En el marco de los anuncios que realizó durante los últimos meses el Ministerio de Economía de la Nación a través del ministro Sergio Massa y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Juan José Bahillo -a los que Oscar Martínez acompañó- para los productores agrícolas, tamberos, avícolas y de porcinos de la Región Centro, el diputado provincial del Frente Renovador consideró que al igual que el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Santa Fe debe ampliar la Ley de Emergencia con una ayuda extraordinaria proveniente de las arcas provinciales.

“Nuestra posición es acompañar el rápido tratamiento de la Ley de Emergencia en materia agropecuaria pero estableciendo algunas modificaciones. En primer lugar para que se incorporen a la misma sectores no contemplados como el apícola, el frutihortícola y el de la agricultura familiar, y en segundo lugar, establecer que se destine el 50% del superávit fiscal del período 2022 que se estima va a ser entre 12 y 15 mil millones de pesos para el desarrollo de políticas activas para estos sectores. El gobernador Perotti siempre destaca que lo que se le da al campo, éste lo devuelve multiplicado, por lo que creo que es el momento de darle al campo, que está atravesando una tan dura situación, lo que necesita para poder salir adelante”, expresó Martínez.

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Ante la consulta de los detalles de su pedido, el legislador explicó que éste “contempla la asistencia al sector tambero de hasta un millón de pesos lo que significaría complementar con un 40 por ciento la ayuda que ya brinda el Gobierno Nacional, hasta un monto de 3 mil ochocientos millones ya que según los datos del Ministerio de la Producción de Santa Fe existen 3800 tambos en la provincia. Además solicitamos un adicional de 12 mil pesos por tonelada de alimento para los sectores avícola y porcino hasta un total de 1500 millones , y un fondo para el sector frutihortícola y para el de la agricultura familiar de 1000 millones para cada uno, con la posibilidad de la entrega de ANR (Ayudas no Reintegrables) para productores de menos de 50 hectáreas de hasta un millón de pesos por productor. Sumado a esto, un fondo de 500 millones de pesos para el sector apícola con un ANR de hasta 200 mil pesos, un fondo para los extrusadores, los productores de biocombustibles y los productores agropecuarios de 1000 millones de pesos para cada uno de estos sectores, teniendo en cuenta y en consideración obviamente cuestiones de equidad y atendiendo de manera especial a los pequeños y medianos productores.”

Luego de la explicación, Martínez aclaró que pretende discutir esta iniciativa del espacio al que representa con los demás bloques de la Cámara de Diputados y también con las Organizaciones que representan a los distintos sectores del campo, para poder mejorar el proyecto y dar respuestas efectivas a un sector tan importante de la provincia. Y agregó que “ queremos debatirla con la Bolsa de Comecio de Santa Fe , con la que venimos trabajando desde el año pasado, y que disparó una serie de decisiones relacionadas con la ayuda al campo de parte del gobierno nacional.”

La legisladora Georgina Orciani se reunió en diferentes localidades de la región con representantes de distintos sectores productivos para obtener información acerca de la gran sequía que azota la presente campaña de trigo, por la cual se prevé una caída considerable del volumen de cosecha respecto de las previsiones iníciales. “Es necesario oír de boca de los productores el grado de preocupación que tiene todo el sector productivo, reconociendo el trabajo y capital invertido en el agro santafesino”, afirmó. 

Las entidades que se ocupan de este sector advirtieron que la ausencia de lluvias afecta severamente las economías regionales ya que, sin agua ni alimentos para los animales, las pérdidas son devastadoras. “Debemos proteger a los productores afectados y hacer lo posible desde el lugar que ocupamos para recobrar la capacidad financiera y de esta forma seguir produciendo” Orciani asegura que somos parte de una cadena en la cual todos en cierto punto salimos perjudicados si no se hace algo para afrontar la crisis.  

La histórica sequía sacude a toda la región y que abarca al centro y sur de la provincia de Santa Fe, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, parece devorarlo todo en el campo argentino. Lejos quedaron las proyecciones de una campaña récord para el trigo, incluso ya hay preocupación con lo que pueda pasar con la próxima campaña gruesa. 

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La angustia de este sector productivo no se agota en esto, sino que los créditos a los cuales accedieron con la esperanza de una buena cosecha siguen siendo una obligación; viéndose acorralados a aceptar una refinanciación con tasas altísimas perdiendo aún más.  

En ese marco, Orciani remarcó la importancia de tener políticas que engloben a estas situaciones, afirmando que hay que estar más cerca de quienes producen, conocer, entender cuanto trabajo y cuanto capital científico y tecnológico hay en nuestra producción agropecuaria para que de esa forma comprendamos todo lo que está en juego.  

Asimismo, la legisladora explicó que una declaración de Emergencia Agropecuaria debe traer las herramientas adecuadas para ayudar a este sector, no debe encajonarse en un simple comunicado vacío de sentidos y de herramienta, sino que debe aportar ideas concretas para sacar a cada productor de la situación en la que se encuentra. “La ley de emergencia debería traer no sólo un plazo más largo para el pago de impuestos a los productores afectados, sino también ofrecer la posibilidad de acceder y refinanciar créditos a tasas accesibles”. 

En este marco la diputada radical informó sobre la importancia de que esta Ley de Emergencia incluya a todos los departamentos que se han visto afectados por este fenómeno totalmente desafortunado e imprevisible; velando por la igualdad de oportunidades para todo el sector perjudicado, sin dejarlo librado a arbitrariedades políticas que nos tiene acostumbrado el Gobierno Provincial.  

Por último, la Orciani expresó que el pronóstico de las futuras cosechas no es para nada alentador, pero destacó que hay que seguir junto al campo apoyando la producción porque son la esperanza de Santa Fe y de todo el país. 

La secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, María Eugenia Carrizo, insistió en la necesidad de contar con la nueva normativa de emergencia agropecuaria que, según puntualizó, “permitirá generar respuestas concretas y previsibilidad en los sistemas productivos santafesinos”.

El mensaje que se refiere la funcionaria fue presentado por Poder Ejecutivo, se denomina Sistema Provincial Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios y se encuentra en comisiones de la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca reemplazar la actual Ley Provincial Emergencia Agropecuaria Nº 11.297, que está vigente desde 1995. Para Producción, las principales falencias de la normativa vigente son, por un lado, ser una normativa post evento y, además, tener sólo como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios impositivos acotados – prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural; dejando de lado a los productores arrendatarios, que cubren el 70% de las explotaciones santafesinas.

“Nuestra provincia tuvo 12 millones de hectáreas declaradas este año en emergencia y/o desastre agropecuario en 18 departamentos por la Ley vigente, de las cuáles solamente se presentaron 1750 declaraciones juradas de los productores que representan 700 mil hectáreas, es decir sólo el 5,8% de la superficie. Estos números indican claramente que la Ley ha quedado totalmente obsoleta con el sistema productivo actual y los productores no adhieren dado que los beneficios son acotados”, precisó Carrizo.

“La nueva normativa que proponemos contempla herramientas que son muy demandadas por los productores tales como asistencia financiera para la recomposición del capital de trabajo y para realizar inversiones para la mitigación de sequías o inundaciones, y un fuerte estímulo a la utilización de los seguros agropecuarios”, acotó.

El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.

Carrizo destacó que, en el marco de la Emergencia Agropecuaria dictada este año, “se dispuso un fondo de 1000 millones de pesos que recibimos de Nación y que estamos ejecutando íntegramente. Estos recursos alcanzaron a más de 1200 productores que tomaron créditos a tasa cero con un año de plazo de pago, para recomponer capital de trabajo e invertir en prevención de riesgos climáticos. Para esto articulamos con la Red Provincial de agencias y asociaciones para el desarrollo, que nos permitió dotar a cada región de fondos rotatorios históricos que quedan en el territorio. Hablamos de recursos que otros productores van a poder disponer luego de la devolución”.

Precisó Carrizo que “cada una de las acciones, inclusive el proyecto de Ley, fueron articuladas con entidades y productores, porque esta es la manera de gestionar que nos instruye el ministro Costamagna”.

En ese marco, entre las acciones llevadas adelante en la provincia, destacó la disposición de fondos derivados de la Ley Nacional Nº 26.060 de Sustentabilidad de la Producción Algodonera. La herramienta se conformó a partir de la firma de convenios impulsados desde la cartera productiva, junto a tres instituciones intermedias (APPA y las asociaciones para el desarrollo de 9 de Julio y del Noreste Santafesino), con el objetivo de mantener e incrementar la superficie sembrada y el rendimiento del cultivo de algodón, expandiendo los procesos productivos de esta importante economía regional del norte santafesino.

Otra línea puesta a disposición por la cartera productiva son los créditos ejecutados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que forman parte de la línea de financiamiento de reactivación productiva que alcanza a aquellos productores agropecuarios interesados mejorar sus procesos productivos puede ser destinada para afrontar costos de capital de trabajo o para realizar inversiones de bienes de capital. Los montos de los préstamos van desde $1.000.000 hasta $20.000.000 y podrán ser beneficiarios microemprendimientos o pymes que desarrollen una actividad económica rentable y que cuenten con patrimonio para efectuar su devolución.

Finalmente, resaltó la funcionaria otra herramienta financiera que prevé créditos de hasta 150 mil pesos, sin intereses, con un plazo de gracia de seis meses y 12 para la devolución, destinados a pequeños productores apícolas de Santa Fe. Apunta a fortalecer la estructura productiva del sector y su capital de trabajo, y alcanza a productores que cuenten con hasta 50 colmenas registradas en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), y que sus explotaciones residan dentro del territorio provincial. Los créditos están destinados a la compra de insumos, material vivo e inerte, indumentaria y útiles de trabajo.