A pocos días de que se diera a conocer el último informe del Centro de Estudios y Servicio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe que alertaba sobre la desaceleración de la actividad económica provincial, en la Cámara de Diputadas y Diputados se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión con Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y Cristian Fiereder, vicepresidente de la entidad y titular de la Unión Industrial de Santa Fe.

“Fue muy importante escuchar de primera mano a los representantes de los sectores productivos e industriales de la provincia para saber cómo podemos anticiparnos a los problemas que puedan venir a futuro en función de la marcha de la macroeconomía”, dijo Mariano Cuvertino, presidente de la comisión de Industria. “Desde la legislatura estamos siempre cerca y monitoreando cómo atraviesa la situación cada sector para construir una agenda que tenga como eje un modelo de desarrollo que potencie el sistema productivo, sus encadenamientos científicos y tecnológicos, y, en definitiva, la calidad de vida de la ciudadanía”, agregó.

Cuvertino destacó también que la iniciativa surgió tras la reciente visita del ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, a la Comisión de Asuntos Laborales, donde se realizó un diagnóstico integral de la situación laboral actual. “A partir de ese encuentro consideramos clave ampliar el espacio de diálogo incluyendo al sector industrial, entendiendo que la estructura productiva y el mercado laboral son dos caras de una misma moneda que deben analizarse y trabajarse en conjunto en el ámbito legislativo”.

Durante la jornada, Javier Martín, representante de FISFE, destacó: “Entendemos que este tipo de diálogo es muy constructivo. No solo son espacios para analizar la situación actual de la industria, sino que además reflexionamos sobre qué podemos hacer junto al Poder Legislativo para promover más producción local, más valor agregado, y en especial, cómo protegemos e incrementamos el empleo santafesino”.

Por su parte, Cristian Friederer, referente de la Unión Industrial, subrayó la importancia de una mirada federal para el desarrollo. “En un contexto de cambios tecnológicos profundos que vive la industria, como la inteligencia artificial y la robótica, nuestra provincia debe ser protagonista. Tenemos una gran heterogeneidad y fortalezas productivas que debemos potenciar. Es fundamental discutir hacia dónde vamos como país y que Santa Fe tenga un rol clave como generadora de valor y de empleo”.

De la reunión participaron los legisladores Carlos Del Frade (bloque Frente Amplio por la Soberanía), Sergio Rojas y Leonardo Calaianov, (bloque Socialista), José Corral (bloque UCR), Lucila De Ponti (bloque Justicialista), Astrid Hummel (bloque PRO), Juan Argañaráz (bloque Inspirar) y Edgardo Porfiri (bloque Unidad por Santa Fe).

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados votó una declaración expresando "preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto Nº273/25, el llamado Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), dejando sin efecto controles esenciales sobre trazabilidad, seguridad y condiciones de uso de bienes importados".

La Cámara unificó los textos ingresados por Mariano Cuvertino (PS) y Sonia Martorano (PJ) y obtuvo el respaldo de casi todos los integrantes de Unidos, de los diferentes interbloques justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía.

En cambio, Somos Vida votó en rechazo al igual que Ximena Sola (Pro) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). En cambio, Juan Argañaraz (Inspirar) y Beatriz Brower (escindida de Somos Vida) se abstuvieron de votar.

Silvia Malfesi (Somos Vida) se encargó de exponer el voto en rechazo al proyecto y de defender los alcances del decreto mientras que Cuvertino, Omar Perotti (PJ) y Dionisio Scarpin (UCR) encendieron luces amarillas por el impacto que la medida puede tener en el sector de la maquinaria agrícola santafesina que da vida a cientos de pueblos santafesinos.

"Solo dos departamentos no tienen ninguna fábrica de maquinaria agrícola" precisó el ex gobernador. Los tres hicieron hincapié en las dificultades en que trabaja el sector con falta de financiamiento, monopolio en la provisión de chapa y por ende fijación de precios, juicios laborales e incluso en determinados momentos impedimentos de permisos de ingreso de robots para agilizar la fabricación.

Malfesi recomendó a sus pares leer bien los alcances del decreto por entender que el objetivo es eliminar el certificado que hacía muy lenta la importación.

"El objetivo es agilizar el trámite de importación", afirmó para subrayar que favorecerá la libre competencia e incluso abaratará costos para productores. Se detuvo en marcar diferencias porcentuales de precios entre nuestro país y otros en cosechadores, tractores o sembradoras.

Además planteó los impuestos que tiene la Argentina donde en muchas ocasiones se superponen nación con provincias y cuestionó Ingresos Brutos y Sellos.

Cuvertino destacó la preocupación que genera en Santa Fe y en las provincias de la Región Centro el decreto. Santa Fe produce el 45% de la maquinaria agrícola del país y entre las provincias de la Región Centro el 75% de la torta total. El socialista mencionó el atraso cambiario que "pone a la Argentina entre los países más caros del mundo".

El socialista pidió "no poner en riesgo la excelente producción santafesina, discutamos competitividad pero no destruyamos trabajo".

Perotti, en cambio, advirtió que "no llegaremos a ningún lado sin un diálogo serio entre los actores para darle competitividad al sector. Es malo que el decreto se haya dictado sin diálogo con las provincias y con este sector productivo".

El justicialista marcó como dificultades del sector la falta de financiamiento, la carga impositiva y el valor de la materia prima cuestionando que un solo proveedor fija el precio de la chapa, insumo esencial para esa producción. "Esto debe ser todo parte de la discusión pero con diálogo entre los actores", insistió.

Pero también alertó que el ingreso de maquinaria usada solo será por parte de la red de concesionarias que tienen empresas internacionales en el país. Además llamó a diferenciar entre la máquina que se produce acá y la que no se produce y que puede ayudar al productor a mejorar sus costos.

El ex gobernador mencionó la intención de una firma radicada en Armstrong de desarrollar una cosechadora propia para ganar mercados internacionales y ponderó la presencia de plantas en gran parte de la provincia e incluso la incorporación permanente de tecnología con técnicos y científicos formados en las propias universidades argentinas.

Scarpin, por último, insistió con el planteo presentado ya en febrero cuando se mencionaba la posibilidad de bajar las condiciones de acceso de maquinaria.

"No es que nuestros fabricantes no quieran competir, quieren hacerlo en igualdad de condiciones y para ello se necesitan decisiones tanto del gobierno nacional como del provincial que tiene algunas estrategias como financiar parte de tasas de interés o salir al mercado internacional con varias de las firmas locales".

El CIBU fue establecido mediante la Resolución Nº 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y regulaba la importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), incluyendo maquinaria agrícola, herramientas industriales y equipos electrónicos.

La emisión del CIBU estaba sujeta a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, que debía expedirse sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados, considerando la afectación del mercado local con motivo de la importación planteada.

Ahora la eliminación de este certificado implica la liberalización de la importación de maquinaria usada sin la necesidad de evaluar la capacidad de la industria nacional para abastecer el mercado interno.

"Esto no solo perjudica a los fabricantes, sino que impacta en toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad.

Además de los riesgos económicos, el ingreso de maquinaria usada sin control genera riesgos ambientales, a partir de la posible propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores", señala Cuvertino en los fundamentos del texto votado.

La Cámara de Diputados dio por concluidas las actuaciones administrativas y validó la cesantía del agente Héctor Rodolfo Puchetta por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General dictaminó el asunto el 27 de febrero de 2025, conforme al reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el último plenario de la Cámara se votó la baja definitiva, por cesantía, del mencionado agente que se desempeñaba como administrativo en la planta permanente con categoría 19.

El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para conocer las causas por los cuales ha suspendido la publicación del informe "La Caja en números", correspondiendo la última información publicada al mes de diciembre de 2023.

Dicho informe estaba en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y contenía detalles sobre ingresos y aportes al sistema; remuneraciones promedio por sector y otros informes de interés.

"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, dando estricto cumplimiento a la publicación de la misma tal como se hacía hasta el mes de diciembre de 2023, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años", señala en los fundamentos el autor.

Las dos cámaras legislativas cerrarán este jueves el año 2025 y Unidos trabaja con el propósito de sancionar la decena de proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para Extraordinarias y que necesitan el aval de uno o de los dos cuerpos. Entre el trabajo de comisiones de este miércoles y los acuerdos parlamentarios de mañana, podrían permitir la aprobación de esa decena de iniciativas.

En la Cámara de Diputados son cuatro los expedientes con tratamiento preferencial, entre ellos la Ley Tributaria 2025. Unidos necesita el dictamen de comisión para luego llevar el texto al recinto y dejarlo sancionado. El expediente está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que lo considerará en la mañana del jueves junto al mensaje del Poder Ejecutivo que declara de interés provincial la planificación, organización, financiamiento y realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026.

La futura Ley Tributaria 2025 contempla la adhesión de Santa Fe al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la Ley Nacional N.º 27.743 "Ley de Blanqueo". El ministro de Economía, Pablo Olivares resaltó oportunamente algunos principios para otorgar el perdón fiscal provincial: principalmente que se encuentre subordinada a la política de seguridad, "confirmar que quienes adhieran no tengan ningún tipo de vínculo con economías ilegales o vinculados a cualquier tipo de lavado". Por otra parte, el Ejecutivo propone que quienes blanqueen activos por más de U$S 100.000 dólares deberán abonar un 2 % de los montos excedentes a dicha suma. Ese 2 % abonado (excedente de los U$100.000) lo podrán tomar a cuenta de impuestos de Ingresos Brutos de futuro. "Lo que van a estar haciendo es un anticipo de los impuestos que van a tener que pagar en el futuro", mencionó el ministro en la presentación del proyecto. Aclaró el ministro que lo que se recaude no quedará en los fondos provinciales, sino que será asignado a aquellos que cumplieron a través de un incentivo y un premio por buen cumplimiento.

La Tributaria 2025 establece una actualización del Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) del 22 % (calculado sobre la última cuota del 2024), para lo cual se tomó un promedio ponderado de la variación porcentual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

Los contribuyentes que estén al día contarán con un descuento del 20 % entre las cuotas 1 y 5, y no abonarán la cuota 6. Tanto para el Impuesto Inmobiliario como para la Patente Automotor, quienes realizan el pago anual tendrán un 35 % de descuento y no serán alcanzados por las actualizaciones previstas para las cuotas 4 y 5 y quienes adhieran al débito automático tendrán un descuento del 15 % en cada cuota.

En cuanto al Inmobiliario Rural, aquellos propietarios que exploten directamente su propio campo para actividad agropecuaria, no tendrán incremento cuando las hectáreas afectadas sean hasta 50; entre 50 y 100 hectáreas tendrán un descuento del impuesto del 40 %; y entre 100 y 300 hectáreas el descuento será del 30 %. Además reduce el Adicional Gran Propietario, quedando solo para aquellos casos en que se supere las 500 hectáreas.

Dentro de los beneficios contemplados en la Ley Tributaria, se establece para los comercios y servicios un crédito fiscal del 25 % del Impuesto Inmobiliario efectivamente abonado del período 2025 correspondiente al inmueble afectado a la actividad. Para el sector de turismo y hotelería se podrá tomar un crédito fiscal del 40 % del Impuesto Inmobiliario efectivamente abonado del período 2025 correspondiente al inmueble afectado a la actividad; y un 100% cuando sean nuevos emprendimientos o mejoras en inmuebles.

El monto del impuesto Patente Única sobre Vehículos surge de multiplicar la valuación del vehículo y las alícuotas establecidas en la Ley Impositiva Anual. En tal sentido, no se prevén cambios para 2025. Se continuará aplicando el dispositivo que estuvo vigente en los últimos años y que consiste en un límite al incremento anual del impuesto (denominado "tope de aumento"). Se prevé fijar en el 50 % dicho aumento límite para el año 2025. Este beneficio no se aplica para los modelos 2022, 2023, 2024 y 2025.

Sobre las cuotas 4 y 5 se realizará una actualización en base a la variación porcentual de las valuaciones definidas según el artículo 314 del Código Fiscal, y del mes de Julio de 2025. Quedarán eximidos del pago de las cuotas los vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas correspondiente al período fiscal 2025, manteniendo esta condición durante 5 años.

Para el sector de transporte y carga de pasajeros se podrá generar un crédito fiscal del 40 % del Impuesto sobre Patentes, efectivamente abonado del período fiscal 2025 y del 100 % en el caso de empresas de transporte con circuitos de recolección de leche fluida. Para los servicios de taxis, se podrá tomar un crédito fiscal del 100 % del Impuesto sobre Patentes, efectivamente abonado del período fiscal 2025.

El otro mensaje del Ejecutivo que espera aval de Diputados es que impulsa la creación y desarrollo de Parques Productivos y Zonas de Innovación Productiva en el territorio santafesino que fuera aprobado por el Senado sobre fines de noviembre.

El otro tema con tratamiento especial es un proyecto de Omar Perotti (Hacemos Santa Fe) creando el ¨Programa Boleto Educativo Gratuito¨, para ser utilizado en el servicio público provincial de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos y urbanos vinculados al sistema educativo.

Pero además, el oficialismo busca acuerdo con sectores de la oposición para tratar sobre tablas el llamado proyecto de Fe de Erratas que modifica parcialmente ocho leyes y que fue analizado la semana pasada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni con la comisión de Seguridad Pública que encabeza la radical Ximena García. Este mensaje tendría cambios parciales en su redacción lo que obligará a volver al Senado. "Estamos atentos a los cambios en Fe de Erratas y en el texto de Boleto Educativo Gratuito y podríamos sancionarlos este jueves", señaló un vocero de Unidos de la Cámara Alta.

El Senado, en tanto, tiene con tratamiento preferencial otros dos temas habilitados en la última semana y que refieren a la habilitación de un convenio entre el Estado provincial e Ypf y otro sobre la administración de los bienes provinciales. Sobre estos dos temas también hay contactos extra oficiales entre diputados de Unidos y de la oposición para votarlos sobre el final de la jornada.

El Poder Ejecutivo prorrogó por un año la vigencia de la Ley N° 14237 que declaró la emergencia en seguridad pública por un año en la provincia. La extensión es por otro año como lo permite esta norma, una de las primeras sancionadas en la gestión de Maximiliano Pullaro. La norma simplifica los trámites presupuestarios para la compra de materiales, edificaciones y autorizó a la creación de la Unidad Ejecutora de Infraestructura para realizar obras relacionadas con la seguridad a través de estos procedimientos de emergencia.

Luego del encuentro que mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vicegobernadora Gisela Scaglia y los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, se reunieron con diputados y senadores nacionales que representan a Santa Fe en el Congreso Nacional para evaluar el impacto que la Ley Ómnibus tendría en los sectores productivos santafesinos.

Durante el encuentro, que se desarrolló este lunes de manera virtual, brindaron un informe detallado de las consecuencias que tendrían las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus -que elevó el gobierno nacional al Congreso-, en los diferentes sectores productivos de la provincia de Santa Fe.

Scaglia contó que "manifestamos al Gobierno nacional nuestra preocupación sobre lo que plantea la Ley Ómnibus, principalmente en relación a los biodiesel, y la propuesta que tenemos. Ahora el desafío es trabajar juntos en la defensa de la industria de Santa Fe, entendiendo que si Argentina necesita dólares, Santa Fe los puede producir".

Puccini por su parte convocó a "trabajar juntos para defender a la provincia, más allá de quién gobierne. Santa Fe está a disposición para que el país salga adelante, y la única manera de hacerlo es con más producción".

Los legisladores nacionales compartieron sus pareceres, brindaron información de las reuniones que llevan adelante y además destacaron la convocatoria del gobierno provincial a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, así como la importancia de ponerse de acuerdo para defender a la producción de Santa Fe.

Participaron de la reunión los diputados nacionales Mario Barletta, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Florencia Carignano, Gabriel Chumpitaz, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Melina Giorgi, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, José Nuñez, Esteban Paulón, Verónica Razzini, y Eduardo Toniolli; los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto; e integrantes del equipo de trabajo de Marcelo Lewandowsky.

Además estuvieron presentes las secretarias de Energía, Verónica Geese, y de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Luis Rodrigo El Litoral El debate parlamentario sigue un orden que, en buena medida, se define en dos ámbitos: la labor de cada diputado o senador en las comisiones y la negociación entre los jefes de los distintos bloques. Por otra parte, también contará la fuerza que habrá de poner según el Poder Ejecutivo y por qué no, el humor social. Obviamente tiene siempre más posibilidades de prosperar una iniciativa formulada por un diputado que pertenece a los bloques con más integrantes y lo contrario cuando se trata de bancadas menos representativas, o directamente unipersonales. El Litoral, sobre la base de la información oficial publicada por el sitio de internet de la Cámara de Diputados de la Nación, revisó el número de proyectos que presentó cada representante electo por los santafesinos. (Sólo en un caso no hubo datos). Se ordenaron esas producciones de cada legislador bajo el supuesto de que los proyectos de ley requieren de una mayor elaboración, incluso de un compromiso político de fondo, respecto de otros proyectos como las resoluciones para comunicar, solicitar o pedir informes y, desde ya, que las declaraciones. Es verdad que puede haber pedidos de informes más interesantes que proyectos ley. También, que resoluciones con pedidos tan serios como interpelar o iniciar juicio político a un funcionario y hasta al titular del Poder Ejecutivo Nacional habrán requerido más que las leyes propuestas más simples. De todas formas, en general, se tiene a los proyectos de ley como aquellos que necesitan de una mayor elaboración. Desde ya que habrá textos con aspiraciones de convertirse en leyes de la Nación que tengan más o menos méritos, según su tema y las condiciones políticas para su aprobación. La casa de las leyes, el eufemismo creado por el periodismo para no repetir expresiones como el Congreso o el Poder Legislativo, no es una fábrica. La “productividad” de los legisladores siempre debe estar entre comillas, y en favor de quienes representan al pueblo de la provincia es justo decir que no se advierten cifras engordadas con proyectos de declaración, que suelen ser fáciles de redactar, firmar y hasta de aprobar. En todos los casos, hay muchos menos proyectos de declaración que de ley o resolución, aunque las redes sociales se ocupen de viralizar (y banalizar) lo que el Congreso trata, al reproducir proyectos de declaración que no debieran merecer una exposición en las bancas.

Al contar las iniciativas legislativas de los 19 diputados nacionales por Santa Fe siempre debe tenerse presente que una parte de ellos recién ha asumido (o reasumido) en diciembre de 2021, pero aún así, hay casos en los que ya existe una cantidad considerable de iniciativas para los recién llegados. La cuenta de cuántos proyectos de ley, cuántos de resolución y cuántos de declaración ha presentado cada diputado nacional electo por los santafesinos da muy distinta de las estadísticas respecto de quienes participan más de las sesiones o directamente no han hablado a lo largo del año pasado, sobre las que El Litoral ya se ha extendido. Precisamente, las quejas de una diputada nacional por Santa Fe que no habló durante 2021 pero, en efecto, presentó numerosos proyectos de ley llevaron a El Litoral a una segunda lectura sobre los jugosos datos que están a solo algunos clics, en la web de la Cámara baja del Congreso de la Nación. Es interesante recordar que ningún punto del reglamento que se aplica en la Cámara, ni de la Constitución o de las leyes, restringe a los diputados la posibilidad de presentar proyectos. En cambio, sí hay unas normas no escritas que, muchas veces, impiden que se le otorgue la palabra a los legisladores y provienen del propio bloque al que se pertenece. La estrategia que sigue el jefe de una bancada en cada debate, además del peso personal que tiene cada representante entre sus compañeros, correligionarios o pares, suele ser determinante. Incluso para que durante todo el tiempo que se pueda se hable, por ejemplo, de la declaración de interés de alguna fiesta o celebración que no puede generar oposición. Los jefes de bloques miran todo el tiempo el tablero que indica el quórum…

Laura Castets de la Coalición Cívica, que no dio ningún discurso durante 2021, sin embargo fue la diputada nacional por Santa Fe que más proyectos de ley presentó (112), además de 174 resoluciones y 45 declaraciones. Ximena García, del bloque de la UCR, que tuvo un par de intervenciones en 2021 en el recinto, en efecto presentó un número también impactante de proyectos de ley a lo largo de ese año (96), 127 resoluciones y 38 declaraciones. En 2020 se había destacado con cifras también altas. El radical Juan Martín quedó bastante más atrás en el número de proyectos de ley presentados (50) a lo largo del año pasado, aunque duplica a otros. Además, pidió 52 resoluciones y 16 declaraciones. Federico Angelini del bloque del Pro aparece luego con 27 proyectos de ley, 49 de resolución y 21 de declaración. Luego, su par de bancada José Carlos Núñez, con 24 iniciativas para crear o reformar leyes, 40 para aprobar resoluciones y 16 de declaraciones. La justicialista del Frente de Todos Vanesa Masetani, que en 2021 habló solo en una oportunidad, produjo 18 proyectos de ley, 3 de resolución y 8 de declaración. Enrique Estévez fue de los que más hablaron en el recinto para fundamentar la posición del bloque del socialismo el año pasado. El jefe de bloque presentó 16 proyectos de ley, 23 de resolución y 5 de declaración. Alejandra Obeid del PJ no habló durante 2021 y lo hizo bastante poco en 2020. El año pasado presentó 15 proyectos de ley, 8 de resolución y 5 de declaración. Germán Martínez, de alta exposición en las últimas semanas a partir de que fue designado jefe del bloque del oficialismo en la Cámara baja del Congreso, se ubica entre los primeros veinte legisladores a los que más veces se les abrió el micrófono el año pasado. En 2021 produjo 15 proyectos de ley, 7 de resolución y 5 de declaración. Otro diputado nacional por Santa Fe de permanente protagonismo en los debates, en especial en materia económica, fue Luciano Laspina del Pro. El sitio Parlamentario lo ubica como el sexto diputado con más palabras en el diario de sesiones el año pasado. Produjo 10 proyectos de ley, 15 de resolución y 4 de declaración. Marcos Cleri, del Frente de Todos, presentó 7 proyectos de ley, 1 de resolución y 3 de declaración en 2021.

En cuanto a los diputados nacionales por Santa Fe que juraron el 7 de diciembre de 2021 debe decirse que todos ya han presentado proyectos. Germana Figueroa Casas del Pro lo hizo con 9 de ley, 21 de resolución y 3 de declaración. Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario del PS, presentó ya 7 iniciativas que buscan ser ley, un proyecto de resolución y otro se declaración. El radical Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe y ex embajador argentino en el Uruguay, presentó 6 proyectos de ley, 8 de resolución y 3 de declaración; el mismo número de iniciativas normativas en el caso de María Victoria Tejeda de Evolución Radical, 9 de resolución y 3 de declaración. También con 6 proyectos de ley aparece Gabriel Chumpitaz del Pro, siempre entre quienes llegaron hace muy poco al Congreso. Además ingresó 13 de resolución y 5 de declaración. Eduardo Tonioli del Frente de Todos, 3 de ley y 1 de declaración; Magalí Mastaler, del PJ, un proyecto de ley. En cuanto al ex senador nacional Roberto Mirabella, del justicialismo, que también lleva muy poco tiempo en la otra Cámara cabe señalar que en la web oficial aparece al cliquear en sus proyectos la leyenda que advierte “Error al procesar los datos” y recomienda comunicarse con la sección de publicaciones si el problema persiste. Evidentemente, falla la carga porque Mirabella ha difundido en comunicados de prensa algunas de sus iniciativas como diputado nacional.