Con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial de quienes transitan por rutas y corredores santafesinos, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en coordinación con la Guardia Provincial, intensificó sus operativos de control durante el primer trimestre de 2026. De este modo, desplegó 8.640 dispositivos puntos estratégicos en los que se realizaron 197.530 test de alcoholemia, lo que representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se realizaron 169.275 controles en 7.215 operativos. Como resultado de estos controles, se detectaron 727 alcoholemias positivas sancionables al superar los valores permitidos de 0,5 grs de alcohol. En cuanto al tipo de conductor con alcoholemia positiva, los registros indican que 473 fueron conductores particulares, 103 profesionales y 141 conductores de moto.“Los controles constituyen la principal herramienta para prevenir y evitar conductas de riesgo. Dado que el alcohol es uno de los factores de riesgo presentes en la conducción, desde el Gobierno de la Provincia vigilamos muy de cerca esta conducta y retiramos de la circulación a  aquellos conductores que transgreden esta norma y nos ponen en riesgo a todos”, remarcó el director de Coordinación Interjurisdiccional de APSV, Mauro Bertorino, para luego subrayar que “el objetivo es estar presentes en las rutas para cuidar la vida y hacer respetar la ley”.

En cuanto a los test tomados en estos meses, la APSV dio cuenta de algunos valores muy por encima de lo establecido por la Ley de Tránsito (0,50 grs), tales como el conductor de un auto particular que circulaba con 2,70 grs por la Ruta Provincial N° 1 a la altura de San Javier y otro con 2,45 grs en Ruta Nacional N° 19, en el Peaje de Franck. También se detectaron dos conductores de moto que transitaban con 2,85 grs., uno por Ruta Nacional N° 11 en Reconquista y en Avellaneda. Por otro lado, el conductor de un camión transitaba por la Ruta Nacional N° 11 a la altura de Vera con 1,94 grs mientras que otro circulaba por la RP 21 en Pueblo Esther con 1,82 grs de alcohol en sangre.Estos conductores fueron retirados de la circulación y se les retiró la licencia de conducir en forma preventiva por representar un riesgo para todos.

La cantidad de vehículos fiscalizados también registran un incremento en el primer trimestre con respecto al año pasado ya que en los 8.640 operativos se controlaron 227.556 vehículos de distinto porte, un 4,3 % más que en 2025 cuando se habían controlado 218.125 vehículos en 7.215 operativos.Además, se labraron 28.245 actas de infracción por diversas transgresiones a las normas de seguridad vial y se retuvieron 868 vehículos en todo el trimestre, mientras que en 2025 habían sido 690 los vehículos derivados a corralones municipales.

A raíz de los cambios introducidos por el Gobierno Nacional en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la Provincia de Santa Fe confirmó su adhesión parcial a la nueva normativa. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, junto a funcionarios del organismo, brindó precisiones sobre cómo se implementarán las modificaciones en el territorio provincial.

Torres destacó que la renovación de licencias para conductores particulares seguirá siendo de manera presencial, en los 105 Centros de Emisión de Licencias (CELs) habilitados. La Provincia no adhiere al nuevo sistema nacional que permite renovar mediante la presentación online de un certificado médico. “Un simple certificado médico es un retroceso. La evaluación médica presencial asegura controles rigurosos, lo que constituye una responsabilidad del Estado para resguardar la seguridad vial”, sostuvo.

En cuanto a la licencia digital, Torres informó que se trabaja en la integración con la aplicación Mi Argentina, aunque aclaró que en Santa Fe la licencia física seguirá siendo válida. A futuro, ambas versiones tendrán la misma validez legal, permitiendo al ciudadano elegir la presentación del documento en controles viales.

Uno de los principales cambios afecta a los conductores profesionales de transporte de pasajeros y de carga. Desde este lunes, rige en la provincia la nueva Licencia Provincial Interjurisdiccional, que reemplaza a la anterior Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti). Esta credencial será emitida en los CELs y exigirá los mismos requisitos: exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos.

La medida apunta a garantizar estándares uniformes de evaluación en Santa Fe y aplicar un mayor control sobre quienes desarrollan actividades de riesgo al volante. Las clases C, D y E pasarán a tener carácter interjurisdiccional. Para las licencias D1 y D2, utilizadas exclusivamente dentro del territorio provincial, se aplicará la leyenda “Jurisdiccional Provincial” y se emitirán en centros específicos como Rosario, Santa Fe, Firmat, Rafaela y Reconquista.

Respecto a la vigencia de las licencias, Santa Fe mantiene los plazos actuales, coordinados con las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Los conductores entre 21 y 45 años tendrán una validez de dos años, mientras que los mayores de 46 deberán renovar cada un año. Esta decisión contrasta con la propuesta nacional de una validez de cinco años, considerada excesiva por las autoridades provinciales.

Por último, Torres explicó que la nueva Licencia Provincial Interjurisdiccional será obligatoria para quienes transporten carga o pasajeros entre provincias. Sin embargo, quedarán exentos -por el momento- choferes de taxis, remises y colectivos que trabajen dentro del ámbito provincial. “Hemos dispuesto un período transitorio para estos sectores, durante el cual no será necesario que tramiten esta nueva licencia”, concluyó el funcionario.

La nueva norma parte desde la notable imprudencia de conductores que circulan con menores de edad en el asiento del conductor o en el del acompañante sin las medidas de seguridad correspondientes en la ciudad de Venado Tuerto. 

Ante este llamamiento a destacar, desde el Concejo Municipal dispusieron tomar medidas al respecto. Y a partir de un Proyecto de Ordenanza del concejal Guillermo Barbey (Primero Venado), el Legislativo busca aplicar sanciones y capacitaciones obligatorias para aquellos conductores que infrinjan en esta falta. La iniciativa pasó a comisión y será debatida con las autoridades facultadas.

"De acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se han recibido denuncias en todo el territorio nacional respecto de conductores que permiten a menores colocarse al volante o viajar en el asiento delantero sin protección adecuada.

Las leyes nacionales establecen las normas de tránsito y seguridad vial, pero muchas veces su implementación queda supeditada a las disposiciones municipales, siendo responsabilidad del Estado en sus distintos niveles garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de los menores de edad, quienes en este tipo de situaciones son expuestos a riesgos innecesarios", explica el edil al fundamentar la adhesión de la normativa local a la legislación nacional en materia de tránsito y seguridad vial.

“Este tipo de acciones constituyen una conducta imprudente que pone en peligro la vida de los menores y de los demás ocupantes del vehículo, sin que las sanciones económicas existentes hayan demostrado ser suficientes para generar conciencia plena sobre las graves consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas”, describe Barbey a la falta de medidas preventivas al conducir.Y sostiene que el equipamiento de los vehículos, en particular la presencia de airbags delanteros, incrementa el riesgo para menores que viajan en el asiento delantero sin las protecciones adecuadas, ya que, en caso de una colisión, estos dispositivos pueden activarse a velocidades cercanas a los 300 km/h, “causando lesiones graves, especialmente cuando no se utiliza el cinturón de seguridad”.

En este sentido “las investigaciones han demostrado que la activación de un airbag sin la correcta protección del cinturón puede ocasionar quemaduras faciales, daños oculares severos y lesiones en el pecho, los brazos y la cabeza, riesgos que se agravan en el caso de menores de edad”, argumenta en la iniciativa.

Ante lo expuesto, el legislador interpreta que es “imperioso implementar sanciones efectivas que promuevan una verdadera toma de conciencia sobre la gravedad de estas conductas, reforzando el compromiso social con la seguridad vial y estableciendo medidas que complementen las multas económicas con acciones educativas y de responsabilidad comunitaria”.En el articulado de la norma, se dispone que “las sanciones aplicables incluirán, además de multas económicas, la obligatoriedad de participar en actividades de capacitación en seguridad vial y/o acciones de proyección social determinadas por el juez de faltas interviniente”.Además, “ante la reiteración de estas infracciones podrá ser sancionada con el retiro del carnet de conducir por un plazo a determinar, conforme a la gravedad y frecuencia de las faltas”.

Y el Ejecutivo Municipal, “a través del área correspondiente, implementará campañas de concientización sobre la seguridad vial, destacando los riesgos asociados a las conductas señaladas”.

En nuestro país, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 especificaba en su artículo 40 que todos los ocupantes deben utilizar el correaje de seguridad correspondiente y que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero (Inciso g). Así lo fue hasta enero de 2018 cuando se introdujeron cambios en el decreto reglamentario de la citada Ley. 

Mediante el Decreto N° 32/2018 se modificó el artículo 40 inciso g) estableciendo ahora la obligatoriedad para el traslado de menores de 10 años, de realizarlo sujetos al asiento trasero con el SRI homologado y en relación con su peso y tamaño.

El Sistema de Retención Infantil (SRI) o sillita es la herramienta de seguridad más importante para evitar lesiones y proteger la vida de los niños en un accidente de tránsito. El Decreto 32/18 entró en vigencia en enero de 2018 y modifica el Decreto 779/95 que reglamenta la Ley de Transito 24.449. De esta forma, la exigencia, que antes era hasta los 4 años, se extendió hasta los 10 en todas las rutas nacionales. 

Sin embargo, cada jurisdicción debe adherir para que la normativa sea efectiva en su territorio. La sillita cumple un papel fundamental en la seguridad de los chicos: el uso correcto del SRI reduce en un 70% los riesgos de lesiones graves y fatales en caso de un accidente de tránsito.

Más de 160 organizaciones repudiaron el pedido de empresarios vitivinícolas y jefes comunales de Mendoza al Senado para que no se trate el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante, ya aprobado en la Cámara de Diputados, y advirtieron que “no se pueden seguir perdiendo vidas”, según difundió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Un total de 168 asociaciones de familiares de víctimas de tránsito enviaron una carta a empresarios de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y a jefes comunales de la provincia de Mendoza, luego de que el miércoles presentaran una nota en el Senado pidiendo que no se trate el proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable para ser tratado en la Cámara alta.

La iniciativa -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen de comisiones en la Cámara Alta- sustituye el artículo 48 de la ley de Tránsito y contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir vehículos.

“Lamentamos que consideren sus ganancias sobre la vida de las personas”, señalaron los familiares en el escrito, que lleva la firma de Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y Red Cuidarte +, entre otras muchas organizaciones.

Asimismo, subrayaron que los representantes del sector bodeguero “no deben preocuparse ya que en las 12 provincias argentinas y los países limítrofes que ya tienen alcohol cero al volante no ha disminuido ni la producción ni la venta de alcohol”.

En la misma línea, sostuvieron que “si hacemos historia, podemos recordar que empresarios de la industria tabacalera se quejaban de igual manera preocupados por sus ganancias cuando se estaba por votar la ley que prohibía fumar en lugares públicos y cerrados. Después de aprobada la ley, no vendieron ni un cigarrillo menos y ahora todos, respetándonos, podemos disfrutar de diferentes espacios”.

“¿Saben que el alcohol está presente en uno de cada cuatro hechos viales? ¿Les importa que los hechos viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes?”, preguntaron en otra parte del texto a empresarios y jefes comunales de Mendoza.

Según estadísticas la ANSV, el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 incidentes viales graves, y la siniestralidad vial representa la principal causa de muerte en Argentina de personas menores de 35 años.

Actualmente, 12 provincias y más de 40 ciudades del país tienen una normativa de Alcohol Cero al volante, en donde los resultados son positivos.

Por último, el comunicado concluyó: “Hace 20 años que los familiares luchamos por este cambio; no podemos seguir perdiendo vidas. Para nosotros ya es tarde. Permítanos cuidar de sus vidas y la de sus seres queridos”.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de alcohol cero para conducir. La media obtuvo 195 votos afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones. El proyecto de ley que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.

Las provincias de Mendoza y San Juan no acompañaron el proyecto. Propusieron, en su defecto, la posibilidad de campañas o multas más altas.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.

La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

“De todos los bloques sin importar el partido votaron a favor del alcohol cero y del código penal. Esta es una deuda pendiente que se tiene con todos nosotros desde hace muchísimos años”, manifestó Silvia González, integrante de Estrellas Amarillas-Familiares de Víctimas.

“Alcohol cero llego a la Nación porque lo hemos logrado territorialmente en la provincia de Salta, Córdoba, Chubut, Rio Negro. Tenemos pruebas fehacientes, en estas provincias donde se ha logrado alcohol cero de que ha bajado la tasa de mortalidad”, explicó González.

Como ha informado El Litoral en ediciones anteriores. En la ciudad de Santa Fe rige la ordenanza N° 12.643, sancionada 1 de agosto de 2019, de “alcoholemia cero”. En uno de sus principales párrafos, el texto establece que “se entenderá que una persona se encuentra en estado de intoxicación alcohólica cuando la medición alcoholimétrica detecte la presencia de alcohol en sangre, cualquiera sea su concentración por litro”. De todos modos, en caso de que la medición alcoholimétrica no supere las dos décimas de gramo por litro (0,2 gr/l) de sangre, “no se aplicarán sanciones administrativas”, pero sí se le retendrá el vehículo.

A partir de 0,3 gramos, además de que no podrá seguir manejando, sí habrá multas, las cuales se irán agravando a medida que asciende el nivel de alcohol en sangre.

En Rosario el 8 de abril de 2021, el Legislativo de esa ciudad del sur provincial sancionó una ordenanza que fijó “ninguna tolerancia” de alcohol al volante, es decir, alcoholemia cero. De esa forma, Rosario “se suma a las ciudades de Santa Fe, Reconquista y Pueblo Esther (entre otras), en lo que muchos ediles calificaron como ‘el fin de las especulaciones con el alcohol al volante”.