El 31 de marzo fue una jornada intensa en Diputados de la Nación. Ese día, antes del feriado del 2 de abril y de Semana Santa, quedaron conformadas 8 de las 46 comisiones permanentes que tiene la Cámara baja. Una de ellas fue la de Libertad de Expresión.

Este grupo de trabajo, que fijó día y hora de reunión para los jueves a las 10, está presidida, como la mayoría, por La Libertad Avanza. En este caso, el lugar recayó en Guillermo Montenegro (Buenos Aires).

Como vicepresidente 1° fue electo Nicolás Trotta (UxP) y como vice 2° la mendocina Lourdes Arrieta, en representación del interbloque Unidos.

"Esta comisión es una de las más importantes en este momento de la Argentina donde la libertad de expresión es algo que debemos garantizar. Desde este lugar tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, a las personas que no tienen voz y necesitan ser escuchadas", arrancó Montenegro que transmitió su compromiso por llevar adelante esta consigna.

Los jueves a las 10 será la cita de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

A su turno, Trotta, ex ministro de Educación de la Nación, fue un poco más allá y aclaró que la comisión "no tiene por finalidad proteger a los periodistas sino a la ciudadanía para que exista la posibilidad de informarse sin interferencias, intimidaciones ni censura".

En ese punto, aludió al reglamento de la comisión que prevé "bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan". Fue entonces cuando propuso una "breve agenda de trabajo" que contempla el compromiso para que "no se genere una criminalización del derecho de opinión".

Esto se planteó en el marco de la preocupación expresada por Adepa y otras organizaciones que nuclean a medios del país acerca de una posible modificación en el Código Penal para criminalizar el derecho a opinar.

"Tenemos que estar atentos para que nos se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina", sostuvo el legislador.

Además, pidió poner el foco en los "ataques e intimidaciones al periodismo".

En este punto, repasó el resultado del Monitoreo de Libertad de Expresión que lleva adelante Fopea y establece que en el año 2023 hubo 116 casos de embates en la Argentina y 179 un año después, lo que supone un incremento del 54 % interanual.

En 2025 la situación se agravó: fueron 278 casos. Entre uno y otro hubo un llamativo aumento de "agresiones directas en cabeza del Presidente de la Nación": 52 casos en 2024 y 119 al año siguiente, lo que representó el 55 % del total.

Los hechos tuvieron como destinatarios a numerosos periodistas de una gran variedad de medios.

En 2025, "se sumó la novedad de una Oficina de Respuesta Oficial", que despertó el alerta en entidades, entre otras Adepa, que salieron a advertir que el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública "porque vigilar, restringir y discriminar no permite llevar adelante una agenda que tenga a la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia".

"La censura moderna no es prohibir: es intimidar", continuó argumentando el diputado para concluir en que la comisión "debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia".

El integrante de LLA Guillermo Montenegro (centro) preside Libertad de Expresión junto a Nicolás Trotta (UxP) y Lourdes Arrieta (Unidos).

Luego, fue Arrieta quien llevó al grupo de trabajo la preocupación por el mensaje que por estos tiempos llega a las generaciones más jóvenes.

"Es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente pero también hay mucha censura en redes sociales, sobre todo a los jóvenes a quienes les hace daño", apuntó para focalizar en un tema complejo como es el bullying que se propaga a través de esas herramientas digitales.

El 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado en Pinamar. Su cuerpo apareció horas después dentro de un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas y dos disparos en la cabeza, en una cava cercana a General Madariaga.

La escena no fue solo brutal: fue un mensaje. En pocos minutos, el hecho dejó de ser un policial de verano y se transformó en un caso que sacudió al país y cambió para siempre la relación entre el poder y el fotoperiodismo argentino.

Cabezas tenía 35 años y trabajaba para la revista Noticias. En la cobertura de temporada, Pinamar concentraba dirigentes, empresarios y figuras influyentes lejos de Buenos Aires, en una postal donde la política y los negocios se mezclaban sin micrófonos.

En ese contexto, el fotógrafo logró lo que parecía imposible: retratar a Alfredo Yabrán. La imagen rompió años de blindaje mediático alrededor del empresario, conocido por su bajísimo perfil y por el peso que acumulaba en áreas sensibles del Estado.

Cabezas retrató a Alfredo Yabrán en una foto que se volvió tapa y símbolo.

La publicación de esa foto fue leída como una afrenta. Desde entonces, el caso quedó marcado por una pregunta incómoda, que la investigación judicial intentó responder con pruebas, nombres y un entramado que apuntó hacia una zona oscura del poder.

La noche previa al hallazgo del cuerpo, Cabezas había asistido a una fiesta en Pinamar. Cerca de la madrugada se retiró, pero no volvió. Horas después, la cava y el auto calcinado instalaron una certeza: no se trató de un robo, sino de un crimen planificado.

El impacto social fue inmediato. La fotografía dejó de ser un oficio silencioso para convertirse en un blanco. Y el periodismo argentino entendió que lo que se estaba discutiendo no era una tapa, sino el límite de lo publicable.

Con el correr de los días, la investigación avanzó sobre una banda integrada por policías bonaerenses y delincuentes vinculados al caso. La reconstrucción judicial señaló a “Los Horneros” como autores materiales y a un entramado de responsabilidades que escaló.

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar.

Los nombres de Gustavo Prellezo, Aníbal Luna, Sergio Gómez, Horacio Braga y José Luis Auge quedaron asociados a la ejecución del secuestro, el traslado y el asesinato. A la vez, Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, fue señalado como instigador.

El caso también quedó rodeado de sospechas sobre irregularidades, presiones y zonas liberadas. En esa tensión, el expediente fue creciendo como una radiografía de época, donde la trama criminal no se explicaba sin complicidades.

Yabrán fue citado en el marco de la causa, pero nunca llegó a declarar. El 20 de mayo de 1998, cuando avanzaban las medidas en su contra, se suicidó en una estancia en Entre Ríos. Su muerte cerró una parte clave del caso y abrió nuevas preguntas.

En 2000, el juicio oral dictó condenas severas para los responsables del crimen. Con el tiempo, la discusión pública se trasladó a otro punto: los beneficios, reducciones de pena y libertades otorgadas años después a varios condenados.

La familia de Cabezas y organizaciones periodísticas cuestionaron cada paso que se vivió como retroceso. Para muchos, la causa tuvo sentencia, pero no reparación. Para otros, la principal herida fue el mensaje de impunidad que dejó el paso del tiempo.

“No se olviden de Cabezas” quedó como consigna de la libertad de prensa.

“No se olviden de Cabezas” se convirtió en consigna y en advertencia. Se pintó en paredes, se gritó en redacciones, se repitió en marchas y volvió cada vez que un periodista fue amenazado por su trabajo.

A 29 años, el caso sigue siendo una referencia obligada para entender el valor de la libertad de expresión y el riesgo que asumieron —y asumen— quienes trabajan detrás de una cámara en busca de una imagen que explique el poder.

En el mapa de los crímenes que marcaron a la Argentina democrática, el de Cabezas conserva una singularidad: no buscó ocultarse. Fue un hecho diseñado para ser visto, para sembrar miedo y disciplinar a través del terror.

Por eso, el recuerdo no es solo un homenaje. Es una forma de defensa. En cada aniversario, el nombre vuelve porque el caso dejó algo más fuerte que una tapa histórica: dejó una obligación colectiva de memoria.

El tiempo pasó, las playas cambiaron y los veranos siguieron. Pero la consigna permanece, como una marca en la historia del periodismo argentino: no se trata solo de recordar a Cabezas, sino de entender por qué lo mataron.

El año 2025 encontró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el centro de múltiples titulares por decisiones judiciales de alto impacto, esporádicas declaraciones de sus ministros (ineludiblemente medidas y sopesadas con avidez y aprensión), y una fuerte controversia por designaciones sin acuerdo legislativo.

También, un descubrimiento inesperado de material relacionado con el nazismo en los archivos del tribunal. El hallazgo, considerado de trascendencia histórica y global, se suma a una agenda institucional cargada de debates sobre transparencia, memoria histórica e independencia judicial.

En un acto resonante (al que erróneamente se otorgó carácter “de fondo”, cuando en rigor fue la ratificación de lo actuado por órganos inferiores), la Corte dejó firme en junio la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, confirmando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Fernández de Kirchner, y los tradicionales saludos desde el balcón de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Reuters

La decisión, tomada por el pleno del tribunal, generó amplio debate político y social sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil. Y habilitó otros debates colaterales, vinculados a la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, televisado con las cámaras apuntando al balcón del departamento de la ex mandataria.

Rosatti definió el Juicio a las Juntas, otro de los hitos históricos del año al cumplirse 40 años, como un caso “ejemplar” de justicia transicional. Archivo El Litoral.

En declaraciones a medios nacionales, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, subrayó la necesidad de preservar la independencia judicial y de proteger las garantías constitucionales, afirmando que el tribunal “defiende la libertad de expresión y las garantías individuales sin oponerse a los otros poderes del Estado”.

Estas aseveraciones cobraron particular relieve a partir de otro debate de fondo, que se generó a partir de la prohibición de la difusión de audios de Karina Milei, mediante una cautelar de alcance indeterminado.

En forma paralela a los firmes pronunciamientos de entidades periodísticas y del mundo del derecho en defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier intento de censura previa, se puso de resalto la profusa y contundente jurisprudencia del Máximo Tribunal. Finalmente, la cautelar fue levantada.

La controversia institucional había tenido un pico en febrero, cuando el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte sin acuerdo parlamentario, una decisión inusual en contextos democráticos.

El Senado finalmente rechazó sus pliegos, y la polémica derivó en recursos judiciales y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida y el equilibrio de poderes.

A tal punto que Lijo nunca llegó a asumir (la propia Corte demoró ese paso, condicionándolo a su previa renuncia a la Justicia Federal, que no sucedió), pero García-Mansilla sí, y hasta participó de una reunión de Acuerdo y estampó su firma en decisorios del Tribunal. Tras el rechazo del Senado, se retiró discretamente.

Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, durante la apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso. Xinhua.

En ese marco, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, sostuvo públicamente la necesidad de completar los integrantes del tribunal con criterios de diversidad de género y representación, al mismo tiempo que rechazó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera tratada como “presa política”, defendiendo el rol autónomo del Poder Judicial.

Lorenzetti, señalado como impulsor de la candidatura de Lijo, sostuvo durante el año una dura interna con los otros dos miembros de la Corte, que se arrastra desde hace varios años y quedó de manifiesto públicamente a fines de 2024, por cuestiones organizativas internas y en el marco de la salida de Juan Carlos Maqueda.

Aún así, el enfrentamiento no bloqueó la tarea jurisdiccional, obligada a la unanimidad de los tres jueces, para compensar los dos cargos vacantes y no necesitar acudir a conjueces.

En este contexto, la Corte siguió acogiendo y acumulando durante el período una serie de reclamos de distintas provincias contra el Estado nacional, fundamentalmente por cuestiones previsionales, distribución de recursos o recorte de fondos. Entre ellos, el que sostiene Santa Fe por el pago de la deuda previsional acumulada, y también la remisión periódica de fondos.

Maximiliano Pullaro compareció ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que mantiene Nación con la provincia. Lo hizo acompañado por dos ex mandatarios: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Archivo El Litoral

Pero además, tarde o temprano el Alto Tribunal deberá sentar criterio definitivo sobre las reformas que lleva adelante el gobierno nacional, y las que tiene en proceso, muchas de las cuales han sido objetadas e incluso ya tienen pronunciamientos en contra en sede judicial.

Esto aplica incluso al mismo DNU 70/2023, para lo cual (según confirmó el propio Rosatti en recientes declaraciones), están esperando que se complete el trámite constitucional en el parlamento. Otro tanto corre para la ley Bases y sus derivaciones.

Fuera de lo cual, Rosatti, además de insistir en la necesidad de cubrir las vacantes en el fuero federal y ratificar la independencia absoluta del Poder Judicial (“sólo miro la ley y la Constitución”), formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía.

También recordó el carácter “difuso” del control de constitucionalidad, por lo cual, por ejemplo, cualquier magistrado está facultado a expedirse sobre cuestiones como la reforma laboral; más allá de la posterior revisión por órganos superiores. Claro pronóstico de un 2026 de expedientes agitados.

En tanto, en medio de la agenda institucional, la Corte Suprema fue escenario de un hecho insólito y de alto impacto histórico. En mayo de 2025, funcionarios judiciales que trasladaban documentación para la creación de un Museo Institucional del tribunal encontraron cajas con material vinculado al nazismo en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

Según informó la Corte, las cajas —que habían estado olvidadas desde 1941— contienen documentos de propaganda nazi, libretas con esvásticas, fotografías y pasaportes vinculados al régimen de Adolf Hitler.

El Gran Rabino de AMIA participó de la apertura de cajas con documentación junto al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el director del Museo del Holocausto, autoridades e investigadores. Archivo El Litoral

Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en presencia de autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y representantes de la comunidad judía, subrayando la importancia de preservar y analizar el contenido para aportar información histórica sobre el Holocausto y las redes de propaganda en Sudamérica.

El material nazi encontrado, como los 40 años del juicio a las Juntas Militares que también fue recordado este año, no sólo remite a episodios complejos de la historia argentina y mundial, sino que también posiciona a la Corte en un rol activo en la preservación de la memoria histórica, abriendo nuevas preguntas sobre el pasado y su interpretación contemporánea.

Mientras tanto, las discusiones sobre el equilibrio de poderes y la composición del tribunal seguirán marcando la agenda pública y jurídica en los próximos meses.

Por Ilaena Hotschewer y María José Valdéz (El Litoral)

El informe del Foro de Periodismo Argentino fue presentado en Primera Mañana de CyD Litoral y advierte que 2024 es el segundo peor año desde que se iniciaron los registros. El presidente Javier Milei protagonizó 56 de los ataques contabilizados.

En el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que suele pasar desapercibida para muchos pero que interpela de lleno al periodismo, el informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó cifras que preocupan. A lo largo de 2024 ya se registraron 179 agresiones contra periodistas, con un aumento del 103% respecto a 2022, cuando se contabilizaron 88 casos.

El dato más alarmante es que el 80% de las agresiones tuvo origen estatal o paraestatal. De hecho, el presidente Javier Milei fue protagonista de 56 episodios, encabezando el ranking de funcionarios involucrados en ataques a la prensa. A nivel general, 285 periodistas fueron víctimas y se identificaron 195 agresores en distintos niveles del Estado.

Durante la emisión de Primera Mañana por CyD Litoral, se analizó en profundidad el informe elaborado por el Observatorio de FOPEA, que sistematiza cada caso y lo publica sólo tras una verificación exhaustiva. Las formas más frecuentes de ataque fueron los discursos estigmatizantes (45%), agresiones físicas, y restricciones al acceso a la información pública.

“Cuando los periodistas no podemos preguntar, cuando el poder responde con agravios, la sociedad pierde el derecho a saber”, se planteó al aire durante el análisis del informe.

Mientras la UNESCO advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial en la circulación de información, en Argentina el principal problema sigue siendo la accesibilidad al poder y la creciente hostilidad hacia los trabajadores de prensa. No se trata solo de redes sociales: ocho casos ya llegaron a la justicia, cinco en fueros provinciales y tres en el ámbito federal.

A nivel geográfico, la mayor concentración de casos se dio en Ciudad de Buenos Aires (105), seguida por provincia de Buenos Aires (14) y Tucumán (10). Santa Fe registró cinco denuncias, lo que la ubica fuera del “top 10” de provincias más afectadas. Sin embargo, no deja de preocupar el clima general hacia el periodismo.

El informe también señala la precariedad que atraviesan muchos medios, especialmente locales, y cómo eso impacta en la posibilidad de sostener una labor crítica y honesta frente al poder. En esa línea, se destacó positivamente que en Santa Fe se sigan brindando conferencias de prensa y haya acceso a fuentes oficiales, algo que se ha vuelto excepcional a nivel nacional.

La libertad de expresión no es solo un principio consagrado por la Constitución Nacional: es la base de una democracia que se respeta a sí misma. Atacar a la prensa es una forma de empobrecer a la ciudadanía, restringir su derecho a saber y deteriorar el vínculo entre el poder y la sociedad.

Desde la investigación hasta la redacción, pasando por la fotografía, y el personal que se ubica detrás de cámaras, la conmemoración está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su ardua tarea por encontrar veracidad y en defensa de la libertad de expresión.

En honor a un comunicador checoslovaco que murió a menos del régimen nazi, esta efeméride reconoce y valora el trabajo de cada uno de los periodistas que laboran en las diversas áreas de cobertura informativa.

El Día Internacional del Periodista tiene su origen en 1938 durante el Primer Congreso de Periodistas que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina. En esa jornada de reunión internacional, se estableció que cada 8 de setiembre se celebre y conmemore el día oficial para festejar la labor de esta profesión.

En principio, se decidió que el Día Internacional del Periodista se convierta en efemérides en honor y memoria al primer medio impreso regional de carácter independentista y patriótico del país. Sin embargo, 20 años después, en 1958, y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los representantes a nivel mundial que participaron del IV Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), realizado en Bucarest (Rumania), acordaron y optaron por honrar y rendir tributo con esta festividad al periodista checoslovaco, Julius Fucik.

Julius Fucik. Imagen de archivo.

Esta proclamación fue motivada para conmemorar su sensible fallecimiento, a manos de los nazis, el 8 de setiembre de 1943.

Julius Fucik fue un escritor y periodista nacido en la ciudad de Praga (hoy República Checa) en 1903. En 1921, ingresó al Partido Comunista de su país, donde consolidó su carrera como crítico literario y teatral, y luego como redactor de las publicaciones comunistas Rude Pravo y Tvorba.

Cuando el ejército nazi ocupó Checoslovaquia, Julius Fucik continuó su labor periodística, pero bajo el seudónimo de J. F. Pavlov, pero debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones.

En abril de 1942, fue secuestrado por la Gestapo (policía secreta de la Alemania Nazi), y trasladado a Berlín. Posteriormente, fue conducido a la cárcel de Pankrác (Praga), donde fue torturado y decapitado en 1943.

Sin embargo, su calvario le permitió sacar fuerzas para escribir y redactar fragmentos de su vivencia encarcelado. “Reportaje al pie de la horca” se tituló este trabajo periodístico elaborado en prisión La recopilación de escritos y pensamientos fue publicada póstumamente en 1945. Julius Fuck logró recuperar hoja por hoja todo el trabajo que realizó mientras vivía encerrado.

El periodista adquirió gran difusión internacional, y su obra ha sido traducida a más de 80 idiomas. Además de recibir honores con la conmemoración del Día Internacional del Periodista, Julius Fucik recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.

La Autoridad Paquistaní de Telecomunicaciones (PTA) bloqueó el servicio nacional de la enciclopedia en línea Wikipedia. La decisión fue tomada luego la página no cumpliera con el plazo de 48 horas que se le había otorgado para retirar un contenido considerado “blasfemo”.

La blasfemia es un asunto sensible en Pakistán, de mayoría musulmana, y profundamente conservador. Gigantes de internet como Facebook y YouTube fueron censurados por publicar contenido considerado sacrílego.

El ente le había dado plazo a Wikipedia hasta anoche para retirar ese contenido, sobre el cual no se conocieron los detalles.

La Fundación Wikimedia, que gestiona Wikipedia, lamentó la decisión, que “niega al quinto país más poblado del mundo el acceso al mayor repertorio de conocimientos libre”. “Si esto continúa, privará a todo el mundo en Pakistán del conocimiento, la historia, la cultura”, afirmó la organización en un comunicado.

Los defensores de la libertad de expresión critican desde hace tiempo la censura impuesta por los diferentes gobiernos y su control de Internet y los medios de comunicación.

El activista por los derechos digitales Usama Khilji afrimó que “el objetivo principal es silenciar a cualquier disidente”. “Muchas veces se utiliza la blasfemia como arma arrojadiza con ese fin”, subrayó.

En 2010, Pakistán bloqueó Facebook durante dos semanas por una publicación supuestamente blasfema.

En el caso de YouTube estuvo inaccesible de 2012 a 2016 debido a la difusión de una película amateur islamófoba que desencadenó violentas protestas en numerosos países.

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.