Entre otros muchos asuntos, quedó para luego del receso legislativo de invierno el tratamiento en el Senado de la Provincia de Santa Fe de un proyecto directamente vinculado con una ley pendiente de debate desde hace más medio siglo.

El objetivo es que al menos se sienten las bases para que haya un debate al respecto el año próximo, a lo largo de 10 meses.

Se trata de una comisión para el debate y la elaboración de una ley de educación provincial.

El texto presentado por el diputado radical Marcelo González ya tiene media sanción de esa cámara y su norte es crear un ámbito de carácter consultivo, participativo y plural, que logre superar diferencias agudas sobre qué sistema educativo, basado en qué principios, con qué actores, bajo qué visión de la realidad y en qué interacción con el plano religioso (o sin esta) debe ser la enseñanza institucional provista por el Estado.

Se trata de un tema que ha sobrevolado la agenda legislativa desde el regreso de la democracia y que pese a los compromisos tantas veces asumidos nunca tuvo acuerdo.

Es Santa Fe hoy la única provincia argentina que no tiene una ley de educación propia y basa sus políticas en reformas parciales, interpretaciones o reglamentaciones de una vieja norma de fines de la primera mitad del siglo pasado: vinculada a un mundo en el que la palabra escrita impresa, la prensa y la radio (no existía ni la FM) eran los únicos medios para conocer la realidad. Apenas había teléfonos y el desarrollo de la televisión en blanco y negro necesitaba aún de una década más.

Durante el jueves 2 de julio previo a las vacaciones la atención periodística se centró en el ingreso de proyectos de ley de reforma electoral, en formato de códigos, que tanto se presentaron en la Cámara alta como en Diputados.

Ese asunto tienen hoy en mente como prioridad los dirigentes políticos de Santa Fe y sobre todo los legisladores, porque esa ley define las reglas del juego electoral próximo.

En ese contexto informativo quedó eclipsada la decisión de los senadores de dejar para más adelante la chance de crear una comisión para que Santa Fe tenga su norma educativa.

Se dispuso una preferencia para dentro de dos sesiones sobre el expediente con media sanción de Diputados.

Fueron diputados radicales los que aceleran el tratamiento de la propuesta de convocar a la sociedad, para que se superen las diferencias que hasta ahora los legisladores no pudieron salvar.

El espacio de trabajo estaría constituido por el Poder Ejecutivo y las comisiones de Educación de las dos cámaras. En Diputados, la presidenta es Gisel Mahmud del bloque socialista al igual que sus compañeros Fabián Cejas y Sofía Masutti. El radical González, autor de la norma, así como sus correligionarios Germán Scavuzzoy Ximena García, forman parte de esa instancia de trabajo legislativo.

Por peronismo, es vicepresidente el ex senador provincial Miguel Rabbia del bloque Construyendo Futuro y Verónica Porcelli Baró Graf del Frente Renovador 100% Santafesino. Otros de origen celeste, contrarios al derecho al aborto, de bloques unipersonales, Juan Domingo Argañaraz de Inspirar y Natalia Armas Belavi de Vida y Familia.

Finalmente, Claudia Balagué del bloque Frente Amplio por la Soberanía, que fue ministra de Educación de Santa Fe durante gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social, entre 2012 y 2019.

En el Senado, a la comisión de Educación la preside Germán Giacomino de la Unión Cívica Radical (Constitución) y el vicepresidente es el justicialista Osvaldo Hugo Sosa (Vera). Son vocales Leonardo Diana (UCR- San Jerónimo), Julio Francisco Garibald (PS-La Capital), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y Ciro Seisas (Creo-Rosario

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

La clave del proyecto es que el plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución de esa comisión, con el Ministerio de Educación como encargado de hacerla funcionar.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo"

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean •efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.

A través de un comunicado dirigido a propietarios de inmuebles rurales del Distrito Venado Tuerto, la Dirección de Asuntos Rurales recuerda la aplicación estricta de la ley provincial 13.740, conocida como Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe, donde se detallan en su articulado los tipos de contravenciones.

Conforme la norma, queda prohibido en todo el territorio provincial: 

-Sin autorización, permiso o concesión especial de la autoridad competente, desviar las aguas públicas, hacer represas, detenerlas, cavar el lecho de ellas y extraerlas utilizando medios mecánicos o tecnología similar.

-Utilizar las aguas públicas en mayor cantidad que aquella a que se tenga derecho o para un destino distinto para el cual se tenga autorización.

-Alterar, destruir o causar perjuicio sobre las obras hidráulicas realizadas o en construcción.

-Realizar obras, construcciones, actividades o emprendimientos públicos o privados en áreas inundables en infracción a lo previsto en la ley provincial 11.730.

-Realizar cualquier tipo de obra, construcción, actividad o emprendimiento público o privado que pudiera producir el abandono total de cauces naturales y el vaciamiento de áreas naturales de almacenamiento.

-Modificar de cualquier manera la dinámica hídrica superficial sin evaluación previa rigurosamente fundamentada y expresamente aprobada por la autoridad de aplicación.

Las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura santafesina resolvieron en trámite veloz la sanción de una ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a expropiación de terrenos aledaños a la cárcel de Piñero para la ampliación del complejo penitenciario. El mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro declara "de utilidad pública y sujetos a expropiación seis lotes ubicados en la zona rural de la localidad", señala el primer artículo del proyecto.

Los terrenos referenciados serán destinados a la construcción de un complejo penitenciario, adyacente al ya existente. Las erogaciones provenientes de la aplicación y demás documentación que fuere necesaria, están a cargo de la Casa Gris, completa el texto votado por unanimidad en las dos cuerpos legislativos.

La cuestión ya había avanzado en Senadores pero los diputados debieron hacer una corrección señalada por el gobierno (un error de redacción, vinculado a cuestiones técnicas catastrales). Se resolvió de manera expeditiva con la Cámara baja en comisión al cabo de un cuarto intermedio en las bancas. Solo un diputado pidió la abstención: el justicialista cercano a Marcelo Lewandowski y ex senador provincial por Rosario, Miguel Rabbia, optó por no votar ante algunas objeciones formuladas en esa localidad del sur santafesino. Sobre el tema, luego del voto afirmativo en pleno de otro sector del PJ, habló Marcos Corach: reafirmó el respaldo a la norma pedida por la Casa Gris pero advirtió que el gobernador y sus colaboradores deberían reformular "su vínculo", incluso mejorarlo, con las autoridades locales de Piñero que -dijo- entienden que no han sido completamente informadas sobre algunos aspectos que conllevan la ampliación de la Cárcel. El ex ministro de Perotti explicó que no hay ninguna voluntad de obstrucción porque es imprescindible la ampliación, pero aconsejó un mejor contacto con los piñerenses.

En el Senado, en cambio, sencillamente se repitió la aprobación una vez que llegó de la otro cuerpo la versión corregida, también sin disidencias.

En su discurso del 1ro de Mayo, el gobernador Pullaro había puesto entre las prioridades en Seguridad como "imperioso" mejorar el sistema penitenciario. "En primer término, retomar el ritmo de construcción de obra pública penitenciaria y adecuarla a la realidad que vivimos. Ya se licitó la obra para sumar 160 celdas con capacidad para 320 reclusos en la Unidad 5 de Rosario y en el departamento La Capital sumaremos espacio para 880 personas. En la Unidad de Piñero, construiremos celdas para 2.432 presos, entre ellos los 1152 de alto perfil que ya se encuentran alojados allí. En total, tenemos proyectado sumar 2459 celdas, para 3632 reclusos, con una inversión pública de 227 millones de dólares", expresó en torno a la infraestructura carcelaria.

Preocupación

En las breves sesiones de Diputados y el Senado hubo manifestaciones de preocupación por el corte de servicios médicos, de internación y realización de estudios a los afiliados al Instituto Provincial de Obra Social (Iapos). En la Cámara baja las críticas se desataron a partir de una intervención de Miguel Rabbia, mientras que en el Senado lo mismo sucedió con otra expresión de Leonardo Diana. El justicialista puso el acento en las responsabilidades provinciales; el radical en la unilateral medida tomada por los prestadores que privan de salud a los beneficiarios en la zona sur. El repaso de casos urgentes provocó otro debate auspiciado por la diputada de Somos Vida, Silvia Malfesi para que sea optativo para los empleados públicos la obra social, hoy obligatoria. En la misma dirección opinó Amalia Granata.

Avanza el proyecto Alvear ciudad

La Cámara de Diputados aprobó sin votos en contra, con 46 manifestaciones a favor y algunas ausencias, sin abstenciones, un proyecto de ley que declara ciudad a Alvear en el departamento Rosario. El tema pasó de inmediato a la Cámara alta, que luego de su ingreso pasó a comisiones, pero con un pedido de preferencia para tratarlo en la próxima sesión, de acuerdo con un pedido del senador Ciro Seisas.

Helvecia

En el Senado, además se aprobó un pedido del representante por el departamento Garay, Germán Baumgartner, que solicitó una preferencia para una sesión para el Proyecto de Ley que buscar declarar la localidad de Helvecia como ciudad.

En tanto, en Diputados la declaración de Alvear como ciudad mereció algunas consideraciones no tan al margen de una ex funcionaria provincial, la diputada Celia Arena que actuó como ministra de Gobierno y Justicia en el gobierno anterior. Tras mencionar que la Constitución provincial fija un taxativo piso de 10 mil habitantes para que una comunidad sea ciudad, recordó que a la gestión de Perotti se le negaron debates similares cuando se trataba de iniciativas a favor de extender el mandato de los presidentes comunales o consagrar reformas en el régimen municipal como la posibilidad de la autonomía. La diputada expresó que se esgrimía antes el impedimento constitucional y ahora una interpretación más amplia de la Carta Magna, que se comparte, para la transformación de comunas en municipalidades.

Jorge Ternengo

Un proyecto de ley presentado por Alcides Calvo (PJ-Castellanos), acompañado por el titular de ese bloque Rubén Pirola (Las Colonias), el radical Germán Baumgartner (Garay) y el socialista Julio "Paco" Garibaldi (La Capital) propone designar con el nombre de "Jorge Ternengo" al tramo de la RP 62 S, entre la localidades de Cayastá y Ataliva, jurisdicción de los departamentos mencionados. La media sanción pasó a Diputados y antes Calvo agradeció a sus pares por la aprobación por unanimidad . Afirmó que "Jorge es una persona mayor, que tiene algunos problemas de salud, fue un gran piloto y representante del deporte automotor y de las carreras de autos en las décadas del 60 y 70, y queríamos hacerle este merecido reconocimiento", subrayó.

El Ministerio de la Producción trabaja con entidades y centros comerciales de la provincia en la elaboración de un proyecto que permita dejar instaurada por ley Billetera Santa Fe. Así lo confirmó a Sur24 el ministro de la Producción, Daniel Costamagna. El funcionario sostuvo que la intención es poder ingresar la iniciativa a las cámaras parlamentarias, incluso, antes de fin de año.

“Estamos trabajando en este proyecto como también lo estamos haciendo en Caminos para la Ruralidad o en el proyecto de ley (ya ingresado) sobre Riesgo Agropecuario. Yo diría que son tres de los ejes políticos más importantes que tienen que ver con la producción y con la tracción de la actividad a través del consumo, y con la posibilidad de mejorar la vida de muchos santafesinos”, planteó el ministro. Y acotó que se trata de programas que apuntan a “beneficios para todos los santafesinos desde el punto de vista del consumo; como para la producción a partir de la infraestructura y de que puedan los productores ‘colgar’ en su tablero de herramientas un proyecto de manejo del riesgo que les permita recuperar capital de trabajo, la utilización del seguro agropecuario y generar inversiones previniendo todo tipo de eventos”, planteó.

Respecto de la decisión de intentar plasmar por ley el incentivo al consumo que implica Billetera, Costamagna enfatizó que se trata de un trabajo conjunto que se lleva adelante con las entidades del comercio. “Qué mejor que tener un marco que le dé continuidad a través de los distintos gobiernos a estas cuestiones tan importantes para la producción pero también para todos los santafesinos. Estamos trabajando en eso y como siempre, lo hacemos en una articulación vinculadas al comercio, con FECECO, con ADEESSA, con todos aquellos que conocen bien de cerca toda esta actividad y que nos han apoyado durante todo este tiempo”, planteó. “La idea es que este proyecto llegue a la Legislatura antes de fin de año. Vamos a tratar de que así sea”, sostuvo Costamagna.

Billetera Santa Fe es un sistema de billetera virtual que permite un descuento del 30% en las compras, con un reintegro de hasta cinco mil pesos por mes. Ése es uno de los aspectos que ha generado reclamos puesto que el monto ha quedado desactualizado en función de la inflación. Consultado al respecto, Costamagna evitó – por ahora- adelantar si el proyecto incorporará algún mecanismo de actualización.

“Estamos trabajando en la iniciativa. Después, el gobernador, el ministro de Economía y todo el equipo irán analizando el tema para tratar de que la iniciativa sea lo más aggiornada posible y brinde un servicio a todos los santafesinos. La idea – insistió- es dejarlo como legado por ley. Y que sea a través del consenso y de la participación de los sectores que realmente están involucrados en esta actividad tan digna como es el comercio que hoy genera miles de puestos de trabajo en la provincia”, concluyó.

Para 2023, el gobierno de Omar Perotti decidió duplicar las partidas asignadas a Billetera. Según consta en el proyecto que en las próximas semanas deberá votar la Cámara de Diputados, la suma que estará disponible por dicho concepto para el próximo ejercicio será de 41 mil millones de pesos.