A poco más de seis meses de sancionada la reforma de la Constitución, la Legislatura votó una de las principales leyes del nuevo andamiaje institucional para la provincia: la orgánica de Municipalidades que es principio ordenador de los 365 asentamientos urbanos que tiene la provincia.

En caso de que los municipios no dicen cartas orgánicas como están facultadas por la Constitución, ésta será la norma que regirá a los gobiernos locales. Ya no habrá distinción entre municipios y comunas, todos serán municipalidades aunque con intendentes en cada caso y comisiones municipales hasta diez mil habitantes y con concejos en el resto.

El Senado había votado en febrero un texto por unanimidad tras varias semanas de debate y de consulta a distintos actores. En tanto, en Diputados no hubo unanimidad, al contrario, casi toda la oposición se unió para votar en contra. "Han logrado unirnos a todos en el voto" disparó la justicialista Celia Arena.

El dictamen elaborado por un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados fue votado por 30 legisladores, entre ellos los 27 oficialistas más Juan José Piedrabuena, Omar Paredes y Edgardo Porfiri. En tanto, justicialistas, bloques celestes y la izquierda juntaron 17 sufragios.

"La presente ley se aplica a los municipios que, de acuerdo con la Constitución Provincial, no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y a aquellos que tengan la atribución referida pero no la hayan ejercido. Asimismo, se aplica en forma supletoria a los municipios que hayan dictado sus Cartas Orgánicas y/o que no hayan previsto asuntos regulados en la presente", reza el artìculo 3.

El oficialismo abrió y cerró el debate con posturas del socialista Joaquín Blanco y el radical José Corral. En cambio se multiplicaron las voces opositoras: Fabián Palo Oliver, Marcos Corach, Lucila De Ponti, Silvia Malfesi, Alicia Azanza, Natalia Armas Belavi, Celia Arena y Verónica Baró Graf dispararon diferentes argumentos. En todos los casos hubo críticas al oficialismo que no abrió el debate y no aceptó incluir propuestas que se le hicieron llegar desde esos espacios.

En el paso de una Cámara a la otra, en Diputados fueron corregidos cinco artículos: el 22 sobre gobiernos locales; 56 sobre órganos y sistemas de control; 72 sobre expropiaciones; el 94 sobre la transición entre un gobierno y otro y el 106 sobre concejos municipales.

Blanco y Corral coincidieron en reivindicar el modelo de municipalismo y autonomía que tiene Santa Fe su historia institucional y ambos no dudaron en afirmar que se dictaba una gran ley. "Es la primera gran ley post reforma constitucional" aseguró el socialista quien recordó que el mensaje del Ejecutivo tenía 60 artículos y la ley sale con 112.

"La nueva ley le reconoce una agenda amplia que tiene los municipios" detalló Corral para exponer los alcances del texto.

Palo Oliver cuestionó la exclusión de derechos laborales en el texto de la norma y advirtió que se violenta el espíritu de la autonomía. Para Corach, la norma "es una cáscara vacía, con autonomía de papel" y subrayó que con el nuevo texto "el Ejecutivo se queda con la correa de mano de los intendentes".

Para De Ponti, la ley es una oportunidad perdida y calificó de vaga y declamativa a la norma. Malfesi cuestionó varios aspectos, entre ellas la no obligatoriedad que toda tasa deba tener contraprestación.

Azanza cuestionó que el oficialismo hable de consenso y democracia sin escuchar a ningún sector. Armas Belavi también habló de una norma centralista que no ayudará a los gobiernos locales.

Arena, en tanto, afirmó que la ley no es la mejor ni la más inteligente sino la que permite no tensar un frente de gobierno que está tenso. "Es una ley corta que no garantiza recursos y no transforma nada" añadió. Baró Graf, en tanto, marcó deficiencias de la norma en temas como FAE, y salud.

El texto votado por Diputados en forma dividida, con las reformas, fue pasado en forma inmediata al Senado que -por unanimidad- aceptó el texto y pasó la ley para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El artículo 22 es el que define como serán los gobiernos locales a partir de 2027.

Las Comisiones Municipales se integran con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, de conformidad con las siguientes pautas:

Luis Rodrigo

"Paridad" fue el término que se repitió, en casi la mitad de los 16 expositores, que participaron este miércoles 25 de una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

La bicameral compuesta por 8 diputados y 4 senadores provinciales, bajo la Ley N° 14.292 sancionada en diciembre de 2024 llevó adelante una consulta abierta a los ciudadanos interesados en dar su opinión para los tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura para integrar la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe.

Este viernes 26 se expedirá el Poder Legislativo sobre los pliegos de Jorgelina Mabel Menghini, Diego Luis Maciel y Aldo Mario Alurralde, pero antes se llevó a cabo una doble instancia de revisión. La Audiencia Pública en la que no hubo críticas personales a los propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro (salvo en un caso y por uno de los oradores) y luego las entrevistas con cada uno de ellos, con preguntas de los legisladores. El primer capítulo fue público y transmitido en directo por la Cámara de Diputados. El segundo, como es habitual en estos casos, se realizó a puertas cerradas.

Para las 13 horas del jueves 26 fue convocada la Asamblea Legislativa en la que se descuenta que el oficialismo conseguirá aprobar los tres pliegos para ministros de la Corte. Habrá que ver qué posición toman los bloques opositores y qué efectos produjeron (sobre todo en estos últimos) los conceptos vertidos en la Audiencia Pública y en las entrevistas personales con los candidatos.

Cada expositor contó con cinco minutos para expresarse y en el caso de la presidenta de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia, Carina Estefanía, supo aprovecharlos. Para participar de la reunión de manera presencial (otros lo hicieron por zoom) llegó desde la provincia de Chubut. Dijo que la historia de la Corte santafesina "es la de la desigualdad" con apenas dos mujeres desde su conformación.

La jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales chubutense recordó que recién en 1950 una mujer accedió a la magistratura en el país y que hasta 1983 "no teníamos la patria potestad de nuestros hijos". Advirtió -como luego otras expositoras- que "no se cumple el mandato constitucional de la Nación, ni con el espíritu de la Constitución recién reformada, ni la legislación de Santa Fe de paridad de 2020 "que es pionera" y la dispone para el Poder Judicial.

"Sería una falta de respeto leer el artículo 13 de la Constitución de Santa Fe porque aquí están muchos de sus redactores", expresó.

Con conceptos similares, Beatríz Gutiérrez de Multiespacios agregó "nos interesan los números", a propósito de solo dos mujeres sobre siete ministros, "porque la participación igual debe ser visible". Y remató: "el derecho no fue pensado para las mujeres, y durante mucho tiempo no nos llevamos bien con las leyes". Aseguró que "los códigos procesales aún no se han librado de los estereotipos y las supuestas costumbres" en un poder que definió como "patriarcal".

Balbina Cavalieri, presidenta del Colegio de Abogados de Santa Fe, espetó: "¿Ustedes piensan que no hay mujeres con las capacidades necesarias para cubrir estos cargos?" y abundó: "en las reuniones con pares, son casi siempre hombres". De allí pasó al "techo de cristal" y simplemente reclamó "la Constitución es clara, establece la paridad de género para ocupar los cargos . Y más con los cargos máximos".

María Elena Martínez, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, dijo que se debe "deconstruir" procesos y prejuicios con cambios cuando las oportunidades se producen. Y que son mujeres el 65% de los empleados de ese Poder al que consideró el más "patriarcal" de ellos.

La concejala justicialista Norma López subrayó que no basta con "declamar" paridad. "Se trata de normas que se deben cumplir", destacó. Y pidió a los legisladores "hoy es indispensable que sepamos qué piensan los futuros ministros de la Corte sobre la reforma laboral, la baja de la edad para ser imputado y su posición ante los embates contra la Ley del Derecho al Aborto".

La serie de pronunciamientos sobre la mujer y el Poder Judicial concluyó con un tono conciliador de Claudia Levin, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral, que celebró: "llegamos casi a la paridad". Y expresó que "aunque lentos, son avances". Explicó que se trata de ver el triunfo de "las grandes luchas en los pequeños universos en que cada una de nosotras actuamos". Y subrayó "aunque parezcan pocos, todos los pequeños avances se apoyan en las grandes luchas".

La Comisión de Acuerdos, un mix de senadores y diputados, será la única que se reunirá en la semana en que finalizó el receso de enero. El objetivo es definir el temario de pliegos a votar en la Asamblea Legislativa que se convocará para el jueves 12.

En cambio, en las cámaras de Senadores y de Diputados no fueron citadas a reuniones ningunas de las comisiones de trabajo debido a que no habrá sesiones. No obstante continuarán reuniones entre diferentes espacios políticos con representación parlamentaria a los efectos de avanzar en el análisis del mensaje del Poder Ejecutivo sobre la futura Ley Orgánica de Municipios.

Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini fue convocada para este jueves, desde las 14.30 a los efectos de ordenar las entrevistas y el trabajo en vistas a la Asamblea Legislativa que se convocará para la semana próxima. El Poder Ejecutivo entre diciembre y enero envió una serie de pliegos para el ministerio público de la Acusación, para la conducción de los dos órganos del Ministerio Público en el extremo sur de la provincia y para una vocal para el Tribunal de Cuentas, un director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia.

En principio, el objetivo del oficialismo parlamentario de Unidos es avanzar con todos los pliegos a excepción de los ministros de la Corte que exigen un período de consulta ciudadana. El cronograma sobre los tres pliegos sería acordado este jueves previendo el plazo abierto para impugnaciones así como fijar el día y horario de entrevistas para los tres y recién después llevarlos al recinto.

La Legislatura tiene plazo hasta el 4 de abril para pronunciarse sobre los pliegos de los tres futuros ministros aunque el objetivo es convocar a la Asamblea Legislativa para el 19 o el 26 de marzo. Los tiempos serán definidos mañana por la Comisión. El Poder Ejecutivo propone a Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini para ocupar las vacantes que desde el 1° de septiembre comenzarán a producirse en el superior tribunal de justicia de la provincia.

Los primeros pliegos a considerar por la Asamblea Legislativa fueron enviados en diciembre y corresponden a tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.

Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

En Acuerdos, Unidos propondrá también considerar en el recinto el 12 del corriente las nominaciones de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci como director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). Molina es propuesta para reemplazar a Lisandro Villar como vocal y sentarse en una de las dos sillas que en el Tribunal de Cuentas asigna la Ley de Administración. En cambio, Marcucci será el tercero de los cinco directores del Enress. En los primeros días de enero venció su mandato, por decreto, que le dio el Ejecutivo ante la situación de acefalía del ente.

Ahora, el objetivo es que Enress siga con tres directores y que tenga quórum para poder sesionar.

El objetivo de la reunión de Acuerdos es definir cuándo van a ser entrevistados los distintos candidatos y así poder elaborar los dictámenes a considerar por la Asamblea Legislativa. Unidos tiene mayoría propia en la Asamblea y por ende los pliegos no corren, en principio, riesgo alguno de ser rechazados.

La Comisión de Acuerdos es presidida en forma alternada por un senador o un diputado. Hasta las próximas semanas, será la Cámara Baja quien conduzca el cuerpo en manos de Cattalini. Además de la socialista integran la comisión los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Marcos Corach (PJ), Emiliano Peralta (Unite) y Astrid Hummel (Pro).

El Senado está representado por Raúl Gramajo (9 de Julio), Orfilio Marcón (General Obligado), Felipe Michlig (San Cristóbal) y Armando Traferri (San Lorenzo).

El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el mensaje con el informe del Presupuesto Plurianual para el trienio 2026 - 2028, tal como lo disponen las leyes respectivas, entre ellas la de Administración Financiera.

"La elaboración de esta proyección responde estrictamente a lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.917 y modificatorias de Responsabilidad Fiscal, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº 12.402, 13.871, y por Decreto Nº 0001 /21 en el marco de la autorización dada por artículo 53º de la Ley Nº 14.017", se explica.

Acota que "el proceso de proyección presupuestaria plurianual que da lugar a los documentos es compatible con los lineamientos incorporados en el Presupuesto Provincial aprobado para el año 2026 y en lo que hace a las estimaciones para los ejercicios 2027 y 2028, se han considerado al efecto las variables macroeconómicas consignadas en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026".

La diputada justicialista Celia Arena ingresó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo "la inmediata conformación de una mesa de gestión y coordinación interinstitucional, con el objetivo de intervenir de manera urgente y efectiva frente a la grave situación que atraviesan diversas obras de vivienda de gran envergadura en el territorio provincial, correspondientes a los programas ex Procrear y Casa Propia".

Para la legisladora "la continuidad de dichas obras resulta estratégica e ineludible para garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, en un contexto de profundo y persistente déficit habitacional que afecta a miles de familias santafesinas".

Aclaró que en la provincia hay más de 1.300 viviendas inconclusas del ex Procrear y más de 200 del programa Casa Propia. "Las cifras varían según los reportes, pero la situación es crítica y urgente. Es así que solicitamos la conformación urgente de una mesa de gestión y coordinación para reactivar estas obras paralizadas". Se trata de emprendimientos puestos en marcha en la gestión anterior del gobierno nacional.

Para Arena, "garantizar su continuidad es dar respuestas concretas a miles de familias y cuidar la inversión pública ya realizada".

Este fin de semana finalizó el 143° período ordinario de sesiones de la Legislatura que no pasará a la historia como uno de los más fructíferos en materia de debates sobre leyes y políticas de estado ni por producción legislativa. Apenas poco más de 20 leyes sancionadas en el año calendario.

Un importante atenuante fue la realización de la Convención Reformadora, eje central del año político santafesino. A esto se le sumaron tres elecciones, dos de ellas provinciales y la de octubre de diputados nacionales. El mapa político surgido de esos comicios empezará a plasmarse en el nuevo mes que se inicia.

Julio, agosto y septiembre fueron cruzados por la Convención. Preparativos, conformación del cuerpo, debates, sanción y jura de la nueva Carta Magna marcaron un tiempo político histórico después de 63 años de la última reforma. En los próximos meses/años se irán viendo los alcances del nuevo contrato social santafesino y si cumplió con los objetivos del constituyente y de la ciudadanía.

El uso central del edificio de Legislatura para la actividad de la Convención; 28 de los 69 convencionales fueron legisladores, entre ellos el presidente del cuerpo, Felipe Michlig; más el personal legislativo como soporte técnico a la asamblea obligaron a paralizar la actividad legislativa.

Habrá que añadir que la gestión de Maximiliano Pullaro logró de la Legislatura en los primeros meses (diciembre 2023) una docena de leyes claves en materia de seguridad y de emergencias en áreas críticas para ordenar la gestión de Unidos.

El Poder Ejecutivo también estuvo atravesado por la reforma constitucional donde participó no solo el gobernador Maximiliano Pullaro en esa asamblea sino ministros como Fabián Bastia -jefe de bancada- o Victoria Tejeda.

El otro elemento importante es que Unidos -más allá de disidencias internas- tiene el control absoluto de la agenda del Poder Legislativo. Mayoría propia en la Cámara de Diputados y los dos tercios en el Senado.

Demandará mucho tiempo volver a encontrar este cuadro político en Legislatura porque la nueva Constitución prevé distribución proporcional en la Cámara Baja dejando de lado la garantía que dieron los estatuyentes de 1962 al Poder Ejecutivo.

Ante este marco, el año deja la sanción de leyes como de parques productivos y distritos productivos tecnológicos; de prohibición de heredar cargos en el Estado santafesino; un régimen de iniciativa privada; la validación del ambicioso convenio entre la provincia e YPF; así como la autorización a tres endeudamientos externos.

Otras normas tienen que ver con la continuidad de estados de excepción para la administración y prórrogas de expropiación temporal de empresas para que cooperativas de trabajadores puedan llevar adelante la producción.

Ahora viene un acotado período de Sesiones Extraordinarias ya que -nueva Constitución mediante- el 15 de febrero, el gobernador irá a Legislatura a la apertura del año legislativo. Ya no habrá que esperar a mayo como decía la Carta Magna de 1962.

Pero este lunes, el Poder Ejecutivo definirá un ambicioso temario para Extraordinarias donde el Poder Legislativo parece haberle delimitado para las futuras leyes de Presupuesto y Tributaria 2026.

Es más, en los pasillos de Legislatura se da por hecho sesiones los días 11 y 18 para que cada cámara apruebe ambos temas. El Presupuesto está en Diputados y la Tributaria en el Senado.

El último miércoles, el ministro Pablo Olivares y gran parte del equipo de Economía, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, mantuvieron una extensa reunión -a puertas cerradas para la prensa- sobre Presupuesto.

No hubo sobresaltos al decir de los protagonistas y Olivares se llevó un dossier de 20 requerimientos de su antecesor, Walter Agosto. Son precisiones sobre algunos sectores de la administración que están expuestos en un pedido de informes.

Agosto entiende que el Presupuesto del año próximo esconde un importante déficit y para ello es central trabajar el financiamiento de ese rojo. El justicialista señala que cuando el gobierno difunda las cifras de septiembre y octubre de este año ya aparecerá un déficit en las cuentas santafesinas producto de los menores ingresos tributarios por la recesión y por otro la ejecución de inversiones.

Pero la Casa Gris espera otras definiciones legislativas y serán, al menos, doce los proyectos habilitados por el Ejecutivo. "Es de esperar que las sesiones se prolonguen más allá del 18 porque enero será mes de receso" se dice al lado de Pullaro en Casa de Gobierno.

Pliegos para que Lotería pueda convocar a licitación para licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia; la norma para regular la red de conectividad e infraestructura tecnológica que se está ejecutando; prórroga de parte de la emergencia en seguridad, y varios cambios en el sistema de justicia son parte de la agenda.

Capítulo aparte la futura Ley Orgánica de Municipios donde el Ejecutivo demoró el envío de la iniciativa ante el ruido político generado entre intendentes por las dos audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. La definición pasará para el año próximo teniendo septiembre como fecha límite de acuerdo a la Constitución.

Más allá de las cortas Extraordinarias, y después del atípico 2025, la tarea legislativa por delante tiene que empezar a definir las mandas de la Constitución. El año próximo no tiene elecciones por delante y parece el escenario ideal para definir normas sobre municipios, coparticipación, leyes electorales, etc.

Serán esas normas las pruebas cabales de la consistencia del frente Unidos pero también de los acuerdos a tejer con el justicialismo, acuerdos que plasmaron una Constitución marcada por alto consenso.

La Cámara de Diputados expresó "su profunda preocupación ante la restructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el posible cierre de algunas de sus agencias de extensión en la provincia de Santa Fe".

La declaración fue presentada y fundamentada por Marcelo González (UCR- Unidos) presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Natalia Armas Bellavi (Vida y Familia) votó en rechazo al proyecto mientras que el bloque Somos Vida de abstuvo. El resto levantó la mano y validó la preocupación.

González destacó que el INTA tiene, en la provincia, tres importantes estaciones experimentales con sedes en Oliveros, Reconquista y Rafaela; tres centros operativos en Tacuarendí, Las Gamas y Angel Gallardo y cuarenta delegaciones en otras tantas localidades santafesinas, en todos los casos en apoyo especialmente a pequeños productores.

"En todos estos lugares hay preocupación por el posible cierre de locales y por el despido de agentes que trabajan al lado de la comunidad", dijo el legislador.

El diputado resaltó la importancia que tienen los informes del INTA en las distintas reuniones de la comisión de Emergencia Agropecuaria que funciona en el ministerio de Desarrollo Productivo. "Es la voz más autorizada ante las diferentes problemáticas por el conocimiento del territorio, de los suelos, de la producción", afirmó.

Pero además remarcó que el programa en marcha prevé arrendar o vender la mayor cantidad de tierra que tienen las estaciones experimentales, tierra que sirven para hacer trabajos de campo, investigaciones, desarrollo.

Según González, el objetivo es dejar solo 50 de las 420 hectáreas de Oliveros; de las 486 hectáreas de Rafaela, desprenderse de 428 y en Reconquista arrendar o vender 1245 de las 1300 hectáreas.

"Cuando se venden tierras, después será muy difícil de recuperarlas. Por eso advertimos que este camino de reestructuración es un error", añadió.

"Este Instituto realiza un trabajo fundamental en la investigación de temáticas referidas a la innovación del sector agropecuario, como por ejemplo mejoramiento genético y desarrollo de nuevas formas de cultivo. A su vez fomenta formas de agricultura sustentable, herramientas de diagnóstico y capacitación de productores del sector. El INTA, mediante sus agencias, realiza un extensivo trabajo en territorio, vinculándose y capacitando a los pequeños, medianos y grandes productores en innovaciones generando grandes avances en el desarrollo productivo y las economías regionales", señaló ante sus pares diputados.

Aclaró que "estamos de acuerdo en que el Estado debe ser eficiente, que cada una de las personas que trabajan en el mismo deben tener funciones claras y que en muchas oportunidades gobiernos de turnos hipertrofiaron de recurso humano algunas áreas que hoy es necesario evaluar y tomar decisiones al respecto, lo que no coincidimos es en que institutos reconocidos a nivel nacional e internacional tengan un vaciamiento que implique el cierre de dependencias en las distintas provincias, como lo que puede ocurrir en Santa Fe y que corra riesgo el trabajo de profesionales del sector que de manera comprometida realizan todos los días una tarea seria y comprometida", acotó.

La semana pasada, el Gobierno nacional descartó avanzar con la fusión del INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una propuesta que había generado rechazo entre los referentes del sector agropecuario. En su lugar, se confirmó que el organismo técnico mantendrá su independencia, aunque se le aplicarán reformas estructurales que serán tratadas por su Consejo Directivo.

La decisión fue comunicada durante una reunión en la Secretaría de Agricultura, que reunió a funcionarios nacionales, autoridades del INTA y representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace.

Allí, el Ejecutivo presentó su diagnóstico y anticipó que se evaluará una actualización del plan estratégico vigente, que data de 2015, además de una posible transferencia de competencias técnicas desde el INTI al INTA en áreas agropecuarias.

Con la publicación en el Boletín Oficial de las últimas ocho leyes sancionadas por las cámaras legislativas en el período Extraordinario de diciembre, el Poder Ejecutivo terminó de convalidar -sin vetos ni totales ni parciales- el pronunciamiento del Senado y de Diputados sobre iniciativas de propios legisladores o bien de la Casa Gris.

El diciembre de Extraordinarias tuvo picos muy altos como la ley que declaró la necesidad de la Reforma Constitucional - promulgada el mismo día por el Poder Ejecutivo- pero además las necesarias normas sobre Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2025 y la Tributaria 2025.

Ahora, con lo votado en la última semana por las cámaras y promulgadas las leyes, en áreas del Poder Ejecutivo se trabaja en su aplicación como en los casos de cambio de categoría de dos comunas y en la norma para validar la organización de los Juegos Odesur 2026.

* Ley Nº 14387: dispone una serie de expropiaciones de terrenos en Rosario para ampliar el complejo penitenciario ubicado en Bv. 27 de Febrero 7899.

* Ley Nº 14388: declara de interés provincial la planificación, organización, financiamiento y realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe. Dichos juegos se realizarán en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela donde se construirá infraestructura deportiva y villas para los atletas en las tres localidades.

El Ejecutivo dictará en las próximas horas el decreto de creación del Comité Organizador Local - Santa Fe Provincia (COL-SFP), el que será responsable de la planificación y coordinación de las tareas necesarias para garantizar planificación, preparación y organización de los Juegos.

La ley incorpora la autorización de la toma de un crédito ante la CAF para solventar la construcción de la infraestructura necesaria.

* Ley Nº 14389: eleva a cinco el número de miembros titulares y otros tantos suplentes en la comuna de Guadalupe Norte, dpto General Obligado. El Tribunal Electoral inició el trámite para cambiar la convocatoria electoral en esa comuna que hasta hoy elegía tres titulares y tres suplentes.

* Ley N° 14390: expropiación de otro lote de terreno en Rosario para ampliar el complejo penitenciario de esa ciudad.

* Ley Nº 14391: también eleva a cinco el número de miembros comunales en Villa Amelia, dpto Rosario. También el Tribunal Electoral trabaja para adaptar el cambio en la próxima elección.

* Ley Nº 14392: es la que establece reformas parciales a ocho leyes muchas de las cuales fueron dictadas en el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. En los pasillos legislativos se habló de una ley como "Fe de Erratas".

* Ley Nº 14393: es la norma que autoriza al Gobernador de la Provincia a ausentarse del país durante el año 2025, cuando razones de gobierno así lo aconsejen. Como acostumbra esta ley de estilo, se dispone que "el Gobernador informará previamente a la Legislatura provincial en cada oportunidad en que haga uso de esa autorización".

* Ley Nº 14394: creando el programa de Boleto Educativo Gratuito.

Más allá de una media docena de proyectos de ley habilitados por el Poder Ejecutivo para Extraordinarias, con la reanudación de actividades el 1 de febrero se destacará en ese mes la discusión de los tres pliegos para la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el Ejecutivo anticipó que en días más también hará propios los nombres propuestos para los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo, ya sea el defensor general como los dos regionales.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, adelantó que desde febrero empezarán a enviar pliegos para ocupar vacantes en el Poder Judicial cuya definición hoy está en manos del Consejo de la Magistratura con varios concursos abiertos.

No obstante, el ministro indicó que la prioridad será presentar propuestas para completar el cuerpo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación en toda la provincia.

A iniciativa de Diputados se incluyó en la Ley N° 14392 la modificación al artículo 221 del Código Procesal Penal de Santa Fe. La propuesta incorpora la reiterancia delictiva y amplía el criterio de la portación de armas, para evaluar el peligro procesal y determinar la prisión preventiva.

"Esta es una herramienta para que los jueces puedan actuar con mayor firmeza en casos donde la reincidencia es evidente", explicó Dionisio Scarpin, uno de los autores del proyecto junto a Martín Rosúa.

Los autores señalaron que la reforma responde a la necesidad de frenar la puerta giratoria" en el sistema judicial. "No podemos seguir permitiendo que quienes reinciden en delitos se aprovechen de las debilidades del sistema. Este proyecto protege a las víctimas y refuerza la confianza de la ciudadanía en la justicia", afirmó Scarpin.

Con los cambios propuestos por los diputados se le agregan los siguientes incisos al artículo 221 del Código Procesal Penal de Santa Fe:

"Articulo 221: 8) la tenencia, portación, transporte, almacenamiento, registro, receptación, suministro, comercialización, intermediación o utilización de armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales controlados, como así también la portación y la utilización de armas blancas por uno o algunos de los imputados, ya sea antes, durante o después de la ejecución del hecho delictivo.

9) Que el imputado tenga una condena anterior total o parcialmente cumplida en un proceso judicial, salvo que haya transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la impuesta en dicho proceso que nunca podrá ser mayor a diez años. En tal caso no podrá tenerse en cuenta este apartado.-

10) el estar siendo investigado o haber sido investigado en otros procesos penales por la eventual comisión de delitos dolosos dentro de los tres (3) años anteriores a la comisión del hecho por el que se peticiona la prisión preventiva.

Y siempre que el imputado hubiere obtenido anteriormente en alguno de esos procedimientos el dictado de prisión preventiva o alguna de las medidas previstas en el artículo 219."

Diputados

En la agenda de Diputados quedaron para el tratamiento dos mensajes del Poder Ejecutivo ya aprobados por el Senado. Uno es para convalidar un acuerdo entre YPF y la provincia y el otro para crear el Régimen Especial de Optimización de Gestión de Bienes Inmuebles.

Al año legislativo ordinario le quedan cuarenta y cinco días y la agenda del oficialista Unidos parece tener dos objetivos bien marcados en la agenda: respaldar el mensaje con el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2025 con la respectiva norma tributaria y avanzar con la modificación a la Ley 10.160 para ampliar a número impar la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Otros actores del oficialismo también ponen en agenda la eventual ley para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución santafesina.

Tras el cierre de la política salarial 2024 con los gremios estatales, el equipo económico que conduce Pablo Olivares avanza en reuniones con las diferentes áreas del Poder Ejecutivo en las definiciones que tendrá el Presupuesto que viene.

“Desde el Gobierno de Santa Fe se busca resguardar las principales actividades productivas de la Provincia: sector agropecuario, la industria, el transporte, el comercio y el turismo. Entendemos que es necesario apostar por el desarrollo del sistema productivo santafesino, apuntando a darle competitividad a los diferentes motores de la economía, cuidando siempre el equilibrio fiscal como lo hacemos en cada una de las áreas y cada vez que tomamos una medida” destacó Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo que con su equipo de trabajo se reunió en la semana con Olivares por las definiciones del año venidero.

El ministro santafesino observa además el debate del Presupuesto nacional con pocas expectativas para recursos nacionales hacia las provincias e incluso el intento de nación de cobrar una supuesta deuda por uso de información de AFIP.

La mecánica de trabajo de Unidos hará que el Presupuesto y la Tributaria lleguen masticadas a Legislatura y sin sorpresas para la sanción antes de terminar el año. El oficialismo tiene mayorías propias para hacerlo en ambas cámaras.

En el tema Corte Suprema de Justicia, la situación tiene todavía debates internos en Unidos, no sobre la necesidad de renovar la cabeza del Poder Judicial, sino sobre los caminos. Hoy, ya está claro que hay dos vacantes a cubrir y al menos una tercera con la decisión de avanzar con un proyecto de ley para que la Corte sea impar.

“Siete es el número ideal e incluso debería estar puesto en la futura reforma constitucional” dice en estricto off uno de los funcionarios que más trabaja en el tema. “Proyectos para disponer número impar en la Corte hay varios en Legislatura, faltan ajustar algunos detalles para cambiar la ley” dicen referentes legislativos oficialistas no radicales. Allí se ingresa en otra discusión que es la necesidad de que el Ejecutivo sea claro a la hora de que defina un nombre para la Corte, que la sociedad pueda opinar y que haya audiencias públicas con los candidatos presentes.

“Debe haber una radiografía total de los candidatos” piden unos. Otros dicen que los futuros ministros deben estar comprometidos en temas fundamentales: tributar Ganancias, adherir a IAPOS, plan claro para los diferentes fueros del Poder Judicial y postura sobre la vigente ley de enganche. El gremio de trabajadores judiciales abrió el paraguas y el paro del jueves apunta más a lo que viene que a los problemas que denuncian como falta de decretos de nombramientos, vacantes, etc, etc. “Para nosotros no hay conflictos con el Poder Judicial” insisten en Casa Gris y la indefinición parece ir por mayor tiempo.

Esas definiciones que le pedirán a los futuros jueces de la Corte también están supeditadas al número de integrantes. En varios sectores de Unidos insisten con un tribunal de nueve miembros -de transición- con el objetivo de llegar a siete cuando se produzca la renovación casi total del actual cuerpo. Esta decisión permitiría al oficialismo impulsar cinco nuevos miembros, con varias mujeres, y representación de las distintas regiones santafesinas.

En Unidos, no todos están de acuerdo con ese camino. Legisladores justicialistas también fueron informados de esa discusión interna e invitados a opinar. “Es necesario renovar ya la Corte para avanzar con decisiones” se entusiasman otros. La carga mediática exigiendo la jubilación de ministros se ha acallado. Las partes se están midiendo y empleados amenazan seguir adelante un plan de lucha que en Casa Gris dicen que le corresponde resolver a la Corte. En el tablero de ajedrez, las piezas se desplazan ahora con mucho cuidado.

También con sumo cuidado se habla de la posible reforma constitucional. “Está en manos de la Legislatura” se repite en Casa Gris donde hay reuniones con los distintos actores políticos. El no rotundo de Amalia Granata es uno de los datos que con mayor detenimiento se analiza en despachos oficiales e incluso opositores. En este tema, el final parece más abierto que en Presupuesto y en la reforma judicial que tendrán novedades al finalizar noviembre.

El avance que obtuvo la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Congreso de la Nación se entrometió en el acto de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

La voz protagonista de la jornada no eludió el tema. Luego de dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Maximiliano Pullaro dialogó con los medios y se refirió a la iniciativa libertaria: sostuvo que es necesario que ahora "arranque el Gobierno nacional".

Pullaro manifestó que "hasta el momento el Gobierno nacional se concentró en el reordenamiento de las cuentas públicas" y que el peso de ese ajuste "lo pagamos principalmente las provincias".

Entre los recorte enumeró "subsidios al transporte, fondo de incentivo docente, obras públicas, medicamentos de alta complejidad, partidas de desarrollo social". Y aseguró que esos montos equivalen "prácticamente la masa salarial de todo un mes, 240 mil millones de pesos".

"Nuestras cuentas arrancaron con déficit y encima nos recortaron, por eso tuvimos que ajustar. Pero espero que ahora el Gobierno nacional, teniendo esta ley, empiece a ponerse en marcha para que la economía crezca y si eso pasa, Santa Fe no tiene techo". señaló Pullaro.

¿La ley beneficia el crecimiento de la economía?, se le consultó al gobernador. "Son las herramientas que pidió el presidente. Nosotros creemos otra cosa, que hay que apostar a la producción y no al sector financiero; al campo y no al extractivismo minero. Pero son miradas diferentes y cada cual tiene que tener la posibilidad de llevar adelante su programa de gobierno", respondió.

Por último, volvió a reparar en la necesidad de reactivar el financiamiento de la obra pública. "Se lo planteamos al Ministro Guillermo Francos (del Interior) a quien destaco porque es un hombre que intenta estar siempre presente. Nos aseguró que cuando se corrija el déficit, la Nación iba a empezar a invertir en las obras que estaban paralizadas. No obstante, nosotros empezamos a ocuparnos destinando recursos propios porque tenemos urgencias como el Puente Santa Fe-Santo Tomé o la Autovía de la RN 11 y porque además significa desarrollo de infraestructura y sostener puestos de trabajo en un contexto muy complejo", planteó.

En la previa del discurso del gobernador, la senadora Carolina Losada también se refirió a la media sanción que recibió en Diputados el proyecto de ley Bases impulsado por el gobierno de Javier Milei y que ahora deberá ser tratado en la Cámara alta nacional.

"Esperamos que pase rápidamente a comisiones para empezar a discutir porque nos apura la necesidad de que las cosas empiecen a funcionar. Mañana tenemos una reunión de bloque para empezar a analizar lo que se aprobó", comentó la senado.

A su vez, Losada destacó la importancia del trabajo conjunto para agilizar el proceso legislativo. "Hemos trabajado mucho junto con otros legisladores santafesinos para acelerar los procesos de discusión y junto al gobernador Pullaro y su gabinete para impulsar incorporaciones de los aspectos que sirven al desarrollo de la provincia".

Respecto al significado de la ley, dijo que "es una muestra de que el Gobierno nacional está madurando". "Pese a que el discurso empezó de una manera muy agresiva, hoy las cosas van cambiando y por eso es que se está logrando que se apruebe este paquete de leyes que es tan necesaria", amplió.

Rogelio Frigerio estuvo presente en el acto. Foto: Mauricio Garín.

En un sentido similar se expresó brevemente el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resaltando la necesidad de recomponer el diálogo con el gobierno central: "Hemos apoyado al proyecto y esperamos que el Senado acompañe para que podamos empezar otra historia, incluido mejorar el vínculo entre Nación y las provincias".

Por su parte, el Ministro de Economía Pablo Olivares desligó a Santa Fe de la decisión de restituir la cuarta categoría del impuesto a los ingresos contenida en el paquete fiscal que se aprobó luego de la ley Bases este último martes en la Cámara de Diputados de la Nación.

"El gobierno anterior aplicó una medida electoralista que afectó a las provincias. Lo que se ha pedido es que se recompusieran esos recursos. Ahora, el Gobierno nacional decidió que esa devolución sea mediante Ganancias. La postura de Santa Fe es que si ese es el camino elegido, que en lo posible afecte a la menor cantidad de trabajadores para que también a largo plazo genere los mecanismos necesarios para no repetir los mismos problemas de ciclos políticos previos de que a medida que pasa el tiempo sean cada vez más personas las que queden comprendidos dentro del impuesto", sostuvo el titular de la cartera económica provincial.

En tanto, la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, expresó que puede ser un puntapié para el desarrollo de políticas públicas coordinadas. "Tenemos mucha esperanza en poder comenzar a coordinar políticas con el Gobierno nacional. Necesitamos que las provincias que tantos recursos aportamos al desarrollo del país podamos tener una retribución desde el acompañamiento. Es necesario que Nación empiece a tener una mirada especial en Santa Fe. De todos modos, desde el gobierno provincial vamos a seguir trabajando fuertemente bajo las órdenes del gobernador Pullaro y junto a las instituciones y personas que tienen esa sensibilidad social que hoy es tan necesaria", explicó.

También se expresó el Ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, quien advirtió que si bien la ley Bases no impacta directamente sobre las políticas educativas, la Provincia sigue con atención los recortes que el Gobierno nacional viene implementando en el sector: "Entendemos que no es de los pilares central, inclusive en el Pacto de Mayo tampoco la educación está convocada. Pero desde nuestra perspectiva, no dejamos de expresar nuestra preocupación por el recorte al financiamiento nacional que se viene dando en el ámbito educativo. Sabemos que estamos atravesando un momento complejo a nivel país, pero mientras tenemos que enfocarnos como nos ha pedido nuestro gobernador Maximiliano Pullaro en el desarrollo de la provincia, apostando en nuestro caso fuertemente por los aprendizajes de los estudiantes de Santa Fe".

El Intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también ofreció su perspectiva sobre el avance de la ley Bases en el Congreso. "Me parece que abre un marco de diálogo. Luego tendremos que ver cómo repercute cada medida directamente sobre cada provincia, cada ciudad y cada ciudadano. Pero creo que se han encontrado ciertos consensos y se abrió una ventana de acuerdos con el Gobierno nacional".

Poletti agregó que puede ser una oportunidad de cara al Pacto de Mayo. "Estaremos expectantes de lo que sucede porque puede ser importante para la ciudad de Santa Fe pensando en los subsidios al transporte y en la obra pública. Son temas que le hemos manifestado al Ministro Guillermo Franco en la reunión del último lunes y que también conversamos con el gobernador Maximiliano Pullaro que es quien nos va a representar para luchar por esos derechos".

Con respecto a los fondos para el funcionamiento de los colectivos, Poletti dijo también que se habló en la reunión de intendentes con el Ministro del Interior que si el Gobierno nacional no quiere subsidiar más al sector empresario sí es necesario que lo haga sobre la demanda. "Apuntamos a que se resuelva prontamente esta transición porque mucha gente ya quedó imposibilitada de poder acceder al transporte público por el costo del boleto".

Este jueves, por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.424 que estableció el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica y también fijó los términos y las condiciones que tendrá el programa santafesino.

Esta Ley, sancionada en Diputados, fue un proyecto enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la legislatura para su tratamiento.

La presidente de la Comisión de Ambiente, diputada Sofía Galnares manifestó: "Prosumidores nos permitirá entender al usuario residencial, a la industria o comercio, no solo como un consumidor de energía, sino también como productor de energía renovable que puede ser inyectada a la red eléctrica y obtener a cambio una compensación en la tarifa de la luz”.

“Hay tres aspectos fundamentales que esta Ley incentiva. En primer lugar, la previsibilidad en el sistema de generación distribuida de energía/s renovable/s. Segundo, el cálculo de recupero, la ecuación de retorno entre lo que se invierte y lo que se recupera, que se estima se reduzca a máximo 4 años. Tercero y último, los incentivos fiscales para los proveedores de paneles y calefones solares”.

“Es muy importante que desde la legislatura estemos legislando sobre energía, sobre el modelo de desarrollo productivo de la provincia, que nos anticipemos hacia una transición energética”, señaló.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y la Defensoría del Pueblo, presentó un proyecto de Ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática en la Legislatura provincial.La iniciativa se basa en la Ley nacional N° 27.736 (Ley Olimpia), promulgada en 2023 y modificatoria de la ley nacional N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Además, busca ampliar la Ley Provincial Nº 13.348 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

La presentación se realizó en el hall de la Legislatura, y estuvieron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la secretaria de Mujeres, género y diversidad, Alicia Tate; el Defensor del Pueblo, Jorge Henn; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

Durante la presentación se emitió un video de salutación de Fernanda “Chachi” Telesco, una superviviente de la violencia digital y a quien esta normativa busca reparar con la resignificación de su historia. 

Durante la actividad y al respecto, la ministra Tejeda indicó que “venimos a la Legislatura a presentar este proyecto de ley que hemos construido junto con la Defensoría del Pueblo, pero que está abierto para todos los y las que quieran enriquecerlo”.  

“Tenemos la orden de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de abordar todos los temas, en este caso, lo que es la violencia digital y lo que implica. Por eso era necesario poder estar presente, informando, comunicando cómo estamos trabajando, y ahora esperando ansiosos que pueda ser tratado”, sostuvo Tejeda.

A su turno la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad agregó: “Es un primer paso importantísimo para proteger a las posibles víctimas de los delitos digitales. Tenemos el triste antecedente de que el primer caso de violencia digital se cometió contra una mujer joven, contra “Chachi” Telesco, que sucedió hace 17 años y que debido a la falta de normativa y de jurisprudencia, ni siquiera en la Justicia pudo obtener una reparación. Este proyecto apunta fundamentalmente a la prevención. Reparar es llegar tarde”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Jorge Henn sostuvo que “las redes significan hoy un espacio de oportunidades, pero también un espacio donde se producen acciones disvaliosas que no están contempladas en el Código Penal, ni tampoco en los códigos de convivencia. Frente a este hecho es necesario la implementación de normativas que visibilicen el hostigamiento digital relacionado con una víctima mujer. Festejamos este proyecto, este trabajo conjunto porque de alguna forma, implica poner el acento en la prevención, pero también en que se prevean algunas figuras en el Código de Convivencia”.

Por último el presidente previsional del Senador, Felipe Michlig, indicó que “es una alegría que podamos tener este proyecto de ley para trabajar en una normativa de contención, pero por sobre todo de prevención, concientización, que también preserve derechos y asegure derechos. Vamos a poner todo de nosotros para que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados convierta en ley esta iniciativa”.

La normativa contempla una serie de reformas al Código de Convivencia que incluye la tipificación como contravención de distintos tipos de violencia digital, tales como el hostigamiento digital, la vigilancia electrónica no consentida, la sextorsión, el ciberacoso, la suplantación de identidad, entre otros. También el desarrollo de un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible para contener, informar y asesorar sobre recursos para la prevención del acoso y violencia digital.Se estipula además el desarrollo de un protocolo específico para el abordaje de las situaciones de violencia digital cuando las víctimas sean niñas, niños y/o adolescentes. A su vez, se plantea la incorporación de la temática de Violencia Digital y ciberseguridad en los contenidos curriculares escolares, ya que para lograr un cambio cultural es fundamental trabajar desde las infancias. Y el desarrollo de un curso virtual y gratuito para consumidores de servicios y productos digitales, orientado a la prevención de la violencia digital.

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; valoraron el apoyo de la Legislatura santafesina al aprobarse en la jornada de ayer dos normativas importante: por un lado, los cambios que regulan el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación; por otro, la autorización para tomar un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo de 65 millones de euros.Bastía abrió el diálogo señalando sobre el MPA: “Es una reforma trascendente para el Ministerio Público de la Acusación. Hemos obtenido una ley que genera un cambio trascendente en el paradigma de la conducción del organismo, una ley sumamente importante que le otorga el poder al Fiscal General para la administración, la gestión, el gobierno. Y deja de tener una función casi protocolar para en cambio llevar adelante la construcción absoluta del organismo. Le otorga muchísimas facultades que no tenía: le permite organizar administrativamente cómo así también manejar los recursos, reasignar causas, o intervenir en fiscalías regionales”, aseveró.

En cuanto a esas nuevas funciones Bastía apuntó que “va a tener la posibilidad de crear unidades y agencias y, lógicamente, ordenar un sistema que a todas luces estaba desorganizado, porque la Fiscalía General, que era el órgano máximo, no tenía poder prácticamente y todo quedaba en mano de la fiscalías locales. Eso ha originado en regionales como por ejemplo Rosario un gran desorden y situaciones bastante complejas”. Agregó que hoy “nadie puede desconocer en qué situación se encuentra dicha regional y que es atravesada por una ola delictiva importante vinculada al narcotráfico. Por eso, vinculado a otras leyes que dio la Legislatura, ahora se podrán crear las unidades de agencias relacionadas a la persecución del microtráfico, tan trascendente e importante en la persecución del crimen para nuestro gobierno”, afirmó. En ese sentido, y vinculado a la adhesión a la Ley de Narcomenudeo que la provincia ahora también podrá perseguir, tras la aprobación de la norma días atrás por impulso del gobierno de Maximiliano Pullaro, Bastía afirmó: “El vecino antes llegaba a la comisaría o al fiscal local, y denunciaba que sabía que pasaba tal o cual cosa, que en determinado lugar venden drogas. Y la respuesta era ‘No podemos hacer nada’. Ahora se terminó el ‘no podemos hacer nada’, porque va a estar la Unidad Fiscal del MPA, persiguiendo este delito”.  

Por su parte, Enrique Estévez hizo referencia a la autorización del crédito que permitirá avanzar en distintas políticas ambientales en la provincia. “Es abordar una situación de cambio climático, que estamos viviendo. Hay un retroceso de la biodiversidad, por eso es importante cuidar nuestras áreas naturales protegidas, nuestras áreas naturales provinciales”, puntualizó Estévez. Resaltó que “la infraestructura para esos lugares genera también oportunidades económicas para distintas localidades que están alrededor de esas áreas naturales. Por ejemplo con actividades como el ecoturismo, la producción agroecológica; y la provincia de Santa Fe tiene un potencial muy importante en eso”.Estévez, en la misma línea, graficó que el crédito permitirá encarar “obras emblemáticas, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe la recuperación de la Granja La Esmeralda, que es un lugar que todos hemos conocido en otro momento y que tenía una dinámica que lamentablemente se ha perdido. Hoy está cerrada como acceso al público y lo que vamos a hacer es obviamente recuperar ese espacio. Vamos a trabajar para construir un edificio para que sea el espacio central del Ministerio de Ambiente, un centro veterinario, un centro de rescate y avanzar fuertemente en lo que es la educación ambiental”, anunció.

En su intenso primer mes como diputada, la venadense Sofía Galnares ha desempeñado un papel destacado en la legislatura santafesina, contribuyendo a la aprobación de 17 leyes que abordan diversas problemáticas en Santa Fe, con una agenda legislativa marcada por la urgencia impuesta por el nuevo gobierno encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Galnares dialogó con Sur24 apenas terminada la primera sesión extraordinaria del 2024, desarrollada este jueves 4 de enero y a menos de un mes de su asunción en la Cámara de diputados, el 6 de diciembre del 2023.

“Hace menos de un mes que soy diputada y ya llevamos aprobadas 17 leyes”, expuso Galnares, agregando que muchas de ellas “tuvieron que ver con mensajes que nos ha enviado el Poder Ejecutivo para darle herramientas a Maximiliano Pullaro y a todo su equipo, sobre todo en materia de seguridad. Tuvimos varias leyes que trabajar en diálogo con actores implicados y que las pudimos mejorar en el ámbito de la Cámara de diputados y aprobar”.

Entre las leyes aprobadas, se encuentran aquellas relacionadas con la seguridad, la inteligencia y el microtráfico, reflejando el compromiso del gobierno con abordar los desafíos en materia de seguridad en la provincia. Además, se han aprobado leyes de emergencia en educación, en el ámbito social, y de emergencia hídrica, brindando herramientas esenciales para los respectivos ministerios.

Sofía Galnares no solo participó activamente en la aprobación de las diversas leyes tratadas en la Cámara baja, sino que también ha presentado proyectos propios, destacándose entre ellos el de recuperación de la laguna “El Hinojo”, en Venado Tuerto. Este proyecto, que viene siendo desarrollado desde la gestión municipal encabezada por Leonel Chiarella, donde Galnares fue, hasta hace poco, subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, ahora busca obtener financiamiento provincial y, “en la medida de lo posible, nacional e internacional, para que proyectos de tamaño envergadura puedan concretarse y llevarse a la realidad, porque sabemos que con presupuesto municipal únicamente no lo vamos a poder hacer”, destacó la diputada venadense.

En paralelo con su labor en la legislatura, Galnares mantuvo una presencia constante en el territorio, acompañando al gobernador en las primeras visitas oficiales a Venado Tuerto y Firmat, estableciendo además un vínculo cercano con gobiernos locales.

“Estamos en contacto y cerca de los gobiernos locales, que es una impronta que le queremos dar a la diputación; estar cerca del municipio de Venado Tuerto y también de otras Comunas y de otras Intendencias, sobre todo del sur, que es de donde vengo, donde pertenezco y a donde quiero seguir estando cerca para seguir representando”, enfatizó la legisladora.

En cuanto a las gestiones, Galnares destacó la presentación, en la sesión de este jueves 4 de enero, de una declaración para proteger la industria del biodiesel en Santa Fe, de especial relevancia ante la posible aprobación de la “Ley ómnibus”, que podría afectar negativamente a las pymes santafesinas.

“Hoy (por el jueves) también acompañamos desde el Bloque de Unidos la presentación de una declaración para proteger la industria del biodiesel, especialmente por la importancia que tienen las pymes santafesinas en esta industria”, informó Galnares.

Por último, la diputada de Venado Tuerto manifestó que, desde su lugar en la Legislatura, el objetivo es “apoyar y darle herramientas al gobernador Maximiliano Pullaro para q pueda implementar los cambios que la provincia necesita, ya que sin un marco normativo es imposible”.

La Legislatura sancionó, a medias, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo a la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el principal órgano de persecución penal que tiene la provincia. Lo sancionado apunta a empoderar al fiscal general (hoy a cargo de María Cecilia Vranicich), le permitir llevar adelante líneas investigativas por sobre los fiscales regionales e incluso habilita la creación de 17 nuevos cargos de fiscales que estarán en directa dependencia de la autoridad provincial.

A diferencia de los restantes proyectos del Ejecutivo sobre seguridad pública votados por amplia mayoría de votos, en este caso en Diputados fue con el aporte de los 27 integrantes de la oficialista bancada de Unidos para Cambiar Santa Fe, la abstención de todos los bloques opositores y el rechazo de los dos integrantes presentes del Frente Amplio por la Soberanía. En cambio, el texto girado en revisión al Senado tuvo el respaldo de todos los integrantes de la Cámara Alta.

De los 43 artículos que tiene el mensaje del Ejecutivo, se aprobaron 11 y el oficialismo informó que seguirá la discusión, artículo por artículo, a partir de febrero. Las abstenciones de justicialistas, Somos Vida e Inspirar obedecieron a que el dictamen de la mayoría se conoció media hora antes de iniciarse la sesión. Es más, al momento de iniciarse el tratamiento del proyecto hubo un cuarto intermedio para que los diputados oficialistas firmaran el dictamen correspondiente.

"Necesitamos votar algunas urgencias que tiene el MPA para que funcione de manera más ordenada y en febrero seguiremos discutiendo los otros aspectos del proyecto" señaló la socialista Lionella Cattalini al justificar el voto de la mayoría.

El miércoles, la Legislatura abrió el recinto de la Cámara de Diputados para escuchar distintas opiniones de actores del sistema judicial sobre este mensaje del Ejecutivo. Representantes del Colegio de Magistrados, de la Asociación de Fiscales tanto de Santa Fe como de Rosario, el sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario expusieron sus objeciones y sus propuestas ante legisladores de ambas cámaras.

Cattalini aseguró que lo que se llevó al recinto es la parte que no tiene objeciones por parte de las entidades al refutar a distintos bloques que se escudaron en las reuniones del día anterior para no apoyar a la mayoría con el voto.

"Hay una crisis institucional que afecta al MPA, hay que corregir falencias, no se puede funcionar con reglas que no son claras" señaló la socialista quien prometió que la parte referida a ingreso a la carrera judicial así como el régimen de disciplina y de control se discutirá desde febrero. Enseguida Fabián Palo Oliver señaló que el oficialismo no logró los consensos necesarios "y saca esta reforma a medias" para cuestionar la centralidad otorgada a la figura de la fiscal general. "Creemos en la descentralización y no en la centralización. Es un retroceso", afirmó.

Alicia Azanza (Somos Vida) consideró una falta de respeto que diez minutos antes del inicio de la sesión el oficialismo le hiciera llegar el proyecto a votar. "No tuvimos tiempo de analizarlo; no firmamos cheques en blanco. Somos Vida lee los proyectos, los interpreta y vota, pero no de esta manera" señaló la rosarina. Celia Arena (Juntos Avancemos) también hizo notar el corto tiempo entre la entrega del dictamen y el tratamiento. "Coincidimos en la necesidad de darle herramientas al gobierno, en mejorar las leyes y en que no puede haber manoseo político del MPA" afirmó la ex ministra de Gobierno quien no dejó de señalar que la anterior Legislatura rechazó varios pliegos de fiscales enviados por la gestión de Omar Perotti y también debió retirar 42 pliegos de jueces. "Dijeron que no se necesitaban más fiscales y ahora crean 17 por ley. Por lo menos utilicen los concursos ya realizados y envíen esos pliegos" recomendó.

El radical José Corral admitió que se necesita una mayor discusión sobre algunos aspectos del MPA pero también rescató la decisión de apurar la sanción de una parte del mensaje para dotar de mayores atribuciones a la fiscal general.

La Cámara de Senadores tiene previsto entre sus asuntos con pedido de tratamiento preferencial, un mensaje de ley de autorización para que Santa Fe tome un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo (ADF) hasta la suma de 65 millones de euros o su equivalente en otra moneda, “para el financiamiento del proyecto de biodiversidad para la acción climática”.

El expediente proviene de la gestión gubernamental anterior y lo inició el ex gobernador Omar Perotti mediante el Mensaje 5059. Fue la Cámara de Diputados con su conformación anterior (que también contaba con mayoría de integrantes de Unidos para Cambiar Santa Fe) la que le dio media sanción hace ya más de un mes. Durante la última sesión del período prórroga de las sesiones ordinarias, la Cámara baja lo aprobó con votos en contra del justicialismo que calificó como una suerte de “cheque en blanco” las modificaciones que le hizo la mayoría que amplían las facultades para el endeudamiento.

El tema está en Senadores desde diciembre, cuando lo incluyó en el temario el gobernador Maximiliano Pullaro y curiosamente no ha prosperado en la Cámara donde el oficialismo tiene números muy cómodos: su interbloque suma 14 sobre 19 bancas.

Fuentes del minoritario bloque del PJ dejaron en claro que van a votar favorablemente, para acompañar la sanción de al norma. Explicaron que en su momento harían las salvedades que crean necesarias, eventualmente, en el tratamiento en particular o a la hora de argumentar.

La cuestión se ha postergado con renovaciones de preferencias que han sido pedidas siempre por el Ejecutivo, que puede perfectamente recurrir al tratamiento sobre tablas porque dispone de dos tercios.

La sesión del Senado que hasta ayer había sido convocada para las 15 se pasó a media mañana de este jueves 4 para las 13, por lo que aumenta la expectativa.

El proyecto prevé una línea de apoyo para ejecutar obras de infraestructura para la biodiversidad en diferentes localidades de la provincia. Entre los componentes principales del proyecto, se destacan la restauración de la biodiversidad provincial en áreas protegidas y ecoparques, el fortalecimiento de capacidades y seguimiento ecológico a través de la puesta en valor del Centro de Rescate e Interpretación de Fauna "La Esmeralda", y la construcción de centros de innovación climática para promover la investigación, desarrollo tecnológico y educativo en materia ambiental en los principales centros urbanos de la provincia.

Este proyecto incluye inversiones que permitirán generar sitios de conservación, sumar infraestructura al Parque Nacional Islas de Santa Fe y la zona de gestión Jaukanigaas, así como generar nuevos espacios para la investigación científica y la educación ambiental.

El crédito es a 10 años con una tasa de interés fija o variable, Euribor a 6 meses + 522 puntos básicos a lo que habrá que sumar una comisión de evaluación del 0,50% y otro porcentaje similar de compromiso.

Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a sesionar este jueves quebrando una costumbre institucional de que en enero hay receso parlamentario. La decisión de los bloques oficialistas de Unidos para Cambiar Santa Fe es avanzar con el tratamiento de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar la seguridad pública a partir del funcionamiento de operadores del área. Es más, en los pasillos legislativos se especula con la posibilidad también de convocar a las cámaras para el jueves venidero.

En Diputados, el eje de la semana está en la reforma a la ley 13.013 que es la que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se explicó desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que el objetivo es potenciar a la Fiscalía General como máxima autoridad a través de facultades legales.

También apunta a reformas a la función de persecución penal modificando facultades, deberes, atribuciones y competencias de fiscales y policías en el marco de una investigación penal. La iniciativa del Ejecutivo establece en cabeza del MPA la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas, y reserva para que la policía lleve adelante -mediante protocolos y directivas formales- la investigación técnica y científica.

El proyecto en discusión incorpora facultades para la Fiscalía General a fin de crear unidades especiales, emitir instrucciones particulares (en casos concretos poder instruir a los fiscales a cargo de las investigaciones), que la Junta de Fiscales tengan sólo una función consultiva y no poder de veto de las decisiones del Fiscal General.

También el cargo de fiscal general tendría facultades de intervención y reasignación en casos concretos, intervención en la designación de regionales y organismos de apoyo (se propone concursar primero el cargo de Fiscal General y que una vez designado participe en los concursos de los regionales y los órganos de apoyo a la gestión). Otro capítulo modifica el régimen de carrera y de sanciones disciplinarias en el MPA.

La iniciativa provocó reacciones diversas de los actores del sistema penal la mayoría de los cuales serán escuchados este miércoles por la comisión de Labor Parlamentaria de Diputados. Así fueron citados el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Jueces Penales de Rosario; las asociaciones Fiscales y funcionarios del MPA de Rosario y de Santa Fe, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario.

El proyecto del Ejecutivo también tiene algunas objeciones en el seno del interbloque de Diputados que se discuten internamente y que no han salido a la luz pública. "Escucharemos a las entidades que pidieron ser escuchadas y después analizaremos si estamos en condiciones de avanzar en el tratamiento", dijo un vocero parlamentario oficialista.

Hasta el momento, el oficialismo -tanto en Diputados como en Senadores- trabajó en lograr la mayor cantidad de votos posibles a la hora de votar las leyes, no utilizando las mayorías propias en cada cuerpo y escuchando sugerencias de bloques opositores.

En el mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales envió una nota a Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados advirtiendo que en el actual proceso penal acusatorio adversarial "todo cambio debe pensarse en pro de un sano juicio en el que se busque no la impunidad, sino el cumplimiento del debido proceso".

La entidad gremial cuestiona allí los efectos que tendría la reforma al MPA y al sistema de la Defensa Penal Pública. "La desjerarquización del Servicio Público provincial de la Defensa Penal tiene su contraste en el crecimiento del MPA con relación a una nueva carrera judicial para fiscales", agrega la nota de la entidad gremial que hoy la expondrá ante los propios legisladores.

De los 29 proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para Extraordinarias desde el 10 de diciembre, ya fueron aprobados 15 mientras que los 14 restantes se encuentran en comisiones de ambas cámaras.

El Senado tiene bajo análisis el mensaje remitido por el entonces gobernador Omar Perotti para autorizar la toma de un crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo por 65 millones de euros para destinarlos a iniciativas de biodiversidad para la acción climática, iniciativa ya votada en noviembre en Diputados incluso con el voto del actual gobernador, Maximiliano Pullaro.

Los proyectos para reglamentar el libre acceso a la información y los juicios por jurados para determinados hechos, en tanto, quedarán para el análisis a partir de febrero, se señala en ámbitos parlamentarios.

Al mes de noviembre le restan cuatro jueves y al menos en dos de ellos habrá sesiones en las actuales cámaras legislativas próximas a terminar sus mandatos. Desde el contundente triunfo de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia del 10 de septiembre, el Poder Legislativo entró en modo pausa y a la espera de las necesidades de la futura administración que encabeza uno de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Con un Ejecutivo provincial en retirada y, desde diciembre, con un brusco cambio de composición en el Senado, el manejo del Legislativo quedó en manos del bloque de diputados de Evolución - UCR que integra el mandatario electo. En el Senado, la mayoría que el justicialismo tuvo desde 1987 a este año perdió, en septiembre, la fuerza de negociación ante la cómoda mayoría que tiene el futuro oficialismo en la actual Cámara de Diputados.

Este panorama dejó a las cámaras sin las premuras de noviembre de apurar proyectos que venían demorándose en el año e incluso invalidan la política de clearing que se utilizó durante muchos años entre las cámaras. El último jueves no fue convocado ninguno de los dos cuerpos y sí está previsto el funcionamiento el jueves venidero cuando esté en el edificio una delegación de legisladores del estado de California, en Estados Unidos, hermanados con el estado santafesino, especialmente con el Senado a instancias de Miguel Lifschitz, Ricardo Spinozzi, Felipe Michlig y Lisandro Enrico. Los dos últimos ahora son llamados a integrar el gabinete de Pullaro.

Antes, el miércoles, se volverá a reunir la Comisión de Acuerdos para avanzar en dos casos que tiene bajo estudio que son los de los fiscales Aldo Gerosa (suspendido) y Matías Edery. Se espera que ese día se confirme si la diputada socialista Lorena Ulieldien acepta instruir la investigación al rosarino. En ámbitos parlamentarios ligados al justicialismo se observa una táctica del futuro oficialismo de dejar para la próxima Legislatura la situación de ese fiscal.

En los pasillos legislativos ya se nota el cambio de gobierno. Empezaron las discusiones sobre las oficinas a utilizar por los nuevos senadores y diputados y también de las futuras comisiones de trabajo, especialmente en Diputados.

La Cámara de Diputados de Santa Fe. Foto: Luis Cetraro

Con la cómoda mayoría legislativa que tendrá desde diciembre, Pullaro piensa un diciembre -y de ser necesario algunas semanas de enero- para aprobar los proyectos que necesita para poner en marcha la gestión, entre ellos el Presupuesto 2024 que ingresará la semana venidera más la Tributaria que llegará como mensaje en diciembre. Los demás serán temas de seguridad, justicia y salud pública. En cambio, la reforma de la Ley de Ministerios será votada en noviembre cuando la presente el propio Pullaro o su bloque legislativo. "Una reforma a la ley de Ministerios no se le niega a nadie" se afirma en la Legislatura teniendo en cuenta que cada gobernador tiene un esquema propio de administración.

El radical pensaba un gabinete de diez ministerios que finalmente serán once para poder cerrar las apetencias de socialistas y el Pro, principales socios de la coalición de quince partidos. Pullaro cuidó mucho que en las reuniones de gabinete haya equilibrio entre dirigentes de esas fuerzas a la hora de sentarse a la mesa. Las tensiones llegarán después... Pero además armó una delegación con representantes de los tres partidos a la gira por la Península Arábiga acompañando al gobernador actual, Omar Perotti. Están allí la vicegobernadora electa, Scaglia (PRO), el futuro ministro de Producción, Gustavo Puccini (UCR) y el ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione (PS).

Volviendo a la actividad parlamentaria, en la sesión del jueves en Diputados el futuro oficialismo permitirá avanzar todos los proyectos de ley que no tengan afectación presupuestaria. Lo demás podrá esperar al nuevo gobierno, se dice.

Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola.

El Senado concretará en la semana la convocatoria para el martes 5 de diciembre a la sesión de Jura y Preparatoria de los 19 nuevos integrantes de la Cámara. En principio, en la Cámara de Diputados será el miércoles, aunque restan detalles políticos de conformación de autoridades de comisiones y de secretarías parlamentarias.

El sanjustino Rodrigo Borla (UCR) sería el nuevo presidente provisional del Senado en virtud de que ese partido será el de mayor número de integrantes reemplazando así al justicialista Rubén Pirola (Las Colonias) que viene ejerciendo desde años ese cargo.

En Diputados, la socialista Clara García sería la presidenta y la discusión pasa por las dos principales comisiones: Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, más las secretarías parlamentarias y administrativas.

Las dos cámaras, en Asamblea Legislativa, el sábado 9 de diciembre le tomarán el juramento al gobernador y la vice elegidos el 10 de septiembre.

El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial la Ley 14.209 creando una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la localidad de Villa Minetti, departamento 9 de Julio. Se trata de una escuela con orientación en informática, arte y/o ciencias sociales y humanidades. Se trata de un proyecto de ley que ingresara el senador por ese dpto, Raúl Gramajo y que sancionó Diputados en la última reunión.

"El Poder Ejecutivo debe realizar las tramitaciones administrativas, legales y técnicas preparatorias para la ejecución de las obras y demás gestiones necesarias para la construcción edilicia o adecuación de la infraestructura existente, disponer del personal docente, administrativo y de servicios y del equipamiento necesario para el establecimiento", señala el artículo 3 de la norma.

La Cámara de Diputados de Santa Fe votará por tercera vez, este jueves, un proyecto de Ley disponiendo la creación de un régimen de acceso a los recursos biológicos y genéticos, con fines científicos, de investigación o utilización con fines comerciales. La iniciativa se encuadra en la Constitución Nacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Argentina por medio de la Ley Nacional 24375, y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, también aprobado por el Congreso por medio de la Ley Nacional 27246.

“Pretendemos con esta iniciativa que Santa Fe tenga una política de Estado en la materia, que se garantice el mandato constitucional y los compromisos que asumió Argentina al ratificar dos convenios internacionales que firmara oportunamente”, explicó la socialista Erica Hynes, una de las impulsoras del tema.

Hynes era ministra de Ciencia cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz envió el mensaje a Legislatura en 2018 y ya como diputada impulsó la sanción en 2020. El tema no fue tratado en Senado; la legisladora lo volvió a ingresar y ya tiene todos los dictámenes de comisiones para llegar al recinto en lo que será la segunda sesión Ordinaria de este jueves.

Perotti abrió el período de sesiones en Santa Fe: “Gobernaré hasta el último día con orgullo y trabajo”

“Es una propuesta de preservación de los recursos genéticos y biológicos y una oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico en el territorio provincial”, agregó la socialista. Acotó que “en las últimas décadas se ha reconocido el valor intrínseco y relevancia de la diversidad biológica cuya pérdida o deterioro se viene manifestando sostenidamente, lo que ha evidenciado la necesidad de generar compromisos globales sobre el tema”. Es en ese marco que Argentina aprobó dos convenios internacionales que validó el Congreso mientras que el artículo 41 de la Constitución consagró el deber de la preservación de la biodiversidad. En tanto, el artículo 124 establece el dominio originario de los recursos naturales por parte de los Estados provinciales. En tanto, la Constitución santafesina, en su artículo 28, ordena proteger la flora y la fauna autóctonas.

Para Hynes, “la determinación de condiciones de acceso y de esquemas de distribución de beneficios la Provincia cuenta con ciertas ventajas comparativas, en particular, la existencia de capacidades científicas y técnicas en nuestro territorio así como el funcionamiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. que permiten configurar un valioso e innovador sistema en el que la cooperación público-privada puede contribuir a robustecer el conocimiento sobre la biodiversidad de la provincia y a potenciar su desarrollo científico tecnológico”.

El texto dispone que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología sea la autoridad de aplicación; crea un banco público – privado de información sobre recursos genéticos y biológicos bajo la órbita de la autoridad de aplicación, cuya información es de libre acceso y uso público.

El proyecto está en el Orden del Día junto a otras doce iniciativas con los respectivos dictámenes de comisiones.

Con una importante movilización de simpatizantes de varios puntos de la provincia, incluida las capitalinas Mesas de Trabajo, Omar Perotti fue y salió de la Legislatura donde realizó su último mensaje de la gestión y dejar inaugurado el centésimo cuadragésimo primer período ordinario de sesiones.

El calor y el reconocimiento que le hizo la multitud que fue hasta la plaza de la Legislatura contrastó con el frío escenario que tuvo la Asamblea Legislativa que escuchó duranta dos horas y cincuenta minutos al gobernador. Hubo escasos aplausos y siempre surgidos del gabinete, ausencia varias de invitados como los senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpin, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin e, insólitamente, dos barras reservadas expresamente para invitados y familiares del gobernador y de la vice, Alejandra Rodenas, vacías.

El gobierno puso mucho énfasis en preparar el escenario, hubo tres pantallas gigantes en el recinto de la Cámara de Diputados, dos en el recinto del Senado y otras -de mayor tamaño- en la plaza de la Legislatura. El objetivo, ir mostrando las realizaciones acompañando la lectura del mensaje. Es más, el propio Perotti fue al menos dos veces, entre sábado y domingo, al recinto de la Cámara Baja a ensayar la lectura del discurso y la concordancia con los imágenes.

El operativo de seguridad en el anillo de Legislatura, que incluyó algunos cortes de tránsito, demandó 200 efectivos de la Policía santafesina. Una gigantesca bandera blanca de Hacemos Santa Fe dominaba la plaza a primera hora mientras llegaban los primeros invitados y algunos legisladores remolones. Como es habitual ya, las dos cámaras se reunieron apenas minutos para iniciar el año legislativo y luego conformar la Asamblea Legislativa. Además de las banderas de Hacemos y de Mesas de Trabajo, se destacaron paños de Utedyc y otras identificadas con regiones de la provincia, entre ellas Rafaela, Las Toscas, Pérez y Firmat.

Las flamantes titulares de los dos institutos del sistema penal fueron las primeras invitadas en llegar a Legislatura. Estrella Moreno (Defensa) y María Cecicia Vranicich (MPA) esperaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, para ingresar al Palacio. Luego fueron llegando otros tres ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Otto Spuller. Es la primera vez que si vio a más de la mitad de la Corte en la Asamblea. Fue Gutiérrez quien se quedó departiendo con invitados que llegaban y con cronistas parlamentarios.

Los periodistas pudimos seguir el ingreso desde un corralito y la explanada de Legislatura permitió observar largas conversaciones entre actores de la política como Emilio Jatón y Marcelo Lewandowsky, o entre los radicales Julián Galdeano y Mario Barletta. Ya en el recinto, Jatón y Barletta también departieron un largo rato a la espera de la llegada de Perotti.

El gobernador llegó caminando desde Casa de Gobierno acompañado por gran parte del gabinete. Hizo algunas declaraciones al paso y fue recibido -como marca el reglamento- por los jefes de bloque del Senado: Alcides Calvo, Miguel Rabbia, Armando Traferri y Hugo Rasetto. Ya en el recinto, y tras recibir un libro con el balance de gestión del Senado de parte de Rodenas, realizó la lectura del mensaje enfocado en lo realizado en cada una de las áreas en que dividió el Poder Ejecutivo. Además de Rodenas, los presidentes de las dos cámaras en el estrado: Rubén Pirola y Pablo Farías.

Abajo, en la primera fila Roberto Mirabella, Jatón, Erbetta, Celia Arena y Lewandowski. En la segunda los restantes diputados presentes: Mónica Fein, Barletta, Juan Martín, Gabriel Chumpitaz, Marcos Cleri, Ximena García y Victoria Tejeda. Se notaron las ausencias de los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin así como del intendente de Rosario, Pablo Javkin quien optó por seguir en su ciudad atendiendo las consecuencias del viento del día anterior. Después todo el gabinete. Algunas de las segundas líneas del gabinete estaban entre los militantes en la plaza. Otros colaboradores en el recinto del Senado junto al intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli.

Repercusiones tras el último discurso de Omar Perotti en la Legislatura

El otro dato fue la presencia en el recinto de directivos de entidades intermedias y de los titulares de las dos centrales sindicales: Claudio Girardi (CGT) y José Testoni (CTA). Entre los empresarios, Ignacio Mántaras (Sociedad Rural), Alejandro Taborda (UISF), Juan Pablo Durando (Bolsa de Comercio de Santa Fe) más Horacio Roitman, titular de DAIA. Varios de ellos, entre ellos los dirigentes sindicales, se retiraron antes de la finalización del mensaje aduciendo otros compromisos a cumplir.

Al término de la Asamblea, Perotti fue acompañado hasta la salida del Palacio por Rodenas, respondió durante varios minutos preguntas de la prensa y finalmente dejó el saco de costado y se dio largos minutos para saludar a la militancia que lo esperó durante más de tres horas, mientras tanto, legisladores hacían el balance de lo escuchado y otros invitados se refugiaban en la presidencia del Senado donde Rodenas agasajaba con locro a los participantes.

Varios legisladores nacionales no estuvieron en la Asamblea Legislativa. A los senadores Losada y Scarpin habrá que sumar al jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez así como las diputadas oficialistas Magalí Mastaler y Vanesa Massetani. Tampoco estuvo el actual presidente del Pro, Federico Angelini ni sus pares Germana Figueroa Casas ni Carlos Nuñez así como el socialista Enrique Estevez y la norteña Carolina Castest.

El senador Lisandro Enrico presentó un proyecto en la Legislatura de Santa Fe para que se garantice la disponibilidad de ambulancias en los hospitales de las localidades del Departamento General López que aún no cuentan con este servicio de traslado de emergencias. Este pedido beneficiaría a las comunidades de: Wheelwright, Christophersen, San Francisco, Aarón Castellanos, Miguel Torres, Chovet, La Chispa, Cafferata, Amenabar, Cañada del Ucle y San Eduardo. 

Al respecto, Lisandro Enrico resaltó que “todos los centros de salud de pequeños pueblos se encuentran trabajando para dar una primera atención a los vecinos de esas comunidades. La actividad se incrementó pos-pandemia, por lo tanto, es fundamental dotarlos de las herramientas necesarias para realizar su trabajo en mejores condiciones. Contar con ambulancias es clave para dar respuestas a los vecinos, especialmente en caso de emergencias donde debe ser trasladado para no agravar su estado”. 

Enrico vuelve a insistir con la falta de mantenimiento de la actual Ruta 33

En este sentido, el legislador agregó: “Actualmente tenemos ambulancias en constante reparación, modelos antiguos e incluso, algunos de los SAMCOS directamente no cuentan con ninguna unidad. Por eso hemos estado hablando con esas instituciones sanitarias en todo nuestro territorio y elaboramos un listado de localidades que son prioridad para que desde el Ministerio de Salud se les pueda asignar un móvil en condiciones”. 

Cabe destacar, que, en varias de las localidades mencionadas, al no contar con ningún móvil para el traslado se depende directamente de localidades cercanas. Un déficit de recursos que afecta el acceso a la salud para los vecinos de acuerdo a los tiempos de espera que genera toda esta coordinación en momentos de emergencia.  

Enrico pidió a Martorano priorizar la Salud Pública y sus profesionales

“Suele suceder que, pacientes con determinadas patologías o urgencias necesitan ser trasladados a centros de salud de ciudades, lo que implica recorrer varios kilómetros por ruta. Creemos que este punto es un motivo fundamental para que desde el Gobierno Provincial se efectúe una nueva entrega de ambulancias a localidades que no disponen de ellas. Necesitamos garantizar el traslado de pacientes en todos los pueblos del sur de Santa Fe, por más pequeños que sean allí también viven santafesinos con derechos a la salud”, agregó el senador. 

Este último pedido realizado por Lisandro Enrico desde la Cámara de Senadores se basa en que todas las comunidades tuvieron que afrontar años difíciles por los efectos y el desgaste que ocasionó la pandemia, donde se pudo evidenciar lo clave que es para la salud de los vecinos poder dotar con recursos a los hospitales locales. Por ello, se solicita que el Gobierno Provincial haga uso de sus partidas para comprar nuevas ambulancias y posibilitar la llegada de equipos en buenas condiciones a los pueblos que hoy no cuentan con traslado propio. 

En la Asamblea Legislativa del jueves prácticamente se aprobaron todos los pliegos que habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo a la Legislatura santafesina. Sin embargo, hubo algunos cuestionamientos sobre el mecanismo de selección de jueces comunitarios.

Al respecto, la ministra de Gobierno, Celia Arena, admitió que hubo “ruido”, pero lo atribuyó a cuestiones “políticas”, “no vinculados a la sustanciación del concurso”.

En tal sentido, la funcionaria provincial dijo a El Litoral: “Siempre defendimos todo el proceso que empezó el año pasado, ayer se trataron 82 pliegos enviados por el Ejecutivo, de los cuales 78 tuvieron aprobación y acuerdo legislativo”. “Dentro de esos, lo que tuvo cuestionamientos era el de juzgados comunitarios, de pequeñas causas; cuando se abrió la inscripción hubo 1200 personas concursando para 36 cargos, aunque finalmente, quienes cumplían con los antecedentes fueron 1006. entonces, se tomó el criterio de un decreto anterior a esta gestión que establece tres etapas de concurso, donde no hay una evaluación particular de cada una sino que es una evaluación integral con una calificación global, que es “no superó”, “superó” o “superó ampliamente”, pero como eran más de mil personas, el Consejo de la Magistratura definió que la primera instancia del examen de oposición sea un examen multiple choice, de forma virtual”, detalló la ministra. Consideró además que “sin un desarrollo conceptual y sin explicitar el plan de trabajo para cada localidad, no es una evaluación que permite hacer un orden de mérito” y recordó todas las personas que superaron esa etapa -que eran 60 puntos- y no solo las que tuvieron mayor puntaje, pasaron a las otras etapas de evaluación.

Al respecto, Arena mencionó que “la normativa vigente plantea que no hay orden de mérito porque no hay calificación por etapas”. “Entonces, de esas mil y pico, 235 pasaron la instancia del examen de oposición y fueron evaluados durante quince días, ocho horas por día, por el jurado, que recién allí hace el orden de mérito y el Consejo de la Magistratura eleva al Gobernador una terna y el Gobernador, por su potestad institucional, define uno y lo envía a la Legislatura”, indicó. A su vez, a través de la Comisión de Acuerdos, es el Poder Legislativo el que “hace las entrevistas y analiza los antecedentes de cada una de las personas enviadas por el Poder Ejecutivo y después la Asamblea Legislativa discute y aprueba o rechazada, que fue lo que pasó el jueves”, agregó Arena.

La ministra también destacó que de 36 pliegos enviados hubo uno solo que no se pudo tratar, “porque hubo tres pedidos de cautelares, en dos la justicia habilitó para que se traten pero en uno no, y ese quedó reservado para un tratamiento posterior, cuando se resuelva la cuestión de fondo” . “Así -reconoció-, quedaron tres localidades que son Llambi Campbell, La Criolla y Puerto Gaboto que quedaron sin cubrir, pero la resolución de las vacantes “seguramente va a pasar para el próximo periodo legislativo porque las sesiones ordinarias terminan en diciembre”.

Según la funcionaria, “hubo un sector que claramente se planteó como estrategia ensuciar todo el proceso”, pero el intento “quedó diluido porque muchos de quienes planteaban esas reservas no votaron todos los pliegos pero sí votaron muchos y votaron pliegos de jueces penales, de familia, laboral, civil y comercial, con algunas excepciones, con algunos casos que se abstuvieron o se votó en contra pero sí todos los sectores políticos votaron”.

“En el caso de jueces comunitarios, se planteaba no haber respetado un orden de mérito pero cuando se trataron los jueces penales no hubo este criterio porque había candidatos que estaban abajo en el listado y sin embargo los pliegos fueron enviados, porque se hace una evaluación integral”, argumentó.

Sin embargo, para Arena, “desde el punto de vista del debate democrático, que 82 pliegos se hayan aprobado 78, implica que hicimos todos, oficialismo y oposición, Legislatura y Ejecutivo, muy buen trabajo, y sobre todo lo hicimos con la responsabilidad de entender que estamos dando una respuesta a la ciudadanía porque los jueces comunales tienen un rol muy importante en localidades muy pequeñas de la provincia en donde en muchos casos es el único profesional del derecho que reside en el lugar y no solo cumple con sus funciones sino que muchas veces articula y lleva adelante otras cuestiones”, consideró Arena, y prosiguió: “Vamos a seguir con los concursos para cubrir los juzgados que faltan, para poder iniciar el proceso para el año que viene”.

“Lo importante de esto es que es un aprendizaje también y que tiene que ver con la consolidación de nuestra voluntad de diálogo, de haber estado siempre a disposición para allanar todas las dudas y defender el proceso que llevamos adelante con mucha responsabilidad y mucho compromiso”, reconoció la ministra.

En tanto, en la Asamblea se aprobaron los nombres propuestos para cubrir vacantes en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) y el cargo de vocal abogado del Tribunal de Cuentas pedido por la Casa Gris.

Al respecto, Arena mencionó que “hay muchas cuestiones que son administrativas y exigen tener el directorio completo, así que se avanzó en ese sentido porque estamos apostando para llegar a los acuerdos necesarios para completarlo el año que viene, pero hay que tener en cuenta también en cuenta la ley de paridad (los aprobados fueron dos candidatos varones), por lo que quienes ingresen tienen que ser mujeres y nosotros aspiramos a que sea mayor la integración; lo mismo en el caso del Tribunal de Cuentas y otros espacios para seguir debatiendo el próximo año”.

Finalmente, “haciendo hincapié en la instancia del diálogo” y “la construcción de consensos”, Arena destacó el tratamiento de una herramienta tan importante como el Presupuesto, “que el año pasado tuvo tanto conflicto y lo tuvimos aprobado recién en febrero de este año”. “Con todo lo que implica en la cuestión administrativa y para dar respuesta a la ciudadanía, este año se pudo trabajar muy bien y el ministro de Economía, Walter Agosto, y todo su equipo, estuvieron permanentemente a disposición y en reuniones con senadores y diputados para ir acercando las demandas, las observaciones de los distintos sectores, perspectivas territoriales y se fueron incorporando las demandas razonables al punto que los legisladores nos planteaban el buen trabajo que se había podido hacer en conjunto”, resaltó la funcionaria. Y concluyó: “Así se llegó a este acuerdo y a esta aprobación por unanimidad con las aprobaciones del Presupuesto que ahora va a tratar el Senado”.