El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas semanas en el marco de la ley de microtráfico, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de líderes narcos y el desmantelamiento de búnkers de venta de droga.

“Estamos avanzando muy firmes en la denuncia, en derrumbar y terminar con estos aguantaderos que le hacen tanto daño a la sociedad”, manifestó el mandatario local, quien destacó especialmente la tarea del fiscal Iván Raposo, a cargo de las investigaciones.

Chiarella afirmó que continuará trabajando en conjunto con la senadora Leticia Di Gregorio y el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli, para presentar nuevas denuncias. “El objetivo es que los vecinos puedan vivir tranquilos”, remarcó.

El intendente valoró que en los últimos años se diera la detención de Nahuel Novelino, Matías Álvarez y Maximiliano “Wacho” Ríos, señalados como líderes de las principales organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Además, por otro lado, se refirió puntualmente a un procedimiento llevado a cabo en una vivienda de calle República Irlanda al 1.500, donde fueron arrestados dos individuos identificados como Alvizo y Castro. Según explicó, “vendían droga a menores” y el lugar era un “aguantadero donde pasaban muchas cosas más que la venta de droga”.

“Ese búnker hay que derrumbarlo. A fines de 2022 hubo un crimen en ese lugar, y eso es lo que genera la droga: intranquilidad, miedo, encierro. Los vecinos ya no pueden salir a la vereda”, lamentó.

Presencia territorial

Chiarella también contó que visita personalmente las zonas conflictivas. “He pasado por esos lugares. Voy a observar, a sacar fotos, a registrar lo que pasa para que la Justicia tenga herramientas para actuar”, explicó.

En ese sentido, valoró el accionar del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces. “Cuando se pide la prisión preventiva, no miran para el costado. Eso es lo que necesitamos: una Justicia comprometida con la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Nuevas denuncias

El intendente señaló que las denuncias parten muchas veces de los propios vecinos, que se acercan con datos sobre puntos de venta. “Nosotros presentamos esa información al fiscal Raposo y se avanza con allanamientos que están dando resultados todas las semanas”, destacó.

Asimismo, hizo referencia a la estructura criminal detrás de la banda del “Wacho Maxi”: “Toda su familia estaba involucrada. Hasta la madre se encargaba del lavado de dinero y las transferencias. Esas organizaciones son las que atacamos, y esos grandes vendedores hoy están presos”, aseguró.

 “Vamos a seguir firmes”

Finalmente, Chiarella afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta lucha es posible porque hay una decisión política clara. Vamos a seguir con esta actitud para devolverles la tranquilidad a los vecinos”, concluyó.

El miércoles 30 de julio dará inicio en Venado Tuerto el primer juicio en la historia de la ciudad desde que entró en vigencia la Ley de microtráfico, sancionada por la legislatura provincial el 30 de diciembre de 2023, la cual permite a la justicia santafesina investigar causas que tengan que ver con la venta en menor escala de estupefacientes. 

El acusado, Mario V., de 58 años, será juzgado por comercialización de estupefacientes en la vía pública, en una causa impulsada por la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación.

El caso que dio inicio al proceso

El hecho, que originó el proceso judicial, ocurrió el 19 de enero de 2024, alrededor de las 13 horas, cuando personal de la División de Microcrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) sorprendió al acusado en el momento en que realizaba una transacción de marihuana en la esquina de Almafuerte y Deán Funes. En esa operación, le entregó un envoltorio de 16,3 gramos de marihuana a otro hombre, quien a cambio le dio una suma de dinero.

Tras su aprehensión, los agentes hallaron entre sus pertenencias otros cinco envoltorios con 29 gramos adicionales de marihuana, uno con 0,7 gramos de cocaína y la suma de $118.000 en efectivo.

La acusación fiscal

Vuletic imputó a Mario V. como autor del delito de comercialización de estupefacientes. La acusación formal fue elevada luego de las correspondientes audiencias imputativa y de prisión preventiva (celebradas el 22 de enero) y la prórroga de prisión el 19 de febrero.

La pena solicitada por la fiscalía es de siete años de prisión efectiva, conforme a la calificación legal del hecho.

Ley narcomenudeo

La ley de narcomenudeo, en vigencia desde comienzos de 2024, permite que la justicia provincial actúe en casos de microtráfico sin intervención de la justicia federal. Esta medida busca agilizar las causas menores vinculadas al narcotráfico.

La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, firmó ayer la resolución número 467 mediante la cual se definieron los lineamientos institucionales sobre la implementación de la nueva competencia legal que le otorga al MPA la recientemente aprobada ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.

En su resolución, la Fiscal General advierte que la tarea que realizará el MPA desde mañana será gradual y progresiva hasta tanto “se reúnan las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa”. En tal sentido, Vranicich enumera las “reformas legales a la ley provincial 13.013; al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y la creación definitiva de la Agencia Especial de Inteligencia, recursos humanos y equipamiento”, las cuales aún están pendientes.

En este marco se dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará en el ámbito de la Fiscalía General las gestiones sobre esta materia.

De acuerdo con lo resuelto por Vranicich, el Equipo de Trabajo estará integrado por las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el Subdirector provincial de Investigaciones Criminales del OI, Víctor Moloeznik; y la Secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.

Punto de partida

La Fiscal General adelantó que “a partir del viernes 29 de diciembre todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos alcanzados por la desfederalización” y que “la actuación fiscal se regirá de acuerdo a las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo, las cuales tendrán la debida difusión institucional previo a la entrada en vigencia de la ley”.

Asimismo, Vranicich agregó que este equipo trabaja para delinear junto a personal del Ministerio de Seguridad los protocolos conjuntos que aplicará la Policía de Investigaciones bajo la modalidad de directivas estandarizadas.

Causas en trámite

Al no estar previsto en la ley un sistema de traspaso de causas actualmente en trámite en el fuero federal, Vranicich dispuso en su resolución promover una instancia interinstitucional e invitar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a los jueces federales que corresponda a los fines de determinar la forma y los alcances del traspaso.

Trabajo conjunto

Asimismo la resolución resalta como criterio de actuación el trabajo conjunto con la Justicia Federal en el marco de la mesa de intercambio de información prevista en la ley nacional 23.737, agregando como objetivos “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación que permitan la colaboración entre ambos Ministerios Públicos, procurando así evitar atomizaciones y eventuales entorpecimientos en las investigaciones.”

En su resolución, Vranicich señala que “esta instancia es una ampliación al trabajo conjunto ya existente entre el MPA y la Procuración General de Nación, y particularmente con la PROCUNAR, en el marco de casos de criminalidad organizada, siendo la presente una oportunidad para profundizar, extender e institucionalizar el trabajo conjunto”.

(Por Luis Rodrigo) – Con la firma de todos los integrantes del interbloque de senadores provinciales del radicalismo, el jefe de la bancada de la UCR, Lisandro Enrico, ingresó nuevamente un proyecto de ley para que sea la provincia -y ya no la Nación- quien tenga a su cargo el llamado narcomenudeo.

Lisandro Enrico, senador provincial de la UCR por el departamento General López.

La iniciativa del representante por General López parte de considerar que es mucho mayor la estructura que posee el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Provincial que la existente en la Justicia Federal para enfrentar al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. También subraya que el contexto de la zona central del país deja a Santa Fe ante una mayor exposición, ya que otras provincias vecinas, como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, ya han adherido a la Ley 23.737, con lo cual la presión dentro del mapa de la bota es mayor “ante una persecución más eficiente” en otras jurisdicciones.

Enrico volvió a la carga con un mensaje que es similar al que la Cámara alta aprobara en 2018, luego de un intenso y rico debate, que terminó con el voto mayoritario a favor de la persecución penal provincial de los dealers que son atrapados con pequeñas cantidades de drogas. Hoy esta tarea es exclusivamente de la jurisdicción nacional en el territorio santafesino. Como se sabe, la estructura de fiscalías y juzgados federales en la provincia tiene más de 40 años.

Hace ya más de seis años, algunas posiciones habían variado. Tanto que el por entonces gobernador Miguel Lifschitz (1955-2021) habilitó en Diputados el tratamiento en sesiones extraordinarias para el asunto que contaba con media sanción del Senado, con el resultado conocido.

El senador subraya que lamentablemente el tráfico de drogas ha dejado de ser un delito extraordinario y que ese carácter predominaba en la división aún vigente. Al ser hoy el narcotráfico “una actividad delictual que es común” debe ser la justicia provincial con sus jueces y fiscales quienes lo enfrenten.

Tras la presentación en la Cámara del proyecto, y de destacar el acompañamiento de sus correligionarios, Enrico pidió a los diputados que tomen el tema desprovistos de prejuicios ideológicos, que escuchen el pedido de la población que reclama que el Estado “haga algo” en lugar de mirar para otro lado y sostuvo que una de las grandes deudas de la actividad política en la provincia con los ciudadanos es tener una reforma al respecto.

Años atrás cuando los senadores lograron darle la media sanción a la norma y en Diputados no tuvo eco, acuñaron la frase de que se trataba de crear una estrategia para “cortarle los tentáculos al narcotráfico”, así visto como un fiero pulpo de ramificaciones complejas o como los serpenteantes cabellos de una tentadora Medusa.

Más allá de las figuras retóricas, el argumento central es numérico: “Creemos que el combate contra los kioscos de venta de droga debe empezar lo antes posible”, con todos los fiscales que hay en la actualidad”, expuso el legislador a propósito de los 174 fiscales titulares y adjuntos que posee el Ministerio Público de la Acusación. “Tal como establecemos en el artículo 1ro del proyecto de ley, el Estado Provincial debe asumir una política de combate” contra la venta de drogas y los crímenes que esa actividad ocasiona.