Habían pasado casi 10 horas de sesión cuando el Senado nacional convirtió en ley el financiamiento universitario y un buen rato más hizo lo propio con la emergencia pediátrica, dos normas que el presidente Javier Milei anticipó que va a vetar porque, según sus cálculos, comprometen el equilibrio fiscal.

La Cámara de Senadores celebró este jueves, desde poco antes del mediodía, una maratónica sesión en la que se destinaron varias horas al debate y posterior rechazo de cinco decretos presidenciales que, fundados en las facultades delegadas que incorporó la mega Ley de Bases, intervinieron organismos públicos: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

El debate sobre esta materia se inició al mediodía, en simultáneo con la exposición del ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, ante el Council of the Americas donde defendió los efectos de las medidas de ajuste realizadas por el gobierno nacional.

Todos los decretos fueron rechazados.

Mucho después y ya avanzada la tarde, llegó el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento universitario, que venía con media sanción de Diputados y propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos. Una vez más, hubo apoyo mayoritario y la iniciativa, impulsada por rectoras y rectores de todo el país nucleados en el Consejo Universitario Nacional, obtuvo sanción por 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Domingo 15 de septiembre de 2024. Por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío del Presupuesto para este año. Luego se decidió reconducir el que rige desde 2023. Crédito: Archivo.

Es la segunda vez en dos años consecutivos que se sanciona una ley en este sentido. El año pasado, en septiembre, llegó a convertirse en ley un proyecto similar y en octubre fue vetada por el Presidente. El mismo criterio anticipó Javier Milei para esta nueva ley aunque hasta el momento no hubo anuncios en ese sentido.

El último revés al oficialismo llegó entrada la noche y fue con la sanción de la ley de emergencia en salud pediátrica, que prevé más fondos, recomposición salarial y derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas. La diferencia fue más amplia aún: 62 votos positivos y 8 negativos.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo llegó desde La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Con el trasfondo en la delicada situación que atraviesa el Hospital Garrahan, referente en todo el país en atención de excelencia, el dictamen fija que las autoridades deberán garantizar "el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes".

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales".

"Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023".

También exime al personal de salud del pago de Ganancias cuando desempeñan "actividades críticas, horas extras y/o guardias".

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La cuestión de los fondos, partidas y asignaciones sobrevoló toda la sesión de la Cámara alta, por una razón bien concreta: la ausencia de un Presupuesto de Gastos y Recursos. En realidad, en un hecho inédito, la gestión actual recondujo por segunda vez el presupuesto de 2023, situación que para legisladores de ambas cámaras (el reclamo está siempre presente en Diputados) complica toda discusión.

El año pasado, el financiamiento universitario fue ley, luego llegó el veto presidencial y un nuevo reclamo en las calles. El Senado sancionó este jueves una norma impulsada por el CIN. Crédito: Archivo/Manuel Fabatía.

En el recuerdo quedó la presentación del proyecto para este año, el 15 de septiembre de 2024, cuando Milei convocó a la asamblea legislativa en plena noche de domingo y por cadena nacional anunció el envío del Presupuesto que luego quedó congelado en comisiones.

¿Qué pasará este año? Habrá que esperar a mediados del próximo mes para saber qué decisión adopta el Ejecutivo nacional.

Mientras tanto, nadie duda que fue una semana complicada para el presidente Milei, que insiste en descalificar al Congreso y sus integrantes pero tuvo un fuerte revés en la Cámara de Diputados, que el miércoles rechazó el veto total a la emergencia en Discapacidad y, un día después, el resultado de un Senado que propinó un 7 a 0 (cinco decretos rechazados y dos leyes aprobadas) a la administración nacional.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto que habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado” (sancionada en agosto de 1989), aseguró el funcionario en su habitual ronda de prensa en Casa Rosada.

La decisión surge en medio del enfrentamiento que existe entre la compañía y los gremios aeronáuticos que realizan paros en el marco de la negociación paritaria.

La sujeción de la empresa a una eventual privatización estaba contemplada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero fue eliminada del proyecto como una de las condiciones negociadas para facilitar su aprobación. El gobierno dejó en claro no obstante que intentaría avanzar y el Congreso nacional se encuentra discutiendo dos iniciativas en ese sentido, una del PRO y otra de la Coalición Cívica, que no tienen garantizados los consensos necesarios para prosperar.

Imagen ilustrativa. Aerolíneas Argentinas.

En medio de ese debate parlamentario, que en el curso de esta semana se desarrolló en comisiones de la Cámara de Diputados, se anunció la determinación del presidente de la Nación de acelerar los tiempos, en el entendimiento de que está habilitado a hacerlo por decreto.

Para justificar la medida, el vocero presidencial acudió una vez más a los argumentos esgrimidos en los últimos días, en el marco del conflicto sindical. “Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su estatización en 2008, los aportes del Estado Nacional superan los 8 mil millones de dólares. ¿Por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina en los últimos años”, argumentó Adorni.

El artículo citado este viernes por Adorni de la ley de 1989 especifica que la declaración del Poder Ejecutivo de que una compañía es “sujeta a privatización” le asigna trámite parlamentario de preferencia a la cuestión. Pero la norma indica que “la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. En el anexo de esa ley, mientras tanto, figura Aerolíneas Argentinas en listado de empresas que pueden ser sujetas a privatización “total o parcial”.

La misma ley especifica: “El acto que declare ‘sujeta a privatización’ puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada”.

“El decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”, agrega.

La Cámara de Diputados de la Nación inició una nueva sesión especial en la que el gobierno tiene puesta toda su atención porque allí se tratarán la Ley de Bases y el paquete fiscal. Dos dictámenes serán puestos a consideración de legisladores y legisladoras que sellarán la suerte, este jueves, de las normas que espera el Ejecutivo nacional para esgrimir gobernabilidad y poner en marcha el demorado Pacto de Mayo.

Con 131 diputados, la sesión comenzó poco antes de las 12.30 y tuvo una característica particular: en las bancas había dispuestos carteles con la imagen de Loan, el pequeño de 5 años que desde hace dos semanas permanece desaparecido en la provincia de Corrientes.

Un dictamen convalida los cambios que introdujo la Cámara de Senadores a la Ley de Bases y el paquete fiscal, y otro recupera los capítulos de Ganancias, Bienes personales y gastos tributarios, tal como convalidó la Cámara baja a fines de abril cuando le dio media sanción a las dos iniciativas del gobierno.

Para conocer el resultado de esta compulsa, que lleva unos seis meses de debate, con un proyecto original muy voluminoso, modificaciones y capítulos que quedaron por el camino y otros que se desprendieron en un proyecto diferente (el paquete fiscal) habrá que esperar, prácticamente, hasta la medianoche.

La sesión fue convocada para el mediodía de este jueves y será presidida por Martín Menem. Pero para llegar a la votación habrá que pasar por otras instancias como la renuncia y asunción de legisladores (la Izquierda rota sus bancas entre los integrantes de la lista), las cuestiones de privilegio (se presentarán 15) y, luego, ya puestos en tema, la discusión de los dos proyectos con las instancias de exposición de miembros informantes, presentaciones de los bloques, discursos de cierre de las bancadas e individuales y, finalmente, la votación, primero de la Ley de Bases y luego del paquete fiscal.

Para la aprobación de la Ley Bases, se resolverá mediante una única votación de todo el texto, respaldando la totalidad de las modificaciones aplicadas por el Senado, lo que incluye también el paquete de privatizaciones sin Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. No obstante, el oficialismo ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

También quedó afuera del dictamen la eliminación de la moratoria previsional. De esta manera, el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgarles la jubilación a personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA, seguirá vigente.

El dictamen del paquete fiscal tendrá cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111 sobre gastos tributarios que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego (aunque es casi imposible que se logre avanzar ya que este artículo fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos).

La segunda votación en particular será la de Ganancias, y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Por Claudia Cabrera

En una extensa jornada de debate, el día miércoles la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la Ley Bases. Sin embargo, previo a su aprobación, se eliminó del proyecto la derogación de la moratoria y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional (PRP), medidas que habían sido aprobadas previamente por la Cámara de Diputados.

¿Cómo funciona la moratoria previsional actual? La moratoria previsional es un plan que permite a las personas que no tienen los 30 años de aportes necesarios, según la ley 24.241, jubilarse y pagar esa deuda en cuotas mensuales.

La Ley 27.705, Plan de pago de Deuda previsional, ha permitido que 460.000 personas se jubilen durante el año pasado, por ejemplo, a pesar de no tener los años de aportes necesarios.

¿Quiénes pueden acceder? Mujeres de 60 años y hombres de 65 años o más: pueden acceder a esta moratoria y pagar sus cuotas.

Personas que aún no cumplen con la edad mínima para jubilarse (mujeres menores de 60 y hombres menores de 65): también pueden acceder si demuestran que tienen ingresos suficientes para pagar la deuda.

Para esto, existen dos unidades: Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP): permite a quienes ya tienen la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) pagar los meses faltantes en cuotas, calculadas como el 29 % de la base mínima imponible. Este plan puede ser extendido por dos años más y asegura que cada unidad representa un mes de aportes. Cada mes, se descuenta de la jubilación el 29 % de esta remuneración mínima imponible para pagar la deuda. Ejemplo: si la remuneración mínima imponible es de $10.000, entonces cada cuota sería de $2.900. Esta cantidad se descuenta de los pagos. Se pueden saldar años anteriores a 2008 en hasta 120 cuotas.

Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores en Actividad: está dirigido a personas que aún no han alcanzado la edad de jubilación, pero les faltan menos de 10 años para llegar. Estos trabajadores pueden pagar los meses faltantes de aportes de forma voluntaria.

El proyecto inicial de la Ley Bases proponía eliminar la moratoria previsional y establecer un nuevo sistema denominado Prestación de Retiro Proporcional (PRP). Aunque esta propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados con 125 votos positivos, 113 negativos y 3 abstenciones, no pasó el filtro del Senado. La Ley volverá a pasar por Diputados y allí dependerá del tratamiento en particular.

Los ítems inicialmente incluidos en la ley son los siguientes:

Por Azul Cibils

Mientras continúa la jornada de negociaciones en el Senado, estas son los posibles caminos para la Ley Bases.

Para que el proyecto sea aprobado este miércoles, el oficialismo tendrá que reunir 37 afirmativos. En caso de empate, lo cual se proyecta como posibilidad, desempata la presidencia del Senado, Victoria Villarruel.

La sesión hasta ahora ya cuenta con cambios a la ley. Si ésta se aprueba, debe volver a Diputados. En esta instancia, la Cámara baja no puede incorporar nuevos cambios, solo aceptar o rechazar la redacción aprobada en el Senado.

Una vez aprobado el texto en el Senado, Pablo García Boccino, director de Análisis Político de Directorio Legislativo estima que el nuevo texto llegará este viernes a la Cámara de Diputados, y ya desde la semana que viene estarían habilitados para avanzar.

En este caso el proyecto puede tener dos direcciones. Dado que una vez que los diputados reciban el texto aprobado por el Senado se presupone cierto acuerdo de las dos cámaras para legislar, las posibilidades son que Diputados apruebe los cambios o que insista en la redacción original.

En caso que la Cámara acepte las modificaciones, finalmente se sancionará el texto aprobado en el Senado y éste pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Si la Cámara de Diputados insiste en la redacción original, necesita alcanzar la misma mayoría o superior que aquella con la cual el Senado aprobó el texto para que se sancione como ley. Esta mayoría se mide en términos de mayoría simple– la mitad más uno– o absoluta–dos tercios de los presentes. En caso de no lograrlo, quedaría sancionado el texto aprobado en el Senado.

“Esto dependerá de lo que necesite el oficialismo, para ver si insisten en el texto que más les conviene, o si va a aceptar uno que le pareciera menos conveniente”, explicó Boccino.

Si la Cámara de Diputados acepta las modificaciones del texto propuesto por el Senado, Boccino estima que la ley estaría en las manos del Poder Ejecutivo para principios de julio.

“Depende mucho de la construcción de consensos políticos, pero una estimación desde Directorio Legislativo es que probablemente, en el mejor de los casos, sea la primera semana de julio", dijo.

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron este miércoles momentos de tensión frente al Congreso, cuando se trataba en el Senado el proyecto de la Ley de Bases, mientras que arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia.

Los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

"Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa. "Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini.

Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

El paro de actividades programado para hoy en las terminales de descarga de granos del sur santafesino, organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo, ha sido desactivado debido a la intervención del gobierno nacional, que dictó la conciliación obligatoria. La medida fue anunciada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), generando una reacción de rechazo en el gremio.

El paro había sido convocado en repudio al proyecto de Ley de Bases, coincidiendo con su tratamiento en la Cámara de Senadores. Ayer, el gremio aceitero había anunciado el cese de actividades en varias plantas clave de la región, entre ellas Bunge y Terminal 6 en Puerto General San Martín, Renova en Timbúes, y Cargill en Puerto General San Martín, entre otras. La protesta se perfilaba como una acción de fuerte impacto en el sector logístico y agroexportador.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria a pedido de las principales empresas aceiteras, incluyendo Cargill, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Terminal 6 SA, T6 Industrial SA, Molinos Agro SA, Renova SA y COFCO Internacional SA, en conjunto con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). La medida busca limitar el derecho a huelga y el alcance de la protesta.

En un comunicado emitido esta mañana, la FTCIODyARA expresó su descontento con la decisión gubernamental, señalando que la medida busca "cercenar el derecho a huelga y limitar la protesta contra la Ley Bases". El sindicato calificó la intervención del gobierno como un intento de "evitar que los trabajadores se manifiesten en la calle" y denunció que la política económica del gobierno nacional ataca a la clase trabajadora, los sindicatos, las organizaciones sociales y los jubilados.

Imagen ilustrativa.

La huelga por tiempo indeterminado, que debía comenzar esta medianoche, formaba parte de las protestas contra el proyecto de Ley Ómnibus denominado "Bases" y la política económica del gobierno. El sindicato reafirmó su rechazo a la reincorporación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría y a la reforma laboral, que consideran un retroceso en las conquistas logradas.

La audiencia para tratar esta medida de conciliación obligatoria ha sido fijada para el próximo 19 de junio. La FTCIODyARA exige la presencia del presidente Javier Milei o de su ministro de Economía, Luis Caputo, en dicha audiencia, subrayando la necesidad de un plan de lucha que incluya una nueva huelga general convocada por la CGT.

La media sanción, otorgada por buena parte de la oposición que integra la Cámara de Diputados, a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria reavivó las críticas del presidente Javier Milei hacia legisladores, en particular, y políticos, en general: las ratas volvieron a aparecer en los dibujos creados por Inteligencia Artificial, donde él mismo se representa como un león.

"Degenerados fiscales" los llamó este miércoles en un foro ante empresarios y referentes de primer nivel, donde además anticipó su intención de vetar la ley si logra sanción definitiva.

Está claro que la relación con el Poder Legislativo, luego de la leve luna de miel que significó la media sanción en la Cámara baja de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, volvió a ser, cuanto menos, áspera. A propósito de las dos leyes "fundacionales", tienen fecha de tratamiento en el Senado el próximo miércoles 13. Y si recibe modificaciones, volverá a Diputados donde se podrá insistir con el texto original o convalidar los nuevos cambios. Como sea, ya se habrán cumplido más de seis meses del nuevo gobierno sin ninguna ley aprobada por el Congreso.

"Les voy a vetar todo, ¡me importa tres carajos!", avisó el Presidente Javier Milei este miércoles, después de la media sanción a la nueva fórmula jubilatoria. Por ahora no está dicha la última palabra.

Con respecto a la iniciativa sobre movilidad jubilatoria que se aprobó pasada la medianoche del martes, al cabo de varias horas de debate en las que se impuso un dictamen de minoría impulsado por el radicalismo, logró reunir a buena parte de la oposición de la Cámara baja. Fueron dos tercios, que se lograron en razón de varias ausencias.

En definitiva, votaron a favor 97 diputados y diputadas de Unión por la Patria, 34 de la UCR, 13 de Hacemos Coalición Federal, 8 de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, 2 de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del MPN.

Los votos en contra, de acuerdo al relevamiento del sitio especializado Parlamentario.com, fueron de La Libertad Avanza (36), Pro (30), MID (3), Ricardo López Murphy por HCF, y Buenos Aires Libre (2).

Finalmente las abstenciones correspondieron a la izquierda (5); las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (Creo).

Habrá que ver si la misma proporción se logra en el Senado, donde La Libertad Avanza está en minoría (7 integrantes sobre 72 bancas).

Apenas conocido el resultado, el Presidente garantizó que habrá veto a la ley si es que queda sancionada por la Cámara alta. Veto que, como se encargó de insistir una y otra vez, será el destino de toda norma que comprometa su objetivo de déficit cero.

Pero en materia de veto o de vigencia de una ley, ¿quién tiene la última palabra? El artículo 83 de la Constitución Nacional indica: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación".

El mismo artículo indica: "Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa". Eso si, "si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año".

Mientras tanto, la media sanción de la ley puede leerse como el primer traspié concreto del Ejecutivo en el Legislativo. O bien como un llamado de atención, luego de la sucesión de descalificaciones que recibieron legisladoras y legisladores en el arranque de la gestión y que parecían haber menguado en las últimas semanas.

Por más que el Presidente haga gala de su voluntad de vetar "todo" lo que se interponga a sus objetivos, conviene mantener puentes tendidos entre los poderes: en Diputados y en el Senado quedan proyectos centrales por tratar y la oposición dialoguista sigue siendo vital para obtener votos. En ese marco, Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) advirtió que si el presidente insiste con el veto, también debe tener en cuenta que la oposición puede voltearle "aún más fácilmente" el DNU con el que cambiaron la fórmula de actualización jubilatoria. El DNU (el mega decreto de necesidad y urgencia) al que alude el legislador es el 70/2023 que modifica, sustituye o deroga más de 100 normas y fue rechazado a mediados de marzo por el Senado.

Ahora bien, ante un escenario en el que la ley puede quedar sancionada, sea vetada y luego confirmada por las dos cámaras legislativas, al gobierno le queda otro método de presión: el recorte de partidas para, con esos recursos, hacer frente a la erogación que supone la aplicación de la nueva fórmula jubilatoria.

El flamante Jefe de Gabinete ya había anticipado el mismo martes a la mañana, cuando se sabía que Diputados se iba a reunir para tratar este tema, que había que explicar de dónde saldrían los fondos.

Este jueves redobló la apuesta cuando dijo: "Si esto finalmente sucediera, insistir con 2/3 ante un veto del Presidente, lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley", sin anticipar a qué partidas podría recurrir.

"Lo fundamental para un Gobierno es tener responsabilidad fiscal, saber que lo que gasta tiene recursos. No estamos viviendo en el pasado cuando todo se solucionaba con endeudamiento o emisión", planteó Francos.

En las últimas horas y a raíz de la advertencia del posible veto de Milei a la ley que fijaría, en caso de aprobarse, una nueva fórmula de cálculo para las jubilaciones, se actualizaron datos sobre medidas similares que adoptaron las presidencias en los últimos 40 años, luego de la recuperación de la democracia.

Con datos publicados por Chequeado.com, se sabe que, durante su Presidencia, Raúl Alfonsín vetó 49 proyectos de ley y solo uno fue ratificado por el Congreso.

Carlos Menem entre 1989 y 1999 vetó 195 normas, de las cuales 30 fueron finalmente aprobadas por insistencia del Parlamento. Su sucesor, Fernando de la Rúa, vetó 46 y el Congreso ratificó 5.

Eduardo Duhalde usó el veto, en su breve permanencia al frente de la Casa Rosada, en 37 ocasiones.

Ninguna de las leyes vetadas por Néstor Kirchner (36), Cristina Fernández de Kirchner (18) y Mauricio Macri (cinco en su primer año) fueron insistidas por el Congreso.

(Por Fiorella Carrión) - Tras la aprobación de la Ley de Bases por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, la industria santafesina expresó su descontento con el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El RIGI contempla la exención de derechos de importación y tasa estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos; así lo detalló Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), en diálogo con CyD Noticias.

"El sistema actual prevé una serie de exenciones impositivas para la importación de equipos y bienes que colocan a la industria nacional en desventaja. Nosotros, para todas las importaciones, pagamos tributos, el impuesto País, la Tasa de Estadísticas, IVA y Ganancias, mientras que en este sistema no se pagaría, lo cual estaría en condiciones de producir a menor costo", aseguró Martín, en relación al malestar presente en el sector respecto a este tema.

Dentro de este marco, el presidente de la Fisfe hizo hincapié en la importancia de promover inversiones de diferentes escalas. "En los últimos 20 años en Argentina, la mayor parte de las inversiones fueron privadas de pymes nacionales. Deberíamos pensar en algún sistema para promover la reinversión de utilidades, como puede ser un descuento o la nueva aplicación del impuesto a las ganancias", explicó.

Además, resaltó la necesidad de vincular estas inversiones con el entramado local y científico-tecnológico. "El proyecto debe tener un porcentaje que sí o sí debe vincularse con el entramado local para garantizar que después toda esa inversión promueva de nuevo empleos y producción nacional", sostuvo.

Por otro lado, Martín destacó la importancia de considerar la duración y eficacia del régimen propuesto, señalando que este tendrá una vigencia de 30 años. Subrayó la necesidad de dedicar el tiempo necesario para discutirlo y garantizar su eficacia.

En este sentido, propuso la implementación de escalas intermedias para evaluar el cumplimiento de los objetivos, proponiendo un periodo inicial de 10 años y la posibilidad de prorrogarlo en caso de cumplimiento satisfactorio.

Finalmente, expresó su deseo de que en el Senado se pueda debatir y escuchar las propuestas del sector industrial. "Nos sorprendió que gran parte de los legisladores por Santa Fe hayan votado a favor. El Gobernador varias veces dijo que este sistema perjudicaba a la industria santafesina, así que realmente nos sorprendió. Estamos a favor de promover las inversiones, pero que sea un sistema virtuoso para todos, y sobre todo, beneficiando a la industria santafesina", cerró Martín.

Juan Pablo Peralta | Periodista acreditado en Casa Rosada

Tras la movilización del 1° de mayo de la CGT y la pirotecnia verbal de los popes de Azopardo 802 contra el Gobierno de Javier Milei, dio inicio la partida de cara a la sanción definitiva de La Ley Bases en el Senado luego de haber traspasado el filtro de la Cámara baja.

Es inevitable comparar lo discursivo y lo que va en el articulado de las normativas en materia de reforma laboral que aterrizará, aún sin fecha firme, en el recinto que preside Victoria Villarruel. La central gremial más importante del país consiguió lo que quería: que no se multen los bloqueos a las empresas y que la cuota sindical siga siendo obligatoria y no optativa. Se cumplió aquello que se dice en Casa Rosada desde que se inició este proceso legislativo: “Mientras no les toques las cajas, los Gordos entregan todo, como vienen haciendo hace 70 años”.

El folclore sindical procuró que Pablo Moyano dijera que en algo están de acuerdo con el líder libertario que ocupa el sillón de Rivadavia. Fue cuando en rueda de prensa se lo consultó con respecto a dichos del jefe de Estado, que indicaban que los sueldos le están ganando al Índice de Precios al Consumidor. "Coincidimos con el Presidente, los salarios de él, el de su hermana (Karina Milei), el de los senadores y el de 'Adorno' (por el vocero Adorni) y su hermano (Francisco Adorni) le han ganado a la inflación, no así el de los trabajadores", chacoteó.

La respuesta del representante del titular del Ejecutivo no se hizo esperar. “Es un personaje que claramente no condice con lo que quieren los argentinos”, espetó en alusión al hijo del secretario general de los camioneros. También le pasó factura a él y a sus colegas cegetistas al afirmar que no sabe de qué derechos hablan, “ya que un 45% de los argentinos trabaja en negro o fuera de la formalidad; creen en una realidad que no existe", sentenció. Asimismo, el portavoz expresó que la administración libertaria continúa “intentando saber qué es lo que quieren”, manteniendo la ejecución del paro general el próximo 9 de mayo, e invitó al adjunto Moyano a que haga las denuncias pertinentes si tiene pruebas de que existe el “fantasma de la Banelco” en el Parlamento.

Para el poder central, la medida de fuerza tiene más contenido político que otra cosa y fue Adorni el encargado de manifestar que están en contra de que “le quieran complicar la vida a la gente”. En los pasillos de Balcarce 50 comentaron que la Confederación General del Trabajo está batiendo récords con dos paros en tres meses. “Son todos multimillonarios que representan a trabajadores pobres”, argumentó uno de los hombres de mayor confianza de Milei,y añadió que “critican con mentiras y no presentan sus patrimonios reales;conforman un tren fantasma con los dirigentes más desprestigiados del país”.

La advertencia que les hicieron llegar en off desde la sede del PEN es que “cuando tengamos mayoría en el Congreso vamos a ir a fondo con la modernización del trabajo, y eso lo va a decidir la gente con su voto, acuerdensé que ya lo hizo el 19N y parece que esta gente no estaría tomando nota de eso”, expusieron.

En referencia a lo que ocurrió en la Cámara Baja y lo que se viene en la Alta, desde la mesa chica mileísta aseguran que no hay “látigo y chequera, basta prestar atención a los números que se dieron el martes”, y agregan que “los senadores responden a los gobernadores, salvo Lucía Corpacci (Catamarca) que no se alinea a Raúl Jalil porque es kirchnerista, el resto va a apoyar”, afirman.

El oficialismo sostiene que hay que intentar que los proyectos no vuelvan a Diputados “y en eso trabaja Guillermo Francos (Interior), que como ven hizo muy bien su trabajo hasta ahora”.

Ante la pregunta con respecto a qué pasaría si las suposiciones de La Libertad Avanza fracasan otra vez y se cayeran las iniciativas gubernamentales en el cuerpo senatorial, la amenaza que se volvió a escuchar fue: “Si no hay reformas, no hay Pacto de Mayo”. Los capitostes libertarios aclararon que, de todos modos, ellos no manejan esa hipótesis porque “lo más difícil ya salió” y “en el Senado la cosa es más fácil porque ahí son menos”, se esperanzan en Casa de Gobierno, frente a una conjunción de factores que deberán alinearse en las próximas semanas para que el 25 de mayo no apremie.

César Rodríguez

Mientras el Senado de la Nación espera por el ingreso de la ley de Bases y el paquete fiscal, que consiguieron el martes la media sanción de la Cámara de Diputados, el oficialismo comenzó con la diagramación de la estrategia a seguir en una arena política más compleja por su composición actual. Allí, La Libertad Avanza inicia con la cancha inclinada desde lo numérico con los 33 bancas kirchneristas (sobre 72 totales) en contra.

Por lo tanto, y al igual que en diciembre pasado cuando consiguió 39 votos para designar a las autoridades del cuerpo, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, deberá volver echar a rodar su destreza política para aglutinar a los bloques federales que responden directamente de los gobernadores.

Este martes, mientras en el recinto de la Cámara baja se votaba el tramo final del articulado de la ley de Bases, Villarruel almorzaba con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro entre ambas - potentes figuras- se realizó en el comedor del Senado y duró más de una hora. "El almuerzo estaba pactado y solo fueron cuestiones operativas de la Secretaría General", indicó una voz al tanto del encuentro.

Al igual que en el primero de los intentos del Ejecutivo por conseguir la media sanción del mega proyecto, Villarruel no participó de ninguna negociación, según dejaron trascender. La vice se mantuvo al margen del proceso que encabezó por parte del Gobierno, y esta vez con mayor nitidez, protagonismo y poder, el ministro del Interior, Guillermo Francos.

De hecho, horas antes de que se concretara la aprobación de ambos proyectos y la reunión con “El Jefe”, Villarruel aguardaba las instrucciones sobre cómo continuar con el recorrido iniciado en Diputados. No obstante, días atrás, la abogada no dejó de moverse y se mantuvo en contacto con algunos senadores dialoguistas, pero nada oficial.

Desde el círculo de Villarruel aspiran a que la discusión en comisiones de ley de Bases y el paquete fiscal inicie la semana próxima, precisamente, el martes. Las comisiones involucradas serían las de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. El calendario aprieta al oficialismo por el Pacto de Mayo, que se celebrará el 25 de ese mes, en la ciudad de Córdoba.

En este contexto, y de conseguir el dictamen la próxima semana (¿jueves 9 de mayo?), el oficialismo podría desembarcar en el hemiciclo senatorial recién el jueves 16. Es decir, a nueve días del domingo 25 de mayo. De embarrase la cuestión, la otra alternativa sería el jueves 23 de mayo, a muy pocas horas del encuentro que congregará a los gobernadores en la docta.

De darse el primero de los escenarios que fueron descriptos, la agenda del Senado chocará con la primera exposición del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el miércoles 15 de abril. Será la primera vez que Posse exponga el informe de gestión ante los senadores, algo que debería hacer una vez por mes.

Mientras el gobierno define la estrategia en el Senado, la CGT no tuerce el brazo y reafirmó el paro lanzado para el 9 de mayo.

Así lo hicieron saber este miércoles en el acto por el Día del Trabajador.

“Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno, decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables”, subrayó el cosecretario general de la central obrera Héctor Daer.

En conferencia de prensa, el líder de Sanidad aclaró que la CGT no negoció "ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción" de reforma laboral con la Casa Rosada.

"Vamos a seguir adelante con el plan de lucha que venimos desarrollando. En ningún momento estuvo en duda el paro del 9 de mayo", añadió.

“No vamos a resignar ni un ápice de todos los derechos que tenemos conquistados a lo largo de la historia”, destacó el exdiputado nacional.

Por su parte, Pablo Moyano afirmó que no se reunirá “con ningún gobernador de Juntos por el Cambio” y aseguró que “los 33 senadores peronistas van a votar en contra de la Ley Bases” y que "hay que ir a buscar a los que no pertenecen a Unión por la Patria”.

También apuntó irónicamente contra el presidente Javier Milei a quien “le dio la razón” ya que son "sus salarios los que le ganaron a la inflación, los de los trabajadores no”.

“Hoy es un día horrible, triste y amargo. No se dan cuenta el daño que le están haciendo al pueblo argentino a través de lo que se votó ayer. No hay un sólo beneficio en la Ley Bases, es para los empresarios. Y para que en el Senado la apruebe el Gobierno está extorsionando a los gobernadores a través de las obras públicas", sostuvo Moyano.

La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma laboral tras varios retaceos propinados por los bloques dialoguistas y que empantanaron la negociación final de la ley de Bases durante la semana pasada, previo a conseguir el dictamen en comisión.

Finalmente, quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones) y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.

Más aún teniendo en cuenta que la Ley Bases se va a intentar aprobar en una sesión que se extendería entre lunes 29 y martes 30, un día antes de la movilización por el Día del Trabajador y del paro general convocado para el 9 de mayo por la central.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados "pasantías"), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

La Cámara de Diputados aprobó este martes por la mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general y se apresta a su votación en particular, luego de una serie de cuestiones de privilegio acordadas en la última reunión de Labor Parlamentaria entre los bloques.

Fue por 142 votos afirmativos, 106 negativos y cinco abstenciones, tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara baja, en los que se plasmaron argumentos -sólidos y endebles- y chicanas de todo tipo.

De esta manera, La Libertad Avanza obtuvo el apoyo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, entre otros provinciales. El PRO, como ya había anticipado, acompañó en su totalidad.

Los bloques completos de Unión por la Patria y la Izquierda votaron por la negativa; se le plegaron los socialistas y Natalia de la Sota (Córdoba). Las cinco abstenciones vinieron por el lado de los radicales, encabezados por Facundo Manes, y se le sumó Mónica Frade (Coalición Cívica).

En este contexto, el oficialismo se enfrentará al gran desafío de la mega sesión: conseguir la luz verde de la mayoría los legisladores aliados en la votación en particular. Entre los puntos sensibles se encuentra el artículo tres de Reforma del Estado.

Este punto aborda a los superpoderes que le delega el Congreso al presidente Javier Milei para "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o “la reorganización de su estructura jurídica o transferencia a las provincias".

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este mediodía el debate de dos proyectos esenciales para el gobierno del Presidente Javier Milei: la Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinos (conocida como ley ómnibus) y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (paquete fiscal).

Y son esenciales, básicamente, porque se convertirían en las dos primeras en obtener media sanción por parte de la Cámara baja. Si esto ocurre, quedará por delante el trámite en la Cámara de Senadores para que el gobierno nacional cuente, finalmente, con sus dos primeras leyes aprobadas por el Congreso.

Finalizada la reunión de labor parlamentaria que presidió el oficialista Martín Menem, en la que se acordaron las modalidades de debate y votación de los proyectos, se aguarda que antes del tratamiento de los proyectos, se presenten cuestiones de privilegio por parte de los distintos bloques (tres por cada uno). Sin embargo, según se anticipó, este trámite se cumpliría en distintos momentos de la extensa reunión: algunos al comienzo, otros luego del tratamiento de la primera ley y otros al final.

Según señalan medios nacionales, la intención del oficialismo es completar en esta primera jornada el tratamiento en general de ambos proyectos y completar el martes, en una segunda parte de una sesión maratónica, el tratamiento en particular: ¿capítulo por capítulo? Según se supo, esa fue la alternativa definida en labor parlamentaria pero está por verse, teniendo en cuenta que hay temas que llegan al recinto con apoyo en general pero con disidencias en particular.

El tratamiento por capítulos le otorgaría más agilidad a la reunión y, espera La Libertad Avanza, garantizaría un apoyo a los proyectos, pero no está dicha la última palabra. Está fresco aún el recuerdo de la sesión del 6 de febrero, primer intento por lograr la aprobación de la ley ómnibus, que se cayó en medio del abordaje, por incisos, del proyecto oficial.

Lo cierto es que el objetivo del oficialismo es llegar al 1º de Mayo con la media sanción asegurada para los dos proyectos y cursar rápidamente los textos a la Cámara de Senadores. Esto, no obstante el debate que, como se dijo, será intenso en varios de sus capítulos, como la reforma laboral, privatizaciones y reforma del Estado (en la ley Bases) y Ganancias, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), Bienes Personales y Blanqueo en el paquete fiscal.

En medio de un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich ante la decisión de organizaciones sociales y piqueteras de marchar ante el Congreso, la sesión promete fuertes cruces, más allá de las febriles negociaciones que realizó el gobierno en las últimas jornadas para hacerse, al fin, de sus primeras conquistas legislativas.

Lunes 29.04

El legislador de PRO apuntó contra el kirchnerismo: “Hemos escuchado en esta sesión cantos de sirena, como que se puede modificar las cosas en el corto plazo, todos saben que no es así. La hipocresía es mentir lo que efectivamente se piensa y cinismo es no tener vergüenza en mentir descaradamente. Los discursos del kirchnerismo están rociados de todo eso”.

Lunes 29.04

El diputado nacional de la UCR afirmó que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la Ley de Medidas Fiscales “es un delirio" y una “estafa electoral”

"No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este mediodía el debate de dos proyectos esenciales para el gobierno del Presidente Javier Milei: la Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinos (conocida como ley ómnibus) y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (paquete fiscal).

Y son esenciales, básicamente, porque se convertirían en las dos primeras en obtener media sanción por parte de la Cámara baja. Si esto ocurre, quedará por delante el trámite en la Cámara de Senadores para que el gobierno nacional cuente, finalmente, con sus dos primeras leyes aprobadas por el Congreso.

Finalizada la reunión de labor parlamentaria que presidió el oficialista Martín Menem, en la que se acordaron las modalidades de debate y votación de los proyectos, se aguarda que antes del tratamiento de los proyectos, se presenten cuestiones de privilegio por parte de los distintos bloques (tres por cada uno). Sin embargo, según se anticipó, este trámite se cumpliría en distintos momentos de la extensa reunión: algunos al comienzo, otros luego del tratamiento de la primera ley y otros al final.

Según señalan medios nacionales, la intención del oficialismo es completar en esta primera jornada el tratamiento en general de ambos proyectos y completar el martes, en una segunda parte de una sesión maratónica, el tratamiento en particular: ¿capítulo por capítulo? Según se supo, esa fue la alternativa definida en labor parlamentaria pero está por verse, teniendo en cuenta que hay temas que llegan al recinto con apoyo en general pero con disidencias en particular.

El tratamiento por capítulos le otorgaría más agilidad a la reunión y, espera La Libertad Avanza, garantizaría un apoyo a los proyectos, pero no está dicha la última palabra. Está fresco aún el recuerdo de la sesión del 6 de febrero, primer intento por lograr la aprobación de la ley ómnibus, que se cayó en medio del abordaje, por incisos, del proyecto oficial.

Lo cierto es que el objetivo del oficialismo es llegar al 1º de Mayo con la media sanción asegurada para los dos proyectos y cursar rápidamente los textos a la Cámara de Senadores. Esto, no obstante el debate que, como se dijo, será intenso en varios de sus capítulos, como la reforma laboral, privatizaciones y reforma del Estado (en la ley Bases) y Ganancias, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), Bienes Personales y Blanqueo en el paquete fiscal.

En medio de un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich ante la decisión de organizaciones sociales y piqueteras de marchar ante el Congreso, la sesión promete fuertes cruces, más allá de las febriles negociaciones que realizó el gobierno en las últimas jornadas para hacerse, al fin, de sus primeras conquistas legislativas.

César Rodríguez

La ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno logró este jueves dictamen de mayoría y se tratará conjuntamente con el proyecto de Bases en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para el próximo lunes a las 11.

Durante el plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, el oficialismo cosechó 27 firmas con la ayuda del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. En tanto que Unión por la Patria y el FIT presentaron dictamen de minoría.

El paquete fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara baja a partir del lunes a las 11 horas, y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada.

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