El Senado aprobó este jueves el proyecto Juicio en Ausencia y lo convirtió en ley con 45 votos afirmativos, 22 negativos y cero abstenciones. De esta manera, los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos, podrán ser juzgados sin estar presentes en la Argentina.

Fue apoyado por el pleno de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y una porción del kirchnerismo, que profundizó su crisis interna y otro desaire a la ex presidenta Cristina Kirchner, involucrada en la causa por el Memorándum con Irán.

Entre los kirchneristas que acompañaron el proyecto resaltan los apellidos de: los santiagueños José Emilio Neder y Gerardo Montenegro, Lucia Corpacci (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Carolina Moisés (Jujuy) y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta.

Es una herramienta que se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.

A su vez, determina que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, siempre que eso no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.

El senador Oscar Parrilli (Neuquén), que fue uno de los que rechazó proyecto, sostuvo que la aprobación no cerrará las heridas, sino que "las va a profundizar". "En todo caso, lo que se va a hacer es dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es esconder debajo de la alfombra los problemas que tenemos", agregó.

"Queremos decir 'con esto se termina y no hablemos más; y no se va a terminar la historia con esta ley porque la deuda que tenemos los argentinos y la Justicia es buscar a los verdaderos responsables. Con esta ley no lo vamos a solucionar", reflexionó una de las voces principales de Cristina Kirchner en el Senado.

Al cruce le salió el senador Luis Juez (Córdoba): "Esto no es una ley que va a resolver un problema. Esta es un ley que nos permite pararnos al terrorismo internacional de otra manera. Lo escucho a Parrilli con tanta liviandad de un tema tan profundo. Han gobernado este país y se llevaron puesto al fiscal de la causa. Dejemos en paz a esa gente".

Por su parte, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) argumentó favorablemente y dijo: “Este proyecto de ley es una señal muy fuerte, muy contundente, muy potente de que la Argentina no pacta con el terrorismo, que si nuestro país comete un acto terrorista los vamos a ir a buscar, y si no se presentan, si no compadecen ante los tribunales, los vamos a juzgar”

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal  (TOF) N°2 de Rosario, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero, condenó a prisión perpetua al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a los tres ex policías federales de la Delegación Rosario Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) “Quinta de Fisherton”, durante la última dictadura cívico militar.

El pronunciamiento se da en línea con las penas requeridas por el fiscal general Adolfo Villatte, a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Rosario. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 17 de septiembre a las 20 horas.

Las penas

En su veredicto el TOF N°2 condenó a Jorge Alberto Fariña como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas; aplicación de tormentos calificada por ser las víctimas perseguidas políticas y homicidio agravado por alevosía, por la concurrencia preordenada de dos o más personas y con el fin de procurar la impunidad para sí o para otro en perjuicio de 22 víctimas.

Finalmente, se lo responsabilizó por la sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años y supresión y alteración de identidad de una menor, al tiempo que todos los hechos imputados fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, Federico Almeder fue condenado como coautor de los crímenes de lesa humanidad. En tanto, a Enrique Andrés López y René Juan Langlois se los condenó como autor y partícipe necesario, respectivamente.

El tribunal también dispuso que los condenados sean inhabilitados permanentemente y de forma perpetua, se hagan cargo de las accesorias legales, las costas del proceso y el pago de la tasa de justicia, y se mantuvo su prisión domiciliaria, la cual había sido impuesta como medida cautelar.

El juicio

Al debate oral, que durante tres años sufrió postergaciones, comenzó el 23 de septiembre de 2020. Llegaron acusados por múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y por la apropiación de la hija del matrimonio Klotzman-Barral, el capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; y los ex integrantes de la Delegación local de la Policía Federal Argentina: el ex oficial Federico Almeder, el ex auxiliar Juan Langlois y el ex inspector Enrique Andrés López. También estaba imputado el sargento de la PFA Juan Dib, quien falleció en agosto de 2020.

Durante las sucesivas audiencias se analizaron los hechos ocurridos en perjuicio de 29 víctimas, integrantes de la agrupación PRT-ERP o que tuvieron alguna vinculación con los miembros de dicha organización, que fueron asesinadas o están desaparecidas tras sufrir privaciones ilegítimas de libertad dentro del Centro Clandestino de Detención “Quinta de Fisherton” o “Quinta operacional de Fisherton”, en donde además fueron sometidas a tormentos.

Los hechos juzgados fueron ejecutados, en su mayoría, durante la primera mitad de agosto de 1976 por los autodenominados “Operativos Conjuntos”, en el que participaban tanto integrantes del Ejército como de la Policía Federal Argentina.

Víctimas

En tanto, había tres mujeres embarazadas al momento de su secuestro: Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Y durante el transcurso del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.

Víctimas

En tanto, había otras tres mujeres embarazadas al momento de su secuestro: Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Durante el transcurso del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.

Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral; Ricardo Horacio Klotzman; la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral; Juan Alberto Tumbetta; Edgardo Silva; Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin; Fernando Patricio Brarda; Elvira Estela Marquez; Liliana Beatriz Girardi; Julio Adolfo Curtolo; María Teresa Latino; María Teresa Serra; Elvio Ignacio Castañeda; José Ángel Alba; Herminia Nilda Inchaurraga; José Rolando Maciel; Elena Cristina Marques; Dante Rubén Vidali; Isabel Ángela Carlucci; Víctor Hugo Fina; Héctor Alberto González; María Teresa Vidal Martínez Bayo; Juan Carlos Lieby; Daniel Emilio Garrera; María Victoria Gazzano Bertos; y Oscar Alberto Medina. Además, se encuentran María Laura González, Ricardo José Machado y Alejandro Ramón Pastorini, estos últimos, también oriundos de Venado Tuerto.