Con el número 14.362 el Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe registró la Ley que busca enfrentar los hechos de inseguridad que sufren los trabajadores de los servicios de reparto a domicilio, que carecen de una relación laboral permanente bajo los sistemas de aplicaciones en internet.

La norma promulgada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe ordena crear el sistema de "Monitoreo Informático Permanente, en adelante MIP, mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles".

Fue aprobada por la Legislatura a fines de de 2024 pero luego recibió observaciones del Ejecutivo, veto parcial mediante, que ambas Cámaras recientemente aceptaron. Ahora, con el decreto reglamentario correspondiente, y la nueva redacción de sus dos primeros artículos, se completa el trámite para que rija la iniciativa nacida en 2022 en la Cámara de Diputados.

Por entonces, fue el justicialista Oscar Martínez quien tomó el tema, con dos medias sanciones de sus pares que finalmente prosperaron en el Senado en noviembre de del año pasado, durante los últimos días de ese período ordinario de sesiones.

El proyecto corresponde a la expansión del uso de estas aplicaciones, cuyo despegue está asociado a las restricciones que impuso la pandemia de Covid 19. Su incremento, además de crear ocupaciones laborales no registradas (bajo un régimen que la ley considera "independiente"), significó para ciclistas y motociclistas una oportunidad. Como contrapartida, aumentó su inseguridad, en especial el robo de sus celulares y vehículos imprescindibles para su tarea.

La ley define como autoridad de aplicación del monitoreo al Ministerio de Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace, que deberá: "a) confeccionar un registro de personas trabajadoras y proveedoras independientes de servicios de reparto a domicilio de todo tipo de productos, en formato delivery, mediante aplicaciones móviles; b) asignar un dispositivo GPS a cada persona inscripta, a los fines de monitorear de manera permanente su geolocalización en los horarios de trabajo".

En tanto, el inciso c) explica: "crear un sistema informativo de monitoreo informático permanente de las actividades de las personas trabajadoras y proveedoras independientes; d) confeccionar estadísticas adecuadas, priorizando el trazado de hojas de ruta del flujo laboral (horarios pico, distribución geográfica del flujo dentro de cada ciudad, tiempos promedios, entre otros), a fin de coordinar esfuerzos y recursos para una mayor eficiencia en la prevención del delito.

Finalmente, el apartado "e" indica: "crear una central de denuncias con botón antipánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata; y f) crear uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y las personas trabajadoras contenidas en el artículo 1".

El artículo cuarto identifica fuentes de financiamiento, como las "multas, intereses y accesorios, por incumplimiento de normativas nacionales o provinciales, que la Provincia aplique formalmente a las empresas que realicen comercialización de servicios de manera virtual y mediante aplicaciones móviles que se operan mediante teléfonos inteligentes, para el reparto de productos a domicilio, formato delivery", así como los "aportes provenientes de rentas generales" provenientes del Tesoro Provincial o (eventualmente) de "programas del Estado Nacional susceptibles de aplicarse a los objetivos presentes".

En el siguiente artículo el Ejecutivo queda autorizado a realizar "las modificaciones presupuestarias necesarias para la implementación de las presentes disposiciones".

El Gobierno reglamentó la Ley 27.713 de Cardiopatías Congénitas, que garantiza la cobertura de todas las instancias de detección en cada etapa de la vida. La normativa había sido aprobada en el Congreso el 13 de abril y ahora quedó oficializada a través del decreto 559 publicado en el Boletín Oficial.

El programa tiene como objetivo garantizar el derecho de todas las personas a la detección y tratamiento de cardiopatías congénitas en todas las etapas de la vida. Además, se destaca la importancia de un control prenatal integral que incluya la detección temprana de estas afecciones, con la posibilidad de traslado intrauterino si es necesario.

La Resolución del Ministerio de Salud N° 107/08 ya había creado el PNCC, enfocándose en cirugías cardiovasculares pediátricas y el fortalecimiento de centros especializados. La nueva reglamentación busca expandir y mejorar estos servicios, asegurando una cobertura más amplia y un seguimiento adecuado a lo largo de la vida de los pacientes.

El Ministerio de Salud será la Autoridad de Aplicación de esta ley y estará facultado para emitir normativas complementarias para su implementación efectiva. También se destaca la creación del "Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas", que contará con representantes del Ministerio, asociaciones de pacientes y sociedades científicas.

Además, se establece un Registro Nacional de Prestadores para la Atención de Cardiopatías Congénitas y un Registro Nacional de Tipos de Cardiopatía Congénita, ambos de carácter federal y digital.

Se oficializó la ley de Car... by El Litoral

Las cardiopatías congénitas son defectos del corazón y/o de los vasos sanguíneos que se producen debido a un desarrollo anormal durante la vida fetal. La doctora María Amalia Elizari, Jefa de Sección Cardiopatías Congénitas del Adulto del Instituto Cardiovascular (ICBA) afirmó que “los controles ecocardiográficos durante el embarazo pueden detectar alteraciones anatómicas o funcionales del corazón del feto. Asimismo, el examen pediátrico del recién nacido es fundamental para el diagnóstico por la existencia de soplos o arritmias que en la edad adulta podrán ser tratadas”.

La alteración del desarrollo puede localizarse en cualquiera de las estructuras cardíacas y/o de los vasos sanguíneos y los defectos pueden presentarse aislados o combinados, generando un enorme espectro de malformaciones. Es por eso que existe una gran diversidad de cardiopatías.

Según el tipo de cardiopatía y el grado de compromiso de la función cardíaca normal pueden afectar de manera precoz, en el nacimiento o a lo largo de las distintas etapas de su vida. Algunas de estas patologías deben corregirse en la etapa neonatal ya que podrían poner en riesgo la vida del recién nacido. En otros casos generan síntomas durante la infancia o adolescencia y finalmente, aproximadamente un 30%, se mantienen asintomáticas hasta la vida adulta siendo detectadas recién en chequeos de rutina.

De acuerdo con expertos del ICBA, la presencia de coloración azulada de la piel (saturación arterial de oxígeno baja), la dificultad para alimentarse normalmente o ganar peso en los bebés, defectos en el crecimiento, la fatiga en la infancia y adolescencia, las palpitaciones y obviamente, la detección de soplos o hipertensión arterial en los controles médicos, son todos trastornos que pueden estar vinculados a una CC.

Existen diferentes tratamientos para la reparación de los defectos cardíacos congénitos que pueden ser quirúrgicos o percutáneos. En algunas cardiopatías complejas y severas como la presencia de un solo ventrículo (el corazón normalmente tiene 2), el tratamiento quirúrgico mejorará la calidad y expectativa de vida de este grupo de pacientes.

En una nota publicada por Infobae, la doctora Elizari aclara que se ha logrado avanzar en el tratamiento invasivo de las arritmias cardíacas, que es una de las complicaciones más frecuentes, accediendo al corazón con catéteres a través de arterias que permiten eliminar circuitos eléctricos patológicos mediante la ablación por radiofrecuencia o crioablación.

El Gobierno promulgó la ley que modifica el impuesto a las Ganancias y eleva el piso del mínimo al equivalente de 15 salarios mínimos, casi $2 millones en la actualidad.

Se trata de la ley 27.775, que fue sancionada por el Congreso el 28 de septiembre último y comenzó a regir oficialmente este viernes, con la publicación del decreto 508/2023 publicado en el Boletín Oficial.

Las disposiciones de esa ley "resultará de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes, manteniéndose vigentes, en el año fiscal 2023, las disposiciones de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones que resulten aplicables a ese período", según lo aprobado por el Parlamento.

Con la modificación del tributo, el piso del mínimo no imponible se elevó a $1.980.000 para octubre; luego se irá actualizando con las subas del salario mínimo.

Sergio Massa, ministro de Economía.

La ley se aprobó con el apoyo del oficialismo y del bloque Unidad Federal, mientras que Juntos por el Cambio la rechazó por entender que se trataba de una medida "electoralista".

El Senado aceptó por unanimidad y sobre tablas los cambios que hizo la Cámara de Diputados a un proyecto de ley de Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), en una sesión en la que se celebró -desde el interior provincial- que Santa Fe tenga ahora un acuerdo para que por fin todas las poblaciones tengan pavimentados los caminos que hoy (en el mejor de los casos con ripio) las unen con una ruta provincial asfaltada.

El texto fue parte de las conversaciones en la comisión de transición que, entre otros, forman el senador mencionado -que es además el presidente del Comité Provincial de la UCR- y su par Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), un hombre de extrema confianza del gobernador saliente Omar Perotti.

Felipe Michlig es el autor de una iniciativa que pretende hacer que haya "un antes y un después" en cada pueblo que hoy queda aislado cuando llueve. La norma muestra la transición de consenso entre Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos Avancemos. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El justicialista dijo que será el próximo gobernador, Maximiliano Pullaro, quien deberá poner en marcha el proyecto que Michlig describió como "una política de Estado". Ambos destacaron que se vota un programa que contiene una autorización para tomar deuda por hasta 300 millones de dólares en el sector externo, a nivel de organismos de crédito multilaterales (como el Bid, la Corporación Andina de Fomento, o como los fondos de origen árabe que han sido últimamente tan generosos con Santa Fe) que ofrecen condiciones de pago muy ventajosas. Y expresaron que alguna vez se debe poder cumplir con el objetivo de que cada santafesino, viva donde viva, tenga la infraestructura necesaria en términos de conectividad vial.

En tiempos de conectividad virtual, la Legislatura ha definido planes para que haya vínculos físicos. Para que salir de pequeñas poblaciones alejadas de la ruta pavimentada, en medio de una emergencia médica en caminos fangosos, no sea una pesadilla. Ni exija contar con vehículos costosos capaces de competir en un rally.

Los senadores dijeron que es el clima de la transición entre la gestión que deja el gobierno y la que se comienza a delinear lo que permite el acuerdo. Michlig valoró que la mayoría justicialista actual del Senado haya votado una norma que podrá aprovechar el próximo gobernador de su partido. Y Calvo agregó que el radical haya elogiado su proyecto de convertir en ley el actual programa "Caminos de la Ruralidad", que ya tiene media sanción del Senado y pasó a Diputados.

El representante peronista comentó que en el Presupuesto vigente ese plan del Ejecutivo cuenta con 3.500 millones de pesos asignados a pavimentar o mejorar caminos en el interior y que una proyección de ese renglón para 2024 haría que el próximo presupuesto (de existir una Ley que lo convierta en una obligación permanente) llegue a unos $ 5.000 millones. Michlig había dicho que la norma que impulsa Calvo es complementaria y que va en la misma dirección que la sanción definitiva de este jueves 5.

José Baucero (PJ-Nes-San Javier) dijo que es "un día histórico" para el cuerpo, por lo votado. Y expresó su opinión de que debería buscarse que ya mismo, se pavimenten los accesos a los pueblos cercanos a la futura ruta 55 que une ese departamento con el de San Justo. Los contratos en marcha han previsto echar ripio en esos caminos, que pronto se perderán con el paso del tiempo porque "para comunas tan chicas es imposible su mantenimiento". Pidió asfaltarlos, lo que fue apoyado por el representante sanjustino Rodrigo Borla del radicalismo.

Durante las exposiciones, que también contó con aportes del presidente provisional del Senado Rubén Pirola, porque debió ausentarse la vicegobernadora Alejandra Rodenas, Michlig lamentó que cuatro diputados no haya acompañado su proyecto. "Seguramente han vivido siempre en ciudades con todo lo necesario y la infraestructura con la que sueñan hoy 46 localidades que aspiran a tener lo mismo: certeza de que vas a llegar a la ruta". El senador no dio nombres de los cuatro que no estuvieron de acuerdo, pero se sabe que entre los votantes en la Cámara baja hubo representantes de la creciente extrema derecha y otros conocidos dirigentes de centro izquierda. En el primer caso, un voto en contra y en el resto abstenciones.

Recordó incluso sus años de la infancia y del secundario en Ambrosetti cuando se estaba pendiente de que se viniera tormenta para salir a tiempo para cumplir con la escuela o adelantarse a un cuadro médico crítico, porque más adelante no habría piso.

El gobierno nacional reglamentó la ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo en la Argentina del cannabis medicinal.

Se trata del Decreto 350/2023 que reglamenta la Ley 27.669 que se publicó este lunes 7 de agosto en el Boletín Oficial.

“Aromito”: se inscribió la primera semilla santafesina de cannabis medicinal

El mismo recuerda que la norma “tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la Planta de Cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”.

A partir de la fecha, entonces, todas las actividades de producción de cannabis en la Argentina que se estaban rigiendo por la ley 27.350, que solo promovía la investigación científica, ahora deberán ajustarse a los nuevos parámetros.

Entre ellos, la reglamentación dice que se define como “Planta de Cannabis” a “toda planta de Cannabis Sativa L”.

Se denomina “Cannabis psicoactivo” a aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) sea superior al 1 % en peso seco. También se define como “Cáñamo”, “Cáñamo industrial y/u hortícola” a la planta de cannabis, sus partes, sus semillas y sus derivados, que contengan hasta el límite máximo de 1% de concentración del componente THC y cuyo destino sean los fines industriales u hortícolas.

Jornada informativa y de sensibilización sobre Cannabis Medicinal en Venado Tuerto

La reglamentación establece la creación de la Agencia Nacional de Cáñamo y el Cannabis Industrial (, que será el organismo regulador que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía.

A través del mensaje Nº 5032 del Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador Omar Perotti firmó el anteproyecto de ley para proponerle a la Legislatura un “Sistema Provincial de Protección de Derechos de las y los Consumidores”, una norma de vanguardia que, según afirman los funcionarios, generará avances significativos en la prevención, atención y resolución de los conflictos de usuarios y consumidores, atendiendo a las nuevas demandas del comercio y el consumo, y dejando atrás décadas de mecanismos administrativos ineficientes y faltos de seguridad jurídica.

La iniciativa, que además lleva las firmas de los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, propone un conjunto de prerrogativas de políticas públicas en materia de consumo, tanto para promover la educación, el ejercicio de derechos, el acceso a la información, la prevención de estafas, abusos y publicidad engañosa, como así también para atender un grave problema en el consumo posmoderno: el sobreendeudamiento.

Por otro lado, la norma propone la descentralización de funciones hacia los gobiernos locales con todas las facultades que hoy tiene el Estado provincial a través de la decisión propia de cada municipio o comuna en sus ordenanzas de adhesión. De esta forma, se consolida la política de delegación que ya adoptó la actual gestión provincial, la cual duplicó las Oficinas Locales del Consumidor, y también delegó la facultad de celebración de audiencias de conciliación.

En relación a la autoridad de aplicación, el proyecto propone que la ejecución de las políticas integrales en materia de defensa del consumidor siga en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, para que a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, se pongan en marcha todos los mecanismos que la ley propuesta determina, a saber:

>> Un sistema de reclamos en la vía administrativa con procesos, plazos y la despapelización como premisas fundamentales;

>> un proceso de reclamo judicial con la gratuidad, celeridad, y participación de las partes involucradas apostando a juzgados y recursos más ágiles en el tiempo y los recursos;

>> la participación de las asociaciones de consumidores como actores claves en la protección integral de derechos del consumidor, haciéndolos parte del reclamo administrativo, las audiencias y los juicios;

>> el involucramiento de las universidades, colegios profesionales, municipios, comunas, y la comunidad académica para el asesoramiento y ejecución de las políticas de consumo;

>> el establecimiento de un procedimiento que haga efectivo el régimen de sanciones dispuesto por la legislación de fondo, es decir, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó que “cumpliendo lo informado en su discurso anual a la Legislatura el pasado 1º de mayo, el gobernador Omar Perotti está a su vez cumpliendo con las y los vecinos de la provincia. Merecemos tener mecanismos de prevención y resolución de los problemas diarios del consumidor y el usuario más ágiles, donde no tengamos que estar todos los días discutiendo si corresponde o no un reclamo, o si el plazo para resolverlo es mayor o menor. Con esta propuesta de ley Santa Fe va a tener mejores servicios de defensa del consumidor”.

“Esperamos volver a compartir visiones, proyectos, y tener una ley de defensa del consumidor muy pronto, y por eso queremos agradecer todos los aportes; ahora viene el momento del diálogo parlamentario”, concluyó.

Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, señaló que “esta ley es el fruto de un trabajo arduo, que nos llevó mucho tiempo, atendiendo a los aportes de diferentes sectores académicos, sociales, políticos y no gubernamentales, como así también el trabajo de la Comisión Santa Fe + Justicia que interactuó con la autoridad de aplicación”. Además, “las consultas con juristas y especialistas universitarios, y la discusión provincial que encaramos desde el gobierno, hicieron que hoy podamos proponer una ley de vanguardia, moderna, ágil y con la descentralización y la celeridad en como ejes”.

Por Nicolás Loyarte

Organizaciones de la diversidad sexual celebran este martes el 11 aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, pionera en América Latina en garantizar este derecho y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans, al tiempo que reclamaron por una reparación histórica, a la que consideraron “una deuda pendiente de la democracia”.

La Ley de Identidad de Género tuvo un precedente en la provincia de Santa Fe, que sirvió luego para el cambio impulsado a nivel nacional. Se trata del caso de Alejandra Ironici, quien en noviembre de 2011 consiguió el reconocimiento legal de su identidad a través de una readecuación en su Documento Nacional de Identidad. En aquella oportunidad, fue el Estado provincial quien acompañó esta acción de forma conjunta. Y el por entonces gobernador Antonio Bonfatti le otorgó el nuevo documento a Ironici.

“Se trabajó junto con el Estado de manera estratégica”, recordó hoy quien fuera el abogado de Ironici, Lisandro Genero. “Una resolución judicial ordenó la reasignación de identidad de género”.

Alejandra Ironici fue una referente trans santafesina, pionera dentro de la comunidad, al ser la primera persona de la provincia en cambiar su nombre en el DNI, en trabajar dentro del Estado y en reasignar su sexo mediante intevención quirújica. En agosto del año pasado fue víctima de un transfemicidio.

“Lo novedoso para aquellos años es también que fue la primera vez que se adecuó un cuerpo a la identidad”, recordó Genero, y destacó además que lo hizo “una obra social del Estado (Iapos) en compensación con otra obra social del Estado (Ioma)”.

Ironici fue presidenta de la ONG Movimiento de Integración Sexual Étnico y Religioso (Miser) y estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS UNL). En la actualidad, el abogado Genero es el representante legal de esa ONG y lleva adelante acciones en la promoción de sensibilización para promover derechos en igualdad, “a través de los cuales todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos”, dijo.

El 9 de mayo del 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley N 26.743, con la cual se garantiza el derecho a la identidad de género sin patologizar a las identidades trans y con este momento histórico “comenzó la democracia” para el colectivo. “La democracia para las travestis y trans llegó con la ley de identidad de género”, dijo la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Agustina Ponce.

La normativa “reconoció a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans y no binaries quienes luego de décadas de persecución y exclusión sistemática comenzaron a ser abrazadas por el Estado”, expresaron en un posteo en Instagram desde la organización 100% Diversidad y Derechos.

Además, en este aniversario recordaron “la furia y la lucha de Lohana Berkins, Diana Sacayán, Claudia Pía Baudracco y cientxs de compañerxs que dieron su vida para alcanzar este enorme logro”.

En tanto, las organizaciones también resaltaron que la reparación histórica continúa siendo “una deuda pendiente de la democracia”.

El próximo 24 de mayo distintas organizaciones de la diversidad sexual convocaron a realizar la Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires donde la movilización será a las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género.

En la actualidad, hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación por parte de las diputadas del Frente de Todos Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez que buscan una reparación histórica para el colectivo, que equivale a la entrega de una pensión mensual para aquellas mayores de 40 años que hayan vivido violencia institucional.

También fue presentado un proyecto de ley en la legislatura bonaerense por el Poder Ejecutivo por iniciativa de la cartera de género provincial y en la provincia de Santa Fe se incluyó en 2022 a las personas travesti trans mayores de 35 de forma permanente en las pensiones sociales enmarcadas en la ley 5110.

“¡A 40 años del retorno de la democracia y habiendo alcanzado la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans y el DNI no binario vamos por la Reparación Histórica!”, publicó 100% Diversidad y Derechos al respecto.

Por otra parte, el Archivo de la Memoria Trans estrenaba este martes, en el marco de los 11 años de la ley, “Cuentos y leyendas”, una serie de capítulos sonoros y cada martes de mayo publicarán un nuevo episodio.

Las horas extras correspondientes a las guardias trabajadas por el personal de salud de hospitales públicos y centros de salud privados quedaron exentos del pago del Impuesto a las Ganancias a partir de la modificación de la ley realizada por el Congreso que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de una ley de un sólo dos artículos, la 27718, que indica que están exentas del gravamen:

“Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, y horas extras, realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados en todo el territorio nacional”, dice el texto.

El mismo señala que “el beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”.

La norma entra en vigencia a partir de la publicación de la misma y ya fue promulgada por medio de un decreto, por lo que requiere de una resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (AFIP)

Tras la decisión del Gobierno que aumentó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 506.230 brutos, AFIP modificó este viernes las exenciones al gravamen para ajustarse a este piso.

A través de un comunicado, la entidad agregó además que, durante este año fiscal, se sumarán nuevas exenciones al pago del impuesto que se aplicarán “en forma retroactiva y para todo el período fiscal 2023”.

Según remarcaron desde AFIP, los siguientes ingresos no deberían computarse para el cálculo del Impuesto a las Ganancias. Bonos por productividad; Fallos de caja; Viáticos; Horas extra.

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles, en el Salón Blanco de la sede del Gobierno de Rosario, la firma del decreto de reglamentación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el marco del “Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad”, en conmemoración del fallecimiento de Marianela Brondino, que ocurrió el 3 de mayo de 2010, como consecuencia de un acto delictivo en la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, el gobernador manifestó que “es un paso importante tener una ley, reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares y tener la posibilidad que, dentro del proceso, las victimas tengan un rol importante, un rol protagónico”.

Asimismo, dirigiéndose a los familiares y víctimas de la inseguridad, Perotti destacó: “Quiero ser agradecido con cada uno de ustedes por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad”.

Perotti y Javkin encabezaron el acto junto a familiares y víctimas de delitos.

Y se comprometió a continuar trabajando “para que la ley tenga visibilidad, cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tienen que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas”.

Sobre el final, explicó que “es clave, dentro del mismo Estado, tener la posibilidad de capacitar, para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en la atención, el trato, en los procedimientos a llevar adelante y lógicamente la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación y todas las instancias judiciales. Nos queda un trabajo de implementación muy importante y necesario para darle permanencia, visibilidad y real cumplimiento a la ley”.

En la actividad estuvieron presentes familiares y víctimas de la inseguridad, entre ellos Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, la joven asesinada en Berabevú, quienes participaron en la elaboración de la ley que, entre otros puntos, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de víctimas para todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas.

Enrico sobre la nueva ley de derechos de víctimas: “Votamos la ley más importante de Santa Fe de este año”

Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, remarcó que “esto, que es un hecho administrativo, tiene una carga muy fuerte, porque indica una política de estado que pone a las víctimas de la inseguridad en el centro de atención del Estado y es muy importante que lo hayamos construido juntos”.

Y resaltó: “Todos los ministerios tienen un rol y nosotros aprovechamos esta ley para crear un Concejo Interministerial que será el que pondrá en cuestión cada una de las demandas que vayan surgiendo del otro punto, que contiene el decreto, que es la creación de una mesa pública comunitaria, una mesa de diálogo donde las víctimas estén representadas”.

Finalmente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que “creo que no se toma cabal dimensión del logro, y lo quiero premiar, porque este es el acto que no debería nunca suceder. Pero, a la vez, en toda sociedad existe la necesidad del estado de reparar derechos de víctimas. Quienes nos formamos en el tema sabemos el cambio sustancial de este paradigma, porque durante muchísimo tiempo la víctima no era parte del proceso”.

La Ley Provincial Nº14181 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos fue sancionada por la Legislatura Provincial en diciembre de 2022. La finalidad de la misma es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito; asegurar el asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional N°27.372 de Personas Víctimas de Delitos; y establecer y adaptar normas procedimentales para permitir el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas.

Según la nueva ley, la actuación de las autoridades responderá a principios como la rápida intervención; enfoque diferencial, mediante el cual las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad de la misma; efectiva participación de la víctima en el proceso; no revictimización; transversalidad; y un abordaje integral e interdisciplinario en la asistencia y acompañamiento a la víctima, entre otros.

Para hacer efectivos estos principios, la ley establece la capacitación en perspectiva de víctimas para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas, en la órbita del Poder Judicial.

También participaron del acto la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Seguridad, Claudio Brilloni; de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entre otros.

El gobierno nacional promulgó este miércoles la ley que establece tolerancia cero de alcohol para manejar cualquier tipo de vehículos, a través del Decreto 254/2023 publicado en el Boletín Oficial.

El documento aclara que, más allá de la adhesión o no de cada provincia, tendrá vigencia en todas las rutas nacionales. Para las vías provinciales aún se debe esperar la adhesión.

En dos ocasiones el proyecto de ley en la provincia de Santa Fe perdió estado parlamentario al pasar dos años desde su presentación. En 2018 Diputados le dio media sanción, pero el Senado no lo trató.

Con las firmas de Alberto Fernández, así como también las rúbricas del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se modifica la ley 24.449, que elimina el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y lo lleva a cero.

Peligro al volante: un taxista casildense manejaba borracho y zigzagueando

Cabe recordar que en la ciudad de Santa Fe se aplica desde febrero de 2020 la popularmente apodada “ley de alcohol cero”, pero que permitía hasta 0,3 gramos en sangre.

El caso de Rosario es más estricto. En 2022 se aprobó una norma más dura y se impuso el mismo control, pero con el tope en 0.

A nivel provincial, el subsecretario de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, había indicado que se debía “esperar que salga en el Boletín Oficial” y luego en base a su redacción definir si debía pasar por adhesión a través de la legislatura santafesina.

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir”, refiere la Ley 27.714, cuyo proyecto fue impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Sedronar.

El artículo 1° del documento que sustituye el inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449, establece que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre”.

Luego se aclara que “la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”.

El proyecto de ley fue presentado en 2022 y fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación por amplia mayoría, con 193 votos a favor, 19 negativos y 4 abstenciones.

Por Luis Rodrigo

La sanción de una reforma a la legislación nacional que fija en un redondo y prohibitivo cero el valor de alcohol en sangre para los conductores tiene antecedentes con sanciones en varias legislaturas provinciales, pero no es el caso de las cámaras santafesinas.

Sea porque los legisladores no estaban del todo convencidos de su eficacia o porque el contexto político no lo permitió, desde 2015 a la fecha han fracasado los intentos de llevar a la absoluta restricción el consumo de bebidas alcohólicas para quienes luego de tomar, se hagan del volante.

En rigor, los concejos municipales de la ciudad de Santa Fe primero y de Rosario después se encargaron de endurecer los controles o -según como se mire- de no dejarles dudas a quienes crean que podrían beber una cantidad módica y aún así quedar dentro de los límites permitidos.

El domingo 16 de febrero de 2020 comenzó a regir la ordenanza 12.643 en la capital provincial, que se popularizó como “de alcohol cero” pero que en rigor, permitiría valores menores a 0,3 g/L, en los alcoholímetros para no caer en infracción. La denominación políticamente correcta se impuso y ciertamente pronto los santafesinos comprendieron que con un par de lisos se quedaba por sobre 0,2 al momento de enfrentar las pipetas.

Al cabo de casi dos años, los ediles rosarinos también aprobaron una norma más dura e impusieron el mismo control, pero fijaron en 0 el tope.

Cuando sea promulgada la Ley Nacional de Tránsito con las reformas que llevan a cero la tolerancia con el alcohol al manejar (y quede atrás el límite de 0,5) esa disposición regirá en el territorio santafesino bajo jurisdicción nacional, es decir, en las rutas nacionales. En tanto, en las rutas provinciales -hasta tanto la provincia de Santa Fe se adhiera a la nueva norma nacional- se toma el 0,5 que estaba vigente a nivel federal.

Los debates para que la provincia de Santa Fe cuente con una ley de alcohol cero al volante y con un programa para su promoción se suceden desde 2015. Fue el senador por San Justo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) quien en septiembre de aquel año propuso un proyecto de ley que no prosperó y lo mismo sucedió en 2016 con otro expediente en la misma dirección que presentó el ex ministro de Salud, que por entonces ocupaba la banca por Rosario, Miguel Ángel Cappiello (PS). Y lo mismo sucedió en 2017 y 2018 con sendas iniciativas, que se renovaron sin suerte.

Un proyecto de ley del diputado provincial Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) logró la media sanción de la Cámara baja en diciembre de 2018, pero el Senado no lo trató. En dos oportunidades la iniciativa perdió estado parlamentario al pasar dos años desde su presentación. Ahora el proyecto está nuevamente en ese cuerpo deliberativo, ya que el ex intendente de Santo Tomé repitió su presentación en febrero pasado, y cuenta con el envión que ha significado la norma nacional. Obviamente, para su tratamiento debe comenzar el período ordinario de sesiones, lo que ocurrirá el 1ro de mayo. Hasta entonces no podrá ser tratado salvo que sea habilitado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Se dice que los músicos de instrumentos de viento saben cómo soplar sin que el aire pase por sus pulmones, y de hecho lo hacen al ejecutar sus trompetas, saxos, quenas, flautas, cornos, tubas, trombones, clarinetes y fagots, pero si el valor permitido baja a cero el riesgo será alto.

Los expertos en soplar metales, cañas, y maderas ya no podrán ser el conductor designado para llevar a los demás miembros del grupo, porque bastará con que un mínimo resto de bebidas alcohólicas haya quedado en sus aparatos bucales (ya no en su sangre) para que el alcoholímetro marque más que cero.

El Gobierno reglamentó una ley que garantiza el tratamiento de menores con cáncer. La Ley de Creación de un Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer fue reglamentada a través del Decreto 68/2023 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La misma establece que los niños deben tener una cobertura del cien por ciento en su tratamiento oncológico. De hecho, el principal objetivo es reducir la mortalidad de los menores y garantizar sus derechos.

El artículo 2 establece que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) será el organismo descentralizado para “dictar en el marco de sus competencias las normas complementarias o aclaratorias que requiera la efectiva aplicación de la Ley N° 27.674″. La institución también deberá extender una credencial a todos aquellos que estén inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino y que tengan en tratamiento activo.

Esta credencial les dará el derecho a recibir tratamiento gratis en caso de cáncer. Al respecto, se remarcó que la renovación se hará de manera automática cada año y estará vigente con el alta definitiva del paciente hasta los 18 años inclusive.

El proyecto presentado establece que será el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas los que trabajen en conjunto para brindar cobertura al ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Uno de los puntos centrales de esta ley es que busca garantizar los derechos de los menores con cáncer de manera integral; consiste en que el Estado Nacional debe otorgar una compensación económica equivalente a la Asignación Universal por Hijo con discapacidad. Al respecto, se aclaró que la “ayuda económica no se extenderá más allá del tiempo estimado de tratamiento según indicación médica o, en todo caso, la muerte de la niña, niño y/o adolescente”. Para ser beneficiario del aporte económico se deberá cumplir con los requisitos establecidos y el pago será de la ANSES.

En Santa Fe se registran 10.900 casos de cáncer por año y el de mamas tiene mayor incidencia

En caso de que el paciente muera, se aclaró que “los progenitores o representantes legales en situación de vulnerabilidad social, sean alcanzados por el beneficio establecido en el Decreto N° 599/06″. Es decir, el subsidio de contención familiar por fallecimiento.

Dentro de la cobertura para menores con cáncer, la ley también incluye un apartado que abarca el traslado de los mismos. Por tal motivo, se remarcó que el estacionamiento continuará siendo prioritario en zonas reservadas y señalizadas para los vehículos que trasladen a las personas beneficiarias de la ley y gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.

Al momento de realizar un tratamiento oncológico, algunos pacientes en situación de vulnerabilidad deben viajar a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia, de manera que la ley contempla dicha situación. En tal caso, se indicó que el Instituto Nacional del Cáncer será el responsable de garantizar el acceso a un subsidio habitacional “en coordinación con las respectivas jurisdicciones, que les permita cubrir los gastos de locación de vivienda mientras dure dicho tratamiento”, detalla la ley.

Al tratarse de una enfermedad que requiere de un tratamiento prolongado y de un acompañamiento permanente, es que la ley reconoce el derecho de licencias especiales sin goce de haberes para uno de los progenitores o representante legal del menor con cáncer. Por tal motivo, su ausencia al trabajo por cuidado sanitario, no resulta causal de pérdida de presentismo o despido laboral.

De esa manera, se aclaró que indistintamente, si el adulto está en relación de dependencia en el sector público o privado, podrá acceder a dicho beneficio que está destinado a contar con disponibilidad para acompañar al menor a los estudios médicos, rehabilitación y tratamientos vinculados a la enfermedad. Por ende, el plazo de la licencia especial tendrá una duración vinculada al “tratamiento activo” del paciente.

El senador Lisandro Enrico informó sobre el avance en la Legislatura provincial de la primera ley provincial de derechos y garantías de víctimas de delitos penales. El proyecto que es autoría del diputado Oscar “Cachi” Martínez está siendo enriquecido en el Senado para ampliar los derechos y la participación de la víctima en las causas penales y permitir una “perspectiva de víctimas” en el funcionamiento de la Justicia. 

“Cuando se produce un delito la parte afectada es la víctima que debe recibir adecuada participación y escucha de parte del Estado en la causa penal; por eso es importante jerarquizarla y darle un mayor lugar e importancia en la causa judicial”, sostuvo el Senador Enrico. 

Asimismo, el senador remarcó que lo importante es que se vayan consolidando derechos que sean respetados por el estado para permitir en primer lugar la posibilidad de que la víctima de un delito sea escuchada por el juez o por el fiscal sobre su afectación por ser víctima de un delito y que la información le llegue de manera clara y entendible. 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se halla en estudio de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores que preside Lisandro Enrico, y recibe los aportes del gobierno provincial, representantes del Colegio de Jueces, del Ministerio Público de la Acusación, las Asociaciones de Víctimas y de diferentes legisladores de ambas cámaras legislativas. 

El senador Enrico haciendo referencia el nuevo paradigma que desde la ley se pretende plasmar, remarcó que es una decisión concorde de la dirigencia política santafesina de dar una participación, escucha y atención a las víctimas de delitos sobre todo después de que en 2017 se aprobara la ley 23.372 de derechos de víctimas a nivel nacional. 

La capacitación en perspectiva de víctimas se incorpora como una formación para los funcionarios de todos los poderes del Estado pero especialmente dirigidas al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad. “Es importante que se vaya tomando mayor idea de los derechos de las víctimas de delitos y que no solo son las víctimas de los delitos de géneros las que deben ser protegidas sino también aquellas que sufren robos, entraderas, estafas etc.”, aclaró el legislador santafesino. 

Por otra parte, Enrico comentó que para reforzar el empoderamiento de las víctimas en esta nueva etapa se prevé la creación de la primera Defensoría de Victimas a nivel provincial; organismo con autonomía funcional y financiera dentro del Poder Judicial que debe velar por el respeto de los derechos y garantías de las víctimas en los procesos penales, función principal que desempeñará un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo y Legislativo.  

Los nuevos derechos de las víctimas que la Legislatura va buscando también se van a ver reflejados en el procedimiento penal, es decir, en las leyes que regulan el funcionamiento de la justicia ante un delito. Además de sumar nuevos derechos para las víctimas como la preservación de la identidad y la posibilidad que  la víctima pueda declarar desde su domicilio por medios virtuales surgen modificaciones que se verán reflejadas en los procesos penales inclusive en materia de menores de edad en conflicto con la ley penal. 

El senador Enrico al respecto agregó: “Los mayores cambios se dan en la participación y la escucha de la víctima de parte de las autoridades judiciales. El derecho a ser escuchado por el fiscal o por el juez en la primera audiencia y más importante que es la audiencia imputativa es un paso adelante que no tiene precedentes en ninguna provincia”. 

Esto implicaría un cambio enorme ya que hasta el momento los sujetos escuchados son el fiscal, el defensor y el acusado, pero ahora aparece la víctima en un rol más activo. Este cambio es el que estaría llevando más trabajo a los legisladores y que lo vienen acordando con los actores de la justicia. 

Por lo demás el proyecto viene avanzando y es intención de ambas Cámaras Legislativas convertirlo en ley y paralelamente revisándolo con el gobierno que delegó esa tarea en la Secretaría de Justicia que también tuvo una participación preponderante a través de la Dirección de Víctimas. 

El diputado provincial y ex ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia un proyecto de ley para impulsar la creación y ampliación de parques industriales santafesinos en reemplazo de la actual normativa.

“Entendemos que tenemos que generar condiciones para la radicación de industrias. Además, con este proyecto, se intenta agruparlas y reducir costos para ser más competitivos a nivel nacional e internacional”, declaró Garibay,

En este sentido, el diputado dijo: “Como hemos hecho siempre desde el Frente Progresista, pensamos los desarrollos con una planificación. Este proyecto prevé parques industriales que respeten las urbanizaciones de las ciudades y en armonía con el ambiente”.

Cabe destacar que la ley habilitará a declarar de utilidad pública terrenos que cada localidad considere como parque industrial. También se intenta generar incentivos económicos y administrativos dirigidos a empresas que se instalen o relocalicen en los parques, en consonancia los municipios y comunas tendrán que generar acciones en sus territorios.

Por otro lado, los parques industriales creados contarán con el aporte de infraestructura desde el Estado provincial a través de sus empresas de servicios (EPE y ASSA) y la Dirección Provincial de Vialidad. Además, serán beneficiados con un precio diferencial de la energía eléctrica, un régimen de promoción industrial por 10 años y líneas de crédito preferencial para compra de terrenos y ejecución de obras.

Para calificar dentro de los beneficios de esta ley será necesaria la aprobación del Ejecutivo Provincial luego de cumplir con una serie de requisitos que serán evaluados por la Comisión Interministerial de Parques Industriales, creada también a través de esta ley.

Actualmente, los parques industriales generan 12900 puestos de trabajo en la provincia con un promedio de 416 por cada uno. Solamente 29 municipios de la provincia cuentan con esta importante herramienta industrial.

“Creemos que es importante modernizar y potenciar los parques industriales, generar más trabajo y mejores condiciones para llamar a empresas e industrias a hacer bases en nuestra provincia”, finalizó Garibay.

El Gobierno oficializó la promulgación de la Ley de Biotecnología moderna y nanotecnología mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La ley Nº 27.685 quedó promulgada con el Decreto 644/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Sergio Massa.

La norma fue sancionada por el Congreso el 1° de septiembre pasado, y extiende el régimen de promoción de ese sector hasta el 31 de diciembre del 2034 y prevé beneficios para quienes presenten proyectos de investigación y desarrollo y los que apliquen mejoras en bienes y servicios.

El jueves el mandatario presidió el acto de promulgación, acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), en la ciudad de Buenos Aires.

La ley era una de las normas pedidas por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras su asunción en el cargo el 3 de agosto último.

El Gobierno había presentado el proyecto entendiendo que esos sectores “son claves” ya que la ciencia, la investigación y la innovación basada en el conocimiento “potencian el empleo y la producción” como así también “promueven el desarrollo y el cambio de la matriz productiva y atienden necesidades concretas de la sociedad”.

La norma establece que quienes accedan al régimen de promoción puedan obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La ley crea una Comisión Consultiva, integrada por las instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a otras entidades públicas y representantes del sector privado.

Asimismo, crea el Registro Nacional para la Promoción de la Nanotecnología adicionando dicho registro al ya existente Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna.

De acuerdo con datos del Ministerio, hay 220 empresas consolidadas en la Argentina y más de 100 startups (empresas).

La facturación es de 2.100 millones de dólares y 220 millones de dólares en exportaciones.

Asimismo, hay más de 2800 investigadores y becarios en 71 institutos, y son 73 las empresas de articulación sectorial a través de la Fundación Argentina de Nanotecnología.

El senador provincial Lisandro Enrico, quien votara a favor por la aprobación de la ley de “Subdivisión de Inmuebles Rurales” que les permite a los dueños de pequeñas parcelas de campo dividirlos en fracciones inferiores a la unidad económica rural, cuando estos inmuebles estén en condominio o se encuentren iniciando un proceso de sucesión; en esta oportunidad informó que la nueva norma ya se encuentra en vigencia en el territorio santafesino luego de ser reglamentada por el gobierno provincial.  

Al respecto, Lisandro Enrico expresó: “En los últimos meses notábamos que se estaba demorando el Ejecutivo provincial en poner en vigencia esta ley votada en 2021, por eso iniciamos una serie de pedidos desde la Legislatura para que finalmente el Estado Provincial la reglamente. Finalmente, mediante el Decreto 1.338/2022, el gobierno provincial convirtió en operativa la Ley 14.053, y desde el pasado 1 de agosto se estableció que quedan permitidas las ventas de campos en fracciones inferiores a la unidad económica rural para los condominios así inscriptos, o en trámite”. 

Senador provincial, Lisandro Enrico.

“Desde que se puso en vigencia a principio de mes, esta ley otorga un período de cinco años para todas aquellas personas que quieran regularizar la situación dominial de sus inmuebles rurales. Es decir, podrán hacerlo hasta el 1 de agosto de 2027. Cabe recordar que en Santa Fe tenemos la ley 9319, que regía que los inmuebles rurales no podían dividirse en porciones menores a la unidad económica establecida”, agregó el legislador. 

En referencia a la importancia de la nueva norma, el senador Enrico manifestó: “Los beneficios que otorga la ley en cuestión van más allá de poseer una porción de tierra en sí, porque tener una escritura propia les permite a los propietarios tener acceso a créditos bancarios, a financiaciones de insumos, a fomentar el crecimiento sustentable y sostenido de sus economías y de la región. Por eso nos pareció importante la aprobación de esta ley”.  

La prohibición a la subdivisión de las pequeñas parcelas de tierra constituía una problemática que atravesaba a los sectores más débiles y vulnerables de la economía rural. “Una gran cantidad de pequeños productores agropecuarios necesitaban que el Estado se haga presente, interprete sus necesidades y las plasme en leyes. Era un pedido que se había hecho desde varios sectores, por eso desde nuestro bloque UCR presentamos este proyecto de ley en el año 2020 y finalmente se aprobó en 2021 por ambas cámaras. Ahora que el Gobierno Provincial reglamentó esta ley habrá nuevos beneficios para los propietarios que por situaciones de sucesiones no podían dividir sus hectáreas de campo o concretar ventas”, explicó Enrico. 

Reglamentan la ley que permite dividir campos en condominio 

Posee 3 artículos, y el primero establece que las solicitudes de excepción a la Ley N° 9319 deben tramitarse mediante presentación firmada por la totalidad de los propietarios condóminos, o sus apoderados, dirigida al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, manifestando su voluntad en dividir los inmuebles rurales de su propiedad. A su vez, las firmas de los condóminos deberán ser certificadas por escribano público o autoridad judicial competente. 

El segundo de los artículos, requiere a los condóminos interesados la presentación de los siguientes documentos vinculados al inmueble o los inmuebles rurales a subdividir: 

– Número de la Partida. Impuesto Inmobiliario. 

– Detalle de la Superficie de cada bien (expresada en m2). 

– Identificación precisa del Distrito y Departamento donde se ubica cada bien. 

– Proyecto de Plano de Mensura suscripto por los condóminos. 

– Para condominio preexistentes: fotocopia certificada del estado de dominio sin bloqueo, exclusivamente para los fines de la Ley N° 14053 y fotocopias certificadas de las inscripciones dominiales expedidas por el Registro General, de las cuales surja que el inmueble rural se encuentra en condominio antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 14053. 

– En casos de sucesiones: Copia certificada por autoridad judicial de sentencia de Declaratoria de Herederos o Constancia de iniciación del Juicio Sucesorio, expedido por el Registro de Procesos Universales. 

El último y tercer artículo dispone que una vez cumplimentadas las exigencias estipuladas en el segundo artículo, el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, tras solicitud de los interesados, habilitará la división del condominio, de acuerdo a las constancias de registración actualizadas que emitan del informe que emita el Registro de la Propiedad y/o Cuenta Particionaria de la cual derive la adjudicación en condominio, sellando el Plano de Mensura que se inscribirá en el Servicio de Catastro e Información Territorial, dependiente del Ministerio de Economía. 

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública. 

En su artículo 1°, la ley 27.671 establece “la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré. 

La iniciativa propone la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre Malvinas a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 

En sus lineamientos generales, contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. 

Se busca federalizar la Causa Malvinas invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación. 

El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo este miércoles dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas “puros”, es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país. Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En la reunión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”. Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.

Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que “lo que hay que resolver es la inflación”.

La noticia de la regularización de la producción y comercialización del cannabis y el cáñamo con fines medicinales e industriales fue celebrada por familiares y pacientes de que durante años lucharon para poder cultivar y acceder a ella sin ser estafados en calidad y precios.  

Hoy, el cannabis medicinal es una realidad en Argentina y ya se comenzó a desandar el camino de la investigación y la producción a gran escala, que garantizará el acceso al aceite de cannabis y derivados de la planta a pacientes de variadas patologías, además de ser el punto de partida de una industria que afirman, sumará a las arcas estatales gruesos ingresos en dólares y demandará numerosos puestos de trabajo. 

La promulgación de la Ley 27.669 se dio a finales de mayo y establece, a grandes rasgos, el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del Decreto 266/2022 publicado en el Boletín Oficial. 

Los que se busca es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos 

Además, crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo será “el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.  

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales. 

Por último, se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria. 

Para conocer sobre los alcances del marco legal regulatorio que acaba de promulgar el Gobierno Nacional, la abogada venadense, Carolina Regis, explicó: “Esta Ley viene a regular la producción y comercialización del cannabis y del cáñamo. La normativa abre el juego a las Pymes, y no solo a las empresas del Estado o las grandes industrias, que siempre suelen tener mayor facilidad de acceso a una licencia para poder producir, sino que también permite que puedan realizar el trámite ONGs, Pymes, Cooperativas; los grupos de personas que se dedican al cultivo del cannabis en empresas chiquitas que ahora van a poder estar presentes en el mercado interno con miras también al exterior, porque esta nueva ley permite exportar tanto materia prima como material producido”.    

Además, la letrada informó que, como en toda ley, “hay un lapso de 180 días de promulgada para se termine de reglamentar. En la actualidad ya hay una normativa de cannabis, y los pacientes que quieren cultivar legalmente para sí o para una ONG tienen que estar inscriptos en el Reprocann, que es un trámite gratuito que se hace por internet; el filtro para inscribirse es el certificado médico”. 

Santa Fe fue pionera en la producción de cannabis medicinal a través del Laboratotio Industrial Farmacéutico (LIF)

Santa Fe es una de las provincias pioneras en la investigación de los usos medicinales del cannabis. En el 2021, el Laboratorio Industrial Farmacéutico santafesino (LIF) fue el primero en producir un lote de aceite de cannabis medicinal para ser distribuido gratuitamente a través de prescripción médica (receta archivada) y bajo Plan de Gestión de Riesgo de LIF para efectuar su farmacovigilancia.

En la actualidad, el proceso sigue a paso firme y si bien “todavía no llegó oficialmente la reglamentación, creo que va a llegar como siempre a través de droguería central como todos los medicamentos, llegan a la Región de Salud y de ahí se distribuyen”, expresó a Sur24 el director de la Regional de Salud, Pedro Bustos.

Además, el pediatra agregó que “en mi consultorio privado he tenido la oportunidad de recetarlo en dos o tres oportunidades en epilepsias refractarias a los politratamientos en chicos, uno de ellos con Síndrome de Down también, y con uno solo tuve una buena experiencia, mientras que los otros dieron resultado, pero hasta ahí nomás. De esto hace ya seis o siete años”.

“El uso específico, como está indicado, creo que es una buena alternativa, porque estamos llegando a patologías donde hoy la medicina no tiene tantas respuestas. El cannabis es una oportunidad, pero controlado, porque la necesidad y desesperanza de algunas familias puede ser aprovechado por algunos que venden algo sin ningún control”, subrayó Bustos.

Por su parte, el director del Samco Chovet, Salim Chueire, recordó a Sur24 que “desde el 2020 hay una ley que permite el uso medicinal y terapéutico del cannabis a través del Ministerio de Salud de la Nación, la Anmat, el Conicet y todos los órganos responsables que aprobaron su uso”.

Coincidiendo con Bustos, para Chueire el cannabis “es una opción válida, que tiene su efectividad principalmente en dolores crónicos; también se utiliza en casos de epilepsia y algunos trastornos mentales”, agregando que “una vez que agotamos opciones más tradicionales y no hay efectividad, sobre todo para dolores crónicos, podemos indicar cannabis”.

“Por mi experiencia, de cada 5 pacientes a los que les indiqué cannabis, en tres fue muy efectivo y en los otros no hubo grandes resultados. Hay diferentes presentaciones, como cremas o aceites, todas con distintas especificaciones. Y es necesario diferenciar el uso terapéutico del uso recreativo, porque hay mucho prejuicio por el uso que se le da al cannabis fuera de lo estrictamente medicinal y esa es otro debate que hay que dar”, agregó el médico”.

En la región existen muchos usuarios del cannabis medicinal. Al no estar habilitada la venta ni la distribución, las personas que padecen alguna patología que requiera sus usos deben comprarlo en lugares clandestinos o importarlo a valores elevados y con una serie de trámites.

Consultado por Sur24, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Venado Tuerto, Guillermo Bangher, comentó que “en este momento, lo único que estamos autorizados a vender las farmacias son cremas con cannabis; todo lo que se venda en gotas es medicamento que no está autorizado por la Anmat, fabricados de manera casera”.

Luis Rodrigo

El Litoral

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó por unanimidad, sobre tablas, y con las modificaciones que había impuesto Diputados, una ley que se ocupa de mejorar la situación de unos 500 pacientes santafesinos, cuyas vidas están literalmente atadas al servicio de provisto por la Empresa Provincial de la Energía.

El proyecto que había iniciado años atrás el senador radical por Iriondo Hugo Rasetto (UCR-Juntos por el Cambio) recibió fuertes cambios en la Cámara baja, que ahora fueron aceptados por los representantes de los 19 departamentos.

Aunque desde hace tiempo la Epe se encarga de brindar beneficios tarifarios a los enfermos que necesitan del fluido eléctrico de manera permanente ahora una ley da más garantías y establece pautas para la relación entre esa empresa y esos usuarios residenciales. El senador Hugo Rasetto aceptó los cambios que había hecho a su proyecto la otra cámara. Foto: Archivo El Litoral

El legislador agradeció en su corta intervención a los funcionarios de la Epe que buscaron una redacción alternativa, a los legisladores de la otra Cámara y muy especialmente los aportes de la Fundación Emperador que se ocupa de acompañar a quienes requieren de aparatología médica para sobrevivir en sus domicilios.

La norma sancionada este jueves 16 dispone que el electrodependiente deberá presentar la solicitud para inscribirse al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) ante la prestadora del servicio público de distribución de energía eléctrica y que “dentro de los cinco días corridos desde la presentación de la solicitud la distribuidora deberá resolver fundadamente, con carácter preliminar, si acordar o no los respectivos derechos al solicitante”, con un agregado: “La resolución es irrecurrible”. Cumplido ese plazo, los derechos quedarán otorgados con carácter preliminar.

También dispone que si la autoridad de aplicación a nivel nacional (Ministerio de Salud) resuelve la no inscripción al Registro, la distribuidora recupera, con carácter retroactivo, todos sus derechos en referencia a su relación comercial con la parte solicitante. Por último dispone las erogaciones por la prestación del servicio establecido por ley estarán a cargo del Ministerio de Economía.

Rasetto recordó que fue su par por Rosario, el ex ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello quien primero tomó el tema al lograr que el Senado primero y Diputados luego apruebe una ley para que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional 27.351, que fue sancionada por el Congreso de la Nación en abril de 2017.. Sin embargo, aquella norma de adhesión a la legislación nacional no fue suficiente para resolver la situación de las personas en esa condición ya que el trámite ante las reparticiones nacionales para lograr ese beneficio en el suministro de la energía eléctrica podía demorar “hasta un año”, sostuvo Rasetto.

Con la norma sancionada se atiende la principal preocupación del legislador que es que cuanto antes los pacientes reciban energía bonificada y establece criterios menos onerosos para la Epe para eventuales casos en los que esas personas no sean declaradas bajo esa condición.

La ley denomina “electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”. El siguiente artículo dispone que “el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente”, gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica así como del pago de derecho de conexión. También dispone que el Ministerio de Salud de la Nación tiene a su cargo el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

En diciembre de 2018, la provincia adhirió a la norma nacional por una iniciativa del senador socialista Cappiello, que ahora la discusión legislativa logró fijar plazos para el cumplimiento de los derechos establecidos para este tipo de personas enfermas.