La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, mientras que se abstuvieron los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, de la Coalición Cívica Mónica Frade y de Coherencia Marcela Pagano.

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO.

Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los cordobeses y del legislador larretista.

La iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En los juegos de cartas tradicionales, el uso de porotos para contar los puntos es ley. Es eso o sumar a pura lapicera y papel. En ámbitos legislativos, el término “poroteo” también es conocido: remite al conteo uno por uno de los votos que pueden sumar a la aprobación de una iniciativa o a la concreción de una sesión.

Es la palabra que mejor resume la febril actividad de los últimos días en el Congreso y el Ejecutivo y de este jueves, en particular, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Para las 14 está citada la sesión especial que pidió la oposición a fin de abordar una agenda bien concreta (y totalmente contraria a los intereses del gobierno nacional), que consiste en una ley sobre Endeudamiento Familiar, la prórroga hasta diciembre de 2027 de la Emergencia Nacional de Discapacidad, y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el Senado ya rechazó en marzo de 2024.

Cada tema tiene sus complejidades, pero en realidad la pregunta es cuántos “porotos” logrará reunir la oposición para completar los 129 que se requieren para alcanzar el quórum y abrir la sesión. Y cuántos habrá conseguido el oficialismo para malograr la convocatoria.

Un paso adelante en esa línea dio este miércoles el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza, que lograron un dictamen de mayoría para incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene media sanción del Senado) dos artículos que revierten uno de los puntos más discutidos del decreto 70/23: dejan sin efecto el artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737 que en el año 2011 dispuso la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (fija un 15 % el límite de tierras en manos de extranjeros).

Con este dictamen, pierde fuerza uno de los argumentos de la sesión especial de este jueves. ¿Por qué? Porque fue convocada apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 29 de septiembre rechazó por falta de legitimación procesal la demanda del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), que impugnaba el artículo 154 del DNU, precisamente el que deroga la Ley de Tierras.

Poco después, el 9 de octubre, el máximo tribunal reconoció legitimación en otro reclamo, en este caso de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona el mismo artículo pero invocando la protección del ambiente. En este caso, dictó una medida cautelar para suspender el artículo en cuestión y devolvió la causa al juzgado Federal de Bariloche donde se había iniciado.

Para decirlo en simples palabras, hasta que el tema se resuelva quedó restituida una vez más la Ley de Tierras aunque la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, el decreto de Milei.

Con el dictamen acordado este miércoles por el oficialismo y bloques aliados que deroga el artículo en cuestión del DNU 70/23, el gobierno espera desinflar la sesión que fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Al mediodía están invitadas las autoridades de bloques para la reunión de labor parlamentaria para coordinar el desarrollo de la sesión.

Pero en la grilla oficial de Diputados figura otra sesión: esta vez para el 21 de octubre, convocada por Gabriel Bornoroni (LLA) y otros legisladores del bloque que representa al presidente Javier Milei.

En ese temario figura el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (con los cambios introducidos en las últimas horas que restituyen la Ley de Tierras), la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (que surgió como uno de los compromisos de la comisión investigadora del fentanilo contaminado), modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural, la prórroga de la Ley de Discapacidad y la ley de endeudamiento familiar, entre otros puntos.

Con o sin sesión, para esta tarde está convocada la quinta marcha federal universitaria que tendrá epicentro en el Congreso y replicará en todo el país.

Sobre este punto, y para sumar otro ingrediente a un conflicto demasiado extenso y meneado, el juez federal Martín Cormick sancionó con una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la decisión de Javier Milei de no acatar la cautelar que ordenó al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Por qué a Santilli? Por ser el responsable de la administración del Presupuesto.

No será el único reclamo que se oirá este jueves en las calles; también se irá por la derogación del DNU 70, la ley de discapacidad y la situación de las familias endeudadas.

La disputa por la Ley de Tierras continuará en el Juzgado Federal de Bariloche, después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente el artículo del DNU 70/2023 que derogó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. La medida restableció esos límites, pero todavía no existe una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

El fallo del 9 de octubre devolvió el expediente al juez federal Leandro Gómez Constenla, quien deberá analizar si las organizaciones y comunidades que presentaron el amparo están habilitadas para sostenerlo y si corresponde mantener la suspensión.

En paralelo, el Congreso conserva la posibilidad de rechazar el decreto o discutir una nueva legislación sobre tierras rurales. Así, el conflicto tiene dos ámbitos de resolución: el judicial, donde se tramita el amparo, y el parlamentario, donde pueden modificarse las normas.

La primera cuestión que deberá resolver el magistrado es la legitimación de los demandantes. Esto implica determinar si la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas y los demás firmantes pueden promover la acción colectiva.

Luego deberá dar intervención al Estado nacional y examinar el pedido de medida cautelar. De esa evaluación dependerá si continúa suspendido el artículo 154 del DNU y, por lo tanto, si se mantienen las restricciones de la ley 26.737 durante el proceso.

La discusión de fondo será si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto presidencial es constitucional. Ese análisis es diferente de la cautelar, que ofrece una respuesta transitoria mientras se tramita la causa.

Si el juzgado mantiene la suspensión, los límites seguirán operativos en los términos que establezca la resolución. Si rechaza la protección solicitada, podría volver a aplicarse el artículo del decreto que derogó la ley, sin perjuicio de las instancias de revisión judicial.

La ley 26.737, sancionada en 2011, establece un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Entre sus disposiciones figura un máximo del 15% de titularidad extranjera, aplicable a nivel nacional, provincial y departamental. También limita la concentración correspondiente a una misma nacionalidad.

Además, fija un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero, con equivalencias para otras regiones. Estas restricciones volvieron a tener aplicación a partir de la cautelar interina de la Corte.

El 29 de septiembre, el máximo tribunal había resuelto una causa promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En ese expediente revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, porque consideró que la entidad no tenía legitimación para presentar el reclamo.

Aquella decisión no determinó que el DNU fuera constitucional. La Corte se pronunció sobre la posibilidad del CECIM de impulsar la acción, fundada en la defensa de la soberanía.

El nuevo expediente contiene argumentos vinculados con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. El tribunal señaló que esos fundamentos no habían sido examinados y debían recibir tratamiento en la Justicia Federal de Bariloche.

Aunque ambas causas habían sido reunidas por su objeto similar, los planteos propios de Árbol de Pie y de las comunidades permanecían sin resolución. Por esa razón, la Corte dispuso devolver las actuaciones y dictó la protección provisoria.

La controversia también mantiene abierta la discusión sobre el futuro del DNU 70/2023 en el Congreso. Una alternativa es avanzar con su rechazo; otra, debatir una nueva Ley de Tierras que establezca un régimen diferente.

Ambos caminos tienen alcances distintos: el rechazo del decreto afecta al conjunto de sus disposiciones, mientras que una nueva ley permitiría definir específicamente las condiciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.

La cautelar no reemplaza esa discusión legislativa ni resuelve definitivamente el conflicto. Su función es mantener suspendida la derogación hasta que el juzgado se pronuncie sobre las cuestiones indicadas por la Corte.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda planteó que el trámite en Bariloche podría incorporar una audiencia pública y presentaciones de “amicus curiae”, mediante las cuales organizaciones y especialistas aporten argumentos al tribunal.

También consideró necesario mantener vigente la Ley de Tierras durante el desarrollo de la causa. Al referirse a esa participación, propuso admitir aportes de “organizaciones y juristas de toda la Argentina”.

La Corte Suprema dispuso una medida cautelar interina que restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había derogado la ley 26.737.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y cuestionó los fundamentos de la intervención.

La medida tiene carácter provisorio: permanecerá vigente hasta que el juzgado federal de Bariloche examine la legitimación de quienes promovieron la acción y resuelva su pedido de cautelar. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto ni resolvió definitivamente el reclamo.

La resolución responde a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes habían solicitado una aclaración sobre el alcance de la sentencia dictada la semana pasada.

En aquella oportunidad, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de esa causa, carecía de legitimación para promoverla.

Las organizaciones y comunidades sostuvieron que su acción colectiva se apoya en derechos distintos de los invocados por el CECIM. Mientras los excombatientes habían fundado su reclamo en la defensa de la soberanía territorial, esta presentación plantea la protección del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.

La Corte decidió devolver el expediente al juzgado de Bariloche, donde se inició el reclamo, y suspender mientras tanto la aplicación del artículo que eliminó las restricciones.

La incorporación de Barroetaveña y Pérez Curci permitió reunir los votos necesarios para dictar sentencia. Ambos camaristas fueron convocados por sorteo ante las diferencias entre los tres integrantes del máximo tribunal.

Para acelerar el tratamiento, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para recusar a los conjueces, habilitó días y horas inhábiles y convocó a un acuerdo extraordinario este viernes.

La mayoría sostuvo que el nuevo pronunciamiento no modifica el criterio aplicado en la causa del CECIM, porque responde a demandantes que invocan fundamentos diferentes. En la práctica, sin embargo, la cautelar vuelve a hacer operativas las restricciones que habían quedado sin protección tras la sentencia anterior.

El fallo llega mientras sectores de la oposición impulsan una sesión especial en Diputados para derogar el DNU 70/2023 completo, prevista para el jueves de la próxima semana.

Esa ofensiva parlamentaria tomó impulso después de la primera resolución de la Corte. La restitución provisoria de los límites modifica el escenario de la discusión, aunque no resuelve la controversia sobre la validez del decreto presidencial.

En su disidencia, Rosenkrantz rechazó que una referencia general a la protección ambiental fuera suficiente para justificar la cautelar. También sostuvo que las críticas generadas por el fallo anterior no habilitaban al tribunal a adoptar una decisión sin respaldo en la Constitución y las leyes.

El magistrado advirtió sobre las consecuencias institucionales de ese proceder: “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”. 

La Corte Suprema volverá a intervenir en la disputa por las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En un acuerdo extraordinario convocado para este viernes a las 9, analizará una presentación que podría derivar en una medida cautelar para restablecer los límites eliminados por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, según informó Clarín.

La reunión fue dispuesta por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, después de que la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto. Ese apartado dispuso la derogación de la ley 26.737, que regulaba la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

El fallo anterior respondió a una cuestión procesal. La nueva presentación busca determinar si esa resolución también alcanza a otro amparo colectivo, cuyos impulsores sostienen que tienen fundamentos y legitimación diferentes.

El planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que la Corte aclare el alcance de su decisión sobre la acción que promovieron contra la derogación de la Ley de Tierras.

A diferencia del reclamo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que se apoyaba en la defensa de la soberanía nacional, esta presentación invoca la protección ambiental y los derechos sobre territorios ancestrales de los pueblos originarios.

Ambas acciones habían sido tramitadas como causas conexas por la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, los nuevos demandantes argumentan que su reclamo tiene una legitimación propia y que no debería quedar cerrado por lo resuelto en el expediente del CECIM.

La Corte deberá decidir si devuelve las actuaciones a los tribunales federales de origen o si interviene, de manera excepcional, sobre la cautelar solicitada. El alcance de una eventual restitución de las restricciones dependerá de esa resolución.

Para tratar el expediente, Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz estarán acompañados por los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, designados como conjueces mediante sorteo.

La ampliación de la integración responde a diferencias entre los ministros sobre cómo avanzar con la causa. La decisión requiere tres votos, por lo que la incorporación de los conjueces busca permitir una resolución.

El tribunal también redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes pudieran recusar a los magistrados sorteados y habilitó días y horas inhábiles, con el propósito de acelerar el trámite.

La controversia judicial tiene un correlato en el Congreso. Después del fallo anterior, bloques opositores promovieron una sesión especial en Diputados para tratar la derogación del DNU 70/23 completo, más allá del artículo vinculado con la Ley de Tierras.

Una nueva cautelar podría cambiar el escenario político de ese debate, aunque la intervención judicial sobre las restricciones a la compra de campos y la derogación parlamentaria del decreto tienen alcances distintos. La reunión de la Corte definirá el próximo paso del expediente, sin que exista todavía una resolución anunciada.

El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La definición se produjo después de varias negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El proyecto que finalmente llegó al recinto fue más acotado que la versión original, ya que el oficialismo tuvo que retirar los capítulos que generaban mayor resistencia entre sus aliados.

Entre ellos se encontraba el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que había sido eliminado durante el debate previo. Este jueves, además, el oficialismo decidió retirar los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para aprobar esa modificación.

Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical, votaron a favor del proyecto. En cambio, Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, votó en contra.

De esta manera, los senadores santafesinos aportaron dos votos afirmativos y uno negativo a una votación que terminó siendo clave para el oficialismo.

El proyecto consiguió 37 votos afirmativos. La Libertad Avanza aportó la mayor cantidad de apoyos, a los que se sumaron senadores de la UCR, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.

Entre los votos positivos estuvieron los radicales Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Eduardo Vischi, además de los senadores del oficialismo y representantes de otros espacios.

En contra se pronunciaron principalmente los integrantes del interbloque Justicialista, junto con legisladores de bloques provinciales y federales.

En total, 70 de los 72 senadores estuvieron presentes durante la votación. El proyecto necesitaba 36 votos afirmativos para alcanzar la mayoría y finalmente consiguió uno más.

La iniciativa llegó al Senado después de un proceso de negociación que obligó al Gobierno a modificar su propuesta original.

El primer capítulo que quedó afuera fue el referido a la Ley de Tierras Rurales, que generaba cuestionamientos entre gobernadores y senadores de distintos bloques por el impacto que podía tener sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Durante la sesión también fue retirado el capítulo relacionado con el Manejo del Fuego. El Gobierno pretendía modificar la normativa vigente, que establece restricciones para cambiar durante determinados períodos el uso de los terrenos afectados por incendios.

La legislación actual establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, mientras que para las tierras agropecuarias el plazo es de 30 años.

El oficialismo sostenía que esas restricciones podían perjudicar a propietarios cuyos campos hubieran sido afectados por incendios. Sin embargo, no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación.

El núcleo de la iniciativa aprobado por el Senado apunta a modificar distintos aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada y los procesos de desalojo.

Uno de los principales cambios propone que los desalojos derivados de ocupaciones ilegales puedan tramitar mediante un procedimiento más rápido, con el objetivo de reducir los tiempos que actualmente demandan los procesos judiciales.

Desde La Libertad Avanza defendieron la medida como una forma de reforzar el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional y de evitar que las demoras judiciales perjudiquen a los propietarios.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo durante el debate que el objetivo es "simplificar y acelerar los procesos" para garantizar la protección de la propiedad privada.

La oposición cuestionó el proyecto y advirtió que una mayor rapidez en los desalojos podría afectar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El tratamiento de la iniciativa estuvo acompañado por una movilización frente al Congreso, convocada por organizaciones sociales, gremiales, culturales y sectores de la oposición.

Durante la protesta se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con detenidos y policías heridos.

Dentro del recinto, el debate también estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialistas y opositores.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto y lo calificó como inconstitucional. Desde La Libertad Avanza, en tanto, la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que busca reforzar la protección de los propietarios frente a las usurpaciones y las intervenciones del Estado.

Con la aprobación en el Senado, la iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno volverá a necesitar acuerdos con otros bloques para conseguir los votos necesarios.

El resultado de este jueves mostró que La Libertad Avanza logró avanzar con el núcleo de la propuesta, pero también debió ceder en los puntos que no contaban con el respaldo suficiente de sus aliados.

La discusión continuará ahora en Diputados, donde el proyecto podría volver a ser modificado antes de una eventual sanción definitiva.

El senador nacional Marcelo Lewandowski denunció en el Senado que la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un paquete de normas que, a su entender, consolida un modelo de entrega de la soberanía nacional. "Ley Bases, RIGI, Glaciares, esta ley de tierras y el Super RIGI responden a una misma lógica", afirmó. En ese marco, sostuvo que el Gobierno impulsa "un estatuto legal del coloniaje del siglo XXI", retomando la definición de Arturo Jauretche para describir un modelo económico que, lejos de promover el desarrollo nacional, facilita el remate de los recursos estratégicos del país.

Durante su intervención, Lewandowski celebró que la presión social haya obligado al oficialismo a retirar capítulos completos del proyecto y sostuvo que esa movilización demuestra que "cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país". En ese sentido, convocó a mantener el compromiso ciudadano y alertó: "Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada". "No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer", criticó.

En otro tramo de su discurso, el legislador santafesino advirtió que el contexto geopolítico internacional demuestra el creciente interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos que posee el país. "Tenemos litio, cobre, agua, energía y todo lo que necesita la inteligencia artificial, pero las leyes que se aprueban impiden que ese desarrollo genere valor agregado, industria y empleo para los argentinos", sostuvo.

Por último, cuestionó el modelo económico y aseguró que mientras se otorgan beneficios extraordinarios a grandes inversores, se abandona a las pymes, las economías regionales y a las familias argentinas. "No le tiran un centro a la gente. Todo está pensado para que unos pocos hagan grandes negocios mientras la mayoría se empobrece", afirmó. En esa línea, advirtió que el gobierno nacional avanza hacia una "balcanización" del país, dejando a las provincias sin recursos para sostener hospitales, escuelas y la seguridad, mientras algunos gobernadores -entre ellos, el de Santa Fe- priorizan acuerdos políticos antes que la defensa de sus ciudadanos.

El gobierno nacional presentó este martes cambios en el nuevo dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de Tierras, con el objetivo de asegurar la aprobación en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

La jefa del bloque, Patricia Bullrich, otorgó una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo la Mesa Política del Gobierno. Explicó que las modificaciones al dictamen buscan responder a la presión de la oposición dialoguista y evitar la derrota legislativa.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich detalló que tras ceder a esa presión se incorporaron límites y exigencias puntuales.

Se trata de una nueva modificación al proyecto de ley redactado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De acuerdo al repaso que llevan los cronistas legislativos, el texto acumula un total de 17 versiones, explicando la complejidad en el tratamiento a los que se enfrenta el oficialismo para negociar su aprobación con los bloques aliados.

“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich en la conferencia. Y afirmó: “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, sostuvo la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, recalcó.

El nuevo dictamen fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para adquisiciones por extranjeros, una precisión puntual del proyecto de tierras que modifica el texto original.

"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, dijo y añadió condiciones sobre avales conjuntos para figuras con participación estatal.

Además, detalló que el artículo 25 exige que toda adquisición por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras sea inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando nacionalidad y datos del adquirente.

En ese sentido, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, según Bullrich.

También dijo que se incorporó al nuevo dictamen un agregado al artículo 4 de la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, donde la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarla.

El texto también propone acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y modifica requisitos para expropiaciones y artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por catástrofes, según el dictamen.

Las modificaciones llegaron tras una creciente presión de la oposición dialoguista, que expresó reparos y amenaza de votos en contra; la cesión de parte de la jefatura del bloque buscó neutralizar esa resistencia antes de la sesión del jueves.

En los pasillos legislativos estiman que los cambios podrían otorgarle al gobierno entre 38 y 40 votos para alcanzar la aprobación del proyecto, un cálculo que marca el objetivo político detrás del nuevo texto presentado.

Para el jueves está convocada una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso, una movilización que llega mientras el gobierno presentó el nuevo dictamen y busca asegurar la aprobación en la sesión.

Las reacciones de la oposición se centran en que el proyecto una vulneración de la soberanía territorial. Para el jefe del interbloque peronista, José Mayans, es una norma que apunta a "vender el país".

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó en diálogo con el streaming Gelatina.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35. Estamos a un voto de 36, que es empate”.

La sesión del 6 de agosto no figura todavía en la agenda oficial de la Cámara de Senadores de la Nación, pero está dando de qué hablar desde hace semanas.

Se trata de la reanudación, luego del cuarto intermedio pedido por La Libertad Avanza el 16 de julio pasado, en razón de la falta de votos garantizados para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Tierras, en versión simplificada aunque el mensaje incluye otros aspectos centrales como el Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones.

El libertario Abdala presidirá la sesión del 6 de agosto.

Para este jueves, luego del receso de invierno, toda la atención está puesta en el recinto de la Cámara alta donde el oficialismo espera tener apoyo a su proyecto, tras el dictamen obtenido el 20 de mayo, aunque modificado en varias oportunidades (15 ó 16).

Aún así, la última palabra no está dicha: este lunes se supo que se harían nuevos cambios, en particular en el capítulo III que alude específicamente a la protección sobre la “Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

La ley actual fija ese límite en un 15 %, el proyecto del Ejecutivo liberaba ese porcentaje que ahora se fijaría, en un intento por conseguir votos para uno de los capítulos más discutidos del texto, en un 25 %.

Está por verse si con esta modificación (que, según se asegura, tiene el aval de Federico Sturzenegger y Diego Santilli), alcanza para conseguir las adhesiones que hasta las últimas horas parecían insuficientes para lograr la media sanción.

Según coincidieron varios medios nacionales, la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicaría los detalles este martes por la tarde en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, siguen en pie las convocatorias sindicales, de organizaciones ambientales y sociales, en distintos puntos del país para marchar en contra del proyecto de Javier Milei.

El epicentro de las protestas será el Congreso Nacional, donde el Senado tiene previsto abrir el recinto sin la presencia de su presidenta Victoria Villarruel que, por entonces, estará a cargo del Ejecutivo luego de la salida del país del presidente rumbo a Ecuador y a Colombia.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "profunda preocupación" y un rotundo rechazo ante el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional. La entidad advirtió que la aprobación de esta iniciativa representaría un "grave error" al afectar directamente la soberanía nacional y la seguridad del país.

El comunicado de la FAA se centra en la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Según los federados, el nuevo proyecto elimina los límites federales vigentes y traslada la potestad de autorizar o prohibir la compra de tierras a las provincias o al gobierno nacional, lo que abriría las puertas a una "mayor concentración" y a una delegación de soberanía preocupante.Entre las principales alarmas encendidas por la organización se encuentran:Recursos hídricos: La reforma deja de lado la protección de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua, afectando no solo el recurso tierra sino también el acceso al agua.Zonas de seguridad: Se eliminarían las restricciones para que extranjeros adquieran tierras en áreas fronterizas, lo cual es considerado "gravísimo" en términos de seguridad nacional.Desarrollo local: La FAA defiende la ley actual porque resguarda a los pequeños productores y evita que grandes empresas con recursos foráneos desplacen el arraigo y el desarrollo rural. 

El debate en el Senado de la Nación estaba previsto para mediados de julio, pero ante la falta de acuerdos y votos suficientes, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para el próximo 6 de agosto, tras el receso legislativo.La FAA no está sola en su rechazo. La Unión Cívica Radical (UCR) también emitió un comunicado oficial advirtiendo que la reforma atenta contra los recursos estratégicos del país. Con 10 senadores en la Cámara Alta, el radicalismo se perfila como la pieza clave que definirá el futuro de la ley.