Por Federico Viola (*)

Hay una escena que se repite con una regularidad casi ritual: ante cada crisis política, escándalo o fracaso de gestión, la explicación aparece rápida, cómoda, casi automática: corrupción. La palabra funciona como un diagnóstico total. Nombra el problema, señala a los culpables y, sobre todo, tranquiliza: si el problema son "ellos", entonces la solución es simplemente reemplazarlos.

Pero... ¿y si el problema no fueran los corruptos? ¿Y si la corrupción no fuera la causa, sino el síntoma? La política contemporánea parece atravesada por una dificultad más profunda, menos visible y, por eso mismo, más incómoda: su creciente incapacidad para producir efectos reales.

Gobiernos que anuncian medidas que no se implementan, leyes que no transforman la realidad, programas que existen más en el discurso que en los hechos. No es que no se haga nada. Se hace mucho. Se legisla, se regula, se comunica. Pero, extrañamente, nada parece cambiar demasiado.

En este contexto, la corrupción aparece como la explicación preferida. Y, sin embargo, tal vez sea más preciso entenderla como una consecuencia. Para comprender esto, conviene mirar menos a las personas y más a las estructuras. Durante buena parte de la modernidad, la política se organizó a través de un dispositivo que prometía racionalidad, orden y eficacia: la burocracia.

Un sistema basado en reglas, procedimientos y jerarquías, pensado para administrar grandes poblaciones de manera previsible. Durante mucho tiempo, funcionó razonablemente bien. O, al menos, lo suficiente.

El problema es que el mundo cambió más rápido que esa maquinaria. Las sociedades contemporáneas -urbanas, masivas, hiperconectadas- operan a una escala y con un nivel de complejidad que la burocracia nunca fue diseñada para manejar. Millones de personas, miles de interacciones simultáneas, demandas que cambian en tiempo real.

Frente a esto, la respuesta burocrática sigue siendo esencialmente la misma: más procedimientos, más controles, más instancias. Es decir, más lentitud. El resultado es una paradoja: nunca hubo tantos mecanismos de gestión y, sin embargo, nunca fueron tan ineficaces. La burocracia, que en su origen fue una máquina de racionalización, hoy funciona como una máquina de fricción.

Los procesos se ralentizan, las decisiones se diluyen, la responsabilidad se dispersa. Nadie decide del todo, nadie ejecuta completamente, y lo que finalmente ocurre suele llegar tarde o no llegar. En ese contexto, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en una especie de atajo funcional.

Si el camino formal es lento, opaco e incierto, aparecen mecanismos informales que prometen resolver lo que el sistema no puede. Acelerar un trámite, destrabar una gestión, obtener una respuesta. No porque alguien sea necesariamente más perverso, sino porque el sistema, tal como está diseñado, no logra cumplir su función básica: producir resultados.

Esto no implica justificar la corrupción. Pero sí entender que su persistencia no puede explicarse únicamente por la moral de los individuos. Si el problema fuera solo ético, bastaría con reemplazar a los corruptos por personas honestas. Y, sin embargo, la historia muestra que el fenómeno persiste, incluso cuando cambian los nombres.

Tal vez porque no se trata solo de quién gobierna, sino de con qué se gobierna. La política contemporánea parece operar con una tecnología institucional obsoleta para el tipo de realidad que enfrenta. Una herramienta pensada para un mundo más simple, que hoy intenta administrar una complejidad que la desborda.

En ese desajuste -entre la magnitud de los problemas y la capacidad de procesarlos- se juega buena parte de su ineficacia. Y es en ese espacio donde la corrupción encuentra su terreno fértil. Se combate la corrupción con leyes, controles, auditorías. Y sin duda, eso es necesario. Pero quizás sea insuficiente.

Porque esas mismas herramientas forman parte del mismo aparato que ya ha mostrado sus límites. Más controles suelen implicar más procedimientos. Más procedimientos, más lentitud. Y más lentitud, más incentivos para evitarlos. Un círculo difícil de romper.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si la lucha contra la corrupción, tal como se plantea hoy, fuera en parte un modo de no enfrentar el problema de fondo? Es más sencillo señalar culpables que rediseñar sistemas. Más fácil indignarse que pensar nuevas formas de organización. La corrupción ofrece una narrativa clara, casi tranquilizadora.

La ineficacia estructural, en cambio, exige revisar las bases mismas de cómo entendemos la política. Quizás el desafío no sea solo moral, sino técnico. No se trata únicamente de tener mejores personas, sino de contar con mejores dispositivos para gobernar.

Herramientas capaces de operar a la escala y velocidad que el mundo actual exige. Sistemas que reduzcan la fricción en lugar de multiplicarla. Que conecten decisión y resultado, en lugar de separarlos. Porque una política que no produce efectos, inevitablemente produce otra cosa: frustración, desconfianza y, finalmente, cinismo.

Y en ese clima, la corrupción deja de escandalizar. Se vuelve esperable. Casi normal. Tal vez ha llegado el momento de cambiar la pregunta. No solo quién roba, sino por qué el sistema sigue funcionando de tal manera que robar resulta, para muchos, más efectivo que cumplir las reglas.

Mientras esa pregunta no se formule en serio, seguiremos combatiendo los síntomas. Y llamando "corrupción" a lo que, en el fondo, es una política que ya no logra gobernar.

(*) El autor, doctor en Filosofía, es el director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.

El presidente Javier Milei anticipó este viernes que enviará al Congreso un paquete de medidas "anticasta" que buscarán "terminar con los privilegios" de políticos y sindicalistas.

Tras cuestionar a los legisladores, a los que enrostró ser "ricos" en un contexto de pobreza, el Presidente anticipó que mandará el paquete de leyes contra lo que él, desde la campaña, llama "casta", en referencia a un sector de la política.

Entre otras medidas, las iniciativas afectan el sistema de jubilaciones de privilegio para el Presidente, así como iniciativas sobre sindicatos y leyes laborales.

Además, según el anuncio de Milei, "financiar déficit fiscal con emisión monetaria" será contemplado como un "delito de lesa humanidad", es decir, imprescriptible.

Uno por uno, los proyectos que anunció Milei:

Australia implementará leyes que concedan a los empleados el derecho a ignorar llamadas y mensajes injustificados de sus superiores fuera de su horario laboral sin enfrentar sanciones, mientras que los empleadores que violen esta norma podrían enfrentar multas.

El concepto de "derecho a desconectar" se incluye dentro de una serie de modificaciones a las leyes laborales propuestas por el Gobierno federal en un proyecto de ley parlamentaria, el cual, según se afirma, busca proteger los derechos de los trabajadores y contribuir a restablecer el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

En países como Francia, España y otros miembros de la Unión Europea ya existen leyes similares que garantizan a los empleados el derecho a desconectar sus dispositivos electrónicos.

El ministro de Trabajo, Tony Burke, del partido laborista de centro-izquierda, anunció el miércoles que la mayoría de los senadores apoyan la ley.

Según Burke, esta disposición evitará que los empleados trabajen horas extras no remuneradas al permitirles desconectarse de comunicaciones injustificadas fuera de su horario laboral.

El primer ministro, Anthony Albanese, expresó a los medios el miércoles temprano: "Simplemente estamos diciendo que alguien que no recibe pago las 24 horas del día no debería ser penalizado por no estar conectado y disponible las 24 horas del día".

Se espera que el proyecto de ley sea presentado en el Parlamento durante esta semana.

Por Mauro L. Muñoz

En el ambicioso proyecto de ley "ómnibus" que este miércoles envió el gobierno de Javier Milei al Congreso nacional se incluye una serie de reformas al sistema educativo.

El título VII es el referido a los cambios en Educación. Allí se introduce un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria y abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los extranjeros que no residan de forma permanente en la Argentina.

Además, el apartado educativo de la mega ley establece que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada 5 años, según criterios establecidos por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación.

También incluye cambios en la difusión de resultados de evaluaciones estandarizadas, legitimación del homeschooling a partir de cuarto grado de primaria, incorporación del formato digital de los libros que formen parte de las bibliotecas escolares y que instituciones privadas puedan aportar fondos a las cooperadoras de escuelas estatales.

A su vez, establece la delegación a las provincias sobre la definición de “las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”, aunque reconoce que seguirá habiendo un “convenio marco” definido por la Secretaría de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales docentes con representación nacional.

Entre los cambios más significativos, se modifica el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional sobre la evaluación del sistema educativo. “Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, define.

Se establece también que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”, apunta el texto. De esta manera, se incorpora a la ley la prioridad de enfocar la evaluación en las áreas de matemática y comprensión lectora, algo que ya se venía haciendo en las últimas ediciones de las pruebas Aprender

Este examen integrador para alumnos que terminan el secundario es una medida que ya implementan otros países como el caso Brasil donde se denominan ENEM, aunque con un formato distinto en el que el puntaje que allí se obtenga es considerado para el ingreso a la universidad estatal.

Asimismo, como instancia de monitoreo de la calidad educativa, se sostendrán los sistemas de evaluación del sistema educativo (como pruebas Aprender, por ejemplo). Y se agrega que los padres y los docentes podrán tener "acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

En el caso de la evaluación a maestros y maestras, se incorpora como una de las condiciones para quienes se incorporen a la docencia, con el objetivo de certificar “las capacidades y conocimientos adquiridos” por los egresados de las carreras de formación.

A tal fin, el artículo Nº 545 de la ley busca incorporar como inciso j y k al artículo 76 de la Ley de Educación Nacional: "evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos"; y "revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada 5 años”.

La sección III de este apartado del proyecto se centra en las universidades de gestión estatal y privadas. Allí se establece la autorización a universidades para arancelar el estudio superior a extranjeros que no tengan residencia permanente. A la vez que garantiza la gratuidad para todos los argentinos y extranjeros que tengan un DNI argentino permanente.

"Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos" enumerados previamente, se explica en el texto de 664 artículos.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública los aspirantes podrán optar por un examen o un curso de nivelación. También plantea que las instituciones del nivel superior, no podrán “autoevaluarse” cada seis años, como permitía la ley, sino que cada 10 años deberán obtener evaluaciones externas, a cargo de la Coneau o de entidades privadas constituidas para ese fin.

Respecto al financiamiento de las universidades, que compone uno de los gastos más grandes de la cartera nacional, el proyecto plantea que los aportes se distribuirán entre las instituciones en función del número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y el total de egresados.

“Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto general de la administración pública nacional”, dice. Y agrega que se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos.

A su vez, el proyecto abre la puerta a que las instituciones reciban "fondos complementarios" a los del Estado.

En casa

Por otra parte, modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional para bajar la edad de acceso a estudios a distancia de los 18 años al segundo nivel de la escuela primaria (9/10 años). “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial, a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes, adultos, podrán impartiste en distintas modalidades educativas”, se plantea.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, envió a la Legislatura santafesina la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias, de tres proyectos solicitados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares.

En ese sentido, una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad por decisión del gobernador Perotti a través del Dec. 1337/22 y creado por la Resolución N° 1342/2020 de la Cámara de Diputados, requiere la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal, “estableciendo que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”. El mismo, ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja y ahora se encuentra en el Senado.

Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere al robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública. Cabe señalar que el mismo obtuvo sanción de Diputados y se encuentra en el Senado.

Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.

Cabe destacar que las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana, de la que el Observatorio también integra.

El Poder Ejecutivo promulgó entre enero y diciembre del año pasado 120 leyes fruto de otras tantas sanciones realizadas por ambas cámaras legislativas, no incluyendo entre ellas la transformación en municipio de la comuna de Monte Vera ni la prórroga de la expropiación temporal de instalaciones bienes de Productora Alimentaria a beneficio de la Cooperativa de Trabajo Naranpol. Ambas normas fueron aprobadas en diciembre durante el período de Extraordinarias y aún no promulgadas por la Casa Gris.

En el repaso de los temas sancionados en el último año se da la particularidad de que haya dos leyes de Presupuesto general (2022 y 2023) así como dos respectivas normas tributarias. Es que los desacuerdos por el Presupuesto 2022 impidieron su sanción en diciembre y recién hubo aprobación en marzo. La ley Tributaria se aprobó en diciembre y recién fue promulgada en los primeros días de enero de este año.

Tras esa demorada aprobación del Presupuesto 2022, las partes tomaron una actitud diferente para la discusión sobre 2023 y la norma fue sancionada en noviembre. El ministro de Economía, Walter Agosto, dice que fue el presupuesto más discutido en la historia parlamentaria santafesina, producto de negociaciones que se iniciaron en septiembre entre esa cartera y bloques de ambas cámaras.

Pero también en el listado de leyes aparecen las autorizaciones para dos endeudamientos externos para obras de infraestructura: 35 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento para obras de defensa de la ciudad de San Javier y 7.600.000 de dólares con el Fondo Kuwaití para el Fondo de Desarrollo Árabe para la primera parte de la obra del futuro acueducto a Córdoba.

Una de las normas más discutidas en el ámbito parlamentario y especialmente con sectores de la comunidad dio como fruto la llamada Ley de Víctimas para atender la problemática de ese sector y el rol del Estado ante ellos. Pero también hubo una modificación a la Ley 5110 para incluir dentro del sistema a familiares de determinadas víctimas.

En el paquete de normas hubo algunos vetos con textos alternativos refrendados por las cámaras, trámite que ahora espera en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Ficha Limpia con algunos cambios a normas electorales vigentes a la hora de definir precandidatos o candidatos.

Entre las normas sancionadas en el último año hay al menos dos docenas referidas a recordar determinadas fechas en el calendario santafesino, declaratorias protectivas de edificios históricos en la provincia y -como todos los años- varias de expropiaciones de inmuebles para determinados objetivos.

Más de un centenar de las 120 normas se originaron en proyectos de legisladores mientras que el Poder Ejecutivo tuvo iniciativas en Presupuestos, tributarias, endeudamientos y una serie de convenios enviados para su ratificación ante las cámaras.

Las principales normas en vigencia por la tarea parlamentaria en 2022:

El 31 de diciembre último caducó la vigencia de la Ley que dispuso la Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario y el Poder Ejecutivo no solicitó prórroga alguna. La norma se originó en proyectos legislativos -especialmente de la bancada socialista de Diputados- y fue tomado por el ex ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

El objetivo era el uso rápido de partidas para equipar a las fuerzas policiales y agilizar determinadas compras o contrataciones. Para la oposición la herramienta no fue usada en tiempo y forma por el Ejecutivo que fue a defender su uso ante la Cámara de Diputados con el nuevo ministro del área, Rubén Rimoldi y la secretaria de Administración Financiera, Ana Morel quien fue la protagonista excluyente de la reunión discutiendo con legisladores en forma continua y opacando la presencia del titular de la cartera. Lo concreto es que a la fecha de la reunión -octubre- la ejecución de partidas era mínima. El viernes, Morel se fue del cargo, después de más de dos meses de ese paso por Diputados.

Tres de las 120 normas sancionadas en el último año fueron para imponer el nombre del ex gobernador y ex presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, a una escuela y a dos tramos de rutas provinciales.

Lifschitz falleció el 9 de mayo de 2021 debido al Covid cuando ejercía la titularidad de la Cámara Baja.

Las tres normas que lo recuerdan:

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud.

En el marco de una sesión que se extendió hasta la medianoche, la Cámara avaló también un proyecto que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que lleva el nombre de “Lucio”, y el que fija la eliminación del requisito de renovación periódica del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los casos de discapacidades permanentes.

En el tramo final la sesión se vio opacada por la decisión de los diputados del bloque PRO de retirarse del recinto en disconformidad porque el oficialismo no retiro del temario un proyecto que originalmente estaba incluido en la lista de expedientes.

Los diputados republicanos habían avalado en las comisiones la iniciativa sobre paridad de género en Deporte, pero en los últimos días cambiaron de opinión sobre el proyecto.

La iniciativa fue aprobada con el impulso del Frente de Todos, bloques minoritarios, y socios de JxC, como la UCR y Evolución Radical, que decidieron diferenciarse de la estrategia del PRO:

El plenario legislativo, presidido por su titular Cecilia Moreau, comenzó a las 12.30 con la presencia de 130 legisladores.

La deliberación se inició con un homenaje de la legisladora del Frente de Todos Mónica Litza al líder del Justicialismo, Juan Domingo Perón, al cumplirse el próximo 17 de noviembre 50 años del retorno a la Argentina tras su exilio, y otro del diputado radical MIguel Bazze por el 39° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín, ocurrido el 30 de octubre de 1983.

La del miércoles iba a ser una de las últimas deliberaciones del período ordinario, pero el Gobierno decidió prorrogar las sesiones para tratar otras iniciativas.

El primer proyecto en ser debatido fue el que exime del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud que efectúa una guardia adicional a las cuatro que realiza en el mes, para evitar así que tengan descuentos por la aplicación de este tributo.

Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta tienen que pagar Ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan efectuarla.

El plenario legislativo aprobó por 223 votos la iniciativa al contar con el respaldo del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Interbloques Provincias Unidas y Federal, Movimiento Popular Neuquino, Ser, el Frente de Izquierda y Avanza Libertad.

El segundo proyecto aprobado fue el que crea un registro de deudores alimentarios que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.

El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (Rendam) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) votó en contra.

Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general, no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro.

En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al PRO, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que “aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios”

“Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites”, agregó.

De acuerdo al proyecto “quienes se encuentren en el Rendam no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros”.

La tercera iniciativa aprobada fue la que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

El proyecto sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.

El texto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En cuarto orden, la Cámara aprobó por unanimidad y envió al Senado un proyecto de ley que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fijando para el futuro, de acuerdo al grado de discapacidad, que el certificado puede expedirse sin fecha de vencimiento.

El proyecto, que contó con 227 votos a favor, sin negativos ni abstenciones y con 29 ausencias, establece que el CUD “establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización “conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Dicha actualización deberá implementar “la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”, señala el texto.

En las últimas horas de la sesión se convirtieron en ley los proyectos de cesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.

Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre de 2018.

El temario se completó con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III).

Además, se realizó el debate sobre la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Finalmente, cerca de la medianoche, la sesión casi se cayó porque era el turno de poner a consideración el proyecto que establece el mencionado Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció que derogará la ley que castiga la homosexualidad con una pena de hasta dos años de cárcel, aunque enmendará la Constitución para proteger el matrimonio entre el hombre y la mujer. 

Las actitudes sociales hacia la comunidad Lgtbi han cambiado “considerablemente”, por lo que es oportuno despenalizar las relaciones entre hombres, contempladas en el Código Penal como una “indecencia grave”, expresó Lee durante un discurso. 

“Si bien seguimos siendo una sociedad ampliamente conservadora, las personas homosexuales ahora son mejor aceptadas en Singapur, especialmente entre los singapurenses más jóvenes”, agregó el premier. 

No obstante, agregó que se mantendrán las “normas y valores prevalecientes” que protegen el matrimonio, informaron el medio local CNA y la agencia de noticias Europa Press. 

“Por lo tanto, aunque deroguemos (la ley), defenderemos y protegeremos la institución del matrimonio”, dijo, y recordó que, en virtud de la legalidad vigente, Singapur “solo reconoce los enlaces matrimoniales entre un hombre y una mujer”. 

Los activistas por los derechos de los homosexuales defienden desde hace tiempo que la ley choca con la cultura de la ciudad Estado, cada vez más moderna, y en el pasado presentó dos recursos ante la justicia para tumbarla, sin éxito. 

Tras el discurso del primer ministro, defensores de los derechos de los homosexuales expresaron su “alivio”. 

“La derogación de la Sección 377A es el primer paso en el largo camino hacia la plena igualdad de las personas Lgbtq+ en Singapur”, afirmaron en una declaración conjunta firmada por más de 20 grupos. 

Pero “el verdadero impacto de la derogación vendrá determinado por la forma en que los habitantes de Singapur respondan a ella, y se traten entre sí, en los próximos días y meses”, agregaron, informó la agencia de noticias AFP. 

Los activistas también se refirieron a los planes del Gobierno de consagrar la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer en la Constitución de Singapur. 

“Cualquier movimiento del gobierno para introducir más legislación o enmiendas constitucionales que señalen a las personas Lgbtq+ como ciudadanos desiguales es decepcionante”, dijeron. 

Antes de la decisión de Lee, una alianza de iglesias protestantes había criticado el viernes la posible derogación de la norma, descrita como un “marcador de muchas consideraciones sociales y morales”. 

Por su parte, el viceprimer ministro, Lawrence Wong, aseguró esta semana que las autoridades de Singapur valoraban derogar la ley debido a que se trata de “un marcador de valores importantes que le importan a la sociedad”. 

Sin embargo, las autoridades sostuvieron que una revisión de la regla, que proviene de la época colonial y no se aplicó activamente durante más de una década, no legalizará el matrimonio homosexual ni se modificarán otras cuestiones, como las normas de adopción o los valores educativos. 

El primer intento de anular la ley fue rechazado en 2014 y en febrero último, el Tribunal de Apelación desestimó un segundo recurso. 

En la región, India despenalizó en 2018 las relaciones sexuales entre homosexuales y al año siguiente, Taiwán se consagró el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Se cumplen 30 años de la ley provincial 10772 y, este 2 de diciembre, 11 años de la sanción de la ley nacional 26657, “es el momento de pasar de las valiosas experiencias de desmanicomialización a construir intersectorialmente una política de salud mental. Estamos transitando los últimos días del 2021, en los que la pandemia ha generado un impacto que pone de relieve la importancia de fortalecer y trazar las redes de cuidado que necesitamos”, explicó la actual directora, la psicóloga y psicoanalista, Celina Pochettino. “Por eso -continuó-, se desencadenó el proceso de construcción del plan participativo para la salud mental en la provincia de Santa Fe”.

Al respecto, la funcionaria detalló que “esta planificación permitirá avanzar en la transformación del modelo manicomial hacia un modelo de asistencia integral, localizada en la comunidad, centrada en los derechos y los cuidados. Y es necesario abordarlo regionalmente, proceso que está en curso”.

Transformación del modelo y servicios de la red

Para Celina Pochettino, “la transformación del modelo es cultural y de organización de los servicios de la red, para esto último es fundamental diseñar y potenciar el modelo que necesitamos. Para lograr habitar esta transformación es necesario de la agenda de todas y todos, para abordar las representaciones culturales de las cuestiones de salud mental y los consumos problemáticos”.

A 30 años

“En las décadas pasadas, en Santa Fe, hemos aprendido y hecho mucho. Disminuimos camas psiquiátricas, creamos nuevos servicios, transformamos muchas de nuestras prácticas, instalamos otra forma de pensar la asistencia en salud mental lo que ha sido de gran importancia para lo viene”, explica Celina Pochettino.

Desafíos

Sin embargo insiste en que “nos falta un paso, tal vez el más importante y que aún no hemos alcanzado. Contamos con el marco legal y queremos instituir una política de salud mental consensuada, con los diversos actores. Para ello planteamos un plan propositivo de cara a una política que abra definitivamente una nueva historia en el campo de la salud”, sostuvo la directora de Salud mental.

“Sabemos qué abrir y sabemos qué deberemos cerrar”, afirmó Celina Pochetino: “el plan consiste en ejecutar una nueva política que propone superar la centralidad del hospital psiquiátrico especializado para pasar a atender y ser atendidos en la comunidad y nuevas instituciones como Centro Territoriales de Salud Mental, que vengan a apuntalar el sistema de salud, que ayuden a ampliar las posibilidades de internación en los hospitales generales, que permitan fortalecer la Atención Primaria para las poblaciones en vulnerabilidad de sus derechos”.

Estado de situación

Desde el área se elaboró un documento diagnóstico del estado de situación de la salud mental y concluyen que para salir de las vastas y heterogéneas experiencias hay que pasar a la política pública.

“La nueva propuesta -sostiene Pochettino-, la nueva figura en el sistema de salud, son los Centros Territoriales de Salud Mental ubicados en la comunidad como lugares de alojamiento del sufrimiento psíquico en las diferentes etapas de la vida y, por eso insistimos en que deben adecuarse a las nuevas demandas sociales”.

La psicoanalista observó que “estos Centros Territoriales no sólo serán para los adultos que antes llegaban al psiquiátrico sino que el desafío es desarrollar Centros Territoriales para las infancias y las juventudes con problemáticas de consumo fundamentalmente”.

Los centros

La directora aclara que “estos lugares no son de aislamiento y encierro sino por el contrario: receptivo a los malestares que aquejan a la población, donde hay desde atención individual hasta talleres de expresiones culturales y artísticas. Lugares para fortalecer los lazos y vínculos que el sufrimiento subjetivo tiende a romper. Lugares donde hacer lugar a la integralidad de los cuidados. Son los servicios que le faltan a nuestras redes y que propiciarían la articulación de los recursos del estado para ponerlos a disposición de la población”.

Asesoramiento y acompañamiento

Para concretar este Plan, Celina Pochettino reiteró que, “contamos con el asesoramiento de Franco Rotelli, pionero italiano en la transformación mejor sucedida de Europa así como el apoyo técnico de académicos como Paulo Amarante de Brasil impulsor de medidas similares en Sudamérica”.

La importancia también radica en que todo esto lo realizarán en rondas consultivas con usuarios/as de servicios, con trabajadores del campo de la salud mental, con los distintos ministerios y sectores gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil (universidades, colegios profesionales, etc.).

“Es compromiso plural el que se puede terminar con el manicomio y que el plan ya se ha iniciado en discusiones colectivas en los viejos hospitales psiquiátricos, en los hospitales generales y en los centros de salud a lo largo y ancho de la provincia con especial énfasis en la singularidad características de cada región”, argumenta la titular del área.

“El plan está lanzado, las discusiones están abiertas para poner fecha de vencimiento al manicomio y de inauguración de los nuevos servicios, a once años de una ley que venía siendo ejecutada parcialmente en estos últimos años”, sentenció Pochettino.

Para finalizar, la funcionaria de salud “habla de un nuevo y más difícil desafío, el abordaje de los efectos que está provocando la pandemia, las afecciones que suscitan, el dolor, el duele por la muerte, la ruptura de lazos dados por la pandemia y la crisis”, sostuvo Celina Pochettino.

Luis Rodrigo

Mario Cáffaro

Son las normas más importantes y controvertidas en el listado de más de 150 proyectos que cuentan con media sanción de Diputados, pero no han logrado tratamiento en el Senado, con lo cual perdería estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, al finalizar el período ordinario. Y son las que, dentro de esa nómina, no tendrían chances de ser tratadas en caso de que, si hay acuerdo entre los jefes de los bloques de ambas cámaras, se llevan a cabo sesiones el próximo viernes.

En tanto, con 13 postergaciones desde septiembre de 2020 tiene una oportunidad  más -para la próxima sesión del Senado- un proyecto de ley que habla de las energías que producen los consumidores, mediante tecnologías alternativas. Lo han impulsado Clara García en la cámara de Diputados y Marcelo Lewandowski en el  Senado.  El texto está acordado y parece tener el consenso necesario pero Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía de Fuentes Renovables Integrada a la Red Eléctrica Pública  no ha logrado pasar por ninguna de las cuatro  comisiones a las que fue girado. Un sobre tablas y el Senado en comisión pueden remediarlo antes de que se venzan los plazos.

Se trata de una ley que le daría a Santa Fe mayor previsibilidad al naciente sector de la autogeneración de energía a cargo de los usuarios.

En cambio, las diferencias son mayores con el proyecto de ley de Educación Sexual Integral. A la Cámara alta llegó una media sanción de Diputados que las iglesias cuestionan. Y hay otro proyecto del bloque del peronismo con su propia visión del tema, de cuando estaba unificado, de difícil tratamiento. Por razones parecidas es muy improbable que haya ley de educación. La media sanción tiene idénticos objetores religiosos en general y eclesiásticos en particular.

Entre otros asuntos venidos de diputados espera su turno la Junta Provincial de Seguridad que ingresó el primero de octubre y pertenece al diputado radical Juan Cruz Cándido.

Y en la lista de asuntos propios del Senado sigue sin resolverse el proyecto que ha planteado Lisandro Enrico (UCR-General López) para que sea ciudad Teodelina. Como se sabe que no pasará lo mismo en diputados con Elortondo, ahora el senador plantea que en el mismo proyecto también se incluya a esa localidad que también reúne las condiciones necesarias.

Por otra parte, queda por delante un proyecto de ley presentado el jueves 18 del corriente del oficialismo en el Senado. Lealtad pide que se declare la emergencia en Seguridad y el asunto pasó a comisiones con una preferencia. Resta el tratamiento del otro cuerpo deliberativo de la Legislatura.

Otros proyectos que integran la nómina, de menor impacto institucional y, a la vez, con chances de ser tratados esta semana y evitar que se caigan, son la creación de un cuerpo provincial de Guardaparques; la reglamentación del Teletrabajo; la adhesión a la ley Yolanda (formación en temas ambientales de agentes públicos) o la creación de la Municipalidad de Monte Vera.