Fiorella Carrión - Ileana Hotschewer

A dos años de la sanción de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario en la ciudad de Santa Fe muestra señales de expansión y ajuste. Según Teresa Bottai, “el mercado se amplió porque el tema de regulación a veces hace que los propietarios se asusten y con la desregulación a la gente le dio un poco más de confianza. Volvieron a ponerse en alquiler departamentos que habían salido”.

En este marco, Bottai señaló que esta nueva dinámica permitió acomodar gradualmente los precios: “No es algo que se hace inmediatamente, pero tenemos una oferta más amplia donde el inquilino puede elegir hoy la actualización que hace, cuánto es el período del contrato, ahí se logra poder tener mejores precios”.

Respecto a la modalidad de los contratos actuales, Bottai explicó que la tendencia predominante son los contratos a dos años con actualizaciones periódicas: “Hoy casi todo es un contrato cada 24 meses, con actualizaciones trimestrales con IPC”, manifestó.

En cuanto al tipo de propiedades más demandadas, la profesional aseguró que los departamentos concentran gran parte del mercado, especialmente los nuevos con amenities y cercanos a facultades.

Por su parte, Martín Bottai, observó un panorama alentador para la inversión: “El argentino a poder invertir en propiedades o a comprar su casa, pero todo eso lo vamos a ver cuando salga la reglamentación definitiva. Siempre son incentivos importantísimos porque los argentinos tenemos bastante inconveniente para poder ser propietarios por la falta de crédito”.

Sobre los precios y la relación con los costos de construcción, Bottai señaló: “Las propiedades en dólares en este momento están bajas… el costo de la construcción es mucho más alto que los valores de mercado de las propiedades que están en venta ya terminadas”. En cuanto al interés del público, destacó que la inversión en departamentos de menor valor es la principal vía de acceso al mercado.

De cara a 2026, la proyección del mercado se mantiene optimista: “Está mejorando creemos que va a seguir así. La tendencia es que hay cada vez más ventas, los precios también están subiendo y van a continuar escalando, va a ser un muy buen año porque se van a juntar estos factores y va a haber más compras, más ventas”.

La denominada crisis de alquileres parece haber tenido un freno, o al menos, un decrecimiento que coincide con la llegada al gobierno de Javier Milei. Quien desde un inicio eliminó la cuestionada Ley de Alquileres que había generado dicha inestabilidad en el sector.

En Venado Tuerto, donde en la actualidad hay 60 corredores inmobiliarios registrados, "el panorama es prometedor, ya que se ha reactivado el mercado de alquileres", analiza Eduardo Di Nardo, socio fundador del Círculo de Corredores Inmobiliarios de Venado Tuerto y la región. Indicando que "las propiedades han recuperado rentabilidad lo que predispone al inversionista a comprar unidades", agrega sobre la situación actual del negocio de venta y renta de propiedades.

Teniendo en cuenta la interpretación de la nueva administración nacional que a poco de iniciar la gestión, mediante DNU, derogó la Ley de Alquileres sancionada en 2020, el corredor inmobiliario y Martillero Público, asegura que lo decidido por el nuevo Presidente "es correcto" y "lo esperado" por el sector. Afirmando que la norma eliminada era "nefasta" y "demostró que el Estado regulando solo entorpece", esgrimió.

"La libre oferta y demanda -añade- acomodó sus precios, en un principio caros y hoy estabilizados" ya que "los propietarios dejaron de subsidiar a los inquilinos y de esa manera no hay parte débil y parte fuerte; hay partes que contratan en total libertad", destaca Di Nardo, claramente conforme con el nuevo rumbo para el mercado inmobiliario que en Venado tiende a acomodarse con más oferta de inmuebles en alquiler pero con valores que aún dirimen con el bolsillo del ciudadano, pero que demuestran que comienza a "moverse" nuevamente el engranaje del negocio. 

Otras de las medidas, más reciente, es la tomada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. "Esta reglamentación es sumamente positiva para ambas partes, el inquilino puede desgravar ganancias hasta 3.000.000 y los propietarios pueden tener más unidades económicas para su monotributo y esto claramente favorece al mercado de inquilinos y locadores", detalla, con entusiasmo, el también socio fundador del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir).

De acuerdo a lo analizado por Di Nardo, en la ciudad "la oferta de alquileres ha crecido en un 80 por ciento desde la derogación de la Ley y ello se puede comprobar en nuestro portal del Colegio donde se ven las propiedades cargadas antes y luego del DNU, y esto es gracias a que se pueden actualizar los contratos de una manera real, se pueden realizar por el tiempo que deseen y también rescindirlos cuando quieran; en definitiva el Estado que se ocupe de lo mínimo y deje a los privados contratar entre sí libremente", afirma el ex vicepresidente del Círculo de Corredores Inmobiliarios local.

Otro de los puntos de análisis en la actual Argentina, es la irrupción de nuevos créditos hipotecarios que difieren de acuerdo a las entidades bancarias y también existen aquellos ofrecidos por las gestiones locales, como el Crédito Nido impulsado por el gobierno santafesino.

En este aspecto, el profesional entiende que "la llegada de facilidades crediticias nos muestra un país ordenado, que no le presta el dinero al Estado sino a quien lo necesita" y en este sentido "se han realizado operaciones y movilizó mucho un mercado destruido como nunca en 50 años", consideró, ampliando que "gracias a estas medidas los inmuebles han comenzado a incrementar su valor".

Hoy los importes solicitados por los inmuebles "van desde 40.000 hasta 200.000 dólares, obvio no es para todos, pero después de la tragedia vivida pegar la patada desde el fondo para salir ya es un logro impresionante", afirmó.

A pesar de la crisis pasada y con la oferta en progresivo crecimiento, con algunas disfunciones en los valores propia del resurgimiento, el corredor inmobiliario sostiene que hoy por hoy "los propietarios han vuelto a confiar en el Estado, ya que no se entromete más y sería bueno implementar desgravaciones impositivas para construir inmuebles o para alquilar, pero esto será más adelante.

Otra cuestión es el blanqueo que dura hasta diciembre que también es una buena oportunidad de sacar los dólares del colchón y ponerlos a producir en desarrollos; es más se está por empezar a realizar créditos hipotecarios para construcciones del pozo, que es muy novedoso", aportó sobre lo que propiciaría aún más al sector.

Como representante de la entidad que nuclea a los profesionales del rubro, Di Nardo señaló que en la ciudad "hay unos 60 corredores matriculados que ejercen la profesión", y aclaró que "es muy diferente trabajar con un corredor matriculado que con uno ilegal o agente".

"Nosotros como profesionales tenemos una obligación social con la comunidad; no priorizamos el negocio por el negocio. Nos importa la persona, poder seguir teniendo una relación social a través de los años", sumando que "un profesional matriculado tiene respaldo de un Colegio que vigila y controla su quehacer".

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregulará importantes sectores de la economía, entre ellos, el mercado de alquileres. En su primera cadena nacional, enlistó un paquete de medidas que desregulará y la primera en ser anunciada fue la “derogación de la Ley de Alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”.

En concreto, la medida implica que los contratos que se lleven a cabo a partir de que entre en vigencia se firmarán bajo la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, con algunas modificaciones.

Por el lado de los inquilinos e inquilinas, el estado de situación es de “mucha preocupación”, por el hecho de entender que se verían “muy perjudicados”, en caso de que se aplique el DNU. Tanto es así, que auguran desde la ONG Concejalía Popular que se podría llegar a una crisis “sin precedentes” en materia habitacional.

Por el lado de los propietarios, la mirada es mucho más cauta. Si bien admiten que la viegnte Ley de Alquileres no funciona, no se animan a avecinar cómo impactará en el mercado locativo la implementación del DNU.

Desde Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, su referente, señaló a Mirador Provincial que se encuentra con “mucha preocupación”. Es que si llegara a entrar en vigencia el DNU de Milei “sería un golpe muy grave para la economía inquilina, es decir, al 35% de la población que alquila, porque permite la dolarización de los contratos, pero, además, establece la posibilidad o exigencia de que estos sean abonados en dólar billete”.

Tambien desregula el plazo de los contratos de locación fijando plazos menores a dos o tres años, establece la posibilidad de aplicar “hasta dos meses de garantía devolviéndolo totalmente desajustado al final de la locación”. En rigor, “hay muchas medidas que son contrarias a los inquilinos e inquilinas”.

D'Orazio entiende que “esto se asemejaría al régimen de cocheras de Rosario, lo cual puede aumentar mensualmente, pero, además, los plazos pueden ser pactados hasta de un solo mes, sin previsibilidad alguna para las familias inquilinas”.

Es por eso que, desde la ONG, esperan que las cámaras (Diputados y Senadores) “no aprueben este DNU, porque sino estamos en las puertas de una de las crisis más graves en materia habitacional, porque, incluso, quebraría el piso histórico de morosidad que, hoy es muy bajo, pero de avanzar podría dispararse se manera preocupante”, concluyó.

Desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) saben que la actual Ley vigente “no ayudó” a ninguna de las partes. De hecho, “logró el receso total de propiedades en alquiler”. Con la derogación de la misma, “no sabemos realmente lo que viene; hay que esperar por la repercusión del mercado”, indicó a Mirador Provincial su presidenta, Gabriela Ortiz de Urbina.

“Que hacía falta un cambio, es cierto, porque estaba paralizado el mercado locativo inmobiliario. Hoy por hoy nuestras inmobiliarias tiene listas de espera y los inquilinos prefieren renovar en el mismo lugar donde están antes que salir a buscar algo nuevo, aun sabiendo que no es el lugar ideal”, siguió.

Desde Cocir “nos estamos reuniendo con asesores, abogados, para estudiar minuciosamente cada letra chica del DNU, así que esto es lo que tenemos por ahora en materia de novedades”; y con respecto a la dolarización, en Rosario, “nuestro sector no está dolarizado, salvo en algunos segmentos Premium, pero en general no sucede”.

Con respecto a los contratos nuevos, que sean de acuerdo de partes la actualización, “puede ser favorable para el propietario porque podría asemejar el índice de inflación y lo vería tentador para volcar inmueble en alquiler y sacarlo de la venta, dado que antes no le rendía”. Sin embargo, “queremos ser prudentes y cautelosos”, cerró la presidenta de Cocir.

(Télam) - La posibilidad de que el presidente electo Javier Milei derogue la actual Ley de Alquileres desató un contrapunto entre las asociaciones que nuclean a los inquilinos y las cámaras inmobiliarias.La semana pasada, en declaraciones radiales, el líder de La Libertad Avanza, que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, dijo que a la actual Ley de Alquileres “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”.“Lo único que ha hecho la ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, completó Milei.La posibilidad de que el presidente electo lleve adelante esta medida desató un fuerte contrapunto entre inmobiliarias e inquilinos, los primeros en apoyo de la idea impulsada por Milei, mientras que los segundos salieron a criticar esa posibilidad.Este domingo, el presidente de la asociación Inquilinos de Córdoba, Maximiliano Vittar, planteó que instalar nuevamente la discusión sobre la vigencia de la actual ley de alquileres genera “como primer efecto” que “volvemos a caer en una situación de inestabilidad, incertidumbre y paralización del mercado inmobiliario".En ese sentido, recordó que “desde marzo venimos con el rumor de la derogación de la Ley de Alquileres y esa paralización perjudica a ambas partes”.Vittar dijo que durante la discusión de la reforma que se sancionó en octubre pasado, hubo "un gran consenso en que el problema no era la Ley sino la situación macroeconómica".Así, “desregular el precio sin un órgano de control y en un contexto macro que todo el mundo coincide en que va a ser peor no va a ser una solución”, agregó el dirigente.“Con una inflación mucho más alta y una recesión que impacte en el mercado laboral, por más que se lograra que haya más viviendas en oferta, si van a estar con un plazo mínimo de tres meses o un año y ajustes trimestrales del 45% o 60% o hasta mensuales, o en su defecto, con el alquiler en dólares, va a empujar a muchas familias a la calle”, sostuvo Vittar.También expresó que “necesitamos una situación de estabilidad macroeconómica y a partir de ahí ir avanzando en otras herramientas”.Por último, Vittar dijo que “el presidente electo desconoce cómo funciona la ley de Alquileres hoy, porque no es una ley en paralelo al Código Civil, sino que la ley actual lo modifica”.Por último, planteó que de primar la idea de la "libertad de mercado y que el Estado no se tenga que meter en contratos entre particulares, con ese criterio deberíamos derogar gran parte del Código Civil, el que regula los contratos de mutuo, de leasing, de compra venta, en los que también el Estado regula la relación entre particulares”.Por el lado de las inmobiliarias, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, dijo que "es imprescindible darle un marco regulatorio al mercado de alquileres" y que "es necesaria una Ley que beneficie y equilibre la oferta".En esa línea, el representante del Colegio de Martilleros bonaerense que nuclea a los más de 9.000 matriculados agregó que “las dos últimas modificaciones de la Ley introdujeron cambios en el código Civil y Comercial, por lo tanto dado que no es una Ley autónoma entonces, habría que volver a modificar el Código".

Sacco subrayó que “es importante que se tenga en cuenta al momento del tratado de la ley a los colegios profesionales como protagonistas, para acompañar estos cambios porque somos los que día a día estamos en el mercado y conocemos la realidad de lo que está pasando".“Si la Ley es clara y le da seguridad jurídica al propietario, van a surgir propiedades en alquiler y eso va a hacer que los precios se acomoden un poquito y no tiendan, ante una oferta reducida, a una suba permanente de precios, independientemente de la inflación", completó.Sacco dijo que la normativa debe buscar “beneficiar a las dos partes: propietarios e inquilinos".Por último, el directivo martillero señaló que “Argentina tiene un déficit habitacional cercano a los cuatro millones; hoy la oferta de alquileres es muy baja respecto de la demanda y colabora para que los valores están desorbitados; la multiplicidad de ofertas va a hacer que baje el costo de los alquileres y se reactive la oferta".Esta mañana, en declaraciones radiales, el diputado electo por LLA, Alberto “Bertie” Benegas Lynch calificó a la Ley de Alquileres de “disparate”, al tiempo que señaló que la modificación o derogación de la misma no es una prioridad.“Es una catástrofe (la ley de alquileres), pero esto no quiere decir que vaya a ser una prioridad porque no se pueden dar todas las batallas, y hoy las prioridades son la reforma del Estado y la reforma fiscal”, subrayó el dirigente libertario.

El Gobierno promulgó este martes la Ley de Alquileres, cuyas modificaciones fueron aprobadas la semana pasada en la Cámara de Diputados. Lo hizo a través del decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de octubre.

Una de las reformas más destacadas es la sustitución del artículo 1.198 del Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo un plazo mínimo de tres (3) años para los contratos de locación de inmuebles sin un plazo expreso y determinado. Sin embargo, se introdujeron excepciones para casos específicos, como propiedades destinadas a embajadas u organismos internacionales, alojamientos temporarios con fines turísticos, entre otros.

El locador debe conservar la propiedad en condiciones adecuadas

El artículo 1.201 fue modificado para establecer que el locador debe conservar la propiedad en condiciones adecuadas para el uso acordado y realizar reparaciones necesarias. En casos de negativa o silencio del locador ante reclamos de reparación, se otorga al locatario la posibilidad de llevar a cabo las reparaciones, cargando los costos al locador.

Además, se introdujo la posibilidad de rescisión anticipada del contrato por parte del locatario, con condiciones específicas basadas en el tiempo de vigencia del contrato y el tipo de propiedad.

Se introdujo la posibilidad de rescisión anticipada del contrato

Se implementaron ajustes en la forma en que se fija el precio del alquiler, especificando que debe ser en moneda nacional y por períodos mensuales. Además, se establecieron criterios para los ajustes periódicos basados en la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Asimismo, se incorporó el artículo 14 bis, que prohíbe la publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de alquiler en moneda extranjera.

Como parte de estas reformas, se introdujeron incentivos fiscales destinados a los propietarios que alquilan hasta dos (2) inmuebles, eximiéndose del pago del Monotributo. También se establecen exenciones en el impuesto sobre los bienes personales y en el impuesto a los débitos y créditos bancarios para aquellos propietarios con contratos debidamente registrados.

La Cámara de Diputados sesionará el próximo martes para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Alquileres, en una jornada en la que también se debatirán el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y los que disponen la creación de tres universidades, entre otros.

En la sesión especial convocada para las 12 del martes, también fueron incluidos un proyecto denominado 'Argentina Inclusiva'; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley 'Olimpia' y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.

La mayor atracción de la sesión estará en el debate por la Ley de Alquileres, donde la Cámara debe resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo hace diez días al proyecto a instancias del Frente de Todos, o si insiste con el texto que -motorizado por Juntos por el Cambio- los diputados aprobaron en agosto.

La reforma originaria, que fue votada el 23 de ese mes en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear entre varias fórmulas o índices.

En su redacción original, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

Pero el proyecto votado hace diez días en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que "los contratos de locación con destino" a vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".

A la sesión del martes ambas posturas llegan con una marcada paridad, e incluso podría darse el escenario de que en las dos votaciones -insistir o aceptar modificaciones- sean más los negativos, ya que los tres diputados libertarios rechazarían ambas con el argumento de que el Estado no se debe entrometerse en el tema alquileres.

Llegado ese punto, desde el FdT interpretan que al no poder insistir Diputados con su texto original quedará avalado el del Senado, según el artículo 81 de la Constitución.

En tanto, JxC dice que en ese caso queda la Ley vigente (aprobada en 2020), ya que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción "tácita o ficta" de un proyecto.

De no mediar negociaciones previas, la cuestión se resolvería en la noche del martes o madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de diez proyectos.

Previamente, el oficialismo no tendría dificultades para sumar aliados que respalden el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el programa "Compre sin IVA", un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales.

El beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, como también a través de las tarjetas emitidas en el marco del "Programa Alimentar" y del "Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo".

La iniciativa, que es cuestionada por JxC por "la coyuntura electoral en que se aborda", busca plasmar en ley desde el 1º de enero de 2024 los beneficios que hoy se encuentran ejecutados mediante instrumentos de menor rango.

El Régimen de Promoción del GNL, también impulsado por el Poder Ejecutivo, busca "favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada", según había asegurado la secretaria de Energía, Flavia Royon, al exponer en julio pasado sobre el proyecto ante un plenario de comisiones que analiza el tema.

Ese plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, que también recibió en julio al presidente de YPF Pablo González, daría el lunes, en la reunión prevista para las 15.30, el aval para que el proyecto llegue al recinto un día después.

JxC advirtió en esos debates sobre "la falta de un plan energético integral y a largo plazo", aunque no cerró las puertas a un acompañamiento parcial de la iniciativa; en tanto que los interbloques Provincias Unidas, Federal y el Movimiento Popular Neuquino ya expresaron sus respaldos.

Por último, figura en el listado a debatir el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, iniciativa que busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar, y con mayores ventas de productos hechos en el país y a mejores precios para el consumidor final.

Movilización

Inquilinos Agrupados se movilizará al Congreso de la Nación el próximo martes. "Uno de los dos (proyectos) debe ser aprobado y finalizará la discusión por la Ley de Alquileres", expresó la organización cuyo presidente, Gervasio Muñoz, señaló que "es urgente que termine la discusión para que el mercado inmobiliario deje de especular y extorsionar a los inquilinos.

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró en la tarde de este miércoles imponer su mayoría sobre el proyecto de reforma de ley de alquileres aprobado la semana pasada por el Senado, en el que se ratifica la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semestral, entre otras cuestiones.

El proyecto fue debatido en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado, en tanto que la postura de la oposición de insistir en la sanción inicial votada por la Cámara baja recibió el respaldo de 39 legisladores.

⏺| SE AVANZÓ CON EL DEBATE DE LA LEY DE ALQUILERESEn un plenario de comisiones, el oficialismo avaló la sanción del Senado, mientras que desde Juntos por el Cambio insistieron con la norma que se aprobó en Diputados.Leé más: ▶️https://t.co/9A1uflYEXR#40AñosDemocraciaSiempre pic.twitter.com/2w6nNmi2nB

La reunión de las comisiones de Presupuesto -que preside Carlos Heller- y de Legislación General -a cargo de Lucas Godoy- se desarrolló en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja, donde los legisladores y legisladoras sólo podían aceptar las modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, ya que se trata de una iniciativa girada a Diputados en segunda revisión, es decir que vuelve a esta cámara de origen, luego de haber sido modificada por el Senado.

De todos modos, la definición se dará en el recinto, donde fuerzas que no tienen representación en la comisión de Presupuesto, como la Izquierda, los libertarios o el socialismo y de Juntos Somos Río Negro, podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro proyecto.

Desde el oficialismo, el diputado nacional del FDT, Itaí Hagman, sostuvo que "estamos frente a dos opciones pero el proyecto que aprobó el Senado es mejor del que salió de Diputados" y celebró "que ya no se esté hablando de derogación porque eso iba a dejar desprotegidos a los inquilinos".

En tanto, desde la oposición, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que la ley puesta en marcha en 2020 "no dio los resultados esperados" y anticipó que ese espacio insistirá "con la sanción originaria de nuestra cámara".

La reforma originaria, que fue votada el 23 de agosto pasado en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de 2 años, contras los 3 años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices el mecanismo a emplear.

Con fuertes cruces entre los diputados, como el que se produjo entre la radical Karina Banfi y la oficialista Paula Pennaca a los gritos sobre la responsabilidad del Gobierno nacional en el tema inflación, por parte de la diputada de Juntos por el Cambio, y con fuertes acusaciones a Mauricio Macri formuladas por la diputada del FdT, la comisión debatió por casi dos horas en torno al tema.

De esta forma, con números ajustados, el oficialismo decidirá en las próximas horas si convoca a una sesión especial para la semana próxima para poner a consideración los cambios incorporados por el Senado.

En su redacción original, que había sido aprobada en la Cámara baja, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

Pero el proyecto votado la semana pasada en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que "los contratos de locación con destino" a vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA".

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".

La sesión fue informada formalmente en la jornada de ayer y se desarrollará durante la tarde de hoy, según el Decreto Parlamentario que firmó la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo hoy que "mañana será un día histórico" porque el Congreso "va a derogar definitivamente la cuarta categoría" del Impuesto a las Ganancias, al encabezar un multitudinario acto con trabajadores, estatales y petroleros en la ciudad de Plottier, Neuquén.

"Mañana será un día histórico. Yo voy a poder decir con tranquilidad que en mi Gobierno ningún trabajador va a pagar el Impuesto a las Ganancias", dijo Massa en el acto.

Agregó que "desde el corazón productivo de la Patagonia, queremos mostrarle a la Argentina que creemos en el trabajo y la producción como bandera del crecimiento de nuestra Patria".

"Tenemos el compromiso: vamos a cuidar la caja de jubilaciones, vamos a defender la educación pública y el derecho a la universidad gratuita. Vamos a defender los derechos de los trabajadores", sentenció el candidato oficialista.

El primero de los temas será darle acuerdo a decenas de funcionarios judiciales, entre los que se cuenta el pliego para que la camarista Figueroa pueda continuar en su cargo, luego de cumplir los 75 años de edad.

La funcionaria, que debía fallar en la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros, fue separada de su cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pocos después de llegar a la edad jubilatoria.

Ese asunto es el que mantiene trabado el trabajo en el Senado desde abril, ya que el oficialismo no logró contar con el quórum necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal, conformado por peronistas disidentes, para darle el acuerdo a Figueroa para que ejerza el cargo cinco años más, como lo dispone la Constitución.

Además de los acuerdos judiciales, la Cámara alta buscará la ratificación de la media sanción de la modificación al Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que sea inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo y pueda comenzar a entrar en rigor con los salarios de octubre.

El proyecto sobre Ganancias, enviado por el Poder Ejecutivo, crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

Además, el Senado pondría en discusión el proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que también llegó de Diputados pero que volvería a la Cámara baja en segunda revisión.

El proyecto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

Entre otros asuntos, en principio, se prevé que estén en el temario los proyectos que crean las universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires; del Delta, de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y de Río Tercero, en Córdoba.

En los últimos años el boom inmobiliario en Rosario se encargó de construir porcentualmente muchos más edificios con departamentos monoambientes y un dormitorio que de dos y tres. Esto provocó que se genera una demanda cautiva de familias que necesitan un lugar amplio para poder vivir.

Así las cosas, en medio de un conflicto con la nueva ley de alquileres nacional, que se encuentra en debate en el Congreso para tratar de mejorarla, las personas que buscan propiedades con dos o más dormitorios vienen creciendo en la ciudad.

Si bien muchos optaron por irse a vivir a zonas aledañas como Funes, Roldán, Pueblo Esther, Ibarlucea, y allí construir sus viviendas, muchos otros no cuentan con esa posibilidad o no tienen interés en irse de Rosario. Esta situación, ante la falta de oferta, generó que en las inmobiliarias empiecen a acumularse interesados en lista de espera.

Otro punto a destacar es que la nueva ley de alquileres que rige en el país, llevó a un escenario complejo: por un lado, los propietarios comenzaron a quitar del mercado locativo sus propiedades ante la falta de rentabilidad de los alquileres y, por el otro, muchos inquilinos se quejan de los tres años de contrato.

La realidad es que el mercado se encuentra distorsionado. Se detecta mucha demanda de personas que buscan alquilar y poca oferta. Pero, ahora, el principal problema lo enfrentan quienes buscan viviendas -departamentos o casas- de dos o más dormitorios.

Distintos dueños de casas y departamentos que cumplen con estos requisitos, comentaron a Mirador Provincial que apenas publican la oferta “de inmediato se llena la lista”, porque “la demanda es terrible”. “Si tenés un inmueble de tres ambientes te lo sacan de las manos”, coinciden.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios local (Cocir) confirmaron también a este medio que harían falta más de cinco mil unidades de estas características para poder, de alguna manera, atender esta demanda que sigue creciendo.

En base a los datos que arrojan desde Cocir, mediante su nueva presidenta Gabriela Ortiz de Urbina, en función de su portal oficial, dan cuenta de que poseen en oferta 60 mil inmuebles que están para la venta y solamente mil destinados al alquiler.

Siguiendo el sentido de la venta, el mercado se está moviendo y crecen las consultas, afirmaron desde Cocir. Es que las viviendas cayeron entre un 30% y 40% en dólares en los últimos cuatro años, lo que hizo muy atractiva la venta, aunque es difícil encontrar personas que tengan el dinero para invertir.

Para quienes tienen las propiedades en venta, el hecho de que asuma un nuevo gobierno después de las elecciones de octubre, y con valores tan bajos, apuestan a que puedan comenzar a recomponer su valor en dólares desde el año que viene, tras esta importante baja en moneda extranjera.

El debate por la modificación de la Ley de Alquileres en el Senado de la Nación, prevista para la semana pasada, fue suspendida y se realizará en los últimos días de septiembre. Por esto, las organizaciones inquilinas del país volvieron a insistirle al presidente Alberto Fernández que decrete la extensión de los contratos vigentes de forma automática.

“Queremos informar que esta semana no habrá sesión en el senado para tratar la modificación a la ley de alquileres. Por eso las organizaciones inquilinas del país seguimos insistiendo a Alberto Fernandez que decrete la extensión de los contratos frente a la extorsión que estamos vivienda por parte de las inmobiliarias que nos hacen contratos de 3, 6 meses o 1 año con aumentos ilegales. Es demasiado sensible no saber dónde vamos a vivir o como vamos a pagar el alquiler”, expresaron desde Inquilinos Agrupados.

El proyecto aprobado por los Diputados el miércoles 23 de agosto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En cambio, el dictamen impulsado por el oficialismo establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que "los contratos de locación con destino" a vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y toma el Coeficiente Casa-Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se compone del menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

El dictamen del oficialismo también modifica la norma venida en revisión de Diputados al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo".

Finalmente, el dictamen de mayoría suma un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: "las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación".

(Por Nacy Balza) - Después de un período histórico de inactividad, ya que la última sesión para debatir proyectos fue el 13 de abril, la Cámara de Senadores podría reunirse el próximo jueves para tratar varios de los temas que tiene pendientes, entre ellos Ganancias, Alquileres, créditos UVA y un rosario de iniciativas que esperan sanción definitiva.

La reunión no fue convocada aún de manera oficial pero sí anticipada la semana pasada por el jefe del interbloque oficialista José Mayans. El formoseño confirmó, en un diálogo con la prensa, la intención de avanzar con el proyecto sobre Ganancias, aprobado casi una semana atrás en la Cámara baja por 135 votos a favor y 103 en contra, que tuvo un dictamen exprés el jueves en comisión por lo que está listo para ser tratado en el Senado, según detalla el sitio especializado parlamentario.com. El objetivo es ratificar la decisión de Diputados para que la ley sea inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo y comience a regir para los salarios de octubre.

Además, está previsto tratar la modificación de la Ley de Alquileres, que tiene dictamen de mayoría con modificaciones respecto de lo aprobado el 23 de agosto en Diputados; por lo que, en caso de ser considerado y aprobado en la sesión, deberá volver a la Cámara baja.

El proyecto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

Según consigna la agencia Télam también está en juego la propuesta de regular y desdolarizar los alquileres temporarios en plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso fija sanciones por incumplimientos.

El temario, que hasta este lunes no había sido confirmado, podría incluir créditos UVA y la creación de las universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Delta, de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; y de Río Tercero, en Córdoba, que obtuvieron media sanción en Diputados la semana última.

También están en agenda temas postergados en la sesión caída el 12 de julio pasado, como muerte perinatal, con media sanción desde noviembre de 2022; la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz; la incorporación de la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres; la creación de una ley para el programa de becas Progresar; el régimen de promoción de la producción orgánica, y la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (aprobado el año pasado en la Cámara baja).

Y la lista de pendientes sigue: el proyecto de "Mono-Tech" para contribuyentes que perciben sus ingresos en dólares, que tiene dictamen desde mayo; el proyecto del entrerriano Edgardo Kueider sobre disminución en las tarifas eléctricas, y la modificación a la normativa en la prevención y lucha contra el lavado de activos, que no tiene dictamen.

Pero la cuota polémica estará dada ya no en los cambios que quiera hacer la Cámara alta, sino en el tema que se votará al inicio del debate: los 75 pliegos judiciales que hicieron caer precisamente esa sesión del 12 de julio. Particularmente, el de la ex jueza Ana María Figueroa. La Corte Suprema entendió que Figueroa no podía seguir en funciones tras haber cumplido 75 años y no haber conseguido a tiempo el aval del Senado para continuar en el cargo.

Ahora, con la intención del oficialismo de insistir aun así con el tratamiento de su caso, se abre la puerta a un conflicto de poderes, puesto que la Corte ya consideró que no puede seguir siendo jueza.

El bloque oficialista tenía el pliego listo desde hacía meses, pero no contaba con el número necesario para respaldarlo en el recinto. La continuidad de la jueza Figueroa había generado polémica en la política, ya que los integrantes de Juntos por el Cambio advirtieron que el bloque de Mayans quería habilitarla para seguir en el cargo porque podía ser benevolente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tenía varias causas en la instancia de Casación Penal.

Precisamente, luego de eso, y sin Figueroa entre sus integrantes, la sala que antes integraba la magistrada falló a favor de reabrir y enviar a juicio las causas contra la ex presidenta por supuesto lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces y también la del Memorándum con Irán, las que habían sido cerradas en primera instancia.

Además de Figueroa, en la nómina de postulantes hay jueces, fiscales y defensores, y desde JxC se oponen a avanzar con su aprobación a las puertas de un recambio de gobierno.

Tal cual señalara en su momento el sitio especializado parlamentario.com, en el Frente de Todos saben que los números para la aprobación serían ajustados, con el eventual rechazo de, por ejemplo, el gobernador electo de Río Negro. Es decir, a Alberto Weretilneck lo cuentan dando quórum, pero saben que no estaría asegurado su acompañamiento en este caso.

En la Cámara Baja, en tanto, está prevista para este martes a las 13 una reunión informativa para abordar proyectos relacionados con la reducción de la jornada laboral. Será en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley (FdT).

Las iniciativas contempladas en el temario incluyen a cinco del Frente de Todos, impulsadas por Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo; uno del Frente de Izquierda, presentado por Nicolás Del Caño, y uno más del santafesino Enrique Estévez del bloque Socialista.

Según reseña Parlamentario.com, la iniciativa presentada por Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de seis horas diarias o 30 semanales, mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky, quien había anunciado el 11 de septiembre que comenzaría el debate, propone que no se exceda de las ocho horas diarias o los cuarenta semanales sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

En esa línea, Palazzo, referente del sindicato bancario, propone que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatros días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño impulsan un máximo de seis horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, El socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

Ante las determinaciones del gobierno provincial respecto a la suspensión del aumento de tarifas de agua y luz y la eximición del pago del impuesto al sello en los contratos de alquiler; el diputado de Igualdad sostuvo que: "Estos son los temas que logramos instalar en la agenda legislativa; las medidas adoptadas por el gobierno provincial se deben al impulso de proyectos y los incansables pedidos de tratamiento que llevamos desde el Bloque Igualdad junto a la diputada Agustina Donnet en la Legislatura Provincial."

Cabe recordar que, el proyecto de Giustiniani tiene media sanción desde hace meses y espera la aprobación del Senado provincial.

La media sanción en su momento fue una buena noticia para los inquilinos. El proyecto de Giustiniani y Donnet que elimina el impuesto al sello en los alquileres con destino a vivienda, una propuesta que busca que sea más barato celebrar un contrato de alquiler.

Es una herramienta que busca atender a la economía doméstica, en un contexto de crisis social y económica, con exorbitantes incrementos en los alquileres.

Giustiniani y Donnet señalaron que: "Las profundas desigualdades en el acceso a un hábitat digno, necesitan de una respuesta concreta a quienes necesitan acceder a una vivienda a través de un alquiler".

Esta iniciativa es una herramienta para atender a la economía doméstica en un contexto de crisis social y económica, donde alquilar es cada vez más difícil".

En el mismo sentido, Giustiniani recordó que: "venimos solicitando el freno a los tarifazos en luz y agua desde hace tiempo ya que en las audiencias públicas realizadas en enero, advertimos de la situación negativa que generaría el desmedido escalonamiento de aumentos solicitados por las empresas de servicios públicos. A pesar de la oposición que sustentamos junto a organizaciones de defensa del consumidor, estos incrementos continúan aplicándose sin tener en cuenta la asfixiante realidad económica que afecta a usuarios, comerciantes e industriales, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que se encuentran al borde del cierre de sus negocios".

Desde Igualdad, aseguró Giustiniani, hemos impulsado proyectos en la Legislatura provincial (exptes. 50965 y 52091, entre otros) para frenar los tarifazos. Además, hemos enviado una carta al gobernador Omar Perotti en la que solicitamos la suspensión de cualquier aumento en las tarifas de luz y agua hasta fin de año. Instamos al gobierno provincial a tomar medidas inmediatas para suspender todos los aumentos de las tarifas de luz y agua hasta fin de año y retrotraer los valores que han significado aumentos por encima de la inflación. Los tarifazos en los servicios públicos están teniendo un impacto negativo en el poder adquisitivo de los salarios, ingresos y jubilaciones, lo que hace que el costo de estos servicios ocupe un lugar cada vez más significativo en la canasta familiar.

"Desde nuestro bloque, seguiremos trabajando incansablemente para frenar esta ola de aumentos desmedidos que afectan a la economía de Santa Fe".

Después de muchas idas y vueltas, Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición lograron aprobar una reforma a la Ley de Alquileres que había sido sancionada en 2020, y que no rindió los frutos esperados.

La mal llamada "Ley Lipovetzky", que había sido producto de la construcción transversal entre bloques de diferente signo, establece plazos de tres años para la duración de los contratos de alquiler, actualización anual de los precios en base a la combinación de indicadores de evolución de precios y salarios.

En cambio, la media sanción de Diputados, se basa en los siguientes lineamientos:

Duración de los contratos: dos añosPeriodicidad para la actualización de precios: cuatrimestral"En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.

Mecanismo de actualización: libre, a acordar entre las partes."Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles en alquiler:Reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan hasta tres unidades de explotación, "en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados" se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma".

Se exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler

Se modifica el impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes "utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados".

Por César Rodríguez

Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos reformar la Ley de Alquileres, de modo tal que el plazo de duración de los contratos vuelve a ser de dos años y la actualización de los precios será cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, de Identidad Bonaerense, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que están decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.

El intento fallido opositor de derogar la ley se debió a la imposibilidad de reunir las dos terceras partes de los votos requeridos para habilitar sobre tablas el tratamiento de los expedientes sin dictamen: fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero fue rechazado. El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría que se votó a continuación, que es impulsado por Juntos por el Cambio, es bastante más laxo en las condiciones, volviendo prácticamente a lo que establece el Código Civil y Comercial de dos años de plazo de los contratos e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.

"Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer", expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace (Evolución Radical): "Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismo para que se pongan más propiedades en alquiler".

“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, indica el dictamen de minoría, donde se suprimió la parte donde se fijaba una periodicidad de "entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses".

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que "una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado". Por su parte, Pablo Tonelli (PRO) aseguró que lo necesario para "recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio" y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que "el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan".

"El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio", protestó la candidata presidencial y referente del PTS.

El quórum para validar la sesión se logró a las 12:30 cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, comprobó en el tablero la presencia de 129 diputados, y dio por iniciada la sesión en el recinto.

Los últimos en sentarse en las bancas para llegar al número clave 129 fueron los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein. Antes de ellos bajaron los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo junto a Luciano Laspina.

Los representantes de La Libertad Avanza estuvieron en duda hasta último momento, pero la decisión de Juntos por el Cambio de apostar por la derogación de la ley en lugar de impulsar el propio dictamen de reforma destrabó el acuerdo para el quórum.

También contribuyeron a que hubiera sesión los diputados de Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, que impulsan un dictamen para reformar la ley de Alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, con indexación semestral en base a indicadores.

Los diputados del bloque Ser, Claudio Vidal (gobernador electo de Santa Cruz) y Felipe Álvarez también se hicieron presentes en el recinto, así como los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo. Una vez que la oposición había logrado el quórum, con la sesión recién empezado, el Frente de Todos bajó al recinto para ocupar las bancas.

Son 13 los espacios políticos que solicitaron a Cecilia Moreau, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que convoque a una sesión especial el 23 de agosto al mediodía. Los que tienen mayor cantidad de integrantes son los bloques del PRO (48) y de la UCR (34). Sumados, son 131 y logran superar la cantidad de diputados necesarios para que haya quórum (129). Entre ellos, está la fórmula presidencial que se consagró como gran ganadora de las PASO: Javier Milei y Victoria Villarruel.

El motivo que lleva a la oposición a pedir que el cuerpo legislativo baje al recinto es tratar la derogación de la Ley de alquileres, que -reconocido por propios y ajenos- terminó siendo dañina para inquilinos y propietarios tras su sanción en 2020. “Los valores han subido un 600%. Es una ley que no funcionó, admitimos que contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, había dicho en plena sesión del 5 de julio el diputado nacional Lombardi, del PRO.

En esa oportunidad, la oposición había intentado agregar al temario la discusión de dicha normativa, pero el voto negativo del oficialismo truncó la posibilidad. Por eso, firmaron el pedido ese mismo día con fecha para el próximo miércoles con un tiempo prudencial para negociar los términos y dejar pasar las elecciones primarias, que imposibilitaban cualquier tipo de encuentro previo.

Ante esta situación, desde el PJ dejaron saber a El Litoral que son conscientes de que la oposición “tiene el número” para iniciar la sesión, pero que aún están “debatiendo cómo votaremos”. Sucede que hay tres dictámenes en el trabajo de la comisión pertinente que se tratarán en el siguiente orden: primero el que obtuvo dictamen de mayoría, el del oficialismo, que será rechazado por la oposición, que tiene más poder en el recinto que en esa comisión; el de la oposición, que cuenta con quórum pero no con los dos tercios de la cámara que se requieren para derogar una Ley vigente (en caso de que el oficialismo no acompañe la votación); y un tercer dictamen de Graciela Camaño, que no haría mella en la discusión.

Los cambios más profundos que propone la oposición tienen que ver con pasar el plazo de locación de 3 a 2 años y que los cálculos de actualización del costo se actualicen cada seis meses y no cada un año, para evitar que los propietarios dejen de ofrecer sus propiedades, perjudicados por la inflación. Si bien es difícil que la sesión prospere con un resultado favorable a sus intenciones, la oposición al menos busca dar una señal política de cara a la sociedad, por lo que no es menor que Javier Milei forme parte de la partida, cuando se busca dar una señal de solidaridad económica con los vecinos perjudicados por la Ley de Alquileres actual.

Alquilar una casa en Venado Tuerto sigue siendo una verdadera odisea. Con una demanda altísima y una oferta cada vez más acotada, el panorama del sector es crítico, al punto que aseguran que, en Venado Tuerto, por cada casa que se deshabita hay, en promedio, 40 familias interesadas.

Desde el sector inmobiliario vienen advirtiendo hace tiempo sobre los perjuicios de la nueva Ley de Alquileres y lo poco favorable que resulta tanto para inquilinos como para propietarios, poniendo el foco en dos puntos clave de la normativa: la imposibilidad de celebrar contratos de menos de tres años (solicitan la reducción del plazo legal mínimo de un nuevo contrato de locación a dos años) y achicar el período de actualización de los cánones locativos a un mínimo de cuatro meses.

Esta vez, el reclamo fue escuchado y el próximo 23 de agosto se llevará a cabo el debate en la Cámara Diputados de la Nación.

Rosario: los alquileres cuestan el doble que hace un año atrás

Otra de las variables que atenta contra el mercado de alquileres es la alta inflación de Argentina y de la que Venado Tuerto no escapa. Los índices de incremento interanual de suba en los costos de locación para contratos vigentes superan el ciento por ciento, todo esto agravado con el vencimiento de los primeros contratos de alquiler celebrados bajo la nueva normativa, donde muchos de los dueños de las propiedades están optando por fuertes subas en el canon para no perder, ya que la polinómica tampoco arroja el precio real que deberían cobrar por la locación, teniendo en cuenta el avance en los precios de compra y venta de los inmuebles. De hecho, muchos de ellos optan por retirar las casas del mercado y, en muchos casos, la figura del alquiler por día o temporario logró satisfacer las necesidades de muchos propietarios, pero no así de las familias que necesitan alquilar.

En diálogo con Sur24, Eduardo Di Nardo, delegado del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario región sureste, que es la que comprende al departamento General López (Cocir), sostuvo que “el mercado locativo en la ciudad está con gran dificultad para satisfacer la demanda, que es casi nula; por cada propiedad que se desocupa, hay 40 familias que necesitan ese mismo inmueble”.

Además, el directivo reflejó que lo más solicitado son casas de uno o dos dormitorios para familias, y lo que más se construye son departamentos de un dormitorio”, presagiando que, por ese motivo, “la demanda persistirá por mucho tiempo “.

Seguidamente, el corredor inmobiliario expuso sobre la nueva Ley de Alquileres, que, según su testimonio, “perjudicó a todas las partes por igual. Propietarios que reciben el canon locativo por un año al mismo valor, inquilinos que por esa razón no encuentran inmuebles para alquilar, y profesionales del sector que no pueden satisfacer las demandas”. Y añadió: “En un país con índices de inflación alarmantes, es inviable alquilar en esas condiciones”.

Alquileres por las nubes: aumentarán casi 110% en agosto

Di Nardo informo que el Cocir “ha expresado en reiteradas oportunidades a los dirigentes la necesidad imperiosa de modificar, al menos, dos artículos claves para la modificación de esta ley. Uno de ellos es el plazo de tres años, y el segundo es el índice de actualización”.

Por otra parte, destacó que “el Colegio ha llevado propuestas, como la utilización de algunos impuestos, para volcarlos a la construcción de viviendas para locación por períodos establecidos de 10 años”, deseando que “los legisladores tomen esta solicitud con premura. A las familias argentinas, además de todos los problemas, ahora se le suma la incertidumbre de no saber dónde podrán realizar su vida”.

El vencimiento de los primeros contratos celebrados bajo la reglamentación de la flamante Ley de Alquileres, puesta en marcha hace tres años, está agrandando la brecha entre inquilinos y propiedades, ya que aumenta la demanda y cada vez se retiran más inmuebles del mercado y, los que quedan sufren aumentos inviables para las familias interesadas.

“En este momento (fines de julio) se están venciendo los primeros contratos de locación desde el inicio de la ley en medio de la pandemia, en el 2020”, expuso el corredor inmobiliario venadense, analizando que “es por eso que la demanda es inmensa y el retiro de las propiedades en locación también lo es. La mayoría de los propietarios opta por acordar prórrogas de seis o 12 meses y ajustando fuertemente los valores para no volver a perder”.

Según los datos recabados del sector inmobiliario local, el índice de julio para los contratos vigentes arroja un incremento del 109,4 % interanual, “es decir que si pagaban 50 mil por el departamento, pagarán ahora 110 mil”, destacó Di Nardo, aunque también subrayó que esos valores aún así están “muy por debajo de los precios reales de mercado”.

Los valores en Venado Tuerto, para departamento de un dormitorio, oscilan “desde $35 mil a $55 mil; de dos dormitorios, desde $70 mil a $120 mil y de tres dormitorios, desde $120 mil a $220 mil”.

El Gobierno nacional estudia suspender la Ley de Alquileres

La compra y venta de inmuebles no escapa a la preocupante realidad que atraviesa el mercado de alquileres en Venado Tuerto.

Según los especialistas, las tasaciones de casas están cayendo abruptamente en cuanto a su valor en dólares.

“En el caso de ventas, las propiedades, según las estadísticas que los matriculados relevamos en operaciones que utilizamos para las tasaciones, han bajado entre un 35 y 45 por ciento de su valor en dólares”, admitió. “Hemos visto que propiedades que se ofrecían hace cuatro años en 340 mil dólares, han sido vendidas en 200 mil; la caída no tiene piso, al menos hasta después de las elecciones”.

Ante esta situación, que preocupa de sobremanera tanto a los dueños de inmuebles, como a los protagonistas del mercado inmobiliario, es que recomiendan a los propietarios que “siempre deben contratar un corredor matriculado para realizar una tasación. A veces, esperar un precio muy lindo, pero irreal, puede hacerles perder su capital”, recomendó Di Nardo, advirtiendo además que “sólo los matriculados del Colegio tenemos la información y preparación necesarias para tasar un inmueble o intervenir en operaciones de locación y compraventa de inmuebles”.

Alquilar en Venado Tuerto: poca oferta y precios por las nubes

En septiembre, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, con sede Rosario, tendrá elecciones y se presentarán dos listas en la puja por la conducción del próximo período.

En este sentido, Di Nardo puso de relieve la importancia de “la cantidad de personas que se han acercado a trabajar para una y otra lista”, deseando que sea un proceso virtuoso donde se consigan más beneficios de los ya obtenidos.

Entre las bondades del Colegio, el delegado venadense expuso que la organización cuenta con “asesoría contable, jurídica y notarial para los matriculados, sin cargo. Además, tiene un portal propio donde los matriculados pueden publicar y compartir los inmuebles; también tenemos un centro de mediación donde se preparan los especialistas para resolver conflictos sin vía judicial, y últimamente se consiguió con la UNR la diplomatura gratuita de Licenciatura en corretaje inmobiliario”.

Por último, el matriculado reflexionó: “Hemos recorrido un largo camino en estos 12 años de la sanción de la ley que nos contiene y estamos cada vez más orgullosos de nuestro Colegio y nuestra profesión”.

Sobre tablas y por unanimidad, la Cámara de Diputados votó la eximición del pago del Impuesto de Sellos a los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda al acompañar una iniciativa del bloque Igualdad que componen Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. “Sería una gran contribución de la Legislatura a la situación de inquilinos que están viviendo una situación preocupante por los efectos de la actual ley de alquileres”, señaló el primero.

La incorporación de ese artículo al Código Fiscal de la provincia fue uno de los siete proyectos de leyes aprobados en la reanudación del período Ordinario de Sesiones. De ellos, solo tenía dictamen de comisiones el que declara Monumento Histórico Provincial al edificio del Centro Español de nuestra ciudad donde funciona la Biblioteca Popular, insistencia en la temática de Sergio Basile (UCR – Evolución).

La comisión de Labor Parlamentaria acordó el tratamiento de varios proyectos de ley con absoluto consenso donde se destaca la eximición de Sellos a los inquilinos y el pedido de Giustiniani al presidente de la Cámara, Pablo Farías, para que hable con las autoridades del Senado para que complete la sanción. Es más, entre los antecedentes mencionados por Giustiniani está la media sanción a un proyecto similar votado en 2007 a instancias de Sergio Liberati y Oscar Urruty, éste último hoy secretario de Gobierno de la provincia.

Para el autor, el costo fiscal es ínfimo para el gobierno provincial pero es un alivio importante para los inquilinos. Destacó el amplio consenso alcanzado en Parlamentaria donde dio cuenta que existen además proyectos sobre la temática ingresados por Luis Rubeo (PJ), Lionella Cattalini (PS) y Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista).

El informante del proyecto recordó a que a las abultadas cifras que debe abonar el inquilino se suman los desembolsos que deben hacerse todos juntos al inicio del contrato que es la comisión de la inmobiliaria, la verificación de las garantías, el mes adelantado de alquiler y los sellados. Señaló además que Sellos es el 12 por mil del monto total del contrato que son a dos o tres años.

Alquilar en Venado Tuerto: poca oferta y precios por las nubes

También sobre tablas, Diputados insistió con la media sanción al proyecto de ley de la socialista Erica Hynes creando el régimen de acceso a los recursos biológicos y recursos genéticos, con fines científicos, de investigación o utilización con fines comerciales. La autora fundamentó el proyecto en artículos de la Constitución Nacional así como en dos convenios internacionales a los que adhirió la Argentina por ley del Congreso (convenio sobre diversidad biológica y Protocolo de Nagoya). Hynes explicó con ejemplos como se pueden autorizar permisos de investigación que derivan en grandes negocios para el sector privado sin que el Estado tenga las herramientas para cobrar derechos de recursos propios. Los ejemplos expuestos fueron de un tipo de cerveza con levaduras extraídas de Bariloche por los cuales la provincia de Río Negro percibe recursos; en Salta, salares que son utilizados para procesos bromatológicos y la jarilla de Mendoza para elaborar champúes para evitar la caída del cabello.

En otro de los temas resueltos por Diputados está la prórroga por otros dos años de la expropiación temporal de maquinarias, herramientas y demás bienes muebles e inmuebles y accesorios correspondiente al Frigorífico Tatra de la ciudad de Vera, en favor de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

Frente a Legislatura: proyectaron el documental “Un día a la vez “

En la provincia se conmemoró por primera vez el día del familiar y la víctima de la inseguridad, fijada por ley para el 3 de mayo de cada año en coincidencia con la muerte de la joven Marianela Brondino. La fecha coincidió con la decisión del gobernador Omar Perotti de presentar la reglamentación de la ley de Víctimas.

En tanto, en esta capital, frente a Legislatura se proyectó el documental “Un día a la vez. El camino de Graciela Brondino” del cineasta santafesino Guido Povolo. Sobre el final de la proyección hubo suelta de globos de los participantes en la reunión convocada por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, y el diputado Oscar Martínez.

El Gobierno estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que a menos de dos años de su puesta en vigor dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles.

La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de departamentos a optar por no poner su propiedad en alquiler.

Entre los puntos más cuestionados es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e incluso en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y en consecuencia distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

Pese a que rige la nueva ley de Alquileres, que pretendía morigerar el impacto de los aumentos del mercado locativo, según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), los incrementos durante el 2022 superaron la inflación anual que alcanzó un 94, 8%.

En base al informe, al que accedió Mirador Provincial, que elaboró la institución el Índice para contratos de locación, que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente, “muestra un incremento interanual de 81,4% al primer día hábil de enero”, pero “los aumentos no regulados por la ley, es decir los de aquellos precios de contratos nuevos, son hasta 20 puntos porcentuales superiores”.

Ceso expone que en los últimos 12 meses el alquiler de un monoambiente en Rosario “aumentó un 109,8%”. Para el caso de los departamentos de dos ambientes “el aumento fue de 111,5% y de 86,7% en los de tres ambientes”. En ese mismo período, “el dólar oficial subió 71,1%”.

Por otro lado, el último dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, “muestra un incremento interanual de 94,8% en los precios según el IPC INDEC”, con lo cual, “ninguna de las variables antes mencionadas puede explicar los aumentos de precios de alquileres de hasta 111,5% en algunos tipos de unidades”, agregan desde Ceso.

A su vez, la mediana del precio de los monoambientes ofertados en Rosario es de 43 mil pesos. Esto quiere decir que quienes perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy ubicado en $65.427) “destinan el 65,7% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente”.

En este sentido, para los jubilados que tienen un ingreso de $50.124 “este porcentaje asciende al 85,8%”, estima el informe.

La Ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las últimas elecciones legislativas. A fines del año pasado, el propio gobierno nacional reconoció la necesidad de modificaciones.

En su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Desde la vigencia de Ley de Alquileres, ante tanta polémica, se presentaron en el Congreso de la Nación unos 30 proyectos que buscaban derogarla o modificarla. El objetivo es unificar posiciones para lograr modificaciones a la ley que permitan minimizar daños e incentivar la recuperación de la oferta en el mercado de alquileres para que bajen los precios de ingreso y recupere algo de dinamismo en un contexto crítico de la economía, pero por ahora todo está en modo Mundial.

– Regular el precio por un promedio entre inflación y salario.

Las actualizaciones serán anuales y no semestrales. Además, el promedio terminará con la arbitrariedad de los aumentos que pueden llegar, a veces, hasta a duplicar el valor previo de la propiedad.

– Regular expensas.

Los inquilinos no pagarán los arreglos que no les corresponden. Las expensas extraordinarias deben ser abonadas por el propietario.

-El contrato pasa de dos a tres años

Para generar mayor certidumbre a la hora de realizar una mudanza, se extiende el período de vigencia de los contratos. Ésto también evita hacer grandes desembolsos de dinero en cortos plazos de tiempo.

-Obligatoriedad de registrar todos los contratos de alquiler por AFIP

El objetivo es terminar con la clandestinidad de los convenios y que todos estén registrados ante las autoridades, con los impuestos correspondientes.

-El depósito será de sólo un mes

Será válido por los tres años de alquiler al valor del primer mes de éste, con el fin de evitar el pago de altas sumas de dinero al ingresar a una vivienda.

-Se facilita la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler

Si el caso no es urgente, el propietario tiene diez días para hacer la reparación. Si es urgente, los inquilinos pueden avanzar con las refacciones y cobrárselas directamente del valor del alquiler.

-El inquilino no está obligado a pagar tasas e impuestos que gravan la propiedad

Hace referencia a tributos como el ABL, ARBA u otros que graven la propiedad, que no es del inquilino.

-Aviso con tres meses de anticipación si deciden no renovar el contrato

Los propietarios deberán informar esta decisión con el tiempo necesario para que el inquilino pueda buscar otra propiedad. Hasta el momento, podían hacerlo cuando quisieran.

-Crean organismos de control y defensa de los derechos de los inquilinos en todo el país

-Desalojos express y el ingreso de los bancos a la intermediación del alquiler como garantes

Si bien se contarán con mayores opciones para garantías, hay cuestiones que generar controversias. Son puntos incorporados por Cambiemos en la media sanción de Diputados. En caso de registrar demoras en el pago, el propietario puede intimar al inquilino y darle diez días corridos para abonar. En caso de no hacerlo, se lo podrá desalojar. Por otra parte, el aval bancario ingresa como posible garantía a ser pedida por el dueño del inmueble a la hora de firmar un contrato.

“En este contexto de inestabilidad económica y de crisis habitacional, resulta urgente dar marcha atrás y derogar la Ley de Alquileres (Ley N° 27.551) que entró en vigencia en 2020 y que tanto daño hizo, y consensuar entre todos los actores una nueva ley que traiga soluciones al complicado momento que vive el sector inmobiliario, tanto propietarios como inquilinos”, señaló la senadora por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, en relación al Proyecto de Ley presentado este viernes. 

La iniciativa de la también vicepresidente del Senado de la Nación, que es acompañada por los senadores Luis Juez, Luis Naidenof, José Maria Torello, Edith Terenzi, Juan Carlos Romero, Sergio Fama, Pablo Blanco, Gabriela González Riollo, Daniel Kroneberger, Roberto Basualdo, Beatriz Ávila,  Mario Fiad,  Mariana Juri, Gabriela Valenzuela y Víctor Zimmerman, busca ponerle freno a la vigente Ley que puso en marcha excesivos procesos de regulación que resultaron una considerable disminución de la oferta inmobiliaria y un aumento incontrolable de los precios de los alquileres en tiempo récord.

“La normativa que tenemos hoy fracasó. Y si bien tuvo como objetivo brindar a los inquilinos mejores condiciones de contratación y contribuir a resolver la crisis de vivienda que existe en nuestro país, en un contexto de inestabilidad económica y falta de previsibilidad, no hizo más que agravar la situación”.

Según lo establece la actual normativa, los contratos de locación deberán tener una duración mínima de tres años en lugar de dos. Estos contratos sólo pueden tener un aumento anual definido por el Índice para Contratos de Locación (ICL) establecido por el Banco Central, y que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de los precios al consumidor y de los salarios que difunde el Indec. “Esto es un grave problema en nuestro país, el cual se encuentra en una profunda crisis, en términos económicos, sociales y de elevada inflación”, explicó Losada.

Al ampliar el plazo mínimo de contratación y regular el mecanismo de ajuste del precio de los alquileres, además de la regulación del depósito y de la garantía y la obligación de declarar el contrato a la AFIP, la legislación vigente alteró la ecuación económica del contrato, disminuyendo los incentivos para contratar desde el lado de la oferta y las posibilidades desde el lado de la demanda.

“Está a la vista que los resultados de aquella nueva legislación no fueron los esperados y, por el contrario, fueron innegablemente desfavorables. Antes de que la situación se siga agravando, presentamos este proyecto para que se apruebe la inmediata derogación de la ley vigente y demos paso a un nuevo debate legislativo con la participación de todas las partes involucradas que permita el dictado de una nueva ley”, concluyó la senadora nacional.

El Litoral

Aunque habían alcanzado el dictamen de minoría en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, reinaba el optimismo en la oposición respecto de construir nuevamente una mayoría en el recinto de la Cámara de Diputados -como pasó con boleta única de papel- para poder aprobar el jueves de esta semana la reforma de la Ley de Alquileres. Sin embargo, pocas horas después del plenario, la chance se vio diluida.

Luego del acuerdo alcanzado, en el sector de Juntos por el Cambio, parte del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas cayeron en la cuenta de que los números estaban complicados para llamar a un debate el último día del mes. Esto se daba no solo por la baja de algunos legisladores que no iban a poder estar presentes, sino sobre todo por diferencias que surgieron después sobre la letra del proyecto.

La posibilidad de que los alquileres se puedan actualizar, por acuerdo de las partes, de forma trimestral fue el punto que detonó la mayor polémica, e incluso salió a reconocerlo el rionegrino Agustín Domingo, quien fue autor de una de las iniciativas que se tomaron para la unificación de las propuestas, y aseguró que buscarán que se contemplen de manera semestral. Pero este es uno de los aspectos donde, según pudo saber este medio, se resiste a ceder el bloque Pro.

Además de ese artículo, tampoco están conformes en cómo quedó la redacción los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes forman parte del interbloque Federal, pero no participan de las comisiones que trataron el tema. “Está complejo”, señalaron desde el entorno de los santafesinos, aunque aclararon que tampoco los satisface la propuesta del oficialismo.

A todo ello se suma que el respaldo de los sectores libertarios -quienes pedían directamente por la derogación de la ley- tampoco está confirmado. En el caso del líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, por ejemplo, fuentes cercanas al legislador indicaron que “por ahora decidió no adelantar su voto, lo definirá el mismo día de la votación”.

El dictamen de mayoría del Frente de Todos revindica la actual Ley 27.551, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría de la oposición vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, indica que deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Para llevar a una sesión de “consenso” antes del receso invernal, hay en carpeta varias iniciativas que salieron con acuerdo desde las comisiones, como el proyecto de emergencia en el transporte del interior -que lleva a un monto de 59.500 millones de pesos los recursos del Fondo Compensatorio-; la nueva ley de biotecnología y nanotecnología; una ley sobre cuidados paliativos y otra sobre resistencia antimicrobiana.