En el marco de la Ley de Aguas Nº 13.740, el gobierno de la provincia intimó a un productor de la localidad de Rufino -estancia perteneciente a la familia Piccini-, quien, a través de una obra no autorizada, vuelca aguas hacia la laguna La Picasa desde un canal de grandes dimensiones, lo que en épocas de registros altos de lluvias genera daños graves a otros productores de la zona.

Cabe recordar que, en el año 2018, la Provincia cerró ese canal con orden judicial, sin embargo, fue abierto nuevamente por los propietarios, volviéndose a intimar a que lo cierren bajo advertencia de ingresar con la fuerza pública.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó: “Vamos a actuar con toda la firmeza que nos permite la Ley ante los infractores de obras hídricas, para hacer respetar el estado de derecho, los recursos naturales y el trabajo de los productores de la zona”.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “las intimaciones de este tipo tienen como objetivo preservar el normal escurrimiento de las aguas y también de las obras públicas en las que el Estado ha invertido. Pero, fundamentalmente, proteger el trabajo de los productores que se ven afectados por la intervención de estos canales clandestinos que no garantizan el normal funcionamiento de los sistemas”.

Asimismo, el funcionario explicó: “Estas intimaciones se realizan para que quienes hayan realizado una obra no autorizada, la desactiven inmediatamente. Ya sea un bordo, un canal, un tapón o la rotura de alguna alcantarilla, por mencionar algunos ejemplos comunes”.

Y continuó: “Luego de transcurrido el tiempo que esta intimación le da al infractor para que restablezca las condiciones, de no hacerlo, la Provincia ingresará con equipos propios a restablecer las condiciones de normal funcionamiento de los sistemas de canales. Y seguidamente, prosigue un proceso administrativo -en algunos casos de índole penal- para que quien realizó la obra de manera ilegal, o pague una multa o cumpla algún otro tipo de sanción”, finalizó Mijich.

Tras detectarse varias obras ilegales que generan anegamientos, el Ministerio de Obras Públicas comenzó a intimar a los productores que las realizan, haciendo cumplir la Ley de Aguas. “En este escenario de emergencia hídrica y lluvias copiosas no hay margen para obras clandestinas que alteren el drenaje natural. Seguiremos adelante con las tareas de control”, marcó el ministro Lisandro Enrico.

Durante enero, el gobierno provincial junto a la Policía impulsaron distintas tareas para que en el noreste del territorio santafesino se pueda recuperar el drenaje del agua, tras detectarse obras clandestinas realizadas por productores de la región que generaban fallas en el sistema de escurrimiento, ocasionando embalses en las cuencas de los arroyos Saladillo, Saladillo Amargo y Saladillo Dulce.

Estas medidas que decidió llevar adelante el Ministerio de Obras Públicas, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, se basa en ejercer el cumplimiento de la Ley Provincial de Aguas (Nº 13.740 ). Se trata de una norma que en su evolución tuvo modificaciones presentadas por el actual ministro Lisandro Enrico cuando era senador. Esos cambios le conceden a Provincia el poder de intervenir directamente ante las obras irregulares, con colaboración policial, para desarmar estos canales que alteran o modifican el escurrimiento natural de las aguas, produciendo daños reales o potenciales.

La ley entre sus componentes determina que la autoridad de aplicación podrá “intimar y ordenar el cese de actividades de manera urgente ante la existencia de obras clandestinas; modificar usos, secuestrar, decomisar, demoler, remover, acceder a predios particulares y aplicar sanciones o multas ante la existencia de obras clandestinas”. Y que podrá contar con la colaboración de las fuerzas de seguridad para los procedimientos.

Estas acciones, al ser detectadas, implican que las autoridades labren actas, se le inicien acciones legales al autor, que además debe afrontar los costos de desactivación de la obra clandestina y a su vez afrontar una multa económica.

El ministro Enrico señaló que “así como ocurrió en la región noreste, nosotros frente a las obras clandestinas que surjan en toda la provincia vamos a proceder con el cumplimiento de la Ley de Aguas. Es decir, hacer uso de las facultades que tiene el Ministerio para intimar, intervenir y corregir la problemática, incluso trabajando en conjunto con la Policía provincial. En este escenario de emergencia hídrica y lluvias copiosas no hay margen para obras clandestinas que alteren el drenaje natural del agua. Seguiremos adelante con las tareas de control”.

“Los responsables de abrir un canal o bloquear un paso de agua mediante terraplén sin autorización, deberán reparar ese accionar de inmediato, porque al alterar el escurrimiento natural de las cuencas seguramente estarán provocando consecuencias a otros productores y a sus ejidos urbanos más cercanos, poniendo en riesgo la conectividad vial, la producción y la salida de agua de las localidades”, completó.

El procedimiento en el noroeste comenzó cuando autoridades de gobiernos locales, junto a productores afectados de General Obligado, Vera, San Javier, San Justo y Garay transmitieron la preocupación a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas por lo que estaba ocurriendo en las zonas rurales, situación que agravaba el contexto de emergencia hídrica.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló que “inmediatamente impulsamos una labor conjunta con la Policía. Nuestros equipos desarrollaron relevamientos en lancha, mediciones de caudales, y luego se asentaron denuncias ante estas las maniobras ilegales e irresponsables de algunos productores que, mediante estos pequeños trabajos sin consentimiento, ocasionaron alteraciones al drenaje que ponen en riesgo a diferentes zonas urbanas y rurales en el marco de la emergencia hídrica que tenemos vigente”.

“Como consecuencia -señaló-, los propietarios responsables de estas obras ilegales menores, tuvieron que activar las maquinarias con el objetivo de desarmar los canales y bloqueos realizados”. A su vez, el funcionario contó que a diario se llevan adelante controles estratégicos para garantizar que no vuelvan a interferir en el escurrimiento de la cuenca.

Por último, el titular de Recursos Hídricos, detalló que “durante los primeros días de enero se detectó una obra clandestina en el canal La Loquita, en cercanía a la localidad de Colmena, que generaba complicaciones para darle salida a los excedentes de agua por ese canal. Se notificó, y el productor no cumplió. En función de ello, y con apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la última semana se llevaron adelante los trabajos que posibilitaron restituir la base de la sección del canal para garantizar su normal funcionamiento”.

Los 34 Comités de Cuenca de la provincia se encuentran en estado de alerta ante su posible desaparición o desnaturalización si se reglamenta, tal como está redactada, la nueva Ley de Aguas (n° 13.740).

Así lo hicieron saber al Poder Ejecutivo con la presentación del acta que rubricaron en una asamblea que tuvo lugar en Sunchales el 4 de enero último.

El punto de la discordia es todo el Capítulo 5° de la norma, que no sólo les quitaría jerarquía sino que además ampliaría de tal forma las estructuras que podría tornar mucho más tortuoso el proceso de ejecución de una obra y con un mayor costo a cargo de los productores.

“Nos llevaron a Rosario y el guiso estaba prácticamente cocinado”, indicó a Campolitoral el presidente de comité Malaquías-Los Troncos, Dante Bertinat, en referencia a un “taller” al que fueron convocados en el marco del proceso de reglamentación, a cargo del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Allí, percibieron que los técnicos “ya tenían las decisiones tomadas”.

El Capítulo 5°, explicó, dispone la creación de “organizaciones de cuencas” y “organizaciones de usuarios”. Las primeras, de rango superior, integradas por presidentes de comunas, intendentes, cooperativas y facultades que serían quienes tomen decisiones. “Un montón de actores más que hoy no los tenemos; y nuestra preocupación es cómo seguirá el manejo”. Mientras que en las otras, con menor jerarquía, quedarían los actuales comités, que seguirían a cargo de ejecutar las obras, pero no de las decisiones. “Tenderían a desaparecer”, advirtió Bertinat.

Tras percibir en Rosario que la convocatoria habría sido meramente protocolar, sucedió un hecho inédito en los 40 años de existencia de los Comité de Cuenca en Santa Fe: se autoconvocaron. “Nunca había sucedido, ni en las épocas de emergencia”. Asistieron 27 comités de toda la provincia y coincidieron en la misma preocupación: “desarmar todo sería como volver a empezar y sería mucho más tedioso”. Por lo que firmaron un acta para presentar ante las autoridades, hecho que se concretó con el ingreso por mesa de entrada de Casa de Gobierno del acta. “Queremos que deroguen ese título, porque vemos que al colono lo va perjudicar tremendamente, porque lo va a poner cada vez más lejos de la solución”, remarcó Bertinat.

Entre las principales críticas al Capítulo 5°, mencionan la ampliación de estructuras y su doble perjuicio: dificultad para tomar decisiones y encarecimiento del servicio para los productores. Se generan “enormes cuencas”, dijo Bertinat, como la del Salado. “Ahí se desarticularían casi 11 comités para formar una sola cuenca” y, por lo tanto, “cuando se busque una solución, va a ser más grande” la cantidad de acuerdos o consensos a alcanzar para poder actuar. “Y el productor, que es el que banca y financia todo con su tasa retributiva, va a estar cada vez más lejos”.

Por ejemplo, hoy una obra -por más sencilla que sea- se demora tres años, entre el desarrollo de los estudios y su aprobación. “Imaginate cuando le sumes más decisores”, alertó el vocero.

Por otra parte, también habrá “una dicotomía” entre lo que se paga hoy y lo que podría ser en el futuro. Actualmente los Comités de Cuenca cuentan con una estructura de personal, edificio y máquinas que se solventan con la tasa retributiva del servicio. Por ejemplo, Malaquías-Los Troncos, que cuenta con secretaria administrativa y un empleado, se financia con el cobro a los productores de 3 cuotas anuales de 1 litro de gasoil por hectárea/año. “Si se nos incorporan 10/12 personas más, todos los recursos deberían ir a pagar sueldo; y capaz al productor le empiecen a cobrar más”, dijo Bertinat. En definitiva, “si suman gente, van a tener que cobrar; es un problema de caja también”, añadió en referencia a la creación de las “organizaciones de cuencas”.

Luego de plantear estos reclamos, ahora aguardan una respuesta del gobierno. De todas maneras, Bertinat fue tajante: “queremos la derogación, porque es inviable”.