El asesor legal de las delegaciones de Amsafe de General López y Rosario, Carlos Marcelo Lesgart brindó precisiones en torno al proceso judicial contra los ex secretarios del gremio Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, quienes se encuentran imputado por los delitos “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”. Cabe señalar que la semana pasada, en audiencia cautelar, se resolvió trabar un embargo a los acusados por la suma de 750 mil pesos y se les prohibió salir del país sin previa autorización judicial.

A su vez se invitó a las partes a lograr una salida del conflicto, tal como lo prevé el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que puede ser una condena abreviada, una probation o un resarcimiento monetario, entre otros.

Asesor legal de Amsafe General López, Carlos Marcelo Lesgart. Foto: Gentileza.

“Esta es una audiencia que estaba postergada desde el mes de diciembre, cuando el fiscal Damián Casullo, que hizo un excelente trabajo, resolvió imputar a las dos personas implicadas (Maurino y Gonzalo) y nosotros solicitamos una medida cautelar, por supuesto que sean alternativa a la prisión porque son delitos que no tienen esa posibilidad”, comentó Lesgart en diálogo con el programa “A pesar de todo” (LT29).

En este sentido, el abogado recordó que la investigación surge a partir de la denuncia que hizo el actual secretario de la seccional General López de Amsafe, Javier Delgado, luego de encontrar que en los últimos días del mandato de Maurino y Gonzalo, en el año 2016, hubo un movimiento de dinero muy importante, con emisión de cheques, pagos, por una cifra significativa, cercana a los 4 millones de pesos. “Vimos que hubo una utilización infiel del fondo de los afiliados y por ello se decide hacer la denuncia que la firma el propio Delgado, ya que las delegaciones de Amsafe no cuentan con representación legal, sino que están centralizada en el gremio a nivel provincial, a quienes le enviamos la invitación y le solicitamos la actuación sin lograr una respuesta”, detalló.

Para el abogado, las resoluciones judiciales “dan cuenta de que hubo una verosimilitud en lo que planteamos allá por noviembre del 2016”. En todos estos años pasaron cuatro fiscales y “recién el cuarto, Damián Casullo, logró la imputación de estas dos personas”, exclamó.

Es importante rememorar que en el año 2017 se solicitó una pericia a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y se nombró a un profesional para que la realice. En sus informes se demuestra que estos movimientos denunciados existieron. “También aportamos testigos, sobre todo por las obras que quedaron pendientes en Rufino y Firmat”, puntualizó.

Lesgart adelantó que se hará el pedido de elevación a juicio para que se los juzgue por los delito imputados y si en ese proceso hay vías alternativas, “se puede evaluar”, indicó. Y añadió: “Lo que se trata es que haya una reparación económica y, además, una condena o probation, que marque la responsabilidad en el manejo de fondos que es lo que la actual comisión quiso demostrar y lo esta haciendo”.

En caso de llegar a juicio, estos delitos de administración fraudulenta prevén una pena de 1 a 6 años de prisión.

“Entendemos que hay una necesidad de justicia para los afiliados y los docentes que se han visto afectadas por la administración anterior. El resarcimiento económico puede ser una alternativa, porque además de devolver algo de lo que les pertenece, es una forma de reparar el daño que se le provocó a la actividad gremial”, enfatizó.

En las últimas horas, directivos de la Escuela de Enseñanza Superior Orientada N° 238 “Dr. Ricardo Torres Blanco” se comunicaron con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe para conocer los avances de la licitación para la construcción del edificio propio, sito en calle San Lorenzo y Turner. La respuesta fue la menos esperada: en los próximos días se firmará la resolución que establece la caída del proceso, principalmente por haber obtenido ofertas superiores al presupuesto oficial que rondaba los 70 millones de pesos.

En este marco, el director de la institución, Leandro Gonzalo, se mostró “desilusionado” y contó que desde la cartera de Infraestructura le informaron que la decisión estaba tomada e incluso se le había dado aviso a Nación. “Según nos dicen se armaría un nuevo pliego y se llamaría nuevamente a licitación. Ahora no nos queda otra que esperar, sabiendo que el tiempo sigue pasando”, señaló. Y añadió: “El plazo de ejecución era de 12 meses, es decir que teníamos la esperanza de cerrar el 2022 por la obra culminada, sin embargo ahora tenemos que pensar en el año 2023 o más”.

Cabe recordar que el 20 de julio se llevó a cabo en Venado Tuerto el acto de apertura de los sobres con las ofertas, contando con la presencia del propio gobernador Omar Perotti, quien fue muy crítico con la suspensión de las obras, expresando: “Cuesta entender que en la Argentina, teniendo recursos, paremos obras. Porque hemos tenido momentos en los que la situación económica llevó a que se pare todo tipo de actividad, pero que se paralicen obras de escuelas es lo que más cuesta entender, porque allí está la prioridad, sobre todo, en algunos establecimientos que no tienen su edificio”.

En ese sentido, Perotti había garantizado que “cada obra que ponemos en marcha, en la que se firma un convenio que necesita recursos, lo hacemos cuando tenemos la certeza de que esos recursos están. Nos gusta hablar menos; muchos relatan, cuentan gestiones, pero es mejor hacer. Es la mejor forma de volver a establecer un esquema de confianza. Nosotros hacemos, vamos a ser los garantes de que esta obra se haga sí o sí”, dijo.

La institución tiene 57 años de vida y no posee edificio propio. En el 2004 se comenzó a trabajar en dicho proyecto y en marzo de 2015 se dio inicio a la edificación, pero en diciembre de ese mismo año las tareas se discontinuaron y quedó concretada sólo en un 40 por ciento. A partir del 2016 se realizaron tres licitaciones, aunque no se consiguió retomar con los trabajos.

Uno de los motivos que habrían llevado a que se tomara esta decisión es la diferencia existente entre el presupuesto (69.722.756) y las ofertas: la empresa Coirini SA cotizó $135.412.771; y la firma Adobe Construcciones SRL ofertó $ 94.474.335.

Las obras incluyen una superficie de 1.551 metros cuadrados, y hall de ingreso, SUM, depósito, cantina, centro de recursos multimediales, siete aulas, taller, laboratorio, galería, grupo sanitario, preceptoría, dirección, vicedirección, secretaría y sala de reuniones.

“Ya sabíamos que había una diferencia, pero el día de la apertura de sobres, los representantes de la escuela que estábamos presentes le preguntamos al gobernador y a los funcionarios del área de Infraestructura, quienes nos respondieron que siempre hay diferencias, porque el presupuesto se arma y luego hay un tiempo hasta que se cierra la licitación. De todos modos nos manifestaron que no se estaba lejos y que la Provincia se iba a hacer cargo de la posible diferencia, ya que el dinero para esta obra viene de Nación”, exclamó Gonzalo.

Un dato que llamó poderosamente la atención en la apertura de sobres fue la participación en la compulsa de la empresa Adobe Construcciones SRL, conocida en Venado Tuerto por haber sido la encargada de llevar a cabo la remodelación del Parque Municipal General Belgrano. Es más, en reiteradas oportunidades, el Gobierno criticó duramente a la firma y a la gestión anterior por los resultados de estos trabajos. Este, sin duda, fue un motivo más para dar de baja la licitación, sabiendo que la otra oferente prácticamente duplicó el presupuesto oficial.

La Escuela de Educación Secundaria Orientada N°238 “Dr. Ricardo Torres Blanco” fue creada en 1964 por la necesidad de que los jóvenes trabajadores pudieran terminar sus estudios secundarios en horario vespertino. Con el tiempo se fue extendiendo a alumnos que por muchas razones no lograban insertarse en otras escuelas, y también para aquellos que son sostén de familia, o madres y padres adolescentes, y para niños del barrio que terminaban séptimo grado.

La escuela cuenta con un edificio sede en la Escuela Primaria N°582, con una matrícula de 172 alumnos y un edificio Anexo en la Escuela Primaria N°1325, con 132 alumnos.

En el año 2004 se comenzó a trabajar en el proyecto de un edificio propio. Fue incluida en el Programa “700 Escuelas” en 2006, y al caer este programa ingresó al “Más Escuelas”. Se continuaron las gestiones y en 2014 se produjo la licitación y apertura de sobres.

Comenzaron las obras en marzo de 2015, pero en diciembre de ese mismo año el Gobierno Nacional ya no envío fondos, por lo que la empresa constructora se retiró, quedando la obra en un 40 por ciento de construcción.