Iván Raposo fue admitido por el Consejo de la Magistratura para el concurso que definirá quién será el próximo Fiscal Regional de la Circunscripción N° 3 Venado Tuerto.

De esta manera, en carrera para reemplazar a Matías Merlo se encuentran los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal, Leandro Martín, y el fiscal de Rufino, Mauro Menéndez.

En tanto, en la jornada de hoy martes se llevarán adelante las correspondientes entrevistas con cada uno de los interesados.

Raposo había sido impugnado por no cumplir con 10 años de ejercicio en su cargo, al haber asumido como fiscal adjunto en el año 2016. Sin embargo, en la apelación, dejó en claro que su ingreso al Ministerio Público de la Acusación se produjo en 2014, con lo cual lleva más de una década de la profesión.

En la Resolución, que se conoció en la jornada del lunes, el Consejo de la Magistratura resolvió “admitir en forma condicional al Dr. Iván Gastón Raposo en el marco del concurso de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial Nº 3”.

Al mismo tiempo define “convocar al Dr. Raposo para la realización de la prueba de oposición y entrevista personal para el día martes 11 de noviembre del corriente a las 12:00 hs en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario”.

Por último, determina “condicionar la admisión del recurrente, a la resolución definitiva por parte del Poder Ejecutivo del recurso presentado”.

Palabra fiscal

En diálogo con Sur24 Raposo se mostró satisfecho con la resolución del Consejo de la Magistratura. Sostuvo que su motivación pasa por “investigar, por buscar la verdad en todos los hechos delictivos que ocurren”.

Además, “me motiva esta profesión, ya que desde el 2014 a esta parte estuve siempre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tengo la convicción de que es el lugar donde quiero estar, y que tengo la capacidad para llevar adelante un equipo de trabajo donde el objetivo principalmente sea darle respuestas a las víctimas”, agregó.

Raposo, señaló que en lo personal lo que más le “gusta es la parte instructiva de las causas judiciales. Razón por la cual, en todo este tiempo transcurrido, donde empecé siendo empleado, luego fiscal adjunto y ahora fiscal de distrito, me siento con la aptitud y capacidad para liderar un equipo de trabajo para dar respuestas a las víctimas de delitos de cualquier índole”.

A la hora de presentar la candidatura a Fiscal Regional los interesados deben detallar por escrito los desafíos, objetivos y mecanismos en que llevarán adelante el trabajo.

Al respecto, Raposo expresó que “presenté un plan de trabajo en donde puse varios puntos, entre ellos la política de persecución del delito, siguiendo obviamente los lineamientos de la fiscalía General; la relación interinstitucional entre la fiscalía y los demás órganos intervinientes, como lo policial, municipal o de salud; la relación y el trato con las víctimas”.

Por último, Raposo dejó en claro que “la carrera que deseo es dentro de la actividad fiscal, dentro del MPA. En esta instancia, la magistratura hoy en día no está en mi interés”.

En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Dos personas fueron condenadas por la venta de droga al menudeo en Venado Tuerto. Se trata de Valentín Lucio Vivas y Sasha Ailín Maldonado, quienes tienen 22 y 21 años, respectivamente.

A Vivas se le impuso una pena de seis años de prisión y se lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos, ya que además del hecho de microtráfico cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por otro lado, Maldonado recibió una pena a cuatro años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal. En tanto, el fiscal Damián Cassullo llevó adelante la investigación.

En una moto

Cassullo señaló que “el sábado 1 de marzo de este año, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los condenados circulaban a bordo de una motocicleta cuando agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo les ordenaron que frenaran la marcha”. Al respecto, añadió que “intentaron evadir a la fuerza de seguridad, pero momentos después fueron interceptados en la esquina de Francia y 25 de Mayo”.

Al ser requisados “por los uniformados, Maldonado tenía en su poder envoltorios de nylon que contenían cocaína, dinero en efectivo y dos celulares”, precisó el fiscal. “Las dosis de material estupefaciente estaban destinadas a la venta al menudeo”, especificó.

Siniestro vial

En relación al homicidio culposo, el funcionario del MPA detalló que la persona que falleció era una mujer identificada como Martina Ailén León.

Casullo puntualizó que “el domingo 30 de julio de 2023 aproximadamente a las 7:00 de la mañana, Vivas transportaba a la víctima por Venado Tuerto en una moto que él conducía mientras tenía alcohol en sangre”, y agregó que “actuó de manera imprudente, negligente y antireglamentaria”. Según remarcó, “en la avenida Santa Fe, el condenado provocó un siniestro vial al intentar pasar por delante de un automóvil que cruzaba por calle Pueyrredón”.

El fiscal indicó que “como consecuencia de la colisión, León fue proyectada por encima del auto y cayó al suelo”. En tal sentido, manifestó que “ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza que causó su muerte en el acto”.

Responsabilidad penal

Tanto Vivas como Maldonado reconocieron su responsabilidad penal como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Por su parte, el condenado además admitió la autoría de homicidio culposo.

En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

El pasado viernes, una llamada intimidatoria alertó sobre la supuesta existencia de una bomba en la Escuela N°584. La llama ingresó al sistema 911, provocando la activación de protocolos de seguridad y la evacuación preventiva del establecimiento. El acusado, identificado como Jonatan Ismael B. (27 años), fue detenido esa misma tarde tras una serie de allanamientos en Venado Tuerto, donde también se incautó un teléfono celular.

En una audiencia judicial realizada el martes en los tribunales locales, Jonatan fue formalmente imputado por el delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal. El juez Leandro Martín dispuso su prisión preventiva sin plazos. El magistrado destacó que el acusado “aprovechó la conmoción pública por otros hechos de amenazas para generar alarma y suspender las clases, privando a decenas de alumnos del derecho a la educación”.

Antecedentes y vínculos

Se determinó que no existiría ninguna conexión entre Jonatan y la comunidad educativa afectada. Además, el imputado tiene antecedentes: cuenta con dos condenas previas por robos, cuya pena de 4 años y 4 meses fue cumplida hasta abril de este año.

Investigación en curso

La fiscal Mayra Vuletic continúa con las diligencias para determinar si esta amenaza forma parte de una serie de episodios similares registrados desde el lunes anterior, incluyendo hechos en la Escuela N°446 “Juan Bautista Alberdi”. Hasta ahora, no se ha encontrado vínculo entre estas intimidaciones y causas de microtráfico.

La Justicia condenó a un hombre de 31 años por los delitos de maltrato animal y tenencia ilegítima de armas de fuego, tras un aberrante hecho ocurrido en la zona rural de Venado Tuerto. Patricio Santiago Caro, quien fue hallado culpable de atar a una perra galga a los ejes de un carro y agredirla con un cuchillo, grabó la tortura del animal y compartió el video en sus redes sociales, generando repudio en la comunidad.

Iván Raposo fue el fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación, Silvia Couselo la Defensora Pública, mientras que Leandro Martín fue el juez que homologó el acuerdo en el marco de un juicio abreviado.

Los hechos

El ataque al animal ocurrió el 2 de septiembre de 2024, en un predio ubicado entre las calles Jorge Newbery y Alfredo Rosas. Según la investigación, el acusado sometió a la perra a un sufrimiento extremo, causándole heridas punzantes a la altura del pecho. Tras la muerte del animal, Santiago compartió las imágenes del hecho en su cuenta de WhatsApp, lo que permitió a la Policía llegar rápidamente al caso.

Durante un allanamiento en su propiedad, personal policial encontró, además de los restos de la perra, un rifle de aire comprimido modificado para disparar municiones de calibre .22, cartuchos de diferentes calibres, y diversos cuchillos con rastros de sangre. Los investigadores también incautaron teléfonos móviles, que fueron clave en el esclarecimiento de los hechos.

En el marco de este operativo, la policía constató el deplorable estado de la vivienda del acusado, que presentaba serias deficiencias en higiene y mantenimiento. También se hallaron varios animales en condiciones de desnutrición y abandono, los cuales fueron rescatados por personal del IMUSCA (Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal).

El juicio concluyó con la condena de un año y seis meses de prisión condicional, lo que significa que Santiago no cumplirá la pena en prisión, pero estará sometido a un estricto régimen de conducta. Entre las pautas impuestas por el juez, se destacan la obligación de someterse a controles periódicos de bienestar animal, la realización de un tratamiento psicológico y la prohibición de tener animales domésticos bajo su cuidado durante el tiempo que dure la condena.

El fallo, que marca un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en la región, también establece medidas de control para prevenir futuros actos de violencia hacia los animales.

El poder judicial determinó la prisión preventiva para cinco personas que fueron detenidas el martes 3 de junio en la zona rural de Santa Isabel acusadas de robar y faenar un total de siete lechones. La investigación la llevó adelante el fiscal Mauro Menéndez, mientras Leandro Martín fue el juez. 

La audiencia imputativa se llevó adelante en la jornada del lunes, donde los malvivientes fueron imputados bajo la carátula de “abigeato agravado”, y ahora deberán transitar el camino hacia el juicio oral tras las rejas.

Historia del caso

Una banda integrada por cinco hombres fue detenida el último martes 3 de junio en la zona rural de Santa Isabel, en el departamento General López, por el robo y faena de animales porcinos. El procedimiento fue realizado por personal de la Sección N° 8 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, con asiento en Venado Tuerto.

El operativo se inició durante un patrullaje de rutina que los efectivos realizaban por caminos rurales del distrito Santa Isabel. Al interceptar tres motocicletas –una de ellas con un carro de un eje–, los uniformados identificaron a cinco hombres que transportaban siete porcinos faenados: una chancha decapitada y eviscerada, junto a seis lechones de pelaje overo, cuatro machos y dos hembras.

Además, las motocicletas presentaban manchas de sangre fresca y uno de los sospechosos había descartado un lechón faenado en una bolsa a la vera del camino.

Hallazgo del lugar de faena

Mediante tareas de inteligencia y relevamiento del terreno, los agentes de Los Pumas hallaron restos de vísceras y la cabeza del animal mayor en un predio cercano, lo que permitió identificar el sitio donde se habría realizado la faena clandestina.

La investigación derivó en la identificación del damnificado: Ricardo T., propietario de una producción porcina lindera al lugar del hallazgo. Las autoridades confirmaron que los animales sustraídos pertenecían a su establecimiento.

Allanamientos 

Tras consulta con la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, los cinco sospechosos fueron detenidos. Se trata de:

En el procedimiento también se secuestraron:

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 7:15 de la mañana, en la panadería "La Italiana", ubicada en la intersección de calles Chile y Falucho, en la ciudad de Venado Tuerto. Brian Uriel Salteño, de 19 años, junto a otro sujeto identificado como Leonardo Villarreal, irrumpió en el comercio armado con un cuchillo y una pistola para cometer un robo con violencia.

Según consta en la investigación judicial llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, Salteño amenazó a una de las empleadas con un cuchillo mientras exigía el dinero y los celulares. En simultáneo, Villarreal sujetó del cuello a otra trabajadora, Claribel Casco, y le tapó la boca mientras le exhibía un arma de fuego negra tipo pistola.

Los asaltantes lograron sustraer un teléfono celular Motorola color violeta con carcasa negra, y la suma de $3.500 en efectivo. Luego huyeron por calle Chile en dirección a San Lorenzo, pero fueron perseguidos por efectivos del Comando Radioeléctrico. Finalmente, Salteño fue capturado oculto dentro de un caño de hormigón en calle Falucho y Matassi.

Juicio abreviado y condena

La causa fue tramitada bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que participaron el fiscal Iván Raposo, de la Tercera Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora María Cecilia Tosco. La jueza, Paula Borrello, homologó el acuerdo.

Salteño fue considerado coautor de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso ideal con robo calificado por el uso de arma de fuego, delitos por los cuales recibió una pena de seis años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

Antecedentes y contexto social

Uno de los factores determinantes en la decisión judicial fue que el imputado ya contaba con una condena previa de tres años de prisión condicional, dictada en septiembre de 2024, que ahora se unifica con la nueva pena. La reincidencia, sumada al nivel de violencia ejercido, motivó que esta vez la pena sea de cumplimiento efectivo.

No obstante, el fallo también tomó en cuenta las condiciones personales y sociales de vulnerabilidad del joven, así como su consumo problemático de sustancias, que dificultan su reinserción social.

En la jornada del martes, el juez Leandro Martín ordenó la prisión preventiva de Saha M. y Lucio Valentín V., acusados de comercializar cocaína en Venado Tuerto. La investigación, liderada por el fiscal Damián Cassullo, se inició el 1 de marzo cuando la policía detuvo a los sospechosos en la intersección de 25 de Mayo y Francia. Durante la requisa, se encontró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína. La pena por este delito oscila entre 4 y 15 años de prisión.​

Detalles del operativo

El 1 de marzo, personal del Comando Radioeléctrico intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta Honda Titan 150 negra sin patente. Los sospechosos intentaron evadir el control, pero fueron interceptados en la esquina de 25 de Mayo y Francia. El conductor no tenía documentación del vehículo, y la acompañante llevaba bolsas con cocaína fraccionada para la venta. También se incautaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Las pruebas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que la sustancia era cocaína.​

Proceso judicial y antecedentes

Tras la detención, el fiscal en turno ordenó la aprehensión de los sospechosos y solicitó las audiencias imputativas y de prisión preventiva, que se llevaron a cabo el 4 de marzo. El juez Leandro Martín consideró acreditada la probabilidad de la comisión del delito y los riesgos procesales, por lo que dictó la prisión preventiva. Fuentes judiciales informaron que el conductor de la motocicleta había estado involucrado en un accidente fatal años atrás en la intersección de Av. Santa Fe y Pellegrini, causa por la que espera juicio oral.

Marco legal y declaraciones oficiales

Estas acciones se enmarcan en la Ley Provincial 14.239, que otorga a la provincia la competencia para investigar y sancionar delitos de "microtráfico" con el objetivo de proteger la salud pública. El fiscal Cassullo expresó satisfacción por la resolución y destacó la importancia de estas investigaciones para combatir la venta de sustancias prohibidas que afectan a la comunidad.​

Un inspector rosarino del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe fue condenado a 2 años de prisión por intentar coimear al propietario de una empresa de Venado Tuerto en el año 2019. Se trata de Mauricio Rubén Capellaris (47), que en el marco de un juicio abreviado aceptó la culpabilidad, quedando suspendido al mismo tiempo por 24 meses para ejercer cargos públicos.

La audiencia se llevó adelante en la jornada del jueves, con Eduardo Lago como fiscal y Leandro Martín como juez.

De la investigación se desprende que Capellaris se presentó en una empresa venadense de calle Cerrito al 800, en función de su trabajo a realizar una inspección el 7 de marzo de 2019. “Con posterioridad a dicha inspección, haberle requerido al titular de la firma comercial la suma de 400.000 mil pesos en carácter de multa por no cumplir con la reglamentación vigente”, detalla el fallo.

El funcionario, posteriormente se comunicó en reiteradas oportunidades con el propietario de la empresa para requerirle “el pago de 50 mil pesos bajo la promesa de reducir considerablemente el monto de la multa administrativa que debía imponerle el Ministerio de Trabajo en razón de las infracciones constatadas por el personal de inspección, siendo ese requerimiento malicioso y a sabiendas de que no existía la multa de 400 mil pesos y el incumplimiento presuntamente constatado”. 

Los damnificados radicaron la correspondiente denuncia, aportando como elementos probatorios imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones donde consta la metodología aplicada por el acusado.

Finalmente, Capellaris fue condenado, bajo la calificación legal de exacciones ilegales, a 2 años de prisión condicional y 24 meses de inhabilitación especial para ser funcionario o empleado público.

Quedó en prisión preventiva ordinaria Norberto E., acusado de ser el autor intencional del incendio que se desató en su propia vivienda de Lisandro de la Torre y Colón en la madrugada del jueves 9 de enero, con el objetivo de atentar contra la vida de dos personas, que terminaron salvando sus vidas al ser rescatadas por bomberos y policías.

La audiencia se llevó adelante en los tribunales venadenses en el mediodía del lunes, donde el fiscal Iván Raposo le imputó al detenido los cargos de “tentativa de homicidio simple” contra Jésica T. (su ex pareja) y Herminio B., añadiendo “lesiones leves dolosas”, por distintas contusiones que presentaba la mujer y que fueron detalladas en un informe médico.

Con el correr de las horas se conocieron las pericias de los bomberos zapadores de la ciudad de Rosario, cuyo informe preliminar determina que se trató de un incendio intencional. 

“De acuerdo a la evidencia recolectada, y al testimonio de la mujer, todo comienza en horas de la noche, donde habrían tenido una discusión entre Norberto (alias Turbo) y su ex pareja, quien recibía constantemente maltratos, hostigamiento y humillaciones, tratándose la víctima de una persona de extrema vulnerabilidad”, relató el fiscal.

Aparentemente “hubo una escena de celos con la otra persona que alquilaba una habitación en la vivienda, y el actual detenido los amenazó diciéndoles que los iba a matar. Luego, la víctima cuenta que el imputado se va del domicilio. Pero cuando ella se despierta, momentos más tarde, observa que había humo, que tenía un malestar, y que el compañero de habitación dice ‘Turbo que hacés’, en referencia al propietario de la vivienda”, agregó Raposo.

Con ese testimonio, desde el Ministerio Público de la Acusación ordenaron la detención de Norberto E., quien en la audiencia de ayer lunes solicitó declarar y negó los hechos.

Sostuvo que no estuvo en el lugar. Aportó dos direcciones de lugares que visitó durante la madrugada, indicando que finalmente terminó durmiendo en la estación de servicio abandonada de Ruta 8 y Avellaneda, anoticiándose sobre el incendio a las 9 horas.

En tanto, su ex pareja Jésica pidió que Turbo no quede detenido, pero finalmente a instancia del fiscal, el juez Leandro Martín determinó la prisión preventiva ordinaria, revisable en 60 días, principalmente por el contexto de vulnerabilidad de la mujer y con el objetivo de analizar en detalles las imágenes de distintas cámaras de seguridad para corroborar el recorrido que aseguró hacer el acusado en la madrugada de ese jueves. 

Por otro lado, Jésica T., en lo previo, fue imputada por el robo de una bicicleta y por el intentar sustraer mercadería en dos supermercados. 

Finalmente se postergó la audiencia de apelación en el marco de la causa contra Juan Alfredo “Fredy” Dabove, condenado en primera instancia como autor responsable de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo cuando cursaba aproximadamente la edad de 5 años.

La decisión se basa en cuestiones de salud que está atravesando el abogado defensor, Arsenio Domínguez. En consecuencia, desde el poder judicial aceptaron posponer la jornada hasta el 15 de enero. 

El reconocido músico y profesor venadense había sido condenado el 19 de julio de 2024 en primera instancia a 11 años de prisión.

El tribunal, que emitió un fallo unánime, estuvo integrado por Silvina Marinucci (presidenta), Leandro Martín y Roberto Benjamín Revori.

Además, estableció la prisión preventiva ordinaria en la Alcaidía de Melincué. Posteriormente el condenado prescindió de la Defensora Pública para contratar al penalista Arsenio Domínguez, quien apeló la decisión del tribunal. De esta manera, el músico el 9 de agosto recuperó la libertad, bajo reglas de conductas y una caución que fue fijada en 60.000 dólares.

Y si bien la audiencia estaba fijada para la mañana del martes 17 de diciembre, se postergó al 15 de enero, y será el tribunal de la Cámara de Apelaciones quien revise el caso y defina si ratifica la condena, morigera la pena o lo absuelve. 

En las últimas horas recuperó la libertad Santiago C. (31) el joven acusado de torturar y matar una perra galga preñada y luego haber subido distintos videos y fotografías a redes sociales. La audiencia se llevó adelante en la mañana de este jueves, donde también se fijaron una serie de reglas de conductas, y se avanzó en lo que será la firma de un juicio abreviado en el cual el sujeto será condenado a 18 mes de prisión de ejecución condicional.

El fiscal Horacio Puyrredón fue el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Silvia Couselo la defensora pública y Leandro Martín el juez en lo penal.

Resolución judicial

Santiago C. recuperó la libertad bajo reglas de conductas las cuales establecen que deberá “fijar residencia en el domicilio de Jorge Newbery s/n de Venado Tuerto. En caso de mudarse deberá dar inmediato aviso”. Además, tendrá que “abstenerse del consumo de estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas; someterse a control periódicos de Los Pumas u organismos provincial o municipal que se considere en relación a los animales de granja que se encuentren en la propiedad”. 

A su vez tendrá que “mantener los animales de granja bajo su custodia, teniendo la obligación de tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos no salgan de su propiedad” y “realizar con Imusca una capacitación para el cuidado de animales domésticos”. 

Por otro lado, deberá “realizar tratamiento psicológico con la finalidad de tratar su enojo, ira y de poder poner en valor la vida del medio que lo circunda, considerando también la vida animal”. 

Y por último, “someterse al cuidado del servicio del control post penitenciario” y “mantener buena conducta durante el tiempo de la medida, debiendo firmar en forma semanal ante el MPA”. 

El 2 de septiembre Santiago C. había sido detenido acusado de atar, torturar y matar a una perra galga que estaba preñada, con el agravante de haber filmado todo el proceso y posteriormente subirlo a redes sociales. Horas más tarde, en una audiencia imputativa y cautelar se definió la prisión preventiva ordinaria, revisable a los 30 días.

Historia del caso

El hecho se registró en un campo de su propiedad ubicado en la zona sureste de Venado Tuerto, no muy distante del casco urbano. 

Según se expuso en la audiencia imputativa, Santiago C. ató a una perra galga preñada a un carro, supuestamente molesto porque habría matado una gallina. Posteriormente a la punta de un palo de madera le añadió un cuchillo, para luego comenzar a provocarle heridas corto-punzante al animal a la altura del pecho en el sector izquierdo del cuerpo. El sujeto filmó el proceso donde provocaba las lesiones y cuando el animal agonizaba e intentaba escapar desesperadamente, pero no podía. Todo ese material lo publicó en varias partes en su estado de WhatsApp. 

Vecinos de la zona observaron las imágenes en redes sociales y dieron aviso al Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), desde donde, con el apoyo del intendente Leonel Chiarella, decidieron radicar formalmente la denuncia el mismo lunes 2 de septiembre.

Al frente de la investigación se puso el fiscal Damián Casullo, quien, con el visto bueno del juez en lo Penal Leandro Martín, se llevó adelante el allanamiento del campo en cuestión. 

Los datos surgidos tras el operativo indican que “en el lugar se observa una falta importante de higiene y mantenimiento”. A esto se suma que compartían el mismo espacio gallinas, vacas, ovejas, chivos, porcinos y caballos. 

En la inspección ocular, los pesquisas encontraron el cadáver de la perra galga que continuaba atada al carro en cual fue torturada.

Luego ingresaron a la vivienda de mampostería que estaba en mal estado de mantención, desordenada y falta de higiene, con presencia de alimentos, cereales varios y desechos domésticos. En la galería hallaron una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido, cuchillos con manchas de sangra corroído. En una habitación incautaron cinco teléfonos celulares, 18 cartuchos calibre 28, 16 y 12, más el DNI del detenido. 

Tras el allanamiento los investigadores, con el acompañamiento de personal de distintas reparticiones, decidieron rescatar a siete perros y dos gatos. También secuestraron el carro donde fue atada la perra torturada, las armas de fuego, cartuchos, teléfonos, cuerdas, un fragmento de madera, cuchillos, entre otros elementos. 

El 17 de diciembre se llevará adelante la audiencia de apelación en el marco del juicio contra Juan Alfredo “Fredy” Dabove, quien fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

La sentencia contra el profesor de música se había dado a conocer el 19 de julio. En tanto, el 9 de agosto recuperó la libertad, bajo estrictitas reglas de conductas y una caución que fue fijada en 60.000 dólares.

El defensor de Dabove es el reconocido abogado penalista Arsenio Domínguez. En tanto, Mayra Vuletic representa al Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Blanc Codina a la querella, mientras que el tribunal estará integrado por los jueces Daniel Curik, Juan Pablo Lavini Rosset y Javier Beltramone. 

Fuentes del consultadas por Sur24 indicaron que “ese mismo día (17 de diciembre) no se va a conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones, ya que en la audiencia se harán una serie importante de planteos. Con lo cual, lo más factible es que lo informen por escrito a comienzos de febrero”.

Historia del caso

El 19 de julio de 2024 el Poder Judicial condenó en primera instancia a 11 años de prisión a Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46), acusado de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

El tribunal, que tuvo un fallo unánime, estuvo integrado por Silvina Marinucci (presidenta), Leandro Martín y Roberto Benjamín Revori.

En esa misma jornada, tras el cuarto intermedio, el tribunal hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva ordinaria solicitada por la querella y la fiscalía, y en consecuencia Dabove fue trasladado a la Alcaidía de Melincué. El fundamento de la medida se basó en el riesgo de fuga y, además, el incumplimiento de las reglas de conductas establecidas en su tiempo por el Juzgado de Familia, dado que el sujeto había sido filmado en inmediaciones del colegio venadense al que concurría su hijo -hoy reside junto a su madre en Teodelina-, a pesar de que se le había prohibido ese acercamiento.

Apelación

Tras la sentencia, Dabove prescindió de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Couselo, y contrató al reconocido penalista Arsenio Domínguez, quien inmediatamente presentó una apelación para que el músico recupere la libertad.

De esta manera, el 6 de agosto la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió otorgar dicho beneficio a Dabove. El fallo estuvo a cargo del juez Tomás Orso quien consideró que los riesgos de fuga existentes eran neutralizables.  Además, se basó en que “la sentencia no está firme” contra el profesor de música venadense. 

Al día siguiente los jueces Silvina Marinucci, Aldo Baravalle y Leandro Martín, establecieron el monto de la fianza y reglas de conducta para que “Fredy” recupere la libertad. 

Los magistrados definieron una caución de 60 mil dólares (57.300.000 pesos). Además de fijar dirección en Venado Tuerto, se estableció que Dabove va a estar al cuidado de dos personas: su actual pareja y su ex suegra, quienes deberán hacer un informe semanal con datos sobre su vida cotidiana. También deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría, no podrá salir del país y no deberá ingresar a la ciudad de Teodelina, donde actualmente está radicado su hijo y la madre.

Desde la defensa, se propuso, para cubrir el monto de la caución, una caja de ahorros en dólares por 33.400 y un lote de 2.500 metros cuadrados, valuado en 35.000 dólares.

Ahora el 17 de diciembre Domínguez realizará una serie de planteos con el objetivo de revertir el fallo condenatorio que pesa contra su defendido. 

En un hecho sin precedentes, desde el poder judicial resolvieron la prisión preventiva por 30 días de un sujeto de 31 años (Santiago C.) acusado de atar, torturar y matar a una perra galga que estaba preñada, con el agravante de haber filmado todo el proceso y posteriormente subirlo a redes sociales.

En una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses en la tarde del martes, el hombre también fue imputado por “tenencia ilegítima de arma de fuego” y por “daño” de sus animales a un campo vecino.

Historia reciente

Si bien el hombre tiene antecedentes de maltrato animal, el hecho más grave se registró en la jornada del martes en un campo de su propiedad ubicado en la zona sureste de Venado Tuerto, no muy distante del casco urbano. 

Según se expuso en la audiencia imputativa, Santiago C. ató a una perra galga preñada a un carro con neumáticos, supuestamente molesto porque habría matado una gallina. Posteriormente a la punta de un palo de madera le añadió un cuchillo para luego comenzar a provocarle heridas corto-punzante al animal a la altura del pecho en el sector izquierdo del cuerpo. El sujeto filmó el proceso donde provocaba las lesiones y cuando el animal agonizaba e intentaba escapar desesperadamente, pero no podía. Todo ese material lo publicó en varias partes en su estado de WhatsApp. 

Vecinos de la zona observaron las imágenes en redes sociales y dieron aviso al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSCA), desde donde, con el apoyo del intendente Leonel Chiarella, decidieron radicar formalmente la denuncia el mismo lunes 2 de septiembre.

Al frente de la investigación se puso el fiscal Damián Casullo, quien, con el visto bueno del juez en lo Penal Leandro Martín, se llevó adelante el allanamiento del campo en cuestión. 

Los datos que se desprenden del accionar judicial y de la Guardia Rural Los Pumas indican que “en el lugar se observa una falta importante de higiene y mantenimiento”. A esto se suma que compartían el mismo espacio gallinas, vacas, ovejas, chivos, porcinos y caballos. 

Paso seguido, los pesquisas encontraron el cadáver de la perra galga que continuaba atada al carro en cual fue torturada.

Luego ingresaron a la vivienda de mampostería que estaba en mal estado de mantención, desordenada y falta de higiene, con presencia de alimentos, cereales varios y desechos domésticos. En la galería hallaron una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido, cuchillos con manchas de sangra corroído. En una habitación incautaron cinco teléfonos celulares, 18 cartuchos calibre 28, 16 y 12, más el DNI del detenido. 

Tras la inspección los investigadores, con el acompañamiento de personal de distintas reparticiones, decidieron rescatar a siete perros y dos gatos. También secuestraron el carro donde fue atada la perra torturada, las armas de fuego, cartuchos, teléfonos, cuerdas, un fragmento de madera, cuchillos, entre otros elementos. 

Más pruebas

En los videos publicados en redes sociales no aparece el rostro de Santiago C., sino que solo se puede observar la mano con ciertas particularidades: las uñas extremadamente sucias (una de ellas muy larga) y un anillo grande de color gris colocado en uno de sus dedos. Al momento del allanamiento los investigadores tomaron los recaudos necesarios y pudieron determinar que se trataba de la mano del sujeto acusado.

Santiago fue trasladado a sede de la Comisaría 2° y en la jornada del martes se llevó adelante la audiencia imputativa en donde se le formó causa por “tortura animal, tenencia indebida de arma de fuego y daño”. Minutos más tarde se realizó la audiencia cautelar donde el fiscal Damián Casullo solicitó la prisión preventiva del acusado, mientras que su defensora pidió la libertad bajo estrictas reglas de conductas, entre ellas “no consumir alcohol ni sustancias tóxicas”.

Finalmente, el juez Leandro Martín resolvió la prisión preventiva ordinaria por 30 días de Santiago C. en un fallo sin precedentes en Venado Tuerto. 

Intendente indignado

En sus redes sociales el intendente Leonel Chiarella realizó una publicación exponiendo la situación y mostrando su indignación con el accionar del sujeto de 31 años. 

En el texto sostiene que Santiago C. “acuchilló a su perra, la dejó atada hasta que murió desangrada, la filmó y subió el video a las redes sociales. Un asesino y un perverso. Lo denunciamos penalmente y quedó detenido gracias a las pruebas aportadas por vecinos y al accionar de la policía y la fiscalía”.

Además, “logramos rescatar siete perros y dos gatos que estaban en la vivienda. Felicitaciones a todo el personal de IMUSCA por el enorme trabajo que hacen. Vamos a seguir firmes en contra de la crueldad y el maltrato animal”, finaliza el comunicado.

Nueva denuncia

Las acusaciones sobre el sujeto de 31 años no terminan ahí, ya que también fue denunciado por haber dejado sueltos animales (4 vacas y 30 chivos) que ingresaron a un campo vecino generando estragos en el lote. 

En horas cercanas al mediodía de este jueves, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra el propietario de un boliche bailable, acusado de abusar sexualmente de una joven que trabajaba en la barra del local, ubicado en ruta 8 y Alvear. Tras darse a conocer el hecho del que se lo acusa, el empresario (Andrés S.), que se encontraba detenido desde el lunes, quedó en libertad, debiendo cumplir reglas de conducta. 

Cabe recordar que todo comenzó el último fin de semana cuando una joven, que era empleada del boliche, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para radicar la denuncia correspondiente. Según relató la víctima, al momento de ir al baño del local, su titular la empujó e ingresó junto a ella para empezar, a la fuerza, a besarla y tocarla, llegando al punto de bajarse los pantalones y la ropa interior. Tras varias maniobras y rechazos, la joven logró salir del sanitario y buscar resguardo y ayuda en sus compañeros y compañeras de labor. 

Previamente, la víctima intentó relatar lo sucedido frente al fiscal, Horacio Puyrredón y el juez Leandro Martín, sin embargo, se quebró y no pudo continuar su exposición. Más tarde ingresó el acusado junto a su defensora, Ana Regidor, para dar inicio a la audiencia.   

Finalmente, el juez le dio el beneficio de la libertad, aunque estableció reglas de conductas que deberá cumplimentar. 

“Se trata de un hecho de abuso sexual simple que se produjo en horas de la madrugada en un local de diversión nocturna, por parte de un empleador hacia una de sus empleadas. Reunidas las evidencias del hecho, se avanzó con la imputación y las reglas de conductas que deberá cumplir”, contó finalizada la audiencia el fiscal Horacio Puyrredón.

Dentro de la medida cautelar, se resolvió que el acusado deberá presentarse los sábados de 10 a 24 horas en la Comisaría para informar su arraigo en la ciudad; se le prohibió cualquier tipo de contacto, tanto él como un tercero, con la víctima, su entorno y con todas las personas que han declarado en la causa y mencionadas que restan declarar; hacerse un diagnóstico y tratamiento por adicciones, ya que se hizo referencia a una problemática de consumo tanto de bebidas alcohólicas como estupefacientes ilegales; se le prohibió la portación de cualquier tipo de arma de fuego; y someterse al proceso cada vez que se lo soliciten. 

“Estamos en contacto con la víctima desde el inicio y se han puesto a disposición los mecanismos de atención municipal, para brindarle contención y atención, además de haber evaluado la decisión de la libertad, cumpliendo con los mecanismos procesales”, expresó el funcionario del MPA. Y añadió: “Que una persona recupere la libertad no significa que sea inocente del hecho que se le atribuye, sino todo lo contario, la Fiscalía sostiene los cargos. Seguiremos los caminos de la evidencia para presentarlas en el plazo más corto posible, con el objetivo de ir a un juicio oral que es el final de todo proceso, más allá de todas las salidas alternativas que hay en el medio”.

Puyrredón también fue consultado por posibles nuevas denuncias, respondiendo que “sí, porque la investigación se empieza a ramificar”, pero que “hasta el momento no hemos podido tomar contacto directo con ninguna otra víctima”.

“Entendemos que es un hecho complejo, que muchas veces genera en la víctima una imposibilidad de denunciar voluntariamente. De todos modos, hay mención de otras situaciones que podrían haber existido. La Fiscalía, con el mismo compromiso de siempre y las herramientas con las que se cuenta, va a estar tratando de entrevistar a otras víctimas si es que existieses”, sentenció. 

Por su parte, el juez Leandro Martín consideró que, por la presentación fáctica, la calificación de abuso sexual simple que elevó la Fiscalía es “admisible”, aunque podría haberse establecido el abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. 

A su vez, resaltó que se trata de una calificación provisoria, ya que se trata de una investigación que “recién se inicia”.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

El próximo martes 6 de agosto la Cámara de Apelaciones definirá si Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46) continuará en prisión preventiva ordinaria, accederá al beneficio de una domiciliaria o en su defecto, será liberado.

El músico y profesor venadense fue condenado a 11 años acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su hijo menor de edad, en una sentencia que se dio a conocer el viernes 19 de julio. 

Tras la lectura del fallo, Dabove decidió prescindir de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Cousello, para contratar al reconocido penalista Arsenio Domínguez. El abogado la semana pasada presentó la apelación a la prisión preventiva ordinaria sin plazo impuesta a Juan Alfredo, solicitando la inmediata liberación o en su defecto la prisión domiciliaria.

La audiencia se llevará adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco desde las 7:15 horas, y será el juez Tomás Orso quien deba resolver al respecto.

Historia del caso

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

Desde el poder judicial rechazaron nuevamente los bienes presentados por Raúl Jaime para acceder a la prisión domiciliaria. El gestor rosarino está condenado a 10 años de prisión por ser un importante engranaje en el marco de la Megaestafa inmobiliaria, por la cual también se encuentra detenido bajo una sentencia de 12 años de cárcel el abogado penalista Antonio Di Benedetto.

Ambos ahora, enfrentan una segunda parte del juicio, sindicados de haberse apropiado ilegalmente de 31 terrenos en la ciudad de Venado Tuerto. 

La audiencia se llevó adelante en la jornada del lunes y el tribunal estuvo integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal. En tanto, Silvia Cousello se desempeñó como defensora pública, mientras que la fiscal Mayra Vuletic representó al Ministerio Público de la Acusación.

Historia reciente

El 21 de febrero el juez de Segunda Instancia, Tomás Orso, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al gestor rosarino, quien adujo la necesidad de cuidar a su mujer que atraviesa un delicado estado de salud y no cuenta con ningún familiar cercano para que se pueda hacer cargo de su cuidado.

Posteriormente un tribunal presidido por Leandro Martín fijó una caución de 142.000 dólares para que Jaime acceda a dicho beneficio, monto que no pudo alcanzar con los bienes presentados.

En tanto, en la jornada de ayer lunes la defensa intentó llegar a ese número poniendo disposición para alcanzar la base de la caución siete automóviles y una vivienda que legalmente está declarada bien de familia, con lo cual se encuentra impedido de ser gravada con un embargo o una hipoteca. 

De esta manera, el gestor continuará detenido en la Alcaidía de Melincué, y dentro de 90 días contará con la posibilidad de solicitar una nueva audiencia. 

Megaestafa 2

Hace diez días el fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

El abogado Antonio Di Benedetto solicitó el beneficio de la prisión domiciliar fundamentando su planteo en problemas de salud. El letrado fue sentenciado en primera y segunda instancia a 12 años de cárcel, sindicado como el líder de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

De esta manera, en una audiencia que se llevará adelante el próximo 12 de abril, un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, será el que defina si le otorga el beneficio solicitado.

Antecedente cercano

En el mes de febrero de 2023 desde el Poder judicial le habilitaron a Raúl Jaime la prisión domiciliaria, basados en que su mujer atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla. El gestor rosarino, es uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria y por el momento no pudo acceder a dicho beneficio ya que no logró reunir los 145.000 dólares fijados como caución.  

El gestor actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita.

El mismo camino

Di Benedetto está representado por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, quienes mediante estudios médicos intentarán demostrar ante el tribunal que el abogado condenado atraviesa problemas de salud que se podrían agravar en caso de persistir esa condición de detenido. 

Actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial N° 11 de Piñero. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Raúl Jaime, el Gestor de la Megaestafa Inmobiliaria, continuará en calidad de detenido al no poder justificar momentáneamente los 1450.000 dólares de caución que le exigieron desde el poder judicial para poder acceder a la prisión domiciliaria, independientemente de haber presentado tres automóviles y una vivienda.

La decisión fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, quienes además establecieron una serie de normas de conductas a cumplir una vez que acceda al beneficio de estar en su casa para poder cuidar a su mujer que padece graves problemas de salud.

El Gestor actualmente se encuentra detenido luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. Y tras dos reveses judiciales, el juez Tomás Orso fue quien decidió otorgarle el acceso a la prisión domiciliaria. 

Por ahora no

La audiencia se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en los tribunales venadenses. Y los magistrados consideraron que los automóviles ofrecidos para cubrir la caución deben ser tasados oficialmente. Al mismo tiempo la vivienda aportada por Jaime actualmente se encuentra inscripta como “bien de familia”, con lo cual van a tener que modificar esa condición legal y hacerla tasar por distintos corredores inmobiliarios.

Mientras esto no ocurra, el gestor continuará en calidad de detenido en la Alcaidía departamental de Melincué.

Resolución

El tribunal resolvió por unanimidad “disponer la constitución de caución real, por un monto de 145.250 u$s o 116.200.000 pesos, los que deberán afianzarse con bienes muebles registrables o inmuebles, hasta alcanzar ese monto, en base a tasaciones oficiales”.

Los bienes muebles o inmuebles “en cuestión deberán ser propiedad de Raúl Alberto Jaime o de terceras personas, que así lo autoricen, pero no podrán estar prendados o embargados. No deberán tener como antecedente registral juicios de escrituración o prescripción adquisitiva, o pertenecer al departamento General López, ni ser los bienes que se hayan establecido” en la Megaestafa inmobiliaria. 

Al mismo tiempo se dispone que el gestor deberá “residir en el domicilio de Pasaje Polonia 1.337 de la localidad de Rosario. Informar bimestralmente de la residencia de la Sra. Camacho en el domicilio en cuestión y de la subsistencia de la misma. A tales fines podrán solicitarse o practicarse por las partes los informes ambientales pertinentes”.

También se determinó que en “caso de traslado (al médico) de la Sra. Camacho será obligación del Sr. Jaime dar aviso de manera inmediata al tribunal”.

Por otro lado, establecieron la “prohibición de acercamiento y contacto con coimputados, víctimas y testigos”.

En tanto, “se deberá solicitar el monitoreo electrónico por tobillera, autorizando a las partes a realizar las gestiones pertinentes y hasta tanto se efectivice el control ordenado, se deberá realizar controles intempestivos en su domicilio de calle Pasaje Polonia 1337 de Rosario, de al menos cuatro veces a la semana, por parte de personal policial, sistema penitenciario o post-penitenciario”.

Por último, dejaron en claro que deberá “comparecer cada vez que sea citado por el tribunal. La prisión preventiva domiciliaria excluye cualquier posibilidad de salida del domicilio, debiendo en caso de necesidad de traslado de la Sra. Camacho quedar a cargo de terceras personas y del imputado hacerse con móvil policial previa solicitud con suficiente antelación”. 

Después del mediodía de este martes, el desplazado jefe de la Unidad Regional VIII de Policía, Francisco Fernández, recuperó la libertad -estaba preso en la Alcaidía de Melincué- tras el depósito por parte de sus abogados de la caución de un millón de pesos que el juez Leandro Martín impuso como condición, mientras tanto continúa el proceso judicial.

El trámite se sustanció en el Registro de la Propiedad, con sede en Venado Tuerto, donde se dio cumplimiento a la garantía con la documentación de una vivienda que el uniformado posee en la ciudad de Rosario.

Luego, apenas constada dicha presentación, el magistrado libró el oficio para que sea puesto en libertad el acusado.

Hasta ese instante, el policía permaneció detenido en Melincué, y dado el adelanto del depósito de la caución -en principio estaba previsto para mañana miércoles-, no hizo falta la autorización judicial para los chequeos con el área médica y de psiquiatría del Hospital Gutiérrez, que iban a realizarse este martes, en función de un cuadro depresivo que estaría atravesando Fernández. 

Ahora, ya en el ejercicio de su libertad, el acusado podrá acudir al centro médico que desee, y además deberá cumplir las reglas de conducta resueltas por el juez Martín: prohibición de uso del arma reglamentaria; prohibición de ingreso al departamento General López mientras se desarrolle el enjuiciamiento; obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de Rosario; y prohibición de acercamiento a cualquier persona interviniente en el caso, tanto los ya citados a declarar, como los que aún no lo hicieron.

El episodio que dio origen a esta causa ocurrió en la noche del domingo 10 de septiembre en el Km 362 de la Ruta Nacional 8, donde el joven Federico Tracaneli (31), oriundo de María Teresa, murió en el choque de la motocicleta que tripulaba contra un automóvil.

Pocos segundos después arribó al lugar el jefe de la Unidad Regional VIII, Francisco Fernández, quien, según declararon los testigos, se identificó como policía (no vestía el uniforme) y tomó en el lugar una cifra cercana a los 400 mil pesos que eran propiedad de la víctima fatal, y luego no habría incluido en el informe de los elementos hallados en la investigación del hecho.

Posteriormente fue imputado bajo la figura de “hurto calamitoso, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.

Luego el fiscal solicitó la prisión preventiva ordinaria para Fernández, pero fue denegada por el juez Leandro Martín, quien igualmente impuso una serie de conductas para el acusado.