El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti aseguró que “no hay proscripción” sobre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. De todos modos, el magistrado señaló que la pena será efectiva cuando sea revisada por el máximo tribunal.

“Proscripción no hay. La proscripción en un sentido político, es un discurso, pero legalmente es un proceso judicial donde no hay una inhibición de ninguna clase”, aseguró en una entrevista en LN+.

“Puede decir cada uno lo que opina. Es bastante común. En todos los casos, si uno ve la declaración de todos los que han tenido juicio, más o menos es la misma. Es una defensa razonable desde el punto de vista político. No hay que exagerarlo. Cada uno dice lo que quiere. El problema es que funcione el proceso con objetividad, imparcialidad y no se llegue a ese terreno”, remarcó sobre las palabras de Cristina, quien aseguró estar proscripta por el “Partido Judicial”.

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“Cuando el presidente (Carlos) Menem tenía un proceso y la Cámara electoral lo cuestionó, nosotros lo revocamos. Porque es importante también respetar los derechos de todos, más allá de que nos guste o no nos guste. La imparcialidad es esto. Si la ley dice que uno puede competir hasta que haya sentencia firme de condena, es así”, continuó, en referencia al año 2017 cuando el máximo tribunal lo autorizó a competir en las elecciones como candidato a senador nacional por La Rioja.

El juez de la Corte Suprema se refirió a la denuncia de “lawfare”, la presunta persecución judicial, que el kirchnerismo utiliza para cuestionar a jueces y fiscales en relación a los procesos abiertos contra sus figuras, incluida Cristina Kirchner.

“El lawfare es una teoría, la puede sostener quien quiera. Hay libertad para hablar de teorías, y para expresarse. No hay ningún inconveniente”, señaló. No obstante, puso en relieve al sistema judicial argentino.

“Tenemos un sistema constitucional, lo hemos dicho ya en una sentencia que dictamos hace ya varios años, en 2013, casi una década, donde se discutió lo mismo”, amplió. Y cuestionó así la reaparición de los mismos debate en la agenda pública. “Tenemos que madurar y ponernos de acuerdo en cosas básicas para que la gente esté mejor”, sostuvo.

El juez sostuvo que tanto él como sus tres pares en el máximo tribunal deben “tener templanza” ante las críticas y los cuestionamientos del oficialismo. El kirchnerismo promueve un juicio político en la Cámara de Diputados contra los cuatro magistrados.

“Lo importante no es lo que yo sienta ni el agravio personal. Digan lo que digan voy a seguir haciendo lo mismo”, afirmó Lorenzetti. “Si un insulto o un agravio o una presión nos hace cambiar de idea estamos mal”, agregó.

Lorenzetti habló de una “verdadera grieta”, pero no entre los partidos, sino “entre la sociedad y las instituciones” y consideró que hay “una situación de fin de ciclo” respecto de esa relación. “Las instituciones fueron diseñadas hace 200 años y hoy no funcionan. Hay problemas muy nuevos. Las instituciones no han cambiado, el poder está centralizado y cuesta mucho tomar decisiones”, reflexionó.

En este sentido, se refirió a los procesos electorales en San Juan y Tucumán, que fueron frenados en la Corte Suprema debido a los cuestionamientos que se levantaron en torno a las candidaturas de los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur. A esa situación se sumó un reciente pedido respecto de la reelección de intendentes bonaerenses. “Tenemos un sistema republicano en el que se apunta a la periodicidad de los cargos y la re reelección indefinida es algo que no está bien, aunque después hay que ver cada caso”, dijo.

La Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo reclamó este lunes “prudencia” por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y expresó su “profunda preocupación” por la marcha convocada por sectores del oficialismo contra la Corte Suprema. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”, resaltó la entidad. En un comunicado difundido este lunes, reclamó “prudencia” a los referentes políticos del oficialismo. La Asociación de Fiscales manifestó “su profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En ese sentido, exhortó a la política “a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos, al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”. Entre quienes apoyaron la marcha están el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, destacaron los fiscales. La protesta será este martes bajo la consigna “Basta de impunidad” y para exigir “el fin del lawfare” ante las puertas de la Corte Suprema.