Con los mensajes de ley sobre Presupuesto general de Gastos y Recursos para el 2026 así como la Tributaria para el año siguiente más otra decena de temas, el Poder Ejecutivo habilitó el tratamiento de temas para las sesiones Extraordinarias en el mes de diciembre.

En principio, las cámaras legislativas acordaron sesionar los días 11 y 18 del corriente mes con ejes en las dos leyes necesarias para la administración en el inicio del año.

El Ejecutivo intentará persuadir a legisladores de Unidos sobre la necesidad de avanzar con algunos de los otros temas habilitados y no esperar hasta febrero.

Debido a los cambios introducidos en la nueva Constitución, el período ordinario de Legislatura se pondrá en marcha el 15 de febrero y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Por ende, Extraordinarias quedó limitado a diciembre ya que habitualmente en enero hay receso en Legislatura.

El Presupuesto 2026 y la Ley Tributaria son los ejes del trabajo parlamentario. Foto: Luis Cetraro

Además de Presupuesto y Tributaria, la convocatoria incluye el pedido de aval a los pliegos para que Lotería pueda convocar a licitación para licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia.

También la norma para regular la red de conectividad e infraestructura tecnológica que se está ejecutando; prórroga de parte de la emergencia en seguridad, y otra norma sobre el funcionamiento de estadios y otras dependencias construidas por Odesur 2026.

También se debatirán apuestas online, conectividad, seguridad y normas laborales.

Además incluye las modificaciones a la Ley Provincial N. 14.371, a fin de corregir inconsistencias normativas, adecuar competencias institucionales y restituir coherencia jurídica en materia de prevención y erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito laboral, tanto público como privado.

Otro tema es la futura Ley de procedimiento administrativo en la provincia y el código de procedimientos sobre la materia.

En cuanto a la futura ley Orgánica de Municipios, el tema será habilitado aunque el mensaje respectivo sería enviado sobre el final de la semana o la próxima. Es una de las leyes que la nueva Constitución manda a redactar fijando un plazo límite en septiembre de 2026.

Para este jueves, al mediodía, está citada la Asamblea Legislativa que componen los 19 senadores y los 50 diputados y para la tarde, las dos cámaras fueron convocadas a sesiones del período Ordinario atravesado por la actividad de la Convención Reformadora que tiene como lugar central de funcionamiento el Palacio Legislativo.

No solo el lugar físico comparten las cámaras y la convención, sino que 15 senadores y 13 diputados actuales son integrantes de la Convención Reformadora que funcionará hasta el 12 de septiembre. En el ámbito parlamentario entienden que este jueves y otro de agosto serán los únicos con actividad legislativa mientras sesione la asamblea para reformar la Carta Magna.

Para este jueves, a las 13, fue citada la Asamblea Constituyente para tratar el pliego de Matías Sebastián Merlo como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N° 2 – con sede en la ciudad de Rosario. El pliego de Merlo no tendría mayores observaciones legislativas.

Merlo es actualmente fiscal regional de la circunscripción N° 3 con cabecera en Venado Tuerto y es interventor de la jefatura de Rosario tras la renuncia de María Iribarren al cargo. En la jornada, será entrevistado por la Comisión de Acuerdos que ahora preside la diputada socialista Lionella Cattalini.

La comisión además se reunirá con fiscales del norte santafesino y algunos de la regional local en el marco del procedimiento investigativo iniciado sobre el fiscal adjunto Leandro Benegas quien presta servicios en Vera.

En cuanto a la actividad de las Cámaras, de las reuniones de comisiones de hoy y mañana se definirá el tratamiento a llevar a los recintos. En Diputados, el oficialismo trabaja sobre iniciativas tendientes a la adhesión de la provincia a la llamada ley antimafias y a una iniciativa de ficha limpia para empresas que quieran contratar con el Estado santafesino.

La diputada Ximena Sola (Pro - Unidos) ingresó en mayo pasado un proyecto para la adhesión santafesina a la Ley Nº 27.786, sancionada el 20 de febrero del corriente año, por el Congreso Nacional en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales.

La norma nacional tiene por objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendidas como grupos de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos especialmente graves. Esta ley delimita su aplicación a delitos específicos como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros, y contempla penas más altas por la mera pertenencia a la asociación.

Para Sola "la adhesión de la provincia de Santa Fe a esta ley es fundamental, ya que no somos ajenos a la problemática de las asociaciones ilícitas criminales dedicadas a múltiples delitos como el narcotráfico. Siendo una de las provincias que más sufre el daño ocasionado por las organizaciones criminales. La colaboración interjurisdiccional y la adopción de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27. 786 fortalecerán nuestras capacidades para enfrentar y combatir eficazmente estas organizaciones".

El tema no tiene fijado tratamiento preferencial pero será clave la discusión este miércoles en la Comisión de Seguridad donde se trabaja un texto disponiendo la adhesión a la norma "en sus aspectos procesales y de colaboración interjurisdiccional". Además hace reserva de jurisdicción y deja en manos del Poder Ejecutivo las potestades reglamentarias de la norma santafesina.

El otro tema que impulsará Unidos este jueves es un proyecto de la socialista Cattalini de Ficha Limpia en las contrataciones públicas.

El artículo central de la iniciativa dispone que toda contratación que se sustancie en el marco de la ley 5188 de Obra Pública, de la ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y cualquier otro régimen normativo provincial, deberá exigirse a las personas humanas, e integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas; a los representantes legales de uniones transitorias de empresas, como a los socios e integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una de las sociedades que la componen, que participen en dichos procedimientos de selección, acreditar no contar con antecedentes penales mediante la presentación o verificación del respectivo certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Los sujetos alcanzados por la norma deberán no haber incurrido en delitos contra la administración pública; contra el orden económico y financiero; contra las personas; contra la integridad sexual; contra la libertad y contra la propiedad, entre otros.

El proyecto ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y espera tratamiento en Asuntos Constitucionales para llegar al recinto donde necesitaría mayoría especial para ser tratado este jueves. "En un Estado democrático, el régimen de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas debe tener en cuenta los tres objetivos de la democracia: el desarrollo humano, la eficiencia y la transparencia", señaló Cattalini al defender la iniciativa.

La Cámara de Diputados tiene solo dos temas en tratamiento preferencia, uno de los cuales divide aguas entre los diferentes espacios políticos. Es una iniciativa de la socialista Varinia Drisun que apunta a regular el ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Sobre la temática también ingresó un proyecto Ariel Bermúdez (Creo).

En Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados se acumulan proyectos de declaraciones impulsado por diferentes espacios políticos, especialmente justicialistas y socialistas, contra decisiones del gobierno nacional que afectan especialmente a organismos estatales como Vialidad, Senasa, Inta e Inti.

En el tema Vialidad, la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside Dionisio Scarpin será eje central de la reunión de este miércoles donde fueron invitadas las autoridades actuales del séptimo distrito y dirigentes sindicales.

El propósito de la Comisión es unificar un texto para que sea votado este jueves en la Cámara de Diputados.

La Legislatura completó la sanción de dos leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar deuda por 1.150 millones de dólares aunque con realidades diferentes. El crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 150 millones ya fue concedido mientras que la posibilidad de emitir hasta 1.000 millones deberá atravesar un largo periplo administrativo para concretarse.

El peso del tratamiento de ambos mensajes del Poder Ejecutivo corrió por cuenta de la Cámara de Diputados ya que el Senado había aprobado ambos temas por unanimidad. Sin embargo, la Cámara Baja introdujo dos modificaciones al mensaje sobre la emisión de deudas por lo que el expediente volvió a la Cámara Alta que en pocos minutos lo convirtió en ley.

En Diputados, sobre el tema CAF hubo acompañamiento de gran parte del arco político. Solo votaron en rechazo los dos diputados de Somos Vida y Familia así como Natalia Armas Belavi mientras que Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) optó por la abstención. Unidos, los diferentes espacios justicialistas y el Frente Amplio por la Soberanía acompañaron con el voto.

Este crédito está destinado al financiamiento del llamado programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario. El préstamo tendrá una tasa del 6% con un plazo de amortización de 18 años con 66 meses de gracia.

En cambio, hubo un amplio e interesante debate acerca del pedido del Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de U$S 1.000.000.000 con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Tras negociaciones internas en Unidos, en Diputados, el oficialismo introdujo dos modificaciones al texto venido del Senado. Por un lado, precisa que el monto autorizado que se utilice para gastos de capital, será destinado en un cincuenta por ciento (50%) a gasto de capital en infraestructura productiva, en un veinticinco por ciento (25%) a gasto de capital en infraestructura social y, en el veinticinco por ciento (25%) restante a gasto de capital en seguridad pública.

La otra modificación apuntó a integrar en el ámbito de la Legislatura de una Comisión Bicameral permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento autorizado y que estará compuesta por cinco senadores y cinco diputados. "La Comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus fines", agrega el artículo.

Con esos cambios, Unidos dio dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y luego en Asuntos Constitucionales y logró la habilitación del tratamiento sobre tablas de ambos despachos. El justicialismo no acompañó ni el tratamiento sobre tablas ni la aprobación del texto marcando claramente diferentes en cuenta al monto, oportunidad y camino elegido. Lo hizo especialmente a través de Walter Agosto y Omar Perotti sumando las voces de Marcos Corach y de Lucila De Ponti. Tampoco votaron Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar ni el Frente Amplio por la Soberanía que sí respaldo el tratamiento sobre tablas. Unidos más bloques aliados lograron 30 votos favorables contra 13 de rechazo.

Jimena Senn, Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino, Dionisio Scarpin, Rubén Galassi y José Corral fueron las voces oficialistas defendiendo la decisión de salir a buscar capitales para avanzar con la necesidad de infraestructura que tiene la provincia.

Las otras voces opositoras que se escucharon contra el proyecto fueron las de Carlos Del Frade, Silvia Malfesi, Argañaraz y Armas Belavi aunque con diferentes miradas.

El justicialismo puso el acento en el monto de la deuda, la oportunidad de salir al mercado y la falta de ensayos de otros caminos para buscar financiamiento, no son dejar de mencionar las autorizaciones que tiene hoy el Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto y en otra ley especial. Agosto señaló que son 630 millones de dólares autorizados más el remanente que tiene la provincia de los títulos del pago de la deuda de Nación y que -subrayó- equivalen a 570 millones de dólares. La otra fuerte imputación que hizo el justicialismo fue la falta de precisión de las obras a financiar con ese dinero. El ex ministro Agosto en una exposición económica y política también cuestionó la autorización para canjear la deuda emitida oportunamente. "No hay apuro, ni hay justificación para emitir esta deuda" marcó.

Luego, fue Perotti quien pidió que no corran a su bancada en que no quiere obra pública ni autoriza endeudamiento y lamentó que no haya podido haber un acercamiento con el gobierno. "No entiendo el apuro; no entiendo como no ensayan otros caminos. No generamos dólares y cada vez que se produce una devaluación necesitamos más pesos para comprar los dólares para pagar la deuda", subrayó. No dejó de recordar que su administración no defaulteó la deuda como aconsejaba el gobierno nacional de entonces y eso pone en valor a la provincia de Santa Fe en los mercados externos.

"El oficialismo debió realizar mayores esfuerzos para consensuar este proyecto" destacó Perotti quien antes admitió las dificultades de su gestión por la pandemia y la mayor sequía padecida por la provincia.

Las voces oficialistas, en cambio, valoraron la solidez financiera de Santa Fe, la decisión de avanzar con el plan de infraestructura para equilibrar la provincia. "Santa Fe tiene cultura de responsabilidad de cumplir sus compromisos" destacó Blanco. Scarpin valoró el significado multiplicador de la obra pública y necesidades que tiene el norte; Galassi comparó el nivel de endeudamiento con otras provincias mientras que Corral ponderó la responsabilidad de los gobiernos, mencionando especialmente a Antonio Bonfatti y Perotti, ambos diputados, y recordó que Pullaro lo primero que atacó son los déficits para hacer una provincia más solvente.

Los términos financieros de las operaciones de crédito público autorizadas por hasta mil millones de dólares deberán ajustarse a los siguientes parámetros:

* Tipo de deuda: directa, externa y/o interna.

* Plazo mínimo de amortización: dos años.

* Plazo máximo de amortización: doce años.

* Tasa de interés: podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.

El texto sancionado designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación facultándolo para dictar normas complementarias, reglamentarias y/o aclaratorias, incluyendo todas las reglamentaciones pertinentes que establezcan las formas o condiciones a las que deberán sujetarse las operatorias autorizadas en el marco de la presente ley.

El Consejo de la Magistratura publicó los resultados de cinco de los concursos ya realizados para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos. Estas propuestas fueron elevadas al Poder Ejecutivo que deberá luego elegir los postulantes a los cargos vacantes en el Poder Judicial y remitirlos a Legislatura.

"La prioridad es cubrir cargos vacantes de fiscales" se repite ante la consulta de El Litoral. No obstante y pese a que están terminados concursos múltiples hasta el miércoles el Poder Ejecutivo no había presentado listas ante el Poder Legislativo.

La situación más complicada sigue siendo el norte provincial donde la fiscalía regional con sede en Reconquista tiene más jueces que fiscales. Apenas siete integrantes del Ministerio Público de la Acusación y uno de ellos suspendido por la Legislatura que tramita su destitución.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia viene reclamando también la cobertura de cargos vacantes en los distintos fueros y circunscripciones judiciales. El tema está en los discursos de apertura del año judicial pero también fue planteado en la reciente reunión de los ministros con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y con el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.

De acuerdo al reglamento de funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la actual gestión, las propuestas se elevan por orden alfabético con los que aprueban el concurso y no por el puntaje otorgado por el cuerpo encargado de seleccionar los postulantes.

Uno de los resultados elevados tiene que ver con el concurso múltiple destinado a cubrir las vacantes de Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripciones Judiciales Nº 2 y Nº 3, con cabeceras en Rosario y Venado Tuerto.

Para Rosario, la nómina la integran 69 abogados mientras que para el extremo sur son 25. En las nóminas muchos son los nombres que se repiten.

La siguiente nómina contiene los postulantes que aprobaron para las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Circuito de las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 3. En el caso de Santa Fe capital la lista la integran Carolina Burgos Grabich, Robertino Corgnali Raffini, María de los Milagros De la Torre, Juan Andrés Demmi, Francisco José Depetris, Sebastián Faravelli, Hernán Guala, Daniel Merlo, José Ignacio Pastore, María Soledad Prieu Mántaras y Rodrigo Ureta Cortes.

Para el mismo fuero en Venado Tuerto, son cuatro postulantes: Burgos Grabich, Demmi y Faravelli que están también en Santa Fe más Martín Chasco.

Otro concurso múltiple terminado es para las vacantes de Defensores Adjuntos Subrogantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para las Circunscripciones Judiciales N°1; Nº 4 y Nº 5 con cabecera en Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Para esta capital, quedaron 42 postulantes; para el norte, 28 y para Rafaela, también 28. Muchos nombres se repiten en las tres sedes.

También el Consejo de la Magistratura comunicó el resultado del concurso destinado a cubrir las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Distrito de Familia de las Circunscripciones Judiciales Nº 3 y Nº 5. Para el sur, son 9 los seleccionados y para Rafaela 11.

En cuanto al concurso para cubrir las vacantes de Jueces de 1ra. Instancia de Distrito en lo Laboral de las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 4, para esta capital quedaron postulados María Clara Benassi, Martín Borselli, Mariana Otarola e Ignacio Pandullo. En tanto, para Reconquista también están Borselli y Pandullo más María del Mar Della Rosa.

El Poder Ejecutivo cerró con los bloques legislativos de Unidos, tanto del Senado como de Diputados, un proyecto de reforma del sistema previsional santafesino tendiente a achatar el nivel de déficit y para lo cual propone declarar la emergencia en el sistema por los dos próximos años, con opción de una prórroga de otros; dispone cambios en el sistema de acceso a la jubilación tanto del régimen general como docentes así como de seguridad y del Servicio Penitenciario y por último dispone una serie de medidas para la transición. Entre éstas propone dejar en manos del Poder Ejecutivo cambios en la edad jubilatoria para el caso de que se lo disponga a nivel nacional. En el mientras tanto, no habrá cambios en las edades de 65 para los varones y 60 para las mujeres.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, estimó que las medidas previstas en la futura ley, especialmente mayores aportes de activos, pasivos y el propio Estado más límites a los haberes más altos permitirán reducir entre un 25 y un 30% el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones que es solventado por el Tesoro provincial y que está estimado en $ 430 mil millones para el año venidero.

La iniciativa girada al Senado como Cámara de Origen parte de la declaración de emergencia previsional por dos años con posibilidad de extenderla a otros dos. En los hechos, la norma prevé el aporte solidario de beneficiarios del sistema de entre 2 y 6% para aquellos que cobren haberes dos veces superiores a la jubilación mínima de la provincia.

En tanto, el personal en actividad que ocupe un cargo de conducción política o de gabinete que haya ingresado desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante del Poder Ejecutivo, legisladores, y autoridades superiores de ambas Cámaras, integrantes Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Procurador General, magistrados y demás integrantes que ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más, el o la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, el o la Defensora General de la Provincia y todos quienes ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más de dichos órganos, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensores del Pueblo y los órganos de conducción superior de las entidades descentralizadas y empresas del Estado provincial deberán realizar un aporte solidario durante 36 meses equivalente a 2,77% del haber.

La segunda parte de la reforma apunta a los cambios a los diferentes regímenes previsionales. En el caso de los aportes del trabajador pasan del 14 al 15,5% como mínimo y al 21% en las categorías superiores de los tres poderes del Estado. La contribución patronal también sube y pasará a ser del 19% que será abonada ya sea por el Estado provincial así como por municipios y comunas adheridas a la Caja, EPE, instituciones privadas de educación, etc.

Además incorpora la figura del Pilar Complementario para el haber previsional inicial que seguirá siendo del 82% para las categorías más bajas del escalafón y se reducirá al 70% o más en las categorías superiores.

También dispone que el haber máximo de la Jubilación Ordinaria es el monto correspondiente a 20 jubilaciones mínimas. "Quienes, al momento de la publicación de la presente, perciban haberes por sobre ese monto absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial hasta que se alcance el tope del haber máximo", agrega el artículo.

En el capítulo referido al régimen general se disponen una serie de medidas para evitar jubilaciones anticipadas, recortes al 2 por 1 e incluso a la posibilidad de adquirir años por moratorias de Anses así como límites a los pagos para los considerados casos de matrimonios in extremis.

Otro capítulo se lo lleva el régimen docente donde se mantiene la posibilidad de jubilación docente, de dirección y de supervisión a los 57 años, con 30 años de servicios con el 76% del haber que llegará al 82% en el caso de los 33 años de actividad.

Finalmente también se contemplan cambios el régimen policial, del servicio penitenciario y del IAPIP donde se separa la función estricta del personal policial o penitenciario de los auxiliares que pasarán a tener las mismas condiciones que el régimen general. En cuanto al personal de calle se eleva el aporte entre 18 y 20% y el Estado como patronal al 22%. En el caso del haber de retiro se tendrá en cuenta con los últimos 36 ingresos cuando hoy es de 12.

En las disposiciones transitorias determina que accederán a los beneficios con el régimen vigente hasta el presente quienes hayan iniciado el trámite tendiente a la obtención del beneficio jubilatorio; hayan obtenido el dictamen jurídico favorable de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; no se encuentren prestando efectivamente servicios como activos por haber sido aceptada su renuncia por el empleador para acogerse a los beneficios jubilatorios o, sin que se pueda acreditar dicho extremo, se encuentre gozando de la licencia anual obligatoria previa al cese de relación de dependencia.

En cambio, los trámites ya iniciados y que al momento de la publicación de la reforma, con dictamen favorable de la Caja y se hayan paralizado por un período superior a 6 meses por voluntad del interesado accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, firmante del mensaje, valoró el texto elaborado durante un trabajo de más de cuatro meses y acordado con los bloques legislativos de Unidos. "Es una iniciativa progresista, justa, eficiente que corrige graves distorsiones que tiene la caja de los empleados públicos de la provincia" deslizó en un diálogo informal con periodistas tras el envío del mensaje.

Bastia y su par de Economía, Pablo Olivares, anoche fueron al Senado a reunirse con el bloque de Unidos para ultimar aspectos de la iniciativa y definir los pasos del tratamiento legislativo. "Valoro esencialmente la progresividad de la iniciativa, los que más ganan más aportan y el aporte que deberán hacer la cabeza de los tres poderes y toda la política santafesina" subrayó. "La ley define cómo se construyen los aportes y se cierren atajos especialmente en el sistema de pensiones. Habrá topes que son muy superiores a los fijados en la ley nacional. Hay un esfuerzo mayor en los aportes de parte de la política" destacó.

Se subrayó que una serie de artículos apuntan a evitar la repetición de casos como el de Adelfa, la jubilada santafesina que se casó con un adolescente para dejarle el beneficio de la pensión. "Son innumerables los casos detectados en nuestro sistema" dijeron los ministros.

Olivares, didáctico al momento de exponer los nuevos aportes a través de valores salariales de septiembre, destacó que la ley -en caso de ser sancionada- no empeorará la relación con Anses. "Les recuerda que la deuda de nación es con el Tesoro provincial" destacó Bastia al hablar por la falta de aportes de la nación al sistema previsional, compromiso asumido por el tesoro santafesino.

El mensaje

Proyecto de Reforma Previsi...

El 30 de noviembre de 2017, en medio del gobierno de Miguel Lifschitz (1995-2021), la Legislatura aprobó una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Fue tratada sin debate y con un texto que fue el producto de un intenso intercambio de borradores entre ambas Cámaras.

En aquella jornada, que fue justamente durante la última sesión de prórroga del período ordinario de sesiones, es decir, cuando no se necesita que el Poder Ejecutivo habilite una asunto, los legisladores decidieron que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal debían tener límites además de los que imponen la ley y las instancias de auditoría interna previstas para ambos órganos.

Es bueno recordar cuál era el escenario del poder seis años atrás: gobernaba el Frente Progresista, Cívico y Social, que tenía mayoría de socialistas, radicales y otras fuerzas (en ese orden) en la Cámara de Diputados, y el peronismo su histórica mayoría en el Senado (que cambiará de manos en poco tiempo). Fue un acuerdo político de unanimidades, que se ejecutó con el consenso de todos los partidos relevantes. Algunos años después dijeron estar arrepentidos de haber votado de manera favorable; otros (casi todos los que siguieron en la Legislatura) reivindican esa decisión y por acción u omisión nada se ha cambiado.

Por entonces hubo polémica y quejas desde el Poder Judicial, en especial de las asociaciones de fiscales. En ese sentido se dijo que se trataba de la invasión de un poder sobre otro, que las decisiones políticas iban a manchar la administración del servicio de justicia en sus instancias anteriores a los fallos de los jueces. Pero en la corriente de opinión contraria, que apenas se había recuperado una facultad que ya estaba presente en las normas que crearon los institutos de Acusación y de Defensa. Aquella discusión fue saldada con la promulgación de la ley por el gobernador Lifschitz en 2018. Y casi tres años después, en 2021, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de validar ese control legislativo sobre la conducta de fiscales y defensores. El máximo tribunal entendió que no viola la Constitución Provincial la norma cuestionado por uno de los sancionados por la Legislatura en Sesión Conjunta de Ambas Cámaras (que requiere quórum y mayoría de cada cuerpo, lo que exige aún más consenso).

En la Corte votaron por la constitucionalidad Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. En tanto, Mario Netri y Daniel Erbetta entendieron lo contrario que no es constitucional el procedimiento derivado de la ley 13.807, sancionada a fines de 2018. Antes, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, también se había pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma. En síntesis, el sistema creado (faltas leves a cargo de los auditores y faltas graves a ser juzgadas por la Legislatura) dividió y divide opiniones, pero hoy está vigente sin cambios de fondo.

Aquel proyecto que se aprobó en cuestión de horas ingresó por el Senado, pero por los pasillos se dejó en claro que ya había sido acordado con los diputados. Sólo Lisandro Enrico (UCR-General López) -quien se quedó con las ganas de incluir algún artículo sobre los jueces- se limitó a decir que los fundamentos serían agregados en la versión taquigráfica, en el momento del tratamiento en la Cámara alta. En la copia que se repartió a los cronistas parlamentarios aquel jueves, aún no figuraban esos argumentos.

El trámite veloz es, aunque poco prolijo, perfectamente legítimo, solo se lo describe para mostrar las urgencias que en aquellas circunstancias. Ciertamente había apuro en establecer una instancia más por sobre acusadores y defensores.

De hecho, 2016 estuvo marcado en la Legislatura por el apartamiento del ex titular de la Defensa, Gabriel Ganón -quien finalmente fue suspendido- y los cuestionamientos al fiscal regional Eladio García, que sufrió la misma suerte, por decisión de la Legislatura. Fueron decisiones políticas, que sopesaron sus actos en el Poder Judicial.

Lo que hoy sucede en la Legislatura con las chances de modificar o no el panorama en la Fiscalía Regional de Rosario o en el propio MPA refiere a esas facultades de los diputados y los senadores provinciales que son anteriores al control directo de todos los fiscales y los defensores votado en 2017. Así nació la reforma penal con control político de fiscales generales y regionales, que esta semana debieron acudir a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Distinto es lo que puede o no suceder con Matías Edery. Para su caso aún la bicameral no votó el avocamiento, aunque a partir del contenido de las acusaciones en su contra, de la gravedad institucional de los presuntos hechos en cuestión, se desató una catarata de invitaciones a María Eugenia Iribarren, su superior en Rosairo y María Cecilia Vranicich en la jefatura de los fiscales que se cumplieron el miércoles 11 y el jueves 12.

Los integrantes de Acuerdos y los legisladores en general tanto hacen evaluaciones políticas sobre cómo proceder para recuperar credibilidad en el MPA del punto más candente del mapa de la bota referido al delito, pero también sopesan consideraciones entre el deber ser de cómo debe actuar un fiscal y de sus actos. Mientras tanto, el gobernador electo que pronto dejará de ser diputado provincial pone en igualdad de condiciones a los fiscales acusadores y a su par acusado. Habrá que ver qué se impone, en medio de la transición también en las Cámaras, donde el futuro oficialismo estará fortalecido.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura analizó este miércoles la situación de tres expedientes que involucran a otros tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación y, acordó solicitar la convocatoria a una Sesión Conjunta de Senadores y de Diputados para votar la suspensión de Gabriela Lescano quien cumple servicios en Cañada de Gómez.

Acuerdos se hizo además de la acusación formal presentada contra el suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, instancia que cumplimentó la diputada socialista Erica Hynes mientras que resolvió citar para el miércoles venidero al auditor general del MPA, Lisandro Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza sobre la conducta del fiscal de Rosario, Matías Edery.

La fiscal Gabriela Lescano.

El encuentro de Acuerdos fue encabezado por la diputada Lionella Cattalini (PS) quien tramitará ante la presidencia del Senado la convocatoria a la reunión conjunta de la semana venidera donde únicamente se ventilaría el caso Lescano.

Lescano está siendo investigada por posible incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y la instrucción del caso la lleva adelante la diputada Silvana Di Stefano (UCR - Evolución). El caso de la fiscal de Cañada de Gómez cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA asegura que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsa.

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando legajos de investigación.

El fiscal Aldo Gerosa.

En el caso de fiscal Gerosa de Reconquista está suspendido con la reducción de su sueldo al 50% y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. Hynes presentó el pasado 14 de agosto la acusación formal contra el fiscal y Acuerdos ahora citará a algunos testigos antes de elaborar el o los dictámenes para determinar si el profesional sigue o no en el MPA.

El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.

Hynes llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control de Gestión del propio MPA que considera gravísimo el caso y lo elevó directamente al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

El fiscal de Rosario, Matías Edery.

En cuanto a Edery, Acuerdos citó para el miércoles próximo, a las 9.30 al Auditor del MPA, Leonardo Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza en torno al comportamiento y actuación del fiscal rosarino denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, que tienen su a cargo la investigación por una serie de extorsiones atribuidas al jefe narco Ariel "Guille" Cantero. Le atribuyeron la presumible comisión de delitos de acción pública y la fiscal general, María Cecilia Vranicich giró la actuación al auditor.

Edery quedó en el ojo de la tormenta a partir de su relación con Mariana Ortigala, un vínculo evidenciado en uno de los teléfonos secuestrados en una case de un country de Funes donde personal policial incautó vehículos y dos armas. Uno de los celulares estaba destinado únicamente "a pasarle información a Edery".

El MPA informó la apertura de una causa judicial contra el fiscal Edery que integra la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 y giró el expediente al auditor Mai para evaluar el desempeño del fiscal. Sobre su tarea, Mai informará el miércoles a los legisladores.

Con modificaciones, el Senado santafesino aprobó la ley que incorpora a 700 médicos a la planta permanente del sistema de salud de la provincia, que requieren de una norma “de excepción” y ya habían logrado la media sanción de Diputados.

Con los cambios hechos en la Cámara alta, ya no se legisla solo para los involucrados sino que se plantea un nuevo mecanismo para la incorporación de los profesionales de la salud. El texto aprobado por el cuerpo de 19 bancas plantea atacar la cuestión de fondo con la modificación del inciso f) del artículo 4) de la ley N° 9.282 de 1983, que establece en el Estatuto y Escalafón de los Profesionales Universitarios de la Sanidad, que es requisito para ingresar en las funciones de profesional ayudante en las unidades de organización asistencial y sanitaria "no tener más de 10 años de graduado y 40 años de edad".

Por unanimidad, los senadores de todos los bloque llevaron ese límite a los 50 años de edad, también de acuerdo con el cambio de las expectativas de vida y la extensión de la vida laboral. Para esa corrección del estatuto se requiere ahora otra media sanción de Diputados.

Fuera del Palacio Legislativo, como ocurre desde que el tema está en debate, una manifestación del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) ocupó buena parte de la plaza y la playa de estacionamiento de los legisladores y el personal de ese Poder. 

El reclamo gremial es por el pase a planta de 700 médicos mediante una ley que establezca un cómputo diferenciado por su trabajo durante la pandemia. Así lo manda el proyecto de ley que votaron los diputados, al establecer que se consideren 3 meses de servicios por cada mes trabajado para el acceso al beneficio jubilatorio. Con la modificación del Senado se añade que solo se exigirá ser menor de 50 años justamente cuando existen problemas para sostener el número de profesionales necesarios en algunas especialidades como las de pediatría.

Los cambios que los senadores hicieron a la iniciativa de Diputados fueron antes conversados con esa representación sindical así como con el Sindicato Médico Amra.

El asunto se trató en primer lugar, sin esperar al momento de lectura de los llegados de Diputados teniendo en cuenta

El jefe del bloque de senadores del radicalismo, Lisandro Enrico, sostuvo que hoy existen movimientos de médicos "en todo el mundo" en lucha por su reconocimiento y condiciones laborales. "Queremos reconocer y mejorar su labor", dijo el senador del próximo oficialismo. Mencionó que la modificación se hizo a último momento tras reunirse con los gremios de la salud. Elogió el nuevo límite de 50 años (en lugar de 40) para ingresar a los servicios de salud en la planta permanente.

"Queremos estimular esos ingresos y beneficios, sin demagogias. Con herramientas que se pueden cumplir. Hoy damos un paso adelante", destacó.

Por el oficialismo saliente, en tanto, el representante por La Capital, Marcos Castelló dijo que es "un abrazo desde el alma, desde el corazón, a los verdaderos héroes de lo que nos tocó vivir". Subrayó la labor médica y de todos los integrantes de los equipos de Salud durante la pandemia. "Era lo que había que hacer", expreso. Afuera, redoblaron bombos y vivas de los gremios.

Miguel Rabbia, por Rosario, destacó que "hoy disfrutamos de esta media sanción" de reconocer el trabajo contra el Covid "que pusieron el cuerpo" y sufrieron la posibilidad de contagiar a sus familias. Este es un servicio "corazón intensivo" dijo el médico senador.

El presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, se expidió en los mismos términos desde la presidencia, ya que le tocó ordenar la sesión ante la ausencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. El representante de Las Colonias habló del "don de personas" de quienes tienen la vocación de curar.

Felipe Michlig, el presidente de la UCR santafesina, recordó que fueron los integrantes de los servicios públicos de la salud los que "me salvaron la vida" en la pandemia. Aseguró que el próximo gobierno los tendrá en cuenta.

En nombre de los profesionales de la salud habló un representante de los trabajadores de la salud, en medio de la sesión.

El doctor Marcelo Beltrame, de Amra, dijo lo que significó el Covid en los centros de salud: "perdimos compañeros, pacientes y familiares, durante la pandemia" y destacó la labor legislativa que hoy los beneficia y reconoce. "Es una ley justa" que "nos permite mantener médicos y personas de los equipo de salud que ya están muy bien formados".

El viernes pasado, a horas de iniciarse el receso parlamentario y ya en etapa de veda electoral, el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura el mensaje 5.047 con las propuestas de 48 pliegos para ocupar cargos vacantes de fiscales y defensores del sistema penal.

Se trata de 16 postulantes para ocupar cargos en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal en cuatro de las cinco circunscripciones que tiene la provincia así como para 32 fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las cinco circunscripciones.

Ambas cámaras dispusieron receso durante las dos últimas semanas de julio al igual que el sistema educativo y el Poder Judicial con lo que cortaron los plazos de tratamiento. Así, la consideración de los 48 nombres se dará durante el mes de agosto. En tanto, el Poder Ejecutivo tiene preparados otro tanda mayor de pliegos para vacantes en diferentes fueros judiciales derivados de concursos que se fueron realizando en los últimos tres años. El objetivo de la Casa Gris es que los pliegos de jueces se discutan a partir de septiembre, incluso con ya las autoridades electas a asumir en diciembre.

En los considerandos del Mensaje 5.047, señala que los postulantes fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura en resoluciones que datan del 17 de mayo de 2021 y del 20 de octubre de 2022.

En el caso de la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe son tres pliegos para la Defensa y siete para el MPA.

El listado de postulantes enviado por el Ejecutivo para la Defensa es el siguiente:

* Defensores adjuntos en Santa Fe: Valentín Acuña, Gastón Martínez Montyn e Ignacio Martín Cecchini.

* Defensora titular de Rosario: Marianela Di Ponte.

* Defensores adjuntos en Rosario: Anabela Antegiovanni, Martina Guirado, María Paula Flores, Lucía Fernanda Araya y Agustina María de los Milagros Norman.

* Defensora titular de San Lorenzo: Luisa Fernanda Cañavate Santesso.

* Defensora adjunta en San Lorenzo: Flavia Renzi.

* Defensora Adjunta en Villa Constitución: María Virginia Quiroga.

* Defensor adjunto en Cañada de Gómez: Nahuel Nardoni Toloza.

* Defensor titular en Reconquista: Orlando Toniolo

* Defensor adjunto en Las Toscas: Nicolás Hugo Vera.

* Defensora adjunta en Rafaela: Luciana Chiavarini.

El listado de postulantes para el MPA:

* Fiscales titulares en Santa Fe: Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain (ambos adjuntos actualmente).

* Fiscal adjunta en Santa Fe: Vivian Ester Galeano.

* Fiscal titular en Esperanza: Alejandro Benitez (hoy adjunto en esa ciudad).

* Fiscal adjunto en San Jorge: Diego Gustavo Rodríguez y Barros.

* Fiscal adjunto en Coronda: Julio Marcelo Lema.

* Fiscal adjunta en Helvecia: María Rosa Haeffeli.

* Fiscal titular en Rosario: Franco Mariano Carbone.

* Fiscales adjuntos en Rosario: Lisandro Artacho, Julia Feldman, César Pierantoni, Noelia Navone, Martín Sanguinetti, María Victoria Gigli, Brenda Debiasi, Bárbara Gialdini, María Virginia Llaudet Maza y Agustina Fertitta.

* Fiscal titular en Villa Constitución: Eugenia Lascialandare.

* Fiscales adjuntas en San Lorenzo: María Cecilia Loberse, Bárbara Glikman y Agustina Eiris.

* Fiscal adjunta en Villa Gobernador Gálvez: Luisina María Paponi Arizaga.

* Fiscales adjuntas en Venado Tuerto: Mayra Soledad Vuletic, Larisa Celeste Baruca y Mariana Bressanelli.

* Fiscal adjunta en Rufino: Rafaela Florit.

* Fiscales adjuntos en Reconquista: Nicolás Aureliano Maglier y Amílcar Carlos Bernardi.

* Fiscal adjunto en Rafaela: Ardían Darío Soria.

* Fiscal adjunto en Frontera: Pedro Ignacio Machado.

* Fiscal adjunto en Sunchales: Juan Manuel Puig.

Seguramente el 2 de agosto, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini (PS) convoque a los integrantes del grupo bicameral para abrir oficialmente estos pliegos y elaborar el cronograma de trabajo que pasa por recibir impugnaciones de la ciudadanía o entidades, fijar fecha de las entrevistas personales a cada uno de los postulados y la fecha de la Asamblea Legislativa que debe considerar esos nombres.

La defensora general, Estrella Moreno, señaló que con la aprobación de los pliegos quedarían prácticamente cubiertos los cargos actuales del organigrama del servicio aunque restará cubrir las vacantes dejadas por los designados fiscales regionales e incluso el suyo que era en Rafaela. No obstante, advirtió que se vienen creando nuevas fiscalías y eso deben tener su respectivo cargo de defensa “para que haya proporcionalidad o igualdad de armas”.

Además de cargos judiciales, resta la cobertura de diferentes organismos de control en la provincia que vienen funcionando en los últimos años al límite del quórum cuando son órganos colegiados como el Ente Regulador de Servicios Sanitarios donde resta la designación de dos directores, uno de ellos -por ley- correspondiente a los sindicatos de trabajadores del sector.

También hay vacantes en el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional, aunque una ley determinó que los vocales pueden seguir en el cargo mientras no tengan el reemplazo respectivo. Es el caso de María del Carmen Crescimanno. El Poder Ejecutivo propuso a la abogada galvense Flavia Leonor Acuña pero nunca envió su pliego a la Legislatura. Voceros parlamentarios hicieron saber a representantes del Poder Ejecutivo que iban a rechazar ese nombre y explicando las razones. Por ahora, Perotti difundió los antecedentes públicos como marca el decreto para recibir opiniones de la ciudadanía pero no avanzó con el trámite legislativo.

También está vacante el cargo de Defensor del Pueblo titular, instancia que hoy es cubierta por los delegados zona norte y zona sur, Jorge Henn y Gabriel Savino. Pero además está vacante la Defensora General de Niños, Niñas y Adolescentes previsto en la ley provincial. Esta vacante es reclamada por el Poder Legislativo por la importancia que tiene el cargo en defensa de la minoridad.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe completó la sanción de una reforma a la Ley 12.069 -régimen legal para grandes superficies comerciales- agregando un ítem a las multas por violaciones a dicha norma.

Se determinó que esos establecimientos que no cumplan con lo dispuesto en su normativa, serán pasibles de las siguientes sanciones:

El tema había sido abordado por el Senado en julio del año pasado teniendo en cuenta que entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción el monto fijo quedaba desactualizado.

El Ejecutivo habilitó el tema en Extraordinarias y después del paso por varias comisiones, este jueves Diputados completó la sanción.

La ley de grandes superficies comerciales se dictó a fines del 2002 y las multas fijadas en la reglamentación fueron establecidas entre $2.000 hasta $30.000, valores que ahora fueron actualizados.