El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La definición se produjo después de varias negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El proyecto que finalmente llegó al recinto fue más acotado que la versión original, ya que el oficialismo tuvo que retirar los capítulos que generaban mayor resistencia entre sus aliados.

Entre ellos se encontraba el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que había sido eliminado durante el debate previo. Este jueves, además, el oficialismo decidió retirar los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para aprobar esa modificación.

Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical, votaron a favor del proyecto. En cambio, Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, votó en contra.

De esta manera, los senadores santafesinos aportaron dos votos afirmativos y uno negativo a una votación que terminó siendo clave para el oficialismo.

El proyecto consiguió 37 votos afirmativos. La Libertad Avanza aportó la mayor cantidad de apoyos, a los que se sumaron senadores de la UCR, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.

Entre los votos positivos estuvieron los radicales Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Eduardo Vischi, además de los senadores del oficialismo y representantes de otros espacios.

En contra se pronunciaron principalmente los integrantes del interbloque Justicialista, junto con legisladores de bloques provinciales y federales.

En total, 70 de los 72 senadores estuvieron presentes durante la votación. El proyecto necesitaba 36 votos afirmativos para alcanzar la mayoría y finalmente consiguió uno más.

La iniciativa llegó al Senado después de un proceso de negociación que obligó al Gobierno a modificar su propuesta original.

El primer capítulo que quedó afuera fue el referido a la Ley de Tierras Rurales, que generaba cuestionamientos entre gobernadores y senadores de distintos bloques por el impacto que podía tener sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Durante la sesión también fue retirado el capítulo relacionado con el Manejo del Fuego. El Gobierno pretendía modificar la normativa vigente, que establece restricciones para cambiar durante determinados períodos el uso de los terrenos afectados por incendios.

La legislación actual establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, mientras que para las tierras agropecuarias el plazo es de 30 años.

El oficialismo sostenía que esas restricciones podían perjudicar a propietarios cuyos campos hubieran sido afectados por incendios. Sin embargo, no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación.

El núcleo de la iniciativa aprobado por el Senado apunta a modificar distintos aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada y los procesos de desalojo.

Uno de los principales cambios propone que los desalojos derivados de ocupaciones ilegales puedan tramitar mediante un procedimiento más rápido, con el objetivo de reducir los tiempos que actualmente demandan los procesos judiciales.

Desde La Libertad Avanza defendieron la medida como una forma de reforzar el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional y de evitar que las demoras judiciales perjudiquen a los propietarios.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo durante el debate que el objetivo es "simplificar y acelerar los procesos" para garantizar la protección de la propiedad privada.

La oposición cuestionó el proyecto y advirtió que una mayor rapidez en los desalojos podría afectar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El tratamiento de la iniciativa estuvo acompañado por una movilización frente al Congreso, convocada por organizaciones sociales, gremiales, culturales y sectores de la oposición.

Durante la protesta se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con detenidos y policías heridos.

Dentro del recinto, el debate también estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialistas y opositores.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto y lo calificó como inconstitucional. Desde La Libertad Avanza, en tanto, la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que busca reforzar la protección de los propietarios frente a las usurpaciones y las intervenciones del Estado.

Con la aprobación en el Senado, la iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno volverá a necesitar acuerdos con otros bloques para conseguir los votos necesarios.

El resultado de este jueves mostró que La Libertad Avanza logró avanzar con el núcleo de la propuesta, pero también debió ceder en los puntos que no contaban con el respaldo suficiente de sus aliados.

La discusión continuará ahora en Diputados, donde el proyecto podría volver a ser modificado antes de una eventual sanción definitiva.

El senador nacional Marcelo Lewandowski denunció en el Senado que la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un paquete de normas que, a su entender, consolida un modelo de entrega de la soberanía nacional. "Ley Bases, RIGI, Glaciares, esta ley de tierras y el Super RIGI responden a una misma lógica", afirmó. En ese marco, sostuvo que el Gobierno impulsa "un estatuto legal del coloniaje del siglo XXI", retomando la definición de Arturo Jauretche para describir un modelo económico que, lejos de promover el desarrollo nacional, facilita el remate de los recursos estratégicos del país.

Durante su intervención, Lewandowski celebró que la presión social haya obligado al oficialismo a retirar capítulos completos del proyecto y sostuvo que esa movilización demuestra que "cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país". En ese sentido, convocó a mantener el compromiso ciudadano y alertó: "Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada". "No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer", criticó.

En otro tramo de su discurso, el legislador santafesino advirtió que el contexto geopolítico internacional demuestra el creciente interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos que posee el país. "Tenemos litio, cobre, agua, energía y todo lo que necesita la inteligencia artificial, pero las leyes que se aprueban impiden que ese desarrollo genere valor agregado, industria y empleo para los argentinos", sostuvo.

Por último, cuestionó el modelo económico y aseguró que mientras se otorgan beneficios extraordinarios a grandes inversores, se abandona a las pymes, las economías regionales y a las familias argentinas. "No le tiran un centro a la gente. Todo está pensado para que unos pocos hagan grandes negocios mientras la mayoría se empobrece", afirmó. En esa línea, advirtió que el gobierno nacional avanza hacia una "balcanización" del país, dejando a las provincias sin recursos para sostener hospitales, escuelas y la seguridad, mientras algunos gobernadores -entre ellos, el de Santa Fe- priorizan acuerdos políticos antes que la defensa de sus ciudadanos.

El gobierno nacional presentó este martes cambios en el nuevo dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de Tierras, con el objetivo de asegurar la aprobación en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

La jefa del bloque, Patricia Bullrich, otorgó una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo la Mesa Política del Gobierno. Explicó que las modificaciones al dictamen buscan responder a la presión de la oposición dialoguista y evitar la derrota legislativa.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich detalló que tras ceder a esa presión se incorporaron límites y exigencias puntuales.

Se trata de una nueva modificación al proyecto de ley redactado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De acuerdo al repaso que llevan los cronistas legislativos, el texto acumula un total de 17 versiones, explicando la complejidad en el tratamiento a los que se enfrenta el oficialismo para negociar su aprobación con los bloques aliados.

“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich en la conferencia. Y afirmó: “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, sostuvo la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, recalcó.

El nuevo dictamen fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para adquisiciones por extranjeros, una precisión puntual del proyecto de tierras que modifica el texto original.

"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, dijo y añadió condiciones sobre avales conjuntos para figuras con participación estatal.

Además, detalló que el artículo 25 exige que toda adquisición por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras sea inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando nacionalidad y datos del adquirente.

En ese sentido, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, según Bullrich.

También dijo que se incorporó al nuevo dictamen un agregado al artículo 4 de la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, donde la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarla.

El texto también propone acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y modifica requisitos para expropiaciones y artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por catástrofes, según el dictamen.

Las modificaciones llegaron tras una creciente presión de la oposición dialoguista, que expresó reparos y amenaza de votos en contra; la cesión de parte de la jefatura del bloque buscó neutralizar esa resistencia antes de la sesión del jueves.

En los pasillos legislativos estiman que los cambios podrían otorgarle al gobierno entre 38 y 40 votos para alcanzar la aprobación del proyecto, un cálculo que marca el objetivo político detrás del nuevo texto presentado.

Para el jueves está convocada una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso, una movilización que llega mientras el gobierno presentó el nuevo dictamen y busca asegurar la aprobación en la sesión.

Las reacciones de la oposición se centran en que el proyecto una vulneración de la soberanía territorial. Para el jefe del interbloque peronista, José Mayans, es una norma que apunta a "vender el país".

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó en diálogo con el streaming Gelatina.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35. Estamos a un voto de 36, que es empate”.

La sesión del 6 de agosto no figura todavía en la agenda oficial de la Cámara de Senadores de la Nación, pero está dando de qué hablar desde hace semanas.

Se trata de la reanudación, luego del cuarto intermedio pedido por La Libertad Avanza el 16 de julio pasado, en razón de la falta de votos garantizados para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Tierras, en versión simplificada aunque el mensaje incluye otros aspectos centrales como el Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones.

El libertario Abdala presidirá la sesión del 6 de agosto.

Para este jueves, luego del receso de invierno, toda la atención está puesta en el recinto de la Cámara alta donde el oficialismo espera tener apoyo a su proyecto, tras el dictamen obtenido el 20 de mayo, aunque modificado en varias oportunidades (15 ó 16).

Aún así, la última palabra no está dicha: este lunes se supo que se harían nuevos cambios, en particular en el capítulo III que alude específicamente a la protección sobre la “Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

La ley actual fija ese límite en un 15 %, el proyecto del Ejecutivo liberaba ese porcentaje que ahora se fijaría, en un intento por conseguir votos para uno de los capítulos más discutidos del texto, en un 25 %.

Está por verse si con esta modificación (que, según se asegura, tiene el aval de Federico Sturzenegger y Diego Santilli), alcanza para conseguir las adhesiones que hasta las últimas horas parecían insuficientes para lograr la media sanción.

Según coincidieron varios medios nacionales, la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicaría los detalles este martes por la tarde en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, siguen en pie las convocatorias sindicales, de organizaciones ambientales y sociales, en distintos puntos del país para marchar en contra del proyecto de Javier Milei.

El epicentro de las protestas será el Congreso Nacional, donde el Senado tiene previsto abrir el recinto sin la presencia de su presidenta Victoria Villarruel que, por entonces, estará a cargo del Ejecutivo luego de la salida del país del presidente rumbo a Ecuador y a Colombia.

“Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”, “Ley de tierras” o “Ley de extranjerización de tierras”: la primera denominación es la que puso el Ejecutivo al proyecto que el Senado Nacional tiene en carpeta para debatir en la próxima sesión prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto.

La segunda simplifica el extenso proyecto oficial que consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La tercera responde a la opinión de un variopinto arco opositor, que va desde el justicialismo y la izquierda, hasta la UCR que, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. El resultado se verá en el recinto donde, en definitiva, los votos terminan definiendo la suerte de las leyes.

Mientras tanto, también hay advertencias locales por los posibles efectos de la ley en la región. Y se viene organizando una movilización social en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, para cuando el proyecto sea tratado.

¿Pero qué dice el proyecto del Ejecutivo? En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones.

El 20 de mayo la iniciativa obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta, despejó algunos ítems que habían sido cuestionados (como la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap), y estableció sus principales objetivos.

Entre ellos, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

El Gobierno había intentado derogar la Ley 26.737 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Sin embargo, una medida cautelar restituyó su vigencia y las restricciones continúan aplicándose. Ahora se quieren modificar por ley.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

En su fundamentación, el PEN remite a la Constitución Nacional que en su artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, y propone una revisión y adecuación de normas que “restablezca equilibrios, elimine distorsiones y refuerce la coherencia el sistema jurídico”. Para lograrlo, se modifican varios cuerpos normativos, en procura de alentar desarrollo, inversiones y previsibilidad.

Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos.

Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.

“La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra”, dice el informe. Aunque el porcentaje general se encuentra por debajo del límite establecido por la ley, la distribución no es uniforme.

El relevamiento determinó que 36 departamentos o municipios superan actualmente el límite del 15%. Los casos más extremos se encuentran en Lácar, provincia de Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde más de la mitad de las tierras rurales están extranjerizadas.

La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Muchas de las propiedades están ubicadas en áreas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, zonas próximas al río Paraná, ambientes con reservas de agua dulce y regiones cubiertas por bosques nativos.

Los investigadores advierten que la eliminación de los límites podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos en un contexto de expansión de la minería, los hidrocarburos, el agronegocio y los proyectos de infraestructura vinculados con el agua y la energía.

El debate no arrancó aún en el recinto del Senado pero ya se anticipa en la Cámara de Diputados. Desde allí, Marcela Pagano (ex LLA y actual Coherencia) salió a cuestionar las reformas que introduce el actual proyecto del PEN a la ley 26.737 que en 2011 limitó la titularidad extranjera del territorio nacional, fijó topes de extensión en zonas productivas y prohibió la venta de tierras con cuerpos permanentes de agua o ubicadas en zonas de frontera.

Además planteó el efecto que la ley tendría sobre la soberanía en tierras patagónicas. “Los tres únicos pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico están en el extremo sur: Magallanes, Beagle y Drake. “Ningún país serio hace esto. Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil restringen o auditan la compra de tierras por extranjeros, sobre todo rurales y de frontera”, sostuvo.

En la sede del PJ de Rosario, hubo pronunciamientos de legisladores nacionales por Santa Fe: el diputado Germán Martínez (UxP) y el senador Marcelo Lewandowski (bloque Justicialista) alertaron que “la Ley de Extranjerización de Tierras de Milei es un atentado contra la soberanía".

Los legisladores nacionales analizaron las graves consecuencias que esta iniciativa tendría para el país y explicaron que "la normativa está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino".

El diputado destacó que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra”. En tanto, Lewandowski advirtió el impacto de la ley en la obra pública: "Para expropiar una tierra para hacer una ruta o una escuela, además del costo del campo, le agregan el 'lucro cesante'. Al Estado le va a salir muchísimo más caro construir".

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe también está instalado el tema: un proyecto de comunicación firmado por Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baro Graf pide al Ejecutivo que tome las medidas para resguardar “la soberanía provincial sobre las tierras rurales, los recursos hídricos estratégicos y las tierras circundantes a la vía troncal navegable de Santa Fe", en el marco del debate del proyecto de ley nacional.

Además, solicita que se adopten medidas para resguardar los recursos hídricos de la Provincia —en particular los vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní— y las tierras de mayor valor productivo, ante una eventual flexibilización del régimen.

“Santa Fe cuenta con algunas de las tierras de mayor valor productivo del país y con recursos hídricos de relevancia estratégica, vinculados a la cuenca del río Paraná y al Acuífero Guaraní. La eventual eliminación de los topes vigentes podría favorecer procesos de concentración y extranjerización de estas tierras, sin que existan hasta el momento mecanismos claros de contralor provincial que sustituyan a los resguardos federales que se pretenden derogar”, advierten.

El debate está servido. El proyecto original tuvo alrededor de 15 modificaciones. Habrá que esperar al jueves para saber si aún con los cambios aceptados, el Ejecutivo y sus bloques aliados logra la media sanción que no consiguió un mes antes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "profunda preocupación" y un rotundo rechazo ante el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional. La entidad advirtió que la aprobación de esta iniciativa representaría un "grave error" al afectar directamente la soberanía nacional y la seguridad del país.

El comunicado de la FAA se centra en la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Según los federados, el nuevo proyecto elimina los límites federales vigentes y traslada la potestad de autorizar o prohibir la compra de tierras a las provincias o al gobierno nacional, lo que abriría las puertas a una "mayor concentración" y a una delegación de soberanía preocupante.Entre las principales alarmas encendidas por la organización se encuentran:Recursos hídricos: La reforma deja de lado la protección de tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua, afectando no solo el recurso tierra sino también el acceso al agua.Zonas de seguridad: Se eliminarían las restricciones para que extranjeros adquieran tierras en áreas fronterizas, lo cual es considerado "gravísimo" en términos de seguridad nacional.Desarrollo local: La FAA defiende la ley actual porque resguarda a los pequeños productores y evita que grandes empresas con recursos foráneos desplacen el arraigo y el desarrollo rural. 

El debate en el Senado de la Nación estaba previsto para mediados de julio, pero ante la falta de acuerdos y votos suficientes, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para el próximo 6 de agosto, tras el receso legislativo.La FAA no está sola en su rechazo. La Unión Cívica Radical (UCR) también emitió un comunicado oficial advirtiendo que la reforma atenta contra los recursos estratégicos del país. Con 10 senadores en la Cámara Alta, el radicalismo se perfila como la pieza clave que definirá el futuro de la ley.