Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

Expresaron que “las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

Para los fiscales, Fernández de Kirchner y Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, indicaron.

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la fiscalía y dejó firme el sobreseimiento del empresario Lázaro Báez en una causa por la retención indebida de aportes al sistema de seguridad social, vinculada con las empresas de su grupo económico investigadas en los expedientes Vialidad, Los Sauces y Hotesur.

La decisión del máximo tribunal se produjo tras considerar “inadmisible” el planteo del Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la aplicación de una figura de extinción de la acción penal conocida como “excusa absolutoria”.

El caso se remonta al 12 de marzo de 2020, cuando el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°1 sobreseyó a Báez en base al artículo 16 de la Ley 24.769. Esta norma establece que si el contribuyente cancela en forma espontánea, total e incondicional la deuda tributaria evadida, se extingue la acción penal.

La medida benefició a Báez por omisiones en el depósito de aportes previsionales retenidos en empresas de su holding, entre ellas Valle Mitre S.A., Austral Agro S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L., Sucesión Adelmo Biancalani y Kank y Costilla S.A.

El sobreseimiento fue apelado por la AFIP, y posteriormente confirmado de manera parcial por la Sala “A” de la Cámara en lo Penal Económico en mayo de 2021, al considerar que los pagos fueron realizados de forma espontánea, sin mediar intimación de la AFIP.

A pesar de la insistencia del fiscal ante Casación, la Cámara Federal también desestimó el recurso. Finalmente, la causa llegó a la Corte, que ahora dejó firme el fallo.

En paralelo, Báez ya fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por direccionamiento de obra pública, mientras que aún no se ha iniciado el segundo juicio relacionado con los alquileres de propiedades de la familia Kirchner a empresas vinculadas al empresario.

El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema informó que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad tendrán que devolver $684.990 millones, unos 537 millones de dólares, por el perjuicio ocasionado al Estado por la maniobra de corrupción que benefició al empresario Lázaro Báez con millonarios contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El cálculo inicial del daño había sido fijado en $85.000 millones cuando se dictó la condena en diciembre de 2022. Ahora, tras la actualización pedida por el Tribunal Oral Federal 2, el monto del decomiso subió más de ocho veces.

La Justicia consideró probado que durante más de una década Báez, a través de su Grupo Austral, recibió el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz. Muchas de esas rutas quedaron inconclusas, pero los contratos se pagaron con sobreprecios promedio del 64%.

En el fallo, los jueces señalaron que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” y que la ex presidenta encabezó un esquema para beneficiar intereses privados en perjuicio del Estado Nacional.

El proceso judicial también destacó que estos beneficios indebidos generaron un daño difícil de cuantificar por completo, pero cuya existencia es “incontrovertible”.

El juez Jorge Gorini, que lleva adelante la ejecución de la pena, pidió a los peritos contables de la Corte que recalcularan el monto del decomiso para reflejar la inflación acumulada desde la sentencia original. La cifra base fue de $ 84.835 millones, que tras la actualización trepó a casi $ 685.000 millones.

Con la cifra definida, el Tribunal notificará a los condenados que tienen diez días para depositar el dinero. Si no cumplen, se avanzará en el embargo y ejecución de bienes.

Entre los bienes que podrían ser alcanzados figuran propiedades, sociedades y activos registrados a nombre de Cristina Kirchner y del resto de los condenados. Cuando se dictaron los procesamientos, el juez Julián Ercolini había ordenado embargos por $10.000 millones, que ahora serán actualizados para cubrir el nuevo monto.

Según explicaron fuentes judiciales, tras la confirmación de la condena, la Justicia podrá rematar inmuebles, congelar cuentas y liquidar activos para recuperar parte del dinero.

El dinero recuperado se destinará al presupuesto del Poder Judicial, aunque también podría ser administrado o utilizado por otros organismos del Estado, de acuerdo a lo que permita la ley.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, aunque aún falta que quede firme la pena de seis años de prisión porque resta que se resuelvan planteos pendientes. Mientras tanto, la Justicia continuará con el trámite administrativo para ejecutar el decomiso y determinar exactamente qué bienes pueden garantizar el cobro.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani remarcó que la ejecución del decomiso es clave por tratarse de “hechos de corrupción que provocaron un daño social inconmensurable”.

Así, más allá de las apelaciones y planteos pendientes, la causa Vialidad sigue avanzando en el intento de recuperar parte del dinero público que, según la Justicia, se desvió en una de las maniobras más emblemáticas de corrupción en la historia reciente del país.

El empresario Lázaro Báez deberá cumplir en una cárcel común el resto de su condena a diez años de prisión por lavado de dinero. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 4, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron su “inmediata detención y/o captura” y su alojamiento en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Se prevé que sea trasladado a un penal en Río Gallegos.

Báez estaba bajo arresto domiciliario en Santa Cruz por otra causa también vinculada al lavado, en la compraventa del campo El Entrevero. El tribunal consideró que no hay condiciones excepcionales para sostener ese beneficio.

“El cumplimiento de la pena se ha tornado operativo”, afirmaron los jueces, y recordaron que la prisión domiciliaria no se concede de forma automática, sino que requiere una evaluación judicial específica según el caso.

El pedido de detención inmediata fue realizado por el fiscal Abel Córdoba. El tribunal contabilizó que Báez ya cumplió tres años, ocho meses y ocho días de prisión preventiva, por lo que le restan seis años, tres meses y 22 días.

La Corte Suprema también confirmó ayer otra condena de seis años para Báez en la causa Vialidad, donde fue juzgado junto a Cristina Kirchner. Ambas condenas están ahora firmes y activas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como "Vialidad", por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, el máximo tribunal avaló el decomiso de más de 84 mil millones de pesos, monto equivalente al perjuicio económico producido durante el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.El fallo, que ratifica la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2, marca un antes y un después en la relación entre la Justicia y el poder político. 

En nuestra ciudad, las reacciones no se hicieron esperar: tanto el intendente como concejales de distintos espacios fijaron postura ante un acontecimiento que, si bien tiene escala nacional, impacta también en el mapa político local, en medio de la campaña electoral.

El primer dirigente de ciudad que se pronunció sobre el gran tema de la jornada fue el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella: “La Justicia en todos sus niveles condenó a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. No es persecución: es el fin de la impunidad”.

Además, el reelecto mandatario local sostuvo en su posteo de Facebook: “El que roba, el corrupto, tiene que ir preso. Nunca más el privilegio por encima de la ley”.

También se expresó en horas de la tarde de la víspera el concejal Juan Ignacio Pellegrini, en los siguientes términos: “No es un día más. La condena a la ex presidenta Cristina Kirchner pone fin a una etapa oscura de corrupción, inmoralidad y decadencia a la que el kirchnerismo nos llevó”. Y añadió el candidato a la reelección por Unidos para Cambiar Santa Fe: “Con este acto queda establecido que no era persecución, sino justicia”.

Otra integrante del bloque oficialista de concejales, María Verónica Ruiz, dijo lo suyo: “Se hizo Justicia. La Corte Suprema confirmó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner”. Y continuó: “Es un día histórico. Después de años de lucha, pusimos un freno a la impunidad. Cristina, presa. Kirchnerismo, nunca más".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez, junto a sus hijos varones, empresarios y allegados, en la causa conocida mediáticamente como “ruta del dinero k”, por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal, en el marco de un expediente que incluyó multas y decomisos sin precedentes y que cobró impulso en 2016 por las imágenes de varios de sus protagonistas contando plata en la cueva bautizada “La Rosadita” de Puerto Madero.

El fallo que validó las condenas fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, quienes habían sido convocados por sorteo a intervenir. Los cuatro entendieron que el planteo de las defensas era “inadmisible” por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El ministro Carlos Rosenkrantz, en tanto, opinó en minoría por darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.

Mirá tambiénCristina Kirchner volverá a ser investigada en la causa de la Ruta del Dinero K

En otro orden, sin disidencias, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal también rechazó una serie de recursos de la ex presidenta Cristina Kirchner contra la investigación que se reabrió en su contra y los jueces que intervinieron, por entender que no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. La ex jefa de Estado no formó parte del juicio en esta causa y su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su sobreseimiento y la decisión fuera cuestionada por una ONG que consiguió convertirse en querellante.

Con la decisión de la Corte en la causa principal, agotadas así las vías recursivas, el Tribunal Oral Federal 4 deberá computar la pena para aquellos que ya estuvieron un tiempo en prisión y evaluar si deben volver a ser arrestados; ordenar detenciones para quienes permanecieron durante el proceso en libertad y recibieron una pena superior a los tres años, previo análisis de sus cuadros de salud; y disponer las pautas de cumplimiento de la sentencia para aquellos cuya pena quedó en suspenso.

El fallo dispone la condena a diez años para Lázaro Antonio Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro, tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot. También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión, Asimismo, se confirmaron multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.

La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza. El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.

Tres años después, la causa se reactivaría con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes. El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay. Más tarde avanzarían las indagatorias de más sospechosos.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.

Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).

El juicio oral se sustanció entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a la pena de doce años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Elaskar, y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.

Además del capítulo conocido como “La Rosadita, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado por calle Av. Del Libertador) por Jorge Leonardo Fariña, como así también el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.

El TOF, por mayoría, estableció que el delito precedente en el lavado de dinero había sido la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas, y la defraudación al Estado a través del direccionamiento de contratos de la obra pública en favor de Lázaro Báez.

Las defensas apelaron y el 28 de febrero del 2023 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención de los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Javier Carbajo, confirmaron la mayoría de las condenas, pero bajaron los montos de las penas. Las hijas de Lázaro Báez fueron absueltas por entender que no tuvieron ninguna intervención en la maniobra principal y que no se ocupaban los negocios de la familia. Por mayoría, además, Casación determinó que el lavado de dinero había tenido origen en la evasión, pero no dieron por comprobada la vinculación con obra pública.

“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo la Cámara de Casación.

Contra esa decisión, las defensas de Lázaro Báez, Martín Báez, Pérez Gadín, Chueco, Gustavo Fernández, Julio Mendoza, Walter Zanzot, Claudio Bustos, Juan De Rasis, Castro, Fabián Rossi, Molinari y Eraso buscaron que la Corte Suprema revisara la resolución y llegaron en queja al máximo tribunal. Hoy, la Corte Suprema resolvió que los planteos eran inadmisibles.

En instrucción, siguió tramitando la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas maniobras de lavado. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo la ex presidenta cuando fue llamada a indagatoria. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.

En 2022, la defensa de Kirchner pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal. El 24 de mayo del 2023, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial, pero afirmó que eso no le alcanzaba para avanzar en el proceso, sobre todo tras el fallo de Casación, y promovió su sobreseimiento. El juez hizo lugar al pedido.

Pero tras el dictamen de Marijuan, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Casanello rechazó el pedido porque la causa tenía más de diez años de trámite y sólo buscaba invalidar la posición del Ministerio Público, pero la Cámara Federal, por dos a uno, aceptó a esa entidad en el expediente y luego revocó el sobreseimiento de la ex presidenta. La decisión fue ratificada en Casación.

La defensa de Cristina Kirchner llegó en queja a la Corte Suprema con planteos contra los rechazos a las recusaciones de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Gustavo Hornos; y a la resolución que tuvo como querellante a la asociación civil y la revocación de su sobreseimiento. Hoy se desestimaron las presentaciones porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la “ruta del dinero k” al ser rechazado un planteo de su defensa.

De esta forma, es Sebastián Casanello el juez de primera instancia quien junto con el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quien ante un planteo hecho por la exVicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal “resulta improcedente” y por eso rechazaron la apelación.

Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.

En la causa a través del juicio que se hizo fueron condenados el empresario Lázaro Báez a diez años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios.

La exVicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado en un dictamen fue Marijuan quien llamativamente luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar.

Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una ONG y ahora tras éste fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

El Tribunal Oral Federal número 2 dio a conocer este jueves los fundamentos por los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión en la causa Vialidad, donde también fue sentenciado el empresario Lázaro Báez.

Se trata de los fundamentos a partir de los cuales la fiscalía va a apelar reclamando que sea condenada por el delito de asociación ilícita y la defensa de la vicepresidenta de la Nación insistirá con la absolución.

A partir de este momento va a intervenir la Cámara Federal de Casación penal.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”, según consta parte de los fundamentos de 1.616 carillas en relación al veredicto en la causa Vialidad.

“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A Cristina Fernández de Kirchner también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que habilitó el discurso de la “proscripción”, si bien no hay impedimento legal para que sea candidata hasta que la condena eventualmente quede firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, cosa que no ocurrirá este año.

A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Si bien cuentan con 10 días hábiles, por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo.

Tanto la defensa de CFK, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Diego Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados. La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año en medio de la campaña electoral.

Luego de que se conozcan los fundamentos del fallo, Cristina Kirchner reaparecerá el viernes en un acto en Viedma. “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia ‘¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política'”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. pic.twitter.com/FOaZ74yTCl

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023

La expectativa estará puesta no solo en sus esperables comentarios acerca de los fundamentos que se conocerán en la víspera, sino también en las eventuales definiciones políticas con impacto en el Frente de Todos de cara al proceso electoral.

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La defensa del empresario Lázaro Báez iniciará este martes la tercera y última jornada del alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 con el foco puesto en refutar las acusaciones por “asociación ilícita” que le formuló la fiscalía.

Báez, encarcelado desde 2016 y condenado en otro juicio a 12 años de prisión, es asistido por los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, quienes en las dos jornadas iniciales del alegato se dedicaron a desmentir las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La exposición de los defensores se vio interrumpida por el fin de semana largo, ya que las audiencias se realizan los días lunes, martes y viernes.

El martes pasado, al cerrar la jornada, los defensores anunciaron que para la etapa prevista para este martes dedicarían la argumentación a demostrar que no existió una asociación ilícita y que, por consiguiente, Báez no formó parte de ella.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini escucharán los argumentos de la defensa desde las 9:30 horas, con transmisión en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

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En las dos primeras jornadas, los defensores explicaron que las readecuaciones presupuestarias y la prórroga de los plazos de construcción de la obra pública no benefician a las empresas (como argumentaron los fiscales) sino que la perjudican.

Además, desmintieron que Báez fuera el único empresario que estaba al día con los cobros por parte del Estado, a punto tal que aseguraron que al día de hoy todavía le deben unos 271 millones de pesos.

Las defensas rechazaron la denuncia de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, y se basaron para ello en el resultado del propio peritaje que encargó el ex funcionario macrista a poco de iniciar su gestión.

El alegato abundó en cuestionamientos a las “mentiras”, “falsedades” y “tergiversaciones” de los fiscales, a quienes además les endilgaron “mala fe procesal” por incluir en el alegato acusatorio pruebas que no habían sido admitidas por el tribunal, entre ellas la extracción de información del teléfono del también imputado ex secretario de Obras Públicas José Francisco López.

Los abogados Villanueva y Liniado reclamarán la absolución de Báez, para quien los fiscales pidieron la pena de 12 años, al igual que para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la defensa de Báez le seguirán las de Raúl Pavesi, ex director de Vialidad Provincial de Santa Cruz; Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional; José Raúl Santibáñez, ex Vialidad santacruceña y Juan Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos, ex titular del distrito 23 de Vialidad Nacional y ex director de Vialidad provincial.

Para Pavesi, la fiscalía pidió cinco años de prisión; para Periotti, diez; para Santibáñez, cuatro y para Villafañe, seis.

La defensa del empresario Lázaro Báez iniciará este martes la tercera y última jornada del alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 con el foco puesto en refutar las acusaciones por “asociación ilícita” que le formuló la fiscalía.

Báez, encarcelado desde 2016 y condenado en otro juicio a 12 años de prisión, es asistido por los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, quienes en las dos jornadas iniciales del alegato se dedicaron a desmentir las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La exposición de los defensores se vio interrumpida por el fin de semana largo, ya que las audiencias se realizan los días lunes, martes y viernes.

El martes pasado, al cerrar la jornada, los defensores anunciaron que para la etapa prevista dedicarían la argumentación a demostrar que no existió una asociación ilícita y que, por consiguiente, Báez no formó parte de ella.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini escucharán los argumentos de la defensa desde las 9:30, con transmisión en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

En las dos primeras jornadas, los defensores explicaron que las readecuaciones presupuestarias y la prórroga de los plazos de construcción de la obra pública no benefician a las empresas (como argumentaron los fiscales) sino que la perjudican.

Además, desmintieron que Báez fuera el único empresario que estaba al día con los cobros por partes del Estado, a punto tal que aseguraron que al día de hoy todavía le deben unos 271 millones de pesos.

Las defensas rechazaron la denuncia de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, y se basaron para ello en el resultado del propio peritaje que encargó el ex funcionario macrista a poco de iniciar su gestión.

El alegato abundó en cuestionamientos a las “mentiras”, “falsedades” y “tergiversaciones” de los fiscales, a quienes además les endilgaron “mala fe procesal” por incluir en el alegato acusatorio pruebas que no habían sido admitidas por el tribunal, entre ellas la extracción de información del teléfono del también imputado ex secretario de Obras Públicas José Francisco López.

Los abogados Villanueva y Liniado reclamarán la absolución de Báez, para quien los fiscales pidieron la pena de 12 años, al igual que para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la defensa de Báez le seguirán las de Raúl Pavesi, ex director de Vialidad Provincial de Santa Cruz; Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional; José Raúl Santibáñez, ex Vialidad santacruceña y Juan Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos, ex titular del distrito 23 de Vialidad Nacional y ex director de Vialidad provincial.

Para Pavesi, la fiscalía pidió cinco años de prisión; para Periotti, diez; para Santibáñez, cuatro y para Villafañe, seis.

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tal y como lo prometió, Cristina Kirchner usó sus redes sociales para hacer un descargo frente al pedido de la fiscalía de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ella, Lázaro Báez, Julio De Vido y Julio López en la causa conocida como Vialidad. 

Al inicio de su exposición dijo que le hubiese gustado “hablar hoy ante el tribunal” que la juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales “leyeron su guion durante nueve jornadas”, en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria. 

La vicepresidente aseguró que la “sentencia” en su contra por fraude en la obra pública “está escrita” y que todo fue “un armado”, luego de conocer el pedido de pena de 12 años de prisión en su contra hecho por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Además, criticó a los fiscales por “leer” durante los alegatos – algo que no está permitido- y mostró documentos de la causa donde aseguró que 49 de las 51 obras por las cuales se las acusa ya habían sido revisadas por la Justicia y hubo un sobreseimiento. 

“Llegó un nuevo Gobierno y en 2016 empezó feroz campaña política” dijo la vicepresidenta. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGYU50YmkxdFNpV28lMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMllvdVR1YmUlMjB2aWRlbyUyMHBsYXllciUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYWNjZWxlcm9tZXRlciUzQiUyMGF1dG9wbGF5JTNCJTIwY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlJTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZ3lyb3Njb3BlJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

El fiscal federal Sergio Mola dijo hoy que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares. Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.

Mola terminó de analizar la parte económica de las irregularidades de las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y concluyó que el fraude al estado fue de 5.321.049.272,47 de pesos. Para eso se apoyó en una planilla donde describió cada una de las obras y el monto del perjuicio.

En esta última audiencia Cristina Kichner no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidente.

Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.

“A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.

Al final de la jornada está previsto que los fiscales hagan el pedido de pena para todos los acusados. El fiscal Diego Luciani acusó el viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sostuvo Luciani. La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

La expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina Kirchner. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani en su primera audiencia, el 1 de agosto.

Los acusados en el juicio son 12: Cristina Kirchner, Báez, De Vido, Fatala, López, Periotti, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.

Cuando finalicen los alegatos de la Fiscalía será el turno de las defensas. Cada una de las 13 tendrá tres audiencias para exponer su postura. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del Tribunal es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.

En la audiencia de hoy se sumó un anuncio sorpresivo de Cristina Kirchner. Por su cuenta de la red social Twitter anunció que quiere declarar mañana. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes los recursos que presentó la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para hacer caer el juicio oral en su contra por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en la causa Vialidad. El fallo fue por unanimidad, con los votos del presidente Horacio Rosatti, y de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El pronunciamiento también resulta oportuno, ya que el juicio está por entrar en su etapa final: el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 comienza los alegatos en los que las partes piden condenas o absoluciones. Luego será el veredicto que está previsto para antes de fin de año.

Los recursos sobre los que se expidió la Corte Suprema llegaron a ella porque previamente fueron rechazados en las instancias anteriores, tanto en el Tribunal Oral Federal 2 como en la Cámara Federal de Casación Penal.

Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.

El proceso comenzó en mayo de 2019 en los tribunales de Comodoro Py a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal es Diego Luciani. Una semana antes de su inicio, Cristina Kirchner anunció su candidatura como vicepresidenta para las elecciones de ese año con Alberto Fernández en la fórmula. El Presidente de la Nación fue uno de los testigos en el juicio y negó cualquier irregularidad en el caso.

Desde que arrancó el juicio, la vicepresidenta fue presentando una serie de recursos para que intervenga el máximo tribunal e impedir que se siga desarrollando.

Las presentaciones que realizó su abogado Carlos Beraldi en la Corte se apoyaron principalmente en tres argumentos. Uno, que el delito ya fue juzgado en Santa Cruz, donde Báez fue absuelto. El segundo sostiene que en el caso intervino una sala de la Cámara de Casación en lugar de la que debía hacerlo. Y el tercero sostiene que es necesario extender el peritaje y que abarque todas las obras cuestionadas. Otros dos refirieron a que no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió, y a la actuación de un perito oficial en el caso.

Durante el juicio se peritaron cinco obras, elegidas de manera aleatoria, y en todas se detectaron sobreprecios, atrasos y pagos arbitrarios, entre otras irregularidades.

La Oficina Anticorrupción (OA) anunció este martes a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.

Así lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio que tiene como principal acusada a la titular del Senado, sumado a otros ex funcionarios y al empresario Báez.

La novedad fue informada a poco de que comiencen los alegatos, cuyo inicio por parte de la fiscalía estarán a partir del próximo 11 de julio.

“El titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostiene en la comunicación oficial al Tribunal, que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.

Si bien la acusación está garantizada por parte de la fiscalía en el juicio, lo que implica esta noticia en términos políticos es que desde el Gobierno se decidió no acusar formalmente a la Vicepresidenta y luego de una querella que había iniciado en 2016.

Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.

El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.

El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.

Son doce las personas juzgadas, entre ellas la Vicepresidenta, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.