En base a la información a la que accedió El Litoral, la oferta de viviendas en alquiler en Rosario ha experimentado un notable incremento del 170% en los últimos once meses. Este dato surge de un relevamiento conjunto entre el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede Rosario (Cocir), utilizando datos del buscador de propiedades PROPIA.

El análisis abarcó un total de 50.203 viviendas, de las cuales 2.060 están destinadas al alquiler permanente, 177 al alquiler temporario y 47.966 a la venta. Esto implica que el 95,5% de las propiedades publicadas en PROPIA están en venta, el 0,4% para alquiler temporario y el 4,1% para alquiler permanente.

En noviembre, la cantidad de viviendas ofrecidas para alquiler permanente se mantuvo estable en comparación con septiembre. El aumento más significativo en la oferta se registró tras la derogación de la ley de alquileres. Por otro lado, las propiedades en venta mostraron una tendencia a la baja durante el período analizado, con una disminución del 10,1% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2023.

Rosario concentra aproximadamente el 90% de la oferta de alquileres permanentes en la región y el 86,6% de los inmuebles en venta. Le siguen, aunque con menor participación, localidades como Funes, Roldán, Granadero Baigorria, San Lorenzo y Pueblo Esther. En cuanto a los alquileres temporarios, el 48,6% de la oferta se ubica en Rosario, mientras que Funes y Roldán representan el 24,3% y 18,1%, respectivamente.

La disponibilidad de viviendas a la venta en Rosario, tras una tendencia decreciente desde diciembre de 2023, se estabilizó en noviembre, manteniendo valores similares a septiembre de 2024. La oferta de alquileres también mostró signos de estabilización en el mismo período. Desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024, la disponibilidad de viviendas en alquiler en Rosario aumentó un 170%, mientras que entre septiembre y noviembre de 2024 el crecimiento fue del 1,8%. En contraste, las propiedades en venta disminuyeron un 11% en el mismo período, con una variación mínima del 0,04% entre septiembre y noviembre de 2024.

A nivel barrial, el Centro de Rosario concentra la mayor disponibilidad de viviendas tanto para alquiler como para venta, representando casi el 33% y el 30,9% de la oferta, respectivamente. En alquileres permanentes, Nuestra Señora de Lourdes ofrece el 8,9% del total, seguido por República de la Sexta con el 8,3% y Alberto Olmedo (Pichincha) con el 7,9%. En ventas, después del Centro, destacan los barrios Martín, Nuestra Señora de Lourdes y Alberto Olmedo.

En cuanto al tipo de vivienda, en Rosario predominan los departamentos tanto para alquiler permanente como para venta, representando el 90% y 82% de la oferta, respectivamente. Las casas constituyen el 9% de las propiedades en alquiler permanente y el 17% de las disponibles para venta. Los departamentos de pasillo tienen una presencia marginal en la oferta total.

Respecto a los valores de alquiler, en noviembre de 2024, el precio promedio de un monoambiente en Rosario ascendía a $180.000. Barrios como Abasto y Nuestra Señora de Lourdes se alinean con este promedio, mientras que en el Centro y Alberto Olmedo (Pichincha) los valores pueden variar.

Este incremento en la oferta de alquileres podría estar relacionado con cambios recientes en la legislación y dinámicas del mercado inmobiliario local. La estabilización observada en los últimos meses sugiere una posible adaptación del mercado a las nuevas condiciones, aunque será necesario un seguimiento continuo para comprender plenamente las tendencias futuras.

A través del decreto 361/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que no deberá mediar oposición del usuario de las tarjetas de crédito cuando el envío del resumen mensual se realice de forma electrónica.

Se realizaron modificaciones a la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito para facilitar la desregulación y simplificación del mercado de tarjetas de crédito. Según el decreto, el envío del resumen mensual de operaciones puede realizarse de forma electrónica sin necesidad de oposición por parte del usuario, mientras que los canales de comunicación para situaciones de no recepción del resumen incluyen opciones telefónicas, electrónicas o similares.

Además, el decreto también sustituye el inciso 11 del artículo 1 del Decreto N° 9101/72, eliminando referencias a leyes derogadas previamente.

En el considerando de la norma publicada este viernes, el Ejecutivo menciona que el decreto 70/2023 plantea que “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”.

En ese sentido, alega que las modificaciones al sistema de plásticos tiene como objetivo “realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.

Los cambios aplicados con el mega decreto estaban vinculados a las sanciones que el Banco Central podía llegar a imponer sobre las entidades financieras. A su vez, también estableció modificaciones en el sistema de deudores, conocido como el Veraz, y contempla también la eliminación de la distinción entre tarjetas físicas y virtuales.

De entrada, el artículo 14 del DNU borra nueve artículos de la Ley de Tarjetas que fijaban desde las condiciones de identificación que debe reunir un plástico para ser válido -una habilitación para emitir tarjetas sin titular explícito-, pasando por la forma en que tiene que estar redactado el contrato para la emisión de un plástico nuevo, la eliminación de sanciones para empresas emisoras, la reducción de obligaciones de información y hasta la derogación de la necesidad de informar mensualmente al regulador.

Con respecto al sistema de deudores, se levanta la prohibición de informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” los incumplimientos de sus clientes. De esta manera, el Veraz será de acceso prácticamente libre para los emisores de tarjetas. Cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, será conocido de inmediato por toda la industria financiera, lo que podría generar dificultades para los usuarios en caso de querer acceder a alguna otra tarjeta de otro banco.

El mega decreto también modificó la redacción vieja de la Ley que establecía que el emisor era de los plásticos podría ser una “entidad financiera, comercial o bancaria”, mientras que ahora el emisor puede ser “la entidad, de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre previsto dentro de su objeto social, que emita Tarjetas de Crédito”. Así, permiten que más jugadores entren al sistema de tarjetas.

En otro punto, el DNU reemplaza el viejo artículo 15 que limitaba las comisiones que pueden cobrar a comercios y que regulaba las diferencias que podía hacer entre comercios del mismo rubro. También, ponía tope a los descuentos que puede aplicar a los comercios que cobran con tarjeta y al plazo en que debían pagarles. Todo ese texto desaparece y se reemplaza por otro que sólo obliga a los emisores a informar la tasa de financiación. Esto es un gran cambio para los comerciantes.

El texto modificó también la regulación para los intereses punitorios. La ley establecía un tope del 50% por sobre la tasa de financiación. Ese tope desapareció, ya que los emisores podrán cobrar los punitorios que quieran a los usuarios. La única condición es que no podrán capitalizar esos intereses.

Decreto 361/2024 by El Litoral

En la antesala del Jueves Santo, muchos argentinos se preguntan si podrán o no disfrutar del fin de semana largo de seis días en el cierre de marzo, ya que no todos son asuetos.

Se sabe por calendario oficial que junto a Semana Santa hay otros dos feriados, generando un inédito fin de semana XXXL. Pero, ¿qué pasa con los días no laborables?

Para quienes no tengan que trabajar el 28 de marzo (Jueves Santo), que es una jornada no laborable, habrá seis días de descanso, ya que el 29 de marzo (Viernes Santo) es feriado.

El jueves en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Iniciará el jueves 28, que es en realidad día no laborable; y se extenderá por cinco días más con el Viernes Santo, el lunes 1 feriado con fines turísticos y el martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Este martes el Congreso comenzará a debatir un proyecto integral que busca extender las licencias por maternidad y paternidad, además de implementar nuevos beneficios para garantizar el cuidado y la igualdad en la crianza de los hijos.

El proyecto, presentado por el presidente Alberto Fernández el año pasado bajo el nombre “Cuidar en Igualdad”, propone un aumento significativo en la duración de las licencias por maternidad y paternidad.

La licencia por maternidad se extendería de los actuales 90 días a 126 días, cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por otro lado, la licencia por paternidad se incrementa gradualmente en los próximos ocho años, pasando de los actuales 2 días a 90 días, equiparando así con la licencia por maternidad.

Además de la extensión de las licencias, el proyecto contempla una serie de beneficios adicionales para garantizar la igualdad y el apoyo en diversas situaciones familiares. Entre estos beneficios se encuentra la inclusión de familias diversas, como adoptantes, matrimonios igualitarios y personas que han utilizado métodos de reproducción asistida, reconociendo su derecho a disfrutar de las licencias por maternidad y paternidad.

Asimismo, se establecerán regímenes especiales para padres de bebés prematuros y con discapacidad, brindando licencias adicionales y adaptadas a las necesidades específicas de cuidado en estas circunstancias. Se crearían también nuevas licencias especiales para cubrir casos como nacimientos o adopciones múltiples, hijos con discapacidad, nacimientos prematuros o con enfermedades crónicas.

El proyecto tiene como objetivo central la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina (SINCA), el cual garantiza un conjunto de políticas y servicios que aseguren la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias.

Entre otros aspectos, la propuesta contempla que los períodos de licencia estén cubiertos por la seguridad social en lugar de la parte empleadora, reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, y prevé el reconocimiento del derecho a personas no gestantes y adoptantes al período de excedencia. También se eliminaría la presunción de renuncia y se adaptarán las licencias a los avances tecnológicos y nuevas formas de reproducción.

En el caso de las licencias especiales, se aplicarían los siguientes regímenes:

En caso de prosperar la ley que, antes de la llegar a la Cámara de Diputados y al Senado, debe ser aprobada en ambas comisiones, se modificarían los siguientes puntos de la legislación actual:

El gobierno nacional promulgó este miércoles la ley que establece tolerancia cero de alcohol para manejar cualquier tipo de vehículos, a través del Decreto 254/2023 publicado en el Boletín Oficial.

El documento aclara que, más allá de la adhesión o no de cada provincia, tendrá vigencia en todas las rutas nacionales. Para las vías provinciales aún se debe esperar la adhesión.

En dos ocasiones el proyecto de ley en la provincia de Santa Fe perdió estado parlamentario al pasar dos años desde su presentación. En 2018 Diputados le dio media sanción, pero el Senado no lo trató.

Con las firmas de Alberto Fernández, así como también las rúbricas del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se modifica la ley 24.449, que elimina el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y lo lleva a cero.

Peligro al volante: un taxista casildense manejaba borracho y zigzagueando

Cabe recordar que en la ciudad de Santa Fe se aplica desde febrero de 2020 la popularmente apodada “ley de alcohol cero”, pero que permitía hasta 0,3 gramos en sangre.

El caso de Rosario es más estricto. En 2022 se aprobó una norma más dura y se impuso el mismo control, pero con el tope en 0.

A nivel provincial, el subsecretario de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, había indicado que se debía “esperar que salga en el Boletín Oficial” y luego en base a su redacción definir si debía pasar por adhesión a través de la legislatura santafesina.

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir”, refiere la Ley 27.714, cuyo proyecto fue impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Sedronar.

El artículo 1° del documento que sustituye el inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449, establece que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre”.

Luego se aclara que “la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”.

El proyecto de ley fue presentado en 2022 y fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación por amplia mayoría, con 193 votos a favor, 19 negativos y 4 abstenciones.

Por Luis Rodrigo

La sanción de una reforma a la legislación nacional que fija en un redondo y prohibitivo cero el valor de alcohol en sangre para los conductores tiene antecedentes con sanciones en varias legislaturas provinciales, pero no es el caso de las cámaras santafesinas.

Sea porque los legisladores no estaban del todo convencidos de su eficacia o porque el contexto político no lo permitió, desde 2015 a la fecha han fracasado los intentos de llevar a la absoluta restricción el consumo de bebidas alcohólicas para quienes luego de tomar, se hagan del volante.

En rigor, los concejos municipales de la ciudad de Santa Fe primero y de Rosario después se encargaron de endurecer los controles o -según como se mire- de no dejarles dudas a quienes crean que podrían beber una cantidad módica y aún así quedar dentro de los límites permitidos.

El domingo 16 de febrero de 2020 comenzó a regir la ordenanza 12.643 en la capital provincial, que se popularizó como “de alcohol cero” pero que en rigor, permitiría valores menores a 0,3 g/L, en los alcoholímetros para no caer en infracción. La denominación políticamente correcta se impuso y ciertamente pronto los santafesinos comprendieron que con un par de lisos se quedaba por sobre 0,2 al momento de enfrentar las pipetas.

Al cabo de casi dos años, los ediles rosarinos también aprobaron una norma más dura e impusieron el mismo control, pero fijaron en 0 el tope.

Cuando sea promulgada la Ley Nacional de Tránsito con las reformas que llevan a cero la tolerancia con el alcohol al manejar (y quede atrás el límite de 0,5) esa disposición regirá en el territorio santafesino bajo jurisdicción nacional, es decir, en las rutas nacionales. En tanto, en las rutas provinciales -hasta tanto la provincia de Santa Fe se adhiera a la nueva norma nacional- se toma el 0,5 que estaba vigente a nivel federal.

Los debates para que la provincia de Santa Fe cuente con una ley de alcohol cero al volante y con un programa para su promoción se suceden desde 2015. Fue el senador por San Justo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) quien en septiembre de aquel año propuso un proyecto de ley que no prosperó y lo mismo sucedió en 2016 con otro expediente en la misma dirección que presentó el ex ministro de Salud, que por entonces ocupaba la banca por Rosario, Miguel Ángel Cappiello (PS). Y lo mismo sucedió en 2017 y 2018 con sendas iniciativas, que se renovaron sin suerte.

Un proyecto de ley del diputado provincial Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) logró la media sanción de la Cámara baja en diciembre de 2018, pero el Senado no lo trató. En dos oportunidades la iniciativa perdió estado parlamentario al pasar dos años desde su presentación. Ahora el proyecto está nuevamente en ese cuerpo deliberativo, ya que el ex intendente de Santo Tomé repitió su presentación en febrero pasado, y cuenta con el envión que ha significado la norma nacional. Obviamente, para su tratamiento debe comenzar el período ordinario de sesiones, lo que ocurrirá el 1ro de mayo. Hasta entonces no podrá ser tratado salvo que sea habilitado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Se dice que los músicos de instrumentos de viento saben cómo soplar sin que el aire pase por sus pulmones, y de hecho lo hacen al ejecutar sus trompetas, saxos, quenas, flautas, cornos, tubas, trombones, clarinetes y fagots, pero si el valor permitido baja a cero el riesgo será alto.

Los expertos en soplar metales, cañas, y maderas ya no podrán ser el conductor designado para llevar a los demás miembros del grupo, porque bastará con que un mínimo resto de bebidas alcohólicas haya quedado en sus aparatos bucales (ya no en su sangre) para que el alcoholímetro marque más que cero.

La noticia de la regularización de la producción y comercialización del cannabis y el cáñamo con fines medicinales e industriales fue celebrada por familiares y pacientes de que durante años lucharon para poder cultivar y acceder a ella sin ser estafados en calidad y precios.  

Hoy, el cannabis medicinal es una realidad en Argentina y ya se comenzó a desandar el camino de la investigación y la producción a gran escala, que garantizará el acceso al aceite de cannabis y derivados de la planta a pacientes de variadas patologías, además de ser el punto de partida de una industria que afirman, sumará a las arcas estatales gruesos ingresos en dólares y demandará numerosos puestos de trabajo. 

La promulgación de la Ley 27.669 se dio a finales de mayo y establece, a grandes rasgos, el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del Decreto 266/2022 publicado en el Boletín Oficial. 

Los que se busca es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos 

Además, crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo será “el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados”.  

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales. 

Por último, se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria. 

Para conocer sobre los alcances del marco legal regulatorio que acaba de promulgar el Gobierno Nacional, la abogada venadense, Carolina Regis, explicó: “Esta Ley viene a regular la producción y comercialización del cannabis y del cáñamo. La normativa abre el juego a las Pymes, y no solo a las empresas del Estado o las grandes industrias, que siempre suelen tener mayor facilidad de acceso a una licencia para poder producir, sino que también permite que puedan realizar el trámite ONGs, Pymes, Cooperativas; los grupos de personas que se dedican al cultivo del cannabis en empresas chiquitas que ahora van a poder estar presentes en el mercado interno con miras también al exterior, porque esta nueva ley permite exportar tanto materia prima como material producido”.    

Además, la letrada informó que, como en toda ley, “hay un lapso de 180 días de promulgada para se termine de reglamentar. En la actualidad ya hay una normativa de cannabis, y los pacientes que quieren cultivar legalmente para sí o para una ONG tienen que estar inscriptos en el Reprocann, que es un trámite gratuito que se hace por internet; el filtro para inscribirse es el certificado médico”. 

Santa Fe fue pionera en la producción de cannabis medicinal a través del Laboratotio Industrial Farmacéutico (LIF)

Santa Fe es una de las provincias pioneras en la investigación de los usos medicinales del cannabis. En el 2021, el Laboratorio Industrial Farmacéutico santafesino (LIF) fue el primero en producir un lote de aceite de cannabis medicinal para ser distribuido gratuitamente a través de prescripción médica (receta archivada) y bajo Plan de Gestión de Riesgo de LIF para efectuar su farmacovigilancia.

En la actualidad, el proceso sigue a paso firme y si bien “todavía no llegó oficialmente la reglamentación, creo que va a llegar como siempre a través de droguería central como todos los medicamentos, llegan a la Región de Salud y de ahí se distribuyen”, expresó a Sur24 el director de la Regional de Salud, Pedro Bustos.

Además, el pediatra agregó que “en mi consultorio privado he tenido la oportunidad de recetarlo en dos o tres oportunidades en epilepsias refractarias a los politratamientos en chicos, uno de ellos con Síndrome de Down también, y con uno solo tuve una buena experiencia, mientras que los otros dieron resultado, pero hasta ahí nomás. De esto hace ya seis o siete años”.

“El uso específico, como está indicado, creo que es una buena alternativa, porque estamos llegando a patologías donde hoy la medicina no tiene tantas respuestas. El cannabis es una oportunidad, pero controlado, porque la necesidad y desesperanza de algunas familias puede ser aprovechado por algunos que venden algo sin ningún control”, subrayó Bustos.

Por su parte, el director del Samco Chovet, Salim Chueire, recordó a Sur24 que “desde el 2020 hay una ley que permite el uso medicinal y terapéutico del cannabis a través del Ministerio de Salud de la Nación, la Anmat, el Conicet y todos los órganos responsables que aprobaron su uso”.

Coincidiendo con Bustos, para Chueire el cannabis “es una opción válida, que tiene su efectividad principalmente en dolores crónicos; también se utiliza en casos de epilepsia y algunos trastornos mentales”, agregando que “una vez que agotamos opciones más tradicionales y no hay efectividad, sobre todo para dolores crónicos, podemos indicar cannabis”.

“Por mi experiencia, de cada 5 pacientes a los que les indiqué cannabis, en tres fue muy efectivo y en los otros no hubo grandes resultados. Hay diferentes presentaciones, como cremas o aceites, todas con distintas especificaciones. Y es necesario diferenciar el uso terapéutico del uso recreativo, porque hay mucho prejuicio por el uso que se le da al cannabis fuera de lo estrictamente medicinal y esa es otro debate que hay que dar”, agregó el médico”.

En la región existen muchos usuarios del cannabis medicinal. Al no estar habilitada la venta ni la distribución, las personas que padecen alguna patología que requiera sus usos deben comprarlo en lugares clandestinos o importarlo a valores elevados y con una serie de trámites.

Consultado por Sur24, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Venado Tuerto, Guillermo Bangher, comentó que “en este momento, lo único que estamos autorizados a vender las farmacias son cremas con cannabis; todo lo que se venda en gotas es medicamento que no está autorizado por la Anmat, fabricados de manera casera”.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que es “monstruoso” que a los niños occidentales se les enseñe que pueden cambiar de género.

En un discurso durante una sesión plenaria del Club de Debate Internacional Valdai en Sochi, sostuvo que “están a punto de cometer un crimen contra la humanidad”.

“Es un momento simplemente monstruoso en el que los niños son empujados a creer desde el principio que pueden convertirse fácilmente en una niña y viceversa. Se les empuja a creer que tienen una opción impuesta”, agregó.

Y subrayó: “Y un niño se ve obligado a tomar una decisión que puede arruinar su vida”.

Luego se quejó de que “nadie consulta siquiera a los psicólogos infantiles sobre si un niño de cierta edad es capaz de tomar este tipo de decisiones. Llamemos a las cosas por su nombre: esto está cerca de un crimen contra la humanidad disfrazado con el nombre y bajo la bandera del progreso”.

En junio del año pasado, Putin dijo que las autoridades rusas tenían una actitud “relajada y sin prejuicios” hacia las personas LGBT+, que las decisiones sobre la identidad de género solo podían ser tomadas por adultos y, por lo tanto, los menores deben ser “dejados en paz”. Estos comentarios despertaron las críticas de distintos sectores dentro del país y en el exterior.

Este año, el mandatario firmó una reforma constitucional que básicamente termina con los derechos de gays y otras diversidades sexuales.

La ley prohíbe formalmente cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia y bloquea cualquier legislación al respecto. También prohíbe las “adopciones transgénero” y establece que la fe en Dios será un valor central que regirá la vida del país. El matrimonio se define estrictamente como la unión “entre un hombre y una mujer”.

En Moscú aseguran que estas fueron concesiones que hizo Putin a la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras instituciones conservadoras a cambio de que dieran el apoyo a su permanencia en el poder.

Con la reforma, el presidente podrá presentarse a dos reelecciones más, lo que implicaría continuar en el Kremlin otros 15 años. Además, tiene inmunidad de por vida frente a cualquier proceso judicial, situando la legislación rusa por encima de las normas internacionales. El referéndum con estos conceptos fue aprobado por una supuesta mayoría del 78%, aunque los críticos aseguran que el proceso fue manipulado.

Hasta ahora, las leyes rusas indicaban que las personas podían cambiar su género legalmente siguiendo pasos que incluían una evaluación psiquiátrica y procedimientos médicos.

La nueva ley aprobada establece que no se puede cambiar el sexo de una persona en su certificado de nacimiento, y que las personas trans que hayan cambiado sus certificados de nacimiento según la ley actual tendrán que volver a cambiarlos al sexo que se les asignó al nacer.

“Esto es discriminatorio en sí mismo y viola flagrantemente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que Rusia es parte”, dijo la organización Human Rights Watch en su momento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva mucho tiempo dictaminando que la negativa de un gobierno a modificar el certificado de nacimiento de una persona que se ha sometido a una reasignación de sexo viola sus derechos a la intimidad y a la autonomía personal.

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