(Por Raúl S. Vinokurov) – En momentos de atravesar una profunda crisis, donde no solo no se observan soluciones próximas o remotas, desde el oficialismo se insiste en decirnos como debemos hablar. Mejor dicho, como debemos usar correctamente el idioma.

Hace dieciocho años la actual vicepresidente creó la Secretaría del Pensamiento Nacional, intentando decirnos qué, cómo y en qué, debemos pensar. Ese proyecto se anuló al año siguiente a pesar de que en su creación se lo caracterizaba de estratégico. Total fracaso, pero importante llamado de atención. Cómo pensar en 2004 y ahora, cómo hablar.

Hay palabras “nuevas” que desaparecen y otras que con el tiempo se incorporan a nuestro diario lenguaje. Y la RAE las incorpora aceptando el cambio idiomático. Son procesos naturales, absolutamente libres. Y no estamos en guerra con ella, ni tampoco la RAE niega los cambios como dicen algunos funcionarios. El lenguaje es una forma de comunicación y para que esta exista se deben compartir los mismos códigos; para este caso, el significado de cada palabra.

Se criticó mucho la prohibición de Rodríguez Larreta para el uso del mal llamado lenguaje inclusivo, pero nada se dice acerca de que quieren imponer desde el oficialismo este lenguaje. Por supuesto, nadie cree que su uso signifique algún beneficio para el pueblo, ya que eso no incluye, al contrario, divide, enfrenta y da como resultado que al no compartir los mismos códigos de comprensión, no entendemos el idioma cuando nos hablan de esa manera. Y eso repercute en el aprendizaje y en la educación, entre otras cosas. Eso sí, sirve, y mucho, para no hablar de lo que sí debería importarnos permanentemente, con respecto al uso del idioma.

Debemos recordar que esto comenzó antes de la pandemia y mucho antes que la invasión de Rusia a Ucrania, incluso es anterior a Macri. Los resultados de las pruebas en lenguaje y matemáticas nos dicen que alrededor del 70% de los alumnos no entiende lo que lee (o sea, la lecto comprensión) y un alto porcentaje no puede resolver problemas matemáticos elementales, básicos. Con un agregado. No son los mismos resultados cuando se analiza el nivel social. Los peores resultados se dan en escuelas públicas con alumnos en niveles de pobreza. Y esto no es ninguna novedad, pero se profundizan las diferencias.

El conocimiento nos iguala, el guardapolvo blanco nos igualaba, eso nos incluía, las posibilidades de estudiar, de progresar, de terminar la escolaridad, de ingresar y culminar una carrera universitaria, eso nos igualaba. Y aunque a muchos les parezca muy raro, o incomprensible, nadie nos quería obligar a una nueva forma de hablar y escribir. Y lo que hoy quieren cambiar, sirvió durante años para incluirnos, para reconocernos como iguales. Mientras tanto, casi sin darnos cuenta, también producíamos cambios en el lenguaje, que la RAE no tuvo más opciones que aceptar.

Darío Jeannot, concejal del bloque Venado Renace.

El concejal de Venado Renace, Darío Jeannot, presentó en la sesión de este miércoles un proyecto de resolución solicitando que el cuerpo legislativo local haga público su “beneplácito” por la implementación de la Resolución Nº 2566 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que básicamente prohíbe el uso en dicho distrito del denominado “lenguaje inclusivo”, argumentando que contradice las normas de la Real Academia Española (RAE).

En la misma línea, convocó a adherir al proyecto presentado por los diputados provinciales Sebastián Julierac Pinasco, Ximena Sola y Betina Florito, solicitando al gobierno provincial “imitar la medida dispuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que regula la enseñanza y uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas”.

Como suele ocurrir con esta clase de temas, los bloques mayoritarios no mostraban posturas homogéneas, y entonces se le pidió a Jeannot posponer la votación en el recinto y abrir una discusión al respecto en el plenario de concejales. Donde no hay dudas es en los monobloques, ya que el autor de la iniciativa están tan convencido de su necesidad, como el representante de Ciudad Futura, Bruno Taddía, de su rechazo.

En cambio, hay disparidad de criterios en los bloques mayoritarios, que aprovecharán el paréntesis para la discusión interna. En principio, el bloque justicialista estaría dividido, con Pablo Rada en apoyo del proyecto de Jeannot y Emilce Cufre y Sebastián Roma en contra, mientras que en el oficialista Primero Venado, la mayoría (Juan Ignacio Pellegrini, Verónica Ruiz y Mariana Iturbide) acompañaría la iniciativa de Venado Renace, mientras que los socialistas Nahuel Pasquinelli y Leonardo Calaianov expresaron ante Sur 24 su postura favorable al uso del “lenguaje inclusivo”. En tal sentido, Pasquinelli resumió: “La posición del Partido Socialista es histórica y se enmarca en propiciar una mayor tolerancia y garantizar los derechos de las diversidades”.

En consecuencia, de haberse votado en la sesión de este miércoles, es probable que se hubiera registrado un empate, con ambos bloques mayoritarios divididos, y obligando al presidente Pellegrini a desequilibrar con el doble voto.

En sus argumentos, el edil del monobloque renacentista consideró que “la RAE, entidad que regula el uso formal de la lengua española en el mundo, ya se expidió sobre el uso de los fonemas ‘e’, ‘@’ y ‘x’ o cualquier otra forma que neutralice el género en las palabras, sosteniendo que su uso es ajeno a la morfología del español”, al tiempo que recalca que “esta lengua brinda múltiples opciones para ser inclusivos” sin perder la esencia ni la naturaleza del idioma.

Además, sostiene en la iniciativa que “la tergiversación de la lengua -de acuerdo a las definiciones de la RAE- no resuelve ni aporta al problema de fondo, sino que, por el contrario, causa confusión dado el incorrecto uso de los vocablos admitidos por la mayoría de la sociedad”.

También suma que “la deformación del lenguaje impulsado de forma institucional en la educación formal desde el comienzo de la escolarización, implica el riesgo de la banalización de las cuestiones reales de género, ya que sólo tiene un efecto de superficie, sin incidencia absoluta en la estructura social, del mismo modo en que distrae la atención del problema eje, que es la discriminación por sexo”.

Y completa señalando que “hay consenso entre prominentes semiólogos en que las lenguas no son sexistas, sino en que tal contenido se lo otorgan las personas hablantes de las mismas, por lo cual su enseñanza obligatoria en el ámbito institucional, se convertiría en una cuestión absolutamente innecesaria”.

De visita por las academias de la lengua española de Chile, Perú y Uruguay, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, fue consultado sobre el llamado lenguaje inclusivo. 

En el marco del lanzamiento de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, Muñoz Machado visitó esos países y fue consultado por el lenguaje inclusivo, un tema sobre el cual la institución se pronuncia bastante seguido en su casilla de consultas virtuales de Twitter con definiciones como esta: “Lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”. 

En un reportaje con un diario chileno, consultado por el uso de “niñes” y lenguaje inclusivo, sostuvo: “La RAE no es la única que puede normar esto, desde luego. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía. La RAE lo que puede decir es que una fórmula como ‘les niñes’ no está en los usos generales, no forma parte de la gramática ni es ortodoxa esa manera de hablar y probablemente en muchos lugares no la entenderán. Es más bien una manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica”. 

“Nosotros constatamos qué clase de castellano es el que se está utilizando por la sociedad en un momento determinado y con estos criterios, que suponen un conocimiento de fondo de la situación, podemos concluir que ‘les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica. Pero si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Si alguien quiere implantarlo, adelante, y si lo consigue, pues lo felicitaremos en el futuro y en tal caso habrá que cambiar las normas de nuestras reglas para incorporarlo”, declaró. 

En esa misma línea, a la salida de un evento en Uruguay aseguró a medios locales de ese país que “es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua. Lo decidirán también con el lenguaje inclusivo. La lengua cambia muy lentamente siempre”, indicó Muñoz Machado y aseguró que en España no existe la “tensión” que se da en países de América Latina en torno a este tema. 

Si bien el director de la RAE reconoció que “la reivindicación de igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos”, al mismo tiempo advirtió que “el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer”. 

Mariela Goy

La ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, confirmó a El Litoral que “no estamos pensando en ninguna disposición de prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas; sí estamos trabajando en mejorar los aprendizajes en lengua y matemática”. Al respecto, amplió: “No me parece que (el lenguaje inclusivo) obture el aprendizaje de la lectura y la escritura”.

Según consideró la titular de la cartera educativa santafesina, “la lengua es dinámica, hay que aprenderla a usar en sus formatos más formales, pero en todo caso es ‘viva’ y va recibiendo las influencias de la cultura de su tiempo. Se crean nuevas formas, nuevas expresiones para comprender la realidad. El lenguaje acompaña los procesos de subjetivación de cada época”.

Por lo cual, “no creemos que la prohibición del lenguaje inclusivo produzca ningún beneficio en los procesos de alfabetización de los chicos”, indicó.

La polémica se abrió a partir de la resolución de la cartera educativa porteña -al mando de Soledad Acuña-, que regula el uso de la “e”, la “x”, el “@”, en las aulas por parte de los docentes en el momento del ejercicio de la enseñanza con los estudiantes y en las comunicaciones institucionales, bajo la advertencia de que sancionarán a los educadores que incumplan la medida.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) argumenta la decisión en el marco de la caída “crítica” de los aprendizajes en lectoescritura y a raíz de que “la utilización de estas nuevas incorporaciones rompen las convenciones del lenguaje y generan un obstáculo”, según la propia Acuña.

Hoy estamos sumando una nueva medida para mejorar la manera en la que nuestros chicos aprenden y adquieren el lenguaje en el momento de la enseñanza.

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 10, 2022

Al respecto, Cantero planteó: “No sé con qué base científica ella dice esto (de la obstaculización); tal vez lo tenga comprobado con algún estudio que habrá hecho. Nosotros no estamos pensando eso. Los chicos también aprenden a usar la alternancia de las letras y a enriquecer las formas de expresión de lectura y escritura”.

Asimismo, hizo una sugerencia a las voces que se están alzando a favor de la regulación porteña: “Tenemos que ser más razonables y dejar que el diseño curricular de la escuela obligatoria funcione con esas otras flexibilidades de las ‘no prohibiciones’, mientras estas cuestiones no hagan daño u obturen la posibilidad de aprender”.

Con relación a la necesidad de mejorar los aprendizajes en lengua, la línea de acción en Santa Fe pasa más bien “por acompañar mucho con recursos didácticos el trabajo de las cuatro macrohabilidades lingüísticas: saber escuchar, hablar, escribir y leer. En este momento se están distribuyendo libros para cada uno de los alumnos de nivel primario, en el marco de un plan nacional de fortalecimiento”, amplió Cantero.

“El proceso de alfabetización es complejo, hay que trabajarlo con mucha mediación de la enseñanza, porque la lengua escrita, sobre todo, es un código arbitrario y por lo tanto necesita de la enseñanza para ser incorporada. Hay que mirar cómo enriquecemos la propuesta de alfabetización integral en la escuela primaria para que egresen con esas capacidades desarrolladas”, fundamentó la funcionaria.

Sobre si se está usando actualmente el lenguaje inclusivo en las escuelas, la ministra indicó: “En las primarias uno no lo ve a esto, sí quizá en el lenguaje hablado en el secundario. Pero no creemos que sea un tema preocupante y que tengamos que estar analizando en este momento desde quienes tomamos decisiones”.

Mientras, diputados provinciales de la oposición se preparan para enviar proyectos similares en Santa Fe. Entre ellos, Walter Ghione, del partido propio Uno, ya ingresó el último viernes un proyecto de “beneplácito” a la iniciativa porteña, mientras presentará junto a la diputada María Ximena Sola (Pro-Juntos por el Cambio), un proyecto para regular el uso correcto del idioma español en las escuelas.

Del mismo modo, la legisladora provincial Betina Florito (Encuentro Republicano Federal), también se sumó a la polémica y ya adelantó que enviará un proyecto al respecto, haciendo hincapié en la no utilización del lenguaje inclusivo. “Estamos totalmente a favor de esta resolución de Larreta. Usemos el lenguaje inclusivo en calle pero no en las escuelas”, dijo. Y agregó: “Tenemos poca calidad educativa en Santa Fe y la pandemia vino a poner luz sobre esta problemática. Y este reclamo por el lenguaje inclusivo de un sector nada tiene que ver con la educación”.

También aseguró a radio LT9 que “hay varios proyectos que buscan regular esto y que están bien guardaditos” y que algunos institutos terciarios y universidades desaprueban al estudiante si utilizan estos formatos en sus trabajos académicos.

Consultada al respecto, Cantero señaló que “hay que ser muy cuidadosos cuando se presentan proyectos cómo estos; tener un análisis profundo de lo que uno plantea; cuidar que ese análisis se separe de los prejuicios y que realmente tenga un basamento comprobable de un beneficio hacia los chicos”.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dijo que la utilización del lenguaje inclusivo por parte de los estudiantes genera “un obstáculo” en el aprendizaje y advierte que habrá sanciones para los docentes que incumplan la prohibición de su uso institucional en las escuelas porteñas. “Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si no se cumple, hay un procedimiento de sanciones”, agregó.

Hace unos días compartimos los resultados de las evaluaciones 2020 y 2021 sobre los aprendizajes de los estudiantes de la Ciudad. Dentro del paquete de medidas implementadas para mejorar la comprensión y fluidez lectora, vamos a limitar el uso de la E, X y @ en la enseñanza. pic.twitter.com/IxoCarTQTM

— María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) June 10, 2022

“La utilización de estas nuevas incorporaciones que rompen las convenciones del lenguaje generan un obstáculo. Si en el aula ponés en un primer grado una palabra con un arroba, otra palabra con una “x” y otra palabras escrita correctamente, generás confusión”, expresó Acuña a la radio FM Milenium. Y agregó: “Entonces decimos: Eliminemos esos obstáculos’. Eso no quiere decir eliminar el lenguaje inclusivo; la lengua española tiene una infinidad de recursos para no utilizar el masculino genérico’, abundó.

“Nosotros sacamos una resolución en el marco de un montón de decisiones que venimos tomando hace tiempo, a raíz de las consecuencias de la pandemia sobre los estudiantes, a raíz de la caída en el aprendizaje tanto en escuelas públicas como en privadas”, sostuvo la funcionaria porteña.

“Una de estas medidas fue regular el uso de la ‘e’, la ‘x’, el ‘@’, en las aulas por parte de los docentes en el momento del ejercicio de la enseñanza con los estudiantes y en las comunicaciones institucionales”, precisó Acuña.

Acuña señaló también que la resolución de su cartera no se refiere a una prohibición: “No habla de prohibición en ningún momento. La primera parte habla de regulación del ejercicio de la tarea docente. El segundo artículo habla de la aprobación de manuales sobre el uso del lenguaje inclusivo sin la necesidad de tergiversar la lengua española. Queremos que siga la discusión sobre las identidades, la visibilización, la desnaturalización. Queremos reforzar la discusión con elementos concretos”.

Bryan J. Mayer El Litoral La administración pública nacional, desde que está a cargo del kirchnerismo, intenta minimizar los efectos del machismo implícito en el idioma castellano (según denuncian desde algunos sectores) promoviendo el uso del denominado “lenguaje inclusivo” (o “inclusive”, según considere denominarlo la persona que lo practica). En esa línea, vimos en reiteradas oportunidades a funcionarios finalizar palabras con “-e” en sus discursos – como el propio presidente, que muchas veces se refirió a “todes”– o reemplazar la “o” por la “x” en sus presentaciones escritas. En ese sentido, muchas veces se fue más allá y se deformaron palabras que repercutieron en la opinión pública (“albaniñas” dijo el primer mandatario alguna vez o “docentas” el gobernador Axel Kicillof). Ahora, llegó el turno del General Guillermo Olegario Pereda, a cargo de una institución fundacional que está regida por reglamentos, usos y costumbres que marcan la disciplina que todo el personal militar debe acatar. En un discurso en Posadas, Misiones, el Jefe del Ejército Argentino se refirió a “Soldados y Soldadas” causando sorpresa entre los presentes en una parada militar.

Desde la época del propio General San Martín se pregona que los efectivos militares deben cuidar su imagen y presentación en público para mantenerse siempre impolutos ante los ciudadanos de la soberanía que protegen. En la misma intención, el Padre de la Patria también se dirigió varias veces en la línea de no entremezclar la actividad militar con la coyuntura política del país. Esto quedó en segundo plano para Pereda, quien – en un claro intento de mostrarse cercano al gobierno nacional luego de algunas polémicas que lo salpican – deformó un grado para adecuarlo a un lenguaje “políticamente correcto” y dejó de lado su necesario ascendiente para el cargo que ocupa. Vale destacar que el Ministerio de Defensa ya publica documentación deformando los tradicionales grados militares desde hace varios meses, pero su uso nunca superó esos límites y no forma parte de las actividades del servicio de la tropa. De hecho, en el sitio oficial de la Fuerza se presenta el listado de grados y no existen las “Soldadas”. Nadie lo usó hasta que el Jefe del Estado Mayor decidió romper el molde histórico, aunque no hay registrados casos de efectivos que hayan seguido su nuevo “uso” del “lenguaje”. Para complementar, al final de estas líneas compartimos la opinión de algunas profesionales de la carrera de las armas. Más allá de la ruptura de los códigos militares, consultamos una docente (formadora en el nivel terciario) para conocer qué dicta la norma de nuestro idioma oficial, que se supone debe ser respetado por la estructura pública. “La gramática admite este término de una sola manera: Soldado”, informa la profesora Laura Basso y aclara “esto no es algo que dice la Real Academia Española, que es un organismo tan político como cualquier otro y a veces propone cambios en el uso de algunas palabras, sino que lo determina el sistema de lenguaje que es irrefutable”. Para no dejar dudas, la docente indica que “la gramática no prescribe” y que por eso “en las instituciones de formación académica se respeta las reglas del idioma tal cual se hizo siempre, más allá de lo que después cada uno haga con su comunicación de manera personal o informal”. La especialista concluye que corresponde referirse, en este caso, a “la soldado” debido a que los grados de escala militar se mantienen inmutables y su género es determinado por “la” o “el”. Por otra parte, vale destacar que el término “soldada” existe, pero representa otro significado: el pago de un “sueldo o salario” según indica el diccionario de la lengua española. Explicado el error en términos académicos, también es importante destacar el hecho como un tropiezo para su figura de conductor de una Fuerza Armada porque esto también impacta negativamente en la cadena de disciplina imprescindible y es cuando los niveles inferiores perciben el desvío de los esfuerzos de los mandos superiores hacia objetivos que no son los dictados por la misión del Ejército Argentino o para atender las necesidades que una actualidad crítica requiere. Es que el manoseo de la tradicional terminología castrense por una bandera ideológica circunstancial no sólo generó el malestar de gran parte del personal retirado y en actividad en general, sino que no encuentra aceptación entre las mujeres que visten uniforme. La “modificación en la denominación de una palabra no representa una inclusión o igualdad en las condiciones laborales de las mujeres (como salarios, puestos o tratos interpersonales) en absoluto” dice una Oficial Profesional a EL LITORAL. Otra de menor rango asegura que si se implementaran cambios de estas características “sería incómodo para mujeres y hombres por igual, todos estamos cómodos con los grados de siempre” y comparte que su modificación respondería más bien a “modismos de algunos grupos para sentirse parte”. “No quisiera que nunca me llamaran así o tener que llamar a alguien de esa forma” dice una Sargento cuando se le propuso imaginar identificarse como “Sargenta”. Otra Suboficial dio un postura contundente: “Siento que es más inclusivo que nos identifiquen con el mismo grado que a los hombres, el que ya existía, porque si lo cambian justamente nos diferencian y eso incluye tratarnos como distintos entre pares por nuestra condición de género”. Lo que fue común en todas las respuestas que ninguna militar entiende que una medida de esas características satisfaga una necesidad real o le ponga fin a una desigualdad. De hecho, encuentran ilógico que alguien crea que se puedan resolver problemas de género cambiando terminología.

La Real Academia Española (RAE) ratificó su postura de rechazo al lenguaje inclusivo mediante una respuesta a la consulta de un usuario de una red social.

La RAE consideró que el masculino gramatical “está firmemente asentado” y “no supone discriminación sexista alguna”.

Un hombre llamado Claudio Ruiz realizó una consulta al sitio de Twitter de la entidad que rige la lengua española en la que contenía ya una carga negativa en cuanto a la nueva modalidad en el habla: “Hola, RAE informa, tengo una duda: este famoso lenguaje inclusivo, ¿Es una jerigonza o un galimatías?”.

“Lo que comúnmente se ha dado en llamar ‘lenguaje inclusivo’ es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”, expresó la entidad.

La RAE ya se había manifestado en oposición al lenguaje inclusivo, una modalidad impulsada por sectores feministas y que abogan por la no discriminación sexual que tiene como característica reemplazar la o por la e en palabras como todos (todes) o nosotros (nosotres).

“El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”, expresó la entidad el 14 de diciembre de 2020.

La postura de la RAE también había sido plasmada en enero de 2020 cuando existió una intención de modificar el texto de la Constitución de España e incorporar el lenguaje inclusivo.

“El lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y, a pesar del tiempo transcurrido desde la redacción del texto, no plantea en la actualidad problemas serios de interpretación literal. No hay, pues, razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar su redacción”, había indicado entonces.

A pesar de la resistencia de la RAE, en los últimos tiempos el lenguaje inclusivo ganó terreno en ámbitos oficiales y educativos argentinos, donde es aceptado su uso en clases, cátedras y documentación.

[vc_row][vc_column][vc_column_text](Por José Civita para El Litoral) Pocas semanas atrás, el Congreso Nacional votó favorablemente (sólo con el aval de oficialistas y aliados) la ley que prioriza la asignación de pauta oficial a los medios de comunicación con equidad de género en la conformación de sus espacios de decisión, y que utilicen el lenguaje autorreconocido como inclusivo.

Mientras el gobierno de Alberto Fernández evalúa la mejor forma de promulgar la medida, especialistas del área de la comunicación y constitucionalistas advierten los peligros y riesgos que se afrontan ante esta ley que, aseguran, no mejora ninguna problemática social o económica.

 Línea editorial condicionada

Silvana Giudici fue titular del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y diputada nacional. Actualmente preside la Fundación Libertad de Expresión + Democracia. “Es una ley que genera gran preocupación en lo que implica la libertad editorial de los medios porque no hay parámetros, es una ley que por ahí pueda tener buenas intenciones, como es defender los derechos de las mujeres y generar mayor inclusión laboral en todos los ámbitos de la comunicación, cosa que es muy loable, pero cuando genera estos niveles de arbitrariedad con una definición de utilizar lenguaje inclusivo pero sin ningún tipo de parámetros contextuales, es decir, ¿es en cuanto a la programación diaria? ¿es en los programas? ¿es en determinados segmentos? ¿quién va a medir esa utilización del lenguaje inclusivo? En ese punto tiene una ambigüedad, una arbitrariedad muy grande”, advierte.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”24217″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La macrista, de origen radical, también indica que “la ley establece que los medios que cumplan con esta imposición van a tener preferencia a la hora de recibir pauta oficial del Estado. Y entonces nos preguntamos ¿qué pasa con aquellos que no lo hagan? ¿quedan inmediatamente fuera del reparto? Por otro lado, la incorporación de un cupo de género para la contratación de todas las empresas que administran los medios de comunicación también es una imposición ilegal porque, para que existiera una obligación en el ámbito comercial de la incorporación de cuotas de género, esto debería depender de una ley general y no de una ley específica que solamente alcance a los medios de comunicación.”

Respecto a si la opinión sería distinta si sólo se implica a medios estatales, la ex legisladora menciona que “en todo el mundo, el tratamiento de los contenidos de los medios de comunicación queda en marcos de autorregulación. Nunca el Estado es el que debe determinar cuál es el mensaje, el contenido o la línea editorial de los medios. Por eso vivimos en democracia y hay libertad de expresión absoluta. Porque la Constitución lo establece. Con lo cual, cuando el Estado quiere comenzar a definir contenidos, va más allá de sus competencias y puede generar un clima de autocensura, porque si atan estas restricciones o imposiciones al otorgamiento de la pauta es claramente invasivo para lo que significa el mensaje o la línea editorial de los medios. Tanto en el tema de la obligación de incorporar mujeres a la plantilla por fuera de una ley general, como la de sancionar o controlar la utilización del lenguaje inclusivo, por fuera de ENACOM, que es el ámbito de competencia, establecido por la ley 26.522 para los medios de comunicación, se están excediendo las facultades regulatorias, en materia de medios de comunicación. Por eso es realmente increíble cómo pudo haberse sancionado esa ley, y veremos cómo termina finalmente reglamentándola el presidente, porque claramente es inconstitucional. Recuerden en el año 2009 las sanciones de la Ley de medios. Lo que el oficialismo planteaba de la importancia de un organismo regulador, autónomo, integrado por las minorías, diverso. Se señalaba la importancia de contar con un organismo de estas características para la regulación de los medios. Y ahora, en una ley que se vota de madrugada, el kirchnerismo desdice todo lo que había dicho respecto a las bondades de la Ley de medios”.

“LA LEY ES NULA”

Giudici es tajante al afirmar que “esta ley es absolutamente nula porque está por fuera de la 26.522, no existe ninguna sanción especifica creada para la no utilización del lenguaje inclusivo. Y, además, tanto la Ley de medios como la ley de doblaje utilizan el castellano neutro como el idioma oficial. Con lo cual, este lenguaje inclusivo, ¿de qué se trata? ¿dónde está escrito? ¿cuál es la norma que obliga a utilizarlo? Más allá de que además la Real Academia Española lo desconoce. Y vuelvo a aclarar que yo no estoy en contra de las medidas para inclusión y la promoción de los derechos de las mujeres, todo lo contrario. Soy autora de la Ley de identidad de género y he trabajado muchísimo por la inclusión de los derechos de las mujeres. Pero, cuando se trata de libertad de expresión y de regulación de medios de comunicación que, en definitiva, tocan o vulneran la línea editorial o condicionan la línea editorial de los medios, es algo muy serio que no debemos pasar por alto.”

Al ser consultada sobre el impacto social que esta sanción puede generar, sostiene que “ninguna imposición de una ley que además es imposible de cumplir va a generar un cambio cultural. Estos cambios (la mayor participación, la inclusión de las mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación) se dan por un montón de factores que va generando la sociedad y que tienen que ver con el ámbito educativo, cultural; no los establece una ley como esta o la obligación de utilizar el lenguaje inclusivo. Pero además, me pregunto, ¿hasta qué punto suponen los autores de esta ley que el lenguaje inclusivo puede utilizarse en los medios? ¿usted se imagina la programación de un canal de televisión que brinde todos sus contenidos, las 24 horas, en lenguaje inclusivo? ¿la sociedad lo consumiría? Porque después, en la comunicación social, que es algo que el kirchnerismo trata muchas veces de ignorar, uno no puede repartir audiencias. Uno puede repartir micrófonos, pero las audiencias eligen lo que prefieren consumir. Después, la gente deberá decidir consumir esa programación en donde el uso del lenguaje inclusivo sea obligatorio. No le pueden quitar también la libertad a un ciudadano de seguir consumiendo sus contenidos audiovisuales en el lenguaje oficial que es el castellano avalado por la RAE. ¿Por qué hay que imponer el lenguaje inclusivo si no es un cambio arraigado en la sociedad? ¿Por una ley de estas características? No, estos cambios no se dan por medio una ley.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”24219″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“SE VIOLA LA LIBERTAD DE PRENSA”

Pablo Tonelli integra el Consejo de la Magistratura, es diputado nacional y abogado constitucionalista. Fue uno de los pocos opositores que permaneció en su banca en el momento de votar y reconoce que “me pareció que la ley sirve para poco y nada y, al contrario, puede ser una herramienta peligrosa, o muy peligrosa en manos del gobierno. Razón por la cual, opté por votar negativamente.”

Sobre lo fomentado por la ley, Tonelli expresa que “más allá de que a mí no me guste el lenguaje inclusivo (porque me parece que hace todo más largo, más lento, más farragoso, y que no resuelve nada), lo cierto es que la RAE no lo acepta, no lo admite. Lo del lenguaje inclusivo me parece una barbaridad. Y entonces por qué querer, por ley, imponer una cierta modalidad del lenguaje que la entidad que rige nuestra lengua no acepta. Me parece un sinsentido y no estoy de acuerdo con eso. Lo de la igualdad de género en los medios públicos, bueno, podría ser llegado el caso. Pero imponer también la misma medida en los medios privados me resulta un abuso. Los sectores privados tienen todo el derecho del mundo de decidir si quieren tener en sus puestos de trabajo más varones, más mujeres, más transexuales, más lesbianas, más gays. Esto debería ser una decisión de un medio privado. Imponerle una determinada conformación del staff por ley me parece un exceso.”

Para el legislador la preocupación radica en la posibilidad de que esto sirva de antecedente para que el gobierno utilice cada vez más su poder económico para bajar línea o generar modificaciones culturales, “porque no es una sugerencia el usar el lenguaje inclusivo. Hay una imposición. En función del uso de este lenguaje la autoridad de aplicación regula la pauta oficial y decide si se aplica o no sanción al medio con el que pacte. Esto se llama autoritarismo”. Por ello agrega que “lamentablemente, la ley le da un exceso de atribuciones a la autoridad de aplicación para inmiscuirse en la vida de los medios y, de alguna manera, señalarles el camino. Lo que claramente es inconstitucional, viola la libertad de prensa, la libertad de expresión, y es más propio de un Estado fascista que de un Estado democrático.”

Interrogado sobre la finalidad de esta medida, intuye que “tiene que ver con el relato que quiere construir el gobierno. Hay una noticia, con fecha de alguno de estos días cercanos que pasaron, que cuenta cómo el Ministerio de la Mujer tiene una cantidad enorme de programas que no ejecuta a pesar de contar con el dinero. Una cosa es plantear una ley, que la identidad de género, que la mar en coche, y otra cosa es la realidad. Y la verdad es que el gobierno no hace lo que tiene que hacer en defensa de la equidad de género, ni de los derechos de las minorías. Este es un claro ejemplo. Un Ministerio de la Mujer que no se ocupa de ejecutar sus proyectos en favor de la mujer. Como ya mencioné más arriba, esto es alimento para el relato, para la ficción, para una campaña electoral. No muestra ni revela una preocupación sincera del gobierno.”

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(Por Magalí Suárez) – Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación le dará tratamiento y todo indica que se aprobaría una polémica ley referida a la “equidad de género” en los medios de comunicación privados que otorgaría “privilegios” a quienes acrediten fehacientemente el cupo requerido por este proyecto.

Esta controversial iniciativa, fue elaborada por las diputadas kirchneristas Gisela Marzziota y Mónica Macha y cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones de tinte feministas.

En el octavo artículo del proyecto, se especifica: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional, integrado por los organismos comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.

Cabe señalar que el proyecto original, que obtuvo media sanción en Senado y cuya autora fue Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto que tendrán en sus manos los diputados incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.

Ese texto generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA),  quienes a través de un documento expresaron su postura de discordancia. “Entendemos que el artículo en cuestión resulta contradictorio con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con lo establecido en 2012 por el Documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho texto se señala claramente que los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a ponderaciones extrañas a la propia dinámica del mensaje a comunicar y de la audiencia a la que se debe llegar”, explican.

Y agregan: “Creemos, en consecuencia, que tal criterio podría desvirtuar el sentido de difusión eficiente de los actos de gobierno que debe tener la pauta publicitaria oficial; y que abriría la puerta a que en el futuro se pretenda asociar la distribución de la misma a criterios subjetivos que puedan implicar una intromisión sobre los medios o sus contenidos”.

El citado proyecto kirchnerista establece una especie de “certificado” que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, que podría ser el Ministerio de la Mujer. Para conseguir este “permiso”, se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.

De aprobarse este proyecto, se impondrá como condicionante para la obtención del certificado “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”. Según dejaron trascender algunos diputados de la oposición, este punto sería rechazado con el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”.