Entre la Cámara de Diputados y la de Senadores suman casi 60 proyectos de ley relacionados con la problemática que por estos días ocupa buena parte de la atención pública y política: la morosidad, que se traduce en un alto nivel de endeudamiento familiar.

Tras la última sesión de la Cámara baja, una variopinta representación opositora pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de emplazar a las comisiones lideradas por La Libertad Avanza para que inicien el tratamiento de un tema que preocupa a millones de personas.

Al día siguiente se conoció la convocatoria de la comisión de Finanzas hacia la que tienen giro la mayoría de los proyectos presentados. El grupo está bajo la presidencia de Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y recibirá la exposición de autores de las distintas iniciativas (34 figuran en el temario), de las cuales varias pertenecen a legisladores de Santa Fe. Entre ellos, Caren Tepp, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Germán Martínez y Agustín Rossi.

Algunos proyectos tienen giro a la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, que lidera Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) y ya organizó jornadas para escuchar opiniones de organismos y damnificados por lo que se descuenta que no recibirán objeciones. Otros, los menos, deberá pasar por Presupuesto y Hacienda donde el presidente es Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires) que, al menos de momento, no fue convocada.

De todos modos, el objetivo de buena parte de los diputados es impulsar medidas que no impliquen un costo fiscal, de manera de no recibir el rechazo del gobierno que sostiene el principio de equilibrio fiscal por encima de todo compromiso, aún si fuera establecido por ley.

Todo esto ocurre mientras el presidente de la Nación Javier Milei consideró que el endeudamiento es un tema “entre privados”, concepto que fue ratificado este lunes por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien no cree “necesario” que el Estado intervenga, “porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor".

“La mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar, esto es dato. Yo veo que detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador", siguió el riojano, en línea con la postura del gabinete nacional.

Precisamente, en la provincia de los Menem, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias.

La iniciativa, que se presenta bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados "abusos financieros", busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares, de acuerdo a lo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Quintela expresó que “en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”.

El programa de asistencia del Banco Rioja se compone de tres herramientas concretas.Por un lado, la entidad dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

Además, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Por último, se implementará un plan de reestructuración para saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

Esta iniciativa se suma a otras que adoptaron, con matices, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz.

Los proyectos para abordar este tema en el Congreso se cuentan por decenas, incluyendo los de ley y sumando aquellos de declaración, comunicación y resolución.

No solo en la Cámara baja: en el Senado hay 7 iniciativas de ley, incluidas dos de autoría de otro santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialista); una establece un régimen especial de regularización y asistencia para personas físicas que se encuentren en situación de mora con deudas por tarjetas de crédito, y otra para modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y reducir tasas de interés.

De acuerdo a los datos difundidos en las últimas semanas, cerca de 20 millones de personas mantienen algún tipo de crédito o financiamiento formal, mientras que el 70% de la población considera que su nivel de endeudamiento aumentó significativamente durante el último año.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, casi cuatro de cada diez se encuentran en situación de mora, impulsados principalmente por el uso de créditos digitales y billeteras virtuales.

Según información del Banco Central, la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. En el caso de las familias, el salto fue todavía más pronunciado: del 2,5% al 9,3% en apenas doce meses.

Durante 2026 la tendencia continuó agravándose y los registros alcanzaron niveles superiores al 12%, los más elevados en décadas según diversos análisis económicos, de acuerdo a lo publicado por Parlamentario.com que realiza un pormenorizado relevamiento de los proyectos presentados en el Congreso Nacional.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, presentó el balance correspondiente a los primeros siete meses de 2026, que refleja una labor sostenida en materia de atención, fiscalización y promoción de los derechos de los consumidores. 

Entre enero y julio de 2026, ingresaron 7.465 denuncias vinculadas a relaciones de consumo. Del total de los expedientes finalizados, 595 casos concluyeron con acuerdos entre las partes, reforzando así los mecanismos de resolución de conflictos a través de una gestión eficiente, productiva y transparente.En cuanto a la composición de las denuncias recibidas, el sector de servicios financieros concentró 1.841 reclamos. Entre los principales motivos se destacan el incumplimiento total en la prestación de servicios (33,49 %); le siguen las cláusulas abusivas, el incumplimiento de ofertas y la falta de baja de servicios (19,97 %); el cumplimiento parcial de la prestación (17,2 %) y por último las estafas (15,67 %). Luego, le suceden los servicios de comunicaciones.En comparación con el mismo período del año anterior, los primeros meses de 2026 mostraron un aumento significativo en la cantidad de reclamos. El volumen registrado entre enero y julio equivale al 76,9 % del total anual de denuncias recibidas durante todo 2025, lo que evidencia un crecimiento sostenido en el uso del sistema por parte de la ciudadanía y una mayor confianza en los mecanismos provinciales de protección. Además, julio fue el mes con mayor cantidad de reclamos en lo que va del año, concentrando el 13,4 % de las denuncias registradas en 2026. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “tomamos la decisión, con mayor fuerza post Reforma Constitucional con el gobernador Maximiliano Pullaro de jerarquizar la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y ponerla al servicio de la gente. Cada denuncia recibida y cada acuerdo alcanzado es una respuesta concreta del Estado provincial a los santafesinos para cuidar sus derechos”.

En paralelo con la gestión de denuncias, la Dirección Provincial reforzó las tareas de control. Entre abril y julio se realizaron 1.165 fiscalizaciones e inspecciones en 28 localidades, enfocadas en tres ejes prioritarios: seguridad alimentaria, transparencia en los precios y control de instrumentos de medición. Al mismo tiempo, el equipo de la dirección participó activamente del programa Santa Fe Acá, una iniciativa que facilita el acceso a servicios y políticas públicas a la ciudadanía a través de un despliegue territorial de operativos de cercanía.Como resultado de estas intervenciones, se iniciaron actuaciones administrativas y expedientes que permitirán garantizar los derechos del consumidor, fortaleciendo las acciones de control y el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el organismo continúa desarrollando las fiscalizaciones previstas por la Ley Provincial N° 13.712, avanzando en la rubricación de los libros de quejas de las entidades financieras con presencia en Santa Fe.

Durante los primeros siete meses del año, la Provincia avanzó en distintas acciones destinadas a mejorar la protección efectiva de los consumidores mediante la organización del primer Consejo Federal de Comercio Interior y del Consejo Federal del Consumo, la firma de un convenio de capacitación con la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (Apreco), y el avance en el desarrollo del Sistema de Protección de la Persona Consumidora de la Provincia de Santa Fe, una iniciativa que busca modernizar los procedimientos administrativos, agilizar la gestión de los reclamos y brindar respuestas cada vez más eficientes a la ciudadanía. La Provincia trabaja además en la interoperabilidad del sistema con las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) de todos los municipios y comunas, para unificar criterios y respuestas en todo el territorio. “Queremos contar con procedimientos más ágiles, criterios comunes y herramientas que nos permitan ofrecer respuestas eficientes”, aseguró Valeria Schvartz, directora provincial de Defensa del Consumidor, y agregó “la cercanía y la protección de los derechos de los consumidores es una política de Estado en toda la provincia”.

En la Semana Mundial de los Derechos del Consumidor, el Gobierno de Venado Tuerto a través de la Subsecretaría de Vecinales recuerda que está a disposición de los vecinos la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), un espacio para canalizar consultas, reclamos e inquietudes relacionadas con la prestación de servicios y los derechos que asisten a los consumidores a obtener un trato comercial justo.

La OMIC ofrece asesoramiento pero también interviene en gestiones ante diferentes casos, logrando alto porcentaje de resoluciones por la vía de la conciliación.

La fecha también es propicia para enumerar algunos derechos básicos que asisten a los consumidores: acceso a información clara y veraz; seguridad en los productos; elegir libremente; ser escuchados; reclamar reparación, cambio o devolución de dinero si un producto falla; pedir y guardar ticket o factura de compra; revisar condiciones y garantías del producto o servicio adquirido.

Informes y consultas OMIC: Terminal de Ómnibus PB, contacto al 3462-503544, e-mail: omic@venadotuerto.gob.ar; lunes a viernes de 7 a 14.

El 15 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que desde 1983 fue declarada por la ONU para conmemorar el discurso del presidente John F. Kennedy el 15 de marzo del 1962, donde consideró por primera vez al consumidor como pieza fundamental en el proceso productivo.

Los defensores del Pueblo de Santa Fe a cargo, Gabriel Savino y Jorge Henn, dirigieron una nota al gerente de la sucursal Santa Fe -la misma situación se vive en la sucursal de Venado Tuerto- de Litoral Gas, Ing. César Donna, en la que exhortan a que “se arbitren los medios necesarios en las sucursales de la empresa para garantizar la atención presencial sin turno previo para aquellos usuarios que manifiesten dificultades en el acceso a los conocimientos técnicos necesarios para obtenerlo a través de la web; y/o en los casos en que la urgencia del caso así lo amerite”.

Jorge Henn, en una reunión que tuvo con Donna, en la sede Santa Fe, también le transmitió la queja de la Cámara de Gasistas, Sanitaristas y Servicios de la Construcción de Santo Tomé por las demoras en el otorgamiento de turnos para realizar las inspecciones, que “entiende que no hay un uso eficiente de los recursos humanos disponibles”.

Los gasistas argumentan que “por cada inspección final que conlleve el servicio, la vivienda se inspecciona dos veces, en un claro ejemplo de desperdicio de horas hombres siendo que la empresa aduce tener poco personal para llevar adelante esa tarea. Este procedimiento sólo se aplica en la sucursal Santa Fe y no así en otras, como por ejemplo la de Rosario”, cita la Defensoría.

“Tanto los clientes como los gasistas matriculados que concurren a la sucursal Santa Fe de Litoral Gas son atendidos por personal de limpieza y el guardia de seguridad, prohibiéndole el ingreso si no cuentan con turno”, aseguran los instaladores santotomesinos en el comunicado de los defensores del pueblo Santa Fe y Rosario, a cargo del organismo.

“El mismo proceder tienen con los adultos mayores que se acercan a la sucursal para consultar cómo obtener turnos. Obtienen la misma respuesta: a través de la web, sabiendo que dicho grupo etario o no posee la tecnología adecuada o no la sabe utilizar”, describe la nota presentada en la Defensoría.

Finalmente, Henn y Savino le recordaron al gerente de la sucursal Santa Fe, César Donna, que la resolución 139/20 de la Secretaría de Comercio Interior considera consumidores hiper vulnerables a las y los consumidores que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, éticas, y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores.

El Consejo Federal del Consumo (Cofedec) celebró este viernes su 100ª Asamblea en la ciudad de Rosario. Y no es casualidad que esto haya tenido lugar en territorio santafesino. El Gobierno Provincial viene desarrollando una intensa agenda en materia de defensa de los derechos de los consumidores con el objetivo de optimizar las vías de atención, asesoramiento y resolución de reclamos. Entre sus principales desafíos se encuentra el de saldar una deuda histórica: su propia Ley Provincial de Defensa del Consumidor.

Así lo explicó la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, tras la realización de la Asamblea del Cofedec: “Santa Fe dio un salto de calidad en la protección de los derechos de consumidores y usuarios como nunca antes se había hecho. El mayor fruto de ello será la Ley provincial que esperamos tener pronto y que saldará una deuda de 29 años desde que se sancionó la Ley Nacional 24.240 en 1993. En ese entonces se instó a las provincias a regular esa normativa, pero aquí no se logró”.

Entre sus principales líneas de acción, mencionó Albrecht que la Provincia se concentra en la descentralización de la atención a usuarios y consumidores. En el año 2020, el gobernador Omar Perotti decretó la creación de la Red Provincial de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (Repomic) y el Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Repac).

Como resultado de este proceso se conformó un nutrido entramado integrado por 27 oficinas municipales, 4 oficinas comunales y 6 asociaciones. Muchas de ellas recibieron, durante este 2022, aportes por más de 10 millones de pesos para el fortalecimiento institucional de su trabajo, política inédita a nivel nacional. “La descentralización de funciones se hace con el consecuente traslado de recursos. De lo contrario, ya se vio años atrás, queda en letra muerta”, aseguró Albrecht.

El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, expresó: “Gran parte de la agenda nacional de temas de consumidores han sido tomados de nuestra provincia, donde la sinergia entre lo público y lo privado fue el camino”. Ejemplo de ello, destacó, es la creación de la Mesa de Diálogo para la Promoción del Comercio y el Consumo, donde se debaten más políticas públicas con representantes comerciales, de consumidores, académicos, sindicales y empresariales.

Entre los mayores logros santafesinos se encuentra la sanción aplicada a Pedidos Ya por haber incrementado de forma desmedida sus comisiones al sector gastronómico durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Ante la falta de presentación de documental que justificara el aumento, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios imputó a la firma por 3 millones de pesos y fijó una comisión provisoria máxima del 18% para un servicio que al momento de la sanción se había incrementado entre el 30% y el 35%. Luego de estas intervenciones, la empresa se presentó a conciliar las comisiones con el sector afectado a través de un procedimiento inédito en la provincia que fue la apertura de una instancia de conciliación administrativa colectiva.

Al respecto, Aviano planteó que “esta provincia fue la única que tomó el reclamo del sector gastronómico para defender sus derechos junto a los de las y los consumidores. Luego de este precedente, la Nación instó a la misma empresa a abordar un acuerdo nacional, tomando los argumentos vertidos en primera instancia por Santa Fe e hizo en el país lo mismo que habíamos hecho en la provincia. Fue un logro no del gobierno, sino de esa articulación con los privados”.