El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto.

Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

El mandatario manifestó su satisfacción con una publicación en su cuenta de X.

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La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención.

Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Fuente: Cámara de Diputados de la Nación

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El Senado aprobó el Presupuesto 2026.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

El proyecto de Ley de Presupuesto votado en la Cámara de Diputados prevé un total de recursos por $ 14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones. Equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado asciende a $ 1,75 billones, que -según el Ejecutivo- permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

Como informó El Litoral, la Cámara de Diputados tuvo una sólida mayoría para aprobar el mensaje de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio 2026 que fue girado al Senado que la semana próxima dejará sancionada la norma.

En cambio, en la votación en particular hubo muchos artículos votados en rechazo especialmente desde las bancadas justicialistas. La votación en general fue de 44 a favor y 3 en rechazo.

Luz verde en Diputados al presupuesto 2026. Ahora está en manos del Senado.

Pablo Olivares detalló que tomó las variables macroeconómicas del Ejecutivo Nacional que proyectan un crecimiento del 5 %, una inflación interanual promedio del 14 % y una variación diciembre 2025-diciembre 2026 del 10,1 %, con un tipo de cambio de $ 1.423.

Uno de los ejes más relevantes continúa siendo la seguridad. Para 2026 se proyecta una inversión de $ 1,66 billones, de los cuales $ 1,5 billones corresponden al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad Ejecutora. Esto representa un incremento del 45 % respecto del ejercicio 2025.

En salud, los recursos previstos ascienden a $ 1,54 billones. El Ministerio de Salud dispondrá de $ 1,11 billones, mientras que $ 49.637 millones se destinarán a la compra de medicamentos. Durante 2025, la compra centralizada permitió reducir en un 87 % el valor de los medicamentos respecto del precio de venta al público, lo que posibilitó ampliar el volumen de adquisiciones.

En infraestructura productiva, el presupuesto asigna $ 673.045 millones, con $ 296.639 millones destinados al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Para obras públicas y transferencias de capital, se proyectan $ 1,8 billones. Además de la continuidad de los proyectos en ejecución, se incluyen inversiones para el recambio de redes de distribución de Aguas Santafesinas ($ 83.962 millones), el Programa de Obras Urbanas ($ 55.009 millones) y los grandes acueductos ($ 36.555 millones).

Inversión en salud, uno de los ejes del presupuesto 2026.

El Ministerio de Educación contará con $ 2,57 billones, y se prevén $ 220.010 millones para gasto de capital destinado a infraestructura educativa.

Además, se contemplan $ 81.975 millones para el Boleto Educativo Gratuito, $ 88.910 millones para comedores y copa de leche, y $ 46.715 millones para el programa 1.000 Aulas, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y mejoras edilicias en todos los niveles.

El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 proyecta que el gasto social representará el 73% del gasto público total, consolidando la centralidad de este componente en las finanzas públicas. Las erogaciones previstas aumentarán a un ritmo similar al crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI), lo que denota una marcada inercia respecto a los dos años anteriores.

El análisis, realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, bajo la dirección de Osvaldo Giordano, subraya que la principal debilidad del proyecto es la postergación de un ordenamiento integral del gasto, al no estar acompañado por una agenda complementaria de reformas estructurales, particularmente en el sistema previsional.

La seguridad social explica el 57% del presupuesto nacional.

El texto remitido a Diputados no incorpora una agenda de reformas estructurales, en especial la previsional. “Romper con esta inercia del gasto social es el principal desafío para sostener el equilibrio fiscal en el mediano plazo”, sistiene el texto de la entidad encabezada por Giordano, quien aplicó los cambios en Córdoba como ex ministro y asesoró en la emergencia previsional santafesina.

El presupuesto no contempla el financiamiento universitario.

Según el análisis, los aumentos se concentran en salud (+17%) y educación universitaria (+8,5%), aunque el proyecto no incorpora el impacto fiscal de leyes recientes que amplían el gasto (discapacidad, pediatría y financiamiento universitario).

Dentro del gasto en servicios sociales, la seguridad social es el componente más importante y explica el 57% del presupuesto nacional y el 78% del gasto en servicios sociales. Este segmento incluye las prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones), asignaciones familiares (AUH) y seguro de desempleo.

Los gastos revelan el ajuste de la gestión libertaria.

Para 2026, el presupuesto proyecta que el gasto social total se mantendrá en niveles similares a los de 2025 en términos del PBI, aunque con pequeñas redistribuciones internas. Se espera un incremento de las erogaciones en Seguridad Social del 5% por encima de la inflación, manteniendo su proporción estable respecto al PBI.

La función Salud registra el mayor crecimiento proyectado, con un aumento real del 17%, impulsado por hospitales nacionales, transferencias al PAMI y partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

o obstante, el presupuesto total de ANDIS muestra una reducción real del 4% en 2026, acumulando una pérdida real del 23,9% desde 2023 y alcanzando el valor más bajo medido en términos del PBI desde la creación de la agencia. Este ajuste se concentra en las pensiones por invalidez laboral, previendo una reducción del 13% y una disminución de 153 mil beneficiarios.

Milei no reconoce leyes que incrementaron el gasto sin prever financiamiento.

Además, las proyecciones son inconsistentes, ya que no contemplan el impacto de la Ley 27.793 (emergencia sanitaria en discapacidad), cuya aplicación, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), podría implicar la incorporación de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado entre 0,25% y 0,48% del PBI.

El componente Educación y Ciencia y Técnica aumenta por encima de la inflación, con un crecimiento destacado del 12% en becas estudiantiles. Las transferencias corrientes a universidades nacionales proyectan un aumento real del 8,5%, recuperando parcialmente caídas previas, aunque el gasto real se mantiene un 28% por debajo del nivel de 2023.

Una fuente de inconsistencia importante es que el Proyecto de Ley es que no incorpora los costos adicionales que implica laLey de Financiamiento Universitario N° 27.795,recientemente sancionada por el Congreso al rechazar el veto presidencial.

Se observa una fuerte expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyas erogaciones aumentan un 86% en términos reales entre 2023 y 2026. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla la derogación de la actualización automática de estas prestaciones (Artículo 73).

La persistencia de amplias diferencias entre la AUH (no contributiva) y las asignaciones familiares contributivas distorsiona el sistema y desincentiva la formalización laboral, al poner más incentivos en quienes no trabajas que en aquellos que lo hacen.

A pesar de las redistribuciones internas, el Proyecto reafirma la centralidad del gasto social. La ausencia de un ordenamiento integral del sistema previsional sigue siendo el principal condicionante del equilibrio fiscal de mediano plazo.

En su tercera sesión del período extraordinario, los senadores provinciales sancionaron la ley de Presupuesto 2025, con lo que marcaron una fuerte diferencia institucional y de previsibilidad económica con lo que sucede a nivel nacional.

La norma no recibió modificaciones respecto de las que ya se habían hecho en Diputados, con lo que solo resta la promulgación del proyecto elaborado por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Se trata del primer cálculo de gastos y recursos diseñado por las actuales autoridades provinciales como herramienta de gestión, con un 190% de crecimiento en obras públicas y bajo el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

En los grandes números del texto de 64 artículos divididos en siete títulos se destaca que crece 135% la inversión en Seguridad para contar con mejores lugares de reclusión y más móviles policiales, entre otros objetivos.

En Educación, el dato saliente es que se trata del área con más recursos, lo que marca su nivel prioritario.

Con dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el texto fue tratado en primer lugar en la sesión al solicitar el jefe de la bancada del oficialismo, Rodrigo Borla, alterar el orden de la reunión para que se vote de inmediato por capítulos, sin disidencias ni abstenciones.

Luego fue el turno de las exposiciones que, como en pocas oportunidades, fueron concisas y acotadas. Hubo dos discursos y apenas otras dos intervenciones, a raíz de una queja de un senador del justicialismo.

Primero el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco "Paco" Garibaldi (PS), actuó como miembro informante por la mayoría y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda describió a la norma como una manera de llevar adelante las promesas de la campaña de 2023.

El socialista desarrolló un discurso más político que técnico. "La ley que hemos aprobado establece objetivos y de qué manera cumplirlos y cuáles son las prioridades de gobierno. En definitiva como cumple con el pacto electoral", sostuvo.

Tras mencionar las pautas bajo las que se elaboró el presupuesto, en línea con los establecidos a nivel nacional para un proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional se niega a habilitar en extraordinarias, lamentó: "la Argentina hoy no tiene presupuesto sancionado para el año próximo nuevamente, por decisión -me animo a decir- del gobierno nacional, al que pareciera que le conviene, que le queda cómodo o busca tener como ajustar partidas y tomar decisiones discrecionalmente sin tener que hacer rendiciones de cuentas parlamentarias: es un grave golpe a la institucionalidad de nuestro país", comparó.

Expresó que "existe un marco de federalismo invertido en materia de tributos en el país", dijo que hay deformaciones históricas en ese sentido, pero también presentes que son responsabilidad solo de la actual gestión. "Tenemos un gobierno nacional que ha decidido tener equilibrio fiscal, lo que nos parece correcto, importante sostener esa variable macro económica, pero a qué costo: se recortan partidas a las provincias".

Hoy "se cortaron en un 65% los gastos corrientes a las provincias, y en un 97% las transferencias de capital; la inversión real directa nacional cayó 72%". Para describir "las cargas tributarias para los contribuyentes en la Argentina" citó un libro de Juan Llach "Federales y Unitarios en el Siglo XXI", que establece que "de cada 100 pesos que paga un ciudadano, 86 van a las arcas nacionales, pero solo 13 al conjunto de las 24 provincias argentinas, apenas 1 a los municipios y comunas (y son 2.552 municipios del país). Vaya si no hay concentración en los tributos y no así en las cargas y las responsabilidades que tiene que asumir cada nivel de gobierno". Santa Fe "está llamada a seguir ocupando el lugar de defensa del federalismo, de levantar las banderas para que el Estado nacional alguna vez reconozca las diferencias de cada región para reconocer a todas ellas, no solo al área del Amba".

Rubén Pirola, líder de la oposición en minoría.

Rubén Pirola, cómo líder de la oposición en minoría, destacó la voluntad de acompañamiento del bloque Justicialista. Expresó que sucedió lo mismo con muchas otras normas pedidas por el gobernador Maximiliano Pullaro en especial para las leyes de emergencia.

"Esperamos que en el presupuesto 2025 se puedan continuar en cada uno de los 19 departamentos, por igual, las políticas públicas provinciales", indicó. Y advirtió que los bloques opositores no tuvieron las mismas posibilidades de dialogar sobre el presupuesto con funcionarios de la Casa Gris que los legisladores del oficialismo pero que aún así, se decidió votar favorablemente esta norma.

Destacó especialmente un pedido expreso a la vicegobernadora Gisela Scaglia, para que los proyectos de comunicación sobre obras e inversiones elaborados por senadores de su bancada "con necesidades para los departamentos" representados por senadores del peronismo, para que se adjunten al mensaje ya aprobado en su envío al Poder Ejecutivo Provincial.

El Bloque Justicialista del Senado de Santa Fe. En el centro, su presidente Rubén Pirola (Las Colonias), flanqueado por Armando Traferri (San Lorenzo) y Alcides Calvo (Castellanos). Abajo, Osvaldo Hugo Sosa (Vera) y Eduardo Rosconi (Caseros). Gentileza Cámara de Senadores

Tras las dos exposiciones, hubo una tercera muy breve y medida, del senador Eduardo Rosconi: "sólo hay dos renglones para Caseros" en materia de obras a desarrollar en 2025, advirtió y se preguntó: "¿qué tengo yo que pensar sobre esto?".

Mencionó que solo se habla de construir una terminal de ómnibus (sin establecerse en qué localidad) y otros trabajos en una escuela. Su queja despertó el inmediato compromiso del presidente de Borla, como jefe del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, que además indicó que lo había hablado antes con el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una nueva reunión con su equipo de trabajo en medio de un clima de incertidumbre por el futuro del Presupuesto 2025, mientras en paralelo los gobernadores negocian por las partidas del próximo año.

El mandatario fue de los primeros en llegar a Casa Rosada, y a las 9.30 coordinó el habitual intercambio semanal de Gabinete, en las vísperas del tratamiento de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, lo que dejó afuera a su titular Martín Menem, habitué de la reunión.

Sorprendió la foto que publicó el mandatario al término de la reunión, donde se lo ve sentado en la mesa, con una motosierra, símbolo característico de su campaña, rodeado de sus principales colaboradores. “El mejor Gobierno de la historia. Viva la libertad, carajo”, resumió.

Participaron del intercambio que tiene lugar en salón Eva Perón el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Federico Sturzenegger (Regulación y Transformación del Estado; Patricia Bullrich (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional); Mario Lugones (Salud); Luis Caputo (Economía); y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

También dan el presente los secretarios general de la Presidencia, Karina Milei; de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Prensa, Eduardo Serenellini; y los vicejefes de Gabinete, José Rolandi, y de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00 hs., cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025...Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra...VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/D6mIFzd6hQ

Días atrás, Milei había adelantado en sus redes sociales que en 2025 seguirá “a full con la motosierra”. Lo hizo a través de un posteo de X: “Estaba trabajando sobre el discurso que daré cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025. Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra. Viva la libertad carajo”. Acompañó sus palabras con una imagen en el salón presidencial de la Casa Rosada.

Con el período ordinario a punto de finalizar, se espera todavía que la administración libertaria resuelva si convocará a sesiones extraordinarias. Más allá de si concreta esa posibilidad, deberá definir si en el temario incluye el tratamiento del Presupuesto 2025.

La reunión de Gabinete tuvo lugar en plena tensión con los gobernadores que reclaman la aprobación del Presupuesto 2025, y una serie de puntos que elevaron al Poder Ejecutivo que los considera “inadmisibles”.

Si bien en los últimos días hubo avances de manera individual con varios mandatarios provinciales, la estrategia aliada de publicar un comunicado para presionar a la administración libertaria no cayó bien en Balcarce 50. "No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", aseguran en el gobierno, al tiempo que evitan precisar si ingresará o no al temario de sesiones extraordinarias que convocarán en los próximos día.

A principios de semana, los mandatarios de Juntos por el Cambio volvieron a insistir con la necesidad de que mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar destrabar la aprobación de la ley de gastos y recursos del próximo año.

Mediante un comunicado, señalaron que "los argentinos no quieren regresar al pasado”, enfatizando en que la sanción de la ley de leyes es crucial para “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores”, además de criticar las asimetrías en la distribución de recursos recordando que “no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley”.

Quienes motorizaron el comunicado son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

En las últimas horas, el discurso de carácter oficial y público respecto al llamado a sesiones extraordinarias y el tratamiento del Presupuesto 2025 -que reclaman los gobernadores- lo dio el vocero presidencial Manuel Adorni, quien expresó que "es probable, es una posibilidad", aunque aclaró, "no está definido el temario". En referencia a la Ley de Leyes agregó: "Entendemos que debe darse en el marco, como siempre, de la discusión legislativa y apelamos a que el presupuesto esté porque es importante, y de una vez por todas, tener un presupuesto serio y por sobre todo equilibrado”. De todos modos, el funcionario advirtió que “si hay que volver a gobernar un año sin presupuesto se hará”, dando por finalizado el tema al sostener que “es responsabilidad del Congreso darle al Poder Ejecutivo un presupuesto".

Esa fue hasta ahora la línea argumental mediática del Gobierno, sin embargo, en bambalinas, uno de los altos asesores de Javier Milei fue bastante más expeditivo y directo al asegurar que “es muy probable que llamemos a extraordinarias para diciembre”, apuntando que “aún no se descarta que sea para tratar el Presupuesto 2025”, pero añadió que “deberá ser bajo las condiciones que exige el Poder Ejecutivo Nacional”, es decir, “se debe mantener el equilibrio fiscal y no se pueden hacer modificaciones en el proyecto enviado por Casa Rosada”.

En este clima de incertidumbre hay diálogos subterráneos entre la Nación y los mandatarios provinciales aliados, aunque desde la Secretaría General de la Presidencia se salió a desmentir sistemáticamente que el lunes pasado haya habido una reunión con los jefes distritales dialoguistas. “Son presiones de ellos”, aseveró una alta fuente cercana a Karina Milei que a la vez se refirió a los cinco puntos que se reclaman desde las provincias. “¿Quién le debe a quién? me refiero a las cajas previsionales, aportes de ATN, coparticipación del biodiesel, Consenso Fiscal, y todo eso que piden… eso es toda una nebulosa”, se quejó el portavoz informal que también preguntó, “¿cómo nos vamos a juntar sin nada acordado previamente? Nosotros ya les dijimos que si no hay nada superador que sostenga el déficit cero no se puede acordar nada”, enfatizó.

En los pasillos de Balcarce 50 remarcaron que de extenderse el período de tratamientos de proyectos en las cámaras legislativas la administración central quiere que “el Parlamento debata la privatización de Aerolíneas Argentinas y la reforma electoral” que eliminaría las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esa misma línea, en la sede del PEN no descartan que el Senado deba decidir sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. “Lo que no puede pasar es que salga solo el pliego de Lijo, sí o sí tienen que salir los dos”, remarcó el dirigente libertario. “De lo contrario serán nombrados por decreto presidencial”, amenazó el colaborador que además integra la mesa chica mileísta.

En medio de las discusiones por estos temas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue a dar su informe de gestión en la Cámara alta, donde hubo foto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que el presidente Milei dijera que ella no tiene injerencia en la toma de decisiones porque está cerca del ‘círculo’ rojo y ‘la casta’.

El ex ministro del Interior fue otro que, contrariamente a lo que se dice detrás de escena, apuntaló: “Nosotros tenemos diálogo con los gobernadores todos los días, pero también es cierto que no se puede acceder a todos sus pedidos”. En ese contexto, refrendó que “habrá dictamen con la propuesta nuestra que tiene algunos objetivos muy claros como el tema del equilibrio fiscal, y si no es así, el Gobierno se moverá administrando con el presupuesto del año anterior”, ya que “no hemos recibido ninguna propuesta de modificación que sea atendible”.

Mientras tanto, y en medio de las deliberaciones contrarreloj, en la primera Cumbre de Minería Sostenible que se realiza en la provincia de Mendoza -encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo- se encontraron mandatarios provinciales de la Mesa del Cobre, que obviamente operan desde allí buscando potenciar sus pedidos.

Entre ellos estuvieron, el catamarqueño Raúl Jalil; Gustavo Sáenz de Salta; Marcelo Orrego (San Juan) y por Jujuy Carlos Sadir, quienes firmaron junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Ignacio Torres (Chubut); Jorge Macri (CABA); Gustavo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis), el documento en el que instaron al Gobierno nacional a tratar la planificación de partidas de cara al año que viene con el objetivo de “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación y generar confianza en los inversores”.

Mauro L. Muñoz

"Un cambio de paradigma" es lo que expresa el Presupuesto 2025, según la definición que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, otorgó en la comisión de Hacienda de Diputados de la Nación, en la continuidad del debate sobre el proyecto del Ejecutivo.

Torrendell asistió a la cuarta reunión informativa acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien embistió contra las casas de altos estudios por la solicitud de partidas en medio de las protestas que se llevan adelante en todo el país.

El secretario de Educación aseguró que el presupuesto asignado al área "expresa un cambio de paradigma que tiene que ver con la política del Gobierno" que se corresponde con "pasar de una concepción del derecho de la educación de una forma abstracta y declamatoria" a una visión "de un derecho a la educación que se centre en aprendizajes reales para todos".

En esa línea, el funcionario del Ministerio de Capital Humano defendió la idea de hacer una "inversión inteligente" de los recursos asignados a la educación: "Hay toda una discusión que seguramente se desarrollará sobre las cantidades. El problema no son solo las cantidades, sino una dirección inteligente de los recursos centrada en el aprendizaje", consideró.

Advirtió también que "hay evidencias de una inversión que no es productiva en términos de aprendizajes", y diagnosticó que "eso tiene que ver con que también ha habido una inversión dispersa".

"Contrariamente a lo que han dicho algunos, que ha habido algunos recortes en líneas del presupuesto, al revés, lo que nosotros hemos hecho es agrupar líneas del presupuesto de tal manera de ordenar mejor la forma de invertir los recursos y efectivamente evitando la dispersión", dijo.

En tanto, Torrendell señaló que con su equipo de trabajo detectaron "una fuerte distribución inequitativa de los recursos en educación de tal forma que le estamos dando más recursos a los alumnos que más tienen por sobre los que menos tienen".

Sin rendición de cuentas, agregó, "no es posible saber si muchos de los recursos invertidos, sobre todo aquellos vinculados a la inversión en tecnología, han tenido o no algún impacto en materia de aprendizaje porque eso no se ha evaluado".

Respecto a los programas de conectividad, aseguró que se puede "gastar cuatro veces menos de lo que se venía gastando". "Por citar un solo ejemplo, hoy veníamos pagando 300 dólares por conexión de las escuelas cuando todos sabemos que esos gastos podrían reducirse fuertemente", recalcó.

Luego, Torrendell se refirió al sector universitario, sobre el que señaló que se lleva "dos tercios del presupuesto": "Eso implica casi unos 4 billones de pesos invertidos en materia de universidades", precisó.

A propósito de la educación universitaria, subrayó que habrá un seguimiento más exhaustivo de las trayectorias con el objetivo de que los alumnos "se gradúen efectivamente".

Sobre la política salarial en el sector, dijo que "deberá continuar debatiéndose el diálogo como se ha tenido hasta ahora con los gremios y con las universidades" en el marco de la premisa de "déficit cero" del Gobierno.

En su exposición, el subsecretario de Políticas Universitarias salió al cruce de los rectores de las casas de altos estudios por inflar las solicitudes de partidas y negociar a través de los legisladores nacionales que les sean otorgadas de acuerdo al "alineamiento político" y no de acuerdo a “pautas objetivas verificables”.

Mediante esta acusación, el funcionario embistió contra el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a los rectores de las universidades de todo el país, pero en particular contra el actual titular de ese organismo, Víctor Moriñigo (rector de la Universidad de San Luis), a quien acusó de “decir cualquier cosa” a raíz de un “alineamiento político con un sector del radicalismo”.

“El CIN presentó ese proyecto que es de una hiperexpansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula”, contestó al diputado de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ), quien consultó por el recorte de los de 7,2 billones de pesos solicitados por el organismo interuniversitario para el 2025.

Y luego denunció la forma en que, a su criterio, se distribuía el presupuesto para las distintas universidades nacionales en gestiones anteriores. “Antes la plata la imprimían; entonces, ¿cuánto necesitas que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución ¿Sabe cómo se distribuía? Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayores vínculos con las universidades lograba mayor presupuesto”, acusó.

En relación a esto, Álvarez detalló el criterio actual que toma en cuenta la cartera para elaborar el presupuesto para el próximo año. "El criterio de asignación de presupuesto nuestro, que a usted le preocupaba, tiene que ver con las carreras que están en ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto en electricidad real. O sea, no hay ningún pedido que no tenga un respaldo concreto en un gasto. Que me parece, prima facie, la mejor manera de encarar un presupuesto. Lo que decimos nosotros, un presupuesto de base real", explicó.

Por otra parte, Álvarez negó que haya un ajuste salarial en el sector -motivo por el que los docentes y no docentes llevan adelante seis días de paros esta semana- como criticó el diputado Christian Castillo (FIT-U). “En realidad no hubo recorte de salarios lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”, consideró.

Mientras confirmó que la garantía salarial para los docentes y no docentes universitarios que se encuentran en las escalas más bajas será pagada en el próximo sueldo. “Hoy con el último sueldo de octubre que va a recibir el retroactivo de la garantía salarial, el 6,8% se va a convertir en la mejor paritaria del Estado”, destacó.

Mariela Goy

La tensión entre el Gobierno nacional y el sector universitario viene in crescendo a partir de que es inminente el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado en la madrugada del viernes 13 de septiembre. Desde los sectores que representan a las universidades ya llamaron a movilizar el 2 de octubre al Congreso, mientras se espera el anuncio de nuevas medidas de fuerza.

Una mesa conjunta integrada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), convocaron para el próximo martes a una conferencia de prensa, a las 17.30 horas. Allí se informarán "los pasos a seguir ante la coyuntura política y económica del sistema universitario público nacional".

Fuentes consultadas por este medio señalaron que las medidas de acción se definirán ese mismo día más temprano. Sobrevuela desde hace un tiempo la amenaza de una nueva marcha federal como la del pasado 23 de abril que logró mover al Gobierno de su rígida posición, consiguiendo que efectúe un aumento de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio.

En tanto, este viernes, el plenario de la Conadu Histórica -confederación a la que adhiere Adul- resolverá nuevas medidas de acción gremial a realizarse la próxima semana y que darán continuidad al plan de lucha en defensa del salario y del presupuesto universitario. Además, este jueves ya definió movilizar el 2 de octubre junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales, "exigiendo la promulgación de la ley".

Hasta este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni -ahora con rango de ministro- confirmó que cuando llegue la comunicación de la ley "inmediatamente va a ser vetada y publicada la firma del veto".

"Si hay veto hay marcha", había indicado días atrás el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical Emiliano Yacobitti, al diario La Nación. Sino la intención es tratar de que no se anule el financiamiento universitario en el Congreso.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, consideró que aún no se conoce si el veto sería total o parcial y bregó por jugar las fichas con los legisladores nacionales. "El veto es esperable pero todavía hay posibilidades en el Congreso", dijo a El Litoral el rector, para quien todavía no es momento de poner fecha a una marcha federal.

El Congreso tiene la potestad de revertir la decisión presidencial siempre y cuando alcance una mayoría especial de dos tercios de los presentes, cuestión que no consiguió recientemente con el veto a la actualización de las jubilaciones que quedó firme.

Por si fuera poco, el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei asignó a las altas casas de estudios 3,8 billones de pesos, mientras que el CIN está pidiendo para poder funcionar 7,2 billones de pesos.

Asimismo, en las últimas horas, el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, indicó que "pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación".

"El año 2024 finalizaría con una merma real del 6,4% respecto al año 2023" en materia de ingresos del gobierno central, según el análisis de Nadin Argañaraz sobre ingresos implicados en el proyecto de presupuesto de la administración Javier Milei. "De una caída real interanual del 5,3% en los primeros siete meses del año, se pasaría a una del 7,9% interanual en el período agosto-diciembre".

El titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal detalló que "al desagregar entre ingresos tributarios y no tributarios, se aprecia que el año 2024 finalizaría con una caída interanual del 2,6% de los ingresos tributarios (el 92% del total) y una del 35,2% de los no tributarios".

Sobre lo que sucede con "la motosierra" ante la merma de recursos, Argañaraz expone que "en materia de gasto primario, el año 2024 finalizaría con una caída real interanual del 26,7%. "Dado que los intereses de la deuda caerían un 14,4% interanual, el gasto total registraría una merma real del 25,7%".

En cuanto a la intensidad del ajuste en materia de transferencias de capital a las provincias -fue parte de la queja de gobernadores ante Guillermo Francos y Luis Caputo tras la presentación de Milei en Congreso- Argañaraz reconoce que, junto a otros entes públicos, "constituirían el gasto que mayor caída interanual registraría al finalizar el año 2024.

"En orden de ajuste le seguiría la inversión real directa (obra pública nacional), con una caída real interanual del 46,4%. Como el gasto descendería en mayor medida que el descenso de ingresos, el resultado primario sería superavitario en 2024, y alcanzaría a cubrir el pago de intereses de deuda, logrando el equilibrio fiscal", principal objetivo del gobierno central.

Al analizar la participación de los distintos gastos en el ajuste total del 2024 -siempre en orden al proyecto de presupuesto 2025- "resulta interesante evaluar el aporte de cada rubro del gasto al descenso del gasto primario proyectado para el 2024, del 26,7% interanual real".

Argañaraz señala allí el aporte de cada rubro. "El que más aportaría a la baja del gasto en 2024 sería transferencias corrientes (44%), seguido por Prestaciones a la seguridad social (19%) y luego transferencias de capital (12%)" en un nivel similar a la masa salarial.

Las transferencias corrientes son las erogaciones destinadas a financiar a agentes económicos, y no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Engloban el gasto en programas sociales, asignaciones familiares, prestaciones del INSSJP, transferencias a universidades y subsidios, tanto energéticos como al transporte.

Por su parte las prestaciones a la seguridad social incluyen transferencias para el pago de jubilaciones y pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Y las transferencias de capital son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro participó -en forma virtual- de la reunión convocada este lunes por el gobierno nacional para explicarle a los mandatarios provinciales aspectos del proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso de la Nación.

"Fue una buena reunión. Nos explicaron los puntos del Presupuesto que no habían quedado claros. Hubo una demanda muy fuerte de nuestra parte sobre obras públicas y la deuda de las cajas no transferidas" le dijo Pullaro a El Litoral.

El mandatario subrayó que, de parte de los funcionarios nacionales, se reconoció "el esfuerzo que están haciendo los gobernadores", y se aclaró que no es correcto lo que dijo el presidente Javier Milei sobre los 60.000 millones de dólares que deberán ajustar las provincias en 2025.

El propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mantuvieron una reunión de trabajo con gobernadores y funcionarios de 20 provincias, con quienes dialogaron sobre el Presupuesto Nacional 2025 presentado por el presidente Milei ante el Congreso.

La mayoría de los mandatarios provinciales participaron del encuentro por teleconferencia, aunque dos de ellos, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones) concurrieron a Casa Rosada ya que se encontraban en CABA por otras gestiones.

Sobre las deudas a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, desde Nación dijo que se iba a incluir una partida para saldar las deudas. "Nos dijeron que están intentando equilibrar con las provincias que le deben a nación y la deuda de nación con ellas, y sobre las demás se les va a pagar" le dijo Pullaro a El Litoral.

"Fui muy duro con eso porque dije que todavía no habían venido a auditar la deuda que tienen con nosotros y eso era incumplir lo que habían pactado para saldar esa deuda", aclaró el mandatario. Santa Fe sigue firme el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo el pago de ejercicios ya vencidos.

Por otra parte, señaló que las autoridades se comprometieron a poner en el proyecto de Presupuesto las obras que habían acordado reanudar con las provincias ya que por error no lo habían realizado.

Por videoconferencia se conectaron, además de Pullaro los mandatarios provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), , Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En tanto, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Néstor Grindetti, y por Córdoba se sumó la vicegobernadora, Myrian Prunotto. El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas, participó en representación de su provincia; mientras que por Neuquén hizo lo propio el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

No asistieron ni se conectaron a la reunión los cuatro gobernadores más opositores a la gestión de Javier Milei, que son del peronismo y espacios aliados: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Mellella (Tierra del Fuego).

"Mantuvimos una reunión de trabajo con gobernadores y funcionarios de 20 provincias, con quienes dialogamos sobre el Presupuesto Nacional 2025 presentado por el presidente @JMilei", informó Francos en la red social X.

Fuentes de Jefatura de Gabinete detallaron que la reunión fue en un "clima bueno", con básicamente Caputo y Guberman dando detalles a los mandatarios provinciales sobre el nuevo Presupuesto que se debatirá en el Congreso y que marcará la hoja de ruta para el próximo año.

"Los gobernadores plantearon situaciones particulares de cada provincia, que seguramente se discutirán luego individualmente. Hubo coincidencia entre todos sobre la necesidad de eliminar el déficit fiscal", agregaron las mismas fuentes.

Desde las oficinas de Francos se indicó eso, pese a que el pedido de Milei en el marco del Presupuesto 2025 de que las provincias ajusten de 60 mil millones de dólares en el transcurso del año próximo generó intranquilidad en los gobernadores.

"A los gobernadores les digo: cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares", dijo este domingo el Presidente al presentar el proyecto en el Congreso.

Francos y Caputo participaron del primer tramo de la reunión y luego se retiraron de la Rosada para afrontar otras actividades de sus agendas, por lo que el encuentro terminó siendo encabezado por Catalán.

La letra del proyecto de ley de Presupuesto Nacional del año próximo, enviado por el ministro de Economía Sergio Massa, no contiene dos artículos, que hoy están vigentes, y benefician a las provincias que la década de los '90 no transfirieron sus cajas de jubilaciones al Estado Nacional y por lo tanto deben ser compensadas para enfrentar sus respectivos déficits.

Se trata de los puntos 92 y 93 que, actualizaciones y plazos mediante, cuidan que la devaluación de la moneda no dañe las compensaciones mencionadas. En la discusión del la ley de cálculos y recursos vigente ambos fueron agregados gracias a negociaciones que iniciaron diputados nacionales por Córdoba a los que se sumaron sus pares santafesinos opositores, en especial del Interbloque Federal. En esa pulseada con el oficialismo se acordó que hubiera mecanismos de actualización (de una tasa similar a la que se usa para los haberes previsionales nacionales) y el cumplimiento de pautas para que se produzcan los giros nacionales.

Ahora ambos aspectos no están contemplados para 2024. En diciembre de 2023 asumirán el radical Maximiliano Pullaro en Santa Fe y el justicialista Martín Llaryora, en Córdoba, del sector del gobernador saliente Juan Schiaretti. Mientras en la provincia mediterránea habrá continuidad en el Poder Ejecutivo Provincial, en el mapa de la bota alternancia. Para los dos gobernadores será clave contar con recursos nacionales que lleguen a tiempo (y no pierdan su valor) para enfrentar el rojo de sus sectores previsionales.

Los artículos ausentes obligan en un caso a que la "Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)" transfiera "antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas".

Y aclara el 92 (aún vigente) que "cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota".

En el siguiente punto del Presupuesto vigente se indica que "una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago".

En números la Caja recibe más de mil millones de pesos mensuales lo que suma más de 12 anuales, pero su défict resulta sensiblemente mayor. Además, sigue pendiente de liquidación (y actualización) la diferencia asumida por la Nación por atrasos entre 2020 y 2023.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, enviará este viernes al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, tal como lo establece la ley de Administración Financiera.

"Mañana (por hoy) estamos mandando el presupuesto nacional" al Congreso, afirmó ayer el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) durante su visita a la provincia de La Rioja.

De esta manera, el oficialismo ratificó que presentará "en tiempo y forma" el proyecto, que establecerá los recursos, las fuentes de financiamiento y los gastos de los que dispondrá la administración pública nacional para el año próximo.

La presentación de la iniciativa en la mesa de entradas de Diputados podrá ser "en cualquier hora" de la jornada, precisaron fuentes oficiales cercanas al ministro.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación.

Sin embargo, agregaron que el tratamiento del proyecto se postergará "hasta después de las elecciones".

"No vamos a someter a La Rioja de vuelta a la discusión de todos los años alrededor de los fondos extracoparticipables. Hemos incrementado en el proyecto de presupuesto el 100% de los fondos de la provincia de la Rioja", anunció Massa durante un encuentro realizado en dicha provincia, ante más de 100 empresarios, que contó también con la presencia del gobernador de Ricardo Quintela

La ley de Administración Financiera establece que cada 15 de setiembre el Gobierno debe presentar el presupuesto del período del año próximo, para luego garantizar su tratamiento y ser votado en el Congreso.

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza.

En esta oportunidad, el candidato presidencial de La Liberad Avanza, Javier Milei, solicitó al oficialismo en una carta enviada el lunes último que se postergue la presentación del Presupuesto para después de las elecciones del 22 de octubre.

Desde el Gobierno aseguraron que "es razonable el pedido de Milei porque plantea que el próximo presidente debe tener la posibilidad de rediseñar su propio Presupuesto con el que gobernará, pero se debe cumplir con la ley".

"Por eso, es lógico que se presente el Presupuesto 2024 este viernes y luego se espere para tratarlo a que se conozca cuál será el próximo presidente que elija la gente en las urnas", agregaron.

El gobierno creó, por decreto, el programa de emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe por un monto nominal en circulación máximo de hasta $5.000.000.000, o su equivalente en moneda extranjera para el ejercicio 2023. La decisión está contenida en el decreto 0900 firmado por el gobernador, Omar Perotti, y el ministro de Economía, Walter Agosto, y que en los hechos reglamenta la autorización otorgada en la vigente Ley de Presupuesto.

El Banco de Santa Fe será el organizador del programa y el decreto faculta al Ministro de Economía a establecer el precio o la tasa de corte.

El artículo 37 de la Ley 14.185 -Ley de Presupuesto 2023- “fija en la suma de $5.000.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, el monto al que refiere el artículo 48 de la Ley N° 12.510, para el ejercicio 2023”. Dicho artículo de la Ley de Administración faculta al Ejecutivo a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago cuyo reembolso se produzca dentro del ejercicio, “hasta el monto que para operaciones de corto plazo fije anualmente la Ley de Presupuesto”.

Voceros del equipo económico señalaron que, por ahora, no hay fecha para la emisión de letras y que el dictado del decreto obedece a tener cumplido el trámite administrativo. Es más, el decreto 900 tiene fecha del 12 de mayo pero fue publicado recién el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió a Legislatura un mensaje para modificar una ley dictada sobre el final de la administración de Antonio Bonfatti para actualizar la posibilidad de emitir distintos tipos de deuda de corto plazo. El Senado al pronunciarse sobre el mensaje dejó de lado la cifra propuesta por la Casa Gris y la fijó en un porcentaje. “Autorízase al Poder Ejecutivo y/o a las Empresas, Sociedades y otros Entes Públicos a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago y/o a realizar operaciones de financiamiento por un valor nominal en circulación de hasta el 1,1% del total de recursos del último Presupuesto de la Administración Provincial aprobado en vigencia o su equivalente en moneda extranjera”. La definición de esta herramienta está ahora en manos de la Cámara de Diputados que le dará ingreso en la primera semana de agosto cuando vuelva del receso parlamentario.

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Los dos son instrumentos con los que espera contar la administración de Perotti para finalizar el ejercicio 2023 y poder cumplir con los compromisos especialmente con las empresas contratistas de obra pública.

En Economía miran con detenimiento el comportamiento de la recaudación, tanto nacional como propia, en momentos en que la actividad económica está resentida. Además, en agosto el compromiso del gobierno provincial es sentarse con los diferentes gremios estatales en el marco de las paritarias para actualizar salarios ante la escalada inflacionaria.

El decreto además de crear el programa de emisión de letras, faculta al Ministerio de Economía “para determinar la época y oportunidad para la emisión” como así también para disponer los términos y condiciones, y a adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, aclaratorias o interpretativas que sean requeridas a los efectos de la emisión y colocación de las Letras. También faculta a Economía “a declarar total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, para determinar el precio y/o la tasa de corte y para adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin de llevar a cabo la emisión y colocación de las Letras del Tesoro que se emitan bajo el programa”.

El Banco de Santa Fe es designado organizador del programa “y podrá celebrar acuerdos, contratos e instrucciones con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las emisiones de Letras del Tesoro que se realicen bajo el programa, así como a designar agentes colocadores y/o subcolocadores, agentes fiduciarios y calificadoras de riesgo para la colocación, emisión y garantía de las Letras del Tesoro”.

Por último, Economía es autorizado al pago de las comisiones respectivas y a ceder como garantía los recursos que le corresponden a Santa Fe en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.

En 2021, la actual administración dictó un decreto en términos similares disponiendo la creación del programa por el monto autorizado por la respectiva Ley de Presupuesto. Finalmente, en ese ejercicio, no fue necesario utilizar ese instrumento de crédito.

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El anexo que acompaña al decreto de creación del programa hace una serie de aclaraciones como que las letras podrán ser emitidas en distintas series y dentro de éstas en distintas clases. Los instrumentos podrán estar denominadas en pesos, dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda según se especifique en la resolución del Ministerio de Economía. También la cartera deberá especificar si la emisión será a valor nominal unitario, la denominación mínima y la unidad mínima de negociación.

La fecha de vencimiento de las letras deberá ser de 28 días corridos y hasta la finalización del ejercicio 2023 desde su fecha de emisión. En cuanto a los plazos y formas de pagos del capital, serán especificados por la resolución ministerial.

Las Letras del Tesoro podrán devengar intereses a tasa fija o variable o no devengar interés alguno o de acuerdo con cualquier otro mecanismo para la fijación de interés según corresponda y a todo evento, conforme se especifique en la resolución ministerial que oportunamente disponga la emisión.

El anexo autoriza a que el Ministerio de Economía disponga la cláusula de ajuste, las garantías, el régimen de colocación, de adjudicación así como la integración. Además se lo faculta a disponer que la licitación sea realizada por tramos.

“Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A a partir de la fecha de colocación y/o en uno o varios mercados y/o bolsas de valores autorizados en la República Argentina, según se especifique en la resolución del Ministerio de Economía que oportunamente disponga la emisión de las mismas”, dice otro ítem.

Las letras estarán representadas por certificados globales de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación a ser depositados en un sistema de depósito colectivo, renunciando los beneficiarios al derecho a exigir la entrega de láminas individuales.

La comisión de colocación fue establecida en el 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de liquidación de las operaciones siendo el agente de cálculo la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos y el organizador y agente financiero el Banco de Santa Fe S.A.

En los últimos ítems se autoriza el rescate anticipado de las Letras y dispone que “esos instrumentos gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia”.