La Cámara de Diputados avanzó finalmente con la media sanción a otro de los mensajes enviados en los primeros días de diciembre por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura. Se trata de la futura Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública que obtuvo respaldo unánime en general, pero cuestionamientos en lo referido al régimen de compras por parte del bloque justicialista y de Vida y Familia e Inspirar.

Son dos temas diferentes e incluso el de Acceso a la Información es la décima vez que se vota en la Cámara de Diputados, siempre a instancias de los bloques de la democracia progresista. Ahora, se incorpora la temática a la llamada Gobernanza que es facilitarle al ciudadano los trámites ante el Estado.

"Es ciudadanía digital" dijo el radical José Corral al fundamentar la votación. Corral, Rubén Galassi (PS) y Dionisio Scarpin (UCR) fueron los informantes del mensaje mientras que Walter Agosto se encargó de formular las observaciones referidas al capítulo de compras por las que su bloque votó en contra un capítulo del extenso proyecto de sesenta artículos.

"En la actual era digital la provincia de Santa Fe tiene ante sí una oportunidad inigualable de modernizar y optimizar su gestión pública mediante la incorporación de tecnologías emergentes y exponenciales de la Revolución 4.0, en línea con lo propuesto por la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. La innovación pública, entendida como la introducción de nuevos procesos, productos o servicios que agregan valor y responden a desafíos colectivos, es esencial para mejorar la satisfacción ciudadana y la productividad de la administración estatal tal como se reconoce en diversos documentos oficiales y bibliografía relevante", señala el mensaje en sus considerandos.

"La gobernanza de datos emerge como un elemento crucial para una gestión responsable y ética de los datos generados y gestionados por las entidades públicas, asegurando la transparencia, la privacidad y la protección de los datos personales, alineado con los principios de gobernanza democrática y gobierno abierto", acota.

Dijo Corral que la ley define los criterios para que, con un Estado organizado, el cúmulo de información que posee la ponga al servicio del ciudadano. Explicó que la norma apunta a la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad, la accesibilidad, la seguridad de datos y la no discriminación a las personas.

Galassi, en tanto, fue detallando los avances en incorporación de tecnología que hizo el Estado santafesino primero en la DPI y luego con el Data Center. "Hay toda una historia sobre esto en Santa Fe por lo que el gobierno no parte de cero", aseguró.

A su turno, Scarpin destacó que el Estado debe ser eficiente a la hora de prestar servicios y no dudó en señalar que esta iniciativa da herramientas para hacer de Santa Fe una provincia líder en la materia.

Por su parte, Agosto subrayó que el proyecto en sí avanza en buena dirección, ordena compartimentos estancos pero la observación del bloque fue al régimen de compras para la inversión establecido en el texto. Admitió el recelo que existe entre el Estado y los proveedores, hasta subrayó la necesidad de que la tecnología tenga un régimen específico de compras, pero "ese régimen debe ser robusto en beneficio del Estado para establecer reglas claras para dar certeza para encontrar inversores".

"La Ley, entonces, busca establecer un marco normativo robusto que promueva la innovación pública, la aplicación de nuevas tecnologías, una gestión ética y transparente de los datos, el ejercicio efectivo del acceso a la información pública como mecanismo de control ciudadano y profundización de la democracia, así como también, fomentar la eficiencia y colaboración en las compras públicas y financiamiento de proyectos de innovación pública en la Provincia de Santa Fe", señala el mensaje en sus fundamentos firmado por Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastía.

En la sesión del pasado jueves 21, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción, por décima vez, al proyecto del diputado del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, por el derecho al libre acceso a la información pública.

Es una iniciativa que históricamente ha impulsado el bloque del PDP y ha tenido en Diputados un acompañamiento por unanimidad, sin poder avanzar en el Senado. El proyecto inicial es de 2002 cuando lo presentó el entonces diputado Carlos Favario. "Buscamos promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado. Luego de reiteradas presentaciones y aclarando que la Cámara aprobó por unanimidad esta propuesta, anexando proyectos similares, entendemos que debemos insistir con esta vieja demanda, aún no resuelta", dijo Gabriel Real.

Desde 2009 la provincia a través del Decreto 0692/2009 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que busca este proyecto. "Es limitada y existen barreras que no pueden ser salvadas sino a través de una ley, que consagre de una vez por todas la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública", explicó el legislador del PDP.

El objetivo del proyecto de Ley es "que la información pública del Estado sea accesible para todas las personas; determina que las reglas del procedimiento deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que debe ser publicada de forma completa, a través de la mayor cantidad de medios disponibles, en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento y se debe regir por los principios de igualdad de las personas que lo soliciten, con celeridad y de manera gratuita", desarrolló.

"La demanda social sobre este tema es evidente, la sociedad civil organizada se ha manifestado en la necesidad de contar con este derecho para los tres poderes del Estado y tuvimos expresiones contundentes en este sentido; como por ejemplo del Sindicato de Prensa de Rosario. Ojalá podamos avanzar y se logre la sanción definitiva; ahora queda en manos del Senado", finalizó Gabriel Real.

Este jueves, por décima vez en lo que va del siglo, la Cámara de Diputados dará media sanción a un proyecto de ley para regular y garantizar el derecho al libre acceso a la información pública "a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado". Así lo señala el artículo inicial de la iniciativa que impulsa Gabriel Real (PDP) y que como en las nueve ocasiones anteriores tendría el voto por unanimidad en el pleno del cuerpo.

El Diputado Provincial Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista.

El proyecto es uno de los once que tiene dictámenes de las comisiones y que está en el Orden del Día de la sesión ordinaria de esta semana. El proyecto inicial es de 2002 cuando lo impulsara el entonces diputado Carlos Favario. "Luego de reiteradas presentaciones y aclarando que la Cámara aprobó por unanimidad esta propuesta, anexando proyectos similares, entendemos que debemos insistir con esta vieja demanda, aún no resuelta", explicó Real a El Litoral. Reconoció que desde 2009 la provincia a través del Decreto 0692/2009 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que busca este proyecto, "no deja de ser limitada, pues existen barreras aún, que no pueden ser salvadas sino a través de una ley, que consagre de una vez por todas la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública", acotó el legislador.

El objetivo del proyecto de ley es que la información pública del estado santafesino debe ser accesible para todas las personas; determina que las reglas del procedimiento deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y determina que la información "debe ser publicada de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por vía de la mayor cantidad de medios disponibles". Acota que esa información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros y regirse por los principios de igualdad de las personas que lo soliciten y de celeridad y gratuidad.

Uno de los capítulos está destinado a los sujetos obligados a proporcionar la información. Son sujetos obligados el Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central; los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; las Municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las Comunas; la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado; personas jurídicas públicas de carácter no estatal; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y las organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias. También comprende a las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, por medio de su administración, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones; asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado; empresas privadas que prestan servicios públicos independientemente de la modalidad jurídica adoptada, o las que exploten bienes del dominio público, en relación a los servicios que prestan o la explotación que desarrollan; y, fideicomisos total o parcialmente constituidos con recursos o bienes del Estado.

Por primera vez en los 40 años de la vuelta a la vida democrática en Santa Fe, un gobernador electo es miembro de la Cámara de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Desde 1983 a la fecha hubo candidatos surgidos de la Cámara Baja pero ninguno fue electo ejerciendo el mandato. El socialista Antonio Bonfatti fue gobernador habiendo sido antes diputado, pero al sector electo se desempeñaba como ministro de Gobierno de Hermes Binner.

A diferencia de otros organismos gubernamentales, reticentes a entregar la información solicitada mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, la Casa Militar – a través de la Secretaría General de Presidencia – facilitó al autor la documentación pretendida sin vericuetos. La misma hace referencia a los vehículos que trasladan al personal militar que integra la custodia del presidente de la Nación, de los cuales uno volcó camino a San Luis en noviembre y provocó la muerte de la sargento primero Yanina Mariel Larese, del Ejército.

En ese momento, llamó la atención que los uniformados viajaban a bordo de una camioneta de tipo civil. Por ello, al coincidir las horas posteriores a la tragedia con una conferencia de prensa del jefe de gabinete, este medio consultó a los funcionarios nacionales sobre el tema. Si bien Juan Manzur sólo atinó a mencionar que habrá mayor inversión hacia las Fuerzas Armadas públicamente, desde el área de comunicación oficial deslizaron que la información era falsa y que la custodia presidencial se movía en vehículos oficiales. Ante eso, se solicitó acceso a la información pública que acredite el origen del automotor y todo lo que respecte en ese sentido.

Murió el sargento primero Larese tras el vuelco de la custodia presidencial

Es importante mencionar que, si bien el personal afectado pertenece al Ejército, la Casa Militar tiene un presupuesto ajeno a dicha Fuerza, con un andamiaje legal especial y distinto al resto de los elementos militares. Por ello no se lo provee de coches designados al Ejército. Además, es motivo para otro artículo, que dicha institución cuenta apenas con unos 60 “vehículos de calle”, como se denomina a los autos en los pasillos castrenses, distribuidos en todo el país. De ellos, sólo uno porta el nuevo modelo de chapa-patente, lo que expone la antigüedad de los mismos.

Sobre el eje de estas líneas, efectivamente los integrantes de la Casa Militar se transportan a través de vehículos civiles que son contratados por licitación pública, en lugar de tener vehículos del Estado asignados para su uso. Esto se justifica en que necesitan trasladarse por todo el país y una licitación les permite adquirir vehículos en todo el territorio de manera permanente, por lo que suelen llegar a las zonas de trabajo más alejadas en avión y suelen retirar los coches licitados en los aeropuertos o localidades afectadas al servicio. Por eso no acuden a un leasing o compra. El valor de la licitación en cuestión es de $ 20.869.000,00, con IVA incluido, por seis mese y bajo la modalidad de orden de compra abierta. Esto significa que se contrata un servicio que, en este caso, puede consumirse al completo durante los 6 meses contratados o parcialmente. Es decir, se va pagando lo que se va consumiendo (a través de solicitudes de provisión).

La adjudicación se aprobó el 25 de agosto del 2022 a través de una Disposición firmada por el segundo jefe de la Casa Militar, a favor de Néstor Eduardo Ávila que posee una empresa de transporte y turismo. La misma tiene vigencia hasta el 25 de febrero del corriente y le adjudica a la empresa de transporte la concesión de 495 “servicios”. Se computa “un servicio” por cada unidad vehicular utilizada hasta un día de duración y con recorrido ilimitado.

La solicitud de los servicios que incluye el que sufrió un accidente rumbo a San Luis, como avanzada de la llegada de Alberto Fernández a ese lugar, y en el que murió la suboficial mencionada, se generó a través de la solicitud de provisión 23-0137-SPR22, el 28 de octubre. Un mes antes del trágico suceso. En ella se requirió 14 servicios de la categoría de vehículos “A”; 28 de la “B” y 5 de la “C”, que comprendía la camioneta de la tragedia. En ese sentido, la misma cuenta con seguro “con franquicia por robos y daños $ 345.000 y por vuelco $ 950.000”.

Hasta el 4 noviembre del año pasado, en la licitación en cuestión, se ejecutaron cuatro solicitudes de provisión por – en total – $11.990.800. Esto significa que en poco más de dos meses se consumió el 57% del monto licitado para seis.

La licitación consta de cuatro renglones, según el tipo de vehículo que puede requerirse. La categoría “A” (con 50 servicios aprobados, con un valor unitario de $22.100), trata de “automóvil de cuatro puertas preferentemente con baúl, con capacidad hasta cinco pasajeros, modelo no anterior al 2018, naftero/diésel motor 1.4 o superior; con aire acondicionado, sistema de alarma antirrobo, cierra puertas centralizado con comando a distancia, dirección asistida, apoya cabezas y cinturones de seguridad inerciales en los asientos delanteros y traseros, baúl de 370 litros de capacidad mínima, en impecable estado de conservación y mantenimiento, tanto interior como exterior.”

La categoría “B” es superior a la anterior. Exige que tenga un baúl con capacidad de 480 litros y un motor 1.8 “o superior” y el valor de cada uso es de $39.000. La categoría “C” trata de “camioneta 4×4” con requisitos similares a los anteriores. En estos casos, se dispusieron 280 y 160 “servicios”, respectivamente y con valor individual de $48.400. Finalmente, se pueden dar 5 usos a la categoría “D”. Refiere a “combi de tres puertas para uso de pasajeros, con capacidad para el conductor y dieciocho pasajeros”, siendo modelo no anterior al 2018 y con motor 2.1. En este caso, cada servicio cuesta $220.000.