Para este lunes al mediodía está convocada la sesión especial de la Cámara de Diputados con el fin de comenzar a debatir dos proyectos impulsados por el gobierno nacional: la ley ómnibus y el paquete fiscal. Son las denominaciones simples para sintetizar los nombres originales: Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, respectivamente.

Ambos lograron dictamen de comisión en la última semana y ahora esperan para ser tratados por diputadas y diputados nacionales, en una sesión que, anticipan, será larga y discutida, y podría extenderse a toda la jornada del martes para llegar con media sanción al feriado del 1º de Mayo, día del Trabajador. Los pormenores del encuentro serán acordados dos horas antes, desde las 10, en la reunión de labor parlamentaria. Allí se dirimirán cuestiones como el tiempo de exposición de cada legislador y legisladora, si hablarán por cada uno de los proyectos o tendrán una intervención por cada uno, si se votará por capítulo y si, finalmente, serán incorporados algunos cambios como los impuestos al tabaco, tema que estaba en el proyecto de ley de Bases y fue retirado por el Ejecutivo.

Ahora bien, que los proyectos tengan dictamen no significa que estén exceptuados de discusión: alcanza con recordar lo que ocurrió en febrero cuando la primera de estas iniciativas llegó con acuerdo de la mayoría (oficialismo y oposición "dialoguista") al recinto, pero cayó en el debate en particular. Para esta nueva instancia también se anticipa discusión en el articulado, sobre todo en temas sensibles como las privatizaciones, la delegación de facultades al Presidente y la reforma laboral.

De todos modos, el proyecto que se pone a consideración en el arranque de la semana no es igual al que se impulsaba en ese entonces (con más de 600 artículos), que también difería del original: la "negociación", término que el gobierno evitó usar durante los primeros meses de gestión, entró finalmente en escena para limar diferencias y, en definitiva, para asegurar votos que es lo que precisa Javier Milei para obtener un primer triunfo en el Congreso, rumbo a los cinco meses de gestión sin ninguna ley sancionada.

Ahora son 2.2 artículos los que se pondrán a consideración y, como se dijo, varios puntos conflictivos quedaron reducidos o eliminados, aunque eso no garantiza acuerdo por parte de la oposición que ya anticipó que, aún recortada, la ley Bases abarca una cantidad inédita de materias que no está dispuesta a acompañar.

En cuanto al paquete fiscal, son algo más de 100 artículos que contemplan, a grandes rasgos, cambios al monotributo y Bienes Personales, un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.

El sitio especializado Parlamentario.com hace un punteo de los principales aspectos que incluye la ley ómnibus:

A todo esto se suma la reforma laboral en la que se eliminan multas a empleadores por tener trabajadores no registrados a la vez que se eleva el período de prueba.

Con respecto al paquete fiscal, además de la restitución del impuesto a las Ganancias, el proyecto prevé la modificación en el impuesto a los Bienes Personales, blanqueo de capitales, moratoria y monotributo, entre otros.

Impuesto a las Ganancias. Se reinstala este tributo para la cuarta categoría en salarios superiores a $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos, con una actualización trimestral (no anual como pretendía el gobierno) para este año y semestral para el próximo.

Blanqueo de capitales. También en el tratamiento de este proyecto se anticipa un fuerte debate: el proyecto permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15% para montos superiores a US$ 100.000

Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.

Monotributo. Actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

Los monotributistas con menores ingresos inscriptos en la categoría A podrán facturar hasta $6.450.000 de forma anual, en tanto que los que están en la categoría K, la más alta, pasarán a $68 millones.

La Cámara de Diputados terminará de constituir esta semana sus 46 comisiones permanentes y la semana que viene podría volver al recinto la votación de la Ley Ómnibus, ahora en una versión recortada tras el revés del primer intento de aprobarla en febrero pasado.

La idea, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, es convocar al recinto el próximo miércoles 24 o jueves 25 de abril.

Con este norte, no se descarta que este miércoles pueda haber un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, las mismas que deliberaron durante el período de sesiones extraordinarias.

Gabriel Bornoroni es el presidente de Legislación General, que es cabecera del debate, pero ahora deberá deberá lidiar con una doble responsabilidad, ya que fue proclamado nuevo jefe del bloque de La Libertad Avanza, tras la caía en desgracia y descabezamiento de Oscar Zago.

Es muy inhabitual que un presidente de bloque oficialista sea también quien coordine el debate de la ley más importante del Gobierno, por lo que hay rumores de una posible sustitución.

Las negociaciones de la letra chica del borrador que hizo llegar el Gobierno al Congreso atraviesa sus horas finales. En una entrevista televisiva concedida anoche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que las partes están "más cerca" de un acuerdo de lo que estaban antes.

"Vamos a puntear artículo por artículo antes de ir al plenario. Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista", afirmó el riojano.

Entre los puntos en discusión se encuentra el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Al respecto, Menem reconoció hay "una o dos empresas que generan algún tipo de duda". Entre ellas se encuentra indudablemente el Banco Nación.

El otro punto de discusión es la reforma laboral, que será incorporada a la ley Bases. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta del bloque de la UCR que propone incluir como opcional el fondo de cese laboral, extender los períodos de pasantía a seis meses y reducir las multas por no registración laboral.

También proponen eliminar la cuota solidaria que es el descuento compulsivo de parte de los sindicatos a los trabajadores.

Sin embargo, ese es un punto que en este etapa el Gobierno no se inmiscuiría para no abrir un frente de conflicto irreversible con la CGT.

La central obrera se mueve en zigzag y da señales ambiguas, ya que mientras hacia afuera simula endurecimiento y convoca a un paro general para el 9 de mayo, hacia adentro le dice al Poder Ejecutivo que está dispuesta a aceptar algunos de los cambios en este diálogo a tres bandas con los operadores de la UCR.

En paralelo a la ley ómnibus, se va a tratar y votar la ley de "Medidas Fiscales", que contiene reformas como la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de Capitales y la resistida reposición de la cuarta categoría de Ganancias, que volvería bajo la forma de un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos.

Este último tributo, rebautizado "impuesto a las ingresos personales", es otro vector de controversia y el Gobierno está buscando ablandar a los gobernadores y bloques amigables para que voten en sintonía a la propuesta. No están lejos de un entendimiento.

Luego de que la semana pasada quedaran conformadas 32 comisiones permanentes, quedan en el tintero para la semana que viene las restantes 14. La batalla más caliente, que seguramente hará saltar la térmica en la Cámara de Diputados, se dará el jueves desde las 11 en la reunión constitutiva dela comisión de Juicio Político, tras la fallida designación de Marcela Pagano como presidenta por una insólita interna libertaria a cielo abierto que hizo estallar al bloque oficialista.

Zago pagó muy caro no haber consensuado con Menem el nombre de la periodista devenida diputada nacional para ese cargo, y sufrió en carne propia la conspiración del bloque que lo eyectó de la presidencia. Anunció que junto a sus dos pares del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez)

Ahora Bornoroni, un hombre mucho más alineado al titular de la Cámara -y por extensión a Karina Milei- deberá acordar el nombre de quién ocupará esa silla clave, que en rigor servirá para taponar los pedidos de juicio político del peronismo contra el presidente Javier Milei.

A diferencia de lo que ocurrió durante el Gobierno del Frente de Todos, cuando tanto en 2020 (en medio de la pandemia) como en 2022 demoró hasta mitad de año la conformación de la totalidad de comisiones, Menem conseguirá a mediados de este mes ese mismo objetivo. Un salto de calidad en esa materia.

La comisión de Previsión Social había sido constituida cuando semanas atrás la oposición presionó con una sesión especial para tratar con urgencia el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Para descomprimir las tensiones, el oficialismo aceptó que se conformen sus autoridades y le cedió la presidencia al radicalismo, de la mano de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning.

Para no perder la iniciativa, el Gobierno se adelantó y por decreto modificó la fórmula de movilidad atando los haberes a la inflación y con ajuste mensual.

Con sabor a poco, la oposición insiste con una alquimia que sea superadora, especialmente con un piso de haberes más alto. La Coalición Cívica propone por ejemplo una recomposición del 20%, mientras que ayer se sumó Unión por la Patria que pide aumentar el mínimo de haber en un 30%.

Este martes, se volverá a reunir la comisión de Previsión Social y la oposición se propuso dictaminar. Faltará, no obstante, el dictamen de Presupuesto. Su presidente, José Luis Espert, es reticente a acoplarse al debate porque no quiere entregarle la agenda a la oposición ni incomodar al Gobierno que ya decidió una hoja de ruta.

El miércoles se reunirá, también a las 16, la comisión de Familias, Niñez y Juventudes a cargo de Roxana Reyes, y recibirá a la Defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

Por César Rodríguez

El ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó este lunes feriado una entrevista radial donde tocó una serie de temas de importancia para el gobierno de Javier Milei.

El funcionario es el encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores para llegar a la aprobación de la llamada ley ómnibus y reveló que, a pesar de las “versiones erróneas que cofunden”, las reuniones “han avanzando y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes”.

“La idea es que la Ley Bases y la reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente”, subrayó Francos.

En ese sentido, el ministro contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto para posibilitar el ingreso de capitales.

“Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley”, señaló Francos.

En las últimas horas, el presidente argentino brindó una entrevista a la señal internacional CNN y dejó algunas consideraciones respecto a la relación con los gobernadores.

“Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó el Jefe de Estado.

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es", afirmó.

"Soy más afín de las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden", expresó.

En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.

"No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista”, sumó

Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra “lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la Argentina podría llegar a estar en condiciones para bajar los impuestos "antes de lo esperado". En febrero el superávit financiero fue de $1,2 billones. La reducción del gasto público, principalmente por la eliminación de la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias, es hasta ahora la principal responsable.

En las últimas horas, Javier Milei cargó contra gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", mientras los acusó de que "no jugaron limpio".

El presidente recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

“Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó el presidente en una entrevista emitida por CNN.

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es", afirmó.

"Soy más afín a las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden", expresó.

En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.

"No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista”, sumó

Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra “lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables”.

El Gobierno de Javier Milei tenía previsto concretar este lunes una nueva reunión con gobernadores para avanzar en el debate de la Ley Ómnibus, pero se decidió posponerla para el 4 de abril.

Se trataba de un nuevo capítulo en la serie de reuniones que se vienen coordinando desde el Ministerio de Interior, a cargo de Guillermo Francos, con mandatarios provinciales y legisladores de varios tintes políticos.

Si bien hasta la tarde del domingo se sabía que el encuentro tendría lugar este lunes en Casa Rosada, a las 15.30, el mismo fue postergado para después de Semana Santa por "cuestiones de agenda", precisó el vocero Manuel Adorni.

La idea era que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la presidiera y que participaran el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, respectivamente.

Además, no se descartaba la participación del asesor presidencial Santiago Caputo, quien suele dar el presente en estos debates.

Entre las opciones, se barajaba la posibilidad de llevar adelante un encuentro mixto, en el que algunos gobernadores se conectaran de manera virtual y otros asistieran a las oficinas del ministro.

Es un cónclave central para la administración libertaria que trabaja en recuperar los canales de diálogo con los actores políticos en vísperas de aprobar la nueva versión de la Ley Ómnibus tras las fuertes críticas de Milei a los gobernadores.

Hasta este domingo habían sido convocados los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut), y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajará este martes a la provincia de Salta para reunirse con gobernadores del NOA y el NEA "para avanzar y entender su visión sobre la Ley Bases y las reformas fiscales", informó esa cartera.

"Las medidas (de la gestión Milei) están dando resultado en la macroeconomía, y eso se verá en el bolsillo en los meses siguientes. Medidas como la Ley Bases generarán inversiones. Hay un conjunto de medidas que harán que la economía crezca. Cada mes que pase, veremos una mejora en los indicadores económicos", sostuvo el funcionario.

Y agregó: "Estamos trabajando para consensuar con cada uno de los sectores para que no se trabaje. Me gustaría ver a todos los gobernadores, a los presidentes de bloques, empresarios, gremios, a todos sustentando esto que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina".

"Pretendemos generar un enorme consenso en respetar los valores que dice la Constitución Nacional. Si todos cumplimos con los mandatos históricos, tal vez podremos salir adelante", finalizó Francos.

El primer presidente de tradición liberal-libertario o "anarcocapitalista" como Javier Milei se definió a sí mismo en una reciente convención de ultraderecha, cumplió sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa "luna de miel" que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.

Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio una crisis sin precedentes desde el año 2001, que se profundizó a partir de las medidas de brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.

No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña, por la que un 30% lo votó en primera vuelta y el 56% en el balotaje.

La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, en los cuales la sociedad va a sentir en carne propia el rigor de haber liberado los precios reprimidos de la economía, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.

Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno "gradualista" de centroderecha de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue tomar el toro por las astas de entrada y aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión.

Ajuste ortodoxo sin anestesia basadas en "la motosierra" y "la licuadora", sin medidas sociales compensatorias.

En su diagnóstico, es en estos meses que se define la suerte y el destino de su modelo de libre mercado a ultranza. Negociar los cambios en el tiempo con el "régimen político" sería, a su criterio, un certificado de defunción a sus ambiciones refundacionales. Este economista de 53 años, un "outsider" de la política que había sido diputado dos años antes, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso de la Nación, frente a su gente, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.

En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.

En el marco de su mentada reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.

El nuevo titular de una de las carteras supervivientes, Luis "Toto" Caputo de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.

También anticipó recortes en el gasto público, una disminución "al mínimo" de las transferencias a las provincias", paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.

El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional Milei el mega DNU de desregulación de la economía, que venía a desguazar todo el andamiaje jurídico e institucional sobre el cual se erige el ordenamiento social de la Argentina. Se trata de reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.

Además, habilitó la firma de contratos en normas para el alquiler de inmuebles y habilitó la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.

Amplios sectores de la oposición rechazaron el decreto por "inconstitucional" y anticiparon un escenario de litigiosidad para los meses venideros.

Al día siguiente, La Libertad Avanza enfrentó la primera gran marcha piquetera en el centro porteño, con organizaciones sociales de izquierda movilizándose en el centro porteño y desafiando el nuevo protocolo antipiquete que había lanzado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bombos y platillos. Fue la primera vez que se aplicó dicho protocolo de actuación de fuerzas públicas y el operativo estuvo monitoreado por el propio Milei.

El 27 de diciembre fue otro hito en la corta historia que lleva este Gobierno ya que el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", esta iniciativa es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.

Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.

El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad.

El 17 de enero, el presidente brindó un discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, y sorprendió al mundo, especialmente a Occidente, por su rabiosa prédica anticomunista y antiestatista, y por su negación del cambio climático. Fue elogiado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.

La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de "la calle". También el corte del suministro de alimentos e insumos a comedores a raíz de la falta de una auditoría sobre el uso de esos recursos profundizó el malestar y agudizó los problemas.

El 31 de enero comenzó a debatirse en el recinto de Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos. El tratamiento se dividió en varias jornadas consecutivas de debate apasionado. La longitud del proyecto en cuestión y la cantidad de oradores anotados hizo que recién se pudiera votar en general al cabo del tercer día de debate, con 144 votos en general y 109 en contra. Nunca quedó demasiado claro cuál era la versión del dictamen que se había votado, ya que mientras los diputados exponían, en otros espacios el texto del proyecto seguía modificándose.

De todos modos, el mayor problema para el oficialismo se suscitó con posterioridad, el 6 de febrero, cuando en la votación en particular un número importante de legisladores de la oposición "dialoguista" le volteó algunos incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios, y se aprestaba a rechazar el capítulo de privatizaciones.

Milei, que venía siguiendo el desarrollo del debate desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y que ya no tenía sentido seguir insistiendo con una redacción que iba a terminar siendo un "Frankestein".

Ante esa encrucijada, ordenó desde la distancia el retiro del proyecto. Su tropa legislativa, con serios problemas de comprensión del reglamento, interpretó en un principio que solamente se suspendía el tratamiento en particular pero que se mantenía en pie la aprobación en general. Pronto quedó de manifiesto que el debate volvía a foja cero y que la ley ómnibus estaba caída.

El presidente hizo sonar el escarmiento y castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.

El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.

Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país.

Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar.

El 13 de febrero, Milei mantuvo una audiencia en muy buenos términos con el Papa Francisco en el Vaticano, por más de 70 minutos. Lo invitó a la Argentina y la foto mostró a ambos muy sonrientes.

El 15 de febrero, el Presidente inició una polémica insólita al despotricar contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con la expresión "Lali Depósito". La acusaba de recibir dádivas del Estado a costa de la pobreza de la gente. El inesperado ataque de Milei a la artista generó algunos apoyos puntuales y el repudio generalizado de la comunidad del arte y la cultura.

El 17 de febrero llegaron malas noticias para el Gobierno, cuando el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el INDEC había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío. Sin embargo, Milei hizo una lectura distinta y responsabilizó al kirchnerismo por la "herencia" recibida en materia de pobreza.

El 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 27 de febrero, mientras el Gobierno todavía lidiaba con las esquirlas del enfrentamiento con Kicillof por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de sumar un nuevo frente de conflicto al eliminar el programa Potenciar Trabajo, para reemplazarlo por dos nuevos planes de asistencia directa sin intermediarios. También ese día el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública.

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1° de marzo pasado, cuando se dignó a brindar su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda como había hecho en su asunción.

Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.

También anunció una serie de proyectos "anti casta" que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el "Pacto de Mayo" en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo "contrato social" hacia un "nuevo orden económico" e invitó a los gobernadores a firmarlo a libro cerrado a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación. También les exigió una muestra de "buena voluntad" para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.

La oposición peronista leyó este pliego de condiciones como una "extorsión" pero los gobernadores que no son de Unión por la Patria saludaron el llamado al diálogo político y lo consideraron un punto de inflexión en la relación de Nación con las provincias.

Durante el discurso de aquel 1° de marzo, no pasó desapercibido su anuncio sobre la eliminación de la agencia Télam.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, exteriorizó su optimismo y remarcó que podrán "avanzar" en la sanción de la nueva Ley Ómnibus, tras la reunión del viernes con gobernadores en Casa Rosada. En ese sentido, Francos garantizó la sanción del proyecto que - aún- se discute con los representantes de las provincias.

En una entrevista al programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia, el funcionario precisó: "Estoy convencido de que hemos acotado la Ley Bases en los temas que son fundamentales para esta etapa y que podremos avanzar en eso". A días de encabezar un nuevo encuentro con los representantes de las provincias, el ministro que responde al presidente Javier Milei sostuvo que se alcanzará el consenso necesario para la sanción de nuevas normas, y detalló que inició el diálogo con los presidente de los bloques en el Congreso para el tratamiento del nuevo proyecto que se basa en los acuerdos entre los actores.

"Habrá algunas diferencias, no va a ser con unanimidad, pero vamos a conseguir consensos, sobre todo en la Ley Bases. Ahí están de acuerdo los gobernadores Patagónicos", desarrolló al respecto a un mes de la caída del megaproyecto en el Congreso.

Consultado por la restitución del Impuesto a las Ganancias, al que insisten en llamarlo Impuesto a los Ingresos Personales, el titular de la cartera del Interior admitió que si bien hay distintas visiones, con los gobernadores de la Patagonia en contra, consideran que se trata de un tributo progresivo al que califican como "el mejor de los impuestos".

"Impuesto debe haber porque hay que sostener el Estado", planteó, y agregó: "Por otro lado, el Gobierno está llevando acabo un ajuste muy fuerte y severo del gasto del Estado y al final del camino redundará en la posibilidad de disminuir la presión tributaria, uno de los males que tiene la Argentina".

En otro pasaje de la entrevista, Francos hizo eco del conflicto generado por el incremento salarial a funcionarios del Poder Ejecutivo y respaldó a Milei, quien en las últimas horas retrotrajo el aumento.

"Cuando asumimos, el Presidente nos dijo a todos los ministros y funcionarios que no iba a haber ni un aumento de sueldo para los que ocupábamos esta responsabilidad mientras dure esta situación difícil. Todos teníamos claro que no iba a haber aumentos", confesó.

Asimismo, planteó que "hubo un error, nadie tuvo en cuenta esos decretos, fue un error material de alguien que no ha percibido que esto alcanzaba a los funcionarios de alto nivel".

"Es un error, en la política son todos vivos y aprovechan para degradar a un presidente que tiene un apoyo notable por las medidas de ajuste en la política que está haciendo. Apareció una diputada que conocía las normativas y aprovechó la oportunidad para menoscabar a la imagen del Presidente", planteó contra la legisladora de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien denunció la situación a través de sus redes sociales.

El ex presidente Alberto Fernández escribió en su cuenta de X (antes Twitter): "Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48 por ciento. Nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar con la casta política de Juntos por el Cambio, pero terminó haciéndolo para poder llegar a la presidencia en el balotaje". Añadió: "Señor presidente, le sugiero que antes de cuestionar mi gestión, se informe. En primer lugar, en 2020, a causa de la excepcionalidad de la pandemia, mediante el decreto 837/2020, excluí a las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado. Esto es lo que usted debió haber hecho".

Marcha atrás de Milei con lo sueldos luego de un contrapunto con Cristina

Tras la polémica generada por el aumento de sueldo en cargos del Poder Ejecutivo firmado en febrero por Javier Milei, el presidente hizo público el decreto que anula los incrementos y sumó un nuevo capítulo al cruce con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

A minutos de la medianoche, a través de una publicación en la red social X (ex Twitter), el Gobierno infomó que anulaba los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos al jefe de Estado, la vice y los ministros.

En el documento que fue difundido por la cuenta de la Oficina del Presidente remarcaron que Milei ordenó la derogación de la normativa impulsada por dos veces presidenta Cristina Kirchner "que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios".

Según señalaron, la medida kirchnerista "fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta", por lo que avanzaron en la publicación del decreto 253/2024. "La situación heredada es crítica y los argentinos está haciendo un sacrificio heroico. Es tiempo de que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado", señalaron desde la administración libertaria.

Por el mismo canal, el mandatario le envió un nuevo mensaje a la referente del kirchnerismo que, tal y como contó vía redes, lo tiene bloqueado. Luego de la publicación del decreto, pasada la medianoche, Milei publicó: "Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional".

En la misma línea, en el marco de una jornada de tensión entre ambos dirigentes a raíz del aumento del 12% instrumentado para los funcionarios del Poder Ejecutivo, agregó: "Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asignó una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos".

Durante la apertura de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el Presidente en su discurso había anticipado sus intenciones de enviar al Congreso un proyecto de ley contemplado en un paquete que denominó "anticasta" para eliminar las jubilaciones de privilegio para el cargo de presidente y de vicepresidente.

Un día antes del encuentro previsto para el viernes entre gobernadores con integrantes del gobierno nacional en Casa Rosada para recomponer diálogo, evaluar condiciones o abrir nuevas instancias de negociación, según el caso, se reunirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá analizar los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo, entre ellos, el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía que envió Javier Milei a días de asumir la Presidencia de la Nación.

La expectativa está puesta en que para el encuentro de este jueves a las 14 fueron citados el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a ofrecer, precisamente, detalles de la norma que tiene impacto en unas 300 leyes.

Si ambos aceptan el convite sería, por un lado, la primera aparición pública de Posse, fuera de su presencia en la apertura de sesiones el viernes pasado a la noche; y, por el otro, la primera vez que ambos responderían a una invitación del Poder Legislativo que en numerosas ocasiones reclamó su presencia mientras se debatía, en comisiones, la malograda "ley ómnibus".

Cabe destacar que la comisión que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto convocó, además, a otros cinco funcionarios: el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini. Se desconoce si todos van a asistir a la convocatoria, propuesta por la oposición (la denominada "dialoguista") la semana pasada.

Cabe recordar que desde el sector que responde al kirchnerismo se propuso incluir en la nómina a Federico Sturzenegger, el gran artífice del DNU y, que desde hace algunas semanas, lidera una unidad especial dentro de administración mileísta. Fue a través del senador Oscar Parrilli, pero la propuesta no fue aceptada.

De acuerdo a lo que consigna el sitio especializado Parlamentario.com, los representantes del Poder Ejecutivo deberán responder preguntas de los legisladores sobre el impacto del decreto -sin antecedentes por su magnitud- y justificar las razones de su necesidad y urgencia.

Desde Unión por la Patria, que reclamó en varias oportunidades por la composición de la comisión, ya que reclamaba una mayor representación por Diputados, insisten desde febrero en tratar directamente el DNU en el recinto, de acuerdo a los plazos que establece la Ley 26.122. Pidieron en tres oportunidades una sesión, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no se las aceptó.

A la presión de UP se sumó días atrás una solicitud de sesión de bloques provinciales y el radical Pablo Blanco, aunque sin fecha ni horario. Dentro de ese grupo de nueve firmantes, hay "una gran mayoría" por el rechazo, afirmó el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, quien ya se manifestó en contra.

Congreso de la Nación.

Siempre de acuerdo a lo publicado por el sitio web legislativo, con los 33 votos de UP, a los que le faltarían 4 más para una mayoría -sobre el total del cuerpo-, que estarían dentro de otros sectores opositores, el mega DNU corre las de perder en el recinto del Senado.

No obstante, Villarruel estiró una semana más el llamado a una sesión, ya que desde Unidad Federal veían como fecha posible este 7 de marzo. De esta manera, antes que haya debate en el recinto, ocurrirá este viernes la reunión en Casa Rosada con gobernadores, actores clave en medio del pedido del presidente Javier Milei a firmar un Pacto de Mayo con la condición que el Congreso apruebe la ley de Bases y un nuevo pacto fiscal. El mega DNU no escapa a las discusiones.

A todo esto, en la última reunión de la bicameral quedaron definidas las demás autoridades. Además de Pagotto en la presidencia, estará el diputado Hernán Lombardi (PRO) en la vicepresidencia, y el senador Víctor Zimmerman (UCR) en la secretaría.

Además de los mencionados, la Comisión está integrada también por Oscar Zago, Lisandro Almirón, Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez, Carolina Gaillard, Francisco Monti y Nicolás Massot, en representación de la Cámara de Diputados.

Por el Senado, la nómina se completa con Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Luis Juez, Juan Carlos Romero y Carlos Espínola.

El presidente Javier Milei envió un duro mensaje a los diputados y senadores opositores que no acompañen sus proyectos de ley, ya que advirtió que "serán identificados como enemigos del cambio".

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario admitió que “en el largo plazo se necesita al Congreso” para gobernar, pero aclaró que momentáneamente puede impulsar medidas a través de la firma de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Hay otras reformas que podemos hacer por decreto, cambiando la aplicación de las leyes, y todo eso lo haremos”, reveló Milei.

El Gobierno aspira a enviar más de reformas económicas, pero planifica hacerlo pasadas las elecciones legislativas del año 2025. “Estamos listos para devolver todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025. Hemos enviado 1.000 pero aún nos quedan 3.000 más por presentar”, aseguró el jefe de Estado.

Según Milei, “no se sale de la pobreza por arte de magia" sino "con capitalismo, ahorro y trabajo duro”, y en eso trabaja por lo que instrumentó el recorte de fondos provinciales, el congelamiento de presupuestos y mantuvo a raya los aumentos en asistencias estatales.

“Hemos evitado la hiperinflación. Nuestro objetivo es seguir bajando la inflación… terminar de limpiar el [balance del banco central]. Una vez que el banco central esté limpio, planeamos levantar los controles cambiarios. El FMI estima que podríamos hacerlo a mediados de año”, anticipó.

El Presidente considera que levantar los controles de cambio facilitaría la llegada de inversiones, lo que podría ser "el punto de despegue para que el próximo año la Argentina esté creciendo de manera fuerte, sólida, sustentable y con baja inflación”.

A pesar de sus duras medidas de ajuste para lograr el equilibrio de cuentas, el Presidente descarta la posibilidad de focos de conflicto como sucedió en otros momentos de la historia, incluso en países vecinos como Chile.

"Hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento con motivaciones políticas o [uno que involucre] a infiltrados extranjeros", indicó, y completó: "Los gobiernos de izquierda trabajan juntos para intentar sabotear a aquellos que no son como ellos".

Por último, en materia internacional, el jefe de Estado aseguró que priorizó la construcción de alianzas con “países que defienden la libertad”, entre los que incluye a Estados Unidos, Israel y Ucrania, y reveló que tiene en mente la organización de una “cumbre de apoyo de América Latina” a Ucrania a finales de este año.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó en claro su acompañamiento a los objetivos del gobierno nacional de reducir el déficit, aunque cuestionó que se perjudique sobre todo "al interior productivo". Apoyó el reclamo del chubutense Ignacio Torres y lamentó "las formas" con las que actúa el presidente de la Nación. "Tenemos que entender que hay que dialogar", remató.

El mandatario formuló declaraciones políticas en el curso de su visita a Rafaela. Allí, al ser consultado sobre su inclusión en la lista de gobernadores impugnados por el gobierno nacional, tras el fracaso del tratamiento de la ley de Bases, Pullaro expuso que "yo tengo buen vínculo con con la inmensa mayoría de los funcionarios. El Presidente a veces tiene algunos conceptos y algunas formas que no comparto. Comparto el fondo de lo que está haciendo: terminar con el déficit fiscal, terminar con el populismo en la República Argentina. Eso es fundamental para que Argentina pueda arrancar: no hay ningún gobierno ni ningún país del mundo que pueda crecer con déficit fiscal crónico y permanente, que pueda crecer con endeudamiento externo o con emisión monetaria. Eso genera inflación y nos hace vivir a todos más pobres y peor. Pero bueno, el presidente tiene sus formas y nosotros tenemos las nuestras.

"Nosotros creemos en el consenso, creemos en el diálogo. Creemos que de estas situaciones se sale entre todos y fundamentalmente escuchando. Nosotros, con mayoría en ambas cámaras legislativas, sacamos todas las leyes por consenso. El Presidente tiene métodos distintos, pero nosotros coincidimos en el fondo. Y con respecto a la Ley Ómnibus acompañamos, la votamos en general y votamos la inmensa mayoría de los artículos. Lo que yo no voy a hacer nunca es entregar el sistema productivo de la provincia, y cuando me tuve que plantar lo hice. Pero por cosas importantes, no me quedo con la chicana o el agravio personal", añadió.

Al respecto, Pullaro precisó que "me planteó por las retenciones al campo y a la industria, porque nos reventaba, terminaba con 760 pymes que están exportando, e iba a traer detracción económica al interior productivo. Y me planté cuando venían por los biocombustibles también, porque el 85% de los biocombustibles es de Santa Fe. Yo no me voy a poner en peleas dogmáticas o conceptuales con el Presidente de la República Argentina; yo quiero que le vaya bien a mi provincia, que es mi responsabilidad.

- Pero Santa Fe es una de las provincias más castigadas. Se le retiene el 42% por cada peso que aporta, mientras que en el caso de Buenos Aires es el 20, y de Córdoba el 15 -se le preguntó al gobernador.

- A mí eso me da una bronca terrible y lo planteo, y creo que lo estamos logrando poner en la agenda. Y también los santafesinos empezamos a comprender eso. Tenemos que defender a la provincia ante modelos que siempre apuestan al saqueo del interior productivo. Pero eso es porque los gobiernos nacionales están llenos de funcionarios porteños. Los porteños terminan tomando todos los gobiernos, y creen que todo el país tiene que trabajar para que ellos la pasen bien. Para que puedan trabajar, para tener su ciudad ordenada, para que no haya conflicto en el conurbano, para que los planes sociales se vuelquen en el conurbano, para que los subsidios al transporte se vuelquen en el conurbano. Acá se decidió recortar los subsidios al transporte, pero nos recortan al interior. A nosotros nos recortaron 1500 millones, tuvimos que aumentar el boleto. Al conurbano no se los tocaron. Les daban 85.000 millones al conurbano y se lo siguen dando. Al fondo de los combustibles Santa Fe aporta 4.000 millones. El Fonid (Fondo de Incentivo Docente), de casi 4.500 millones por mes que nos descuentan, era para nuestros docentes. A la Hora 25 la dejaron de pagar.

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Fíjense como están las rutas nacionales. Y las rutas provincia están detonadas por el transporte internacional y nacional, porque por nuestro puerto sale el 70% de la cosecha de la República Argentina y no queda nada. Sin poner el grito en el cielo, sin amenazar, tenemos que discutir política y poner estos temas en agenda. Y entender que tenemos que construir un programa santafesino, porque si a Santa Fe le va bien, a la Argentina le va a ir bien, porque va a haber más trabajo".

En simetría con eso, el mandatario santafesino consideró que Milei tuvo un comportamiento "injusto" con el gobernador chubutense Ignacio Torres. "El gobernador Torres apoyó el cambio, acompañó la ley Bases, simplemente peleó por lo que él entendía que era correcto. Fue a la Justicia y le ganó ya en dos oportunidades al Gobierno Nacional. Primero con lo que le descontaron de transporte y segundo con lo que le estaban descontando de coparticipación. Es verdad que le descontaron por un crédito que tenía la provincia de Chubut, garantizado con descuento de coparticipación. O sea, el Estado Nacional legalmente puede hacer ese descuento, pero se supone que tiene que dialogar. Es como que Rafaela le deba a la provincia y yo de un día para el otro, porque me enojo con el intendente, porque me gana un fallo de una cuestión secundaria, le descuento al municipio toda la coparticipación y el intendente no va a poder pagar los sueldos. El gobernador Torres tampoco puede. No digo que lo que hizo el Gobierno Nacional no sea legal, pero en un marco democrático, en donde los chubutenses también son argentinos, se debió consensuar, se debió charlar esto y llevar adelante otras posibilidades. Por supuesto que Chubut tiene que pagar sus deudas. Como nosotros siempre honramos las deudas", subrayó.

A propósito de ello, y en cuanto a las finanzas de las provincias en general, destacó que "Santa Fe es una provincia ordenada, hemos tenido buenos gobernadores y no tan buenos, pero todos hemos sido ordenados. Desde Reutemann en adelante fueron todos ordenados. Más allá de que Omar Perotti a nosotros nos dejó un déficit, no fue un gobierno desordenado. Tuvo problemas como la inflación y la sequía, que afectaron a la provincia. Digo, las cosas suceden por algo. No es que te lo quiero justificar tampoco; yo hubiera gestionado distinto. Pero digo: fueron gobiernos ordenados. Santa Fe no es una provincia que tenga una deuda que no puede pagar. Pero hay 18 provincias a las que, si el Gobierno Nacional quiere, le cierra un grifo y mañana no pueden pagar sueldos. Entonces eso amerita una discusión política de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Porque no es justo tampoco que vos recortes los fondos de los demás".

Siempre en ese marco, fue categórico en cuanto a que "al Estado Nacional hay que ordenarlo y lo estamos ordenando entre todos. Pero lo están ordenando a costa nuestra. Porque yo aporto y mi provincia aporta 3.900 millones de pesos por mes al fondo del transporte y retornaban 1.500 millones solamente y no vienen más. Porque mi provincia aporta también para el Fonid y no viene más. Y eso se lo queda Nación. Entonces no es justo lo que está sucediendo. El ajuste no lo está pagando un sector privilegiado, lo están pagando las provincias y lo están pagando las municipalidades. Porque lo que no viene en recursos se termina trasladando en función de la coparticipación, es decir, tampoco va a las municipalidades. Y es la realidad. Entonces, lo mejor que le puede pasar a la República Argentina es que entendamos que tenemos que dialogar, dialogar mucho para salir adelante".

El oficialismo se organiza para asimilar el golpe de lo que prevé será un revés en el Senado de la Nación, donde ya habría suficientes votos para rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, y que ya sufrió menoscabos en particular a partir de una serie de recursos de amparo presentados en los tribunales.

El pedido de una sesión especial para tratar (o más bien rechazar) el DNU venía siendo alentado sin éxito desde el kirchnerismo, pero al sumarse nueve senadores de la oposición "dialoguista", incluyendo a un radical, ya ese bloque de opinión cuenta con quórum suficiente para garantizar la reunión y seguramente votar en contra de la norma.

El número mágico es de 37 votos, y el peronismo (en un interbloque que aglutina dos bancadas, encabezado por José Mayans) cuenta con 33. Se descuenta que sumando al menos una parte del resto de los partidos provinciales que reclamaron el tratamiento, alcanzarían los 40 y, por primera vez un DNU presidencial sufriría el rechazo parlamentario.

El grupo que constituyó esta avanzada opositora "no kirchnerista" está compuesto por los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), de Unidad Federal; los provinciales de Innovación Federal Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

"Hay números más que suficientes para rechazar el DNU. Al convocarse la sesión, el rechazo al DNU es un hecho, no veo margen para otra caso, dado el contexto actual", corroboró Kueider.

De todos modos, la norma continuará vigente, ya que para perder efecto debe ser rechazado por ambas cámaras. Y en principio, en Diputados no tiene tanta contundencia la postura negativa, aunque eso podría modificarse por efecto del enfrentamiento del Poder Ejecutivo con los gobernadores y también con los legisladores no alineados, que podría escalar en los próximos días e incluso llegar a un pico de tensión en lo que será el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa el próximo jueves a la noche.

Al respecto, y tras advertir que "es un DNU con 300 DNU adentro", el entrerriano Kueider pidió que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia para que "todo lo actuado pase a ser nulo", ya que advirtió que si es rechazado por el Congreso, "para atrás se convalida y es nulo para adelante".

La Corte tiene en su órbita, precisamente, dos planteos para anular por inconstitucional el DNU 70/2023. El Alto Tribunal tiene una jurisprudencia restrictiva en cuanto a validar los DNU, porque la Constitución le veda al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, excepto en situaciones excepcionales. Aún así, y más allá de las consabidas operaciones mediático-políticas, los ministros no han dejado traslucir criterio alguno en este caso en particular, ni tampoco urgencia.

Paralelamente, al Corte le tocará también intervenir, por competencia originaria establecida por la Constitución Nacional (es decir, de manera directa y no por la vía de apelaciones) en los planteos de las provincias contra el gobierno central. Entre ellos, el de la provincia de Buenos Aires, por el mismo fondo que obtuvo durante la pandemia, a costa de Capital Federal, y que ahora le quita el actual Poder Ejecutivo; aunque no para devolverlo a su beneficiario original. La paradoja es que esa misma cuestión está a estudio de la Corte, que ya dispuso en su momento una cautelar a favor de la Ciudad para que se le restituya ese dinero; orden que no cumplieron ni Alberto Fernández ni Javier Milei. Y que, en su momento, fue el disparador del fallido proceso de juicio político contra los ministros del Tribunal que llevó adelante la gestión anterior durante todo el año pasado. Como una serpiente que se muerde la cola, el gobernador Axel Kicillof busca amparo ahora de parte de un cuerpo al que el kirchnerismo gobernante se empeñó en desacreditar e intentó remover.

Pero en lo que atañe al DNU, y mientras monitorea (y eventualmente intenta dilatar) la definición en Diputados, el ala "dialoguista" del gobierno intentará con su equivalente parlamentario acordar una salida institucional para la normativa, con una serie de proyectos de ley que aborden la profusa cantidad de materias abarcadas inicialmente a sola firma del Ejecutivo. Por ejemplo, con la reforma laboral.

La estrategia sólo requiere de tiempo suficiente para cuajar antes de que avance un hipotético rechazo al DNU, pero también de la aprobación del núcleo duro del gobierno, que parece más entusiasmado con la confrontación a todo o nada que con realizar concesiones, aún en situaciones complejas. Como es la que, se la mire como se la quiera mirar, es la que estallará en el Congreso.

Este jueves, poco después del mediodía, se constituyó la comisión bicameral de trámite legislativo, que tendrá como función, entre otras el análisis de más de 170 decretos de necesidad y urgencia, muchos de ellos pendientes de la gestión del ex presidente Alberto Fernández. Pero también deberá considerar el DNU 70/2023 de desregulación de la economía impulsado en diciembre por el presidente Javier Milei.

Según la Ley 26.122, sancionada en 2006, la Comisión Bicameral está compuesta por 16 legisladores: 8 por el Senado y 8 por la Cámara de Diputados, designados por los presidentes de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. Se elige anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, que pueden ser reelectos. La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada cámara. En 2024 corresponde al Senado.

Los 8 representantes del Senado en la Comisión son Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de Unión por la Patria; Luis Juez, del PRO; Víctor Zimmerman, de la Unión Cívica Radical (UCR); Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza; Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; y Carlos Espínola, de Unidad Federal.

Es decir que el oficialismo cuenta con sólo un senador propio (Pagotto) en la Comisión, aunque podría sumar aliados. Unión por la Patria cuenta con 3 senadores. Juntos por el Cambio, con 2 (uno por el PRO y otro por el radicalismo). Los 2 restantes pertenecen a bloques federales: Romero, que fue electo senador por Juntos por el Cambio pero luego formó un bloque propio, y Espínola, más cercano al peronismo opositor.

En los últimos días la Cámara de Diputados oficializó sus 8 representantes. Son Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria; Oscar Zago y Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza; Hernán Lombardi, del PRO; Francisco Monti, de la UCR; y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal. Es decir, 3 diputados de Unión por la Patria, 2 del oficialismo, 2 de Juntos por el Cambio (PRO y UCR) y uno del bloque federal.

En la suma de los representantes de ambas cámaras, Unión por la Patria tendrá 6 lugares en la comisión; La Libertad Avanza, 3; el PRO y la UCR, 2 cada uno; y los bloques federales, 3 bancas.

Como se preveía, la reunión arrancó con el cuestionamiento de la principal fuerza opositora: la diputada Carolina Gaillard (UxP) reclamó, por un lado, la demora en la conformación de la comisión pero también la representatividad, que esa fuerza política reclamaba para 4 diputados mientras que se le fueron otorgados 3 lugares. Con ese mismo argumento, planteó que al oficialismo, representado por La Libertad Avanza, le correspondía una banca por Diputados y le fueron otorgadas dos. En la misma línea fue la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-UxP) quien pidió que el DNU 70/23 se trate en el recinto de sesiones.

A la hora de postular autoridades, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) propuso al oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) para presidente y a Víctor Zimmerman (UCR) como vice, moción que quedó en suspenso durante parte de la reunión mientras continuaba el debate.

La advertencia presidencial de que el ajuste llegaría con más fuerza a las provincias se terminó cumpliendo con creces. En las últimas semanas, dos golpes fuertes y sucesivos fueron asestados por el gobierno nacional: el retiro del Fondo Compensador del Transporte, destinado a subsidiar parte del servicio en el interior, y la negativa a prorrogar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que en distintas proporciones se utiliza para cubrir parte de los salarios del sector.

Además, se dejó de girar el 30% del impuesto PAIS que se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios, tema este último que ya venía siendo motivo de queja por parte de los mandatarios provinciales.

Para cada disposición, el Ejecutivo tiene su argumento formal; para la política la única interpretación que cabe es que se trata de una suerte de represalia luego del fracaso de la Ley Ómnibus en Diputados.

"Traidores" fue uno de los calificativos que destinó el propio presidente Javier Milei a mandatarios provinciales que plantearon en forma directa o a través de los representantes provinciales en la Cámara baja objeciones al mega proyecto de ley. Y no hubo distinciones: el adjetivo fue para todos, incluso para aquellos que mostraron desde el primer momento el ánimo de acompañar el despegue de la nueva gestión.

Ahora si parece haber matices en la mayor o menor permeabilidad del gobierno nacional a restablecer el diálogo.

Por caso, este lunes, en su primera visita al interior luego de resultar electo Presidente, Javier Milei compartió foto con el correntino Gustavo Valdés. Fue en el marco de una fugaz visita sin agenda oficial a la provincia mesopotámica para participar del décimo aniversario del Club de la Libertad. En el aeropuerto hubo apretón de manos y cordial abrazo e intercambio de palabras con Valdés, en presencia del chaqueño Leandro Zdero. Según trascendió, Corrientes recibió ATN por unos mil millones de pesos.

Otro es el tratamiento para la provincia de Salta, adonde viajó el ministro del Interior Guillermo Francos, junto a la vice Victoria Villarruel, que lo hizo previamente. En "la linda" se reunirá con los mandatarios massistas Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones); los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); y el radical Alberto Bernis, vice de Carlos Sadir (Jujuy).

Los encuentros del funcionario que es nexo entre el Ejecutivo nacional y los territorios provinciales no terminarán allí. Para la próxima semana está previsto que viaje a Mendoza en el marco de los festejos pro la vendimia. Allí será recibido por el gobernador de la UCR, Alfredo Cornejo.

Del otro lado, se abrieron distintas vías de reclamo que incluyen la instancia judicial. Es el caso de Ignacio Torres (Chubut), quien presentó una cautelar ante la Justicia Federal para exigir "el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros"; Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que instruyó a la Fiscalía de Estado que inicie acciones legales por el recorte de fondos; Ricardo Quintela (La Rioja), para plantear la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 y Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) que intimaron al gobierno nacional a no tomar ninguna medida inconsulta ante el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en defensa de los recursos naturales que, recalcaron, "son potestad de las provincias".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los blancos preferidos del presidente Milei en su descargo a través de las redes sociales y de sucesivas entrevistas, a la hora de buscar responsables por al caída de la "ley ómnibus".

Desde la provincia mediterránea se mantiene la tesitura de no responder agravios y esperar el diálogo.

"Tengo expectativas, espero que se bajen los decibeles y veo un cambio de actitud en el Gobierno. Estamos abiertos al diálogo y al consenso con el gobierno nacional. Queremos ayudar, pero para eso dependemos de que nos convoquen, sabiendo que ante cada cosa que afecte a Córdoba no me voy a quedar callado", decía el mandatario cordobés este fin de semana. Hasta el momento no se anunció ningún encuentro ni acercamiento por parte de Nación.

En ese contexto, el gobernador santafesino, llamativamente elegido como uno de los principales blancos de los disparos presidenciales, optó por evitar la confrontación directa: no tiene resuelto ningún tipo de acción judicial y también prima la idea, hecha extensiva a sus colaboradores, de no responder los ataques.

Pullaro participó el viernes pasado del encuentro virtual con sus pares de Juntos por el Cambio, en el que se mostró unidad de criterio entre los mandatarios, y se ratificó la predisposición para afrontar los conflictos por la vía del diálogo, si el gobierno nacional se decidiera por ella.

En todo caso, el santafesino apuesta a potenciar y exhibir el potencial productivo de la provincia, como una suerte de salida "hacia adelante" de la situación planteada por los recortes nacionales.

Así lo dejó en claro este lunes cuando recibió a diputados nacionales que representan a Santa Fe "enfocados en la importancia del diálogo y el consenso. Sabemos que ese es el camino que debemos desandar para que Argentina solucione los problemas que hoy tiene. Vamos a defender la producción y el trabajo de Santa Fe, porque queremos que nuestra provincia sea el motor del crecimiento del país", según expresó.

(Por Macarena Ripoll) - Mientras la llamada Ley Ómnibus vuelve a foja cero, artistas y gestores de la cultura continúan movilizándose por la amenaza de la posible quita de subsidios provenientes de distintos organismos que ayudan a mantener viva a la cultura nacional.

El proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, junto al DNU 70/2023, proponen recortes significativos para el ámbito cultural, entre ellos, la desfinanciación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Conabip es el ente que regula y subsidia bibliotecas de todo el país. Además de subsidios, ofrece capacitaciones, talleres, “bibliomóvil” y funciona como un impulsor de la literatura nacional e internacional.

En la ciudad de Santa Fe existen 14 bibliotecas populares que, a través de subsidios provenientes del municipio y de la cuota de sus afiliados, logran acercar a la sociedad santafesina un poco de literatura. Tres de ellas cuentan con el aporte del Conabip.

Aunque el número suena a poco, la realidad es que gracias al Conabip miles de bibliotecas a lo largo y ancho del país logran sostenerse como un espacio de lectura y formación.

Espaciado creado para los más pequeños en la Biblioteca Pedagógica y Popular Domingo Faustino Sarmiento con ayuda del Conabip.

La ley, que ante la imposibilidad de aprobar los principales artículos regresó a la instancia de comisión, dedicaba el apartado quinto exclusivamente a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

En él, se proponía el desfinanciamiento de las asociaciones eliminando cualquier tipo de ayuda que otorgue el Estado. Entre ellos, hoy están vigentes las tarifas reducidas a los servicios públicos para las bibliotecas populares así como los beneficios en relación al gravamen fiscal. Con la posible eliminación del Fondo Especial creado por la Ley 23.351, se cancelaría la franquicia postal, la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuestos de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario -profesional, auxiliar y de maestranza-, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.

Entre las diversas formas de ayuda que otorga el Conabip a las bibliotecas populares existe la financiación de proyectos y talleres que acompañan a los ciudadanos.

Anabel Tomatis, vicedirectora de la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento”.

Anabel Tomatis, vicedirectora de la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Santa Fe, en charla con El Litoral, explica que gracias al organismo cuentan con un proyecto de digitalización de documentos antiguos, además de una sección de historietas y un catálogo en línea. “Son herramientas que las bibliotecas populares necesitan. Necesitan ese impulso, tanto económico como a veces no económico, que da Conabip. Sería una pena que se deje sin efecto ese aporte”.

A la Biblioteca Popular ubicada en calle San Martín de la ciudad capital asisten “diariamente más de 100 personas” y cuenta con talleres tanto para adultos como para adolescentes y niños. “Ya hace dos años que venimos brindándoles el espacio a los talleres, y tienen una muy buena repercusión. Hay unos para adultos mayores donde uno ve cómo se sienten cómodos, contenidos, hablando con una psicóloga que les da el taller de la memoria”.

Sector de historietas, creado gracias a la financiación del Conabip.

Además de financiar proyectos que enriquecen y facilitan el acceso a los libros y documentos, el Conabip también aporta capacitaciones gratuitas para el personal, una ayuda para abonar la cuota de internet, bibliomóviles y el Programa Libro%, a través del cual las bibliotecas populares pueden comprar con descuento material bibliográfico de su interés en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Por ahora, la Ley Ómnibus se encuentra sin efecto, pero las bibliotecas populares siguen atentas a posibles repercusiones.

Javier Milei volvió al país después de su primer viaje al exterior como Presidente. Fueron algunos pocos días, una semana incluyendo ida y vuelta, en los que pasó de todo aquí y allá. Afuera visitó Israel, Italia y el Vaticano. Adentro, se bajó del tratamiento en la Cámara de Diputados ni más ni menos que la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la "ley ómnibus", los 664 artículos de la norma "fundacional" del país que el Ejecutivo impulsó como tema más relevante en su convocatoria a sesiones extraordinarias.

El tema viajó de uno a otro lado del océano: hacia allá como aviso acerca de los cambios que tendría el proyecto y que, si se atiende al proceso que siguió el debate en comisiones, se anticipaba como posibilidad seria: había un dictamen de mayoría con disidencias y fue larga la lista de "peros" advertidos por gobernadores y adelantados por legisladores.

Desde allá llegó, asegura el gobierno, la orden de dar de baja el proyecto junto con una larga, larguísima lista de calificativos (descalificativos, en realidad) hacia legisladores que no acompañaron la media sanción en particular y hacia los gobernadores que sostuvieron con firmeza la defensa de los intereses de sus provincias.

¿Resultado? No hay media sanción del mega proyecto de ley, el jueves termina el plazo de las sesiones extraordinarias que ya había sido prorrogado por el Ejecutivo. Y, a menos que se pida una nueva extensión hasta fin de mes, la actividad en el Congreso se retomará el 1° de marzo, cuando el Presidente, por mandato constitucional, deberá inaugurar el período de sesiones ordinarias con un discurso ante la asamblea legislativa, es decir, ante integrantes de las dos cámaras, Diputados y Senadores.

Falta mucho para ese momento. Bueno, en realidad son menos de 20 días, pero en la Argentina de los últimos meses, cada semana equivale por su intensidad a un plazo mucho mayor; situación que no redunda necesariamente en mayores y mejores definiciones.

Por caso, en la última semana, la del viaje, la relación con mandatarios provinciales y con diputados llegó a un límite de tensión más propio de una relación larga y desgastada que aquella que se espera del debate de un primer proyecto de ley enviado por una nueva fuerza política que tiene minoría en las dos cámaras.

Por eso será importante observar cómo se desarrolla en adelante la relación con el Congreso y qué ocurre a partir del 1° de marzo, cuando legisladoras y legisladores podrán impulsar sus propias iniciativas (las extraordinarias están reservadas a proyectos que envía el Poder Ejecutivo), y el oficialismo seguirá en minoría. Será momento de tejer los consensos que faltaron en este primer tramo de la carrera pero también de evaluar qué tan hondo calaron los sucesivos destratos, incluso hacia quienes estaban dispuestos a acompañar el mensaje oficial.

En definitiva, se verá si hay interés del gobierno nacional en construir puentes con otro poder del Estado que es el Legislativo. Un puente que no existe entre uno y otro lado del océano porque, de ser así, y a juzgar por la escalada de insultos y agravios que desde Israel e Italia dirigió el Presidente hacia opositores y aliados, ya se hubiese quemado.

¿Negociación o prescindencia?El Litoral quiso conocer la opinión de cuatro legisladoras y legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe acerca del proceso que terminó en el retiro de la "ley ómnibus" y las perspectivas que se abren en la relación del Presidente con el Congreso.

Para Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal), el Presidente "planificó un enfrentamiento con el Congreso desde el primer momento al sacar un DNU y mandar una ley imposible de estudiar seriamente en extraordinarias. Aún así, por respeto institucional logramos superar varios escollos". "Creo que de acá al 1° de marzo el Presidente no va a mandar nada más a extraordinarias y que las medidas que está tomando van a tener muchas reacciones, como la quita del subsidio al transporte". En ese punto, recordó que "cuando cargamos combustible pagamos un impuesto y una parte va como contribución al transporte público" que dejará de estar subsidiado para el interior pero no para el AMBA.

Para Fein "es un momento institucional único, con una negación del Congreso y esta idea permanente de casta y traidores; una amplia versión de traidores que también incluye a quienes apoyaron algunas cuestiones pero se diferenciaron en otras".

Mario Barletta (UCR) define como "intenso" el camino recorrido por el proyecto de "ley ómnibus" y destaca que fue "un trabajo muy responsable y cuidadoso desde el primer momento en que se tuvo predisposición para dar las herramientas que el gobierno necesita para llevar adelante los cambios, sin que esto signifique un cheque en blanco". No obstante, "el desenlace (la vuelta a comisiones y posterior retiro del proyecto) fue bastante insólito y no se termina de entender, en principio porque quedaban una enorme cantidad de temas muy necesarios, muy importantes, como el de jubilados, la esencialidad de la educación, el programa que generaba el incentivo para las grandes inversiones".

Sin embargo, "las conductas que surgieron a partir de la decisión de pasar a comisión y después señalar que no se pensaba volver a tratar, puso de manifiesto un encono del PE contra el Congreso", dijo Barletta quien se mostró en desacuerdo con el "señalamiento" a los gobernadores.

A la hora de imaginar cómo podría seguir esta historia, admite que "desearía que vuelva esta ley al recinto", pero buscar "consensos" previamente, "porque de eso se trata la marcha de un país republicano".

Germán Martínez (Unión por la Patria) opina que desde el Ejecutivo "hicieron todo mal desde el primer momento, enviando un proyecto inconmensurable desde lo extenso con una enorme cantidad de materias en su interior" y todo el trámite que siguió hasta la vuelta a comisión fue en esa línea.

"El período de ordinarias va a ser muy desafiante, no solo para el oficialismo sino también para cada uno de los espacios opositores. Nosotros tenemos el 40 % de los integrantes de cada una de las comisiones pero para poder avanzar en cualquier iniciativa tendremos que buscar puntos de acuerdo con otros espacios políticos".

Consultado acerca de si la voluntad de Milei es gobernar con prescindencia del Poder Legislativo, consideró: "Desde el primer minuto, cuando habló de espaldas al Congreso demostró escasa voluntad de articulación con el Poder Legislativo. Si a eso se le agrega la cantidad de agravios, todo lo que le dijo a los diputados que no acompañaron afirmativamente los primeros artículos de la ley, la catarata de insultos a los gobernadores, deja a las claras que tiene un problema con el funcionamiento del Congreso de la Nación. Y el fracaso de la ley tiene que hacerlo reflexionar: o insiste en los insultos, los agravios, las amenazas y los aprietes o se pone frente al espejo, analiza lo que funcionó mal y trata de aprender de la experiencia para no caer en el fracaso. Para eso necesita una humildad que por ahora no está demostrando; va a depender de él cómo sigue la relación con el Congreso".

Lejos de creer que haya existido voluntad de obstruir el tratamiento de la ley de "Bases", para Germana Figueroa Casas (PRO) hubo "una puja en la que cada uno defendió su posición". "Y faltó la experiencia parlamentaria (del oficialismo) para entender que a los votos hay que buscarlos, hay que contarlos, hay que hacer el poroteo. Primero había inflexibilidad y después a nosotros nos tomaron muchas de las sugerencias que planteamos".

Mientras tanto, "muchos de los temas que están en el proyecto de ley son muy importantes, por ejemplo, la esencialidad de la educación". Por eso, el gobierno "tendría que mandar un paquete de leyes individuales sobre muchos de los temas que estaban en la ley de Bases".

Como reflexión final, evalúa que "nos parecía importante darle herramientas a un gobierno que recién asume, que recibió una situación catastrófica y al que más de la mitad de los argentinos eligió".

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se refirió a la reciente decisión del presidente Javier Milei de cortar los subsidios para el transporte automotor de pasajeros en el interior del país y aseguró que desde el gobierno provincial no van a dejar de “reclamar lo que nos corresponde”. 

A través de un extenso posteo en la red social X (ex Twitter), el titular de la cartera productiva destacó en primer lugar que “somos la Invencible provincia de Santa Fe” y que “vamos a poner lo mejor de nosotros para salir adelante”. 

Para Puccini, la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios al transporte del interior y sostener los del AMBA, es “una vez más un modelo que beneficia a los mismos de siempre”. 

El ministro, dijo que Santa Fe “no corre el cuerpo y va a seguir aportando al sistema de Transporte para que la tarifa golpee lo menos posible a los santafesinos” y remarcó que “los aportes van a aumentar con el Boleto Educativo en marcha”. 

En esta línea, fue enérgico al afirmar que “no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde”, recordando que en enero de este año los santafesinos aportaron pagando impuesto a los combustibles unos $3.900 millones, de los cuales solo volvieron $490 millones por coparticipación. 

“Por Fondo Compensador de Transporte tendríamos que haber recibido $1400 millones de pesos. Esa plata no volvió y quedó concentrada en los mismos que el kirchnerismo benefició durante años: el AMBA”, aclaró. 

Más datos

Puccini, explicó luego que si las transferencias del Fondo Compensador continuaran, Santa Fe aún pierde $2010 millones. “Con la medida de Nación de eliminar el Fondo Compensador del interior esa diferencia se amplía a $3410 millones. Más plata que aporta Santa Fe y no vuelve”. 

Asimismo, graficó: “De ese Fondo, Nación coparticipaba a Santa Fe el 48%, el 52% quedaba en Nación. Ahora, queda en Nación el 87%. La provincia tiene empresas que hoy no cuentan con el sistema SUBE y no hay respuesta de Nación. Por ejemplo, hay 3 empresas que gestionaron el sistema para 5 líneas y siguen esperando”. 

“Esto quiere decir –continuó-, que hay santafesinos que si lo quisieran, tampoco recibirían el 55% de subsidio por demoras ajenas a la provincia”. 

Puccini, llamó a la “reflexión” al Estado Nacional y pidió no tomar medidas “intempestivas y sin planificar”. 

“Acá no se perjudica a un gobernador, el golpe lo sienten los santafesinos. Necesitamos certidumbre y no que todos los días cambien las reglas de juego. Argentina votó un cambio, no seguir como hasta ahora, con las practicas que nos trajeron hasta acá”, cerró. 

En medio de su gira internacional y de una creciente disputa con los gobernadores por la fallida Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y al titular de la Anses, Osvaldo Giordano. En las últimas horas, ambos confirmaron sus salidas del gabinete y se refirieron a la decisión del mandatario.

El último viernes, el presidente solicitó, por medio de un comunicado, sus renuncias al considerar que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual" del país requieren "funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".

El presidente Javier Milei, por medio de un comunicado que difundió la Oficina del Presidente, solicitó el viernes último sus renuncias al considerar que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual" del país requieren "funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".

El primero en expresarse fue Giordano, asegurando "no compartir los motivos" por los cuales le era exigida su renuncia, y lamentando "no haber tenido tiempo de llevar a cabo las transformaciones que proyectaba".

Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello.Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob.Le deseo una… https://t.co/Nzww8mKqSf

"Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES", escribió en redes sociales.

Pese a su abrupta salida, el ahora ex funcionario le deseó "una gran gestión al presidente" y se mostró comprometido a seguir ayudando "desde el lugar que le toque".

Por su parte, la exsecretaria de Minería Flavia Royon, quien renunció a su cargo por pedido del presidente Javier Milei, afirmó que le "excede" si su salida del Gobierno nacional pudo "ser parte de un castigo" por el resultado de la votación de la ley 'Bases' en la Cámara de Diputados.

"Yo no tuve conversaciones ni ningún tipo de acuerdo sobre la ley, mucho menos sobre cómo iban a votar los diputados de Salta", explicó Royon, oriunda de esa provincia y exfuncionaria del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los dirigentes a quien se responsabilizó políticamente desde el Gobierno por el freno que sufrió el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

Royon, en tanto, concedió que, tras el retorno a comisión del proyecto de ley 'Bases', surgieron "algunos trascendidos" acerca de un supuesto enojo del Presidente con un grupo de mandatarios, uno de ellos Sáenz.

"Cuando empezaron los trascendidos le mandé un mensaje al ministro (de Economía, Luis) Caputo. Le dije que mi renuncia estaba a disposición", comentó.

El ministro, según Royon, le respondió que había "cuestiones políticas" que impedían "la continuidad en el cargo" de secretaria de Minería.

El primero en expresarse fue Giordano, asegurando "no compartir los motivos" por los cuales le era exigida su renuncia, y lamentando "no haber tenido tiempo de llevar a cabo las transformaciones que proyectaba".

"Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES", escribió en redes sociales.

Pese a su abrupta salida, el ahora ex funcionario le deseó "una gran gestión al presidente" y se mostró comprometido a seguir ayudando "desde el lugar que le toque".

Mensaje a Caputo

Por su parte, la exsecretaria de Minería Flavia Royon, quien renunció a su cargo por pedido del presidente Javier Milei, afirmó que le "excede" si su salida del Gobierno nacional pudo "ser parte de un castigo" por el resultado de la votación de la ley 'Bases' en la Cámara de Diputados.

"Yo no tuve conversaciones ni ningún tipo de acuerdo sobre la ley, mucho menos sobre cómo iban a votar los diputados de Salta", explicó Royon, oriunda de esa provincia y exfuncionaria del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los dirigentes a quien se responsabilizó políticamente desde el Gobierno por el freno que sufrió el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

Royon, en tanto, concedió que, tras el retorno a comisión del proyecto de ley 'Bases', surgieron "algunos trascendidos" acerca de un supuesto enojo del Presidente con un grupo de mandatarios, uno de ellos Sáenz.

"Cuando empezaron los trascendidos le mandé un mensaje al ministro (de Economía, Luis) Caputo. Le dije que mi renuncia estaba a disposición", comentó.

El ministro, según Royon, le respondió que había "cuestiones políticas" que impedían "la continuidad en el cargo" de secretaria de Minería.

Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que también lo tienen que hacer los gobernadores", dijo este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, que inició con la novedad de una reducción del 98 % de las transferencias discrecionales a las provincias.

"Los recursos se están enviando a través de transferencias automáticas", aseguró sin dar detalles de montos ni destinatarios, a la vez que advirtió: "Las cajas que se han utilizado históricamente para hacer política se han terminado".

"Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento y para empleo militante", siguió el vocero, refiriéndose en duros términos al uso de los fondos remitidos por el Estado nacional a las provincias, y obviando los que se aplican a obras públicas y como refuerzo a servicios esenciales en materia educativa, de salud y previsional.

El mensaje llega dos días después de que la "ley ómnibus" vuelva a comisiones en la Cámara de Diputados por falta de acuerdo en numerosos puntos. Un día después de que el Presidente Javier Milei llamara "traidores" a quienes no acompañaron el tratamiento del proyecto, y decidiera cortar el diálogo con gobernadores. Y a dos semanas de la reunión de gabinete en la que, según trascendió, advirtió que iba a "dejar sin un peso" a los gobernadores, si no acompañaban el mega proyecto.

"Esto es lo que el Presidente dijo siempre, en campaña y cuando asumió el 10 de diciembre", explicó Adorni sobre el anuncio que viene a tensar un poco más (en una escalada que parece no tener fin) la relación con quienes gobiernan los territorios provinciales.

Por otro lado, la novedad llega el mismo día en que se anunció un cambio en el esquema de subsidios al transporte del interior del país.

Al respecto, Adorni dijo que todo va en línea con el programa anunciado y que "guarda relación con el pacto fiscal que los gobernadores firmaron entre 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar sucesivamente los subsidios para Amba y las provincias definirían las diferentes compensaciones que cada empresa iba a necesitar".

"El objetivo, dijo, es la equidad a lo largo y ancho del país y dejar de beneficiar a unos en detrimento de otros". Admitió que va a repercutir en las tarifas, pero consideró que "la lógica es que el que necesite viajar lo pueda hacer, sea porque puede pagarla o porque en esta segmentación reciba el subsidio correspondiente".

Ese zorro viejo (con todo respeto) que es Pichetto lo dijo mitad centro cómplice y mitad chicana: “no hay que perder, hay que ganar”. Es que hasta allí, uno a uno, se iban cayendo casi todos los incisos del artículo 5 que el gobierno quería imponer y con ello, desflecando aún más la ya desflecada ley ómnibus.

Rápidamente, la victoria obtenida con la aprobación general la semana pasada, e incluso las primeras esgrimas de la tarde con la aprobación de algunas de las facultades contenidas en el megaproyecto, se fueron diluyendo y, Pichetto mediante, dejaron al desnudo tanto la inflexibilidad (en un territorio y un tema que requieren de “muñeca” aceitada) como la inexperiencia en la discusión parlamentaria de buena parte del oficialismo que, como se sabe, además, no tiene mayoría alguna y depende de alianzas.

Y justo antes, encadenadas varias derrotas parciales y ante el “innegociable” (para la gestión Milei) artículo 7, el de las privatizaciones que pretende motorizar el gobierno nacional, y ante la evidencia de otra segura derrota en el conteo de votos, el mismo oficialismo paró la pelota y bajó la sesión.

La derrota, dicen los que saben, estaba abrochada mucho antes: en las comisiones, en los pasillos, en las oficinas donde semejante ley debe alcanzar (concediendo cosas, incluso, para salvar el núcleo duro) los porotos necesarios, antes (y no durante) de cualquier votación.

Así es que con muchos raspones y cruzando semáforos en amarillo, ante la evidencia de una colisión de imprevisibles consecuencias, finalmente frenaron el ómnibus y lo estacionaron hasta nuevo aviso.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro se refirió al comunicado oficial del Gobierno nacional que responsabilizó a mandatarios provinciales por la caída de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se trataba la Ley Ómnibus. Fue en el hall central del sindicato de Luz y Fuerza, en la ciudad capital, previo a la entrega de escrituras por parte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Social.

“Tenemos un compromiso y un contrato social con Santa Fe y siempre fuimos muy claros en ese sentido: vamos a defender los intereses de la provincia y, bajo ningún concepto, vamos a acompañar un aumento de retenciones al campo o a la industria, porque eso, claramente, va a desincentivar el consumo y va a ocasionar pérdidas de fuentes de trabajo”, sentenció el Gobernador en declaraciones a la prensa.

El mandatario santafesino reiteró que “estamos de acuerdo en que el Estado debe ser eficiente, en que debe reducir el déficit fiscal y, desde ese lugar, acompañamos y hacemos también los esfuerzos en la provincia. Pero bajo ningún concepto vamos a acompañar una reforma que se lleve puesta la producción santafesina, porque ese fue nuestro compromiso también de trabajo. Tal cual le manifesté ayer al ministro (de Economía, Luis) Caputo y al ministro (del Interior, Guillermo) Francos, estamos dispuestos a dialogar para encontrar salidas al déficit fiscal y reducir los niveles de inflación; y nuestra provincia también tiene que tener los recursos suficientes para brindar los servicios necesarios y las obras que tenemos que llevar adelante”, remarcó el mandatario santafesino.

“Creo que el presidente (de la Nación, Javier Milei) y el gobierno de La Libertad Avanza, al tener minorías en las cámaras de Diputados y Senadores, tendrían que profundizar el diálogo. Nosotros estamos dispuestos a hablar; nunca vamos a agredir a nadie ni a menospreciar una posición política. La democracia es la construcción de consensos y escuchar al otro”, insistió el titular del Ejecutivo santafesino.

“Pero no voy a ceder a la defensa de la producción de la provincia de Santa Fe”, ratificó Maximiliano Pullaro, y explicó: “Imagínense si se ponen retenciones a la industria como pretendía el gobierno nacional. Hay 760 empresas que están exportando y probablemente perdamos mercados y no podremos conquistar otros, además de que puedan despedirse empleados. Si se le aumentan las retenciones al campo, es factible que eso provoque desinversión. Y los chacareros, que no son los grandes latifundistas como tal vez entiende el gobierno nacional; son productores de 40, 50, 100 hectáreas. No puedo acompañar eso de ninguna manera. Hay muchas alternativas para salir de esta situación”, señaló.

Más adelante, en referencia a las declaraciones del presidente Milei respecto de presuntas presiones de los gobernadores a los diputados de sus provincias para que voten en contra de artículos de la Ley Ómnibus, Pullaro fue categórico: “Eso no es correcto. Nuestros diputados nunca van a votar a favor de las retenciones”, consignó, y recordó que “los legisladores santafesinos, al menos los de mi partido, votaron absolutamente todo, salvo un artículo que tenía que ver con las empresas del Estado. Además, entendemos que, ideológicamente, los diputados tienen vida propia, no es que el gobernador los manda”, completó al respecto.

En relación con la presentación de proyectos alternativos para zanjar la crisis económica nacional, el gobernador sugirió al gobierno central más diálogo, “sentarnos con la participación de nuestros equipos de Economía. Proponemos, por ejemplo, la aplicación de un impuesto al decil más rico de la Argentina, a los que más propiedades tienen en el exterior y en el país, y a quienes mayores ingresos tienen, aumentar las alícuotas en el 3%. Eso nos permitiría obtener una mayor recaudación que podría coparticiparse. Argentina va a tener una muy buena cosecha este año, alrededor de un 50% más de la de 2023, lo cual significaría unos 25.000 millones de dólares que van a ingresar a las arcas del Estado nacional. Pero necesitamos más diálogo. Santa Fe sufrió recortes en educación, salud, obra pública y transporte, y estamos ajustando de cara a la sociedad, explicando cada uno de los temas, sin tampoco culpar a nadie. Tenemos que poner sobre la mesa todos los problemas, incluso los de la gente. Pero estamos convencidos de que la salida es, fundamentalmente, con crecimiento económico y con más producción”, concluyó Pullaro.