La creación de una comisión provincial para el debate y la elaboración de una Ley de Educación para Santa Fe con carácter consultivo, participativo y plural, fue propuesta por diputados radicales encabezados por el sancristobalense Marcelo González y podría aprobarse esta semana.

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia, intención que se frustró en varias ocasiones en la Legislatura en la última década.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

Propone que el grupo de trabajo esté integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras. En el caso de Diputados son once los integrantes donde están representados la mayoría de los espacios políticos. En Senado, son seis los integrantes con equilibrio de los espacios que integran el cuerpo.

"Estamos trabajando para que todos los espacios con representación parlamentaria estén en la comisión" le dijo González a El Litoral.

El proyecto de ley encomienda a la comisión promover la realización de foros, mesas de diálogo y encuentros participativos en cada uno de los departamentos de la provincia, asegurando representación territorial equitativa; participación de la comunidad educativa local; y registro y sistematización de los aportes.

Además le manda elaborar un informe final que contenga los aportes recogidos en las instancias departamentales así como los lineamientos y propuestas para una Ley de Educación Provincial.

El plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución y el Ministerio de Educación será el encargo de aplicar la formación de la comisión.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo".

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean ·efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

Para González la creación de la Comisión permitirá actualizar y profundizar un debate ya iniciado en diversas instancias participativas previas, a fin de dar respuesta a la compleja realidad actual. "Se posibilitará sistematizar diagnósticos y propuestas, generando un insumo técnico y político de alta calidad que sirva de base para el trabajo legislativo posterior", destacó.

"Este proyecto busca sentar las bases para una política educativa de largo plazo, construida colectivamente, que garantice el derecho a la educación de todos los habitantes de la provincia", señaló González.

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.

En el Senado, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es presidida por Germán Giacomino (UCR- Constitución), secundado por Osvaldo Sosa (PJ-Vera).

En Diputados, la comisión es encabezada por la socialista Gisel Mahmud secundada por el justicialista Miguel Rabbia.

Mario Cáffaro El Litoral “Seguimos dialogando con todos para alcanzar el máximo nivel de consenso y acuerdo alrededor de una #LeyDeEducación para nuestra provincia. La inexistencia de un marco jurídico que le de institucionalidad, muestra la fragilidad del sistema educativo” escribió en Twitter el diputado Alejandro Boscarol (UCR- Juntos por el Cambio) . De esta manera, el legislador pareció reflotar un tema que fracasó nuevamente en la agenda legislativa a fines del 2022. En diálogo con El Litoral, Boscarol señaló que se abrió una mesa de diálogo con los dos grandes bloques que tiene el Senado y que juntos ya mantuvieron reuniones con el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, y con el vicario para la educación del arzobispado de Santa Fe, Andrés Rodríguez. “Nos hemos sentado y soy optimista en lograr un texto que nos contenga a todos. No hay grandes diferencias y debemos trabajar para acercar las posturas y tener claro que las normas nacionales están en vigencia” dijo el radical. El arzobispo Martín recibió durante varias horas a Boscarol y al senador Armando Traferri junto a equipo de abogados que trabaja la temática educativa. En Santa Fe, Rodríguez tenía un pliego de objeciones al último texto que los legisladores tomaron y quedaron en analizar. En dos ocasiones ya, la Cámara de Diputados logró consenso interno para darle media sanción a una norma sobre educación que no prosperó en la Cámara de Senadores. La primera fue en septiembre de 2018 y en la segunda ocasión en octubre del año pasado. En la primera, sin votos en contra mientras que en octubre hubo voces y votos contrarios al texto girado en revisión a la Cámara Alta. Los rechazos fueron de legisladores ‘celestes’ más la abstención de Oscar Martínez (Frente Renovador). En esa sesión, la bancada justicialista apoyó pero advertía que hubiese sido necesaria una consulta previa con el Senado. En la comisión de Educación se analizó el fracaso de no tener sanción y mantener una norma vigente desde la década del 30 del siglo pasado. Fue allí donde Claudia Balagué (PS), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Silvana Di Stéfano (UCR – Evolución) encomendaron a Boscarol abrir un diálogo con los bloques del Senado para buscar un entendimiento. El primer paso lo dio con sus correligionarios y tuvo un rápido asentimiento e incluso acordaron que sea Rodrigo Borla (San Justo) quien se ocupe de la temática. También se sentó con Traferri, jefe de bancada justicialista y éste le pidió una semana para conversar el tema con demás integrantes del oficialismo en la Cámara Alta. Allí también hubo aval para que sea Traferri quien busque la posibilidad del acuerdo con Diputados. A la reunión con monseñor Martín no pudo asistir Borla por un problema familiar que lo bajó del auto sobre la hora. Hoy no hay proyecto de ley de Educación con estado parlamentario. El objetivo es consensuar un texto entre las comisiones de Educación de ambas cámaras y recién después ingresarlo para darle el tratamiento correspondiente. Antes, se analiza la posibilidad de hacer una o dos audiencias públicas para escuchar a los diferentes actores del sistema educativa. No descartan que las audiencias sean organizadas en forma conjunta por las dos cámaras para agilizar el debate. “Hay una ley de Educación nacional y una ley de ESI nacional a la que tenemos que atenernos” señaló Boscarol entusiasmado en que en el tercer intento será la vencida.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, fue citada por la comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados para el miércoles 16, a las 14. La resolución fue impulsada por Boscarol y los puntos agendados en la minuta votada son los siguientes:

* Cuál es el índice de deserción escolar durante el período 2020-2021 en todos los niveles y modalidades, como así también la cantidad de alumnos con trayectorias educativas fragilizadas durante la pandemia y en la actualidad; * Cómo se abordará la deserción escolar que se manifieste al inicio del ciclo lectivo 2022; * Cuáles fueron las medidas adoptadas para recuperar los aprendizajes no logrados durante el período 2020-2021 y sus resultados, como así también la metodología de evaluación utilizada; * De que manera se garantizó que los estudiantes del último año del nivel secundario egresados en el período 2020-2021 hayan adquirido los conocimientos propios del nivel y cómo se los evaluó; * Si existe alguna línea de trabajo orientada a acompañar a los estudiantes egresados en el período 2020-2021 para el acceso a los estudios superiores o al mundo laboral.

La reapertura del sistema de comedores escolares con el inicio del ciclo educativo previsto para estos días motivó la aprobación de dos pedidos de informes -que a manera de advertencia- fueron presentados en la última sesión de la Cámara de Diputados. Uno de ellos impulsado por el radical Marcelo González y otro por la socialista Erica Hynes.

El primero de ellos solicita saber si el Ministerio de Educación realizó una evaluación de las condiciones edilicias y de infraestructura de los establecimientos para garantizar las condiciones necesarias para brindar el servicio; si existe un plan de obras para su reacondicionamiento en los casos que hagan falta y cual es el mismo así como cuáles fueron los criterios utilizados para asignar 60 pesos diarios a las raciones de comedor y copa de leche por persona. El de Hynes reclama conocer cantidad de raciones y copas de leche diarias que se entregaban en los comedores escolares antes del inicio de la pandemia y durante los años 2020 y 2021; las que se brindarán a partir de su reapertura; cómo se garantizarán raciones en cantidad y calidad nutricional adecuadas, atendiendo a las diferentes realidades de los comedores escolares del territorio provincial; si se evaluó el impacto que tuvo el reemplazo de alimentos frescos diarios por bolsones de alimentos secos quincenales y cuál fue el resultado en cuanto a acceso, cantidad y calidad nutricional. También requiere saber por qué no se reinició la actividad presencial en los comedores escolares con la vuelta a la presencialidad en 2021 sobre cuál es el impacto esperado en las familias beneficiarias respecto al reemplazo de los módulos alimentarios y kits de copa de leche, y si dichas familias continuarán recibiendo algún tipo de asistencia alimentaria. La socialista recordó que el servicio que se prestaba a diario, en 2020, representaba 176.000 raciones y fue reemplazado por la entrega de 129.000 módulos alimentarios familiares quincenales y 250.000 kits para copa de leche. “Los alimentos frescos fueron reemplazados durante dos años por bolsones que contenían alimentos secos y cuya cantidad y calidad dependían de lo que cada escuela pudiera garantizar, ya que de ella dependía el abastecimiento, armado y entrega de los mismos”, señaló. “A a días del comienzo de las clases y ante las declaraciones emanadas desde Educación creemos que es urgente y necesario que el Ministerio brinde las respuestas que desde hace tiempo se vienen reclamando sobre política alimentaria para los estudiantes”, afirmó.

Mario Cáffaro El Litoral “La educación es un derecho social y un bien público garantizado por el Estado. La educación santafesina es pública, gratuita, laica, universal, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo” señala el artículo 2 del proyecto de ley de Educación que aprobó -en votación dividida- la Cámara de Diputados y giró en revisión al Senado. “La educación santafesina es obligatoria desde los tres años de edad hasta la finalización de la Educación Secundaria y promotora de la educación permanente a lo largo de toda la vida”, reza el artículo siguiente. Sin la unanimidad lograda en septiembre de 2018 y con un texto originado en aquella aprobación, la Cámara de Diputados reclamó el tratamiento del Senado para completar la sanción. El justicialismo -si bien votó afirmativamente- expuso como disidencia la necesidad de haber buscado un entendimiento previo con la Cámara Alta para lograr la sanción definitiva. En cambio, hubo fuertes críticas de los bloques celestes especialmente a través de Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) quien cuestionó el contenido ideológico de la ley que -su entender- va contra la ley nacional y contra tratados internacionales. “No reconoce el derecho a los padres de ser principales educadores de sus hijos. Una ley del siglo XXI no puede desconocer algo tan básico”, reprochó al pleno de la Cámara. “Debe ser una ley sin ideologías”, insistió. Los tres diputados de Somos Vida y Familia, los bloques unipersonales de Amalia Granata, Walter Ghione y de Betina Florito más Ximena Sola (Pro) votaron en contra mientras que Oscar Martínez (Ciento por ciento Santafesino) se abstuvo. La Cámara trabajo en comisiones sobre la base de tres proyectos de Igualdad (Rubén Giustiniani y Agustina Donnet), Claudia Balagué (PS) y Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio). En las diferentes expresiones favorables hubo reproches a la ausencia del ministerio de Educación en la discusión así como reproches y pocas expectativas a que el Senado respalde el texto. Fue la ex ministra Balagué la que abrió los discursos para fundamentar el proyecto. “Todos consideramos que la educación es una prioridad, la obligación del Estado es garantizarla y rara vez hablamos de las necesidades de mejora en la educación”, señaló. “No tenemos destino como sociedad sin educación. La ley aporta darle prioridad política a la educación, objetivos claros, fijar un rumbo. Plantea transformaciones para prolongar en el tiempo. Tener una ley después de 72 años será una vergüenza menos en la provincia”. No dejó de mencionar la socialista a educadores santafesinos que hicieron revolución en sus escuelas “y no podemos tener ley de educación”. Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia) cuestionó el momento del tratamiento pero también dejó en claro que los aportes que intentó hacer el sector no fueron tenidos en cuenta. Advirtió que no fueron atendidos muchos sectores como la educación privada, cooperadores escolares y cuestionó el capítulo de Educación Sexual Integral. Donnet y Carlos del Frade (Frente Social y Popular) resaltaron la importancia del trabajo realizado en la anterior y esta integración en la discusión del proyecto con actores del sistema educativo. “Es el mejor momento para discutir la norma porque la pandemia demostró los problemas que ocasiona no tener una norma actualizada”. En cambio, Del Frade aclaró que no tiene expectativas del avance del tema en el Senado como tampoco en otros temas como acceso a la información pública o la defensa de los derechos de los consumidores. Boscarol resaltó la voluntad política de impulsar la ley, valoró los debates realizados que permitieron cambiar la mirada en muchos aspectos. Explicó que la deuda es con el sistema educativo y con su historia. Santa Fe no actualizó su legislación pese a los bruscos cambios producidos en la década del 90 durante la reforma del gobierno de Carlos Menem. A la hora de exponer sobre los artículos destacó la importancia de tener consejos escolares para darle poder a la escuela. “La ley recupera el rol transformador educador de la escuela” y defendió la necesidad de la obligatoriedad desde los tres años. “Queremos la ley, damos testimonio de ello, le pedimos al gobierno que se interese”, remató. También expusieron a favor Silvana Di Stefano (UCR), Mónica Peralta (Gen) y Ricardo Olivera (PJ). “Voto convencido de que Santa Fe tiene que tener una ley; tenemos temores e interrogantes sobre el Senado”, subrayó el justicialista.

Otra vez, es un clásico cuando empieza a asomar el fin de año. La Cámara de Diputados completó la sanción de un proyecto de ley iniciado en el Senado para habilitar a municipios y comunas a que utilicen hasta el 50% de los recursos presupuestarios para Obras Menores para gastos generales. “Hay que prepararse para pagar aguinaldos” dijo un legislador en los pasillos admitiendo la necesidad de garantizar fondos a las administraciones locales, muchas de las cuales terminarán mandatos el 10 de diciembre.

Presencialidad Después de diecisiete meses, la Cámara de Diputados habilitó la posibilidad de presencialidad plena de sus integrantes, siempre que tengan las dos dosis de vacuna para prevenir el Covid. “Es un gusto verlos nuevamente en el recinto” dijo el presidente, Pablo Farías, al abrir la sesión. Pidió a los presentes cuidarse, mantener el barbijo y el alcohol en gel estaba en cada banca. La mayoría de los representantes lucía un lazo rosado en el marco de la semana de lucha contra el cáncer de mama. Al final hubo aplausos y Farías hizo votos para que los 50 estén en el recinto en la próxima sesión.

Vacunas La condición esencial para ingresar al recinto para los diputados y el poco personal técnico presente en la sesión era tener las dos dosis de vacuna. Eso hizo que cuatro legisladores participaran en forma remota mientras que hubo dos ausentes con aviso. Debido a la participación remota de cuatro diputados, todavía la Cámara no volvió a la votación electrónica de los proyectos de ley.

Puente La Cámara de Diputados se pronunció por pedirle al Poder Ejecutivo que gestione ante el gobierno nacional la inclusión en el Presupuesto 2022 de partidas para el futuro nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. El tema llegó merced a sendas iniciativas de Oscar Martínez (Ciento por ciento Santafesino) y de Fabián Palo Oliver (Radicales Libres).

Mario Cáffaro El Litoral La Cámara de Diputados tiene, entre los proyectos con preferencia para este jueves, la futura ley de Educación y la decisión de la mayoría de los bloques políticos es votar el texto y girarlo en revisión al Senado. El asunto tiene los dictámenes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda y resta el de Asuntos Constitucionales que llegaría el jueves al mediodía. En caso de no alcanzar el dictamen, será tema de la próxima sesión. El acuerdo está maduro. Será la segunda ocasión en que la Cámara Joven se pronuncie sobre un tema muy sensible. La anterior fue en septiembre de 2018, un dictamen que llegó con fuerte consenso pero que no avanzó luego en el Senado donde hubo objeciones de los obispos católicos y de un grupo de escuelas privadas, especialmente por la inclusión del capítulo de Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa ahora a debate tiene como origen el proyecto de ley ingresado en mayo del año pasado por Rubén Giustiniani y Agustina Donnet del bloque Igualdad. Al mes siguiente fue la socialista Claudia Balagué la que encabezó con su firma y de otros socialistas un proyecto para regular el derecho a la educación en el territorio santafesino.  El tercero, también de junio de 2020 fue ingresado por Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) acompañado por Donnet, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Ricardo Olivera (PJ). “La presente iniciativa reproduce textualmente el articulado del proyecto unificado de Ley de Educación Provincial que, habiendo obtenido media sanción en esta Cámara, ha perdido recientemente estado parlamentario. Quisiera primero destacar que este texto fue producto de un amplio análisis y debate de seis proyectos que junto al de mi autoría fueron presentados por los siguientes diputados: Verónica Benas, Patricia Chialvo, Rubén Giustiniani y Carlos Del Frade, proyectos a los que luego se sumó también un mensaje del Poder Ejecutivo”, dice en los fundamentos. Balagué admite que el texto en discusión es muy similar al votado en 2018 “pero con algunas mejoras”. Giustiniani también le dijo a El Litoral que se trabajó sobre la media sanción que fue con amplio consenso. En aquel momento, el segundo era diputado y la primera era la ministra del área en el gabinete de Miguel Lifschitz. En octubre del año pasado, la Comisión de Educación dictaminó el asunto con fuerte consenso. Entre las firmas está Balagué -ex ministra del área y presidenta del grupo-  Silvana Di Stefano (UCR), Donnet, Erika Hynes (PS), Mónica Peralta (Gen), Boscarol y Marcelo González (UCR). En cambio, Juan Domingo Argañaraz (Somos Vida) emitió un dictamen en minoría. “Nos oponemos a que una ley de tamaña envergadura sea tratada en un momento tan inoportuno” en referencia a la pandemia que estaba en ese momento en momentos de incertidumbre. Pero también advirtió que el dictamen de mayoría no fue “fruto de un debate plural, amplio y consensuado, se emite como resultado de un tratamiento apurado, sesgado y sectorizado. En ningún momento del debate en el seno de la Comisión se dio la oportunidad a las escuelas de gestión privada de expresar sus posturas”, señaló. Hizo notar la poca consulta de gremios y de cooperadores. “Abogo por una ley verdaderamente plural, con participación efectiva de todos los sectores de la sociedad, basada en premisas con sustento objetivamente científico y producto de un debate responsablemente abordado”, afirmó en el dictamen. En junio de este año llegó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde sumó su firma el oficialista Olivera. El jueves será el turno de Asuntos Constitucionales pero el acuerdo político permite anticipar que llegará al recinto donde se escucharán muchas voces en una Cámara que volverá a una mayor presencialidad. El artículo 1 del dictamen dice que “la presente ley regula el ejercicio del derecho a la educación en el territorio de la Provincia de Santa Fe conforme a los principios consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados a ella, la Constitución Provincial, la Ley 26206 de Educación Nacional y a los que en esta ley se determinan”. En el segundo afirma que “la educación es un derecho social y un bien público garantizado por el Estado. La educación santafesina es pública, gratuita, laica, universal, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo” y la define como obligatoria desde los 3 años hasta la finalización de la educación secundaria.

Para este jueves, a las 13, está convocada la Asamblea Legislativa para tratar el pliego de Oscar Biagioni para integrar el Tribunal de Cuentas por un nuevo período. No obstante, la reunión pasaría para el jueves 14 a pedido de la Comisión de Acuerdos que recibió hasta ayer apoyos y objeciones al candidato. La comisión además fijó la entrevista con Biagioni para el miércoles 13.

A través de un proyecto de comunicación, el diputado Palo Oliver (UCR) insistió en su pedido para que el gobernador y los representantes de Santa Fe en el Congreso Nacional, asuman un rol activo en la gestión que conduzca al llamado a licitación para la construcción de la nueva interconexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé. Recordó que ya se han cumplimentado todos los pasos técnicos y administrativos previos dispuestos por la ley para el llamado a licitación. El último fue la aprobación, por parte de Vialidad Nacional, del proyecto ejecutivo presentado por la empresa adjudicataria. Este acto administrativo data de noviembre de 2014, sin que los sucesivos gobiernos nacionales hayan avanzado en el llamado a licitación para la determinación de la empresa que se haga cargo de la ejecución de la obra. A partir de esa fecha, los presupuestos nacionales elaborados por las diferentes gestiones gubernamentales nunca consideraron seriamente la afectación de los recursos necesarios para avanzar en la concreción de esta ansiada obra. El legislador entiende que “el gobernador debe convocar a quienes tienen la posibilidad material de influir en el diseño final del presupuesto, que no son otros que los actuales representantes de la provincia en el Senado de la Nación, a los efectos de que en defensa de los intereses provinciales trabajen para que se incluya esta importante obra en las previsiones presupuestarias”. Señaló que “desde la intendencia de Santo Tomé empujamos y gestionamos sin descanso, logrando que la tramitación alcance el punto actual: la aprobación del proyecto ejecutivo. Restaba solamente la decisión política de asignar recursos y llamar a licitación para la adjudicación de la obra. Desde esa fecha estamos reclamando insistentemente para que esto ocurra. Este pedido al gobernador va en esta misma sintonía. No vamos a bajar los brazos, aún cuando debamos chocar contra el desinterés o la desidia”.