La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, mientras que se abstuvieron los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, de la Coalición Cívica Mónica Frade y de Coherencia Marcela Pagano.

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO.

Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los cordobeses y del legislador larretista.

La iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, sin abstenciones, y el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados.

La definición se produjo después de varias negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El proyecto que finalmente llegó al recinto fue más acotado que la versión original, ya que el oficialismo tuvo que retirar los capítulos que generaban mayor resistencia entre sus aliados.

Entre ellos se encontraba el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que había sido eliminado durante el debate previo. Este jueves, además, el oficialismo decidió retirar los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para aprobar esa modificación.

Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical, votaron a favor del proyecto. En cambio, Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, votó en contra.

De esta manera, los senadores santafesinos aportaron dos votos afirmativos y uno negativo a una votación que terminó siendo clave para el oficialismo.

El proyecto consiguió 37 votos afirmativos. La Libertad Avanza aportó la mayor cantidad de apoyos, a los que se sumaron senadores de la UCR, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.

Entre los votos positivos estuvieron los radicales Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Eduardo Vischi, además de los senadores del oficialismo y representantes de otros espacios.

En contra se pronunciaron principalmente los integrantes del interbloque Justicialista, junto con legisladores de bloques provinciales y federales.

En total, 70 de los 72 senadores estuvieron presentes durante la votación. El proyecto necesitaba 36 votos afirmativos para alcanzar la mayoría y finalmente consiguió uno más.

La iniciativa llegó al Senado después de un proceso de negociación que obligó al Gobierno a modificar su propuesta original.

El primer capítulo que quedó afuera fue el referido a la Ley de Tierras Rurales, que generaba cuestionamientos entre gobernadores y senadores de distintos bloques por el impacto que podía tener sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Durante la sesión también fue retirado el capítulo relacionado con el Manejo del Fuego. El Gobierno pretendía modificar la normativa vigente, que establece restricciones para cambiar durante determinados períodos el uso de los terrenos afectados por incendios.

La legislación actual establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, mientras que para las tierras agropecuarias el plazo es de 30 años.

El oficialismo sostenía que esas restricciones podían perjudicar a propietarios cuyos campos hubieran sido afectados por incendios. Sin embargo, no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación.

El núcleo de la iniciativa aprobado por el Senado apunta a modificar distintos aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada y los procesos de desalojo.

Uno de los principales cambios propone que los desalojos derivados de ocupaciones ilegales puedan tramitar mediante un procedimiento más rápido, con el objetivo de reducir los tiempos que actualmente demandan los procesos judiciales.

Desde La Libertad Avanza defendieron la medida como una forma de reforzar el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional y de evitar que las demoras judiciales perjudiquen a los propietarios.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo durante el debate que el objetivo es "simplificar y acelerar los procesos" para garantizar la protección de la propiedad privada.

La oposición cuestionó el proyecto y advirtió que una mayor rapidez en los desalojos podría afectar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El tratamiento de la iniciativa estuvo acompañado por una movilización frente al Congreso, convocada por organizaciones sociales, gremiales, culturales y sectores de la oposición.

Durante la protesta se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con detenidos y policías heridos.

Dentro del recinto, el debate también estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialistas y opositores.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto y lo calificó como inconstitucional. Desde La Libertad Avanza, en tanto, la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que busca reforzar la protección de los propietarios frente a las usurpaciones y las intervenciones del Estado.

Con la aprobación en el Senado, la iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno volverá a necesitar acuerdos con otros bloques para conseguir los votos necesarios.

El resultado de este jueves mostró que La Libertad Avanza logró avanzar con el núcleo de la propuesta, pero también debió ceder en los puntos que no contaban con el respaldo suficiente de sus aliados.

La discusión continuará ahora en Diputados, donde el proyecto podría volver a ser modificado antes de una eventual sanción definitiva.