Por Mario Cáffaro(El Litoral)

La bancada socialista de Diputados ingresó un proyecto de comunicación para invitar a autoridades de los siete municipios más poblados de la provincia para abrir -con datos- la discusión en la Cámara sobre los proyectos vinculados a la actividad de los cuidacoches o trapitos.

Encabezado con la firma de Lionella Cattalini pero con el respaldo de los otros 13 integrantes, entre ellos la presidenta de la Cámara, Clara García, la propuesta es invitar a autoridades de los municipios de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé, a participar de una reunión en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.

La bancada socialista pretende que el tema sea votado la semana próxima para que la Comisión de Seguridad que preside el radical Martín Rosúa arme la reunión. El tema, ya votado por el Senado con sugerencias del Poder Ejecutivo, debe pasar en Diputados por el tamiz de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El objetivo socialista de citar a municipios tiene fundamentos en la necesidad de acceder a información. Los puntos propuestos por la minuta son:

* Cantidad estimada de personas que desarrollan actividades de cuidado informal de vehículos en la vía pública dentro de cada jurisdicción.

* Registros, relevamientos o censos municipales sobre dicha actividad, indicando fecha de realización y metodología utilizada.

* Las ordenanzas vigentes en cada localidad que regulen o establezcan condiciones para el ejercicio de dicha actividad.

* Medidas adoptadas por cada municipio en relación a la actividad de cuidacoches, incluyendo acciones de control, programas de inclusión social, reconversión laboral o asistencia.

* Intervención de áreas municipales vinculadas a desarrollo social, seguridad, empleo o economía social en relación a esta problemática.

* Cantidad de actas de infracción, procedimientos administrativos e intervenciones de la Justicia de Faltas vinculadas a esta actividad en los últimos tres años, en cada municipio.

* Si se han implementado programas de capacitación, empleo o inclusión destinados a personas que desarrollan esta actividad, detallando alcance y resultados.

* Toda otra información que se considere relevante para la evaluación de políticas públicas vinculadas a la regulación de esta actividad.

Catallini admitió ante El Litoral que "el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas a la actividad de cuidacoches exige contar con información precisa, actualizada y territorialmente diferenciada sobre la situación existente en los principales centros urbanos. Se trata de una problemática compleja que involucra dimensiones vinculadas a la seguridad pública, el uso del espacio público, el trabajo informal, la vulnerabilidad social y las políticas de inclusión laboral".

Para la socialista "las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales".

Para el socialismo los municipios poseen información relevante sobre la magnitud del fenómeno, las modalidades de intervención y las políticas implementadas en sus respectivas jurisdicciones. Los gobiernos locales son los niveles de gobierno que han desarrollado, en muchos casos, experiencias regulatorias diversas, que pueden constituir insumos valiosos para la toma de decisiones legislativas a nivel provincial.

"Contar con datos sistematizados permitirá evaluar el impacto potencial de las medidas propuestas, identificar buenas prácticas y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la convivencia urbana como la inclusión social de las personas involucradas en esta actividad", añadió Cattalini.

El expediente votado por el Senado consiste en una modificación del Código de Convivencia. Su nuevo Artículo 66° bis ordena: "Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no, será reprimido con trabajo comunitario de dos a diez días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención conforme artículo 19 de la presente ley. En caso de reincidencia la pena será arresto de diez a veinte días".

En tanto, el Artículo 66 ter que "La sanción establecida en el artículo 66 bis se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada sea realizada: a) Con violencia o amenazas hacia personas o bienes; b) En zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; c) En las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; d) Con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio. e) En horario nocturno (entre las 18.00 h y las 6.00 h) y/o zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos".

El arresto podrá hasta cuadruplicarse en casos de concurrencia en la falta de más de una persona, algo similar a como se agravan penas por delitos bajo concurso de una asociación ilícita.

Los municipios, según el texto, "podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad".

En la Cámara de Diputados hay proyectos de legisladores sobre la temática que se deberán ser compatibilizados con lo acordado en Senado. Uno de ellos lleva las firmas de los oficialistas Walter Ghione (Uno), Astrid Hummel (Pro) y los radicales Ximena García, José Corral, Germán Scavuzzo y Sofía Galnares.

El próximo 25 de febrero a las 15 horas se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas la Audiencia Pública en la que se tratarán los pliegos para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. La instancia permitirá a la ciudadanía formular consultas, observaciones y manifestaciones en un proceso de alto impacto institucional.

En ese marco, la diputada provincial Lionella Cattalini, quien preside la comisión de Acuerdos de la Legislatura, subrayó que la participación ciudadana es una condición necesaria para consolidar una Justicia más transparente y con mayor legitimidad social.

“La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder. Por eso la participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, sostuvo.

Cattalini remarcó que abrir el proceso a la ciudadanía fortalece la calidad institucional de la provincia. “La democracia no se agota en elegir representantes. También implica garantizar que las decisiones más trascendentes del Estado se tomen con publicidad, debate y control social. Una Corte legítima necesita un proceso legítimo”.

Las personas interesadas en participar de manera presencial o virtual podrán inscribirse hasta el 24 de febrero a las 12 horas completando el formulario disponible en el siguiente enlace:https://url-shortener.me/DC7C

La diputada socialista Lionella Cattalini, expresó su malestar por un nuevo subsidio otorgado al Club Sportivo Norte de Rafaela, institución de la cual se ha manifestado públicamente “hincha” Omar Perotti. En  esta oportunidad, Cattalini manifestó su  sorpresa por un expediente que se inició el día 28 de diciembre de 2021 y que tuvo resolución dos días después. “En un trámite exprés, el gobernador firmó el 30 de diciembre un decreto que otorga un nuevo subsidio de 23 millones de pesos, y que se suma al otorgado el año pasado en la misma fecha -de 80 millones-  para la construcción de un estadio”.

“En el 2021 pedimos informes para saber el criterio por el cuál un sólo club de la provincia recibía más dinero que sumando al resto de  todas las instituciones deportivas de la provincia. Nunca recibimos respuesta, como con todos los pedidos, y ahora asistimos  incrédulos a esta práctica del gobernador de volver a utilizar los fondos estatales de manera poco transparente y discrecional para beneficiar a sus amigos”, dijo la legisladora.

El decreto N° 3398 del Poder Ejecutivo, con fecha 30 de diciembre de 2021 concede un subsidio por veintitrés millones trescientos mil (23.300.00) Para el Club Sportivo Norte de Rafaela destinados a “solventar los gastos que demanden la adquisición de materiales de construcción y el pago de servicios de mano de obra para el cerramiento de la estructura del estadio cubierto de la institución”.

“Nos llama poderosamente la atención cómo este club logra algo que nadie consigue, a través de un expediente rápido y con fluidez para resolverse”, señaló. Y agregó: “La totalidad del dinero otorgado a esta institución es un monto exorbitante, discrecional e inequitativo si además se lo compara con lo que reciben los otros clubes”. “El año pasado el Consejo Provincial del Deporte otorgó a cada institución deportiva de la provincia 243 mil pesos. Nos sorprende especialmente después de años de muchas dificultades económicas, donde vimos a los clubes tener que hacer muchas actividades para solventar sus gastos”, concluyó.

En la tarde de este jueves, legisladores de los distintos bloques dieron media sanción a la ley que impulsaron la socialista Lionella Cattalini y el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido para que se constituya de manera estable la Junta de Seguridad de la provincia, órgano que funcionó durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y agrupaba a integrantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el fin de evaluar y diagramar políticas públicas de seguridad. “Con esta ley queremos que la Junta quede institucionalizada oficialmente para abordar la problemática de la seguridad en conjunto y que no dependa de la voluntad del Ejecutivo de turno” enfatizaron. “Justamente hoy se cumple un año desde que el ex ministro de seguridad anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad, los legisladores y legisladoras seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. Si bien entendemos que no es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los 3 poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, señalaron Catallini y Cándido. Además explicaron que la Junta Provincial de Seguridad “se había institucionalizado durante la gestión del Gobernador Lifchitz por decreto y era una instancia de trabajo mancomunado entre los 3 poderes del Estado en donde estaban invitados a participar jueces, fiscales, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, legisladores con representantes de las dos cámaras, el poder ejecutivo, ministros, el Jefe de policía” entre otras entidades. Hasta diciembre de 2019 las reuniones se hacían de manera periódica pero con el cambio de gestión “nunca se volvieron a reunir pese a la insistencia de algunos diputados por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. Ambos coincidieron en señalar que “la situación de violencia e inseguridad se fue agravando en los últimos 20 meses, con un índice de homicidios que arroja que hoy en Rosario hay 165 victimas y en toda la provincia 250. Esto es una señal de alerta junto con los ataques al poder judicial, los atentados a diario que sufren familias en los barrios de Rosario, y vemos también que no hay una idea clara de como gestionar los recursos que tiene el Ministerio de Seguridad, lo que si vemos es que se diluyó el slogan de ‘Paz y Orden’ y hoy el gobernador solo reclama ayuda de Nación”. Respecto de la sanción en sí, ambos remarcaron la importancia de que haya avanzado en la Cámara Baja y se mostraron entusiasmados con la posibilidad de que se de rápido tratamiento en la Cámara de Senadores para poder avanzar rápidamente en la implementación “y ver si podemos de alguna manera retomar el camino que permitió a la gestión de Lifschitz y Pullaro obtener un descenso gradual de la violencia y la criminalidad. No vamos a recuperar las vidas que se perdieron pero quizás podamos empezar a devolverle un poco de tranquilidad a los santafesinos y santafesinas”.