El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, llevó en persona, a la Mesa de Entradas del Senado el mensaje 1/2026 del Poder Ejecutivo pidiendo el acuerdo para los tres pliegos propuestos para ocupar las futuras vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

"Se remite a consideración para su tratamiento por la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 89, inc. 5) y 121 de la Constitución Provincial, el pliego adjunto para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe" señala la escueta nota firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el propio Bastia.

"Los fundamentos de la propuesta que acompañamos se encuentran en la documentación adjunta al presente" se aclara.

Por último, el mensaje indica que "para esta propuesta se siguió el procedimiento previsto en el Decreto Nº 0018/2007 y su modificatorio Nº 2889/2024". Se trata de la decisión del Poder Ejecutivo de exponer los nombres y antecedentes de los candidatos a cargos en la Corte y recibir avales o cuestionamientos de la ciudadanía o de sus organizaciones.

Como se viene informando el Poder Ejecutivo propone para la futura Corte los nombres de los abogados Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel y Jorgelina Mabel Genghini. En forma digital, este miércoles, el gobernador Pullaro había firmado las propuestas.

La Legislatura está en receso parlamentario y administrativo durante todo este primer mes del año, aunque el Senado mantiene hasta este jueves abierta la Mesa de Entradas.

Ahora, el tratamiento de los tres pliegos pasará a manos de la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini que se reunirá el primer miércoles de febrero para elaborar el cronograma de trabajo para estos nombres y otros propuestos, en sendos mensajes, para el Ministerio Público.

En el caso del Ministerio Público, el Ejecutivo envió tres pliegos de fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y para los titulares de la Fiscalía y la Defensa en la 3ra. circunscripción con sede en Venado Tuerto. Estos dos mensajes ya fueron habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. La semana venidera, el Ejecutivo incluiría también el tratamiento de los pliegos para la Corte.

No obstante, el tratamiento en Asamblea Legislativa se hará en el período de Ordinarias que habilitará el gobernador con su discurso el domingo 15 de febrero.

El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.

En tanto, para la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe los propuestos para fiscales adjuntos subrogantes son Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes cinco de las ocho leyes sancionadas por la Legislatura la semana pasada e incluso ya publicó dos de ellas en el Boletín Oficial. "Trabajamos los temas con las cámaras legislativas dos semanas seguidas y solo restaba la promulgación" dijo una funcionaria de Casa Gris cuando se lo consultó sobre la celeridad de los trámites.

La Legislatura dispuso receso para enero y por ende dejó para el tratamiento en febrero de otros ocho proyectos, entre ellos la futura ley orgánica de Municipios y la reforma al Código Procesal Laboral para intentar reducir la litigiosidad laboral en la provincia.

Pero además del Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026 y de la Tributaria 2026, el Poder Ejecutivo promulgó la validación del pliego para que Lotería de Santa Fe llame a licitación para las apuestas deportivas online y la regulación de la red de conectividad e infraestructura tecnológica.

La quinta norma promulgada es un clásico de todo fin de año: la autorización para que el gobernador viaje al exterior en el año siguiente cuando las circunstancias lo ameriten con el lógico informe a Legislatura.

En el paso por Diputados como cámara revisora, tanto la autorización a Lotería como la regulación de la red de conectividad tuvieron amplias mayorías aunque con abstenciones y algunos votos en contra.

La Ley N° 14425 "tiene por objeto la regulación del sistema público provincial de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, denominado "Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica", que se configura como una política pública estratégica para el desarrollo tecnológico de la Provincia" ,señala el artículo inicial.

El mensaje fue aprobado por 46 de los 49 legisladores presentes.

Sobre este tema, hubo cruces entre justicialistas y radicales por un tema que inició la gestión de Omar Perotti y donde el ex ministro Coordinador y hoy diputado Marcos Corach tomó la palabra para expresar satisfacción por el apuro del Ejecutivo en aprobar la norma pero recordó las objeciones que hiciera el ex diputado y hoy gobernador Maximiliano Pullaro al tema en la gestión anterior.

"El proyecto es un reconocimiento de que aquellas dudas que tenía Pullaro cuando era diputado hoy están desterradas" dijo Corach quien tomó expresiones del hoy gobernador en la versión taquigráfica del tratamiento del pedido de endeudamiento que había hecho Perotti. El mensaje no fue votado por la bancada radical en ese momento y en cambio el socialismo sumó sus votos al justicialismo para sancionar la norma.

"Sin la decisión política de Perotti hoy no estaríamos tratando este proyecto" señaló Corach. La red de fibra óptica que hoy cubre la provincia es el eje del proyecto, remarcó el rafaelino. Luego explicó que todo el poder decisorio sobre la fibra óptica estará en manos de una secretaría del Ejecutivo. "Vamos a confiar que habrá reglas claras, transparencia y control parlamentario como prometió el oficialismo" destacó sobre el final.

En tanto, el oficialista José Corral más allá de fundamentar el voto positivo no dejó de remarcar que nadie discutió la importancia de la conectividad en la provincia para llegar a todas las localidades. "Era sí necesario discutir el cómo, las mejores maneras, las más adecuadas para lograr el objetivo. Destaco que esto sea política de estado en Santa Fe". Agregó que para un sector importante del radicalismo no fue la mejor opción la utilizada por el gobierno de Perotti.

"Faltó optimizar recursos con los privados" apuntó Corral por los tendidos que hay en toda la provincia por parte de pymes santafesinas e incluso los grandes prestadores. Las primeras tienen unos 2.000 km de fibra óptica tendida y los segundos unos 1.700 con servicios de 4G.

"Se puede discutir cómo se hizo, la celeridad de la ejecución de la obra; de los cuatro frentes hubo dificultades en dos; hubo que ejecutar garantías" destacó. "Esta ley viene a saldar cómo se iba a operar y mantener la red construida" explicó Corral en su fundamentación.

"La Red se constituye como proveedor primario de los servicios de conectividad en el territorio provincial y de los servicios para el acceso a Internet de todos los organismos de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público y demás organismos públicos, los cuales están obligados a utilizar los servicios de conectividad como servicio primario", señala otro de los artículos.

Con ese número fue promulgada la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026.

La ley prevé un total de recursos por $ 14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado asciende a $ 1,75 billones, que permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

"Esta ley tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar", remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sobre la norma tributaria publicada ya en Boletín Oficial.

"Queremos que cada punto de esta Ley Tributaria llegue a los comercios, emprendedores, industrias y pymes, para evacuar dudas y conformar mesas de trabajo y consulta", expresó.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, detalló que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó que la Ley incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. Recordó que desde enero, las empresas que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.

La Asamblea Legislativa se reúne a partir de las 13, para tratar más de ochenta pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales.

La deliberación en el recinto se produce luego de completado el trámite de entrevistas en la Comisión Bicameral de Acuerdos, y con el propósito de solventar las demoras que produjeron la acumulación de vacantes.

El inusual número -inédito desde 1985 en adelante- incluye 36 postulantes para jueces comunitarios en otras tantas localidades de toda la bota santafesina; 18 jueces penales; 19 fiscales entre titulares y adjuntos para el Ministerio Público Fiscal, otros seis pliegos para la justicia civil, comercial y laboral y la postulación de Marcelo Terenzio para el Tribunal de Cuentas, en una de las sillas correspondientes a los profesionales del derecho.

En el caso de la circunscripción judicial número 1 que comprende a esta capital, el Poder Ejecutivo propone como jueces penales de primera instancia a Lisandro Pedro Aguirre, Cecilia Beatriz Labanca, María Celeste Minniti, Pablo José Spekuljak y Sebastián Antonio Szeifert. Además propone para integrar el Tribunal Colegiado de Familia N° 3 a Fernando Gastiazoro y Marisa Mónica Malvestiti.

En cuanto al Ministerio Público de la Acusación, para la circunscripción judicial 1, proponen como fiscales titulares a Bárbara Ilera y Carlos Lacuadra y como fiscal adjunta a Luciana Escobar Cello.

Para Rosario, entre los fiscales titulares propuestos se encuentra el nombre de Matías Edery.

La presente tanda de pliegos involucra por primera vez el nombramiento de fiscales y defensores del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa como integrantes de un órgano extrapoder y en atención al nuevo diseño constitucional.

El dato coincide con el hecho de que este jueves la Legislatura santafesina retoma su funcionamiento regular, luego de completada la tarea de la Convención Reformadora, de la cual surgió un nuevo texto constitucional, consistente en 161 artículos, con 42 modificados, 46 incorporados y 27 disposiciones transitorias.

Minutos antes, desde las 12.30, está prevista una sesión conjunta en la que los legisladores deberán expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal adjunto destituido Alejandro Héctor Rodríguez.

El ahora ex funcionario cuestiona la resolución adoptada el 12 de junio pasado, cuando se lo removió de su cargo en la 4ª Circunscripción por mal desempeño funcional e institucional, además de inhabilitarlo para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años.

En aquella Sesión Conjunta de ambas Cámaras hubo numerosas abstenciones, pero ningún voto que respaldara al encartado en la votación que por separado llevaron adelante los senadores provinciales primero y los diputados provinciales luego.

Se trata del tercer fiscal que es apartado en Reconquista por causas vinculadas a abusos sexuales que no contaron con la respuesta que se espera del Poder Judicial. A Rodríguez se le reprochó haber dejado caer causas por el paso del tiempo y -pese a que no había recibido antes sanciones del Poder Legislativo- se tomó la medida disciplinaria extrema: el apartamiento.

Diputados y senadores que participaron de la oportunidad de defensa que contó el ex miembro del MPA comentaron a El Litoral que no fue convincente el argumento de que las numerosas causas a resolver, en una Fiscalía Regional que cuenta con pocos miembros, le impidió llevar a cabo su trabajo.

Luego de estas dos instancias, para las 15 fueron convocadas tanto la Cámara de Senadores y como la Cámara de Diputadas y Diputados, a los efectos de retomar las sesiones ordinarias.

 donde se espera avanzar con la agenda legislativa post reforma constitucional. Ambos encuentros están convocados para las 15 horas.

Gabriel Real, diputado provincial y referente del PDP.

(Por Luis Rodrigo) – La comisión que la semana pasada escuchó la defensa del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, recomendó este miércoles 3 de noviembre apartar de su cargo al ex ministro de Seguridad de Santa Fe e inhabilitarlo para cualquier función en el MPA por el término de diez años.

Se trata de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa cuyo dictamen (con ocho firmas de distintos colores políticos) funciona solo como una propuesta. Quien decide es la sesión conjunta de ambas cámaras, que requiere que cada cuerpo tenga quórum propio y mayoría para avanzar con la medida.

De los doce integrantes que componen Acuerdos se ausentaron en la reunión de hoy la diputada Clara García (PS) y el senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos). Por otra parte, a la hora de discutirse el dictamen que finalmente logró ocho firmas solo manifestó su rechazo el jefe del bloque del PJ en Diputados, Leandro Busatto. De todas formas, no hubo dictamen en minoría. Además, como es de práctica, el miembro acusador de la Comisión, el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) se abstuvo de firmar.

Así, el dictamen logró las firmas del presidente de la Comisión, el diputado radical Fabián Bastia acompañado por sus pares  Lionela Cattalini (PS), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR) y Gabriel Real (PDP). También lo rubricaron dos senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino: el vicepresidente de la comisión, Joaquín Gramajo y el presidente provisional del Senado Rubén Pirola.

Sain fue quien diseñó, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al Organismo de Investigaciones. Luego fue el propio gobernador fallecido recientemente quien le sugirió a su asesor que se presente al concurso público de antecedentes y oposición, en el que fue el único postulante. Durante su gestión como ministro a ese cargo no lo abandonó, sino que tomó una licencia sin goce de sueldo, que le hizo que formara parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo al mismo tiempo.

En tanto, la sala tercera de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral de Rosario declaró la nulidad sobre parte del fallo del juez Fabían Vega que “por inadmisible” había declarado no hacer lugar a la acción de amparo solicitada por el director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain. Los camaristas Eduardo Pastorino, Ángel Angelides y Lucía Aseff dispusieron que “el expediente se remita al juzgado que corresponda a los fines que se pronuncie conforme a derecho sobre la acción de amparo iniciada, y en su caso, le imprima el trámite correspondiente, expidiéndose también sobre la medida cautelar peticionada”.

En pocas palabras, a horas de la sesión conjunta que puede dejarlo fuera del MPA, Sain vuelve a tener la posibilidad de que un juez acepte su amparo.

La interpretación que se hace entre los miembros de la Comisión de Acuerdos que ya firmaron su dictamen para expulsar a Sain del OI es que el fallo de cámara no se expide sobre la sesión conjunta convocada para este jueves 4 a las 15 horas.

Del dictamen de Acuerdos se destacan los siguiente párrafos que sus redactores tomaron del texto acusatorio, elaborado por Enrico. Tienden a probar que como funcionario judicial Sain violó el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que dice: “Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

A lo largo de 11 carillas, el documento señala que ese mandato constitucional no se cumple.

“En su cuenta de Twitter (Sain), comparte frecuentemente notas o comentarios críticos sobre personajes de la política a los que considera sus enemigos, entre los cuales se encuentra prácticamente todo el arco político a excepción del gobernador.

“Con frecuencia las notas o comentarios son retuiteados -compartidos en esa red social- desde páginas cuya orientación política es ostensible. Normalmente incurre en descalificaciones contra lo que él llama “el bloque tradicional de poder”, que no son otros que los representantes votados por el pueblo de Santa Fe.

“En la portada de su cuenta de Twitter, puede verse una foto de Saín junto al actual Gobernador y su ex jefe, Omar Perotti. También a Perotti le dedica empalagosos elogios en otra publicación, lo que contrasta con su supuesta agudeza al criticar al resto de los dirigentes políticos.

“Tampoco se priva de compartir mensajes y contenidos de la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

“Todo esto, siendo funcionario del Poder Judicial de Santa Fe. Y para que no queden dudas de esa simultaneidad, en su blog personal (https://www.marcelosainblog.com/) se define en estos términos: ‘Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales; Profesor e investigador, UNQ; Director Provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Santa Fe; Peronista’ “.

El dictamen de la Comisión de Acuerdos, elaborado por su presidente el diputado Bastia, realiza el siguiente análisis: “Los hechos relatados por el senador Enrico, tanto en su pieza introductoria como en su formal requerimiento acusatorio, pueden conglobarse en tres grandes ítems a efectos de su análisis y contrastación con el marco normativo vigente y con los estándares de actuación que cabe exigir al Director Provincial del Organismo de Investigaciones: a) Desplegar conductas que demuestran su intervención directa o indirectamente en política (proselitismo y propaganda art. 212 inc. 1 LOPJ; art. 45 inc. 1 Ley 13.013; art. 9 Ley 13.459; actuación política art. 89 Constitución Provincial de Santa Fe); b) Desplegar conductas públicas que afectan la confianza en la función que cumple en el Ministerio Público de la Acusación (art. 48 inc. 2 Ley 13.013); c) Observar una conducta reprochable que afecta su deber de guardar absoluta reserva de todo lo relativo con sus funciones (art. 213 LOPJ).”

Luego detalla las instancias para presentar descargos que el enncartado no aprovechó y que fuera de término presentó una impugnación sobre su acusador. Dice que en la sesión del miércoles 27 de noviembre “el pretenso descargo del acusado derivó en manifestaciones ajenas al estricto ámbito del objeto del presente trámite disciplinario, sin llegar en ningún momento a contestar la imputación formulada por el acusador. En lo sustancial, puede decirse que la audiencia del acusado no fue aprovechada para plantear una teoría del caso distinta y alternativa a la de la acusación, sea negando, cuestionando o controvirtiendo los hechos, o bien proponiendo una interpretación distinta sobre la valoración jurídico-institucional de los mismos o una valoración diversa sobre la prueba de cargo producida y agregada”.

“Tampoco -sigue- en esta instancia se ofreció prueba por parte de la defensa. De todos modos, atento a la falta de una defensa en sentido sustancial o material, todo ofrecimiento en este sentido hubiera adolecido de una insalvable impertinencia: en efecto, al no haberse controvertido la plataforma fáctica contenida en la imputación, no existiría hecho o circunstancia alguna integrativa de la litis susceptible de ser acreditada.”