En las últimas horas, Javier Milei cargó contra gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", mientras los acusó de que "no jugaron limpio".

El presidente recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

“Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó el presidente en una entrevista emitida por CNN.

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es", afirmó.

"Soy más afín a las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden", expresó.

En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.

"No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista”, sumó

Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra “lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables”.

El presidente Javier Milei suspendió la habitual reunión con sus ministros y secretarios que suele encabezar cada martes y jueves de las semanas. Se trata de una jornada clave para el Gobierno debido a que desde las 11, la Cámara de Senadores debatirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, muy a pesar de las voluntades del mandatario.

Se trataría de una decisión que responde a incompatibilidades en la agenda de los funcionarios: “agenda full”. “Ya el martes fuimos pocos”, respondió un funcionario que participa de los encuentros.

Asimismo, tras la puja del Poder Ejecutivo para evitar dar tratamiento al DNU en la sesión convocada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, aseguran que “no hay crisis en el Gabinete”.

Cuando los relojes daban las 8.34, el Presidente cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada y desde entonces se recluye en su despacho. Portando su habitual campera de cuero y pantalón cargo, el mandatario permanece en el Palacio de Gobierno de donde se espera que siga la sesión que parece encaminarse hacia una gran derrota.

Tras la convocatoria de Villarruel, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que alertó que el Gobierno espera que "el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ´anotarse´ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos".

Por los pasillos de Casa Rosada admiten que no responde a la voluntad de Milei dar tratamiento al DNU “básicamente porque no están los números y lo van a rechazar”, pero entienden que “dentro del Congreso las cosas no son tan lineales”.

Lo cierto es que la relación entre el Presidente y su Vice no transita sus mejores épocas, pero esto no imposibilita que mantengan el diálogo fluido, aunque formal. Con el pasar de las semanas, Villarruel dejó de asistir con la frecuencia con la que lo hacía a las reuniones de Gabinete que se celebran en el salón Eva Perón y su participación se volvió cada vez más esporádica.

Su último presente data del jueves 7 de marzo, jornada en la que Milei debió ausentarse y el intercambio lo encabezó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Con sus más de 660 artículos, el proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", enviada por el Presidente Javier Milei al Congreso Nacional, mantiene vivo el debate desde todos los sectores políticos del país: algunos por el rechazo, otros por el acompañamiento con reparos y otros (se podría arriesgar que pocos) por una adhesión sin peros.

En un enero inusual por la notable actividad legislativa en el Congreso, luego de la convocatoria a extraordinarias para analizar la voluminosa ley ómnibus, el "semáforo" con que se analiza cada capítulo del mega proyecto rige para los bloques de la Cámara de Diputados pero también para gobernadores que, agrupados de acuerdo a pertenencias partidarias o intereses territoriales compartidos, se reúnen para defender sus propios argumentos o, en todo caso, los de su provincia. En un país extenso y diverso como la Argentina, cada región productiva tiene algo para decir frente a un proyecto de ley que abarca prácticamente todos los órdenes de la vida privada y pública.

"No está descartada" la posibilidad de sesionar este sábado, dijo hace algunas horas el vocero presidencial Manuel Adorni. Esa es la intención de oficialismo, manifestada también por el presidente de la Cámara baja Martín Menem quien en la agenda de reuniones sumo en las últimas horas a Santiago Caputo, figura cercana al mandatario nacional. La estrategia sería contar con un dictamen este viernes y apurar el tratamiento del proyecto de ley durante el fin de semana, antes del paro anunciado por la CGT para el miércoles 24 de enero.

Sin embargo, desde la vereda de enfrente y aún desde la oposición "amigable" como se denomina a sectores del PRO, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, dispuestos a acompañar con cambios algunos tramos del mega proyecto, consideran prudente esperar a la semana próxima y llegar al recinto con un dictamen ordenado.

Los aspectos en los que se centran las discusiones y que no logran acuerdo de la mayoría se concentran en la variación de la movilidad de haberes jubilatorios, el porcentaje de retenciones para las economías regionales, la privatización de empresas públicas y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, por mencionar algunas. Otros temas, como la reforma electoral y política, quedarán muy probablemente para ser tratadas en sesiones ordinarias.

Todo esto ocurre mientras se aguarda para este viernes a primera hora el regreso del Presidente Javier Milei, procedente desde Davos (Suiza) luego de participar del Foro Económico Mundial.

Mientras tanto, este miércoles cerraron las seis jornadas de exposiciones ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Los primeros tres días estuvieron reservados a 13 funcionarios del gabinete nacional quienes respondieron preguntas y explicaron detalles de parte del articulado de la norma, todo matizado con picantes intercambios y no pocos exabruptos de uno y otro lado.

Luego, ya durante esta semana, fue el turno de representantes de la sociedad civil, la denominación que se dio a más de 200 empresarios, organizaciones, sindicatos y demás referentes alcanzados por algún punto de la mega reforma impulsada por Milei.

Claro que el debate trasciende las paredes del Congreso Nacional. Gobernadores, legisladores, gremios e intendentes de Unión por la Patria (UxP) tenían previsto reunirse este jueves para fijar una posición ante el debate por la ley "Bases". También está en la agenda el modo de participación en el paro general y la movilización que la CGT llevará adelante el miércoles próximo. Se espera allí la presencia del jefe de la bancada opositora Germán Martínez, muy activo en las reuniones informativas ya mencionadas.

Por su parte, la "junta de gobernadores" de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pidió este miércoles cambios en los artículos vinculados a la producción de hidrocarburos de la ley "Bases", en defensa del "dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos". Allí estuvieron los gobernadores y representantes de las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego quienes suscribieron un documento conjunto con estos y otros planteos.

El martes fue el turno de cinco mandatarios provinciales, que se referencian con la "oposición dialoguista", los que se reunieron por zoom para unificar criterios con legisladores nacionales de sus bloques.

De acuerdo a lo publicado por Infobae allí estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) para intercambiar puntos de vista con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, Damián Arabia, del PRO, y Rodrigo De Loredo y Alejandro Cacace por la Unión Cívica Radical (UCR).

En las últimas horas se conoció la opinión del gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien ratificó su postura de no acompañar el aumento a las retenciones que promueve el Gobierno nacional, al sostener que es un "mal impuesto que afecta a nuestros sectores productivos". "Estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno (nacional), para ver de qué forma puede equilibrar económicamente esta medida para no volver a cometer errores del pasado", replica la web de Casa de Gobierno.

La última jornada de exposiciones en el plenario de comisiones culminó este miércoles sin ninguna fecha certera de nueva convocatoria. Y, si bien es deseo del oficialismo aprobar la ley "lo antes posible", todo indica que el recinto de la Cámara baja tendrá que esperar a la semana próxima para volver a ser habitado.

El proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso establece férreos controles a las movilizaciones y penas de prisión efectiva para quienes corten calles u organicen piquetes.

En el artículo 326 plantea una modificación al Código Penal de la Nación para que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses".

"Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado", indica el texto de la norma.

Además, Milei plantea penas más altas de entre dos y cinco años para "quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

"Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta", agrega el texto.

Según el articulado, "los organizadores de las reuniones o manifestaciones, serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación".

En caso de que un menor de 13 años esté en la calle sin sus progenitores "la autoridad pública que así lo constate deberá cursar inmediato aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nacional o correspondiente a cada jurisdicción".

Posiblemente el artículo 333, relacionado al 326, sea uno de los más polémicos. El mismo indica: “Notificación. Toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas”.

Este hace referencia al 331, el cual indica: “Entiéndase por ‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

Con los “derechos aludidos” se referiría a impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social.

Estos fragmentos del documento generaron ruido en diversos sectores por las eventuales interpretaciones subjetivas a las cuáles podría estar atado al momento de aplicación, a pesar de las correspondientes aclaraciones.

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves la Asamblea Legislativa que oficializó a las dos fórmulas que se disputarán la Presidencia de la Nación el próximo 19 de noviembre en el balotaje.

Como una formalidad, diputados y senadores de todos los bloques se dieron cita en el recinto de la Cámara baja para ratificar a los participantes de la segunda vuelta, Sergio Massa y Javier Milei.

El ministro de Economía asistió a la Cámara baja y se quedó en uno de los palcos, concentrando la atención y los aplausos de los legisladores oficialistas. Milei, por su parte, observó la sesión desde su banca de diputado nacional.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó, tras la lectura de los resultados de la elección del 22 de octubre, que quedaron proclamadas las fórmulas que competirán en el balotaje.

La senadora del Frente de Todos (FdT) Lucía Corpacci, por su parte, leyó los resultados de los comicios e informó que el binomio conformado por Massa-Agustín Rossi obtuvo 9.853.492 votos (36,78 por ciento) y el de Javier Milei-Victoria Villarruel consiguió 8.034.990 sufragios (29,90%).

La Asamblea fue presidida por Fernández de Kirchner, junto a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Crédito: NATambién informó que la fórmula conformada por Patricia Bullrich-Luis Petri consiguió 6.379.023 votos (23,81%), el binomio de Juan Schiaretti-Florencio Randazzo 1.802.068 votos (6,63%) y la de la izquierda de Myriam Bregman- Nicolás del Caño alcanzó 722.061 votos (2,70%).

Previamente, una comisión integrada por seis senadores y seis diputados sumaron los resultados de cada uno de los 24 distritos del país, de acuerdo a la información suministrada por las Juntas Electorales de la Ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias.

Esa comisión fue integrada, además de Corpacci, por los senadores del FdT Ricardo Guerrera, de JxC Mariana Jury y Victoria Huala, del Frente Nacional y Popular Adolfo Rodríguez Saa, y de Juntos por Río Negro, Alberto Weretilneck, y los diputados del oficialismo Daniel Brue y María Rosa Martínez, de JxC Francisco Monti y Pablo Tonelli, de Identidad Bonaerense, Alejandro Rodríguez, y de la Libertad Avanza, Carolina Piparo.

La Asamblea fue presidida por Fernández de Kirchner, junto a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y se realizó en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.

De esta manera, se dio cumplimiento al artículo 120 del Código Electoral que establece que la Asamblea deberá "hacer la sumatoria (de votos) para determinar si se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional".

A partir de ese momento comenzará a correr un plazo de cinco días para que cada fórmula ratifique la voluntad de participar en el balotaje.

La última vez que se reunió la Asamblea Legislativa para ratificar un balotaje fue el 4 de noviembre de 2015, cuando competían Daniel Scioli y Mauricio Macri.

“Es una señal contundente de toda la dirigencia política unida contra el crimen organizado; hay que seguir avanzando recuperando con un Estado presente el territorio que ha ocupado el crimen organizado”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de fortalecimiento de la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe.

“Por fin estamos haciendo desde el Congreso lo que tenemos que hacer. Hemos logrado esto a partir del consenso entre todos los legisladores de la provincia, dejando de lado algunas actitudes que parecían más apuntadas a la especulación, a llevar agua para sus molinos utilizando la dolorosa situación que estamos padeciendo”, sostuvo el diputado nacional del Frente de Todos.

“Ahora esperamos una pronta aprobación de este proyecto en el Senado y que quienes tienen que instrumentar los nombramientos y la aplicación de las medidas previstas en la ley lo hagan con celeridad y eficiencia”, agregó.

“Tenemos que seguir aportando a un núcleo de coincidencias básicas que, más allá de las diferencias que podamos tener, cotejando proyectos y programas de gobierno, den forma a un partido del bien común y permitan que la provincia de Santa Fe lidere la recuperación del país”, sostuvo después el dirigente del peronismo provincial.

“Debemos mejorar la seguridad con un Estado cercano generando trabajo, educación, salud, resolviendo conflictos; con una coordinación firme, sólida, con una hoja de ruta clara. Ante este presente complejo tenemos que poner el corazón, tomar decisiones con coraje y hacer las cosas con amor y una clara vocación de servicio”, enfatizó Marcos Cleri.