El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, relativizó las críticas de la oposición porque dos legisladores de Provincias Unidas no colaboraron en el quórum en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70 del presidente Javier Milei. No obstante, el mandatario recalcó la necesidad de que haya más presupuesto para las universidades nacionales.

"La oposición a mí siempre me critica y está bien que así sea. Es el juego de la política. No voy a entrar a contestarle cosas que no son verdad. Estaría entrando en el juego que pretenden hacer desde la oposición. Siempre voy a defender a la provincia invencible de Santa Fe. Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia de Santa Fe y siempre vamos a defender a la educación pública. Lo van a ver en cómo nuestros legisladores van a acompañar en el presupuesto el mayor financiamiento hacia las universidades. Lo que dice la oposición ustedes saben que no es verdad y todos en Santa Fe saben dónde está parado el gobernador y el gobierno de la provincia", señaló.

Luego, repudió la violencia suscitada tras la marcha universitaria contra el Congreso. "Está mal; no tiene que haber violencia y en Santa Fe lo demostramos y lo mostramos permanentemente. Tiene que haber diálogo entre las instituciones, tiene que haber diálogo democrático entre los partidos políticos. Argentina va a salir adelante cuando nos podamos sentar en una mesa y poder poner las ideas arriba de la mesa, debatir y que las mayorías puedan construir una política pública. Es lo que podemos mostrar en la provincia de Santa Fe. Acá en Santa Fe no pensamos todos lo mismo, pero nos podemos sentar en una mesa, podemos votar leyes por mayoría, podemos avanzar, reformamos la Constitución después de 62 años. Esto es porque hay diálogo. ¿Pensamos lo mismo? No, pero nos sentamos en una mesa. Si no puede haber diálogo, mucho menos puede haber violencia y por supuesto que condenamos la violencia de ambas partes".

Sobre el debate en el Congreso acerca del Presupuesto 2027, Pullaro marcó dos cosas. "Como gobernador siempre me vieron defender a la provincia de Santa Fe y cuando tuve que ponerme frente del Gobierno nacional para defender a la provincia de Santa Fe, siempre lo hice. Cuando tuve que acompañar políticas públicas que entendía que eran correctas, también lo hice: como es la baja de la inflación, como es haber terminado con el déficit fiscal y como es haber ordenado muchas variables macroeconómicas en una Argentina que parecía que no tenía destino con el kirchnerismo. Ahora bien, a la gente le cuesta llegar a fin de mes y nosotros tenemos que trabajar para que la gente pueda estar mejor. La provincia de Santa Fe es una de las que más le aporta al Estado nacional y necesitamos que parte de lo que le aportamos al Estado nacional pueda volver en mejor infraestructura, en mejores rutas, en mejor energía, es decir, tengamos una mejor matriz eléctrica y de gasoductos para poder lograr producir más barato y desde ese lugar poder generar empleo, que es lo que hace falta hoy a la República Argentina".

Prometió que el gobierno y los legisladores "van a trabajar para cuidar a la industria, vamos a trabajar en Santa Fe para cuidar al campo y vamos a trabajar en Santa Fe también para defender a la educación pública, porque somos producto del sistema universitario argentino que se basa en la educación pública".

Hubo 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial para la subasta. No todos se hicieron presentes en la Belgrano a la hora del remate. El secretario del Colegio de Martilleros, Pedro Búsico, recordó antes de poner en marcha la subasta las reglas del juego. Cajas habilitadas para que cada comprador deposite el 10% del valor en Aprad y otro 10% de comisión del martillero. También aclaró que el que desista de la compra una vez bajado el martillo es pasible de multas establecidas por ley.

La mayoría de los anotados son oriundos de la provincia: 7.139 que llegaron de varias localidades.

El resto son 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.

Los docentes de las universidades nacionales iniciarán este miércoles un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo por la actualización de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se desarrollará en un momento clave de la disputa con el Gobierno nacional: el mismo miércoles vence el plazo de 5 días que la Justicia le otorgó al Ejecutivo nacional para acreditar el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la norma.

El paro forma parte de un plan de acciones que tendrá como próximo punto central la 5ta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización reunirá al Frente Sindical de las Universidades Nacionales (integrado por 7 federaciones gremiales), además de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La medida de fuerza de esta semana fue definida por el plenario de Conadu Histórica (con injerencia en la Universidad Nacional del Litoral, a través de Adul) y se realizará en confluencia con Conadu. Como es habitual, los estudiantes deberán consultar en sus facultades si sus profesores adhieren a la medida de fuerza.

También Fagdut (que nuclea a los docentes de universidades tecnológicas) resolvió un paro de 72 horas desde este miércoles 30 “luego de una reunión del Frente Sindical Universitario y ante el incumplimiento del Gobierno a la intimación de la Justicia”. Reclaman la convocatoria a paritarias libres y la recomposición salarial, la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el año próximo destinado a las casas de altos estudios.

En tanto, la Fatun (del personal “no docente” de las universidades, con injerencia en la UNL a través de Apul) fijó un paro de 24 horas -solamente-, para este jueves 1° de octubre, “sin concurrencia a los lugares de trabajo tanto en UNL, como en la Universidad Nacional de Rafaela, entre otras”, se indicó en un parte de prensa.

El conflicto salarial y presupuestario tiene además un capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional el 22 de septiembre a cumplir en un plazo de 5 días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución contempla la posibilidad de aplicar multas diarias en caso de demora.

La cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la confirmó y el 25 de junio de este año la Corte Suprema dejó firme la decisión. En particular, los artículos alcanzados por la medida judicial establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación de Cormick se produjo luego de que el Ejecutivo intentara levantar la cautelar. El 1° de septiembre, el magistrado rechazó ese pedido al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial denunciada en la causa.

El Gobierno, por su parte, sostiene que cumplió con la medida cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Según informó el diario Infobae, el Ejecutivo presentó documentación ante la Justicia para acreditar su posición, aunque la apelación no modifica la vigencia de la cautelar.

El porcentaje reclamado aparece como uno de los principales puntos de conflicto. Desde el sector universitario se plantea la necesidad de recomponer la pérdida salarial acumulada y aplicar el porcentaje previsto en la Ley de Financiamiento Universitario.

La cifra varía según el cálculo y el criterio utilizado. Mientras que desde un sector gremial se reclama una recomposición del 33,4%, otros gremios estiman en 31,2% la recomposición salarial adeudada.

El conflicto se profundizó luego de la última ronda paritaria, realizada el 17 de septiembre. En esa instancia, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.

La discusión no se limita a los salarios. La Ley 27.795 también contempla partidas destinadas a becas estudiantiles, mientras que las universidades vienen planteando la necesidad de recomponer el financiamiento de sus distintas áreas.

Si bien este martes el vocero presidencial Adrián Ravier no se refirió al conflicto universitario en su conferencia de prensa semanal, en declaraciones anteriores había manifestado que el financiamiento destinado a las universidades conserva su proporción dentro del gasto público.

El funcionario había señalado en esa ocasión que el Ejecutivo anunció recientemente un aumento del 24% para los profesores universitarios y había explicado que, según la postura oficial, la recomposición salarial no pudo aplicarse antes debido a la situación fiscal heredada.

Un informe de ejecución presupuestaria del Instituto Argentino de Análisis Fiscal detalla que, en el marco de una baja general del gasto público, subieron las partidas para universidades, Asignación Universal y otros gastos corrientes, mientras que descendieron las transferencias a provincias y los subsidios a la energía y al transporte.

Parecía que no había margen para más motosierra, pero los números oficiales de julio confirman que la gestión Milei no está dispuesta a modificar el rumbo. El gasto primario nacional registró una variación negativa en términos reales durante el séptimo mes del año.

"El gasto primario nacional tuvo una caída real interanual del 7,0%, con 5 gastos creciendo y 11 gastos bajando", destacó un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

A pesar de la tendencia generalizada a la baja en el gasto público primario, cinco de los dieciséis componentes registraron aumentos interanuales en términos reales (descontado el efecto inflacionario) durante julio.

El rubro de Otros gastos corrientes (regalías, juicios, devolución de impuestos) lideró los incrementos con una suba del 36,3%. Le siguieron las Transferencias a Universidades, que experimentaron un crecimiento real del 8,3%, y el Gasto de capital Nación (obras y maquinaria), con un aumento del 8,0%.

Asimismo, la partida destinada a la Asignación Universal para Protección Social (AUH) registró una suba del 3,8% real interanual en el mes bajo análisis.

A mediados de julio (DNU/decreto 594/2026) se modificó el Presupuesto 2026 y se incorporaron $1,33 billones adicionales al programa de Desarrollo de la Educación Superior (casi todo para transferencias a universidades nacionales y una parte a becas).

Fue un paso para cumplir con las exigencias legales (judiciales y parlamentarias), aunque el desembolso efectivo se distribuyó en el tiempo y la queja de las casas de altos estudios sigue vigente para el cumplimiento total de la ley de financiamiento.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia (con firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) rechazó un recurso extraordinario del Gobierno nacional y dejó firme la cautelar dictada en instancias inferiores (Juzgado Contencioso Administrativo Federal y Cámara), que obliga al Estado a aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley 27795.

Eso incluye actualización de salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales según la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 y la recomposición de partidas para programas estudiantiles, becas y bienestar.

Pero la Corte no se pronunció sobre el fondo (constitucionalidad de la ley ni del Decreto 759/2025 con el que el Ejecutivo intentó subordinar/suspender su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento). Ese debate principal sigue abierto en la Justicia Federal.

El expediente volvió a primera instancia. El juez Martín Cormick (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11) citó a una audiencia para el viernes 21 de agosto de 2026, a la que deben concurrir el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que agrupa a los rectores) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El objetivo es intentar destrabar el conflicto y, en el caso de la UBA, ampliar reclamos a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y ciencia/técnica (ítems que quedaron fuera de la cautelar original).

Universidades y gremios sostienen que el Gobierno cumple solo de forma parcial el acuerdo paritario de junio 2026.

Sin embargo, hubo descenso en los fondos para provincias y subsidios a los servicios públicos, que inclinaron la balanza a la baja. El informe del IARAF señala disminuciones en las partidas dirigidas a las administraciones provinciales y en los subsidios económicos.

Las Transferencias corrientes a Provincias registraron una baja real interanual del 38,6% en julio, constituyendo uno de los rubros con mayor caída. El Gasto de capital a provincias también disminuyó, reflejando una variación interanual negativa del 8,1%.

En cuanto a los subsidios a los servicios públicos, la partida de Energía registró una caída real interanual del 20% durante julio. Por su parte, el gasto destinado al Transporte experimentó una reducción del 11,7% real interanual en el mismo periodo.

Entre otros componentes de peso, el gasto en Jubilaciones y pensiones -que representa el 38,4% del presupuesto total analizado- tuvo una disminución real del 4,8%. Sin embargo, según describe el documento del Iaraf, esta variación "obedece, básicamente, a que en julio de 2025 se había terminado de pagar el medio aguinaldo".

Por su parte, el gasto salarial de la administración nacional, equivalente al 14,9% del gasto primario total, registró una baja interanual del 3,9%.

Al ampliar el período de análisis a los primeros siete meses de 2026, el gasto primario nacional acumuló una baja real interanual del 2,8% respecto al mismo lapso de 2025.

En este acumulado de siete meses, cuatro gastos se mantuvieron al alza y doce a la baja. Entre los rubros que registraron incrementos acumulados reales se encuentran los subsidios a la energía (39,3%), las transferencias a universidades (9,9%), la asignación universal para protección social (3,8%) y las jubilaciones y pensiones contributivas (1,9%).

Por el contrario, los descensos más pronunciados en el acumulado de los primeros siete meses correspondieron a otras funciones (-90,9%), transferencias corrientes a provincias (-37,6%), otros programas sociales (-26,4%) y gastos de capital a provincias (-11,8%).

El análisis del Iaraf clasifica el comportamiento del gasto primario dividiéndolo entre componentes indexados por inflación (como jubilaciones y asignaciones) y no indexados (como salarios y subsidios).

Durante el año 2025, "la participación del gasto indexado fue del 60% y la del gasto no indexado del 40%".

En julio de 2026, el gasto indexado registró una disminución real interanual del 3,8%, mientras que el gasto no indexado experimentó una baja del 10,0%.

A nivel de tendencia de mediano plazo, el informe detalla que el gasto primario nacional evoluciona "como resultado de un gasto indexado que crece al 3% anual y un gasto no indexado que cae a razón del 10% anual", registrando el gasto primario total acumulado de los últimos doce meses una disminución del 3,2% al cierre de julio.