El Gobierno nacional privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta ser su primer paquete de concesiones, según estableció mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Las generadoras incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias.

El artículo 6 indica que "dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de las empresas indicadas.

La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.

Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.

El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

El Gobierno nacional reglamentó el apartado de la Ley Bases en lo referido al sistema de concesiones del Estado que apunta a que las adjudicaciones sean “más estables, sólidas jurídicamente y flexibles”.

El Título III de la Ley 27.742, oficializado a través del Decreto 713/2024, aborda aspectos cruciales sobre los contratos y acuerdos transaccionales. Según se detalla, tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones y promover el desarrollo de infraestructuras en Argentina.

El Capítulo II introduce modificaciones a la Ley 17.520 y sus posteriores actualizaciones, con el propósito de incentivar la presentación de iniciativas privadas para la construcción y mejora de infraestructuras públicas. Estas modificaciones son parte de un recurso más amplio por modernizar el marco normativo y atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico del país.

En línea con estas reformas, el decreto deroga el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado por el Decreto 966/05, y establece un nuevo régimen adaptado a las necesidades actuales, que regirá los sistemas de contratación en proyectos de obra pública y concesiones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó cuatro aspectos centrales entre los que se destacan los plazos de las concesiones y las actualizaciones.

El funcionario remarcó que “las concesiones podrán tener un plazo variable. Esto quiere decir que la concesión es hasta que se recupera la inversión. Este sistema es muy utilizado en Chile y fue inventado por Eduardo Engel, un reconocido economista de ese país”.

Añadió que “si la obra es exitosa el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápido. En cambio, si la obra es menos redituable el plazo se extiende. De esta manera el concesionario no asume un riesgo de ‘demanda’ y al reducirse puede ofrecer mejores condiciones”.

Hoy se reglamentó el capítulo de concesiones de la Ley Bases con innovaciones que permitirán una mejora sustancial en la capacidad de realizar adjudicaciones más estables, sólidas jurídicamente y flexibles. Quiero destacar cuatro innovaciones muy relevantes. Primero, las… pic.twitter.com/czfpB2u30l

En segundo lugar, Sturzenegger remarcó que “se permiten mecanismos automáticos de actualización. Se podrá concesionar, por ejemplo, en UVAs. Se protege así la ecuación económica del proyecto, pero sobre todo se evitarán redeterminaciones que siempre generaban una oportunidad para la corrupción”.

Como tercer aspecto, el funcionario subrayó que “la Ley Bases permite la ejecución de concesiones de Proyecto-Precio donde la ingeniería del proyecto queda en manos de los oferentes. Con este mecanismo se puede acelerar la ejecución en dos o tres años respecto del sistema tradicional”.

Explicó que “un ejemplo exitoso fue el uso de este mecanismo para licitar la casa central del Banco Ciudad que luego se transformó en la sede del gobierno porteño y que fue adjudicada al Estudio Foster. El mecanismo ahora queda incorporado en la ley”.

Finalmente, remarcó que “se permite en el pliego determinar el mecanismo de resolución de controversias, lo que aporta seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe elevó a la subsecretaría de Política Industrial del ministerio de Economía de la Nación un documento conteniendo una serie de sugerencias de cómo debería ser la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los componentes más discutidos de la llamada Ley Bases que fue promulgada y está en vigencia.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, fue el encargado de atenuar los efectos no deseados del RIGI para Santa Fe. Foto: Juan Manuel Foglia/Archivo

El RIGI está pensado para atraer grandes capitales para inversiones en una serie de actividades como minería, petróleo o forestación.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se movió durante el debate parlamentario de la Ley Bases entre el Congreso y el gobierno nacional para atenuar algunos de los efectos no deseados por ese Régimen, especialmente en pymes, parte central del entramado productivo santafesino.

Días atrás, el funcionario del gabinete de Maximiliano Pullaro dijo que Santa Fe no iba a mandar a Legislatura el proyecto de adhesión a ese régimen hasta no conocer la reglamentación. Otras provincias -caso Río Negro o San Juan- adhirieron ciegamente y enseguida tuvieron anuncios sobre millonarias inversiones que habrá que esperar en el tiempo su concreción.

En la última semana, Santa Fe terminó de elaborar un documento que coordinó el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, especialmente con Fisfe y Adimra, las dos cámaras empresariales que trabajaron codo a codo con el gobierno nacional en la previa a la sanción de la norma.

"Somos optimistas en que tomarán en cuenta las sugerencias" le dijo Puccini a El Litoral. Foto: Juan Manuel Foglia/Archivo

Más allá que el RIGI no tendría impacto directo en Santa Fe, sí es importante la participación de empresas proveedoras de servicios a grandes emprendimientos mineros o petroleros. Es allí donde el gobierno provincial trata de mirar y de apoyar a empresas. "En Vaca Muerta son decenas las empresas santafesinas que fueron transformándose en proveedoras para la industria gasífera y petrolera. Fueron llegando por conexiones entre ellas" comentó a El Litoral un funcionario del gabinete de Pullaro.

El RIGI es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar grandes inversiones con una estabilidad fiscal a 30 años.

Tras el paper elevado por Desarrollo Productivo a Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial de la Nación, Santa Fe espera la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de esos artículos de la ley Bases.

"Somos optimistas en que tomarán en cuenta las sugerencias" le dijo Puccini a El Litoral. En paralelo, la provincia inició junto a otros actores la discusión para instalar un nuevo proyecto de ley Pymes en el Congreso de la Nación. "La intención y el propósito es que también haya incentivos fiscales y exenciones para las inversiones que hagan las Pymes que forman parte del entramado productivo de nuestra provincia y de otras vecinas" señaló el ministro.

En Santa Fe se mira con detenimiento los anuncios de una mega inversión minera en San Juan para extraer cobre y oro debido a que muchas empresas santafesinas podrán ser proveedoras de máquinas, ropa de trabajo o servicios. Así quedó verificado cuando gobierno y empresarios participaron en mayo de la Expo San Juan Minera y dejaron abierta la posibilidad de negocios en el corto plazo.

Volviendo a Puccini, el ministro comentó que la cartera tiene permanentes reuniones con cámaras mineras para buscar nichos de participación como proveedores de empresas santafesinas. "Hay muchas firmas santafesinas que hacen años están brindando servicios a ese sector y la expansión de la minería les abre nuevas puertas a ellas y a otras firmas" señaló.

Es más, ya se está trabajando en una convocatoria a un cluster de minería en Rosario y en una primera instancia se anotaron 120 empresas para tomar parte del encuentro.

Más allá que el RIGI no tendría impacto directo en Santa Fe, sí es importante la participación de empresas proveedoras de servicios a grandes emprendimientos mineros o petroleros. Es allí donde el gobierno provincial trata de mirar y de apoyar a empresas.

Por unanimidad, semanas atrás la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes donde le solicita al Poder Ejecutivo que diga “si se ha realizado una evaluación de impacto macroeconómico en el sistema de producción local ante la aprobación del nuevo "Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones" (RIGI) por el Congreso Nacional".

El proyecto fue iniciativa del diputado justicialista Walter Agosto y fue despachado por dos comisiones antes de llegar al recinto. "Si bien es positivo la implementación de un régimen de promoción de inversiones, de sancionarse el RIGI tal cual está planteado, podría generar asimetrías al interior del entramado productivo local y restringir potestades y competencias subnacionales", señala el autor en los fundamentos del texto.

El pasado 8 de julio, el Gobierno nacional promulgó en el Boletín Oficial la llamada Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y aún son todavía muchos los aspectos de esas normas que debe reglamentar el Poder Ejecutivo y por ende es prematuro definir los pasos que dará la provincia en la materia.

Uno de los temas más relevantes fue la discusión parlamentaria sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) donde el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, coincidieron en respaldar en líneas generales el proyecto pero blindando a las pymes, especialmente de la provincia de Santa Fe. Finalmente el régimen quedó acotado a determinados sectores productivos, entre ellos el petrolero, minero, forestal, etc.

Sobre este particular, Santa Fe está mirando cómo se reglamenta el uso del sistema. "No consideramos adecuado y sí apresurado enviar un mensaje de adhesión hoy a Legislatura", destacó Puccini ante una consulta de El Litoral. No hay letra chica por ende parece un despropósito entrar al sistema. Distinta es la situación de Río Negro cuya Legislatura ya adhirió pero con la mirada puesta en ganarle a provincia de Buenos Aires una millonaria inversión en una terminal para exportar gas.

Nación está todavía recibiendo sugerencias de las provincias sobre el RIGI y un equipo técnico de Desarrollo Productivo ya acercó algunas propuestas. Santa Fe participó activamente en el Senado que fue la Cámara que terminó imponiendo la redacción sobre ese capítulo de Bases. "Ahora el desafío es trabajar en el Congreso por una nueva ley para Pymes" dice el ministro, insistiendo con la postura esgrimida en el Congreso.

Afip en cambio ya reglamentó los capítulos de moratoria y de blanqueo de capitales y está vigente la nueva escala de Ganancias y de Bienes Personales. En el equipo económico que conduce Pablo Olivares también hay una mirada cautelosa sobre los impactos de esos tres temas en las finanzas santafesinas. Es más, al lado del ministro son muy cautos a la hora de trazar números de un supuesto impacto positivo.

En una reciente reunión con intendentes y legisladores se le preguntó al ministro de Economía, Pablo Olivares, si se iba a propiciar una moratoria en la provincia en línea con la Nación y el funcionario de Pullaro fue muy crítico de disponer una nueva moratoria ya que Santa Fe tuvo casi cuatro años de moratoria durante la gestión de Omar Perotti; al principio por la pandemia y luego prorrogada hasta casi finales de mandato.

En esa reunión, el ministro les explicó a los legisladores e intendentes que la propia Administración Provincial de Impuestos (API) tiene facultades para establecer planes de pagos con deudores, eso sí, sin quita de intereses ni de deuda. Pero además, les expuso los frenos a la labor cotidiana de API que significa una moratoria donde la mayor parte del personal se dedica a esa dispensa dejando de lado inspecciones, intimaciones, etc.

En cuanto al blanqueo, por ahora, en la Casa Gris no se considera necesaria la adhesión santafesina aunque no descartan que en semanas venideras sea el gobierno nacional el que solicite a las provincias algunos mecanismos de adhesión. En Santa Fe, hay temor a la infiltración de lavado de activos en caso de una ley de blanqueos y eso obligaría a diseñar algún tipo de adhesión muy especial. Hoy Santa Fe no tiene acceso a los datos de AFIP después de la ruptura de años atrás donde la provincia denegó el pago del compartimento de esa información.

En cuanto a Ganancias, hay dudas sobre el impacto que tendrá en la coparticipación. "Si bien habrá mayores contribuyentes, las escalas son mucho menores. Recién en septiembre podremos tener una foto más precisa" se dijo en Casa Gris ante una consulta de El Litoral.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que en los próximos días se formalizará una nueva convocatoria paritaria a gremios docentes y estatales. Confió en que puedan cerrarse en este segundo semestre "acuerdos más largos" que los bimensuales o trimestrales que caracterizaron a la primera mitad del año. Y descartó de plano la posibilidad de reinstalar la cláusula gatillo. "Sería una imprudencia", planteó.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó la "voluntad de un gobierno" que mientras está pagando los últimos aumentos otorgados, ratifica la decisión de convocar al diálogo. "Esto no es común en todo el país, pero nosotros vamos a honrar esa definición", destacó.

Olivares adelantó que aguardan "expectantes" el registro de inflación de junio, aunque diferenció el momento actual del que se debió transitar en la primera etapa del año. "El contexto de los meses anteriores en los que habíamos discutido había sido con un registro de inflación muy alta. Lo que podemos ver es que los incrementos que hemos acordado para abril y mayo, afortunadamente, estuvieron por encima de la inflación. Esto, para todas las partes, describe un escenario distinto respecto de lo que habíamos tenido", planteó.

- ¿Sobre esa base, creen que pueda cambiarse la estrategia de negociación, teniendo en cuenta que venimos de acuerdos mensuales o trimestrales? - consultó El Litoral-

- Siempre el objetivo es cuanto más largo el plazo de los acuerdos, mejor. El problema es que ese plazo sea acorde a los intereses o a las posibilidades de ambas partes. Un plazo largo en una situación inestable de mucha impredecibilidad implica que alguna de las partes pueda tensar el acuerdo; uno por no poder cumplirlo respecto de lo que se tiene que pagar, y el otro porque se acordó un porcentaje que termina siendo superado por la inflación.

- ¿Considera que seguimos teniendo ese escenario de inestabilidad del primer semestre? - insistió este diario-

- No es la misma inestabilidad que la del primer semestre; claramente es distinto. Estamos con registros inflacionarios distintos, pero sí hay señales que generan otras preocupaciones. Vemos una desaceleración inflacionaria pero al mismo tiempo, convergen con situaciones por temas monetarios y cambiarios que pueden generar alguna disrupción. No sabemos si vamos camino a una desaceleración inflacionaria para acercarnos, por ejemplo, a un 2 ó 1% mensual; o si va a haber una suerte de estancamiento en un 4%. Mirar un semestre con un escenario donde seguimos con una inflación del 4% es muy distinto a un escenario donde la inflación se desacelera y se ubica en el 1%.

- ¿Es posible reinstalar la cláusula gatillo? - se le preguntó-

- Hemos tenido en boca del Presidente (Javier Milei) que estuvimos al borde de una inflación desbocada o de una híper. Entonces, en un escenario así, atar cualquier tipo de contrato a una variable (como la inflación) y estrictamente a lo que acontezca mientras existan riesgos latentes de una hiperinflación, es tremendamente imprudente porque en el fondo, uno es custodio de recursos públicos. Por lo tanto, una cuestión es ir negociando teniendo en cuenta cuál fue la evolución de la inflación para que el trabajador no pierda y dedicando todas las horas necesarias a la discusión que siempre es compleja; y otra es atar el destino del resto de los santafesinos a una situación que puede terminar siendo muy grave para el Estado.

- ¿Cuál es la perspectiva del segundo semestre en términos económicos y financieros, después de la sanción de la Ley Bases? - indagó este diario-

- La Ley Bases permite que el gobierno nacional tenga los instrumentos que requería. Eso despeja la situación de un gobierno que reclamaba esas herramientas. Ahora bien, la perspectiva en cuanto al segundo semestre luce, en lo inflacionario, de manera muy diferente al primero. Esperemos que esto se sostenga así; la pregunta pasa por la reacción de la macroeconomía desde el punto de vista de la actividad económica. Respecto de la perspectiva, creo que podemos estar en una situación de un piso y que pueda haber algunas mejoras en la actividad económica; algunos sectores pueden estar dando una señal de mayo, junio, julio, pero no creo en una en una reacción tipo 'V corta' como se suele decir ahora. No creo que estemos llegando a fin de año recuperando el nivel de actividad económica.

- ¿Brotes verdes todavía no, entonces?

- Las recuperaciones se cuentan en trimestres. Y los estudios macroeconómicos que analizan recesiones del tipo de la que estamos transitando dicen que demora entre cuatro o seis trimestres. Otras recesiones en Argentina han llevado ese tiempo. Por lo tanto, hablar de una V corta es apostar a algo que pasó en 2003, cuando se produjo un salto en los commodities que ni el mundo esperaba. Eso, seguramente, dejó un registro de que una crisis como la del 2001 tuvo un rebote muy alto en 2003-2004. Pero son situaciones posiblemente irrepetibles. Argentina fue un abismo en el 2002, pero encontró en los commodities casi una suerte de ayuda inesperada que le permitió transitar de manera más holgada los años 2004 y 2005. El error sería creer que estamos en situaciones iguales o que aquella situación excepcional se va a repetir. Aquello nos dejó un registro equivocado de lo que sucede con las crisis.

Por David Flier

Aprobadas la ley bases y el paquete fiscal, el Gobierno encara una nueva etapa. Para esto, necesita conseguir apoyos políticos. Por eso, su próxima parada en la hoja de ruta es el Pacto de Mayo, devenido en Pacto de julio.

A través de un comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia reafirmó su convocatoria a gobernadores y referentes políticos “que quieran acompañar el proceso de cambio” para “eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación”.

El Pacto de Mayo original había sido convocado durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por Javier Milei. Se trataba de un tratado de 10 puntos para “redundar” el país y se invitaba a los gobernadores a firmarlo en Córdoba durante el aniversario de la Revolución de Mayo.

La dilación en la aprobación de la ley bases no solo aplazó el encuentro —previsto para julio en Tucumán, cuna de la independencia argentina— sino que, en el medio, y en busca de sumar apoyos, el Ejecutivo modificó ese decálogo.

El nuevo texto pasó a llamarse Acta de Mayo. Y sumó un área que había sido reclamada por buena parte del arco político: la educación.

Por eso, se agregó un punto para avanzar en “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”. Para mantener en diez los puntos, se eliminó un artículo resistido por algunos dirigentes provinciales, que promovía una “reforma política”.

Además, el acta invita a crear el Consejo de Mayo, anunciado por Milei en Córdoba el 25/05. Este organismo estaría integrado por "un Presidente del Consejo de Mayo, por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Senado, un representante de las provincias, un representante de las entidades gremiales y un representante del sector empresarial".

Todo indica que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el representante del Ejecutivo.

Aunque no fue confirmado oficialmente, se especula que el encuentro en Tucumán sea el 8 de julio por la noche. ¿Por qué no el 9? La intención es darle épica con un acto nocturno, y ese 9 de julio la Selección Argentina podría jugar las semifinales de la Copa América, lo que quitaría protagonismo al evento político.

Desde que se anunció la intención de firmar un pacto entre gobernadores en julio, algunos mandatarios ratificaron que acompañarán la invitación.

Uno de los primeros en manifestarse fue el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, durante la visita de Milei a Rosario en el marco del último Día de la Bandera. También ratificó su apoyo Martín Llaryora (Córdoba): “Hay que ser parte de la solución”.

El anfitrión, Osvaldo Jaldo (Tucumán), es otro de los que ya hizo público en varias ocasiones su respaldo al presidente. Mientras que en las últimas semanas se sumó el apoyo del peronista Raúl Jalil (Catamarca), algo que se evidenció por cómo votaron los diputados de esa provincia sobre el impuesto a las ganancias en Diputados (tres a favor y una abstención).

El que ya adelantó que no estará en Tucumán es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo", dijo el dirigente de Unión por la Patria.

En la madrugada de este viernes la Cámara de Diputados de la Nación aprobó las primeras dos leyes de la gestión de Javier Milei: la ley Bases y la ley fiscal.

La cámara baja debía debatir y votar las modificaciones establecidas por el Senado y que contaron con una extensa serie de negociaciones por parte del oficialismo para obtener los números que le brindaron su primer triunfo legislativo tras seis meses.

Con gran apoyo del sector “dialoguista”, la Ley Bases se aprobó con 47 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones. Con gran aporte del PRO, la UCR y un grueso de fuerzas minoritarias, la negativa llegó por parte de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, un miembro de Hacemos Coalición Federal y los dos representantes socialistas santafesinos.

En lo que respecta a la ley Fiscal, la votación se dividió en cuatro instancias. En primer lugar se votó el artículo en específico sobre Gastos Tributarios, segundo la aprobación de la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que perciban un salario desde 1.800.000 pesos en adelante.

Luego se dio paso a la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas y recién sobre el final la aprobación del resto del paquete fiscal.

El detalle de los votos en particular no tuvo modificaciones para los legisladores santafesinos en base al voto inicial de la ley Bases.

Puntualmente en Ganancias, se aprobó con 136 votos positivos, 116 negativos y tres abstenciones. La alteración del porcentaje se dio frente a la negativa nueva de ocho miembros de UCR, uno de HCF, uno del PRO, uno de Por Santa Cruz y uno de MPN. Ninguno nuevo de los santafesinos.

En el caso de Bienes Personales, la votación finalizó con 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones. En este caso se repitió la tendencia de los representantes de la “invencible”.

La situación particular de la votación la tuvo Mónica Frade de Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, quien fue la única que se abstuvo en todos los casos.

El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que este jueves está tratando la Cámara de Diputados de la Nación junto a la Ley Bases contempla una serie de importantes cambios en relación al monotributo.

Dentro de las modificaciones que el Senado introdujo en el capítulo dedicado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del paquete fiscal se encuentra el rechazo del artículo 100 que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social, que faculta a beneficiarios, preferentemente de la sectores de la economía popular, a abonar una cuota menor de monotributo que el resto de los contribuyentes.

Este artículo no estaba incluido en el proyecto original y fue agregado por la Cámara de origen; sin embargo, la Cámara revisora lo rechazó. De esta manera, Diputados ahora deberá decidir si se inclina por la misma versión que ya aprobó o si acepta las modificaciones impuestas en el Senado.

Por otra parte, dentro de los cambios que sostiene el capítulo dedicado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, se encuentran actualizan parámetros de facturación y pago de cuotas, y se abre la posibilidad de volver al régimen a aquellos que quedaron excluidos de pleno derecho en 2024.

El proyecto que trata Diputados junto a la Ley Bases contempla una serie de modificaciones importantes en relación al monotributo que rige hasta la actualidad. El contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, detalló siete claves de la reforma.

Hasta ahora, la categoría máxima para las actividades de obras, locaciones y prestaciones de servicios era la H y la máxima para la venta de bienes era la K.

A partir de la reforma, todos los pequeños contribuyentes con actividades de obras, locaciones y prestaciones de servicios también podrán adherirse y/o mantenerse en el régimen si encuadran en los parámetros hasta la categoría K.

Según la categoría, los montos de facturación aumentan del 301% al 401% y el monto de los alquileres devengados anuales aumentan del 211% al 309%.

El precio máximo unitario de venta para quienes venden bienes se incrementa en un 213% para todas las categorías.

(Foto) A continuación, los nuevos montos y su comparación con los valores actuales

Así como se incrementan los parámetros para el encuadramiento en cada categoría, aumentan las cuotas impositivas, de seguridad social y obra social

Para el caso de obras locaciones y prestaciones de servicios, la cuota impositiva aumenta entre el 278% y 510%, la cuota de seguridad social entre el 212% y 343% y la cuota de obra social entre 212% y 214%.

Esto implica que el aumento de la cuota total para quienes paguen los tres componentes (impositivo, seguridad social y obra social) va del 219% al 425%.

En el caso de venta de bienes (cosas muebles), la cuota impositiva aumenta entre el 282% y 336%, la cuota de seguridad social entre el 212% y 708% y la cuota de obra social entre 212% y 214%.

Esto implica que el aumento de la cuota total para quienes paguen los tres componentes (impositivo, seguridad social y obra social) va del 219% al 353%.

Una de las quejas que se han escuchado es el aumento de las cuotas del monotributo, sobre todo respecto a la categoría A.

Sin embargo, Domínguez sostiene que “es razonable el incremento ya que, en la mayoría de los casos, es menor al incremento del parámetro de facturación para la categoría de que se trate”.

En las únicas categorías donde la cuota total aumenta en mayor medida que el monto de facturación, son las Categorías G y H para obras, locaciones y prestaciones de servicios.

En los restantes casos, la cuota total aumenta en menor medida al incremento del monto de facturación.

Actualmente, los monotributistas de las categorías A y B están exentos de la cuotas impositiva, siempre que no obtengan ingresos por 1) trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros; 2) Dirección, administración o conducción de sociedades; 3) Locación de bienes muebles o inmuebles; 4) Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades. El Paquete Fiscal elimina esta exención.

El paquete fiscal establece que la actualización de los montos de facturación, alquileres devengados, previo máximo unitario de venta y cuotas se ajustarán semestralmente, a partir de 2025, en los meses de enero y julio por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) elaborado por el INDEC correspondiente al semestre calendario que finalice en el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

Por otro lado, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar las mismas por el período fiscal 2024 exclusivamente. El aumento de las cuotas no podrá ser en un mayor porcentaje al aumento del monto de la facturación para la categoría que corresponda.

Los monotributistas que quedaron excluidos de pleno derecho desde el 1 de enero de 2024 por la aplicación de los parámetros vigentes antes de la modificación, van a poder volver a adherirse, por única vez, al régimen sin esperar los 3 años que exige la Ley del Monotributo.

Esta disposición técnicamente no aplica para aquél monotributista que, antes de superar los parámetros, se pasó al régimen general.

Esto no es razonable. Quizás la reglamentación, excediendo el marco legal, busca incorporar a estos monotributistas que deberían esperar los 3 años por haber actuado como correspondía.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

"Lo ideal para el Gobierno hubiera sido que se aprobara la Ley Bases original, pero en este contexto era imposible", confesó uno de los principales colaboradores de la Secretaría General de la Presidencia en la previa al tratamiento de las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, en las que la Nación no sólo tuvo que reinstaurar el financiamiento para la obra pública en las provincias, sino también ceder en no privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA), en una suerte de canje para que vuelva la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias –a pedido de los gobernadores del centro y norte del país, aclaran en Casa Rosada- y Bienes Personales.

Sobre lo primero, ya pasaron por el despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos -que sigue siendo el de la ex cartera de Interior que da al Patio de las Palmeras y que no piensa cambiar para que los mandatarios provinciales vean que en materia de negociación y apertura sigue siendo el mismo- Salta, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Chaco, Tucumán, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Santa Fe, y este viernes de junio llegaría el más duro de los antimileístas del PJ, el riojano Ricardo Quintela.

La próxima semana arribarán a Balcarce 50 el rionegrino Alberto Weretilneck, Jorge Macri (CABA), el más kirchnerista de los justicialistas, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), con el radical correntino de JxC, Gustavo Valdés, quien no pudo estar días atrás debido a la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña.

Consultados con respecto a la oposición dialoguista, a la que varios dirigentes de La Libertad Avanza acusan de ser el principal escollo en el Congreso, "al menos de los cristinistas no esperamos nada" (dicen los libertarios), una fuente gubernamental manifestó: "Lo de (Miguel Angel) Pichetto no nos sorprende, es político. Fue el jefe de bancada kirchnerista durante años y después candidato a vicepresidente de (Mauricio) Macri".

Los voceros ministeriales informales reiteran lo que se sostiene en Olivos: "Las reformas con las que no podamos avanzar ahora las vamos a materializar cuando tengamos mayoría en el Parlamento, como dijo Javier (Milei) son más de 3200", aseguran optimistas con los sondeos de imagen que hacen de cara a las elecciones de medio término del año que viene, con respecto a figuras como el actual vocero presidencial, Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros.

En materia de los operativos de control que se van a montar en torno al palacio legislativo, en Casa de Gobierno advirtieron que pese a la movilización que hará la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la zona del Congreso -junto a algún otro sector "opositor"-, no está previsto nada especial. "El que corta la calle ya sabe lo que le espera, punto", remató un asesor presidencial.

La coyuntura económica que mete presión sobre el dólar y otras variantes macroeconómicas, fuerzan a la administración libertaria a concretar la salida de las leyes, más allá de que no sean las que requiere el entorno del asesor y futuro integrante del Gabinete, Federico Sturzenegger.

"A veces lo ideal es enemigo de lo posible", recitó uno de los hombres de Javier Milei, quien consultado por El Litoral prefirió esquivar referirse a las posibilidades que tendrá su jefe durante un año en materia de facultades delegadas en áreas estratégicas como la administrativa, económica, financiera y energética. Seguramente que ahí habrá sorpresas, deducen quienes conocen al presidente y a su principal consejero, Santiago Caputo.

Un año después de la remisión de la original ley de Bases al Congreso, el presidente podría obtener finalmente una primera norma -acotada- en el marco de su franca minoría parlamentaria, durante una sesión de unas 14 horas e la que el oficialismo tiene expectativas, pero debe esperar a contar los votos, en especial en materia fiscal.

El oficialismo y los diputados dialoguistas resolvieron aceptar las modificaciones impuestas en el Senado para no privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. En el paquete fiscal Diputados insistiría en la reposición de Ganancias y en los cambios a Bienes Personales, pero en el primero de esos títulos impositivos aún hay incógnitas por develar ante un mercado financiero expectante.

Adorni le respondió a Lula

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas del mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien sostuvo que Javier Milei debe "pedir disculpas" por "las bobadas" que dijo en su contra. "El Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse", respondió el funcionario.

Según reveló el vocero en la habitual conferencia de prensa, no hubo bilateral entre Lula y Milei en el marco de la Cumbre del Grupo de los 7 celebrada en Italia, pero destacó que "se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de la Nación".

"No hay mucho más para decir", sostuvo al respecto, luego de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegurara que no hablará con el libertario hasta que este pida disculpas por los dichos en su contra. Asimismo, el vocero remarcó: "Todo lo que el Presidenta Lula pretenda…está dentro de sus deseos, se los respetamos, el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora".

Lo cierto es que la relación del fundador de La Libertad Avanza con Lula da Silva es tensa desde que el actual jefe de Estado, en calidad de candidato presidencial, calificó al brasilero de "comunista" y "corrupto", y prometió que de alcanzar la presidencia no entablaría relaciones comerciales con Brasil.

Si bien desde el desembarco de Milei en Casa Rosada bajó la tensión abierta contra su par, no estuvo contemplado en la lista de mandatarios invitados a la ceremonia de asunción del 10 de diciembre como si lo estuvo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Adorni confirmó la participación del Presidente en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que tendrá lugar el 8 de julio en Puerto de Asunción, en que Paraguay.

El oficialismo en Diputados logró en la noche de este martes firmar un dictamen de mayoría junto a diputados de los bloques “dialoguistas” a favor del paquete fiscal, iniciativa en la cual se insiste con la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y subir el piso de Bienes Personales.

El dictamen de la Ley de Medidas Fiscales, que será votado en la sesión del próximo jueves seguidamente del tratamiento de la Ley Bases, fue firmado por 27 diputados que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuatro de ellos en disidencia (Juan Manuel López de la Coalición Cívica, y los radicales Martín Tetaz, Mariela Coletta y Lisandro Nieri).

Además de La Libertad Avanza, refrendaron la iniciativa el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica; mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda evitaron plegarse, tal como se esperaba. Tampoco lo hizo el radical bonaerense Pablo Juliano, quien ya había marcado diferencias en la votación anterior de fines de abril.

Mirando de reojo el panorama complicado para resucitar el impuesto a las Ganancias, urgidos por la necesidad de concretar el retorno de este impuesto coparticipable que hasta su cancelación aportaba ingentes recursos a las provincias, un grupo de siete gobernadores recibió más temprano a diputados nacionales de la UCR y de Hacemos Coalición Federal para hacerles sentir la presión.

En la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones fueron parte de ese operativo los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), el del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y los peronistas Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

No pudo estar Ignacio Torres (Chubut), quien se excusó por estar afectado a un viaje a Italia para asistir a un foro internacional, ni tampoco Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), y Claudio Poggi (San Luis).

Ya resuelto el apoyo a los cambios del Senado tanto a la Ley Bases como al grueso del contenido del paquete fiscal, la expectativa pasa ahora sobre qué sucederá con el impuesto a las Ganancias.

La media sanción de Diputados incluía la restitución de ese tributo que había sido eliminado por ley a instancias del Gobierno anterior (con el singular apoyo del actual presidente Javier Milei y de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel), pero después el oficialismo no pudo sostener ese capítulo en la votación particular del Senado, como tampoco la rebaja en las alícuotas de Bienes Personales.

En este marco, la decisión que tienen en sus manos los diputados es si insistir en el dictamen que había salido con media sanción de Diputados, que incluía la reposición de Ganancias y la reforma de Bienes Personales, o bien aceptar el rechazo parcial del Senado.

Atento a esta circunstancia y a sabiendas de que al oficialismo no le sobra nada para insistir con Ganancias, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, volvió a reunirse con los referentes de los bloques dialoguistas para “porotear” los votos.

En el dictamen de mayoría, el oficialismo y los bloques dialoguistas aceptan las modificaciones del Senado a la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, con la salvedad de insisten con los artículos que reponen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y rebaja de Bienes Personales.

A su vez, el dictamen de mayoría insiste en la redacción del artículo 111° de la sanción de Diputados sobre gastos tributarios, que sugiere la eliminación de regímenes especiales en determinadas provincias.

Alejandro Damianovich

El presidente Javier Milei ha revalorizado en su discurso político la figura de Juan Bautista Alberdi. Es probable que muchos argentinos se hayan apresurado a buscar mayor información sobre este extraordinario hombre público que, si bien nunca fue olvidado y sobre el que existe abundante bibliografía, no figuraba tampoco en la primera línea de celebridades nacionales del siglo XIX.

Al colocar a Alberdi en lugar tan destacado, el presidente Milei se declara deudor de sus ideas liberales y construye una línea histórica que enlaza la revolución de Mayo de 1810, la llamada "Generación del 37" (a la que Alberdi pertenece), la batalla de Caseros, la Constitución de 1853 y la recuperación del protagonismo político de Buenos Aires después de Pavón, en 1861. El resultado de esta línea histórica sería la entrada argentina a la modernidad y la destacada posición obtenida por el país en la economía mundial a principios del siglo XX.

Especial centralidad adquiere en este análisis el libro fundamental de Alberdi, "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" (de 1852), que despertó gran entusiasmo en los días posteriores a la caída de Juan Manuel de Rosas. De allí surge el nombre del principal proyecto legislativo del gobierno libertario: "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

Hay en esta formulación de la línea histórica "Mayo-Caseros" o "Mayo-Pavón", una descalificación de la época previa a la sanción de la Constitución de 1853- 1860, la de los caudillos federales, la de la Argentina criolla. Aun cuando acordemos sobre la relevancia de los hitos seleccionados, la representación resulta sesgada por excluyente.

El libro de Alberdi era el proyecto que el emigrado argentino en Chile ofrecía al general Justo José de Urquiza para poner en marcha el proceso de organización del Estado Nacional que este impulsó luego de la caída de Rosas. El texto quería dibujar un modelo diferente al del unitarismo de las constituciones de 1819 y 1826, pero que fuera también diverso al federal, tal como se lo entendía entonces en la Argentina, es decir: confederal. La obra sostiene la necesidad de poblar el país fomentando la inmigración calificada y también la de observar y emular el modelo europeo de desarrollo y civilización.

Si bien Alberdi da por superada la época anterior a Caseros y nos habla de una vuelta de página, hay que hacer notar que lejos de considerarla estéril desde el punto de vista institucional, encuentra en el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, ratificado en el Acuerdo de San Nicolás el 31 de mayo de 1852, las "bases" más claras para organizar la labor del Congreso Constituyente pronto a reunirse en Santa Fe.

Suscripto inicialmente por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y formalizado luego por todas las demás, cuando se superó la guerra contra las provincias lideradas por el General Paz, el Pacto Federal establece, claramente, en el inciso quinto del artículo 16, los objetivos que debería abordar el Congreso General Federativo cuando fuera convocado por una Comisión Representativa creada por el artículo 15 del mismo tratado.

El documento, firmado en Santa Fe, fue producto de una reñida negociación desarrollada entre Estanislao López y Juan Manuel de Rosas, con la muy valiosa intervención de Pedro Ferré. Fueron López y Ferré los principales defensores de sus disposiciones, ya que Rosas discrepó firmemente sobre la oportunidad de la convocatoria al Congreso, en lo que muchos creyeron ver la inquebrantable voluntad monopólica de la elite porteña, que se aferraba a sus opulentas rentas de aduana. Sea como sea, los caudillos dejaron un legado que Alberdi reconocía como fundamental: las bases para conformar la agenda de asuntos del futuro Congreso Constituyente.

El mandato del artículo 16 contenía los siguientes asuntos a resolver: "La administración general del país bajo el sistema federal; el comercio interior y exterior; la navegación; el cobro y distribución de las rentas generales; el pago de la deuda de la República; todo lo conveniente a la seguridad y engrandecimiento de la república en general; su crédito interior y exterior; y el cuidado de proteger y garantir la independencia, libertad y soberanía de cada provincia".

Alberdi trascribe uno a uno esos postulados y dice: "Estas bases son preciosas. Ellas han hecho y formado su trabajo al Congreso Constituyente en una parte esencialísima de su obra. Por ellas conocemos ya cuáles son los objetos que han de constituirse nacionales o federales, y sabemos que esos objetos han de depender, para su arreglo y gobierno del congreso general". Estas bases son "tan ricas y fecundas...", continúa diciendo Alberdi, "... que el Congreso solo tendrá que deducir sus consecuencias naturales, para obtener el catálogo de todos los objetos que han de declararse y constituirse nacionales y subordinados al gobierno general de toda la república".

Luego dedica el resto del capítulo XXIV a analizar cada uno de esos asuntos dirigidos al Congreso Constituyente y en el siguiente se ocupa en deslindar con claridad las jurisdicciones nacional y provincial, con lo que procuraba el equilibrio reclamado en el Pacto, en salvaguarda de "la independencia, libertad y soberanía de cada provincia".

Tanta es la importancia que Alberdi confiere al Pacto Federal que la segunda edición de su libro (septiembre de 1853) se titula: "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización de la América del Sud y del Tratado Litoral de 4 de enero de 1831"

Los mandatos del Pacto Federal, tal como los hemos descripto, le sirvieron también a Mariano Fragueiro para organizar su libro "Cuestiones Argentinas" (1852), obra que, al igual que las "Bases" de Alberdi, ofrecía a Urquiza y a los futuros congresales, elementos de análisis para la redacción de la Constitución.

Pero Fragueiro, que había apoyado al General Paz y a su Liga del Interior en tiempos que el Pacto fue alumbrado, hace una diferencia en su libro con respecto a Alberdi. Dedica un apartado a cada mandato del Pacto Federal, pero los reduce a cinco, siendo el último el del pago de la deuda de la República, quizá porque en su desarrollo ha hecho un tratamiento transversal de los restantes.

Fragueiro, como Alberdi, se detiene en un asunto central del orden constitucional. Considerando que el Pacto del 31 ya fijaba que el sistema de gobierno no podía ser más que federal, había que precisar sin lugar a dudas qué facultades delegarían las provincias en la Nación y cuales conservarían, y en este punto se presentan las dificultades teóricas que ambos autores ponen de manifiesto para diferenciar "federación" de "confederación". Lo que Alberdi considera como una forma híbrida entre unitarismo y federación, resulta ser en realidad la verdadera "federación", que crea un Estado Nacional como persona jurídica superior a las provincias, a diferencia de la "confederación" que era una liga de estados soberanos que delegaban algunas atribuciones en el gobierno de Buenos Aires.

El Pacto Federal de 1831 es un hito central de la historia argentina, como Alberdi lo pone en evidencia, y es el legado de una época que no puede silenciarse. Transformó a un grupo de provincias dispersas en una Confederación y dejó consignadas (en su artículo 16) las bases para la agenda del futuro Congreso, entre ellas una de las más conflictivas y actuales: "el cobro y distribución de las rentas generales".

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

Por César Rodríguez

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley Bases, aceptando los cambios del Senado con el apoyo del oficialismo y sus socios de la oposición dialoguista, por lo que la iniciativa quedó lista para ser votada el próximo jueves en el recinto.

En un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda se refrendó el megaproyecto del presidente Javier Milei, que obtuvo 66 firmas de los representantes de La Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal (sin el socialismo), Innovación Federal y la Coalición Cívica.

Tal como se preveía, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda le dieron la espalda al dictamen, al igual que la socialista santafesina Mónica Fein. En tanto que la Coalición Cívica firmó con disidencias parciales respecto al capítulo de facultades delegadas. El PRO hizo lo propio respecto del capítulo de privatizaciones, disconformes con el hecho de que no se haya avanzado con un paquete más amplio de empresas públicas. Mientras que en la UCR hubo siete integrantes que firmaron con disidencias parciales, algunos en discrepancia con las facultades delegadas y otros respecto a las privatizaciones.

De esta manera, pese a la insistencia del Gobierno y las reuniones de última hora con los bloques socios, el oficialismo desistió con volver a incluir a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina a la lista de empresas a privatizar. Además, se avalan los cambios que en la Cámara alta se introdujeron sobre los capítulos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modernización laboral.

Por otra parte, el oficialismo defenderá un dictamen de mayoría en el que acepta las modificaciones del Senado a la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, con la salvedad de insisten con los artículos que reponen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y rebaja de Bienes Personales. A su vez, el dictamen de mayoría insiste en la redacción del artículo 111° de la sanción de Diputados sobre gastos tributarios, que sugiere la eliminación de regímenes especiales en determinadas provincias.

La aceptación de los cambios propuestos por el Senado fue confirmada al inicio del debate por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien abrió la ronda de oradores.

“Nuestra posición es aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”, adelantó el cordobés del bloque libertario, en un efímero discurso, en el que argumentó que el debate ya se había realizado previamente y que no tenía sentido seguir alargando el proceso.

A continuación, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, rebatió a Bornoroni al sostener que “los debates nunca se agotan”. “No solamente no se agota sino que van apareciendo más elementos para tratar de entender la dimensión del debate en el cual estamos insertos desde hace más de seis meses”, aseveró.

Para el peronista santafesino, la ley Bases del Gobierno “es hija de la arbitrariedad”, “hija de oscuros arreglos en el Congreso de la Nacion e hija de la represión que se dio apenas quince días atrás” cuando la iniciativa se trató en el Senado.

Martínez también esgrimió que “va a ser hija de interpretaciones absolutamente caprichosas de artículos de la Constitución Nacional, especialmente del artículo 81” sobre los procedimientos legítimos para la formación de una ley.

A su turno, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot ratificó que su bloque acompañará la ley Bases tal cual provino del Senado, y aunque reconoció que hay “cuestiones de fondo” en la que podría “coincidir en insistir” con la versión de Diputados, la decisión es “no hacerlo” en función de respetar los acuerdos políticos.

“En el Senado el Gobierno obtuvo una mayoría que le permitió avanzar con esta ley con la versión posible”, expresó Massot, y exhortó: “Reivindiquemos los acuerdos, porque eso es muy importante”.

En nombre de la Coalición Cívica, el titular de ese bloque, Juan Manuel López, analizó que “la opción que propuso el Senado en algunos puntos es más razonable, en otros no tanto”, y afirmó que por ejemplo el consideraba que “se podrían haber privatizado más empresas”. Sin embargo, aclaró que en esta instancia ya no se trataba de seguir debatiendo cambios sino de “un trámite” que implicaba optar entre un dictamen u otro.

Por su parte, la diputada del PRO Silvana Giudici refutó la tesis de Germán Martínez respecto de supuestas "arbitrariedades" y “acuerdos espurios” para pactar el contenido de la ley Bases por fuera de los ámbitos correspondientes.

“No hubo nada de acuerdos espurios, de medianoche. Fue simplemente el proceso de formación de las leyes que la Constitución Nacional le da a esta casa”, consideró. A la vez que defendió la necesidad de avanzar con un plan de privatizaciones, y sostuvo que “esta es la oportunidad” de actuar sobre empresas en las cuales “entraron ñoquis por la ventana cobijadas por La Cámpora”.

Por el Frente de Izquierda, Cristian Castillo alertó que se está naturalizando el sistema de “compra obscena de votos” a cambio de favores personales, y puso como ejemplo los votos de los senadores nacionales Lucila Crexell, Camau Espínola y Edgardo Kueider.

“Se están vendiendo para servir a las grandes corporaciones. Eso es lo que vimos en el Senado con esa práctica corrupta. Si ustedes avalan esta práctica corrupta de compra de votos, que no hablen más de corrupción”, advirtió.

En representación de la UCR, Karina Banfi anticipó que desde su bloque acompañarán la aprobación del Senado porque “la gente está esperando que esta ley salga”. “Hasta nosotros estamos hartos de esto. Lo importante es que podamos entender que es lo que espera la gente que nos votó y por qué nos puso acá”, indicó la bonaerense, que reclamó avanzar con celeridad con este debate y ponerle fin.

(Por Mario Cáffaro y Luis Rodrigo) - En el Ministerio del Interior, donde tiene su despacho el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, anunciaron que este martes por la tarde será firmado el acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro sobre la continuidad de obras públicas nacionales en territorio santafesino.

Desde el gobierno santafesino se insistió hasta anoche que la negociación está muy avanzada pero no cerrada. "Se va a firmar", dijeron a este medio al lado del ministro Francos.

La pretensión de Santa Fe es que Nación continúe las obras hoy paralizadas como las ampliaciones de las plantas potabilizadoras de Assa de Santa Fe y Rosario; el tendido del acueducto San Javier-Tostado; una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rafaela; la estabilización de la cascada Los Saladillos en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, así como la reparación de algunos tramos de rutas nacionales, entre ellas la 11. La provincia, en tanto, continuará con algunas pocas viviendas en marchas así como centros infantiles.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se mostró optimista este lunes con respecto a las posibilidades de que se pueda firmar un acuerdo y confirmó a este diario que la continuidad de la obra de ampliación del establecimiento potabilizador de agua en la capital provincial, así como la reparación y repavimentación de rutas nacionales son la prioridad.

En el caso de la obra sanitaria se trata de una inversión que ronda los 29 mil millones de pesos y cuyo estado de avance es de apenas el 18%. En cambio, sobre cada uno de los caminos que dependen de la Dirección Nacional de Vialidad hay situaciones distintas, que merecen un tratamiento en detalle sobre el que se trabaja por estas horas, a nivel técnico.

"Estamos punteando las obras, tenemos un listado sobre el que creemos que podemos llegar a un entendimiento. Una parte de esas ejecuciones, que no son muchas, las tomaría a su cargo la provincia y otras, la mayoría, las retomaría la Nación", detalló Enrico.

El ministro explicó que no solo se trata de ponerles nombre y apellido a las esperadas (y necesarias) obras de infraestructura que se paralizaron en 2024 sino también de acordar "su velocidad", es decir, el ritmo de las inversiones para reiniciar su ejecución. En ese sentido, presentó como un "balance de valores", a los extremos de la negociación que afronta con funcionarios nacionales en la que obviamente la regla es: a menor tiempo de ejecución, mayor es el costo.

Francos, de espaldas, con Pullaro, en La Redonda, en ocasión del encuentro de gobernadores de la Región Centro. Foto: Luis Cetraro

Francos tiene previsto recibir este martes a tres gobernadores claves en una semana determinante para la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis),y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) desfilarán uno a uno -por separado- por los pasillos de Casa Rosada con la intención de firmar acuerdos para avanzar en el desarrollo de las obras públicas en sus provincias que se encuentran paralizadas. También estaba prevista la asistencia de Gustavo Valdés (Corrientes), pero el gobernador optó por posponer su visita a raíz del escándalo abierto tras la desaparición del menor Loan Danilo Peña.

En la previa a la serie de reuniones, un grupo de representantes de las provincias participarán junto a Francos del Encuentro Federal por la Memoria a 30 años del atentado de la AMIA, en el emblemático edificio.

Francos, con la llegada a la Jefatura de Gabinete dedicó gran parte de su agenda a recibir a gobernadores con quienes se encargó de destrabar parte de la problemática que azota a los territorios y de negociar apoyos para la Ley Bases. Tras las firmas de hoy sólo restarán ocho provincias y CABA cerrar sus negociaciones.

El intercambio con los tres gobernadores tiene lugar en una semana clave para el gobierno de Javier Milei que aspira a conquistar la sanción definitiva de la Ley Bases en el Congreso. Se espera que el jueves, se discuta y vote el proyecto y que el oficialismo insista con el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y las privatizaciones eliminados en el Senado.

"La intención es insistir con Ganancias y Bienes Personales porque favorecen a las cuentas provinciales, en el caso de Bienes Personales asociado al blanqueo, son recursos de mucha importancia", confesó el propio Francos.

Este miércoles, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio tienen previsto reunirse en la sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es retratar la unidad del espacio y avanzar en una postura conjunta inmortalizada en documento común sobre los apoyos legislativos al Gobierno. Tras el encuentro, Pullaro irá hasta Totoras, dpto Iriondo, para encabezar allí la reunión semanal del gabinete provincial.

Los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se encontrará este jueves en el salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe para analizar una postura conjunta ante la falta de cumplimiento del gobierno nacional del financiamiento de las cajas previsionales no transferidas al gobierno central.

Los tres mandatarios estarán acompañados por sus responsables en materia de Seguridad Social y de asesores legales para analizar posibles caminos para exigir los fondos correspondientes al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en función de lo previsto por el Compromiso Federal en su artículo 12, ratificado por Ley Nacional N° 25235 y lo dispuesto por la Ley Nacional N° 27260 en su artículo 27 y modificatorias, que obliga al Estado Nacional a financiar los déficits de los sistemas previsionales provinciales no transferidos.

La reunión de mandatarios se realizará en el marco de la comisión que Santa Fe se constituyó para reunir información sobre la situación previsional santafesina, previa reforma al sistema, mientras que Entre Ríos se encuentra discutiendo una reforma para equilibrar los números.

Por José Dobric

El Gobierno trabaja sobre un cronograma tentativo para que la Cámara de Diputados termine el trámite legislativo de la Ley Bases. Prevé la firma del dictamen de comisión el martes 25 y la sesión el jueves 27. Estas son las principales modificaciones introducidas por el Senado.

El Gobierno proponía modificar el umbral a partir del cual se comenzaría a pagar el impuesto, junto con cambios en las tasas impositivas. Según el proyecto, que el oficialismo buscará reintroducir en la Cámara de Diputados, el mínimo no imponible se aumentaría de $27 a $100 millones. En la votación del Senado la propuesta del Gobierno perdió con 37 votos en contra y 35 a favor. Planteaba una modificación del piso a partir del cual se empezaría a pagar el tributo, así como cambios en las alícuotas.

El voto negativo de la senadora provincial Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, terminó por volcar la balanza para el lado del “no”. Votaron en contra además los 33 senadores de UxP, los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, y Martín Lousteau. Diputados, no obstante, podrá insistir con los cambios en este punto con una mayoría simple.

A pesar de los cambios negociados, el Gobierno sufrió un revés en el Senado, que rechazó de plano la reimposición de este tributo. Fueron 41 votos en contrar y 31 a favor, entre los que se contaron el de los patagónicos Pablo Blanco (UCR) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), acusada de negociar su voto a cambio de quedar al frente de una embajada. El kirchnerismo en su mayoría votó en contra, salvo la jujeña Carolina Moises y el catamarqueño Guillermo Andrada.

Frente a la presión de los gobernadores patagónicos el Gobierno había accedido a incorporar el diferencial del 22% para la Patagonia por zona desfavorable. Para el resto del país, el texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de la percepción de $1,8 millones en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. El Gobierno espere revertir el resultado en Diputados, que podrá reponer el actículo con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos.

La primera versión de la ley, de enero, incluyó 41 empresas públicas en la lista de privatización. Sin embargo, solo 9 de ellas llegaron al Senado. Se eliminaron durante la sesión Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA). Quedaron, entonces, Enarsa e Intercargo sujetas a privatización total; mientras que permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operador Ferroviaria (Sofse); y Corredores Viales S.A.

En este capítulo la votación arrojó un empate y la decisión final estuvo a cargo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Como la modificación no obtuvo mayorías especiales, es posible que Diputados pueda insistir con la versión original, e introduzca nuevamente estas empresas en la lista de empresas a liquidar.

En el artículo de desregulación administrativa del Estado se estableció limitar la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir en ellos y se prohibió disolver aquellos vinculados a la cultura. Entre otros, los entes que no podrán disolverse son: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además, se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Este capítulo de la ley se aprobó con 38 votos a favor, pero se limitó el alcance de las Grandes inversiones (RIGI) a "sectores que cumplan los requisitos previos". acotándolo a forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se intentará una nueva modificación en la Cámara de Diputados.

Es importante aclara que cuando reciba el proyecto modificado, la Cámara de Diputados puede aceptar o rechazar los cambios introducidos durante la votación en el Senado, pero no puede incorporar nuevas modificaciones.

Tras la sanción de las leyes de Bases y Medidas Fiscales en el Senado, la gestión libertaria acelera negociaciones en la Cámara de Diputados. El objetivo es que estén aprobadas antes del 9 de julio para poder sellar el postergado Pacto de Mayo en la próxima fecha patria. A su vez, buscan revertir los rechazos en Ganancias y Bienes Personales que consideran necesarios en línea con el objetivo presidencial de “equilibrar las cuentas fiscales”.

Por los cambios introducidos en la Cámara alta, las iniciativas libertarias volverán a ser tratadas por Diputados. Sin embargo, el Gobierno salió a admitir públicamente que intentará revertir algunas de las modificaciones y presionar por los textos originales.

Este domingo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, manifestó que el oficialismo trabajará para sancionar varios puntos del articulado que fueron excluidos por el Senado. "Todo lo que está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría de Ganancias y Bienes Personales. También con las privatizaciones", indicó.

"Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", sostuvo Menem en una entrevista a Radio Rivadavia, señalando que el debate se retomará a fines de junio, luego de la semana corta que se avecina por los múltiples feriados.

Además, Menem expresó su esperanza de que se aprueben antes del 9 de julio y sean sancionadas sin mayores modificaciones. "Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", prometió.

"Me costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto. No cambio la Argentina, sigue necesitando la ley, las reformas, y que plasmemos institucionalmente lo que la gente votó en las urnas", añadió, mostrando confianza en el respaldo legislativo.

En la práctica, estas negociaciones ya comenzaron y están a cargo del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el último jueves encabezó un cónclave con referentes de bloques aliados en Diputados.

Francos se reunió con Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Gabriel Bornoroni (LLA).

La idea que trasmitió el Jefe de Ministros es que los diputados insistan con los aspectos que estaban contenidos en la media sanción que surgió de la Cámara y que luego fueron modificados por el Senado.

Esto incluye reponer el listado original de empresas privatizables, incluyendo Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina. Pero Francos hizo especial hincapié en reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

Este domingo en declaraciones a Radio Mitre, el funcionario reconoció que ese fue el objetivo de ese encuentro con los referentes de la oposición dialoguista ya que “desde nuestro punto de vista sería positivo para todos un incremento de estos impuestos”.

Incluso, Francos apuntó contra los legisladores que votaron para eliminar esos artículos. “Es raro que en el Senado, que está integrado por representantes de las provincias, haya habido senadores que votaron en contra de la reposición del impuesto a los ingresos personales. Es no tener en cuenta cuáles son las necesidades de las provincias”, señaló.

Asimismo, se dijo “optimista” respecto a lo que vaya a hacer ahora la Cámara revisora, y dijo que espera que los diputados reconsideren las decisiones tomadas en el Senado, ya que “sería positivo para todos un incremento de estos impuestos”. Y adelantó que durante las próximas semanas seguirá conversando con los diputados.

Esquirlas en el Senado

La titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, pidió la expulsión del secretario de Turismo, Daniel Scioli, y de dos senadores peronistas no kirchneristas del Partido Justicialista.

La senadora bonaerense se expresó al respecto en su cuenta de X: “Hoy, 16 de junio, día en que intentaron matar a (Juan Domingo) Perón con un bombardeo a Plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy”.

No nos vencieron ni nos vencerán. Sentimos orgullo de ser peronistas. Hoy, 16 de junio, día q intentaron matar a Perón con un bombardeo a plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy

Los representantes provinciales a los que hace referencia son Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau" Espínola (Corrientes), quienes acompañaron al oficialismo en la votación en general de la ley de Bases la semana pasada.

En el caso de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabiente, Guillermo Francos.

"No hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. No en nuestro nombre", finalizó Di Tullio. Se trata de una de las espadas con las que cuenta la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado.

Tanto Kueider como Espínola pertenecen al bloque Unidad Federal, que es un desprendimiento del interbloque kirchneristas que, además de Unión por la Patria, lo integra el Frente Nacional y Popular que lidera José Mayans (Formosa).

La vicepresidenta Victoria Villarruel informó que presentó una denuncia ante la Justicia por los daños sufridos en los edificios del Senado en la marcha realizada el miércoles pasado, que culminó con serios incidentes y la detención de unos 33 manifestantes, y señaló que "quien comete un delito debe responder" por los mismos.

A través de las redes sociales, Villarruel, quien hoy está cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó que "presentamos hoy ante el Juzgado de la jueza (María) Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder.".

La vicepresidenta ayer había anticipado iban a "denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó".

Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder. pic.twitter.com/SKpEwWm0jK

Militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha el miércoles pasado para protestar contra la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal , donde se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que tuvo como consecuencia la detención de 33 detenidos, incendio de vehículos

Desde el @SenadoArgentina vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia.Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional.La Argentina de la sedición y…

En un comunicado se informa que "la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación, el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el "Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

También se informó que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Honorable Cámara de Senadores y al anexo del mismo.

Precisó que "los delitos que se le adjudican a los responsables son daños simples y agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos intimidación publica, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias que tengan por objeto imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor".

La jueza federal María Servini indagó a los primeros diez detenidos por haber provocado desmanes en inmediaciones del Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases el pasado miércoles y los acusó de haber atentado contra el orden constitucional.

Son los diez detenidos que inicialmente quedaron bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas. Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y, durante este viernes, la jueza resolverá si concede o no las libertades.

Mientras tanto, la magistrada tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única jueza a cargo de los 33 detenidos totales.

Esos 33 detenidos llegan por varios delitos que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones, daños y se prevé también que se los acuse de un delito similar a los primeros, es decir, que tuvieron la intención de alzarse contra el orden constitucional. En ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza que continúen detenidos lo que está pendiente de resolución.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado, pero reveló que el oficialismo buscará insistir con varios puntos del articulado que fueron rechazados: Impuesto a las Ganancias, a los Bienes personales y las privatizaciones.

"Como somos cámara de origen podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", definió en una entrevista a La Nación + respecto al debate que se retomará a finales de junio en la Cámara Baja.

Asimismo, aclaró: "Todo lo que ya está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría y Bienes Personales. También las privatizaciones". Según explicó el riojano, la intención de "insistir" con los cambios responde a la idea de "dejar un Estado que funcione" y evitar que "el futuro socialismo se meta en las empresas del Estado y haga un desastre".

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia el presidente Javier Milei al que calificó de "ser superdotado" y lo comparó con su tío, el expresidente Carlos Menem. Además, vaticinó un segundo del mandato del libertario. "Aspiramos a que el presidente trabaje ocho años. Queremos que el presidente esté hasta 2031, dos mandatos como establece la ley", subrayó.

"(Milei) ve algo que no vieron los otros. Le dijeron que no tenía ninguna posibilidad, que no iba a llegar a los 10 puntos, sacó 13. Después sacó 17 puntos. Dijeron que eran dos diputados y empezamos a construir una alternativa distinta, después dijeron que no podía ser Presidente, y que no iba a durar ni un mes. La inflación bajando. Renovamos el swap con China. Aprobamos la ley de Bases con 38 diputados y 7 senadores", destacó.

En la misma línea, detalló: "Un sector de la política se reía. Nos subestimaron desde el primer momento. La "gente que no tenía experiencia" está haciendo un trabajo y esfuerzo enorme. Hay algunos semáforos que están poniendo de a poco en verde".

De buena relación con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara Baja la definió como "una persona muy inteligente" con "sentido común en el Gobierno" que "está al tanto de todo lo que pasa". Junto a la menor de los Milei, Menem trabaja en el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional para presentarse en las elecciones legislativas sin necesidad de trazar estrategias.

En otro pasaje de la entrevista, el legislador aseguró que los episodios violentos en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba la Ley Bases configuran la misma foto del 2017, época en la que se trató la reforma previsional bajo la gestión de Mauricio Macri, y responsabilizó al kirchnerismo del vandalismo.

"La Justicia debe actuar rápidamente y tomar las decisiones que tienen que tomar. Creemos en al división de poderes, pero estas cosas no pueden pasar más. Es patético estas imágenes que recorren el mundo", puntualizó, y concluyó: "Son grupos financiados por alguien. Es el kirchnerismo que está dando el último pataleo antes de finiquitar una parte de la historia y nos encaminados hacia una parte linda de la historia".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja a la República de El Salvador, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta noche Bullrich pisará el país centroamericano, donde será recibida por el embajador Sergio Iaciuk.

Mañana domingo tiene previsto recorrer el CECOT, la más grande de América con capacidad para 40 mil presos. El centro de detención se emplaza en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, a unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador.

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Ley de Bases en Diputados

"Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", recordó el titular de la Cámara baja.

"Todo lo que ya está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría y Bienes Personales. También las privatizaciones", dijo Martín Menem. Archivo

Viernes 14.6.2024

 20:45

Redacción EL

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado, pero reveló que el oficialismo buscará insistir con varios puntos del articulado que fueron rechazados: Impuesto a las Ganancias, a los Bienes personales y las privatizaciones.

"Como somos cámara de origen podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", definió en una entrevista a La Nación + respecto al debate que se retomará a finales de junio en la Cámara Baja.

Asimismo, aclaró: "Todo lo que ya está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría y Bienes Personales. También las privatizaciones". Según explicó el riojano, la intención de "insistir" con los cambios responde a la idea de "dejar un Estado que funcione" y evitar que "el futuro socialismo se meta en las empresas del Estado y haga un desastre".

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia el presidente Javier Milei al que calificó de "ser superdotado" y lo comparó con su tío, el expresidente Carlos Menem. Además, vaticinó un segundo del mandato del libertario. "Aspiramos a que el presidente trabaje ocho años. Queremos que el presidente esté hasta 2031, dos mandatos como establece la ley", subrayó.

"(Milei) ve algo que no vieron los otros. Le dijeron que no tenía ninguna posibilidad, que no iba a llegar a los 10 puntos, sacó 13. Después sacó 17 puntos. Dijeron que eran dos diputados y empezamos a construir una alternativa distinta, después dijeron que no podía ser Presidente, y que no iba a durar ni un mes. La inflación bajando. Renovamos el swap con China. Aprobamos la ley de Bases con 38 diputados y 7 senadores", destacó.

En la misma línea, detalló: "Un sector de la política se reía. Nos subestimaron desde el primer momento. La "gente que no tenía experiencia" está haciendo un trabajo y esfuerzo enorme. Hay algunos semáforos que están poniendo de a poco en verde".

De buena relación con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara Baja la definió como "una persona muy inteligente" con "sentido común en el Gobierno" que "está al tanto de todo lo que pasa". Junto a la menor de los Milei, Menem trabaja en el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional para presentarse en las elecciones legislativas sin necesidad de trazar estrategias.

En otro pasaje de la entrevista, el legislador aseguró que los episodios violentos en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba la Ley Bases configuran la misma foto del 2017, época en la que se trató la reforma previsional bajo la gestión de Mauricio Macri, y responsabilizó al kirchnerismo del vandalismo.

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"La Justicia debe actuar rápidamente y tomar las decisiones que tienen que tomar. Creemos en al división de poderes, pero estas cosas no pueden pasar más. Es patético estas imágenes que recorren el mundo", puntualizó, y concluyó: "Son grupos financiados por alguien. Es el kirchnerismo que está dando el último pataleo antes de finiquitar una parte de la historia y nos encaminados hacia una parte linda de la historia".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja a la República de El Salvador, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta noche Bullrich pisará el país centroamericano, donde será recibida por el embajador Sergio Iaciuk.

Mañana domingo tiene previsto recorrer el CECOT, la más grande de América con capacidad para 40 mil presos. El centro de detención se emplaza en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, a unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich

Antes, visitará la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) donde mantendrá un encuentro con el director César Flores Murillo. La agenda también incluye una reuniones con los ministros de Defensa Nacional y Justicia y Seguridad, Francis Merino Monroy y Gustavo Villatoro y visita a Centros Penales y de Inteligencia con el fin de intercambiar información con funcionarios de dichas áreas.

Bullrich también se reunirá con el director del Cuartel Central de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas y con Rodolfo Delgado, fiscal general de la República. Con foco en la seguridad pública, principalmente en la ciudad de Rosario (Santa Fe), la ministra Bullrich está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras.

De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios cada 100 mil habitantes, pasó a tener 2 cada 100 mil, según estadísticas que difundió el Ministerio.

La Cámara Federal de Casación ordenó revisar la condena a cuatro años de prisión contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por la compra de trenes a España y Portugal denominados mediáticamente como "chatarra". De Vido estaba condenado a cuatro años de prisión por el delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública –causa número 5406/2013 ´compra de trenes a España y Portugal´", según el fallo del Tribunal Oral Federal 6 de 2022.

La Casación, por mayoría, confirmó el delito pero ordenó revisar el monto de la condena y devolvió el expediente a la instancia anterior a esos efectos. La revisión fue dispuesta por "falta de fundamentación" por parte del tribunal para justificar los cuatro años.

"Se observa déficit de fundamentación" pues "si bien se consideraron las características personales del imputado al momento del hecho y la naturaleza de sus acciones, se advierte que el tribunal nuevamente hizo hincapié en las circunstancias agravantes del caso, pero omitió una valoración integral de las atenuantes", subrayó el fallo.

Ello "se tradujo en un incremento de la sanción que descalifica al pronunciamiento, en este aspecto", resumió. La decisión fue adoptada en el mismo proceso en el que fue confirmada la condena contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, en su caso también por el delito de enriquecimiento ilícito, a ocho años de prisión.

El juez Daniel Petrone se había inclinado por la confirmación de todas las condenas, pero por mayoría sus colegas Alejandro Slokar y Mariano Borinsky ordenaron la revisión del monto de la pena. El tribunal también ratificó parcialmente las penas para presuntos testaferros de Jaime: su colaborador Manuel Vázquez; su pareja, Silvia Reyss y una de sus hijas, Julieta, entre otros.

Tras la baja por la aprobación de la Ley Bases, el dólar blue este viernes rebotó rápidamente 35 pesos (+2,81%) borrando la baja de mitad de semana.

La divisa paralela terminó la semana comercializándose a $1.250 para la compra y $1.280 para la venta. De esta manera cierra el balance semanal con alta volatilidad y 15 pesos arriba de lo que la comenzó. La brecha cambiaria queda establecida en el 41,67%.

En el caso de los dólares financieros, la jornada del viernes fue bastante estable y cotizaron mixtas. El dólar MEP subió unos $4,92 este viernes respecto del cierre de ayer para ubicarse en los $1246. En la semana no obstante cayó $36,31 (-2,83%). La brecha con el dólar mayorista es de 37,9%.

En tanto el dólar contado con liquidación cedió este viernes $7,40 para culminar la semana en $1.267. En la semana bajó $46 (-3.5%) desde los $1.313 donde la comenzó. La brecha cambiaria se contrajo hasta el 40,23%.

De esta forma, la semana termina con el blue como el más caro de los dólares libres.

El dólar mayorista ajustó este viernes $1.50 y cerró en $903,50. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 4,50, por encima de los $ 3,50 de aumento en la semana anterior.

El valor del billete en el Banco Nación es de $922,00 y en el promedio de los bancos es de $941,93.

La Cámara de Senadores eliminó en la votación en particular del Paquete Fiscal los capítulos de Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias, ambos puntos centrales de la iniciativa. Naturalmente, esto no es definitivo, sino que (como la mayor parte de las modificaciones aprobadas  en la sesión de la Cámara Alta), el oficialismo puede recuperarlos si la Cámara de Diputados insiste con el texto de la sanción original del proyecto, con la misma mayoría con lo cual se rechazaron estos dos capítulos. 

La votación del Impuesto a las Ganancias fue de 41 votos negativos contra 31 afirmativos, ya que, a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumaron los de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y de María Huala (PRO), Edgardo Kueider (Unión Federal), Mónica Silva (Juntos por Río Negro) y Federal Edith Terenzi (Cambio Federal). 

En el caso de Ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,2 millones para los casados y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

Impacto macro

La intención de restituir Ganancias era que las provincias recuperen los recursos que perdieron cuando el año pasado a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos superiores a dos millones, lo que implicó una perdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos.

El oficialismo tampoco consiguió que se aprobase la modificación en Bienes Personales, que fue rechazada por 37 contra 35 votos. El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales, con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente.

Según detalla el medio especializado El Cronista, el proyecto denominado “Medidas económicas paliativas y relevantes” es especialmente importante para Javier Milei y el equipo económico que lidera Luis Caputo en busca de mantener el equilibrio fiscal, uno de los objetivos principales del Gobierno, y algunos expertos consideraron que el rechazo de esos dos capítulos compromete en alguna medida su viabilidad.

El mismo Milei adelantó que, de aprobarse el paquete fiscal, reduciría el impuesto sobre los Créditos y Débitos, los Derechos de Exportación y el Impuesto PAIS, este último del 17,5% actual a un 7,5%, sumó el titular del Palacio de Hacienda.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si se hubiese aprobado el proyecto de Ganancias tal cual la propuesta rechazada, se recaudaría un 0,41% extra del PBI (vs. 0,5%), sin embargo, ahora el proyecto se encuentra en vilo: si Diputados no insiste, podría caer definitivamente.

Qué pasa con Ganancias

En particular, los cambios sobre Ganancias implicaban volver al régimen anterior y ampliar el universo de contribuyentes, aunque con escalas más reguladas.

De no haber nuevos cambios en Diputados, quedará vigente el esquema que rige actualmente de Ganancias. Continuarán pagando el impuesto solamente quienes perciben un salario bruto mayor a $3.514.725 (15 salarios mínimos vitales y móviles).

En abril, el texto aprobado en la Cámara Baja establecía un nuevo esquema en el que la categoría más baja, con un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos –que representaba una remuneración neta o “en mano” de hasta $1.494.000– quedaba eximida del tributo, lo que se suele llamar “el mínimo no imponible para empleados solteros”.

En el caso de un empleado soltero con dos hijos menores a 18 años declarado a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto era de $2.100.000, que equivalía a un sueldo neto de 1.781.277,39 pesos. En el caso de un empleado casado con dos hijos menores a cargo, quedaba eximido del pago del impuesto con un salario bruto inferior a $2.400.000, es decir un sueldo neto de 2.081.277,39 pesos.

Respecto a las escalas de alícuotas, eran más progresivas y se moverían en el rango de entre 5 y 35 por ciento. La tasa máxima empezaría a aplicarse a partir de un ingreso de $36.450.000 y en adelante.

Por otro lado, el proyecto establecía que las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarían anualmente por la variación el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec del mes de octubre del año anterior respecto a octubre de un año atrás.

Qué pasa con Bienes personales

El tercer título del paquete fiscal establecía un cambio en el impuesto a los Bienes Personales, que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior. Con la nueva norma, se aumentaba de $27 millones a $100 millones el piso a partir del cual una persona sería alcanzada por el tributo y modificando las alícuotas.

Otra modificación importante de Bienes Personales tenía que ver con la baja de las alícuotas: la iniciativa aprobada en Diputados establece alícuotas progresivas que van del 0,5% a 1,5%, mientras que en la actualidad el tope máximo es de 1,75%. Además, se eliminan las diferencias entre bienes locales y bienes en el exterior, que actualmente pagan una alícuota del 2,25%.

En síntesis

Ganancias: Los legisladores votaron en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, que restituía la cuarta categoría y afectaba a un millón de trabajadores. También establecía escalas más progresivas de las alícuotas, entre el 5 y el 35%.

Bienes Personales: también se rechazó el cambio que aumentaba de $27 millones a $100 millones el piso, y bajaba las alicuotas con una escala progresiva: del 0,5% a 1,5% (hoy el tope máximo es de 1,75% y de 2,25 % para bienes en el exterior, que en el proyecto rechazado ya no se diferenciaban de los locales).

Por Gonzalo Fracchia

En general, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue aprobada el miércoles cerca de la medianoche en el Senado. Mismo resultado para la Ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, pero a primera hora de la mañana de este jueves.

En el primero de los casos, hubo empate en 36, por lo que la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, desempató en favor del oficialismo.

Dentro de los 72 legisladores, tres pertenecen a la provincia de Santa Fe: Eduardo Galaretto del bloque Unión Cívica Radical, Carolina Losada del bloque Unión Cívica Radical y Marcelo Lewandowski del bloque Frente Nacional y Popular.

En lo que respecta al paquete fiscal, se aprobó en general con un total de 37, para dar lugar luego a la votación en particular.

Carolina Losada manifestó durante el debate: "El pueblo argentino está haciendo un esfuerzo enorme, brutal. Veo gente de clases sociales medias y bajas que quieren que por fin algo cambie en este país. Por esa esperanza de toda esa gente, en la que me incluyo, es que voy a votar positivamente esta ley".

Por su parte, Galaretto expresó: "Hemos sido oposición responsable en nuestra provincia y hoy somos gobierno provincial. Queremos ser responsables opositores a la Nación y veremos qué nos depara el futuro. Ni máquina de impedir, ni dilaciones innecesarias, ni cheques en blanco".

Lewandoski reflexionó: “Es cierto que nos debemos políticas de Estado que perduren en el tiempo, que tengan previsibilidad para los que quieren venir a invertir y para los que vivimos en el país, pero la Ley Bases y el DNU se desentienden de las funciones básicas del Estado”.

La tendencia se mantuvo y no hubo sorpresas en el título quinto, en el que el Senado rechazó la vuelta de Ganancias con votos a favor de Galaretto y Losada y el rechazo de Lewandoski.

En el título uno del paquete fiscal, el de Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, es el único donde coincidieron los santafesinos en medio de la aprobación unánime del Senado.