El Consejo de la Magistratura tomará en los tres primeros días de noviembre las pruebas de oposición en los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario. Son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición se hará el 1° de noviembre; 180 para el segundo concurso cuya prueba de oposición tendrá lugar el 2 de noviembre y 145 para el tercero con fecha del 3 de noviembre.

Esos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias.

En dos de los concursos figura como inscripto Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista por la Legislatura santafesina que se encuentra ahora analizando en la Comisión de Acuerdos su posible destitución en el cargo. El miércoles último pasaron por Acuerdos varios testigos convocados oportunamente e incluso declaró el fiscal regional, Rubén Martínez. Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimizacióń de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. La instructora del caso en Acuerdos, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó la destitución del funcionario. Gerosa se inscribió en los concursos 493 y 494.

También se inscribió en los concursos el fiscal rosarino Adrián Spelta quien había sido suspendido en 2021 para investigar su conducta, pero no fue destituido en el cargo.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

En el concurso 493 son jurados Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti; en el 494 Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell y en el 495 Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

Dos de los siete concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura y que tienen para definir cargos en la justicia federal de Santa Fe se encuentran en etapa de realizar las entrevistas a los concursantes que ya rindieron la prueba de oposición.

Son los concursos para el cargo de juez federal de primera instancia para Rafaela y un cargo en el Tribunal Oral Federal n° 1 de esta capital. En el caso de Rafaela, en noviembre del año pasado, el jurado elevó el orden de mérito entre los 20 participantes. Los tres primeros lugares fueron para Santiago Díaz Cafferata; Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

En el caso del TOF 1 los tres primeros según el concurso son Gonzalo Fernández; Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti.

En cuanto al concurso para el cargo de juez federal n° de Santa Fe, se está en la etapa de evaluación de las impugnaciones y los tres mejor clasificados en lo que va del concurso son Walter Alberto Rodríguez; Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se refirió a la decisión del Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta en relación a una presentación realizada por el mencionado espacio político con relación a una tercera banca para ese espacio político en la futura Cámara de Diputados.

"No debe sorprender a nadie la decisión porque es la misma postura que Erbetta sostuvo cada vez que la Corte, por abrumadora mayoría, convalidó la vigencia del requisito del piso 3% para la distribución de cargos en cuerpos legislativos. Fue la decisión personal de Erbetta la que generó esta situación de crisis e incertidumbre que existe. Decisión que adelantó cuando, el mismo día en que finalizó el escrutinio definitivo, ordenó difundir un listado de diputados electos y diputadas electas desconociendo la normativa vigente", sostuvo.

El actual diputado sostuvo que "sabía exactamente cómo se iba a expedir el Tribunal Electoral en torno a nuestra presentación y lo único que estamos haciendo es agotar las instancias necesarias y obligatorias para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, descontando que resolverá en favor de la vigencia del artículo 5 de la ley 9280, como lo hizo en los cinco antecedentes jurisprudenciales existentes".

Aclaró que "se están cumpliendo los pasos necesarios para llegar a la Corte provincial y cada uno de ellos se está concretando conforme a lo que preveíamos, así que este fallo de Erbetta no agrega ni quita nada a la situación planteada".

El miércoles último se desarrolló una importante convocatoria en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, que consistió en una ronda de exposiciones sobre la necesidad de urgente aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal santafesina, el cual involucra la creación de los cargos básicos que hacen falta para poder implementar y aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado por Ley N° 27.063, que establece el sistema acusatorio adversarial y de juicio por audiencias orales, a fin de fortalecer la presencia de la Justicia Federal y brindar más herramientas en la investigación y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

La escasa estructura de la Justicia Federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Por eso, el proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales en Rosario, tres en Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

Cabe destacar que la iniciativa se enmarca en la implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento sólo se implementó en Salta y Jujuy. Es el resultado de más de seis meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la Legislatura nacional, que fueron convocados por el mismo gobernador Omar Perotti en diciembre con ese propósito.

Además de los legisladores que integran la comisión presidida por Rodolfo Tailhade, como el rafaelino Roberto Mirabella, diputados de otras comisiones y el senador nacional Dionisio Scarpin, participaron del encuentro -que se extendió por más de dos horas-, jueces federales (entre ellos el venadense Aurelio Cuello Murúa), fiscales federales, defensores públicos federales y, en representación de la Federación de Colegios de Abogados de Santa Fe, la venadense presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul.

En su intervención, el juez federal Aurelio Cuello Murúa se refirió a la realidad que enfrenta en su actividad diaria y aludió a la Ley Nº 27.063, “legislación penal que en el último tiempo asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, y que responden tanto a compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como a la aparición de fenómenos criminales de alta relevancia social. En ese marco, el fundamento de la iniciativa establece que la organización de los recursos apunta a llevar adelante investigaciones más dinámicas, y esto es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, no hay duda de que la dirección de la investigación la tiene el fiscal federal. Sin embargo -continuó-, lo que hoy ocurre en Venado Tuerto y la amplia región que comprende la 3° Circunscripción Judicial, limítrofe con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, es preocupante, porque la actuación operativa de la Policía Federal -que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones- se está desmembrando día tras día, al mismo tiempo que se verifica un fenómeno de descentralización delictiva. Bien sabemos que en Venado están operando las mismas bandas que están cometiendo los crímenes más atroces en la provincia, y al mismo tiempo nos enfrentamos con una centralización de las investigaciones judiciales, sobre todo con funcionarios con asiento en Rosario, conspirando contra esa dinámica pretendida”.

En consecuencia, “es correcto el objetivo de crear más fiscalías federales para que asuman la dirección de las investigaciones, pero además los fiscales van a necesitar recursos para esa misión. Y si bien es cierto que el fortalecimiento de la justicia federal tiene que ver con Rosario, la situación está desbordando y los problemas ya se trasladaron a Venado Tuerto y la región”, advirtió el magistrado que hoy actúa como subrogante en los juzgados federales de Rosario y Santa Fe.

Más adelante, observó que en base al nuevo paradigma de que los jueces y representantes del Ministerio Público se dediquen a “resolver el conflicto” y no se limiten al “castigo”, en busca de una salida alternativa al conflicto del ciudadano con la ley penal, “habrá que definir cómo se garantizará el cumplimiento, de la probation, suspensión de juicio a prueba, principio de oportunidad, porque hoy no tenemos ninguna herramienta para efectuar esos controles. Se hacen a través de juzgados y la gente no advierte que estos mecanismos logren el efecto buscado”.

Asimismo, Cuello Murúa apuntó a la situación carcelaria, dado que “en Santa Fe no tenemos un servicio penitenciario federal, así que a los detenidos hay que alojarlos en la jurisdicción local, con un cupo de 50, y hay más de 500. Entonces a las personas con prisión preventiva hay que alojarlas en el interior del país. A esto hay que normalizarlo porque sabemos que las principales bandas criminales están comandadas desde los servicios penitenciarios. Por eso se necesita un abordaje sistémico que también corresponde fortalecer”.

Otro aspecto que planteó el especialista en derecho tributario, magister en derecho penal y diplomado en litigación penal, fue el de los tratados internacionales de protección de la mujer y la problemática de mujeres y mujeres madres vinculadas con el delito, dado que “cuando ordenamos una detención domiciliaria hay que optimizar esos controles para saber qué hacen, de qué viven, y lo que vemos en general es la reincidencia en el delito de estas mujeres”, alertó desde un enfoque social, en tanto que renovó el llamado a “institucionalizar los barrios” en los que se desbarata el accionar de una banda criminal, dando participación a las iglesias y gobiernos locales, para que puedan ocuparse de esas familias y personas en conflicto con la ley penal.

El diputado Roberto Mirabella, la abogada Andrea Majul y el juez federal Aurelio Cuello Murúa, fueron tres de los expositores.

La presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, consideró indispensable aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado por la Ley N° 27.063, que establece el sistema acusatorio adversarial y de juicio por audiencias orales, que “desde los cinco Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe consideramos ajustado a la Constitución, más transparente y apto para brindar respuestas judiciales de calidad a los justiciables”.

Y amplió: “Dicho sistema, para poder ser implementado, requiere ineludiblemente reforzar y rediseñar la arquitectura institucional de la Justicia Federal santafesina, creando nuevos cargos y reasignando funciones. Sobre todos estos puntos expusimos en este encuentro en Diputados, resumiendo las necesidades de nuestra región y solicitando a los diputados nacionales del resto del país que apoyen este proyecto firmado por los 16 diputados santafesinos que representan a todas las fuerzas políticas de nuestra provincia”.

“Mi exposición fue realizada en representación de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia y en especial por el nuestro, y en este punto reclamamos que tengan presente que la provincia no termina en Rosario”, afirmó la dirigente sureña.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, ratificó que “la situación de la Justicia Federal en Santa Fe es muy delicada. Su estructura no se modifica desde hace 40 años”, señaló el legislador.

“De los 34 cargos que posee la jurisdicción, nueve están vacantes. De los diez juzgados de primera instancia, sólo seis tienen titulares. Hace seis años que tenemos dos vacantes en la Cámara Federal. Hace siete años que está vacante el Juzgado Federal 1 y hace cuatro que está vacante el Juzgado Federal 2 de Rosario”, detalló.

“Este proyecto apunta a tener una Justicia federal mucho más ágil, eficiente y acorde para combatir un delito como es la narcocriminalidad. Espero que podamos finalmente darle dictamen y avanzar con la propuesta, que es resultado del trabajo conjunto de todos los legisladores y una política de Estado para Santa Fe. Agradezco los aportes que se expusieron en esta Comisión, porque nos permite tomar decisiones más acertadas”, concluyó Mirabella.