Este viernes, 1° de Mayo, después de más de 60 años, la Legislatura de la provincia de Santa Fe no abrirá sus puertas para recibir a senadores, diputados, empleados e invitados especiales para escuchar el mensaje del gobernador en la apertura del año legislativo.

La reforma de la Constitución -sancionada en septiembre del año pasado- amplió el período de sesiones Ordinarias que ahora se inicia el 15 de febrero y se extiende hasta el 30 de noviembre. Antes, el plazo ordinario iba del 1° de mayo al 31 de octubre con la posibilidad de las cámaras de extenderlo al 30 de noviembre, hecho que se repitió en todos los años.

"Ambas Cámaras se reúnen en sesiones Ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año", marca en su primer párrafo el artículo 75 de la novata Constitución. En esa fecha, Maximiliano Pullaro fue a Legislatura para su tercer mensaje de apertura de año legislativo. Fue domingo, el acto fue matutino y en vísperas de un feriado largo por el Carnaval.

En la historia institucional, Santa Fe tuvo varias fechas de apertura del año legislativo, siempre más limitado que el vigente. En los tiempos ordinarios, la iniciativa legislativa está en manos de las cámaras mientras que en extraordinario es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario.

La primera Constitución santafesina que fijó como fecha de apertura el 1° de mayo fue la de 1949, dictada en sintonía con la reforma nacional que impulsó el gobierno de Juan Domingo Perón. El golpe de estado de 1955 significó la derogación de ambos textos. En Nación se implantó la Carta Magna de 1853 con las sucesivas reformas y en Santa Fe la de 1907 que establecía las ordinarias entre el 1 de abril al 30 de junio.

La efímera Carta de 1921 había fijado el tiempo ordinario entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

En Santa Fe, la reforma constitucional de 1962 -sancionada en vísperas del golpe de estado- estableció la fecha de primer día de mayo. Fue Aldo Tessio, en 1964, el primero en ir a Legislatura en esa fecha. Había asumido en octubre del año anterior. Fue destituido en junio de 1966.

El siguiente mandatario en utilizar la fecha del 1° de mayo fue Juan Sylvestre Begnis en 1973 y repitió en los dos años siguientes. En 1976, el golpe terminó con su mandato y llegó la intervención federal.

Con el retorno a la vida democrática en 1983, el justicialista José María Vernet fue el primero en abrir, un 1° de mayo, los cuatro años legislativos que manda la Constitución. Lo propio ocurrió con Víctor Reviglio; Carlos Reutemann (dos mandatos), Jorge Obeid (también dos mandatos); Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti.

Ya Pullaro lo hizo en 2024 y 2025. En este último caso, ya con los 69 convencionales constituyentes electos y en su discurso planteó los desafíos que tenía la reforma a encarar. Allí, ante la Asamblea, el discurso tuvo un tono de convocatoria institucional donde hizo un llamado a construir una provincia sin privilegios. También planteó la necesidad de modernizar la Constitución de 1962 para adaptarla a los nuevos desafíos de seguridad, justicia y autonomía municipal.

Hubo jornadas especiales de inicio del ciclo legislativo. Así, en 2003, Reutemann fue unos minutos al Palacio Legislativo a entregar el informe de gestión a las autoridades de las cámaras. La ciudad de Santa Fe estaba golpeada por la inundación del Salado, con miles de evacuados y agua en las calles. Fueron muy pocos los legisladores que pudieron llegar para participar del acto que no tuvo invitados especiales, no tuvo banda de policía ni cadena provincial.

Los siguientes años fueron atravesados por determinadas protestas a los gobernantes en la Plaza Italia y de movilizaciones de partidarios de los gobiernos. La nota más discordante fue durante la gestión de Bonfatti cuando familiares de víctimas de delitos expresaron su bronca ante el propio gobernador cuando marchaba hacia la Legislatura.

Después, ya con Perotti, en las apertura de 2020 y 2021 marcados por el aislamiento dictado por el Covid. Este viernes, la Plaza Italia será utilizada por familias y adolescentes para tomar mate y andar en bicicleta como ocurre en domingos y feriados. En el Palacio Legislativo, solo estará la guardia policial y no habrá operativo de tránsito para corte de calles como ocurría cada 1 de mayo.

La fecha del 1° de mayo tiene dos connotaciones: el pronunciamiento de Urquiza en 1851 contra el gobierno de Rosas y la sanción de la Constitución nacional dos años después. La mayoría de las provincias adoptaron dicha fecha aunque luego con las reformas a partir de 1984, fueron difiriendo la fecha de mensaje de los gobernadores.

En la Nación, la reforma de 1994 llevó la apertura al 1 de marzo. Ahora, Santa Fe definió el 15 de febrero, fecha que apuntó a evitar la superposición con el acto nacional.

La gestión de Unidos no ha tenido mayores dificultades con la agenda legislativa. Mayoría propia en ambas cámaras cuando los temas se acomodan internamente se transforman en leyes de la provincia. Al principio, fueron herramientas para actuar ante la situación de inseguridad y para ordenar áreas sensibles de la administración como salud, educación o desarrollo humano.

No le faltó iniciativa al Poder Ejecutivo ni bien llegó a la función y no le faltó respuesta por parte de las cámaras del Poder Legislativo. Después llegaron temas más farragosos y Unidos salió airoso en lo legal. Acá la referencia es la ley que habilitó la reforma de la Constitución y la emergencia previsional que tiene fecha de vencimiento en septiembre venidero.

Si bien ya empezó el tratamiento de las normas que derivan del proceso de reforma de la Constitución, esta semana hubo una pausa en esos temas y Unidos avanzó con dos temas sensibles: validar el convenio firmado con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional y la modificación al Código Procesal Laboral para intentar bajar la alta litigiosidad que tiene Santa Fe en materia de accidentes laborales y que deriva en sobrecostos de las empresas radicadas en la provincia a la hora de contratar una ART.

Sobre estos dos puntos hubo disidencias. En el primero del perottismo que mostró y expresó dudas en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo de la propia Corte Suprema de Justicia que -varios de sus integrantes- no creen que ese camino baje la litigiosidad.

En lo previsional, el gobierno ha encontrado la posibilidad de tener dinero fresco de un gobierno nacional que todas las semanas recorta alguna asignación a las provincias. Se ve en obras públicas casi inexistentes en los territorios y que tiene como muestra el abandono de rutas nacionales; retiros de fondos para educación que incluso fortalecían el salario y ahora con el tema salud en recortes en partidas de medicamentos y ni que hablar en Pami. Walter Agosto, ex ministro de Economía y hoy diputado, le pone cifras a las transferencias no automáticas que dejaron de llegar a Santa Fe desde diciembre de 2023 a hoy: 715 mil millones de pesos, número que toma de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, una cifra oficial.

En ese marco y con la coparticipación federal en baja, sumar recursos parece un milagro y el gobierno apuesta a que Nación gire durante doce meses los $ 120 mil millones comprometidos (85 millones de dólares). Más vale pájaro en mano…

¿Qué hay detrás del acuerdo para que Santa Fe haya cedido aplazar por un año el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? es la pregunta que se hizo en el recinto y en los pasillos de Legislatura el ex gobernador Omar Perotti.

En el convenio, Unidos juntó todo el resto de los votos del arco político, de derecha a izquierda y de celeste a verde.

Para la definición de la reforma al Código Procesal Laboral, el Senado se ocupó de consultar a la mayoría de los sectores involucrados, invitó a los dos diputados (José Corral y Martín Rosúa) que impulsaron los cambios y culminó el proceso en una amplia y rica reunión en la Corte Suprema de Justicia donde los siete ministros recibieron a gran parte de los senadores y a los mencionados diputados.

Un sector importante de la Corte entiende que la ley que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo no hará que baje la litigiosidad y se lo expresaron a los actores legislativos. El debate fue intenso, en los términos de institucionalidad que tiene Santa Fe. No fue de agravios, no fue de carpetazos y con un presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que condujo con muñeca política el encuentro.

La Corte Suprema recibió a Senadores y Diputados. Foto: Guillermo Di Salvatore

Los seis meses por venir serán claves para observar el funcionamiento de los cambios para empezar a notar baja de la litigiosidad. Ministros de la Corte entienden que no es el camino adecuado pero aceptaron el desafío de verificar el funcionamiento en el semestre. Se habló de las experiencias de Córdoba, de Mendoza y de algunas otras provincias. De los allí presentes nadie quiere fomentar la industria del juicio, eso quedó claro.

Hubo números expuestos en la amplia mesa tendida en el Salón de Acuerdos de la Corte. Números sobre causas que tienen los jueces; números de causas en Comisiones Médicas; números de causas que deben atender peritos. ¿Qué hay que hacer, nombrar más peritos o más jueces?. ¿La oralidad en la justicia laboral es una salida? La experiencia de Córdoba parece ser interesante.

Pero ahora aparece en escena otro debate donde la propia Corte tiene miradas diferentes y es sobre el procedimiento en lo Contencioso Administrativo y un Colegio de Jueces para el fuero. Los ministros cuyo origen es el derecho penal miran con simpatía la reforma; los demás con más dudas que certeza. El debate legislativo está muy avanzado y podría tener tratamiento en la primera semana de mayo. Ministros de la Corte pidieron una reunión para analizar pros y contras. En principio hay un compromiso legislativo de hacerlo.

Desde noviembre último, en comisiones de Diputados, está el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la nueva Ley de Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa Fe.

El otro mensaje, en Senado, apunta a crear el Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo "como órgano de organización colegiada de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto de primera instancia como de Cámara de Apelaciones".

Más lejos, asoma el debate de la ley electoral santafesina sin grandes cambios pero ordenando todo el proceso hoy disperso en una veintena de leyes o decretos que se superponen. También la definición de cómo será el nuevo Tribunal Electoral de Santa Fe.

Más allá de la movida de los senadores justicialistas que ingresaron un primer proyecto integral, el radicalismo no terminó de cerrar su postura y por ende tampoco la de Unidos. Los radicales vienen aturdidos en parte por el choque público entre Felipe Michlig y Lisandro Enrico. Emisarios varios aún no han podido acercar a las partes. El presidente del Senado y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, tienen la responsabilidad de conducir el debate sobre la reforma electoral. "Estoy en la gestión y los temas de la política y la mecánica legislativa están en manos del ministro Bastia y del senador Michlig" repite el gobernador Pullaro.

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Por lo pronto, el gobierno nacional -sin ronda previa de consulta con los partidos políticos ni con aliados- envió al Congreso un proyecto de reforma electoral de amplio alcance.

El texto plantea la eliminación de las PASO, cambios en la constitución y el financiamiento de los partidos, un rediseño de la Boleta Única de Papel y la incorporación de la llamada Ficha Limpia, que impediría candidaturas de personas con condenas firmes por delitos dolosos.

La suerte del tratamiento del proyecto nacional podría elongar el inicio de la discusión pública en Santa Fe, pero sabiendo que después del Mundial será el debate que llegará al recinto de la Legislatura. No sin dejar de recordar que PASO y Boleta Única de Papel tuvieron inicio en Santa Fe y después llegaron a Nación.

La Cámara de Diputados de Santa Fe reservó ocho proyectos de ley con tratamiento preferencial para la sesión de este jueves, todos temas deben ser dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá ese día, en horario matutino, para decidir la suerte de las iniciativas.

Más allá de esos proyectos, para el interbloque mayoritario de Unidos será central trabajar para votar sobre tablas la validación del acuerdo entre la provincia y Anses para saldar parte de la deuda del organismo previsional para con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El Senado lo votó ya por unanimidad el mismo día que el Mensaje entró a Legislatura.

Para ello, este miércoles, Fabián Bastia, Jorge Boasso y Julia Tonero asistirán a una reunión con diputados interesados en la cuestión para intentar disipar dudas. El interbloque justicialista anticipó que después de la reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo definirá la postura sobre el acuerdo.

Entre los ocho proyectos reservados con preferencia para esta semana se encuentra un mensaje del Poder Ejecutivo remitido en noviembre pasado vinculado con la creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario".

El objetivo del Ente sería "llevar adelante las funciones de planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos en la ciudad de Rosario en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales por encontrarse involucrados bienes o inversiones de ambas jurisdicciones en el ámbito de esa ciudad.

El tema no tiene acuerdo interno en Unidos que viene postergando su tratamiento desde entonces. Es uno de los pocos mensajes del Ejecutivo que no avanzó en el tratamiento parlamentario.

Los otros proyectos que están con tratamiento preferencial son:

El gobernador Maximiliano Pullaro validó -ad referéndum de la Legislatura- dos convenios firmados por el ministro de Educación, José Goyti el mes pasado. Uno de ellos fue firmado con Asociación Civil Faro Digital, representada por Felipe Sala, y el otro con la Asociación Civil Grooming Argentina, representada por Hernán Gabriel Navarro.

El acuerdo con Faro Digital es a fin de desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la educación y ciudadanía digital en el sistema educativo provincial, especialmente mediante la capacitación de docentes y equipos directivos. Es un convenio por nueve meses y en el cual Faro se compromete a diseñar y desarrollar las instancias de capacitación previstas, aportar contenidos pedagógicos, materiales formativos y acompañamiento técnico especializado, así como brindar los recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas.

En el caso Grooming, se apunta a establecer un marco de cooperación institucional entre las partes para desarrollar acciones conjuntas de prevención, sensibilización, formación y promoción del uso seguro de internet y las tecnologías digitales en el ámbito educativo.

El compromiso asumido por dicha organizar es aportar su experiencia técnica en la temática, colaborar en el diseño de programas y materiales educativos, participar en actividades de capacitación y sensibilización, desarrollar y poner a disposición aplicación móvil para prevenir, denunciar y recibir ayuda frente a casos de grooming.

En comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la Nación informó que el 14 de mayo, desde las 11 se realizará la audiencia pública para considerar el acuerdo para tres pliegos de magistrados federales para la provincia de Santa Fe.

Se trata de los casos de Emilio Rosatti, Walter Rodríguez y Santiago Joaquín Saux, para el Tribunal Oral Federal I; juzgado federal número 2 de Santa Fe y juzgado federal de Rafaela, respectivamente.

La nota del Senado da cuenta que el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos del aspirante será hasta el jueves 23 de abril, inclusive.

Las presentaciones podrán realizarse en forma digital, a través del sitio web institucional, o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1702, 6º piso, Oficina 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

A menos de una semana de la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 14.436, la nueva Orgánica de Municipios que de acuerdo al artículo 108 entra en vigencia en forma inmediata, excepto para las actuales comunas ya que la norma vigente para esos institutos, la Nº 2439, quedará derogada el 10 de diciembre de 2027.

Hasta tal momento, la ley 2439 seguirá vigente a los fines de un adecuado funcionamiento institucional de las actuales comunas "y sin perjuicio de la aplicación de la presente ley a los fines de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de autoridades municipales del año 2027".

La ahora derogada Ley de Municipios fue sancionada en junio de 1939, tuvo algunas modificaciones con el paso del tiempo pero el cuerpo central es de aquella etapa. En cambio, la orgánica de Comunas data de noviembre de 1934.

La sanción del nuevo texto para los gobiernos locales fue consecuencia directa de la reforma constitucional sancionada en septiembre pasado que, entre otras cosas, en el artículo 154 dispone que "todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico".

Más adelante determina que "la Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución. La ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación".

La Constitución además reconoce la autonomía de los gobiernos locales y los faculta, a partir de determinado número de habitantes, a dictar sus propias cartas orgánicas.

La nueva ley ordena a los gobiernos locales en categorías de acuerdo al número de población y establece los pisos de concejales en localidades de más de 10.000 habitantes.

A partir de 2027, todos los municipios eligen intendente; las localidades con menos de 10.000 habitantes eligen además miembros de Comisión Municipal (3 o 5 según tamaño) y con más de 10.000 conservan sus Concejos Municipales, pero cambian las cantidades de representantes.

La nueva ley surgió a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo que el Senado debatió, amplió y voto por unanimidad. Luego, Diputados introdujo modificaciones a cinco artículos aunque con el rechazo de los bloques justicialistas, celestes y la izquierda. EL Senado aceptó, otra vez por unanimidad, los cambios y dejó sancionada la norma.

Los 111 artículos de la norma vigente están divididos en 11 títulos y 6 capítulos.

La ley se aplica a los municipios que, de acuerdo con la Constitución Provincial, no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y a aquellos que tengan la atribución referida pero no la hayan ejercido. Asimismo, se aplica en forma supletoria a los municipios que hayan dictado sus Cartas Orgánicas y/o que no hayan previsto asuntos regulados en la norma.

Dispone que los municipios se gobiernan por sí mismos y ejercen en forma autónoma los deberes, funciones y competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye para la gestión de los intereses locales dentro del territorio respectivo, de acuerdo con los principios de subsidiariedad, solidaridad horizontal y vertical, colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación.

La ley faculta a que los municipios pueden constituir regiones, áreas metropolitanas, regímenes de asociación intermunicipal y supramunicipal y crear organismos y entes que las organicen, con el objeto de planificar, implementar y evaluar políticas públicas o acciones de interés común, en el marco de las previsiones del artículo 159 de la Constitución Provincial.

Varios capítulos de la norma están dedicados a la forma de organización que tendrán los gobiernos locales, de acuerdo a la población ya que a partir de las elecciones del año próximo dejarán de tener vigencia las comunas. Pero también los alcances y atribuciones de los diferentes cuerpos de gobierno. Otra parte importante refiere a los organismos de control, a los bienes de cada municipio pero también a lo que tiene que ver con normas a cumplir en la transición.

Son 41 las localidades de la provincia que -según el último censo- cuentan con más de 10.000 habitantes. El artículo 22 de la nueva ley es el que define como serán los gobiernos locales a partir de 2027.

Las Comisiones Municipales se integran con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos de cada municipio, de conformidad con las siguientes pautas:

* Municipios que tengan hasta 3.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a tres postulantes como titulares e igual número de suplentes. Los vocales de la Comisión Municipal serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando dos miembros de la lista que resulte ganadora, y una banca para el candidato que resulte segundo en la categoría Intendente, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

* Municipios que tengan entre 3.000 y 10.000 habitantes: las listas de personas postuladas para integrar la Comisión Municipal deben incluir a cinco postulantes como titulares y tres como suplentes. Los vocales serán elegidos de manera conjunta con el Intendente, ingresando tres miembros de la lista que resulte ganadora, y distribuyendo las dos bancas restantes por sistema proporcional, entre quienes hubieren sido candidatos a intendentes en las listas que no resultaron ganadoras, si alcanzaren el piso que establece la ley electoral.

* Localidades de más de 10.000 habitantes habrá intendente y un concejo municipal que se integra con representantes elegidos por el voto directo de los vecinos mediante sistema de representación proporcional. El concejo se renueva en su totalidad al final del período de cuatro años, con excepción de los municipios con más de 20.000 habitantes que se renuevan cada dos años por mitades.

Los municipios que tengan un Concejo Municipal integrado por mayor cantidad de concejales, pueden decidir, a iniciativa del Departamento Ejecutivo y mediante ordenanza sancionada con mayoría de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal y comunicada a la Legislatura provincial, si mantienen su número actual de integrantes o adoptan el número de integrantes que determina la presente ley. En caso de que no formalicen su decisión hasta el 30 de noviembre de 2026, se entenderá que mantienen su integración actual. En todos los supuestos previstos en el presente artículo, a partir del año 2031 los Concejos se conformarán de acuerdo con la presente ley.

De los actuales municipios y de acuerdo a la nueva ley, 34 perderán número de concejales; 17 podrán sumar una o dos bancas y 8 quedan igual.

En el caso de Santa Fe continuará con 17 bancas y en Rosario con 28. Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Venado Tuerto irán de 10 a 11 bancas.

Pérez, Capitán Bermúdez, Roldán, Avellaneda, San Justo, Arroyo Seco, Sunchales, Vera, Firmat, y Gálvez pasarán de 6 a 7.

El Poder Ejecutivo promulgó, en el primer día hábil de la semana, las cuatro leyes sancionadas el pasado jueves en la Legislatura, para una de las cuales se licitaron trabajos. Se trata de la llamada Quinta de Funes que fue incorporado como Espacio de la Memoria. Ocho ofertas se presentaron a la convocatoria realizada por el gobierno santafesino para trabajos de puesta en valor del sitio. El tema fue iniciado en Diputados por la bancada socialista que encabeza Joaquín Blanco.

La Ley Nº 14.435 suma a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria que tiene la provincia como lo que fue la Comisaría Cuarta de Santa Fe y la ex sede de la Secretaría de Inteligencia en Rosario.

Las otras normas promulgadas son la 14.443 por el cual la provincia adhirió a la norma nacional N° 27.786 sobre organizaciones criminales, iniciativa de la diputada Ximena Sola (Pro). La conocida como "Ley Antimafias", fue promulgada a principios de marzo de 2025 y representa un cambio profundo en la estrategia de persecución penal contra el crimen organizado en Argentina. Su diseño se inspira en modelos internacionales (como la Ley RICO de EE. UU.) para atacar no solo delitos individuales, sino a la estructura de la organización en su conjunto.

La Quinta de Funes fue declarada Espacio de la Memoria provincial. Crédito: Archivo El Litoral

La ley establece un marco específico para grupos de tres o más personas que actúen de manera concertada durante cierto tiempo para cometer delitos graves. El alcance incluye narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, extorsión y corrupción, entre otros.

Además, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 14.433 con cambios en la competencia de Jueces de Menores, iniciativa propiciada por el propio Poder Ejecutivo. Finalmente, la Ley N° 14.432 instituye como "Fiesta Provincial de la Empanada de Pescado de Río" la que se realiza en San José del Rincón, siguiendo un proyecto del senador Francisco Garibaldi.

Ayer en Rosario, se abrieron las ofertas de la licitación para transformar la Quinta de Funes, en el departamento Rosario, en un Espacio de la Memoria. El predio, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será intervenido con el objetivo de preservarlo, ponerlo en valor y convertirlo en un ámbito de transmisión de la memoria colectiva.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone encabezaron el acto. "La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia", dijo Jatón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $ 461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Las obras contemplan el cerramiento perimetral del predio, la instalación de torres de iluminación, la construcción de sanitarios, oficinas y depósitos, además de mejoras en accesos y la refuncionalización del galpón existente mediante la ejecución de un nuevo piso de hormigón.

Desde una perspectiva de infraestructura pública con enfoque en derechos humanos, la intervención apunta a dotar al sitio de condiciones de habitabilidad y uso permanente, sin alterar su valor histórico. La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978, según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales.

Joaquín Blanco impulsó el proyecto aprobado en Diputados, Joaquín Blanco.

En 2016 fue señalizada oficialmente como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y, a partir de la Ley provincial N.º 13.530, se dispuso su expropiación para destinarla a fines de memoria y promoción de derechos humanos.

Las ocho ofertas presentadas son Andrés Arriaga S.R.L. cotizó los trabajos en $ 508.521.472,13; Construcciones Tres S.R.L. por $ 509.748.263,60; Capaze S.R.L. $ 498.000.000,00 y Coirini S.A. elevó una propuesta de $ 543.676.660,58.

Asimismo, PH Constructora S.R.L. cotizó por $ 468.582.922,16; Deprop S.R.L. $ 426.853.978,72; Al Servicio S.R.L. propuso $ 451.108.372,50; y B2C Construcciones S.R.L. con una cotización de $ 518.122.593,83.

La firma Pecam tendrá a su cargo la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Piñero con un monto de contrato de $24.882.017.292,98 y un plazo de ejecución de 420 días calendario.

La adjudicación del nuevo complejo está contenida en el decreto Nº 578 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia.

A diferencia de las cárceles tradicionales con grandes pabellones comunes, la nueva unidad fue diseñada bajo un esquema de 6 módulos independientes, denominados "mini penales". Cada módulo funcionará como unidad autónoma con su propio ingreso, áreas recreativas, talleres educativos y cocinas. Se explicó que el objetivo es evitar que los internos de distintos sectores tengan contacto entre sí, reduciendo la capacidad de organización interna de las bandas.

El proyecta apunta a albergar a 1.920 internos, todos varones.

La licitación fue convocada con un presupuesto de $32.887.807.996,16 y se presentaron 8 oferentes de los cuales la Unidad Ejecutora optó por la oferta de Pecam.

La unanimidad de la Cámara de Senadores, tanto en la votación en general como en particular, para una norma de 111 artículos, es el dato político saliente de la negociación entre el oficialismo y la oposición que este jueves logró dar media sanción a un proyecto de ley orgánica de municipios.

Se trata de una norma que cambiará la vida política de todos los gobiernos de pueblos y ciudades de Santa Fe, que deja abierta la puerta a los concejos municipales a declarar en su propia carga orgánica su autonomía y también a crear nuevas entidades regionales formadas por asociaciones entre esos gobiernos. Es en síntesis, una nueva arquitectura del primer nivel del estado: el de las municipalidades (ya no habrá más comunas, ni elecciones cada dos años).

Unos aplausos de los propios senadores en sus bancas, iniciados por el presidente de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), cerraron el tratamiento de la norma luego de que el secretario parlamentario leyera el último artículo "de forma".

Quienes conocen los pormenores de la negociación entre ese bloque mayoritario y el del peronismo, liderado por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), pudieron entender que no se trató de un gesto desmedido más que a su propia actuación se aplaudió la construcción del consenso, la prioridad del diálogo y por supuesto las coincidencias.

La nueva ley orgánica de municipios, aprobada por unanimidad en el Senado, promete transformar la política local, eliminando las comunas y reduciendo elecciones.

Está claro que ambas bancadas, en una correlación de fuerzas que no es pareja, debieron ceder y así pudieron acordar. "No vamos a ir de atropellada" había dicho un vocero del radicalismo. Y eso dio sus frutos: se suponía que podía haber alguna votación en particular de algún artículo que partiera aguas, pero no fue así. Y seguramente por las mismas razones se pasó de un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, llegado en diciembre del año pasado, que tenía algo más de 60 artículos a otro que finalmente cuanta con 30 más. Y que además acepta el ordenamiento temático que planteó la oposición para una lectura más sencilla de la norma.

Fueron en definitiva tres meses en los que primero los senadores recibieron opiniones de especialistas y de las actuales autoridades municipales de distintos partidos políticos, y que luego discutieron puertas adentro y finalmente entre bloques. El resultado prueba que siempre lo hicieron bajo la orientación de lo que se había acordado en la Convención y de hacer compatibles dos proyectos de ley que tenían mucho por revisar para encontrar coincidencias y redactar uno solo.

El proyecto de ley fue girado a Diputados donde se aprobó una preferencia para dentro de dos sesiones. La Constitución reformada en 2025 da un año de plazo para la sanción de una nueva ley que implica un nuevo diseño para las próximas décadas. Para comprender la profundidad del cambio debe recordarse lo obvio: la media sanción del Senado contiene un artículo que deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 que sirvió por más de 60 años: no se trata de una modificación a una norma sino de su reemplazo.

Para el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) la aprobación sin votos negativos y "por 18 votos", ya que se ausentó sin aviso Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), "hemos logrado avanzar en un proceso que se inicia con la reforma de la Constitución y sigue con esta norma haciendo lo que se nos ha reclamado: bajar los costos de la política". El titular de la Cámara alta sacó cuentas: en más del 92% de las localidades santafesinas se cambia de elecciones cada dos años a otras cada cuatro. Y en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 de concejos muncipales con 6 integrantes se baja a 5. Para Michlig es relevante que la provincia haya impuesto en la reforma "no más reelecciones indefinidas", en 2025 cuando se aprobó esa posibilidad por una vez para el gobernador.

Antes, los dos jefes de bloques hablaron extensamente sobre aspectos técnicos y políticos de la ley. Borla aseguró que el nuevo texto que debatirá Diputados contiene los llamados "derechos de cuarta generación" propios de la Constitución progresista que Santa Fe ha consagrado, para ejercer la participación ciudadana con más instrumentos.

Los senadores provinciales Rodrigo Borla del oficialismo y Rubén Pirola de la oposición presiden las bancadas de la mayoría y la minoría. Fueron los principales oradores de un debate que se inició hace tres meses y retomó el espíritu reformista de 2025. Foto: Manuel Fabatía.

Consciente de lo que le espera, el sanjustino recordó que hay tres normas que este año la Legislatura debe sancionar para obedecer las disposiciones transitorias de la reforma. La norma ya votada por el Senado y, del mismo modo, nuevas normas para la distribución de la coparticipación de la provincia a los gobiernos de pueblos y ciudades, y una ley electoral. Todo indica que habrá más dificultades para la unanimidad en ambas, según dejó entrever en su discurso Pirola. El justicialista como antes el radical habló de la voluntad de acordar y ceder con un fin superior pero mostró que en esas otras materias las diferencias son mayores.

Los dos bregaron porque se mantenga el clima actual. El abogado del oficialismo no ahorró elogios a la disposición del peronismo para el intercambio de proyectos, y el contador del PJ reconoció: "hemos sido escuchados".

Esteban Motta (UCR-San Martín) reflexionó sobre la votación sin disidencias y lo que eso significa en política para dar una señal a todos los santafesinos, en un contexto nacional de divisiones y grieta, y Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) apeló a lo emocional al confesar su "amor", acaso debió decir primer amor, por la localidad de Salto Grande de la que fue su presidente comunal. Expresó su "orgullo" por poder ser parte de una ley que crea "un nuevo andamiaje institucional más moderno".

Más allá de que no hubo sesiones en la semana ni en el Senado ni en Diputados, el Poder Ejecutivo remitió nueve pliegos de magistrados para análisis de la Comisión de Acuerdos y posterior votación en Asamblea Legislativa.

Son siete vacantes para suplir vacantes en cinco sedes judiciales, entre ellas Santa Fe y dos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y Reconquista.

La semana próxima, la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini pondrá fechas para el tratamiento y la vicegobernadora Gisela Scaglia deberá definir si la Asamblea Legislativa es convocada antes de noviembre o los pliegos serán considerados en Extraordinarias en diciembre.

Con los nuevos pliegos más 88 aprobados en sendas asambleas legislativas, el Ejecutivo avanza en la cobertura de vacantes tan reclamada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Consejo de la Magistratura lleva adelante varios concursos, entre ellos para el fiscal regional de Venado Tuerto.

Por otra parte, la Legislatura deberá definir los alcances del nuevo instituto para seleccionar candidatos para la justicia siguiendo los lineamientos de la nueva Constitución.

Los pliegos remitidos para análisis legislativo son los siguientes:

María Josefina Olcese: jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe.

Nicolás Alejandro Occhi: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª. Nominación para Santa Fe.

Federico Lema: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.

Guillermo Roldán: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo.

Javier Pedro Bértora: Juez Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo.

Carolina Burgos Grabich: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez.

María de los Milagros de la Torre: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.

Paula Prieto: fiscal adjunta subrogante para Reconquista.

Brenda Baños: fiscal adjunta subrogante para Rafaela.

"Por Dios y la Patria", la rosarina Verónica Rosalía Colombo juró como convencional constituyente en el bloque Fe y se sentará en la banca que no llegó a ocupar Alejandra Oliveras. La jura se produjo en el marco de la cuarta sesión plenaria de la Convención Reformadora que preside el radical Felipe Michlig.

La reunión se hizo bajo la presidencia honoraria de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, convencional constituyente de 1962 quien fuera secuestrado y desaparecido en mayo de 1976. La convención resolvió que cada sesión tendrá un presidente honorífico sugerido por los diferentes espacios políticos.

La sesión tuvo por objetivo central el juramento de Colombo y así dejar integrado el cuerpo con los 69 integrantes previstos por la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. El próximo plenario será convocado para empezar a votar los artículos habilitados para ser reformados y que demandarán al menos una semana más de trabajo en las diferentes comisiones.

Colombo se sumará a las comisiones de Estado y de Poder Judicial. Foto: Manuel Fabatia

Colombo se sumará a las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana y de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales en reemplazo de Ariel Sclafani, presidente del bloque.

La tercer integrante del bloque Fe, Caren Fruh hizo un compromiso público por los 78.200 votos obtenidos el 13 de abril en no olvidar los compromisos que hizo durante la campaña electoral la líder del espacio, Oliveras. "Vamos a cumplir el compromiso y trabajar por la salud, el deporte, los pueblos originarios, los niños, la educación y los chicos" señaló la convencional.

Antes, hubo un minuto de silencio y un cerrado aplauso en memoria de Oliveras ya que fue la primera sesión realizada tras el fallecimiento de la ex campeona mundial de boxeo. Ya sobre el final, hubo otro minuto de silencio y fue en memoria de las víctimas de la explosión por un escape de gas en un edificio de calle Salta en Rosario del cual se cumplieron doce años en esta semana.

El minuto de silencio que hubo en la Convención. Foto: Manuel Fabatia

El concejal Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) fue quien realizó una manifestación por ese grave suceso y lo encadenó con la necesidad de que la nueva Constitución tenga una organización del Poder Judicial que facilita la tarea investigativa, se pronunció por un Consejo de la Magistratura que seleccione a los mejores para los cargos y que juzgue la conducta de jueces y fiscales. Pero también abogó por un control de los servicios públicos ya sean estatales o públicos.

Sobre la figura de Sinigaglia, presidente honorario de la sesión se refirió el convencional Facundo Olivera (Más para Santa Fe) quien colocó un afiche con su figura en la banca. En la barra, organismos de Derechos Humanos, siguieron la sesión. Rafaelino de nacimiento, estudiante del Colegio de la Inmaculada y luego abogado recibido en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Fue convencional en 1962, presidente del bloque del Partido Laborista y Olivera recordó que pidió la suspensión de la convención en su momento porque mientras se discutía el nuevo pacto de convivencia de la sociedad santafesina un golpe de Estado alejaba del gobierno al presidente Arturo Frondizi.

Luego, en los 70 integró la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires y acompañó a Esteban Righi como asesor en su corto período de ministro del Interior durante el gobierno de Héctor J. Cámpora. Fue detenido y desaparecido en la puerta de su estudio en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1976.

Olivera dijo que con Sinigaglia se rinde homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos por el gobierno militar en la Argentina. Néstor Fandos (La Libertad Avanza) quiso refutar la cifra con la expresada en la COnadep y el convencional oficialista Fabián Bastia marcó que en los homenajes no se puede polemizar.

Felipe Michlig, dijo que el objetivo es "brindar la mejor Constitución a los santafesinos". Foto: Manuel Fabatia

Las próximas presidencias honorarias acordadas son las del ex gobernador Carlos Silvestre Begnis (Frente de la Esperanza); el ex convencional Danilo Kilibarda (Activemos); Brigadier Estanislao López propuesto por Unidos; y el Papa Francisco (Somos Vida). También se acordó que el nombre del ex gobernador Miguel Lifschitz será el presidente honorario en la última sesión. Resta definir el nombre a proponer por el bloque de La Libertad Avanza.

Sobre el final de la cuarta sesión, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, dijo que el objetivo ahora es "brindar la mejor Constitución a los santafesinos". El radical advirtió que el martes venidero, la Convención habrá cumplido la mitad de su mandato y reconoció "la labor de los convencionales en cada una de las cinco comisiones, para brindar la mejor Constitución a los santafesinos; y el diálogo permanente que nos permitió alcanzar consensos para el funcionamiento de la Convención".

Michlig repasó lo actuado desde el 13 de abril cuando se hicieron los comicios, las reuniones previas, la conformación del cuerpo y los consensos alcanzados para elegir autoridades e incluso el reglamento. Ponderó la participación ciudadana en las diferentes audiencias.

Ahora, en tanto, llegará la etapa de redacción de las propuestas, pasarlas a la Comisión Redactora para luego llevarlas al recinto.

Los pliegos de tres candidatos para la Corte Suprema de Justicia y quince proyectos de ley habilitados por el Poder Ejecutivo integran el temario del tiempo de Extraordinarias de sesiones de la Legislatura que se extenderá hasta fines de abril. En el medio, se desarrollará la campaña electoral para convencionales y la PASO municipal y comunal que tienen un dato clave este viernes con la inscripción de candidatos.

Lo más inmediato a resolver por las cámaras legislativas son los tres pliegos con los que el Poder Ejecutivo propone para integrar la Corte Suprema de Justicia, y que tienen un plazo de vencimiento caso contrario quedan aprobados en forma ficta y no hay intenciones de la mayoría oficialista de que esto ocurra. La Comisión de Acuerdos que preside el senador Raúl Gramajo tiene abierto hasta el lunes el plazo para recibir observaciones a las propuestas de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Para el martes, la Comisión de Acuerdos hará las entrevistas personales a los tres postulados por el Ejecutivo. Zabalza, Weder, Baclini, en ese orden desde las 11. Por la tarde, Acuerdos convocó a la Audiencia Pública prevista en la reforma a la ley sobre la Corte Suprema de Justicia. Allí, los legisladores escucharán posibles objeciones a los candidatos que no estarán presentes en el recinto de la Cámara de Diputados. "Cada orador tendrá tres minutos de reloj para exponer" se señaló a El Litoral.

La Asamblea Legislativa está citada para el jueves a las 13 para votar esos tres pliegos. Para el caso de que no haya dictamen de Acuerdos o no haya quórum la segunda convocatoria a la reunión de senadores y diputados será el 20 de febrero.

En tanto, las dos cámaras tiene temas habilitados, la mayoría impulsados por el Poder Ejecutivo y otros de autoría de legisladores. Uno de los temas que urge a la Casa Gris es la sanción de la nueva Ley de Parques Productivos y Zonas de Innovación Productiva con la consiguiente derogación de la vigente Ley Nº 11.525. El tema ya fue votado por el Senado pero en Diputados hay algunas diferencias con el mensaje expuestos por sectores del radicalismo. En la semana, hubo una reunión en el ministerio de Desarrollo Productivo con el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani donde varios legisladores estuvieron exponiendo objeciones y acordaron buscar puntos e entendimiento. Cuando exista acuerdo entre el ministerio y el bloque de Diputados deberán luego tener la convalidación del Senado. En la disidencia está el temor que la redacción deje fuera de la ley a algunos parques tecnológicos como el Litoral Centro.

El Senado, por ejemplo tiene habilitado el tratamiento de una iniciativa ya aprobada en Diputados para eliminar cargos hereditarios en el Estado santafesino. Se trata de un proyecto originado en María Ximena Sola (PRO), María Fernanda Castellani (PRO) y Martín Rosúa (UCR), por el cual se prohíbe la designación preferencial de personas en cargos y empleos que tengan fundamento en vínculos de parentesco con agentes estatales.

Las cámaras tienen habilitado el tratamiento de proyectos referidos al régimen de iniciativa privada para la provincia y otro para regular la instalación de reductores de velocidad en rutas santafesinas.

Los otros mensajes del Ejecutivo que esperan sanción en Diputados es la validación del convenio marco de colaboración entre YPF SA y la Provincia de Santa Fe y el régimen especial de optimización de gestión de bienes inmuebles. Los otros proyectos tienen iniciativa de legisladores e incluso esta semana la Casa Gris habilitó cuatro nuevos mensajes, en todos los casos para tener la facultad de expropiar terrenos en la localidad de General Lagos, dpto Rosario.

Este viernes, vencerá el plazo de presentación de listas de candidatos a convencionales constituyentes ante las juntas electorales de partidos, frentes y alianzas electorales que competirán el 13 de abril por las 69 bancas. De ellas 50 serán por distrito único, mediante sistema D'Hont y las restantes 19 una por cada departamento.

También se producirá en la fecha el cierre de presentación de listas de pre candidatos a intendentes, concejales y miembros comunales para la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria del 13 de abril. La ley determina que en las localidades donde todas las fuerzas tengan candidatos únicos no habrá Paso.

De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaría de Trabajo de la Nación correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia de Santa Fe registra sin estacionalidad 510.000 trabajadores y trabajadoras formales, mientras que el mes anterior la cifra, con los datos ya ajustados, alcanzó a los 510.400 .

"Es decir que se experimentó una leve caída respecto del mes anterior y en la comparación interanual se verifica una pérdida de más de 11.000 puestos formales dependientes", señaló el ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

A nivel país en noviembre de 2024 continuó la caída en casas particulares y en el trabajo independiente se observaron variaciones negativas en todas las categorías, principalmente en monotributo (categoría en la cual la cantidad de aportantes cayó un 0,5%). El monotributo social presentó una caída de 0,8%, y autónomos una caída del 0,5%.

En el detalle por actividad en el orden nacional se observa que las ramas de actividad que experimentaron mayor dinamismo fueron: Pesca (+3,5%); Comercio y reparaciones (+0,3%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%); Construcción (+0,2%); y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%). Entre las ramas que se mantuvieron estables se encuentran Transporte, almacenamiento y comunicaciones; y Servicios sociales y de salud. Por su parte, las ramas que mostraron mayor intensidad en la contracción del empleo fueron: Explotación de minas y canteras (-0,4%); Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,3%); e Intermediación financiera (-0,2%).

La remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2024 se ubicó en torno a los $ 1.423.000 y la mediana de la remuneración bruta fue de $ 1.077.793.

"Es una buena base sobre la que vamos a construir un edificio mayor", les prometió en la segunda semana de diciembre, el gobernador Maximiliano Pullaro a los legisladores del oficialismo que cerraron un año que parece difícil igualar, por el número, pero sobre todo por lo significativo de las leyes aprobadas. Evidentemente, el titular del Poder Ejecutivo piensa en más normas de fondo para su gestión, que ahora puede comenzar a ser pensada bajo la chance de un segundo período inmediato, según lo que suceda en las urnas en 2025 y eventualmente en 2027.

Cuando algunos en la Legislatura entendían que por lo vasto y profundo de las normas sancionadas, más los comicios que enfrenta el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, habría una suerte de desaceleración, el gobernador les habló de levantar columnas y paredes. Que lo hecho son cimientos, una losa bien anclada al suelo. La arena política es voluble y exige acción permanente, parece ser la consigna.

Por empezar, están promulgadas, y publicadas con su número en el Boletín Oficial, todas las iniciativas importantes pedidos por la Casa Gris. Quedó solo un convenio con YPF que ha causado gran entusiasmo en el Senado, que ya le dio media sanción y no se alcanzó a tratar en Diputados. Seguramente, tomará el tema en febrero, luego del receso de enero. Será un primer mes de año de intensas negociaciones en todas las fuerzas políticas para el cierre de listas de convencionales constituyentes. Sí, lo que suceda en 2025 en la Legislatura será marcado por un doble calendario electoral: el nacional para la renovación de diputados por Santa Fe y el provincial, para reformar la Constitución y renovar autoridades en parte de las municipalidades y comunas.

Todas las normas importantes contienen al menos una de las dos palabras clave del año: reforma y emergencia. En la primera hay futuro, en la segunda un remedio de facultades extraordinarias a las habituales para decisiones veloces en la gestión, sobre asuntos considerados en problemas. Por supuesto, hay además una serie de normas penales que no necesariamente citan la emergencia más relevante, la de Seguridad, que se sostiene que en parte explican los números de homicidios y robos en baja en el funcionamiento del MPA y de la Justicia.

En cuanto a "reforma" es obvio que la sanción de la Ley 14.384 tiene carácter histórico y merece un abordaje por separado y a fondo. Antes, durante el período ordinario, la mayoría de 14 sobre 19 en el Senado y un importante acuerdo de consenso entre el oficialismo, parte del peronismo encabezada por el ex gobernador Omar Perotti, dos de los tres diputados de la izquierda y alguna abstención en el bloque celeste de Somos Vida cambió la composición de los miembros de la Corte. La posterior sanción de la ley de reforma constitucional (ya durante extraordinarias y habilitada por el gobernador) tuvo una composición similar. De hecho, solo alcanzó los dos tercios cuando se debió involucrar el propio jefe del Estado provincial.

En síntesis, los legisladores con más poder y diálogo con el gobernador admiten que las mayorías en las urnas y la unidad del frente de frentes entre radicales, socialistas y macristas es clave, pero también su permanente búsqueda de consensos. Y lo explican con números. Muestran orgullosos que se votaron más de cien leyes, y destacan que un 70% alcanzó la unanimidad.

La norma que más rechazos opositores produjo fue la de reforma de la Caja de Jubilaciones. El oficialismo consideró que no era hora de esconder su déficit en las cuentas generales de la provincia y produjo un ajuste en activos y pasivos, solo sus votos. Buena parte de la actividad legislativa de la segunda mitad del año tuvo al tema como protagonista, con manifestaciones de gremios (en una de ellas con un desenlace violento) y un debate previo serio, con espacio para todas las posiciones. Ninguno de los bloques opositores de las dos Cámaras acompañó a Unidos, que decidió asumir los costos políticos de la emergencia previsional.

La Legislatura sancionó más de cien leyes, además de las mencionadas. A continuación, una síntesis de las que tendrán o ya tienen un mayor impacto.

- Se hicieron muy fuertes modificaciones al Código Procesal Penal, a la organización de los Tribunales, al Servicio Penitenciario y a la Desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes (de microtráfico). Se ampliaron facultades para la ejecución de la pena de privación de la libertad y se sancionó la Ley Nº 14.374 "Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas" sobre la "base de la huella genética digitalizada obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN)", que dependerá del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Santa Fe ha tomado de la experiencia mendocina, que también se ha dispuesto llevar a cabo a nivel nacional por una norma del Congreso, a la luz de los resultados en Cuyo para facilitar las investigaciones de los fiscales penales.

- Está vigente, la Ley 14253 que instaura los Juicio por Jurados de ciudadanos, que ya llevan adelante otras provincias. Se llevaron a cabo modificaciones a la Ley 12256 de Abigeato, Programa de Coordinación y Seguridad Rural.

- La ley 14.287 ahora obliga a los secretarios de Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas (otrora juzgados de paz) a ejercer "funciones registrales propias del Registro Civil".

- Hubo modificaciones a la Ley 5531 (Código Procesal en lo Civil y Comercial), a la Ley 14264 (Reforma a la Ley 10160 - Orgánica del Poder Judicial) y a la Ley 5531 (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe).

- Se aprobó un Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de Santa Fe que popularmente se denomina "Ley de Mecenazgo", para que los privados inviertan en el financiamiento de proyectos culturales, como así también de la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural.

- La provincia cuenta ahora con un "Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos" que tiene un doble fin: brindar fondos al deporte amateur para su promoción como política de contención social frente a las drogas y el delito y procurar que las entidades regularicen sus papeles para poder solicitarlos.

- El Boleto Educativo Gratuito que se inició por un decreto del ex gobernador Omar Perotti se convirtió en política de estado, con la sanción de una ley que crea ese programa. Las dos Cámaras los sancionaron con un alto consenso en sesiones extraordinarias, en cuyo temario sumó la Casa Gris ese tema.

- Por otra parte, la Ley 13.155 quitó a casi todos los santafesinos el feriado provincial del 15 de noviembre. En adelante solo lo será para la ciudad de Santa Fe y la comuna de Cayastá.

- Normas de declaración de patrimonio sobre construcciones de carácter histórico y de patrimonio cultural para distintas manifestaciones y actividades festivas colectivas en todo el territorio provincial, se celebraron numerosos homenajes a personalidades santafesinas destacadas y se aprobaron normas habituales en todos los períodos de sesiones ordinarias como declaraciones de emergencias para el agro por razones climáticas, expropiaciones y convenios. Se sancionaron normas para la constitución de comisiones comunales según el aumento de sus poblaciones, como todos los años.

- En materia económica, contra lo que sucede a nivel nacional, Santa Fe tiene ley de Presupuesto 2025 y Ley Anual Tributaria que recibieron un fuerte consenso de Diputados y la unanimidad del Senado. Hay ahora para la industria una Ley de parques productivos y zonas de innovación productiva.

- Se eximió del Impuesto Patente Única sobre Vehículos a todos aquellos vehículos que son propiedad de las cooperativas de servicios; se modificó la ley de Compre Santafesino y se creó la figura de la de contribuciones por mejoras para obras públicas provinciales.

- Hubo normas para sectores particulares como la Ley de creación de la Región del Queso Azul, cuya producción se declara de interés, además de promover políticas de comercialización y promoción.

- Se destaca la norma para la creación de un espacio para la memoria en la llamada Quinta de la Calamita, en Granadero Baigorria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

- También, leyes para la prevención de la ludopatía, la concientización sobre distintas enfermedades y la creación de planes y programas vinculados a la salud y el trato a los pacientes.

Hoy Santa Fe vive en emergencia en Seguridad Pública, en el Servicio Penitenciario, en la red vial, en materia social, educativa y sanitaria. En todas esas cuestiones el Ejecutivo tiene manos libres para avanzar con las transformaciones que pretende.

Con la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Mecenazgo en la Legislatura provincial, Santa Fe avanza en la promoción del arte y la cultura. Esta normativa, impulsada por el diputado Germán Scavuzzo, fue el resultado del consenso entre varios proyectos presentados por los diputados Palo Oliver, Drisun, Argañaraz y el senador Seisas. Su objetivo es fomentar el desarrollo cultural mediante la participación activa del sector privado y el financiamiento directo de proyectos culturales.

“La cultura es nuestra esencia, nuestra historia y nuestro futuro. Con esta ley, buscamos democratizar el acceso al arte, fortalecer nuestra identidad y crear nuevas oportunidades para los artistas de toda la provincia”, destacó Scavuzzo.

La ley es un régimen de promoción de la cultura, que permite a todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, destinar hasta el 10% de su aporte anual al financiamiento de proyectos culturales o al sostenimiento y promoción del patrimonio cultural. No se trata de un beneficio fiscal, sino de un mecanismo mediante el cual esos recursos, que de otro modo irían al Estado, se asignan directamente al desarrollo cultural. Este modelo, aplicado con éxito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en otras provincias, dinamiza las industrias culturales y garantiza más herramientas de financiamiento.

El régimen de mecenazgo complementará los recursos ya destinados por el Estado a la cultura, creando un ecosistema sostenible que amplía las oportunidades para gestores culturales y artistas. “El mecenazgo es una herramienta más, pero el Estado seguirá siendo un actor clave en el sostenimiento de la cultura”, afirmó Scavuzzo.

La Ley de Mecenazgo promete transformar el panorama cultural de Santa Fe, impulsando el talento local y preservando el patrimonio. “Si logramos implementar esta ley con éxito, en los próximos años veremos una provincia más diversa, creativa y participativa en términos culturales”, expresó Scavuzzo.

Con esta legislación, Santa Fe da un paso histórico hacia la construcción de un ecosistema cultural sostenible, donde cada ciudadano, empresa y organismo pueda ser parte del crecimiento del arte y la cultura. Porque, como concluye el diputado Germán Scavuzzo, “la cultura es el motor que nos une y nos proyecta hacia el futuro que soñamos”.

La Legislatura santafesina, a partir de la aprobación del dictamen sobre la necesidad de reformar la Constitución provincial, comienza a debatir desde la tarde de este jueves y hasta la medianoche, esta norma impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

De los acuerdos y discusiones previas, se especula que la ley no solo tendrá tratamiento este mismo jueves sino también aprobación; lo que habilitaría a ejecutar el calendario con miras a la reforma en sí.

Como explicó este medio, la intención del oficialismo es separar lo más posible el escenario electoral nacional (prevé primarias en agosto, en caso de que las hubiera) del provincial.

Sobre esa base, Unidos planifica que la elección de constituyentes – y las primarias para categorías locales– se realizaría el domingo 13 de abril. Ello implicaría un cierre de listas ante autoridades partidarias para el 7 febrero, y un decreto de convocatoria que el gobernador debería estar firmando el próximo 14 de diciembre. De allí, la premura por sancionar cuanto antes la necesidad de la reforma.

La diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti manifestó: "No voy a acompañar aunque creo que es necesaria una reforma constitucional".

"Estamos votando por una constitución de vanguardia para los santafesinos", sostiene Lionella Cattalini.

"Es una reforma de la casta de espaldas al pueblo santafesino", dice la legisladora Natalia Armas Belavi.

Desde el PRO santafesino, Ximena Sola sostuvo: "No es una reforma urgente, sino necesaria. Es nuestra responsabilidad legislar para futuras generaciones"

"Estamos habilitando el debate para que se reforme la constitución, no reformando hoy el texto. Será la participación ciudadana la que se exprese en un proceso electoral", advirtió Rubén Galassi.

“Las bancas no son de las personas, son de los partidos”, señaló Alejandra Rodenas al fundamentar su voto en contra y la crítica a sectores del PJ que apoyan la reforma.

"Será una reforma amplia y abarcativa porque busca terminar con los privilegios y consagrar derechos" dijo Walter Ghione.

"Es un momento profundamente transformador. Es una ley sin cláusulas cerrojo ni limitaciones para los constituyentes", dice el diputado socialista Joaquín Blanco.

"Es un día histórico. Nadie puede discutir que este proceso fue virtuoso" dice el diputado Palo Oliver, que apoyará el proyecto.

"Voto por convicción, no por capricho" dijo Omar Paredes, expulsado de Somos Vida por avalar la reforma constitucional en . "Tengo 55 años y 30 de afiliado radical" señaló.

El diputado Emiliano Peralta denunció que los diputados Paredes y Porfiri votarán la reforma contra la decisión partidaria. "Han traicionado al electorado", afirmó. Acto seguido pidió la expulsión del bloque.

"La Constitución de Santa Fe quedó atrasada no porque hayan pasado más de 60 años, sino porque el mundo y la provincia cambiaron", dijo Silvana Di Stefano.

"Pensamos en una Constitución abierta, progresista, inclusiva para la provincia futura", dijo Pablo Farías.

Tras conseguir la firma del dictamen, los legisladores provinciales comenzaron a debatir la necesidad de reformar la carta magna provincial.

Dictamen debate reforma con...

Luis Rodrigo / Mario Cáffaro

La Legislatura sancionó una serie de reformas a la integración y al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia al modificar distintos artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial, la 10.160 que dispone, entre otras cosas, que a futura la máxima instancia de la justicia tendrá siete ministros y el Procurador, y que cesarán automáticamente en sus funciones a los 75 años.

El tema fue primero votado en la Cámara de Diputados luego de extenso debate donde hubo fuertes cuestionamientos de Somos Vida y de cuatro diputados justicialistas pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe sumó los votos de Hacemos (el bloque justicialista que tiene como referente a Omar Perotti) más el Frente Amplio por la Soberanía. Luego, el expediente fue votado sobre tablas en el Senado únicamente con el voto de Unidos y la abstención de la bancada justicialista. "Somos Unidos para Cambiar Santa Fe y creemos necesario que se debe empezar a cambiar la Corte cuyos integrantes tienen un promedio de 24 años en los cargos, lo que significa que pasaron seis gobiernos constitucionales" señaló el radical José Corral al cerrar el debate que tuvo exposiciones muy críticas desde Somos Vida, especialmente a través de Emiliano Peralta y Amalia Granata así como de la justicialista Amalia Granata.

Más allá de los fuertes discursos de Peralta y Granata antes de votarse el texto, Omar Paredes integrante de Somos Vida pidió autorización para abstenerse en la votación.

La reforma sancionada modifica seis artículos del título de la Ley Orgánica referida a la Corte Suprema y otros dos artículos sobre el personal judicial. El corazón de la reforma es elevar a siete la actual composición de seis ministros, reclamo de tener composición impar que fue incluso muchas veces reclamada por la propia Corte, más un artículo para clarificar lo que la mayoría de las cámaras entendió que corresponde clarificar es cuándo corresponde el cese de funciones de los magistrados del Poder Judicial. La Constitución provincial establece el límite en 65 años y la Carta Magna nacional en 75 y la norma votada se inclina por ésta última edad.

A partir de la promulgación, la Corte se compondrá de siete ministros y un procurador "debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional".

El artículo más polémico señala que ministros y procurador "cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los

75 años de edad. Dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad. Un nuevo nombramiento, precedido de igual procedimiento, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de dichos funcionarios, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de quienes alcancen la edad indicada se harán por 5 años".

"Si no han sido designados nuevamente con anterioridad al cese automático o al vencimiento de cada designación efectuada conforme lo dispuesto en el párrafo precedente, pierden su condición de ministro/a y procurador/a general y dejan de percibir la remuneración correspondiente a su cargo".

"El trámite del procedimiento para una nueva designación y aún el acuerdo de la Asamblea Legislativa, no obstará al cese automático previsto en este artículo si no se ha producido dicho nombramiento por parte del Poder Ejecutivo".

Los socialistas Lionela Cattallini y Rubén Galassi; Ariel Bermúdez (Creo), los radicales Martín Rosúa y Corral; el justicialista Marcos Corach y Fabián Palo Oliver (FAS) expusieron las razones del voto positivo más allá de alguna diferencia en particular del justicialista.

Además Peralta y Granata, también Silvia Malfesi expuso en contra desde Somos Vida al igual que Lucila De Ponti, Rodenas y Miguel Rabbia desde el justicialismo y los celestes independientes expresados en Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz.

Precisamente Bermúdez cuyo proyecto encabezó el expedientes recordó que desde 2017 viene presentando el proyecto de ampliación de la Corte basado en el propio ministro Daniel Erbetta que habló de una Corte insólita de seis miembros que en casos de empate debe recurrir a un camarista. "Somos enemigos del statu quo; abogamos por instituciones transparentes a la altura de las circunstancias actuales" remató su ponencia la socialista Cattallini.

En cambio, Peralta cuestionó que no hubo intención alguna de consensuar reformas a esta proyecto al que enmarcó en una pelea entre el presidente de la Corte y el gobernador. "Ninguna de las reformas que presentamos fueron tomadas en cuenta y estamos reformando el máximo tribunal" se quejó el reconquistense. Luego, habló de que el gobierno está al filo de la institucionalidad porque con esta ley "puede limpiar a cinco ministros. Es un disparate, una vergüenza histórica", afirmó.

"Nos merecíamos este debate desde hace años" dijo Palo Oliver quien sostiene que ministros se quedan en los cargos sin soporte legal alguno. Rodenas aclaró que "esto no es una reforma, es un acuerdo superestructural" y Granata habló del "monarca" Pullaro, de que la Cámara era una escribanía y pidió a sus pares reflexionar sobre la cesión de tanto poder al mandatario.

Para Rosúa es clave tener número impar de miembros así como fijar la certeza de cuándo un ministro debe dejar el cargo. Corach admitió que parte de las propuestas de su bloque fueron atendidas como la necesidad de que se convoque a audiencias públicas para temas de interés. El justicialista aclaró que la redacción de los 75 años no es retroactivo sino para de aquí en más.

Galassi hizo una respuesta política a planteos de la oposición para aclarar que "inamovilidad no es igual a perpetuidad. Con la ley damos certeza de cuándo es el momento del retiro", agregó.

El cierre estuvo a cargo de Corral quien marcó que una Corte de siete además de romper la paridad, facilitará la rotación de ministros en el tiempo histórico. "Nadie del Poder Ejecutivo, ni Unidos se va a llevar puesta la institucionalidad pero no vamos a renunciar a las herramientas que nos da la ley siempre buscando los mayores consensos posibles" señaló.

Con un contundente mensaje de respaldo a la reciente persecución penal del microtráfico de drogas ilegales en la provincia de Santa Fe, la fiscal general María Cecilia Vranicich hizo bastante más que cumplir con su primer informe de gestión del año, que le impone la ley que creó el Ministerio Público de la Acusación.

La ex auditora del MPA asumió la conducción del órgano acusador el 20 de abril de 2023 y unos pocos meses después debió enfrentar una dura crisis en la Fiscalía Regional de Rosario sobre la que ordenó finalmente su intervención. Más tarde, tras el cambio de gobierno, con la gestión de Maximiliano Pullaro se aprobaron leyes -en tiempo récord- que implican modificaciones de fondo para la labor de los fiscales y de su conducción. Las más importantes son la de "fortalecimiento" de la oficina a cargo de Vranicich (que le resta poder a las fiscalías regionales) y la que impone ahora la tarea de llevar a juicio a los dealers y narcos que años atrás, acaso ingenuamente, se consideraban meras ramificaciones de las organizaciones delictivas mayores. Hoy se considera que es clave que la provincia enfrente esos delitos por su estrecho vínculo con el aumento de la violencia extrema.

Dijo que el cambio de paradigma con la desfederalización de la persecución penal del llamado narcomenudeo pone "a todos los fiscales" a cargo de ese trabajo, en cada una de sus investigaciones. Explicó que además espera que pronto sean creados los cargos necesarios para formar una unidad en la fiscalía general dedicada a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades.

Vranicich llevó adelante su informe en el recinto del Senado, en un acto presidido por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), junto al ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Coccocioni, quien prometió enviar el respectivo mensaje de ley.

La fiscal general advirtió, con cifras, que no se ha verificado en la práctica el temor a un aumento desmedido de las detenciones, producto de la persecución del microtráfico, mostró su predisposición a que el MPA tenga una mejor coordinación con sus pares de la Justicia Federal e informó sobre las instancias de trabajo en ese sentido y describió una evolución de resultados positivos del órgano a su cargo desde su creación hace ya diez años. También, críticas sobre las tradiciones judiciales que lo determinan, en especial sobre el manejo de los expedientes.

Vranicich prepara un cambio de fondo para los legajos y explicó por qué. Hoy el MPA como el resto del Poder Judicial abre un legajo para toda denuncia y desde el punto de vista del sistema de gestión vale igual el robo de un celular que un crimen.

Aunque el sentido común crea prioridades es solo esa actitud personal la que permite que unos temas tengan más atención que otros. En ese tren, la titular del MPA fue a un punto sensible. Habló de "sincerar" internamente cuál es la carga real de trabajo para los fiscales que, en efecto, tienen miles de expedientes, pero una parte de ellos podrían ser, sino resueltos, avanzados sin su intervención.

Fue más allá al reflexionar: "el ministerio público debe contar con procesos internos y respuestas expeditivas de un nivel de eficiencia que se parezca a la de los poderes ejecutivos", comparó. Se preguntó si, en una eventual reforma constitucional, no debería replantearse a qué poder debe pertenecer Acusación o, tal vez, si no debe ser un órgano extrapoder. En cualquier caso subrayó que lo imprescindible es la autonomía económica.

Dedicó buena parte de su tiempo a expresarse sobre la crisis en Rosario, en seguridad y en el MPA. Repasó las medidas tomadas sobre los organismos que deben enfrentar la violencia extrema urbana y su "difícil" decisión de intervenir la fiscalía regional. "No estábamos a la altura del contexto", expresó.

La palabra "impunidad" resonó fuerte dentro y fuera del recinto

La titular del MPA hablaba sobre el régimen disciplinario para los fiscales, vigente en Santa Fe desde 2017 y 2018, donde para las faltas graves corresponde que la oficina de Auditoría eleve los expedientes a la Legislatura. En pocas palabras, un esquema de control directo del Poder Legislativo sobre la actuación de los fiscales, así como de los defensores públicos.

Para María Cecilia Vranicich es hora de revisar ese mecanismo de control para que también intervengan otros poderes en esa instancia. Lo pidió en una intervención, que mereció varias exposiciones posteriores de diputados y senadores, en la que transmitió lo que los fiscales le indican: su sensación de estar bajo "una espada de Damocles".

Fue entonces que consideró necesario aclarar que todos los fiscales que recibieron amonestaciones disciplinarias, suspensiones o fueron apartados definitivamente de su función no sufrieron una injusticia, pero usó la palabra "impunidad" para describir su sensación ante faltas graves probadas por la labor del auditor (Vranicich lo fue) que no merecieron una medida disciplinaria a la altura de esos hechos. Dentro y fuera del recinto la titular del MPA se negó a dar nombres sobre qué casos le despertaron esa lectura.

Ante jefes de los bloques más poderosos de ambas Cámaras, los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, y titulares y ex titulares de la Comisión de Acuerdos comentó que comprende "la necesidad de construir acuerdos" que en ocasiones ha hecho que los encartados no sean debidamente reprendidos o apartados. Más tarde, en diálogo con los periodistas, fue igualmente prudente: ni un nombre, ni un gesto cuando se les nombró a fiscales que siguen en el MPA pese a lo señalado por el auditor Leandro Mai.

Las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura santafesina resolvieron en trámite veloz la sanción de una ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a expropiación de terrenos aledaños a la cárcel de Piñero para la ampliación del complejo penitenciario. El mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro declara "de utilidad pública y sujetos a expropiación seis lotes ubicados en la zona rural de la localidad", señala el primer artículo del proyecto.

Los terrenos referenciados serán destinados a la construcción de un complejo penitenciario, adyacente al ya existente. Las erogaciones provenientes de la aplicación y demás documentación que fuere necesaria, están a cargo de la Casa Gris, completa el texto votado por unanimidad en las dos cuerpos legislativos.

La cuestión ya había avanzado en Senadores pero los diputados debieron hacer una corrección señalada por el gobierno (un error de redacción, vinculado a cuestiones técnicas catastrales). Se resolvió de manera expeditiva con la Cámara baja en comisión al cabo de un cuarto intermedio en las bancas. Solo un diputado pidió la abstención: el justicialista cercano a Marcelo Lewandowski y ex senador provincial por Rosario, Miguel Rabbia, optó por no votar ante algunas objeciones formuladas en esa localidad del sur santafesino. Sobre el tema, luego del voto afirmativo en pleno de otro sector del PJ, habló Marcos Corach: reafirmó el respaldo a la norma pedida por la Casa Gris pero advirtió que el gobernador y sus colaboradores deberían reformular "su vínculo", incluso mejorarlo, con las autoridades locales de Piñero que -dijo- entienden que no han sido completamente informadas sobre algunos aspectos que conllevan la ampliación de la Cárcel. El ex ministro de Perotti explicó que no hay ninguna voluntad de obstrucción porque es imprescindible la ampliación, pero aconsejó un mejor contacto con los piñerenses.

En el Senado, en cambio, sencillamente se repitió la aprobación una vez que llegó de la otro cuerpo la versión corregida, también sin disidencias.

En su discurso del 1ro de Mayo, el gobernador Pullaro había puesto entre las prioridades en Seguridad como "imperioso" mejorar el sistema penitenciario. "En primer término, retomar el ritmo de construcción de obra pública penitenciaria y adecuarla a la realidad que vivimos. Ya se licitó la obra para sumar 160 celdas con capacidad para 320 reclusos en la Unidad 5 de Rosario y en el departamento La Capital sumaremos espacio para 880 personas. En la Unidad de Piñero, construiremos celdas para 2.432 presos, entre ellos los 1152 de alto perfil que ya se encuentran alojados allí. En total, tenemos proyectado sumar 2459 celdas, para 3632 reclusos, con una inversión pública de 227 millones de dólares", expresó en torno a la infraestructura carcelaria.

Preocupación

En las breves sesiones de Diputados y el Senado hubo manifestaciones de preocupación por el corte de servicios médicos, de internación y realización de estudios a los afiliados al Instituto Provincial de Obra Social (Iapos). En la Cámara baja las críticas se desataron a partir de una intervención de Miguel Rabbia, mientras que en el Senado lo mismo sucedió con otra expresión de Leonardo Diana. El justicialista puso el acento en las responsabilidades provinciales; el radical en la unilateral medida tomada por los prestadores que privan de salud a los beneficiarios en la zona sur. El repaso de casos urgentes provocó otro debate auspiciado por la diputada de Somos Vida, Silvia Malfesi para que sea optativo para los empleados públicos la obra social, hoy obligatoria. En la misma dirección opinó Amalia Granata.

Avanza el proyecto Alvear ciudad

La Cámara de Diputados aprobó sin votos en contra, con 46 manifestaciones a favor y algunas ausencias, sin abstenciones, un proyecto de ley que declara ciudad a Alvear en el departamento Rosario. El tema pasó de inmediato a la Cámara alta, que luego de su ingreso pasó a comisiones, pero con un pedido de preferencia para tratarlo en la próxima sesión, de acuerdo con un pedido del senador Ciro Seisas.

Helvecia

En el Senado, además se aprobó un pedido del representante por el departamento Garay, Germán Baumgartner, que solicitó una preferencia para una sesión para el Proyecto de Ley que buscar declarar la localidad de Helvecia como ciudad.

En tanto, en Diputados la declaración de Alvear como ciudad mereció algunas consideraciones no tan al margen de una ex funcionaria provincial, la diputada Celia Arena que actuó como ministra de Gobierno y Justicia en el gobierno anterior. Tras mencionar que la Constitución provincial fija un taxativo piso de 10 mil habitantes para que una comunidad sea ciudad, recordó que a la gestión de Perotti se le negaron debates similares cuando se trataba de iniciativas a favor de extender el mandato de los presidentes comunales o consagrar reformas en el régimen municipal como la posibilidad de la autonomía. La diputada expresó que se esgrimía antes el impedimento constitucional y ahora una interpretación más amplia de la Carta Magna, que se comparte, para la transformación de comunas en municipalidades.

Jorge Ternengo

Un proyecto de ley presentado por Alcides Calvo (PJ-Castellanos), acompañado por el titular de ese bloque Rubén Pirola (Las Colonias), el radical Germán Baumgartner (Garay) y el socialista Julio "Paco" Garibaldi (La Capital) propone designar con el nombre de "Jorge Ternengo" al tramo de la RP 62 S, entre la localidades de Cayastá y Ataliva, jurisdicción de los departamentos mencionados. La media sanción pasó a Diputados y antes Calvo agradeció a sus pares por la aprobación por unanimidad . Afirmó que "Jorge es una persona mayor, que tiene algunos problemas de salud, fue un gran piloto y representante del deporte automotor y de las carreras de autos en las décadas del 60 y 70, y queríamos hacerle este merecido reconocimiento", subrayó.

Bajo la consigna de "no se toca, la Caja no se toca", los dirigentes gremiales de la Intersindical estatal presentaron pasadas las 11 de este miércoles 24 una nota que, con todas las formalidades del caso, pide una audiencia con los integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Senadores.

Los miembros de los secretariados de casi todos los sindicatos que pertenecen al sector público provincial acompañaron con una suerte de acto su posición de rechazo a las chances de que se discuta algún tipo de reforma previsional, a partir de un proyecto de ley que solo plantea una auditoría sobre los números de la entidad que hoy requiere del auxilio del Tesoro santafesino para su funcionamiento.

La norma en cuestión ingresó a la Cámara alta en la sesión anterior, lo mismo que su habilitación en el período de sesiones extraordinarias por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, lo que disparó las alertas en sector laboral estatal.

"Somos los verdaderos dueños de la Caja, están en ella nuestros aportes", coincidieron en señalar los dirigentes gremiales que, junto a pares y delegados, pudieron ingresar por unos minutos al hall central de la Legislatura para hacer algo de ruido y grabar entrevistas.

Lo "inconsulto" de la presentación del proyecto que pertenece al senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), un peronista que participa del interbloque del oficialismo, fue uno de los argumentos más repetidos. Por supuesto, la queja refiere sobre todo a que lo haya agregado al temario antes del 1ro de Mayo el Poder Ejecutivo Provincial.

En nombre de los docentes, Pedro Bayúgar de Sadop, destacó que "está equilibrado" el aporte de los maestros respecto del flujo necesario para cubrir las jubilaciones del sector y ante una consulta advirtió que los desequilibrios tienen como origen los pagos "en negro" a otros agentes del Estado, así como la edad en que se jubilan los policías: 50 años (si tienen los aportes necesarios). Del mismo modo, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares afirmó que las jubilaciones del Poder Legislativo y del Judicial, más la condición de empleados sin declarar en las municipalidades también crea graves problemas para financiar las jubilaciones.

José Testoni, de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, interpretó que convocar a una reforma previsional "en medio de un contexto en el que todo es forzado al ajuste" provoca "una enorme preocupación en los trabajadores".

En rigor, se trata de un proyecto de ley similar al que presentó el mismo legislador en 2015 durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ante la evidencia de que existe un déficit previsional (distinto del que debería financiar el Estado Nacional como compensación por la transferencia de otras cajas provinciales) que puede llevar a "una situación de quebranto" al organismo santafesino.

Hace casi una década, la iniciativa no prosperó en Senadores. Hoy, en cambio, ya tiene las firmas de los principales referentes del oficialismo: el jefe del interbloque, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que además preside el Comité Provincial del radicalismo. En esa Cuerpo el oficialismo dispone de 14 de los 19 integrantes, es decir, que con más de dos tercios puede sobre tablas y por amplia mayoría aprobar cualquier asunto sin necesidad de acordar con los senadores del bloque PJ. Hasta ahora, en materia de proyectos de ley, no ha ocurrido.

Durante la semana, un comunicado del bloque de Senadores del Partido Justicialista subrayó que la oposición "prioriza el diálogo con gremios estatales sobre la reforma previsional en Santa Fe" e informó que los cinco legisladores liderados por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) recibieron a los dirigentes gremiales de la Intersindical.

"Los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con la medida, considerándola un ajuste que afectaría a los trabajadores y jubilados. Además, exigieron que se tomen todas las medidas necesarias para que la provincia recupere los fondos adeudados por la administración nacional a la caja de jubilaciones provincial", reflejó el comunicado.

La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo. Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui. 

En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”. “Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro, quien estuvo acompañado por los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia, y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías.

Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”.

Por su parte, el senador Felipe Michlig se refirió a la intervención de Villa Saralegui, comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, que él representa en la Cámara Alta. “En esa localidad se vive una situación de una gravedad institucional insostenible, no solamente por el destrato y el atropello hacia los vecinos”, recordó. En ese sentido agregó “la golpiza que había recibido un productor por ir a reclamar porque habían sacado una alcantarilla y no podía entrar a su campo; por el abuso en el aumento de las tasas de 500%; la falta de presentación de información y balances, a lo que se sumó un ataque a balazos al miembro de minoría del gobierno local, a quien no dejaron asumir. Todo esto nos llevó a presentar un proyecto de ley, por supuesto con la anuencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y ahora hemos logrado la sanción de esta intervención” que se extenderá hasta la normalización institucional y un nuevo llamado a elecciones.  

En torno al proyecto de Gobernanza de Datos e Información Pública, también impulsado por el gobernador Pullaro y sancionado el miércoles, destacaron que se trata de una norma que hará más eficiente el trabajo de la gestión estatal, ya que implicará el abandono progresivo del papel en diversos trámites, a cambio de digitalizarlos. Asimismo se habilita el uso de nuevas tecnologías, y también se acelera el traspaso de datos entre las diferentes áreas de gobierno y mejora la gestión de los trámites de la administración para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó un proyecto de ley para crear la Oficina de Presupuesto de la Legislatura Provincial "como un organismo descentralizado" de la propia Legislatura "contando con autonomía funcional, autarquía administrativa y financiera para los fines de su creación".

Entre las funciones, responsabilidades y facultades de la Oficina está la de analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto; apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el cumplimiento de sus objetivos; realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud de dichas comisiones; realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También llevar a cabo análisis sobre los tributos vigentes, así como del impacto y la eficacia de los proyectos de ley que propongan modificaciones y/o creación de tributos e impuestos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; llevar a cabo estudios sobre las temáticas referidas a federalismo fiscal y efectuar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública, incluyendo análisis de la deuda pública, deuda flotante y pasivos contingentes.

El Congreso de Estados Unidos creó un organismo de este tipo en 1974; varios países se fueron sumando en el tiempo y también el Congreso Argentino. Precisamente Agosto fue integrante de esa Oficina -por concurso- y renunció para asumir como ministro de Economía en la gestión de Omar Perotti.

En los distintos artículos del proyecto, Agosto regula el funcionamiento, las atribuciones que tendrá e incluso las obligaciones del Poder Ejecutivo para con el órgano. Prevé que esté a cargo de un director general con rango de secretario de Cámara y cuatro directores con rango de prosecretario para las diferentes áreas previstas: Análisis Presupuestario, análisis fiscal, estudio de impacto de políticas y programas así como sostenibilidad y análisis de la deuda pública. Postula el mecanismo de concurso para seleccionar a los cinco integrantes que tendrán un mandato de cinco años y que podrán ser removidos por mal desempeño en las funciones.

Todos los informes serán de acceso público y deberán ser publicados en los sitios web de ambas Cámaras, ordena el artículo 14 del proyecto.

Agosto señaló que en los últimos años "en el plano técnico, los gobiernos de distinto signo político han perseguido una mejora constante en los sistemas de Administración Financiera del Sector Público, dado que el buen funcionamiento de estos sistemas es una condición necesaria para la buena implementación de políticas públicas, así como también para el seguimiento y control de las finanzas provinciales".

Acota que "a fin de promover la buena gestión de gobierno y la transparencia fiscal, es esencial que la Legislatura sostenga un compromiso activo en el proceso presupuestario. Este proceso incluye no sólo el análisis y debate de las estimaciones de ingreso y los gastos del ejercicio, sino también el análisis periódico de la ejecución del presupuesto y las modificaciones presupuestarias y la aprobación de la Cuenta de Inversión Anual.

Admite que la propuesta "tiene como valioso antecedente la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación en el año 2016, cuyos análisis e información se han convertido en un insumo muy valorado por legisladores, analistas económicos, medios de comunicación y público en general".

Para Agosto, "la creación de esta Oficina de Presupuesto significaría dotar a la Legislatura de una institución presupuestaria moderna, que mejora sus capacidades analíticas para el cumplimento de sus funciones". Aclara que el órgano será instancia técnica y de consulta, por lo que no asume de manera alguna el control de la ejecución del presupuesto, labor asignada a las Comisiones Parlamentarias de Presupuesto y Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados.

Las dos cámaras resolverán entre esta tarde y el mediodía del jueves si llevan al recinto los mensajes remitidos en diciembre último por el Poder Ejecutivo y que refieren al funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una ley reglamentaria del instituto del juicio por jurados así como las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial. Los dos primeros proyectos están en manos del Senado y el tercero en Diputados, cámara que además tiene a estudio la llamada ley de gobernanza de datos y acceso a la información pública.

Los cuatro asuntos vienen siendo analizados desde diciembre y no lograron aún la sanción esperada por el Poder Ejecutivo como la otra docena de mensajes habilitadas en el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Después del receso, fueron varios los actores del sistema judicial que pasaron por las distintas cámaras legislativas para sentar posturas sobre los mensajes del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; colegios de magistrados, de abogados, etc. "Hay decisión de avanzar en los tres temas con el mayor consenso posible" señaló a El Litoral un vocero de la bancada de Unidos en la Cámara de Diputados. "Queremos sumar votos a los 28 propios" acotó. En el Senado, también buscan sumar los votos de la bancada justicialista para darle mayor fortaleza política a las reformas.

Voceros radicales y socialistas señalan a El Litoral que la decisión es avanzar con los temas, negaron diferencias con las iniciativas de la Casa Gris y hablan de la maduración de los temas.

En el caso de los temas en manos del Senado, el Colegio de Magistrados dejó propuestas de reformas tanto al juicios por jurados como a la reforma al Código Procesal Penal que están siendo analizadas tanto por la bancada oficialista como por el justicialismo. "El propósito es si hacemos reformas a los textos que tengan aval también de Diputados para dejar sancionada la norma", se le dijo a El Litoral en el Senado.

En Diputados, este jueves fue convocado un plenario de tres comisiones: Pablo Farías (PS), presidente de Asuntos Constitucionales, citó a esa comisión más Presupuesto y Hacienda más Derechos y Garantías para discutir los dos proyectos: Ley Orgánica del Poder Judicial y gobernanza de datos. De encontrarse el acuerdo se llevaría al recinto en la tarde.

La jornada del jueves, en el ámbito legislativo tendrá al mediodía la sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la posible suspensión del fiscal rosarino Matías Edery quien siguió aportando testigos en su defensa ante la Comisión de Acuerdos. El tema será definido también mañana.

Toda esta actividad legislativa prácticamente coincidirá con la apertura del año judicial que realizará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, en el Palacio de Tribunales, y donde la mayoría de los legisladores están invitados y deseosos de participar.

En el Ministerio de Justicia y Seguridad trabajan en la búsqueda de consensos para habilitar a la Legislatura a que discuta un proyecto de ley de alcohol cero para rutas santafesinas y cerrar así una política que ya tienen la mayoría de los municipios santafesinos, provincias vecinas y el gobierno nacional.

"La Agencia y el gobierno provincial estamos de acuerdo con Alcoholemia Cero" le dijo a El Litoral el secretario de la Agencia de Seguridad Vial, Carlos Torres, quien trabaja buscando los consensos necesarios para que Legislatura sancione la ley respectiva.

Ya hubo muchas reuniones con especialistas, entidades ligadas a accidentología, familiares de víctimas, etc. El propósito es poder enviar el mensaje a las cámaras en febrero o marzo, sabiendo que además hay iniciativas propias de legisladores que en el caso de Diputados son de los opositores Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) o Lucila De Ponti (Juntos Avancemos). El primero viene con proyectos desde el año 2016.

"Hay una ley nacional, 18 provincias tienen esa veda y las principales ciudades santafesinas con Rosario, Santa Fe o Reconquista" señaló Torres a El Litoral.

"La provincia va para esa línea, estamos buscando los consensos necesarios después de que el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia hayan avalado el camino. Las entidades que agrupan a víctimas están todas de acuerdo e incluso habían tenido diferencias con (Osvaldo) Aymo" quien fuera director de la Agencia de Seguridad Vial durante el gobierno de Omar Perotti. Aymo tenía diferencias con el alcohol cero en rutas.

Torres se reunió días atrás con el diputado Palo Oliver autor de iniciativas sobre la materia. Diputados aprobó alguna vez un texto que no pasó luego la línea del Senado. El tema no es desconocido en la Legislatura, de todos modos ahora hay otra conformación política y todo indica que si el Ejecutivo toma la decisión de impulsar el tema en sintonía con los bloques propios, antes de mitad de año Santa Fe sancionará a los conductores que conduzcan en rutas provinciales con algún grado de alcohol en sangre.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también propicia el alcohol cero y tuvo diferencias con Aymo sobre la cuestión. "Nosotros creemos que el mensaje debe ser alcohol cero para el que conduce. Si querés tomar, tomá, pero no conduzcas" resalta Torres.

El Ejecutivo santafesino podría inclinarse por adherir a la ley nacional sancionada el año pasado. La normativa establece la prohibición de la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero en todas las rutas nacionales del país. Al momento de la sanción la prohibición de consumir alcohol para manejar ya estaba vigente en 13 provincias y en medio centenar de municipios. En la segunda parte del año pasado se fueron sumando provincias y municipios a la veda.

Palo Oliver entiende que hoy existe una especie de anarquía sobre el tema y grafica señalando que si un conductor sale desde Santa Tomé, lo paran antes de ingresar al Puente Carretero y da 0,6 de alcohol en sangre es multa, no así en la ruta 1 y si en la 168. "Hay que unificar las reglas" señala el legislador que se reunió con Torres y su equipo de trabajo.

La iniciativa de Palo Oliver fue votada por Diputados en 2018, perdió estado parlamentario en el Senado, lo volvió a ingresar en 2021 sin llegar al recinto e insistió en mayo pasado.

El Ejecutivo santafesino podría inclinarse por adherir a la ley nacional sancionada el año pasado. La normativa establece la prohibición de la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero en todas las rutas nacionales del país. Al momento de la sanción la prohibición de consumir alcohol para manejar ya estaba vigente en 13 provincias y en medio centenar de municipios. En la segunda parte del año pasado se fueron sumando provincias y municipios a la veda.

"Según distintos informes la siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años en nuestro país, y el alcohol al volante es el responsable de al menos 1 de cada 4 accidentes de tránsito graves", señala en sus fundamentos. Agrega que en aquellas provincias con mayor tiempo de sancionada la ley, el promedio de reducción de fallecidos por año ronda el 27 %.

Según estadísticas del Observatorio Vial de la ANSV, durante los operativos de alcoholemia federal, se destaca que, en las jurisdicciones con alcohol O al volante, la cantidad de conductores testeados que circulan con graduación cero de alcohol en sangre, es notablemente mayor, que en aquellas que tienen como límite permitido 0,5.