"En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo". Fue la cuidada y escueta declaración de la diputada socialista Lionella Cattalini al día después de que la Cámara de Diputados de Santa Fe postergara por siete días el tratamiento, en el recinto, del mensaje del Poder Ejecutivo que lleva por título "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".

Si bien el último jueves, la Cámara de Diputados, votó dos de los tres mensajes del Poder Ejecutivo referidos a políticas de seguridad, el tema Herramientas es el que mayores diferencias abre especialmente entre el socialismo y el resto de la bancada. El interbloque de Unidos tiene 28 integrantes, 14 de ellos socialistas. Los radicales son 9; 3 mujeres tiene el Pro más los unipersonales representantes de Creo y de Uno.

El sello de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados tiene como fecha de ingreso del expediente generado por el Poder Ejecutivo el 14 de mayo último, a las 9.09. Dos meses atrás, viendo la falta de avances en el debate en comisiones, el radicalismo logró que el expediente sea considerado en forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Martín Rosúa (UCR) encabeza la primera; Cattalini la segunda.

Más allá del intercambio de opiniones sobre los alcances del proyecto, hubo dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades ligadas al derecho penal. La Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal asistieron a exponer en la primera jornada con advertencias de los ministros del tribunal superior y de Estrella Moreno Robinson sobre los riesgos de algunas de las figuras incorporadas en el texto.

La segunda reunión congregó a colegios de abogados más abogados rosarinos y entidades defensoras de derechos humanos donde las críticas fueron mayores. Este segundo encuentro motivó críticas solapadas en legisladores oficialistas e incluso en funcionarios de la Casa Gris.

Después empezaron cruces de borradores con posibles cambios que empezaron a preocupar al Poder Ejecutivo por entender que apuntaban contra el corazón de la reforma. El paquete titulado Herramientas abarca 9 reformas al Código Procesal Penal así como retoca un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia; 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y al Código de Convivencia.

Fue el presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig quien marcó en la sesión del 22 de octubre la postura del Ejecutivo y del radicalismo cuando en el final de reunión apuró a la Cámara Baja a que apruebe el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, aclarando que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.

Pullaro habló el último miércoles ante personal del Servicio Penitenciario. "Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos" y ante cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, fue contundente ante los cronistas: "Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional".

Luego, otras espadas radicales como José Corral y Rosúa dijeron estar dispuestos a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo y el día antes de la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Actores admiten que fue una reunión dura, con polémica y cruces políticos.

El jueves, Unidos no pudo sintetizar un dictamen en las comisiones mientras la oposición esperaba en los pasillos aunque varios de los sectores anticiparon que votarán en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.

Tras la sesión, Corral y Cattalini hablaron sobre los temas votados y fueron muy escuetos en sus respuestas sobre el tema Herramientas. El resto del bloque socialista hizo silencio. Dicen que hay capítulos del proyecto que no pueden votar y entienden que la salida es con más diálogo hasta buscar un acuerdo.

Los radicales dicen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y reprochan que los socialistas no valoran lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo siguen dispuestos a explicar por qué las medidas solicitadas y entienden que pueden votarse hasta por partes sin alterar el propósito.

Hasta el jueves, habrá plazos para encontrar el acuerdo en Unidos. Desde el socialismo no se escuchó como alternativa romper la coalición. Es más, el ex gobernador Antonio Bonfatti -hoy diputado provincial- se sumó al streaming del jueves último en el acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983. Ese día, el socialista fue elegido presidente comunal de Las Parejas, uno de los pocos socialistas victoriosos en la vuelta a la democracia.

El Ejecutivo seguirá poniendo el acento en la seguridad pública ya de cara a la campaña electoral que se avecina. El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027 destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $ 2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.

Mientras Unidos seguía trabado en el tema Herramientas en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibía a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la concurrida jornada de la ronda de negocios de RIGI en Rosario. La foto no pasó inadvertida y abrió especulaciones.

Uno de los temas que genera polémicas en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. En este aspecto, el Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa, pensada para los primeros momentos investigativos. La reforma pretende facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas.

Por otra parte, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

Otro tema que genera divisiones es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. De hecho ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación, se dice en los fundamentos. "No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia", expresa el mensaje.

Además prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

La Cámara de Diputado sancionó la ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal; votó con algunos cambios el mensaje del Ejecutivo para tratar de cortar el negocio de teléfonos celulares robados y difirió, en principio por una semana, el tratamiento de la reforma a seis leyes propuestas en la llamada Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública.

Sobre los tres temas hubo posturas encontradas en la Cámara de Diputados y en el caso de Herramientas la propia coalición oficialista de Unidos no pudo lograr consensos para emitir el dictamen para llevar al recinto. Radicales y socialistas mantuvieron diferencias en cuanto al mensaje del Poder Ejecutivo que propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, más una amplificación de facultades policiales para casos especiales.

Este mensaje debía tener dictamen de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales que realizaron dos audiencias para escuchar posturas sobre el tema y no pudo emitir dictamen este jueves más allá de un cuarto intermedio solicitado por Unidos para demorar la continuidad de la sesión. Hasta el momento, las diferencias están en el seno de Unidos y los bloques opositores todavía no opinaron más allá que el interbloque justicialista y el Frente Amplio por la Soberanía ya anticiparon que votarán por el rechazo.

El miércoles, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron a reunirse con el bloque de diputados de Unidos y ratificaron que para la Casa Gris es importante votar el texto enviado el 14 de mayo. Los representantes radicales del oficialismo respaldaron la postura mientras que en el socialismo hay reparos a varios de los artículos, especialmente a cederle mayores facultades a la policía y crear zonas especiales de actuación policial.

Las diferencias fueron demorando el inicio de la sesión hasta que finalmente el oficialismo resolvió solicitar la renovación del tratamiento preferencial para el jueves venidero. "Sin algunos cambios, no estamos dispuestos a acompañar; sí vamos a seguir dialogando para darle herramientas al Ejecutivo. Diálogo, diálogo, diálogo", dijo el jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco al retirarse de la Legislatura.

Antes, en votación dividida, la Cámara aprobó el mensaje que apunta a conformar un sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, iniciativa que apunta especialmente a evitar el robo de aparatos de telefonía celular y el negocio irregular que se genera tras ese delito. El oficialismo acompañado en general por los diputados "celestes" junto 35 votos contra 11 de rechazo del peronismo y la izquierda para votar el dictamen que reforma algunos textos y lo devolvió en revisión al Senado.

Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar (votos celestes) si bien votaron en general, rechazaron algunos artículos.

Fue el radical José Corral el encargado de fundamentar el proyecto al que definió como otra herramientas para brindarle al Poder Ejecutivo para avanzar en las políticas de seguridad pública. "Proponemos algunas reformas al texto votado por el Senado para mejorar el sistema que apunta a desactivar uno de los hechos más preocupantes de la seguridad que es el robo de teléfonos celulares y su comercialización en un mercado ilegal", explicó.

Ximena Sola (Pro), Lionella Cattalini (PS) y Martín Rosúa sumaron argumentos desde el oficialismo. Celia Arena, Marcos Corach y Alejandra Rodenas cuestionaron desde el justicialismo. "Este proyecto es la punta del iceberg del monstruo que está apareciendo" disparó la ex vicegobernadora.

El sistema crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de esos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.

La base es la facultad policial de solicitar el IMEI o identificador único equivalente del dispositivo telefónico para determinar si fue adquirido en forma legal o ilegal. Desde la oposición o de sectores que acompañaron con reservas el texto se advirtió la posibilidad de que la policía ingrese a los datos de la línea telefónica y acceda a información privada.

"Las personas están obligadas a exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos a requerimiento de autoridad competente", dice un artículo que fue cuestionado por toda la oposición y votado solo por Unidos.

En cambio, el mensaje sobre el sistema público de Defensa Penal tuvo 34 votos positivos y 13 abstenciones correspondientes al justicialismo, a la izquierda y a Inspirar y fueron Lucila De Ponti y Fabián Palo Oliver los que fundaron la postura. El segundo cuestionó que en el sistema de Defensa conviva la atención a las víctimas y la atención a los propios policía si incumplieron con el deber.

El texto votado faculta a la Defensa a crear unidades especiales -entre ellas para defensa de policías- y dispone añadir ocho cargos de Defensor Público.

Ivana Fux - Emerio Agretti

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a reconocer que los jueces de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco “le dejaron mucho” a la provincia, pero que “estamos convencidos de que es fundamental que la Justicia se pueda renovar”. Y defendió el rol de la Justicia frente a las reformas en leyes de seguridad, como alternativa al “garantismo bobo”.

Al ser consultado por el periodismo, luego del acto de ascenso de penitenciarios, y tras explayarse sobre los logros obtenidos por la gestión en materia de seguridad pública y destacar el desempeño y la vocación de los agentes de ese sector, el mandatario se refirió al esperado anuncio de las renuncias de los dos jueces.

La decisión se hará operativa el próximo 30 de noviembre y dará fin al proceso de renovación del Alto Tribunal, con el ingreso de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

“Nosotros tenemos un proceso de digitalización en la provincia de Santa Fe donde se pueden utilizar de manera mucho más eficiente los recursos que tiene el Estado y desde ese lugar hay que tener una mirada moderna de cómo el Estado se puede ir reformando y cómo cada uno de los poderes puede ir mejorando”, se explayó Pullaro.

Puso como ejemplo de ello la demostración de que “con menos empleados públicos que hoy tiene la provincia se puede prestar mejores servicios. Nadie duda que tenemos mejor servicio de educación, mejor servicio de salud y mejor servicio de seguridad. Bueno, la Justicia también tiene que ir a un proceso en donde ajuste muchas cosas y pueda ir mejorando”.

En ese punto, consideró que las etapas de Gutiérrez y Falistocco “ya estaban cumplidas” y que, en el marco de un proceso de diálogo institucional, la Legislatura votó los pliegos para seis nuevos jueces. Además de los nombrados, los cuatro que ya integran el tribunal: Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel, junto a Daniel Erbetta.

“Son personas que pueden garantizar que no haya garantismo bobo por parte de la Justicia. Porque durante mucho tiempo se romantizó el delito en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina”, consideró.

“Nosotros no decimos que no se respetan las garantías constitucionales. Al contrario, Santa Fe es ejemplo", advirtió el mandatario.

Yo estuve en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, y todos ven lo que hicimos como un proceso complejo de construcción de seguridad pública, en donde se logró bajar los índices de violencia y de delito, pero fundamentalmente se lo hizo respetando las garantías constitucionales, no como en otros lugares de la República Argentina”, sostuvo.

En ese contexto, dejó en claro que “cuando tengamos las nuevas cárceles, cuando tengamos las nuevas unidades, principalmente la de alto perfil, cuando sigamos avanzando con la tecnología, va a ser más fácil controlar. Pero no es sencillo. Y así como mandamos un paquete de proyectos a la legislatura, vamos a mandar más leyes para pedirle más herramientas”.

Al respecto, remarcó que en ningún caso se avanzará sobre las garantías constitucionales, y cifró las críticas en que “a veces se escucha más a los defensores, a los abogados penalistas, la mirada que tienen y obviamente, ¿qué van a decir los abogados penalistas?”.

En ese punto, dejó en claro que “la Corte bajo ningún concepto se manifestó en ningún momento en el sentido de que alguna de las leyes que nosotros mandamos sea inconstitucinal. Sí los abogados penalistas, que obviamente tienen un objetivo, que es el defender a los delincuentes que hace 3 años mandaban a matar, mandaban a extorsionar, mandaban a robar y le pagaban sus honorarios”.

“Pongámosle seriedad a la discusión. Nosotros nunca vamos a mandar algo que viole la Constitución. De hecho, nosotros reformamos la Constitución, pero queremos que la sociedad pueda vivir en paz”, completó.

Ivana Fux - Luis Rodrigo

La Corte Suprema de Justicia tiene previsto concurrir, en pleno, a una reunión de trabajo y debate de las comisiones que presiden el radical Martín Rosúa (Seguridad Pública) y la socialista Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales y Legislación General) de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El presidente de la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, estará acompañado por los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel.

En la jornada, además, se ha previsto también la visita de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que enviará a representantes de la fiscal general María Cecilia Vranicich que ya ha adelantado su imposibilidad de asistir y al Ministerio Público de la Defensa, con la presencia confirmada de su defensora general, Estrella Moreno Robinson.

Las autoridades de la Justicia y de los órganos acusadores fueron invitados por Diputados para debatir sobre el alcance, contenido y objetivos de numerosos proyectos de ley del Poder Ejecutivo Provincial que discute la Legislatura en materia penal y de seguridad.

La Corte decidió este miércoles por la mañana asistir lo que es interpretado como un cambio respecto de otros episodios similares. Hasta el momento, en la Corte ha primado el criterio de no opinar sobre temas que luego pueden llegar a dictamen del máximo tribunal, por ejemplo, por la constitucionalidad o de los artículos.

Ciertamente, este parece el caso por la densidad de las modificaciones propuestas en cuanto a derechos, garantías y límites en el proceso penal santafesino.

La cita a la Corte fue cursada para las 13.30 y la respuesta institucional será elaborada en el Acuerdo semanal que se realizará este mismo miércoles en horas de la mañana.

Más allá de actos protocolares o bien institucionales como la apertura de Sesiones Ordinarias, la última vez que todos los miembros de la Corte fueron a Legislatura fue para presentar postura sobre los temas que sobre la justicia debía debatir la Convención Reformadora. Luego, a pedido del Senado hubo una reunión pero en Tribunales por el tema de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.

Tal como informara recientemente El Litoral “el interbloque de Unidos propuso que se haga un tratamiento conjunto del mensaje sobre las herramientas entre las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General".

"En la última sesión, se votó que también sea traten en ambos comisiones otros del mensajes del Ejecutivo: en de intervención en mercados ilícitos de celulares y otro para crear dentro del sistema de la Defensa Pública unidades especiales, para, por ejemplo, defender a efectivos de las fuerzas de seguridad.. Estos dos últimos proyectos ya tienen el aval del Senado”.

La diputada socialista Lionella Cattalini ingresó un proyecto de ley para regular uno de los institutos claves previstos por la reformada Constitución de Santa Fe, como es el Tribunal de Enjuiciamiento para jueces, fiscales y defensores del Ministerio Público.

La decisión, una vez sancionada, quitará a la Legislatura el control de la conducta de fiscales y defensores.

Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara y hoy vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, presentó el proyecto sobre una temática que también viene siendo analizada por el Poder Ejecutivo pero que hasta el momento no remitió el mensaje a las cámaras.

"Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor", destaca la cláusula transitoria número 12 de la Constitución.

La reforma trajo consigo la manda de reglar tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público para escoger los futuros integrantes del Poder Judicial.

En el Poder Ejecutivo se trabaja en definir los alcances de ambos institutos pero Cattalini resolvió avanzar con el proyecto propio sobre uno de ellos, no sin antes dar cuenta a la Casa Gris de su decisión.

"Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes", sostuvo la socialista.

La reforma de la Constitución, entre otras cosas, redefinió el régimen de enjuiciamiento de magistrados, procuradores, fiscales y defensores y dispuso la necesidad de crear un nuevo jurado para juzgar jueces, fiscales y defensores por faltas graves o delitos dolosos. Hoy los magistrados son sometidos a Jury que integran la Corte, un legislador por cámara y dos abogados. Fiscales y defensores son investigados por la Comisión de Acuerdos de Legislatura que luego eleva las actuaciones al pleno de las dos cámaras.

El proyecto de Cattalini apunta a reglamentar lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Constitución, que crean el Jurado de Enjuiciamiento, establece las causales de remoción, fija los principios que deben regir el procedimiento y remite a la ley la regulación de su integración, funcionamiento y del órgano encargado de ejercer la acusación.

"Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales y defensores, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad", explicó.

El proyecto socialista prevé que el nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras y con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios de la provincia.

"Durante la reforma constitucional discutimos cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia. También planteamos que quienes tienen responsabilidades judiciales deben contar con mecanismos claros para ser controlados y rendir cuentas. En el enjuiciamiento, eso implica dejar atrás la lógica corporativa y establecer reglas comunes para jueces, fiscales y defensores", sostuvo Cattalini.

La diputada destacó el alcance del cambio que propone la iniciativa: "Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas".

La legisladora socialista remarcó que el desafío ahora es avanzar con el debate legislativo: "La nueva Constitución ya definió el camino y ahora nos toca a nosotros hacerlo realidad. Por eso es importante que este proyecto sea debatido en la Legislatura, con todos los aportes necesarios, para que Santa Fe tenga un sistema de enjuiciamiento moderno, transparente y con reglas claras".

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un pedido de informes presentado por los justicialistas Marcos Corach y Lucila De Ponti a los efectos de saber los criterios de la Empresa Provincial de Energía para derivar a ejecutores fiscales el cobro de deudas de usuarios residenciales por consumos eléctricos.

"Motiva el proyecto nuestra profunda preocupación al tomar conocimiento de situaciones que denotan una grave desproporción en la política de recupero de acreencias por parte de la EPE. Esta situación se materializa en el inicio de juicios ejecutivos y la posterior traba de embargos sobre sueldos de trabajadores en relación de dependencia por sumas millonarias", explicaron los autores.

"Vemos la necesidad imperiosa de contrastar el rigor procesal aplicado contra trabajadores individuales frente a las facilidades o esquemas de regularización que pudieran estar otorgándose a grandes consumidores y deudores corporativos. A su vez, es vital constatar el crecimiento efectivo de los niveles de mora general como correlato de los ajustes en el cuadro tarifario provincial", acotaron.

El primer punto del pedido es para que se informe cuál es el protocolo o criterio normativo interno que define el pase a cobro judicial de acreencias de usuarios residenciales, detallando a partir de cuántos períodos impagos o qué montos adeudados se autoriza el inicio de este tipo de ejecuciones.

A 48 horas de que la reforma electoral llegue al recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el peronismo mantiene contactos informales con el oficialismo a través de algunos de sus legisladores, pero aguarda una convocatoria más orgánica para poder hacer partícipes de la discusión a los diferentes integrantes del interbloque que representa al Justicialismo en el cuerpo.

El PJ tiene su propia iniciativa sobre la temática. Fue ingresada, incluso, antes de que se presentaran los proyectos del oficialismo. El mensaje reúne los principales aspectos a modificar y fija postura sobre los puntos de mayor controversia. Uno de ellos, el umbral de votos a alcanzar para participar de la elección general. El peronismo propone 3,5% del padrón, a diferencia de la recomendación deslizada la semana pasada por Oscar Blando de tomar como referencia los votos emitidos (y no el padrón) para evitar una ley restrictiva y que cercene la participación de las fuerzas minoritarias.

Sin embargo, fuentes del PJ consultadas por El Litoral así como consideraron válido el argumento de no perjudicar a los partidos más pequeños, también advirtieron acerca de la necesidad de encontrar "un equilibrio" para evitar el alto nivel de "atomización" que se genera ya actualmente en la composición del cuerpo y que podría ser mayor aún al haber quedado eliminada la mayoría automática.

El peronismo defiende, por otra parte, el sistema elecciones primarias para la definición de candidatos. Ratifica el uso de la Boleta Única y plantea que se sostengan los cinco cuerpos (uno por cada categoría a renovar), tal como se la viene utilizando.

En otro orden, consideran que el Secretario Electoral de la provincia debe seguir siendo un funcionario de carrera, a diferencia de los proyectos del oficialismo que sugieren una renovación cada cuatro o seis años.

Finalmente, evitan fijar una posición pública sobre una eventual interna entre postulantes a la vicegobernación, con el argumento de que tal opción no ha trascendido el nivel de las conversaciones de pasillo; hasta el momento, no figura en ninguno de los proyectos presentados.

En el plano del oficialismo, maduran algunos acuerdos. Respecto del umbral o piso electoral, más allá de los porcentajes, se plantea ahora la discusión en términos de cantidad de votos. Y se aspira a que la meta sean los 100 mil sufragios. En ese escenario, el porcentaje no sería ni 3,5 como plantea el PJ ni 5 como propone la UCR, sino un valor intermedio que rondaría el 3,7 ó 3,8%.

Respecto del número de boletas, se optaría por tres, un número intermedio entre las cinco que pide el PS y las dos a las que aspira el radicalismo.

En cambio, los temas que prometen discusión hasta minutos antes de ingresar al recinto son la interna entre vices y la elección de estatuyentes. Con respecto a este último punto, uno de los aspectos a definir es si quienes se postulen para la elección de dichos cargos, también podrán competir como postulantes en otras categorías. La elección de estatuyentes debería celebrarse en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

El domingo 24 de julio de 2011, Santa Fe definió sus poder Ejecutivo y Legislativo para el período 2011/2015 bajo el sistema de Boleta Única y uno de los primeros efectos fue que la fórmula elegida para la gobernación y vice no se impuso en la categoría de diputados provinciales. Era la primera vez que ocurría desde la vigencia de la Constitución de 1962 que previó una mayoría de 28 sobre 50 diputados a la lista ganadora para darle gobernabilidad a la Casa Gris. La situación se repetiría en 2019 donde Omar Perotti - Alejandra Rodenas fueron elegidos pero la mayoría de Diputados fue para el Frente Progresista.

Ese domingo de 2011, el socialista Antonio Bonfatti y el radical Jorge Henn fueron elegidos para conducir la provincia durante los siguientes cuatro año en la continuidad del Frente Progresista. Pero en la categoría Diputados fue la justicialista María Eugenia Bielsa la ganadora arrastrando a una bancada de 28 miembros. Los restantes 22 lugares se repartieron entre el Frente Progresista (15), Unión Pro Federal (6) y Movimiento Sur (1). El justicialismo también se quedó con el control del Senado que venía detentando desde 1987 y que recién se rompió en 2023.

La disociación entre Ejecutivo y Legislativo fue el primer efecto visible del sistema de Boleta Única, sistema de votación en el cual oferta electoral completa de un comicio se concentra en un único impreso oficial, diseñado, distribuido y fiscalizado por el Estado. En el caso de Santa Fe es una boleta por categoría. "El voto cruzado", lo llaman los politólogos.

A diferencia del sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, la autoridad de mesa le entrega al votante una boleta firmada en el momento de votar. El ciudadano marca con una lapicera su opción en un box sin necesidad de sobre, y la introduce directamente en la urna de la categoría.

La Boleta Única tuvo como gran impulsor en Santa Fe al entonces diputado Pablo Javkin (hoy intendente de Rosario); fue votada en forma dividida en la Cámara Joven y sancionada sobre fines de noviembre de 2010 por el Senado cuyos integrantes entendieron las bondades del sistema de la foto. Desde la vigencia de la Boleta Única, la mayoría de los senadores logró reelegir sucesivamente.

La intención legislativa en 2011 era que la ley se utilizara desde la elección general y no en la PASO. El entonces gobernador Hermes Binner vetó ese artículo, el sistema se estrenó en la Primaria y luego se lo usó en la general.

A la hora del decreto reglamentario hubo miradas encontradas en el seno del Frente Progresista entre la postura del Ejecutivo y la de legisladores radicales que postulaban tres boletas únicas: una que contenga los candidatos a gobernador y a diputados provinciales; otra con los senadores en cada departamento y la restante con intendentes y concejales. La postura del Poder Ejecutivo fue cinco boletas, una para cada categoría.

Así el primer efecto fue el aumento del voto cruzado (desacople de categorías) que impactó no solo en la Legislatura sino también en muchos de los concejos municipales. Las cinco boletas le permiten al votante evaluar cada categoría de forma independiente. Se terminó el efecto arrastre, las simpatías políticas han perdido efecto en los últimos años y empezó la personalización de la política favorecido por el diseño de la boleta con fotos de los candidatos que -en muchos casos- tiene mayor visibilidad que el partido o la alianza política.

A Bonfatti le tocó gobernar durante cuatro años con las dos cámaras en manos del justicialismo; a Perotti con Diputados dominada por la oposición y con justicialistas en el Senado.

La boleta y la urna santafesinas.

El tema recobra actualidad cuando en Santa Fe se está discutiendo la futura ley electoral, o el futuro Código Electoral, o Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral como se titula la iniciativa de los legisladores de la UCR, el partido que desde Unidos conduce el Poder Ejecutivo.

La discusión es una derivación de la reforma de la Constitución del año pasado que quitó la mayoría de 28 integrantes a la Cámara de Diputados y dispuso que los 50 lugares se distribuyan mediante el sistema D'Hont. En adelante, salvo contadas excepciones, los ejecutivos no tendrán mayoría propia en Diputados.

"Las categorías Gobernador, Vice Gobernador; Diputados Provinciales; y la categoría de Senador Provincial se incluirán en la misma boleta única. Las categorías de Intendente y Concejales, se incluirán en la misma boleta única", propone el proyecto radical.

La iniciativa socialista propone unir intendentes y concejales en la boleta y las restantes, todas individuales. Los diputados justicialistas apuntan a mantener las cinco categorías, con excepción de localidades con comisiones municipales donde sugiere llevar en el mismo el intendente y los comisionados.

En las semanas que vienen, el proyecto sobre código o ley electoral será uno de los debates centrales en la Legislatura donde hoy son parte de la Cámara de Diputados tanto Bonfatti como Perotti, los dos gobernadores que desde 1962 al año pasado tuvieron que cumplir sus mandatos sin mayoría propia en esa cámara y que tienen mucho para aportar a la hora del debate.

Santa Fe debatirá reformas en el plano electoral. Foto: Flavio Raina

Uno de los ejes centrales del debate será equilibrar las bondades de la Boleta Única que el ciudadano ha adoptado e incluso también ahora se utiliza a nivel nacional, con la necesidad de fortalecer partidos políticos pero también con el fomento a la participación.

Añadido a la Boleta Única está el tema de los pisos de votos necesarios para entrar a la discusión de distribución de bancas en Diputados y en los diferentes concejos municipales. El piso alto de votos apunta a que la distribución de bancas sea entre menor número de alianzas o partidos; un piso bajo abre más la posibilidad de reparto de lugares en las cámaras y esa es la otra gran discusión de la reforma electoral.

La Cámara de Senadores completó la sanción de una ley sobre los plazos y otros aspectos del juicio abreviado, que fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y que, tras su paso por Diputados, recibió modificaciones que ahora conforman la norma.

El texto de la Casa Gris llegó a la Legislatura el 12 de marzo pasado y contó con media sanción en unas pocas semanas, el 9 de abril por parte de los diputados. Ahora, por unanimidad, los senadores completaron el trámite legislativo.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

Inicialmente la Casa Gris había pedido la modificación de un artículo del Código Procesal Penal pero luego Diputados agregó otro, criterio que fue aceptado por la Cámara alta. Hubo senadores que participaron de las labores previas a esa modificación, que incluyeron consultas a funcionarios de Gobierno.

En el recinto, Rodrigo Borla por la mayoría y Rubén Pirola por el justicialismo explicaron que se busca dotar de “más herramientas” a los fiscales y también hacer más ágil el proceso.

El radical recordó que antes de los alegatos finales de fiscales y defensores, “tanto en los delitos de acción privada como pública”, existe desde hace años la posibilidad de que el acusado admita su culpa y así obtenga algún beneficio por su colaboración con la justicia.

“Lo que hace esta reforma -puntualizó- es cambiar plazos solo en casos de delitos de acción pública”, es decir en aquellos en los que se afecta a la sociedad. Ahora habrá solo tres días tras la notificación.

Y por otra parte, cambia el artículo 401 de la Ley 12.734 - Código Procesal Penal, que también procura acelerar los tiempos. Respecto del trámite judicial se ordena que “abierto el recurso, el Tribunal convocará a una audiencia con un intervalo no menor de tres días ni mayor de quince, según la urgencia o complejidad del caso, en la que se producirá la prueba y se oirá a las partes, las que podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos, salvo los previstos para el recurso de revisión”. Antes, esa audiencia era convocada luego de informar a las partes sobre el caso, lo que demandaba otros diez días. Eran en total hasta 25.

“Desde nuestro bloque acompañamos al votar de manera positiva esta norma: entendemos que son herramientas que brindamos al Poder Judicial para que sea más ágil y más eficiente”, ratificó Pirola.

Diputados y Senadores avalaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

En su último informe a los legisladores, la fiscal general María Cecilia Vranicich mostró datos estadísticos que ratifican que para el Ministerio Público de la Acusación son clave los juicios abreviados.

En su exposición referida a 2025, indicó que “transcurridos casi dos años desde la entrada en vigencia de la Ley 14.258 -publicada el 15 de abril de 2024- que reformó el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, corresponde efectuar una evaluación integral de su implementación y de los efectos institucionales derivados del control jerárquico de la Fiscalía General en materia de procedimientos abreviados”.

En otras palabras, la titular del órgano acusador llevó a la Legislatura una evaluación que parte de la estadística respecto de los resultados de las últimas modificaciones a la norma, al cabo de dos años de aplicación.

Subrayó “la disminución significativa en el porcentaje de acuerdos abreviados rechazados (por los jueces), que en 2024 representó un 3,3% y en 2025 apenas un 2,27%”. Sostuvo que existe “una adecuada adaptación de los órganos fiscales a las pautas orientadoras dispuestas para la individualización de penas y unificación de condenas”.

Además, para cuando se produjo la ponencia anual del MPA, ya estaba en discusión la nueva reforma. Fue también en abril, cuando Vranicich pidió a los diputados y los senadores que los “plazos sean perentorios” y así evitar que “los operadores judiciales luego tienden a no cumplirlos, interpretando que son plazos meramente ordenatorios”, que se argumente que “exigir su cumplimiento implica un ‘excesivo ritual manifiesto’, como ya lo ha dispuesto un juez de cámara”, lamentó.

La Mesa del Diálogo Santafesino peticionó ante las autoridades legislativas que se declare a Santa Fe como provincia "libre de discriminación y de discursos de odio" en el marco de un concurrido acto realizado en el hall de Legislatura y donde el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig aceptó el reto de presentar un proyecto para iniciar el camino.

Fue Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y presidente pro témpore de la Mesa el encargado de formular el pedido en el marco de una jornada de visibilización "por el respeto, la convivencia y la paz en la pluralidad: Santa Fe, provincia libre de discriminación y de discursos de odio".

En dicho marco, representantes de cuatro expresiones religiosas analizaron la actualidad de la encíclica Nostra Aetate (En nuestra época), considerado uno de los documentos más importantes e históricos del Concilio Vaticano II, promulgado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI.

El documento es una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los especialistas remarcan que si bien es el documento más corto del Concilio, marcó un antes y un después absoluto en la historia de la Iglesia Católica y su apertura hacia el diálogo interreligioso.

Felipe Michlig se comprometió a impulsar un proyecto de ley desde el Senado. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En la solemnidad del acto, donde además de De Palma estaban los rectores de la UNL, Laura Tarabella, y de la regional local de la UTN, Alejandro Tóffolo; el intendente Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi; el diputado José Corral; la defensora general Estrella Moreno y los distintos representantes de entidades intermedias, religiosas que participan de la Mesa del Diálogo, la soprano Susana Calegaris entonó Honrar la Vida.

En la previa al acto, hubo una conferencia de prensa donde se destacaron los alcances de la solicitud y Michlig dijo que había empezado a trabajar el proyecto de ley, mostró una copia de un primer anteproyecto que dará ingreso en las próximas horas sumando la firma de legisladores de todos los sectores políticos.

La Mesa del Diálogo Santafesino expresó una vez más "su profunda preocupación ante las manifestaciones de violencia y los discursos de odio que atentan contra la convivencia democrática y el respeto por la dignidad humana, en particular aquellos dirigidos a personas y comunidades por motivos religiosos".

De Palma, al hablar en el hall, reconoció "que la violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas o hechos visibles. También se manifiesta en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática".

Representantes religiosos analizaron la vigencia de la encíclica Nostra Aetate.

La Mesa se inició allá por el 2003 y el actual titular destacó que "desde nuestros inicios, nos convoca y moviliza la construcción de una sociedad que cobije y albergue a todos sus miembros, donde cada persona, sin distinción alguna, pueda desarrollar su vida en plenitud, con seguridad y en paz. Paz, no como una consigna abstracta, sino como condición indispensable para la vida individual y colectiva, y un compromiso cotidiano que nos involucra como comunidad".

Aclaró que entienden que "la paz no significa ausencia de diferencias o conflictos, sino la capacidad ética, social y democrática de tramitar esas diferencias sin convertir al otro en enemigo o amenaza. Por ello, rechazamos de manera absoluta toda forma de odio, discriminación o violencia. Ninguna expresión que promueva el desprecio, la exclusión o la agresión hacia el otro —y en particular aquellas basadas en diferencias religiosas— puede ser legitimada ni aceptada. No queremos el odio ni la violencia en nuestra sociedad, hacia nadie", afirmó.

"Los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social y afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

La Mesa del Diálogo Santafesino insiste en promover valores fundamentales como la convivencia pacífica, el respeto en la diversidad, el pluralismo y la no discriminación. "Estos principios deben traducirse en hechos concretos y sostenidos en el tiempo, con impacto real en la vida cotidiana de la comunidad santafesina", marcó De Palma.

Autoridades, universidades y entidades participaron de la jornada en la Legislatura. Crédito: Fernando Nicola

"En una época marcada por la creciente inmediatez de las comunicaciones, la circulación irresponsable de mensajes y la amplificación de expresiones que deshumanizan y agreden, resulta imprescindible promover una cultura del cuidado del lenguaje público, de la responsabilidad comunicacional y del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona humana", agregó.

Es en ese marco, la Mesa insta a las autoridades competentes a custodiar y defender la vida y la integridad de todas las personas, garantizando la plena vigencia del Estado de derecho, investigando los hechos de violencia y haciendo cumplir las normas que regulan nuestra convivencia democrática. Asimismo, convocamos a cada institución y a cada santafesino y santafesina a comprometerse activamente con el respeto, la empatía y el reconocimiento de la humanidad que compartimos".

Para la Mesa "toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia, y al mismo tiempo promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

Ya sobre el final instó a "defender la convivencia democrática no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferencias, el rostro humano del otro y la convicción de que toda persona posee una dignidad inviolable".

Felipe Michlig recibió, antes de la reunión, al intendente Juan Pablo Poletti con quien se analizó la posibilidad de realizar una remodelación de la plaza frente al Palacio Legislativo y que se ha convertido prácticamente en una playa de estacionamiento.

Con eje en la versión original de la plaza, se trabajaría en una propuesta para mejorar ese espacio verde.

El sacerdote Nicolás Houriet, Sebastián Vainstein (DAIA), el pastor Walter Altare por el Consejo de Pastores Evangélicos y Marwan Sawar Gill por la Comunidad Musulmana Ahmadí compartieron el panel sobre la encíclica Nostra Aetate.

El documento define la postura de la Iglesia frente a otras creencias, basándose en lo que los seres humanos tienen en común y en lo que conduce a la fraternidad universal. Fue publicada en 1963 por Pablo VI.

Este viernes, 1° de Mayo, después de más de 60 años, la Legislatura de la provincia de Santa Fe no abrirá sus puertas para recibir a senadores, diputados, empleados e invitados especiales para escuchar el mensaje del gobernador en la apertura del año legislativo.

La reforma de la Constitución -sancionada en septiembre del año pasado- amplió el período de sesiones Ordinarias que ahora se inicia el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre. Antes, el plazo ordinario iba del 1° de mayo al 31 de octubre con la posibilidad de las cámaras de extenderlo al 30 de noviembre, hecho que se repitió en todos los años.

"Ambas Cámaras se reúnen en sesiones Ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año", marca en su primer párrafo el artículo 75 de la novata Constitución. En esa fecha, Maximiliano Pullaro fue a Legislatura para su tercer mensaje de apertura de año legislativo. Fue domingo, el acto fue matutino y en vísperas de un feriado largo por el Carnaval.

En la historia institucional, Santa Fe tuvo varias fechas de apertura del año legislativo, siempre más limitado que el vigente. En los tiempos ordinarios, la iniciativa legislativa está en manos de las cámaras mientras que en extraordinario es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario.

La primera Constitución santafesina que fijó como fecha de apertura el 1° de mayo fue la de 1949, dictada en sintonía con la reforma nacional que impulsó el gobierno de Juan Domingo Perón. El golpe de estado de 1955 significó la derogación de ambos textos. En Nación se implantó la Carta Magna de 1853 con las sucesivas reformas y en Santa Fe la de 1907 que establecía las ordinarias entre el 1 de abril al 30 de junio.

La efímera Carta de 1921 había fijado el tiempo ordinario entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

En Santa Fe, la reforma constitucional de 1962 -sancionada en vísperas del golpe de estado- estableció la fecha de primer día de mayo. Fue Aldo Tessio, en 1964, el primero en ir a Legislatura en esa fecha. Había asumido en octubre del año anterior. Fue destituido en junio de 1966.

El siguiente mandatario en utilizar la fecha del 1° de mayo fue Juan Sylvestre Begnis en 1973 y repitió en los dos años siguientes. En 1976, el golpe terminó con su mandato y llegó la intervención federal.

Con el retorno a la vida democrática en 1983, el justicialista José María Vernet fue el primero en abrir, un 1° de mayo, los cuatro años legislativos que manda la Constitución. Lo propio ocurrió con Víctor Reviglio; Carlos Reutemann (dos mandatos), Jorge Obeid (también dos mandatos); Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti.

Ya Pullaro lo hizo en 2024 y 2025. En este último caso, ya con los 69 convencionales constituyentes electos y en su discurso planteó los desafíos que tenía la reforma a encarar. Allí, ante la Asamblea, el discurso tuvo un tono de convocatoria institucional donde hizo un llamado a construir una provincia sin privilegios. También planteó la necesidad de modernizar la Constitución de 1962 para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad, justicia y autonomía municipal.

Hubo jornadas especiales de inicio del ciclo legislativo. Así, en 2003, Reutemann fue unos minutos al Palacio Legislativo a entregar el informe de gestión a las autoridades de las cámaras. La ciudad de Santa Fe estaba golpeada por la inundación del Salado, con miles de evacuados y agua en las calles. Fueron muy pocos los legisladores que pudieron llegar para participar del acto que no tuvo invitados especiales, no tuvo banda de policía ni cadena provincial.

Los siguientes años fueron atravesados por determinadas protestas a los gobernantes en la Plaza Italia y de movilizaciones de partidarios de los gobiernos. La nota más discordante fue durante la gestión de Bonfatti cuando familiares de víctimas de delitos expresaron su bronca ante el propio gobernador cuando marchaba hacia la Legislatura.

Después, ya con Perotti, en las apertura de 2020 y 2021 marcados por el aislamiento dictado por el Covid. Este viernes, la Plaza Italia será utilizada por familias y adolescentes para tomar mate y andar en bicicleta como ocurre en domingos y feriados. En el Palacio Legislativo, solo estará la guardia policial y no habrá operativo de tránsito para corte de calles como ocurría cada 1 de mayo.

La fecha del 1° de mayo tiene dos connotaciones: el pronunciamiento de Urquiza en 1851 contra el gobierno de Rosas y la sanción de la Constitución nacional dos años después. La mayoría de las provincias adoptaron dicha fecha aunque luego con las reformas a partir de 1984, fueron difiriendo la fecha de mensaje de los gobernadores.

En la Nación, la reforma de 1994 llevó la apertura al 1 de marzo. Ahora, Santa Fe definió el 15 de febrero, fecha que apuntó a evitar la superposición con el acto nacional.

La gestión de Unidos no ha tenido mayores dificultades con la agenda legislativa. Mayoría propia en ambas cámaras cuando los temas se acomodan internamente se transforman en leyes de la provincia. Al principio, fueron herramientas para actuar ante la situación de inseguridad y para ordenar áreas sensibles de la administración como salud, educación o desarrollo humano.

No le faltó iniciativa al Poder Ejecutivo ni bien llegó a la función y no le faltó respuesta por parte de las cámaras del Poder Legislativo. Después llegaron temas más farragosos y Unidos salió airoso en lo legal. Acá la referencia es la ley que habilitó la reforma de la Constitución y la emergencia previsional que tiene fecha de vencimiento en septiembre venidero.

Si bien ya empezó el tratamiento de las normas que derivan del proceso de reforma de la Constitución, esta semana hubo una pausa en esos temas y Unidos avanzó con dos temas sensibles: validar el convenio firmado con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional y la modificación al Código Procesal Laboral para intentar bajar la alta litigiosidad que tiene Santa Fe en materia de accidentes laborales y que deriva en sobrecostos de las empresas radicadas en la provincia a la hora de contratar una ART.

Sobre estos dos puntos hubo disidencias. En el primero del perottismo que mostró y expresó dudas en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo de la propia Corte Suprema de Justicia que -varios de sus integrantes- no creen que ese camino baje la litigiosidad.

En lo previsional, el gobierno ha encontrado la posibilidad de tener dinero fresco de un gobierno nacional que todas las semanas recorta alguna asignación a las provincias. Se ve en obras públicas casi inexistentes en los territorios y que tiene como muestra el abandono de rutas nacionales; retiros de fondos para educación que incluso fortalecían el salario y ahora con el tema salud en recortes en partidas de medicamentos y ni que hablar en Pami. Walter Agosto, ex ministro de Economía y hoy diputado, le pone cifras a las transferencias no automáticas que dejaron de llegar a Santa Fe desde diciembre de 2023 a hoy: 715 mil millones de pesos, número que toma de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, una cifra oficial.

En ese marco y con la coparticipación federal en baja, sumar recursos parece un milagro y el gobierno apuesta a que Nación gire durante doce meses los $ 120 mil millones comprometidos (85 millones de dólares). Más vale pájaro en mano…

¿Qué hay detrás del acuerdo para que Santa Fe haya cedido aplazar por un año el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? es la pregunta que se hizo en el recinto y en los pasillos de Legislatura el ex gobernador Omar Perotti.

En el convenio, Unidos juntó todo el resto de los votos del arco político, de derecha a izquierda y de celeste a verde.

Para la definición de la reforma al Código Procesal Laboral, el Senado se ocupó de consultar a la mayoría de los sectores involucrados, invitó a los dos diputados (José Corral y Martín Rosúa) que impulsaron los cambios y culminó el proceso en una amplia y rica reunión en la Corte Suprema de Justicia donde los siete ministros recibieron a gran parte de los senadores y a los mencionados diputados.

Un sector importante de la Corte entiende que la ley que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo no hará que baje la litigiosidad y se lo expresaron a los actores legislativos. El debate fue intenso, en los términos de institucionalidad que tiene Santa Fe. No fue de agravios, no fue de carpetazos y con un presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que condujo con muñeca política el encuentro.

La Corte Suprema recibió a Senadores y Diputados. Foto: Guillermo Di Salvatore

Los seis meses por venir serán claves para observar el funcionamiento de los cambios para empezar a notar baja de la litigiosidad. Ministros de la Corte entienden que no es el camino adecuado pero aceptaron el desafío de verificar el funcionamiento en el semestre. Se habló de las experiencias de Córdoba, de Mendoza y de algunas otras provincias. De los allí presentes nadie quiere fomentar la industria del juicio, eso quedó claro.

Hubo números expuestos en la amplia mesa tendida en el Salón de Acuerdos de la Corte. Números sobre causas que tienen los jueces; números de causas en Comisiones Médicas; números de causas que deben atender peritos. ¿Qué hay que hacer, nombrar más peritos o más jueces?. ¿La oralidad en la justicia laboral es una salida? La experiencia de Córdoba parece ser interesante.

Pero ahora aparece en escena otro debate donde la propia Corte tiene miradas diferentes y es sobre el procedimiento en lo Contencioso Administrativo y un Colegio de Jueces para el fuero. Los ministros cuyo origen es el derecho penal miran con simpatía la reforma; los demás con más dudas que certeza. El debate legislativo está muy avanzado y podría tener tratamiento en la primera semana de mayo. Ministros de la Corte pidieron una reunión para analizar pros y contras. En principio hay un compromiso legislativo de hacerlo.

Desde noviembre último, en comisiones de Diputados, está el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa Fe.

El otro mensaje, en Senado, apunta a crear el Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo "como órgano de organización colegiada de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto de primera instancia como de Cámara de Apelaciones".

Más lejos, asoma el debate de la ley electoral santafesina sin grandes cambios pero ordenando todo el proceso hoy disperso en una veintena de leyes o decretos que se superponen. También la definición de cómo será el nuevo Tribunal Electoral de Santa Fe.

Más allá de la movida de los senadores justicialistas que ingresaron un primer proyecto integral, el radicalismo no terminó de cerrar su postura y por ende tampoco la de Unidos. Los radicales vienen aturdidos en parte por el choque público entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico. Emisarios varios aún no han podido acercar a las partes. El presidente del Senado y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, tienen la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral. "Estoy en la gestión y los temas de la política y la mecánica legislativa están en manos del ministro Bastia y del senador Michlig" repite el gobernador Pullaro.

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Por lo pronto, el gobierno nacional -sin ronda previa de consulta con los partidos políticos ni con aliados- envió al Congreso un proyecto de reforma electoral de amplio alcance.

El texto plantea la eliminación de las PASO, cambios en la constitución y el financiamiento de los partidos, un rediseño de la Boleta Única de Papel y la incorporación de la llamada Ficha Limpia, que impediría candidaturas de personas con condenas firmes por delitos dolosos.

La suerte del tratamiento del proyecto nacional podría elongar el inicio de la discusión pública en Santa Fe, pero sabiendo que después del Mundial será el debate que llegará al recinto de la Legislatura. No sin dejar de recordar que PASO y Boleta Única de Papel tuvieron inicio en Santa Fe y después llegaron a Nación.

La Cámara de Diputados de Santa Fe reservó ocho proyectos de ley con tratamiento preferencial para la sesión de este jueves, todos temas deben ser dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá ese día, en horario matutino, para decidir la suerte de las iniciativas.

Más allá de esos proyectos, para el interbloque mayoritario de Unidos será central trabajar para votar sobre tablas la validación del acuerdo entre la provincia y Anses para saldar parte de la deuda del organismo previsional para con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El Senado lo votó ya por unanimidad el mismo día que el Mensaje entró a Legislatura.

Para ello, este miércoles, Fabián Bastia, Jorge Boasso y Julia Tonero asistirán a una reunión con diputados interesados en la cuestión para intentar disipar dudas. El interbloque justicialista anticipó que después de la reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo definirá la postura sobre el acuerdo.

Entre los ocho proyectos reservados con preferencia para esta semana se encuentra un mensaje del Poder Ejecutivo remitido en noviembre pasado vinculado con la creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario".

El objetivo del Ente sería "llevar adelante las funciones de planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos en la ciudad de Rosario en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales por encontrarse involucrados bienes o inversiones de ambas jurisdicciones en el ámbito de esa ciudad.

El tema no tiene acuerdo interno en Unidos que viene postergando su tratamiento desde entonces. Es uno de los pocos mensajes del Ejecutivo que no avanzó en el tratamiento parlamentario.

Los otros proyectos que están con tratamiento preferencial son:

El gobernador Maximiliano Pullaro validó -ad referéndum de la Legislatura- dos convenios firmados por el ministro de Educación, José Goyti el mes pasado. Uno de ellos fue firmado con Asociación Civil Faro Digital, representada por Felipe Sala, y el otro con la Asociación Civil Grooming Argentina, representada por Hernán Gabriel Navarro.

El acuerdo con Faro Digital es a fin de desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la educación y ciudadanía digital en el sistema educativo provincial, especialmente mediante la capacitación de docentes y equipos directivos. Es un convenio por nueve meses y en el cual Faro se compromete a diseñar y desarrollar las instancias de capacitación previstas, aportar contenidos pedagógicos, materiales formativos y acompañamiento técnico especializado, así como brindar los recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas.

En el caso Grooming, se apunta a establecer un marco de cooperación institucional entre las partes para desarrollar acciones conjuntas de prevención, sensibilización, formación y promoción del uso seguro de internet y las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

El compromiso asumido por dicha organizar es aportar su experiencia técnica en la temática, colaborar en el diseño de programas y materiales educativos, participar en actividades de capacitación y sensibilización, desarrollar y poner a disposición aplicación móvil para prevenir, denunciar y recibir ayuda frente a casos de grooming.

En comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la Nación informó que el 14 de mayo, desde las 11 se realizará la audiencia pública para considerar el acuerdo para tres pliegos de magistrados federales para la provincia de Santa Fe.

Se trata de los casos de Emilio Rosatti, Walter Rodríguez y Santiago Joaquín Saux, para el Tribunal Oral Federal I; juzgado federal número 2 de Santa Fe y juzgado federal de Rafaela, respectivamente.

La nota del Senado da cuenta que el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos del aspirante será hasta el jueves 23 de abril, inclusive.

Las presentaciones podrán realizarse en forma digital, a través del sitio web institucional, o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1702, 6º piso, Oficina 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

A menos de una semana de la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 14.436, la nueva Orgánica de Municipios que de acuerdo al artículo 108 entra en vigencia en forma inmediata, excepto para las actuales comunas ya que la norma vigente para esos institutos, la Nº 2439, quedará derogada el 10 de diciembre de 2027.

Hasta tal momento, la ley 2439 seguirá vigente a los fines de un adecuado funcionamiento institucional de las actuales comunas "y sin perjuicio de la aplicación de la presente ley a los fines de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de autoridades municipales del año 2027".

La ahora derogada Ley de Municipios fue sancionada en junio de 1939, tuvo algunas modificaciones con el paso del tiempo pero el cuerpo central es de aquella etapa. En cambio, la orgánica de Comunas data de noviembre de 1934.

La sanción del nuevo texto para los gobiernos locales fue consecuencia directa de la reforma constitucional sancionada en septiembre pasado que, entre otras cosas, en el artículo 154 dispone que "todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico".

Más adelante determina que "la Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución. La ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación".

La Constitución además reconoce la autonomía de los gobiernos locales y los faculta, a partir de determinado número de habitantes, a dictar sus propias cartas orgánicas.

La nueva ley ordena a los gobiernos locales en categorías de acuerdo al número de población y establece los pisos de concejales en localidades de más de 10.000 habitantes.

A partir de 2027, todos los municipios eligen intendente; las localidades con menos de 10.000 habitantes eligen además miembros de Comisión Municipal (3 o 5 según tamaño) y con más de 10.000 conservan sus Concejos Municipales, pero cambian las cantidades de representantes.

La nueva ley surgió a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo que el Senado debatió, amplió y voto por unanimidad. Luego, Diputados introdujo modificaciones a cinco artículos aunque con el rechazo de los bloques justicialistas, celestes y la izquierda. EL Senado aceptó, otra vez por unanimidad, los cambios y dejó sancionada la norma.

Los 111 artículos de la norma vigente están divididos en 11 títulos y 6 capítulos.

La ley se aplica a los municipios que, de acuerdo con la Constitución Provincial, no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y a aquellos que tengan la atribución referida pero no la hayan ejercido. Asimismo, se aplica en forma supletoria a los municipios que hayan dictado sus Cartas Orgánicas y/o que no hayan previsto asuntos regulados en la norma.

Dispone que los municipios se gobiernan por sí mismos y ejercen en forma autónoma los deberes, funciones y competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye para la gestión de los intereses locales dentro del territorio respectivo, de acuerdo con los principios de subsidiariedad, solidaridad horizontal y vertical, colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación.

La ley faculta a que los municipios pueden constituir regiones, áreas metropolitanas, regímenes de asociación intermunicipal y supramunicipal y crear organismos y entes que las organicen, con el objeto de planificar, implementar y evaluar políticas públicas o acciones de interés común, en el marco de las previsiones del artículo 159 de la Constitución Provincial.

Varios capítulos de la norma están dedicados a la forma de organización que tendrán los gobiernos locales, de acuerdo a la población ya que a partir de las elecciones del año próximo dejarán de tener vigencia las comunas. Pero también los alcances y atribuciones de los diferentes cuerpos de gobierno. Otra parte importante refiere a los organismos de control, a los bienes de cada municipio pero también a lo que tiene que ver con normas a cumplir en la transición.

Son 41 las localidades de la provincia que -según el último censo- cuentan con más de 10.000 habitantes. El artículo 22 de la nueva ley es el que define como serán los gobiernos locales a partir de 2027.

Las Comisiones Municipales se integran con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, de conformidad con las siguientes pautas:

* Municipios que tengan hasta 3.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a tres postulantes como titulares e igual número de suplentes. Los vocales de la Comisión Municipal serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando dos miembros de la lista que resulte ganadora, y una banca para el candidato que resulte segundo en la categoría Intendente, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

* Municipios que tengan entre 3.000 y 10.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a cinco postulantes como titulares y tres como suplentes. Los vocales serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando tres miembros de la lista que resulte ganadora, y distribuyendo las dos bancas restantes por sistema proporcional, entre quienes hubieren sido candidatos a intendentes en las listas que no resultaron ganadoras, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

* Localidades de más de 10.000 habitantes habrá intendente y un concejo municipal que se integra con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos mediante sistema de representación proporcional. El concejo se renueva en su totalidad al final del período de cuatro años, con excepción de los municipios con más de 20.000 habitantes que se renuevan cada dos años por mitades.

Los municipios que tengan un Concejo Municipal integrado por mayor cantidad de concejales, pueden decidir, a iniciativa del Departamento Ejecutivo y mediante ordenanza sancionada con mayoría de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal y comunicada a la Legislatura provincial, si mantienen su número actual de integrantes o adoptan el número de integrantes que determina la presente ley. En caso de que no formalicen su decisión hasta el 30 de noviembre de 2026, se entenderá que mantienen su integración actual. En todos los supuestos previstos en el presente artículo, a partir del año 2031 los Concejos se conformarán de acuerdo con la presente ley.

De los actuales municipios y de acuerdo a la nueva ley, 34 perderán número de concejales; 17 podrán sumar una o dos bancas y 8 quedan igual.

En el caso de Santa Fe continuará con 17 bancas y en Rosario con 28. Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Venado Tuerto irán de 10 a 11 bancas.

Pérez, Capitán Bermúdez, Roldán, Avellaneda, San Justo, Arroyo Seco, Sunchales, Vera, Firmat, y Gálvez pasarán de 6 a 7.

El Poder Ejecutivo promulgó, en el primer día hábil de la semana, las cuatro leyes sancionadas el pasado jueves en la Legislatura, para una de las cuales se licitaron trabajos. Se trata de la llamada Quinta de Funes que fue incorporado como Espacio de la Memoria. Ocho ofertas se presentaron a la convocatoria realizada por el gobierno santafesino para trabajos de puesta en valor del sitio. El tema fue iniciado en Diputados por la bancada socialista que encabeza Joaquín Blanco.

La Ley Nº 14.435 suma a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria que tiene la provincia como lo que fue la Comisaría Cuarta de Santa Fe y la ex sede de la Secretaría de Inteligencia en Rosario.

Las otras normas promulgadas son la 14.443 por el cual la provincia adhirió a la norma nacional N° 27.786 sobre organizaciones criminales, iniciativa de la diputada Ximena Sola (Pro). La conocida como "Ley Antimafias", fue promulgada a principios de marzo de 2025 y representa un cambio profundo en la estrategia de persecución penal contra el crimen organizado en Argentina. Su diseño se inspira en modelos internacionales (como la Ley RICO de EE. UU.) para atacar no solo delitos individuales, sino a la estructura de la organización en su conjunto.

La Quinta de Funes fue declarada Espacio de la Memoria provincial. Crédito: Archivo El Litoral

La ley establece un marco específico para grupos de tres o más personas que actúen de manera concertada durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El alcance incluye narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros.

Además, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.433 con cambios en la competencia de Jueces de Menores, iniciativa propiciada por el propio Poder Ejecutivo. Finalmente, la Ley N° 14.432 instituye como "Fiesta Provincial de la Empanada de Pescado de Río" la que se realiza en San José del Rincón, siguiendo un proyecto del senador Francisco Garibaldi.

Ayer en Rosario, se abrieron las ofertas de la licitación para transformar la Quinta de Funes, en el departamento Rosario, en un Espacio de la Memoria. El predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será intervenido con el objetivo de preservarlo, ponerlo en valor y convertirlo en un ámbito de transmisión de la memoria colectiva.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone encabezaron el acto. "La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia", dijo Jatón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Las obras contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de torres de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en accesos y la refuncionalización del galpón existente mediante la ejecución de un nuevo piso de hormigón.

Desde una perspectiva de infraestructura pública con enfoque en derechos humanos, la intervención apunta a dotar al sitio de condiciones de habitabilidad y uso permanente, sin alterar su valor histórico. La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales.

Joaquín Blanco impulsó el proyecto aprobado en Diputados, Joaquín Blanco.

En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a fines de memoria y promoción de derechos humanos.

Las ocho ofertas presentadas son Andrés Arriaga S.R.L. cotizó los trabajos en $ 508.521.472,13; Construcciones Tres S.R.L. por $ 509.748.263,60; Capaze S.R.L. $ 498.000.000,00 y Coirini S.A. elevó una propuesta de $ 543.676.660,58.

Asimismo, PH Constructora S.R.L. cotizó por $ 468.582.922,16; Deprop S.R.L. $ 426.853.978,72; Al Servicio S.R.L. propuso $ 451.108.372,50; y B2C Construcciones S.R.L. con una cotización de $ 518.122.593,83.

La firma Pecam tendrá a su cargo la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Piñero con un monto de contrato de $24.882.017.292,98 y un plazo de ejecución de 420 días calendario.

La adjudicación del nuevo complejo está contenida en el decreto Nº 578 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia.

A diferencia de las cárceles tradicionales con grandes pabellones comunes, la nueva unidad fue diseñada bajo un esquema de 6 módulos independientes, denominados "mini penales". Cada módulo funcionará como unidad autónoma con su propio ingreso, áreas recreativas, talleres educativos y cocinas. Se explicó que el objetivo es evitar que los internos de distintos sectores tengan contacto entre sí, reduciendo la capacidad de organización interna de las bandas.

El proyecta apunta a albergar a 1.920 internos, todos varones.

La licitación fue convocada con un presupuesto de $32.887.807.996,16 y se presentaron 8 oferentes de los cuales la Unidad Ejecutora optó por la oferta de Pecam.

La unanimidad de la Cámara de Senadores, tanto en la votación en general como en particular, para una norma de 111 artículos, es el dato político saliente de la negociación entre el oficialismo y la oposición que este jueves logró dar media sanción a un proyecto de ley orgánica de municipios.

Se trata de una norma que cambiará la vida política de todos los gobiernos de pueblos y ciudades de Santa Fe, que deja abierta la puerta a los concejos municipales a declarar en su propia carga orgánica su autonomía y también a crear nuevas entidades regionales formadas por asociaciones entre esos gobiernos. Es en síntesis, una nueva arquitectura del primer nivel del estado: el de las municipalidades (ya no habrá más comunas, ni elecciones cada dos años).

Unos aplausos de los propios senadores en sus bancas, iniciados por el presidente de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), cerraron el tratamiento de la norma luego de que el secretario parlamentario leyera el último artículo "de forma".

Quienes conocen los pormenores de la negociación entre ese bloque mayoritario y el del peronismo, liderado por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), pudieron entender que no se trató de un gesto desmedido más que a su propia actuación se aplaudió la construcción del consenso, la prioridad del diálogo y por supuesto las coincidencias.

La nueva ley orgánica de municipios, aprobada por unanimidad en el Senado, promete transformar la política local, eliminando las comunas y reduciendo elecciones.

Está claro que ambas bancadas, en una correlación de fuerzas que no es pareja, debieron ceder y así pudieron acordar. "No vamos a ir de atropellada" había dicho un vocero del radicalismo. Y eso dio sus frutos: se suponía que podía haber alguna votación en particular de algún artículo que partiera aguas, pero no fue así. Y seguramente por las mismas razones se pasó de un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, llegado en diciembre del año pasado, que tenía algo más de 60 artículos a otro que finalmente cuanta con 30 más. Y que además acepta el ordenamiento temático que planteó la oposición para una lectura más sencilla de la norma.

Fueron en definitiva tres meses en los que primero los senadores recibieron opiniones de especialistas y de las actuales autoridades municipales de distintos partidos políticos, y que luego discutieron puertas adentro y finalmente entre bloques. El resultado prueba que siempre lo hicieron bajo la orientación de lo que se había acordado en la Convención y de hacer compatibles dos proyectos de ley que tenían mucho por revisar para encontrar coincidencias y redactar uno solo.

El proyecto de ley fue girado a Diputados donde se aprobó una preferencia para dentro de dos sesiones. La Constitución reformada en 2025 da un año de plazo para la sanción de una nueva ley que implica un nuevo diseño para las próximas décadas. Para comprender la profundidad del cambio debe recordarse lo obvio: la media sanción del Senado contiene un artículo que deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 que sirvió por más de 60 años: no se trata de una modificación a una norma sino de su reemplazo.

Para el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) la aprobación sin votos negativos y "por 18 votos", ya que se ausentó sin aviso Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), "hemos logrado avanzar en un proceso que se inicia con la reforma de la Constitución y sigue con esta norma haciendo lo que se nos ha reclamado: bajar los costos de la política". El titular de la Cámara alta sacó cuentas: en más del 92% de las localidades santafesinas se cambia de elecciones cada dos años a otras cada cuatro. Y en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 de concejos muncipales con 6 integrantes se baja a 5. Para Michlig es relevante que la provincia haya impuesto en la reforma "no más reelecciones indefinidas", en 2025 cuando se aprobó esa posibilidad por una vez para el gobernador.

Antes, los dos jefes de bloques hablaron extensamente sobre aspectos técnicos y políticos de la ley. Borla aseguró que el nuevo texto que debatirá Diputados contiene los llamados "derechos de cuarta generación" propios de la Constitución progresista que Santa Fe ha consagrado, para ejercer la participación ciudadana con más instrumentos.

Los senadores provinciales Rodrigo Borla del oficialismo y Rubén Pirola de la oposición presiden las bancadas de la mayoría y la minoría. Fueron los principales oradores de un debate que se inició hace tres meses y retomó el espíritu reformista de 2025. Foto: Manuel Fabatía.

Consciente de lo que le espera, el sanjustino recordó que hay tres normas que este año la Legislatura debe sancionar para obedecer las disposiciones transitorias de la reforma. La norma ya votada por el Senado y, del mismo modo, nuevas normas para la distribución de la coparticipación de la provincia a los gobiernos de pueblos y ciudades, y una ley electoral. Todo indica que habrá más dificultades para la unanimidad en ambas, según dejó entrever en su discurso Pirola. El justicialista como antes el radical habló de la voluntad de acordar y ceder con un fin superior pero mostró que en esas otras materias las diferencias son mayores.

Los dos bregaron porque se mantenga el clima actual. El abogado del oficialismo no ahorró elogios a la disposición del peronismo para el intercambio de proyectos, y el contador del PJ reconoció: "hemos sido escuchados".

Esteban Motta (UCR-San Martín) reflexionó sobre la votación sin disidencias y lo que eso significa en política para dar una señal a todos los santafesinos, en un contexto nacional de divisiones y grieta, y Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) apeló a lo emocional al confesar su "amor", acaso debió decir primer amor, por la localidad de Salto Grande de la que fue su presidente comunal. Expresó su "orgullo" por poder ser parte de una ley que crea "un nuevo andamiaje institucional más moderno".

Más allá de que no hubo sesiones en la semana ni en el Senado ni en Diputados, el Poder Ejecutivo remitió nueve pliegos de magistrados para análisis de la Comisión de Acuerdos y posterior votación en Asamblea Legislativa.

Son siete vacantes para suplir vacantes en cinco sedes judiciales, entre ellas Santa Fe y dos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y Reconquista.

La semana próxima, la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini pondrá fechas para el tratamiento y la vicegobernadora Gisela Scaglia deberá definir si la Asamblea Legislativa es convocada antes de noviembre o los pliegos serán considerados en Extraordinarias en diciembre.

Con los nuevos pliegos más 88 aprobados en sendas asambleas legislativas, el Ejecutivo avanza en la cobertura de vacantes tan reclamada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Consejo de la Magistratura lleva adelante varios concursos, entre ellos para el fiscal regional de Venado Tuerto.

Por otra parte, la Legislatura deberá definir los alcances del nuevo instituto para seleccionar candidatos para la justicia siguiendo los lineamientos de la nueva Constitución.

Los pliegos remitidos para análisis legislativo son los siguientes:

María Josefina Olcese: jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe.

Nicolás Alejandro Occhi: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª. Nominación para Santa Fe.

Federico Lema: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.

Guillermo Roldán: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo.

Javier Pedro Bértora: Juez Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo.

Carolina Burgos Grabich: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez.

María de los Milagros de la Torre: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.

Paula Prieto: fiscal adjunta subrogante para Reconquista.

Brenda Baños: fiscal adjunta subrogante para Rafaela.

"Por Dios y la Patria", la rosarina Verónica Rosalía Colombo juró como convencional constituyente en el bloque Fe y se sentará en la banca que no llegó a ocupar Alejandra Oliveras. La jura se produjo en el marco de la cuarta sesión plenaria de la Convención Reformadora que preside el radical Felipe Michlig.

La reunión se hizo bajo la presidencia honoraria de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, convencional constituyente de 1962 quien fuera secuestrado y desaparecido en mayo de 1976. La convención resolvió que cada sesión tendrá un presidente honorífico sugerido por los diferentes espacios políticos.

La sesión tuvo por objetivo central el juramento de Colombo y así dejar integrado el cuerpo con los 69 integrantes previstos por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. El próximo plenario será convocado para empezar a votar los artículos habilitados para ser reformados y que demandarán al menos una semana más de trabajo en las diferentes comisiones.

Colombo se sumará a las comisiones de Estado y de Poder Judicial. Foto: Manuel Fabatia

Colombo se sumará a las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana y de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales en reemplazo de Ariel Sclafani, presidente del bloque.

La tercer integrante del bloque Fe, Caren Fruh hizo un compromiso público por los 78.200 votos obtenidos el 13 de abril en no olvidar los compromisos que hizo durante la campaña electoral la líder del espacio, Oliveras. "Vamos a cumplir el compromiso y trabajar por la salud, el deporte, los pueblos originarios, los niños, la educación y los chicos" señaló la convencional.

Antes, hubo un minuto de silencio y un cerrado aplauso en memoria de Oliveras ya que fue la primera sesión realizada tras el fallecimiento de la ex campeona mundial de boxeo. Ya sobre el final, hubo otro minuto de silencio y fue en memoria de las víctimas de la explosión por un escape de gas en un edificio de calle Salta en Rosario del cual se cumplieron doce años en esta semana.

El minuto de silencio que hubo en la Convención. Foto: Manuel Fabatia

El concejal Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) fue quien realizó una manifestación por ese grave suceso y lo encadenó con la necesidad de que la nueva Constitución tenga una organización del Poder Judicial que facilita la tarea investigativa, se pronunció por un Consejo de la Magistratura que seleccione a los mejores para los cargos y que juzgue la conducta de jueces y fiscales. Pero también abogó por un control de los servicios públicos ya sean estatales o públicos.

Sobre la figura de Sinigaglia, presidente honorario de la sesión se refirió el convencional Facundo Olivera (Más para Santa Fe) quien colocó un afiche con su figura en la banca. En la barra, organismos de Derechos Humanos, siguieron la sesión. Rafaelino de nacimiento, estudiante del Colegio de la Inmaculada y luego abogado recibido en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Fue convencional en 1962, presidente del bloque del Partido Laborista y Olivera recordó que pidió la suspensión de la convención en su momento porque mientras se discutía el nuevo pacto de convivencia de la sociedad santafesina un golpe de Estado alejaba del gobierno al presidente Arturo Frondizi.

Luego, en los 70 integró la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires y acompañó a Esteban Righi como asesor en su corto período de ministro del Interior durante el gobierno de Héctor J. Cámpora. Fue detenido y desaparecido en la puerta de su estudio en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1976.

Olivera dijo que con Sinigaglia se rinde homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos por el gobierno militar en la Argentina. Néstor Fandos (La Libertad Avanza) quiso refutar la cifra con la expresada en la COnadep y el convencional oficialista Fabián Bastia marcó que en los homenajes no se puede polemizar.

Felipe Michlig, dijo que el objetivo es "brindar la mejor Constitución a los santafesinos". Foto: Manuel Fabatia

Las próximas presidencias honorarias acordadas son las del ex gobernador Carlos Silvestre Begnis (Frente de la Esperanza); el ex convencional Danilo Kilibarda (Activemos); Brigadier Estanislao López propuesto por Unidos; y el Papa Francisco (Somos Vida). También se acordó que el nombre del ex gobernador Miguel Lifschitz será el presidente honorario en la última sesión. Resta definir el nombre a proponer por el bloque de La Libertad Avanza.

Sobre el final de la cuarta sesión, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, dijo que el objetivo ahora es "brindar la mejor Constitución a los santafesinos". El radical advirtió que el martes venidero, la Convención habrá cumplido la mitad de su mandato y reconoció "la labor de los convencionales en cada una de las cinco comisiones, para brindar la mejor Constitución a los santafesinos; y el diálogo permanente que nos permitió alcanzar consensos para el funcionamiento de la Convención".

Michlig repasó lo actuado desde el 13 de abril cuando se hicieron los comicios, las reuniones previas, la conformación del cuerpo y los consensos alcanzados para elegir autoridades e incluso el reglamento. Ponderó la participación ciudadana en las diferentes audiencias.

Ahora, en tanto, llegará la etapa de redacción de las propuestas, pasarlas a la Comisión Redactora para luego llevarlas al recinto.

Los pliegos de tres candidatos para la Corte Suprema de Justicia y quince proyectos de ley habilitados por el Poder Ejecutivo integran el temario del tiempo de Extraordinarias de sesiones de la Legislatura que se extenderá hasta fines de abril. En el medio, se desarrollará la campaña electoral para convencionales y la PASO municipal y comunal que tienen un dato clave este viernes con la inscripción de candidatos.

Lo más inmediato a resolver por las cámaras legislativas son los tres pliegos con los que el Poder Ejecutivo propone para integrar la Corte Suprema de Justicia, y que tienen un plazo de vencimiento caso contrario quedan aprobados en forma ficta y no hay intenciones de la mayoría oficialista de que esto ocurra. La Comisión de Acuerdos que preside el senador Raúl Gramajo tiene abierto hasta el lunes el plazo para recibir observaciones a las propuestas de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Para el martes, la Comisión de Acuerdos hará las entrevistas personales a los tres postulados por el Ejecutivo. Zabalza, Weder, Baclini, en ese orden desde las 11. Por la tarde, Acuerdos convocó a la Audiencia Pública prevista en la reforma a la ley sobre la Corte Suprema de Justicia. Allí, los legisladores escucharán posibles objeciones a los candidatos que no estarán presentes en el recinto de la Cámara de Diputados. "Cada orador tendrá tres minutos de reloj para exponer" se señaló a El Litoral.

La Asamblea Legislativa está citada para el jueves a las 13 para votar esos tres pliegos. Para el caso de que no haya dictamen de Acuerdos o no haya quórum la segunda convocatoria a la reunión de senadores y diputados será el 20 de febrero.

En tanto, las dos cámaras tiene temas habilitados, la mayoría impulsados por el Poder Ejecutivo y otros de autoría de legisladores. Uno de los temas que urge a la Casa Gris es la sanción de la nueva Ley de Parques Productivos y Zonas de Innovación Productiva con la consiguiente derogación de la vigente Ley Nº 11.525. El tema ya fue votado por el Senado pero en Diputados hay algunas diferencias con el mensaje expuestos por sectores del radicalismo. En la semana, hubo una reunión en el ministerio de Desarrollo Productivo con el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani donde varios legisladores estuvieron exponiendo objeciones y acordaron buscar puntos e entendimiento. Cuando exista acuerdo entre el ministerio y el bloque de Diputados deberán luego tener la convalidación del Senado. En la disidencia está el temor que la redacción deje fuera de la ley a algunos parques tecnológicos como el Litoral Centro.

El Senado, por ejemplo tiene habilitado el tratamiento de una iniciativa ya aprobada en Diputados para eliminar cargos hereditarios en el Estado santafesino. Se trata de un proyecto originado en María Ximena Sola (PRO), María Fernanda Castellani (PRO) y Martín Rosúa (UCR), por el cual se prohíbe la designación preferencial de personas en cargos y empleos que tengan fundamento en vínculos de parentesco con agentes estatales.

Las cámaras tienen habilitado el tratamiento de proyectos referidos al régimen de iniciativa privada para la provincia y otro para regular la instalación de reductores de velocidad en rutas santafesinas.

Los otros mensajes del Ejecutivo que esperan sanción en Diputados es la validación del convenio marco de colaboración entre YPF SA y la Provincia de Santa Fe y el régimen especial de optimización de gestión de bienes inmuebles. Los otros proyectos tienen iniciativa de legisladores e incluso esta semana la Casa Gris habilitó cuatro nuevos mensajes, en todos los casos para tener la facultad de expropiar terrenos en la localidad de General Lagos, dpto Rosario.

Este viernes, vencerá el plazo de presentación de listas de candidatos a convencionales constituyentes ante las juntas electorales de partidos, frentes y alianzas electorales que competirán el 13 de abril por las 69 bancas. De ellas 50 serán por distrito único, mediante sistema D'Hont y las restantes 19 una por cada departamento.

También se producirá en la fecha el cierre de presentación de listas de pre candidatos a intendentes, concejales y miembros comunales para la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria del 13 de abril. La ley determina que en las localidades donde todas las fuerzas tengan candidatos únicos no habrá Paso.

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia de Santa Fe registra sin estacionalidad 510.000 trabajadores y trabajadoras formales, mientras que el mes anterior la cifra, con los datos ya ajustados, alcanzó a los 510.400 .

"Es decir que se experimentó una leve caída respecto del mes anterior y en la comparación interanual se verifica una pérdida de más de 11.000 puestos formales dependientes", señaló el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

A nivel país en noviembre de 2024 continuó la caída en casas particulares y en el trabajo independiente se observaron variaciones negativas en todas las categorías, principalmente en monotributo (categoría en la cual la cantidad de aportantes cayó un 0,5%). El monotributo social presentó una caída de 0,8%, y autónomos una caída del 0,5%.

En el detalle por actividad en el orden nacional se observa que las ramas de actividad que experimentaron mayor dinamismo fueron: Pesca (+3,5%); Comercio y reparaciones (+0,3%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%); Construcción (+0,2%); y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%). Entre las ramas que se mantuvieron estables se encuentran Transporte, almacenamiento y comunicaciones; y Servicios sociales y de salud. Por su parte, las ramas que mostraron mayor intensidad en la contracción del empleo fueron: Explotación de minas y canteras (-0,4%); Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,3%); e Intermediación financiera (-0,2%).

La remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2024 se ubicó en torno a los $ 1.423.000 y la mediana de la remuneración bruta fue de $ 1.077.793.

"Es una buena base sobre la que vamos a construir un edificio mayor", les prometió en la segunda semana de diciembre, el gobernador Maximiliano Pullaro a los legisladores del oficialismo que cerraron un año que parece difícil igualar, por el número, pero sobre todo por lo significativo de las leyes aprobadas. Evidentemente, el titular del Poder Ejecutivo piensa en más normas de fondo para su gestión, que ahora puede comenzar a ser pensada bajo la chance de un segundo período inmediato, según lo que suceda en las urnas en 2025 y eventualmente en 2027.

Cuando algunos en la Legislatura entendían que por lo vasto y profundo de las normas sancionadas, más los comicios que enfrenta el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, habría una suerte de desaceleración, el gobernador les habló de levantar columnas y paredes. Que lo hecho son cimientos, una losa bien anclada al suelo. La arena política es voluble y exige acción permanente, parece ser la consigna.

Por empezar, están promulgadas, y publicadas con su número en el Boletín Oficial, todas las iniciativas importantes pedidos por la Casa Gris. Quedó solo un convenio con YPF que ha causado gran entusiasmo en el Senado, que ya le dio media sanción y no se alcanzó a tratar en Diputados. Seguramente, tomará el tema en febrero, luego del receso de enero. Será un primer mes de año de intensas negociaciones en todas las fuerzas políticas para el cierre de listas de convencionales constituyentes. Sí, lo que suceda en 2025 en la Legislatura será marcado por un doble calendario electoral: el nacional para la renovación de diputados por Santa Fe y el provincial, para reformar la Constitución y renovar autoridades en parte de las municipalidades y comunas.

Todas las normas importantes contienen al menos una de las dos palabras clave del año: reforma y emergencia. En la primera hay futuro, en la segunda un remedio de facultades extraordinarias a las habituales para decisiones veloces en la gestión, sobre asuntos considerados en problemas. Por supuesto, hay además una serie de normas penales que no necesariamente citan la emergencia más relevante, la de Seguridad, que se sostiene que en parte explican los números de homicidios y robos en baja en el funcionamiento del MPA y de la Justicia.

En cuanto a "reforma" es obvio que la sanción de la Ley 14.384 tiene carácter histórico y merece un abordaje por separado y a fondo. Antes, durante el período ordinario, la mayoría de 14 sobre 19 en el Senado y un importante acuerdo de consenso entre el oficialismo, parte del peronismo encabezada por el ex gobernador Omar Perotti, dos de los tres diputados de la izquierda y alguna abstención en el bloque celeste de Somos Vida cambió la composición de los miembros de la Corte. La posterior sanción de la ley de reforma constitucional (ya durante extraordinarias y habilitada por el gobernador) tuvo una composición similar. De hecho, solo alcanzó los dos tercios cuando se debió involucrar el propio jefe del Estado provincial.

En síntesis, los legisladores con más poder y diálogo con el gobernador admiten que las mayorías en las urnas y la unidad del frente de frentes entre radicales, socialistas y macristas es clave, pero también su permanente búsqueda de consensos. Y lo explican con números. Muestran orgullosos que se votaron más de cien leyes, y destacan que un 70% alcanzó la unanimidad.

La norma que más rechazos opositores produjo fue la de reforma de la Caja de Jubilaciones. El oficialismo consideró que no era hora de esconder su déficit en las cuentas generales de la provincia y produjo un ajuste en activos y pasivos, solo sus votos. Buena parte de la actividad legislativa de la segunda mitad del año tuvo al tema como protagonista, con manifestaciones de gremios (en una de ellas con un desenlace violento) y un debate previo serio, con espacio para todas las posiciones. Ninguno de los bloques opositores de las dos Cámaras acompañó a Unidos, que decidió asumir los costos políticos de la emergencia previsional.

La Legislatura sancionó más de cien leyes, además de las mencionadas. A continuación, una síntesis de las que tendrán o ya tienen un mayor impacto.

- Se hicieron muy fuertes modificaciones al Código Procesal Penal, a la organización de los Tribunales, al Servicio Penitenciario y a la Desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes (de microtráfico). Se ampliaron facultades para la ejecución de la pena de privación de la libertad y se sancionó la Ley Nº 14.374 "Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas" sobre la "base de la huella genética digitalizada obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN)", que dependerá del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Santa Fe ha tomado de la experiencia mendocina, que también se ha dispuesto llevar a cabo a nivel nacional por una norma del Congreso, a la luz de los resultados en Cuyo para facilitar las investigaciones de los fiscales penales.

- Está vigente, la Ley 14253 que instaura los Juicio por Jurados de ciudadanos, que ya llevan adelante otras provincias. Se llevaron a cabo modificaciones a la Ley 12256 de Abigeato, Programa de Coordinación y Seguridad Rural.

- La ley 14.287 ahora obliga a los secretarios de Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas (otrora juzgados de paz) a ejercer "funciones registrales propias del Registro Civil".

- Hubo modificaciones a la Ley 5531 (Código Procesal en lo Civil y Comercial), a la Ley 14264 (Reforma a la Ley 10160 - Orgánica del Poder Judicial) y a la Ley 5531 (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe).

- Se aprobó un Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de Santa Fe que popularmente se denomina "Ley de Mecenazgo", para que los privados inviertan en el financiamiento de proyectos culturales, como así también de la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural.

- La provincia cuenta ahora con un "Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos" que tiene un doble fin: brindar fondos al deporte amateur para su promoción como política de contención social frente a las drogas y el delito y procurar que las entidades regularicen sus papeles para poder solicitarlos.

- El Boleto Educativo Gratuito que se inició por un decreto del ex gobernador Omar Perotti se convirtió en política de estado, con la sanción de una ley que crea ese programa. Las dos Cámaras los sancionaron con un alto consenso en sesiones extraordinarias, en cuyo temario sumó la Casa Gris ese tema.

- Por otra parte, la Ley 13.155 quitó a casi todos los santafesinos el feriado provincial del 15 de noviembre. En adelante solo lo será para la ciudad de Santa Fe y la comuna de Cayastá.

- Normas de declaración de patrimonio sobre construcciones de carácter histórico y de patrimonio cultural para distintas manifestaciones y actividades festivas colectivas en todo el territorio provincial, se celebraron numerosos homenajes a personalidades santafesinas destacadas y se aprobaron normas habituales en todos los períodos de sesiones ordinarias como declaraciones de emergencias para el agro por razones climáticas, expropiaciones y convenios. Se sancionaron normas para la constitución de comisiones comunales según el aumento de sus poblaciones, como todos los años.

- En materia económica, contra lo que sucede a nivel nacional, Santa Fe tiene ley de Presupuesto 2025 y Ley Anual Tributaria que recibieron un fuerte consenso de Diputados y la unanimidad del Senado. Hay ahora para la industria una Ley de parques productivos y zonas de innovación productiva.

- Se eximió del Impuesto Patente Única sobre Vehículos a todos aquellos vehículos que son propiedad de las cooperativas de servicios; se modificó la ley de Compre Santafesino y se creó la figura de la de contribuciones por mejoras para obras públicas provinciales.

- Hubo normas para sectores particulares como la Ley de creación de la Región del Queso Azul, cuya producción se declara de interés, además de promover políticas de comercialización y promoción.

- Se destaca la norma para la creación de un espacio para la memoria en la llamada Quinta de la Calamita, en Granadero Baigorria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

- También, leyes para la prevención de la ludopatía, la concientización sobre distintas enfermedades y la creación de planes y programas vinculados a la salud y el trato a los pacientes.

Hoy Santa Fe vive en emergencia en Seguridad Pública, en el Servicio Penitenciario, en la red vial, en materia social, educativa y sanitaria. En todas esas cuestiones el Ejecutivo tiene manos libres para avanzar con las transformaciones que pretende.

Con la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Mecenazgo en la Legislatura provincial, Santa Fe avanza en la promoción del arte y la cultura. Esta normativa, impulsada por el diputado Germán Scavuzzo, fue el resultado del consenso entre varios proyectos presentados por los diputados Palo Oliver, Drisun, Argañaraz y el senador Seisas. Su objetivo es fomentar el desarrollo cultural mediante la participación activa del sector privado y el financiamiento directo de proyectos culturales.

“La cultura es nuestra esencia, nuestra historia y nuestro futuro. Con esta ley, buscamos democratizar el acceso al arte, fortalecer nuestra identidad y crear nuevas oportunidades para los artistas de toda la provincia”, destacó Scavuzzo.

La ley es un régimen de promoción de la cultura, que permite a todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, destinar hasta el 10% de su aporte anual al financiamiento de proyectos culturales o al sostenimiento y promoción del patrimonio cultural. No se trata de un beneficio fiscal, sino de un mecanismo mediante el cual esos recursos, que de otro modo irían al Estado, se asignan directamente al desarrollo cultural. Este modelo, aplicado con éxito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en otras provincias, dinamiza las industrias culturales y garantiza más herramientas de financiamiento.

El régimen de mecenazgo complementará los recursos ya destinados por el Estado a la cultura, creando un ecosistema sostenible que amplía las oportunidades para gestores culturales y artistas. “El mecenazgo es una herramienta más, pero el Estado seguirá siendo un actor clave en el sostenimiento de la cultura”, afirmó Scavuzzo.

La Ley de Mecenazgo promete transformar el panorama cultural de Santa Fe, impulsando el talento local y preservando el patrimonio. “Si logramos implementar esta ley con éxito, en los próximos años veremos una provincia más diversa, creativa y participativa en términos culturales”, expresó Scavuzzo.

Con esta legislación, Santa Fe da un paso histórico hacia la construcción de un ecosistema cultural sostenible, donde cada ciudadano, empresa y organismo pueda ser parte del crecimiento del arte y la cultura. Porque, como concluye el diputado Germán Scavuzzo, “la cultura es el motor que nos une y nos proyecta hacia el futuro que soñamos”.