Mediante resolución del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo volvió a prorrogar el funcionamiento de la comisión que debe analizar y revisar los decretos de nombramiento de personal firmados por el exgobernador Omar Perotti durante los últimos meses de su gestión. Dicho ámbito de revisión había sido constituido por el decreto 38 del gobernador Maximiliano Pullaro firmado a apenas tres días de haber asumido la gestión.

Originalmente, se había estipulado que la Comisión funcionase durante sesenta días, que expiraban el 11 de febrero. Cumplido ese plazo, se estableció una primera prórroga por otros dos meses y se extendió su vigencia hasta el 12 de abril. Vencido ese límite, se planteó una segunda extensión y se habilitó el funcionamiento de la Comisión hasta el 11 de junio. Transitados los dos meses, el Ministerio de Economía consideró necesario establecer una nueva prórroga por sesenta días, aunque podría cancelarse el trabajo con antelación, si en el transcurso de esos dos meses, se terminan de cerrar los procesos de revisión aún abiertos.

En los considerados de la nueva resolución (N° 330 del 10 de junio) se plantea que si bien la Comisión ya prácticamente ha culminado "el análisis de la legitimidad y adecuación al ordenamiento jurídico administrativo de los actos sometidos a su revisión" sigue abocada, sin embargo, a la "culminación de los procesos en curso, situaciones que se encuentran a la espera de información o verificación de hechos nuevos denunciados, como también, a cumplimentar los requerimientos de la Fiscalía de Estado, ante procesos judiciales iniciados". Por ello, se considera "necesaria la continuidad" del funcionamiento de la Comisión por sesenta días, pero "sólo a los fines de completar los procesos enunciados".

La nueva gestión de Pullaro revisa los números de la saliente de Perotti. Foto: Mauricio Garín

A poco de asumir, la actual gestión reveló que la administración anterior había cerrado con la incorporación de unos "seis mil nuevos agentes" a la planta permanente del Estado. Y se objetaba que muchos de esos nombramientos habían sido transgrediendo lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe aumentar el gasto corriente en los últimos seis meses de mandato. Las máximas autoridades mencionaron que entre los nuevos empleados designados se encontraban "funcionarios políticos y familiares de políticos". Desde entonces, se inició el período de revisión mencionado para analizar la legitimidad de cada acto y confirmar sólo a aquellos que se ajustaran a derecho.

La Comisión Revisora está integrada por el titular de la Sindicatura General de la Provincia, el Fiscal de Estado; y por los titulares de la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública, y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.

Desde la gestión de gobierno de Omar Perotti salieron a defender la política de contrataciones y designaciones que puso en duda la actual gestión, al suspender actos celebrados durante los últimos meses que puedan transgredir la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Todo lo actuado en materia de personal lo fue dentro del marco legal”, aseguró a El Litoral el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. “Ese marco es la Ley de Presupuesto 2023, votada por la Legislatura, que habilita mediante acuerdo paritario la posibilidad de regularizar las relaciones contractuales con la Administración que se hubieran concertado hasta el 15 de diciembre de 2022”, explicó el actual diputado provincial.

Pusineri precisó que se cumplió con la Ley de Responsabilidad Fiscal, señalando que se ha respetado la regla del fin de mandato y los acuerdos paritarios “que en el sistema legal argentino y santafesino son fuente directa para normar las relaciones laborales”, añadió.

Según indicó, “en ellos se establecieron las regularizaciones de contratos existentes hasta la fecha indicada por la Ley de Presupuesto; el otorgamiento de subrogancias hasta la fecha que indica la Ley de Responsabilidad Fiscal y las titularizaciones de las existentes con igual limitación.

“En concreto, cada uno de los actos dictados lo fue en ese contexto legal. Salvo casos puntuales, en los que se insistió en su legalidad, los actos administrativos dictados no fueron observados por el Tribunal de Cuentas. En ese contexto no vemos inconveniente en que se revisen los decretos para tranquilidad de todos”, completó.