agregar que ya “fui condenado en los medios de comunicación y en las redes sociales”. Dijo que no es “culpable”, que declara “ante Dios” y que “la única prueba que tienen es la palabra”.

G.O.C. desde el inicio del juicio fue tomando nota de lo que manifestaron sus ex alumnas como así también los testigos que pasaron por el tribunal. Pero un pequeño detalle hizo que las cosas no salgan como las pensaba: se olvidó los lentes en la Alcaidía de Melincué. 

De esta manera, intentó ir rebatiendo una a una las acusaciones. Apuntó a un par de alumnas que supuestamente se molestaron con él y “arrastraron al resto a sumarse a la denuncia”. Criticó el accionar de algunos padres y destacó la posición tomadas por otros: “Todos los días oro por ellos”, afirmó.

Aseveró no ser “culpable”, y señaló que “en Melincué hay muchos inocentes detenidos”. Pidió que “Dios me quite la vida si miento”, y con reproches a sus ex alumnas mencionó que “hay que levantarse todos los días sabiendo que condenaron a alguien con una mentira”.

Alegato fiscal

Seguidamente fue el turno de la fiscal Florencia Schiappa Pietra quien realizó durante casi tres horas un repaso de todas las denuncias que fueron presentadas contra el preparador físico. Hizo hincapié en el mecanismo utilizado para cometer los abusos, que se dieron generalmente en una sala pequeña donde se encontraba una camilla en el gimnasio de Francia y 25 de Mayo.

Destacó el testimonio brindado por distintos profesionales, quienes hicieron referencia a las “malas prácticas” implementadas por el acusado que derivaban posteriormente en los abusos sexuales que fueron desde tocamientos y masajes en las zonas íntimas y genitales de las víctimas, hasta los tres hechos de acceso carnal.

La fiscal destacó como el imputado se ganaba la confianza de los padres de sus alumnas, para posteriormente realizar viajes de entrenamiento en donde también se daban los abusos. 

Finalmente terminó solicitando una pena de 35 años de prisión por un total de 9 abusos sexuales con distintas calificaciones desde lo legal: por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado es juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación. También se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación.

Querella

Ana María Regidor es la abogada querellante, representando a una de las víctimas. A lo largo de una hora describió todo lo padecido por su representada, quien durante el tiempo que concurrió al gimnasio se expuso a un escenario de “violencia, amenazas y abuso de poder”. Dijo que el preparador físico la sometió “a engaños para satisfacer sus deseos sexuales”. 

El primer ataque ocurrió en el año 2020 cuando la joven tenía 14 años y el entrenador 50. Posteriormente fue escalando la violencia sexual y se registró el abuso con acceso carnal en el año 2021 en la camilla del gimnasio. Luego el accionar se repitió en el departamento del preparador físico al cual concurrían generalmente los días sábados con la excusa de “hacer escaleras”. 

Regidor le solicitó a tribunal integrado por Lorena Garini, Benjamín Révori y Aldo Baravalle que a la hora de la condena no hagan un promedio entra le pena mínima en expectativa y la máxima, sino que tengan en cuenta la cantidad de denuncias que pesan sobre el entrenador. En consecuencia, se sumó a los 35 años solicitado por la fiscal.

Defensa 

Melisa Andreata es la Defensora Pública que representó al acusado. Comenzó remarcando que en el caso de que el tribunal no acoja la defensa material que hizo el imputado (declararse inocente), realizó planteos subsidiarios haciendo un repaso uno por uno de los casos denunciados. En uno solicitó la prescripción, al haber pasado los 10 años desde que la víctima pudo haber realizado la denuncia. En otro, coincidió con la calificación legal: abuso sexual simple. En seis pidió que se “morigere” la carátula, por entender que no fueron de tal gravedad. 

Y en el caso más grave (abuso sexual con acceso carnal genital) planteó que hubo una situación de consentimiento entre la alumna que en ese momento tenía 14 años y el profesor de 50. En consecuencia, pidió que sea juzgado por estupro.

Un hombre de 39 años fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija -menor de edad-, en Venado Tuerto. A su vez, a un hombre de 43 años que es hermano del padre de la niña se le impusieron 9 años de prisión por haber vulnerado la integridad sexual de la misma víctima.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Lorena Garini (presidenta), Mauricio Clavero y Benjamín Révori, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales venadenses.

La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate fue Andrea Cavallero.

Delitos

Al hombre de 39 años se le impuso la pena a 18 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo, por ser ascendiente -padre-, de la víctima menor de edad).

Por su parte, el otro condenado deberá cumplir 9 años de prisión por la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización.

Tras conocer la decisión del tribunal, Cavallero indicó que "valoramos la sentencia condenatoria", y agregó que "de todas formas, analizaremos los fundamentos del fallo para evaluar la posibilidad de apelar".

En la audiencia en la que se leyó el veredicto, la funcionaria del MPA fue amenazada de muerte por una mujer que es la pareja de uno de los condenados.

Abusos

Cavallero indicó que "entre 2017 y 2021, la víctima fue abusada sexualmente por su padre y su tío en domicilios venadenses", y aclaró que "al momento de los hechos, ella cursaba la escuela primaria". Según afirmó la fiscal, "los delitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades".

"En marzo del año pasado, la niña logró relatarle a su madre las prácticas sexuales a las que había sido sometida por parte de los condenados", remarcó la representante del MPA. "Al enterarse de lo sucedido, la mujer radicó la denuncia que originó la investigación", señaló.

Prisión preventiva

Los condenados transitaron el proceso judicial en prisión preventiva domiciliaria. En la sentencia del juicio oral, la modalidad de cumplimiento de la cautelar a cumplir hasta que el fallo quede firme fue revocada con efecto suspensivo, sujeto a si la Defensa presenta un recurso de apelación al respecto.

Identidad

Las iniciales del padre de la víctima son NRV y las del tío, JDV. Sus nombres completos no se brindan para resguardar a la persona que sufrió los abusos, quien comparte el apellido con los condenados.

El intendente de Rufino, Abel Natalio Lattanzi, fue condenado a dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al haber sido encontrado culpable en una causa donde era investigado por “negociaciones incompatibles con la función pública”. Al mismo tiempo, su mujer, Marisol Raspo, tuvo una sentencia de un año y tres meses de prisión.

La noticia se conoció en las últimas horas, tras el fallo del juez Aldo Baravalle y ahora el primer mandatario tendrá la posibilidad de dar inicio a la vía recursiva correspondiente en la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto.

Historia del hecho

Semanas antes de asumir como intendente el 10 de diciembre de 2015, Lattanzi cede a su mujer las acciones de la empresa de transporte La Rubia SA. En los primeros meses de 2016 la Municipalidad lanzó un llamado a licitación por un monto de 4.000.000 de pesos (200.000 dólares en ese entonces) para el traslado de piedra dolomítica, la cual se utilizaría en distintas arterias de la localidad. En ese contexto La Rubia SA accedió a los pliegos y se presentó formalmente.

Abel Natalio Lattanzi, en el banco LGTBI+ de la Plaza de Rufino, luego de anunciar que sortearía el suéter rojo con el que hizo la campaña del 2023.

Desde el Poder Legislativo la totalidad de los concejales aprobaron una resolución solicitando a la justicia que investigue dicho accionar.

La tarea en un principio estuvo a cargo del fiscal Mauricio Clavero. Posteriormente, en el año 2019 se realizó la requisitoria de elevación a juicio, el cual dio inicio el 12 de junio de 2023, con Mauro Menéndez representando al Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente, en la jornada del lunes se conoció la sentencia de dos años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, al considerar que Lattanzi tiene vinculación con la empresa familiar y además iba a ser la persona encargada de decidir el ganador de la licitación.

Mauricio Clavero, el fiscal que dio inicio a la investigación.

Mientras que su mujer fue condenada en calidad de “partícipe primario” a un año y tres meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Ley Orgánica

La Ley Orgánica de Municipios y Comunas 2.756 de la provincia de Santa Fe detalla que no pueden ser electos intendentes o concejales “los representantes, accionistas o empleados de empresas que exploten concesiones municipales, provinciales o nacionales dentro del radio del municipio o que tengan contratos pendientes con la Municipalidad o que en cualquier forma tengan relaciones de negocio con la misma, salvo la excepción prevista para los empleados municipales en el último párrafo del art. 59”.

Tampoco “los que estuvieren interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la Municipalidad, aún como fiadores, o negociaren con la misma”.

El artículo 59 de la normativa precisa que “el Intendente o el concejal que tenga participación en las empresas, los contratos o los actos administrativos a que se refiere el art. 25 en sus incisos 3, 4 y 6, cesará de hecho en sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que determine el Código Penal”.

Lo mismo regirá para “los empleados municipales que se encuentren en tales casos, sin que por ello la Municipalidad deje de aplicar la facultad que le corresponde para anular el acto o contrato si así lo juzga conveniente. Sólo se exceptúan, para estos últimos, las operaciones de compraventa de lotes o unidades de vivienda con fines sociales”.

Natalio apela

El intendente dejó en claro que se presentará en la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, donde confía que revertirá el fallo y se definirá su inocencia.

En una publicación realizada en la red social Facebook en la noche del lunes, el primer mandatario informó a la comunidad que “fui notificado de la condena decidida por el juez Aldo Baravalle a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por el llamado a licitación para adquirir piedra dolomítica en 2016”.

Y sigue diciendo que “en el mismo fallo se me absolvió de los restantes delitos por los que fuera acusado (fraude a la administración pública en grado de tentativa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión maliciosa de presentar declaraciones juradas como Intendente, y omisión de los deberes de oficio)”.

El primer mandatario sostiene que “convencido de mi inocencia absoluta, esta decisión será apelada por mi defensa en los próximos días (una vez conocidos los fundamentos del juez) ante la Cámara Penal de Venado Tuerto. Soy inocente, solamente una sentencia firme puede cambiar esa condición, sentencia que, estoy convencido, oportunamente ratificará que no he cometido delito alguno”.

En este marco agregó que “la verdad siempre triunfa y nada va a impedir que siga siendo intendente de Rufino. A los vecinos de mi ciudad quiero decirles que confío en la actuación de la justicia y que continuaré, como todos los días y con las mismas fuerzas de antes, desempeñando la función de intendente con la que ustedes me han honrado en tres oportunidades”.

Por último, dijo que “seguiré retribuyendo la confianza que han depositado en mí con dedicación y trabajo como siempre lo he hecho. No descansaré hasta probar definitivamente mi inocencia en las instancias judiciales que sean necesarias”.

Iván Raposo, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El joven de 18 años, cuyas iniciales son I.M., detenido en la ciudad de Rufino acusado de Abuso Sexual con acceso carnal contra una nena de tan solo 12 años, fue imputado en una audiencia llevada adelante en la jornada del lunes, donde además se le fijó 30 días de prisión preventiva.

Fuentes consultadas por Sur24, señalaron que ambos sostenían una relación amorosa, la cual había iniciado hace unos meses. En un principio, se habrían conocido en una fiesta, donde la menor supuestamente manifestó haber tenido 15 años. Tiempo después el acusado se anoticia que la verdadera edad era 12 y decide romper la relación.

Días más tarde, la niña es acompañada al médico por su madre, para un chequeo ante la sospecha de un posible embarazo.

Finamente la teoría fue descartada, pero desde el equipo interdisciplinario del Hospital de Rufino radicaron la correspondiente denuncia.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, siendo Lorena Garini la Jueza de la causa.

En la audiencia imputativa realiza en el mediodía de ayer, el joven fue acusado de Abuso sexual con acceso carnal, fijándose una prisión preventiva de 30 días.

Durante ese período, se harán una serie de medidas probatorias, entre ellas la declaración de la niña en Cámara Gesell y peritar el celular del acusado, para acreditar si hubo o no violencia.

En la audiencia se expuso que ambos sostenían una relación de “noviazgo normal”, donde las madres se visitaban habitualmente y las familias compartían momentos.

Independientemente de eso, el delito imputado tiene una escala penal que comienza con un mínimo de 6 años y un máximo de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La detención

El allanamiento se realizado en la tarde del viernes en una vivienda ubicada en calle Posadas al 500, donde la policía secuestró un teléfono celular de interés para la causa.

El informe policial señala que en el marco del allanamiento el joven “no puso reparo alguno a la medida. Una vez requisada la dependencia se logra el secuestro de un teléfono celular marca SAMSUNG A21S de color azul oscuro, en buen estado de conservación, el cual solicitaba el mandato judicial. Seguidamente y contando con orden de detención para el masculino, se procedió a cumplimentar la misma trasladando a I.M. primeramente al hospital local, para luego de su correspondiente examen médico, ser alojado en comisaría 3ra de Rufino para cumplimentar los recaudos legales correspondiente”.