El Poder Ejecutivo remitió un mensaje a la Cámara de Diputados para solicitar el dictado de una ley que prorrogue una parte de la emergencia en seguridad pública que caducará el mes próxima. Es la parte referida al personal tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario y del Instituto Provincial de Industrias Autárquicas (IAPIP).

La ley de emergencia pública dictada Ley 14.237, caduca el mes próximo y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anticipó el pasado miércoles a una comisión de la Cámara de Diputados que el objetivo es no tener más las facultades especiales para compras y licitaciones y solo mantener el capítulo relativo a recursos humanos.

Este viernes, en tanto, el Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas de Diputados el mensaje con el respectivo proyecto.

Son cuatro los artículos de la iniciativa. "Declárase la emergencia en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad comprendidos en el escalafón del personal Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, con los alcances específicos en esta materia previstos en la Ley 14.237, por el plazo de doce meses de promulgada la presente ley"

Agrega que "el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez y por igual plazo esta declaración si subsisten las circunstancias fácticas que lo motiven".

En el siguiente artículo pide prorrogar cuatro artículos de la norma aún vigente "a los efectos dar continuidad al régimen extraordinario de reincorporaciones y demás fines allí previstos".

El artículo clave dispone que la ley aplicable a los beneficios jubilatorios del personal reincorporado al servicio efectivo o que se reincorporen a partir de la vigencia de la presente con los alcances previstos en los artículos precedentes, se determinará de conformidad a la ley vigente a la fecha del primer cese de la prestación de servicios.

"A los fines del cálculo del haber de retiro se computarán los nuevos servicios prestados acorde a la situación de revista al momento del cese en el marco del presente régimen, pudiendo incrementar su porcentual, si hubieran obtenido ascenso durante este período", acota.

La Ley 14.237 declaró el estado de emergencia en Seguridad Pública facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas extraordinarias orientadas a reforzar las capacidades operativas, funcionales y estructurales de las fuerzas de seguridad, en respuesta a una situación de violencia de extrema gravedad.

El Poder Ejecutivo informa haber ejercido dicha facultad en el marco de la reincorporación de personal retirado a la Policía de la Provincia y al Servicio Penitenciario Provincial, en condiciones de celeridad, eficiencia y respeto por las garantías legales.

Explica luego el mensaje que transcurrido el plazo previsto "y encontrándose dicho régimen en plena ejecución y con consecuencias jurídicas consolidadas, se estima necesario otorgar continuidad normativa a dicha situación, a fin de preservar el vínculo jurídico con el personal ya reincorporado y mantener en funcionamiento los mecanismos extraordinarios que resultaron eficaces en el refuerzo institucional de la Policía y el Servicio Penitenciario.

Por último, señalan los considerandos que "la prórroga parcial responde exclusivamente a la necesidad de consolidar un régimen excepcional en materia de recursos humanos, sin introducir modificaciones a su alcance originario".

Fueron los policías reincorporados a la fuerza en los dos años de vigencia de la emergencia y para los cuales se pide la continuidad del régimen de excepción.

Solo uno fue reincorporado al Servicio Penitenciario, según pudo saber El Litoral.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad brindaron detalles sobre los alcances de la ley de regulación de las agencias de seguridad privada, sancionada por la Cámara de Diputados, sistema que se regía por un decreto del año 1991.

La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la provincia.

Uno de los puntos que se incluyen en la ley es que busca reducir el margen de falsas alarmas automáticas para optimizar los recursos del sistema de emergencias del 911 y los recursos policiales abocados al patrullaje en calle. "Es una herramienta que nos permitirá mejorar nuestros niveles de incidencia en los llamados con alarmas", aseguró el director provincial de Emergencias 911, Pablo Polito.

El funcionario ejemplificó que en Rosario "los llamados por alarmas consumen más de un 30 % de la operatividad policial en calle y en lo que va del año tenemos más de 150 mil llamados por alarmas, de los cuales solo 350 fueron incidencias", por lo que valoró que la ley recientemente sancionada permitirá "usar racionalmente el recurso policial en calle" ya que actualmente "llegan los llamados y no podemos no atenderlos porque puede estar ocurriendo un delito", por lo cual reconoció que la ley permitirá "medir las incidencias para que los móviles policiales no vayan a un lugar donde no haya novedad o no se sepa que sucedió".

La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados.

Además, cuenta con un capítulo sobre la prestación de servicios con usos de armas. "Es una ley marco que regula las alarmas y todo el sector de la seguridad privada, es decir, la seguridad física (vigiladores) y la seguridad electrónica", subrayó la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz.

La funcionaria explicó, además que "lo primero que se hará será un registro para tener una competencia leal, conocer cuántos son los prestadores de monitoreo, de prestación de alarma en servicios privados en domicilios y las bancarias, para darle una profesionalización no solo a quienes trabajan dentro de la seguridad privada, sino también una certificación internacional y de estándar a lo que se utiliza como drones o totems".

Con esta nueva normativa se podrá sancionar a las empresas no registradas y beneficiar a las que cumplen, a los fines de proteger una competencia leal de mercado y fortalecer la seguridad privada como complemento de la seguridad pública y del plan de seguridad del gobierno provincial. "El fin es darle al ciudadano una mejor seguridad pública, tomando dentro de esta ley a la seguridad privada como un complemento", concluyó Chumpitaz.

La Legislatura puso primera para dictar una nueva ley de emergencia en seguridad pública y en el servicio penitenciario tras la reunión que un grupo de senadores y diputados mantuvo con las autoridades de la cartera que ahora conduce Rubén Rimoldi. “Fue una bocanada de aire para un ministro que venía golpeado” señaló un funcionario de la cartera, aliviado, tras la reunión que transcurrió en un clima de diálogo, sin gritos ni desplantes. El último paso de Rimoldi en Legislatura había sido en el recinto de Diputados junto a todo su equipo pero con rol protagónico de la entonces secretaria de Coordinación Administrativa de la cartera, Ana Morel. Había sido una jornada tensa, confusa, de gritos ante el silencio del ministro.

Tras la salida de Morel y la llegada de Gustavo Bode al cargo, el Poder Ejecutivo que había dejado caer la anterior ley de emergencia que caducó el 31 de diciembre, envió a mediados de enero un nuevo proyecto de emergencia y lo habilitó para el tratamiento en Extraordinarias. Quince días atrás, la comisión bicameral de seguimiento de la emergencia se reunió y pidió la rendición de cuentas de lo actuado en 2022 antes de abrir la discusión del 2023. Ese fue el propósito de la reunión de ayer que tuvo algunos condimentos políticos.

La bicameral la integran los senadores Armando Traferri (San Lorenzo), Miguel Rabbia (Rosario) y Lisandro Enrico (General López) más los diputados Lionella Cattalini (PS), Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) y Ximena Sola (Pro). Ellos acordaron el encuentro con Rimoldi y se fijó como lugar la Sala de Acuerdos de la Cámara de Diputados. Las autoridades de la Cámara informaron a todos sus integrantes de la reunión y varios se hicieron presentes. Desde Casa Gris se intentó que el encuentro sea únicamente con la bicameral pero en Legislatura se recordó que no se puede prohibir la presencia de un integrante del cuerpo en ninguna reunión. El propio presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, estuvo presente. “Nos dieron una respuesta administrativa diplomática y decidimos aceptarla” dijo uno de los legisladores presentes al recorrer el pasillo que conduce al hall central del Palacio Legislativo. Fue el resumen de lo ocurrido.

“Se nos entregaron carpetas con los detalles de las inversiones realizados y considero que corresponde acompañar una nueva emergencia” señaló Traferri, recordando que desde 2013 la Legislatura viene autorizando este tipo de herramientas. “Nos debemos juntar con el ministro y trabajar un nuevo texto” añadió. También Rabbia dijo ser partidario de validar el proyecto reconociendo que deberán trabajar en una mejor redacción. No se descarta que se abra una discusión entre el Ejecutivo y las dos cámaras. Incluso, algunos bloques proponen que la próxima emergencia tenga una duración de dos años.

En la oposición hubo una lectura más resignada aunque con críticas. “Hubo una reiteración de anuncios anunciados; la permanente postergación de la colocación de inhibidores en institutos penitenciarios que ahora pasa a junio porque antes debe colocar fibra óptica en los penales. Nos anunció oficialmente que se cayó licitación de los chalecos antibalas para la policía y que decidieron comprar los de Fabricaciones Militares a un precio tres veces superior, y nos explicaron las razones de transferencias directas a municipios, comunas y unidades regionales hoy objetadas por el Tribunal de Cuentas”, dijo Cándido al retirarse del encuentro.

Para Cattalini “perdimos mucho tiempo y dinero con la burocracia y la desidia de un equipo que no estaba preparado para estar al frente de un tema tan serio”. La socialista admitió que “si comparamos la escandalosa reunión que tuvimos el año pasado con el ministro Rimoldi y la secretaria Morel, podemos decir que ésta fue una buena reunión y recibimos documentación que analizaremos a la brevedad. Lo que sí nos queda claro es que el gobierno de Omar Perotti no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos”. No obstante dijo que “la obligación es rediscutir la emergencia de seguridad y pensar un plan a largo plazo que trascienda los gobiernos. No hay más chances, y de ninguna manera puede volver a ocurrir que un gobierno no tenga un equipo acorde para ponerse al frente del problema más grave que estamos viviendo los ciudadanos especialmente de Rosario”.

“Esta vez, por lo menos vinieron con un informe con las partidas asignadas a cada rubro dentro de la emergencia lo cual teniendo en cuenta la experiencia anterior es considerable” señaló Sola quien cuestionó que el ministerio no sepa el número de fuerzas federales hoy en Rosario. También puso en duda que en junio la cárcel de Piñero esté bloqueada a las comunicaciones. “Si tenemos en cuenta que en quince días sale la tecnología de Israel y que se debe adaptar la fibra óptica, los números no dan para llegar a tener ese sistema habilitado. Estamos en un presente continuo. El gobierno jamás encontró la brújula para combatir la inseguridad y todos los santafesinos somos rehenes” cuestionó.

Siete

El Tribunal de Cuentas realizó siete observaciones legales a otras tantas resoluciones del Ministerio de Seguridad asignando partidas de las incluidas en la Ley de Emergencia. Entre las observaciones figuran para el Servicio Penitenciario, para refacciones de consultorios de la División Medicina Legal, para las oficinas de las unidades regionales e incluso a municipios y comunas para equipos de videovigilancia.

Conducción unificada y optimismo

Rimoldi se mostró optimista en que la Legislatura apruebe una emergencia para el área e insistió en que el objetivo central de su gestión es la recomposición de la estructura policial. “Había muchas policías, o sea, llámese para que lo entienda al vecino, Brigada de Orden Urbano, Patrulla de Acción Táctica, etc. Cada una tenía un mando político. Nosotros tratamos de que esta policía esté totalmente unida” dijo ante periodistas. También destacó que Eduardo Brilloni tiene a su cargo la coordinación con las fuerzas federales.

El ministro comentó que informó ante legisladores las medidas que se pondrán en marcha en el servicio penitenciario para mejorar la seguridad y evitar que se ordenen delitos desde los interiores de los penales. E insistió en que en abril estará la mejora en Piñero.

“No se comentó nada, pero supuestamente por el término de la reunión, diría que sí se aprobará la emergencia” destacó Rimoldi.