La causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó una nueva medida clave. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó peritar el contenido de 14 teléfonos celulares, entre ellos el del empresario Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

La decisión judicial se basa en un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien busca acceder a cualquier dato que permita reconstruir la operatoria detrás del presunto circuito de lavado. La medida incluye también el análisis del celular de Graciela Vallejo, madre del financista y presidenta formal de la firma.

En total, la causa reúne cerca de 40 teléfonos secuestrados, aunque esta etapa se concentrará en los 14 considerados prioritarios. La hipótesis es que los dispositivos permitirían desentrañar vínculos, movimientos y la dinámica interna de Sur Finanzas en sus operaciones con clubes e instituciones.

Según la investigación, el presunto esquema de lavado se habría articulado a partir de préstamos sobredimensionados: entidades deportivas solicitaban montos menores pero firmaban contratos por cifras mayores. Esa diferencia volvía a la financiera como dinero “blanqueado”, con la posible participación de actores políticos o municipales.

Se sospecha que estos fondos se canalizaban a través de ingresos por derechos televisivos, publicidad o marketing. La fiscalía ya solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes involucrados, con el fin de establecer el rol específico de cada uno en la operatoria.

Los clubes mencionados en el expediente son 17: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Durante los allanamientos realizados meses atrás, la Policía Federal incautó contratos, documentación contable, computadoras y decenas de dispositivos electrónicos para ser analizados.

Pero el foco no se limita al fútbol. La Justicia investiga también el uso de monotributistas sin capacidad económica que habrían movido sumas millonarias mediante billeteras virtuales asociadas a la red de Sur Finanzas. Informes de la DGI calificaron a estos contribuyentes como “apócrifos”.

Los registros detectados incluyen transferencias digitales por miles de millones de pesos, operaciones en efectivo y movimientos atribuidos directamente a la financiera. Ante ese volumen de transacciones, el juez dispuso embargos preventivos sobre los bienes de Vallejo y personas cercanas.

También se enviaron oficios al Banco Central, la UIF, la CNV y el Mercado de Valores para identificar activos y prevenir maniobras de vaciamiento patrimonial mientras avanza la causa.

La Justicia intenta ahora determinar la magnitud real del esquema y la eventual responsabilidad de los clubes y dirigentes involucrados.

La Justicia allanó este jueves la vivienda de José Luis Espert en Beccar y su despacho en la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación sobre los aportes del empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y cuya extradición fue dispuesta por la Corte Suprema.

El legislador, que el miércoles pidió licencia de su banca, recibió a los oficiales en la entrada de su domicilio, mostró la orden judicial y permitió el ingreso acompañado de sus abogados.

En el Congreso, personal de seguridad también requisó los despachos de Espert en el anexo de la Cámara Baja. Los trabajadores del lugar abrieron las puertas que previamente habían sido aseguradas por “prevención”.

La causa fue iniciada por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien investiga al diputado por presunto lavado de dinero junto al juez federal Luis Mirabelli. La imputación surge de la recepción de 200.000 dólares en 2020 provenientes de Machado.

La denuncia original fue presentada por Juan Grabois, quien solicitó que se determine si los fondos, supuestamente vinculados a una organización criminal juzgada en Texas por tráfico de drogas, constituyen una maniobra de lavado de activos según el artículo 303 del Código Penal.

Además de esta investigación, Espert enfrenta otras dos causas judiciales. La primera, por irregularidades en la rendición de gastos del partido UNITE durante su candidatura presidencial en 2019. La segunda, por presunto lavado de dinero relacionado con 36 vuelos y el préstamo de una camioneta blindada que Machado habría financiado durante la campaña, bajo la investigación del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.

El impacto de la denuncia y la falta de explicaciones públicas llevaron a Espert a renunciar a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, dejar la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda y finalmente pedir licencia de su banca en la Cámara Baja.

En su descargo publicado en X, Espert afirmó que los 200.000 dólares fueron depositados en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, declarada en Argentina, y que la operación se realizó mediante transferencia bancaria desde otro banco estadounidense, garantizando transparencia y control.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS

Poco antes de que la Corte aprobara la extradición de Machado, el empresario brindó entrevistas en las que relató su vínculo con Espert y los aportes realizados. Actualmente, la decisión final sobre la extradición de Machado queda en manos del presidente Milei, mientras el legislador enfrenta un frente judicial complejo que seguirá desarrollándose en los próximos meses.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este martes al diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por una denuncia del dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois. El caso ya tiene alcance internacional.

El foco está puesto en una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020 por parte de Federico “Fred” Machado, empresario vinculado al narcotráfico y actualmente requerido por la Justicia de Estados Unidos.

Machado fue detenido en 2021 por una causa de narcotráfico internacional y enfrenta un pedido de extradición desde el Distrito Este de Texas, donde se lo acusa de lavado, estafas y asociación con bandas criminales. Según Grabois, ese dinero habría sido parte de una estructura “mafiosa” con ramificaciones en la política argentina.

La denuncia sugiere que Espert recibió los fondos “de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”. La transferencia figura en registros bancarios vinculados al economista libertario.

Grabois pidió que la Justicia determine si ese dinero ingresado a la cuenta de Espert podría constituir una maniobra de lavado de activos. El fiscal Domínguez dio curso a esa línea de investigación y solicitó informes financieros y bancarios.

También se evalúa si hubo contraprestaciones políticas o comerciales detrás de la operación, así como el eventual encubrimiento del origen ilícito de los fondos transferidos.

Si bien la investigación está en una etapa preliminar, la causa ya generó revuelo en el Congreso. Desde algunos bloques opositores piden que Espert se aparte de sus funciones en la Comisión de Finanzas hasta que se aclare su situación judicial.

Por el momento, el legislador no realizó declaraciones públicas ni respondió a los medios. Tampoco hubo comunicados oficiales por parte de La Libertad Avanza.

El Ministerio Público de Paraguay informó este martes que abrió una investigación penal en contra del ex presidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, por presunto ocultamiento de bienes.

La Fiscalía comenzó de oficio una causa el pasado 24 de julio por un presunto delito “a determinar”, según documentos difundidos por ese despacho, que describió como “innominado” (no identificado) al denunciado, por dos empresas que presuntamente tienen cuentas por casi 21 millones de dólares en un banco en las islas Seychelles, África.

A este efecto, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar el caso, remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.

Las diligencias fueron efectivizadas luego de que el Ministerio Público de Paraguay disponga la apertura de la carpeta fiscal, respecto a la denuncia expuesta por un medio periodístico argentino sobre sospechas de que el expresidente habría ocultado bienes en paraísos fiscales.

Abdo Benítez fue presidente entre 2018 y 2023, tras suceder al líder Horacio Cartes. Actualmente, el mandatario es Santiago Peña, todos del Partido Colorado.

El abogado defensor de Abdo, César Trapani, lamentó que se iniciara una investigación, por algo que, advirtió, “salió en un papel hecho posiblemente en un Word publicado en un portal extranjero sin ningún respaldo de investigación”, en relación a un informe argentino.

Trapani declaró al canal ABC TV que, sin embargo, tienen “tranquilidad”, ya que aseguró que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) “muy rápidamente” podría confirmar y corroborar, a través de la cooperación internacional, si Abdo Benítez y su esposa “tiene algún tipo de vinculación” con alguna empresa de Seychelles.

La información fue inicialmente publicada en el sitio PeriodismoyPunto de Luis Gasulla. La nota del periodista argentino habla de dos cuentas offshore que se abrieron entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 a nombre del exmandatario y su esposa Silvana López Moreira. Luego fue replicado en La Nación.

El 22 de julio pasado, Abdo se refirió en X (ex Twitter) sobre esta situación puntual: “Ante la publicación de una información falsa, divulgada hoy por medios del Grupo Nación, propiedad de familiares del expresidente Horacio Cartes, quien fuera sancionado por los Estados Unidos ‘por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay’, desmiento categóricamente las afirmaciones maliciosas contenidas en dicha publicación”.

“No existen ni existieron cuentas bancarias a mi nombre en Seychelles. Por ningún monto. Nunca constituí sociedades ni abrí cuentas en estados considerados como paraísos fiscales, incluido dicho país”, manifestó Abdo y agregó: “Lamento profundamente la difusión de esta mentira, que no es otra cosa que una falsedad escandalosa destinada a dañar mi imagen, degradar la conversación pública y, una vez más, manipular el funcionamiento de las instituciones”.

La investigación sobre Abdo se suma a una extensa lista de mandatarios latinoamericanos investigados por delitos dentro del plano judicial, sea por hechos de corrupción o incitación a la violencia.

El caso más reciente tiene que ver con los 12 años de condena en prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, declarado culpable por la Justicia de Bogotá de soborno de testigos y fraude procesal.

Irónicamente, Abdo, ahora oficialmente investigado por corrupción, había enviado un mensaje de apoyo a su par condenado en tierras colombianas.

“Toda mi solidaridad con el presidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha sido fundamental para Colombia y para toda la región. ¡Fuerza y confianza en que prevalecerá la verdad!”, rezaba el mensaje a través de X el pasado 28 de julio.

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y combatir delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, emitió una nueva resolución para actualizar la regulación sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La normativa, establecida en la Resolución 192/2024, busca garantizar que los estándares internacionales se apliquen con mayor rigurosidad y se alineen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La medida, publicada en el Boletín oficial, introduce cambios importantes en la definición y tratamiento de las PEP, así como en las obligaciones de los sujetos que deben reportar actividades sospechosas a la UIF. Este esfuerzo forma parte de las acciones del país para cumplir con los estándares internacionales y mitigar los riesgos de abuso del sistema financiero.

Según el GAFI, una PEP es cualquier persona que ocupa o ha ocupado un cargo público destacado, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto incluye desde jefes de Estado hasta miembros de organismos internacionales. El tratamiento especial de estas personas se debe al riesgo potencial de que sus posiciones de poder sean utilizadas para actividades ilícitas.

Con la Resolución 192/2024, se detalla y amplía la clasificación de las PEP en Argentina, estableciendo cuatro categorías principales:

PEP extranjeras: Funcionarios públicos de otros países, como presidentes, ministros, legisladores, jueces de tribunales superiores, embajadores, militares de alto rango, y miembros de la dirección de empresas estatales o mixtas.

PEP nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires: Incluyen al presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores, gobernadores, intendentes, miembros del Poder Judicial, embajadores, rectores de universidades nacionales, entre otros.

Otras PEP: Personas con roles de autoridad en partidos políticos, sindicatos, obras sociales y organizaciones privadas que gestionan fondos públicos.

PEP por parentesco o cercanía: Familiares directos o personas cercanas a las PEP, incluyendo cónyuges, convivientes, padres, hijos, hermanos y socios en negocios.

Las instituciones obligadas a reportar a la UIF, como bancos, aseguradoras y escribanías, deberán cumplir con medidas más estrictas para identificar y gestionar los riesgos asociados a las PEP. Esto incluye solicitar declaraciones juradas al inicio de una relación contractual y actualizar esta información cuando se produzcan cambios en la condición de PEP de sus clientes.

La normativa establece que los sujetos obligados deben informar si los beneficiarios finales de los servicios ofrecidos también son PEP. Además, la declaración jurada puede realizarse tanto presencialmente como a través de medios digitales, siempre que quede evidencia documentada.

Una persona mantendrá su condición de PEP mientras ejerza su cargo y hasta dos años después de haberlo dejado. En el caso de familiares o allegados, la condición de PEP se extiende por el mismo período que el de la persona con quien tienen el vínculo.

Sin embargo, las personas pueden notificar a las entidades financieras el cese de su condición de PEP, detallando las razones. Esta información será evaluada por la entidad en cuestión para determinar su relevancia en los controles de riesgo.

El fortalecimiento del control sobre las PEP forma parte de los esfuerzos de Argentina para prevenir el uso indebido del sistema financiero. El país es miembro del GAFI desde el año 2000 y, como tal, debe cumplir con las recomendaciones internacionales para evitar ser señalado como un territorio permisivo frente a delitos financieros.

La actualización regulatoria también responde a la revisión realizada por el GAFI en su cuarta ronda de evaluaciones, que recomendó profundizar el enfoque basado en riesgos y reforzar los controles sobre las PEP.

El senador nacional Edgardo Kueider solicitó formalmente, mediante una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una licencia para cesar momentáneamente sus funciones en el Cámara alta.

Este pedido surge luego de que el legislador peronista fuera detenido en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil en la triple frontera, y personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontrara en su auto más de 200 mil dólares sin declarar.

Posteriormente, las autoridades locales lo imputaron por lavado de dinero y contrabando de divisas y, por el momento, permanece en arresto domiciliario en la cuidad de Asunción.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una Investigación Preliminar (IP) para recolectar pruebas y determinar si existe mérito para una denuncia penal formal; las posibles imputaciones apuntan a los delitos de enriquecimiento ilícito una acusación el senador ya enfrenta, previo a este hecho, tanto en la justicia federal como en la provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo.

Por su parte, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) que preside José Mayans, presentó un proyecto para pedir el expulsión de Kueider, con el apoyo y las firmas de los legisladores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juliana Di Tullio.

“Desde el interbloque Unión por la Patria solicitamos a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocar a una sesión especial el día 12 de diciembre para tratar la remoción del senador Edgardo Kueider por inhabilidad moral”, afirma el comunicado entregado el pasado 6 de diciembre.

La Cámara de Casación Federal confirmó que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa por la “ruta del dinero k” al ser rechazado un planteo de su defensa.

De esta forma, es Sebastián Casanello el juez de primera instancia quien junto con el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión.

Ahora fue el turno de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, quien ante un planteo hecho por la exVicepresidenta contra el fallo de la Cámara Federal “resulta improcedente” y por eso rechazaron la apelación.

Cristina Kirchner de esta forma volverá al centro de la escena en esta causa de la que Casanello en dos oportunidades le dictó la falta de mérito por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.

En la causa a través del juicio que se hizo fueron condenados el empresario Lázaro Báez a diez años de prisión; su hijo Martín a 9 años; el arrepentido Leonardo Fariña a cinco, y otros empresarios.

La exVicepresidenta nunca fue procesada en el caso y el año pasado en un dictamen fue Marijuan quien llamativamente luego de impulsar la denuncia en reiteradas veces en su contra, reconoció que no hubo pruebas por lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos, pero dijo que no existió delito alguno para investigar.

Pero la Cámara Federal abrió el camino al hacer lugar a un planteo de una ONG y ahora tras éste fallo que se confirma, Marijuan y Casanello seguirán adelante con el caso.

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde, su ex pareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La medida había sido pedida por el fiscal Sergio Mola pero rechazada por el juez Ernesto Kreplak, tras lo cual el caso por apelación llegó a la Cámara y ésta lo dispuso.

De esta manera, la inhibición impone que no podrán deshacerse de sus bienes y quedarán cautelados a la investigación hasta que concluya.

Los tres están imputados luego del viaje a Marbella entre Insaurralde y Clerici, y de allí salpicó a Cirio pues se sospecha de un acuerdo de divorcio millonario que habría pactado con el ex funcionario en Uruguay, donde ya se abrió una investigación por lavado de dinero.

El Tribunal evaluó que en función de “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”.

La fiscalía había hecho hincapié en la intención de ocultar las maniobras investigadas por parte de los imputados, en la prolongada duración del proceso y en posibles “conexiones internacionales de los denunciados”.

El fiscal Mola está intentando determinar quién o quiénes financiaron los varios vuelos de Insaurralde, sobre los cuales el Gobierno de la Provincia aclaró que ninguno es de carácter funcional, y lo mismo para con Jesica Cirio.

Asimismo, parte de la investigación es el acuerdo de divorcio que habrían firmado en Uruguay.

Están pendientes de ser contestados varios exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España, este último país por el viaje que hicieron Insaurralde y Clerici en septiembre pasado y sobre el cual la Justicia cuenta con una parte de información sobre quiénes pagaron los hospedajes, el día de navegación en “El bandido” por las aguas del Mediterráneo y los vuelos respectivos.

Asimismo, la investigación también se focaliza sobre un entramado de sociedades de la cual es integrante Insaurralde y que estarían vinculada a su vivienda suntuosa en Fincas de San Vicente, la cual había sido allanada en el marco de la causa.

El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak y el fiscal federal Sergio Mola analizan vuelos llamativos de la conductora televisiva Jesica Cirio hechos durante este año al extranjero, y en muchos en vuelos particulares.

Son viajes que forman parte del análisis del historial patrimonial que está realizando la Justicia en el marco de la causa que también se investiga al ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici.

Uno de los vuelos de Cirio lo realizó junto a Insaurralde y fue el 27 de diciembre del 2022, desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado hacia Paraguay. El retorno de ambos fue el 14 de enero desde los Estados Unidos, ingresando por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cirio también viajó el 18 de enero del 2023 en avión privado hacia Uruguay y volvió el mismo día ocho horas después.

Pero también cuenta con varios viajes a Paraguay, todos realizados en avión privado. Uno el 18 de junio donde despegó desde el Aeródromo de San Fernando para volver seis días más tarde.

El 2 de julio voló nuevamente a Paraguay para volver cinco días más tarde y el 16 de julio también viajó hacia ese país, para volver al a semana.

En el listado que recibió la Justicia Federal también está un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo España.

Un último viaje registrado por Cirio fue el avión que tomó el 3 de septiembre de Air France hacia Francia y regresó el 9 de ese mes desde España.

El yate “El bandido” en el que Sofía Clerici y Martin Insaurralde navegaron unas ocho horas por el Mar Mediterráneo, tuvo un costo de 13.176,17 euros.

Esa información la aportó la Justicia española contestando un exhorto del juez federal Ernesto Kreplak. Clerici viajó a España el 7 de septiembre mientras que Insaurralde lo hizo recién el 16 de ese mes. Ambos volvieron el 21 por vuelos separados, cuyo costo rondó los 8000 mil dólares.

Según la información que llegó de españa, por la estadía en el hotel Marbella Club pagaron 26.311,48 euros.

El pago del hotel se hizo a través de una tarjeta American Express emitida por los Estados Unidos y a por intermediación de una agencia de turismo en Miami. Es la misma con la que Insaurralde pagó el pasaje un día antes de tomar el vuelo

También se informó desde España que durante los días en que Clerici estuvo sola, se alojó en el hotel Hubo, en Milla de Oro de Marbella y por un costó de más de 7600 dólares.

La modelo y conductora televisiva Jesica Cirio cambió de abogados en la causa en la que es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a raíz del lujoso viaje de su ex marido y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a España.

Cirio cesó en sus funciones a los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes venían defendiéndola en este expediente, que tramita ante el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak.

Su nuevo abogado es Nicolás Urrutia, un penalista de prestigio y bajo perfil, que ya fue presentado ante el juzgado y aceptó su designación como nuevo defensor.

Urrutia trabajó en varios casos en sintonía con el estudio del designado ministro de Justicia del próximo gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona.

Cirio no explicó las razones del cambio de abogados.

En las últimas horas trascendió que los investigadores están tras una pista que indica que un casino de la provincia de Entre Ríos pagó mediante facturas por pauta publicitaria más de 11 millones de pesos a un programa de TV conducido por Cirio en 2022.

Una fiesta de casamiento reunió a tantos famosos que parecía la entrega de los Premios Martín Fierro. Marley, Florencia Peña, Lizy Tagliani, Teté Coustarot, Belén Francese, Noelia Marzol, Donato de Santis, Vicky Xipolitakis y Elizabeth Vernaci fueron solo algunos de los invitados al casamiento de Fernando Colombo, el histórico productor de Marley, y Facundo Oltra, su pareja hace 18 años.

Entre los invitados estuvo Jésica Cirio junto a su nuevo amor, el empresario Elías Piccirillo, el joven con quien habría viajado en el invierno a Ibiza y Formentera.

“Llegó muy temprano pero no estaba sola. Estaba con Elías Piccirillo. Estaban en un gazebo y la joda estaba en un living, entonces se acercó a la mesa de Telefe y presentó a Elías, pero ellos se fueron de la fiesta. Lo comparo con lo que pasó con Jey Mammón en la entrega de los Premios Martín Fierro”, contó otra de las invitadas.

Antes de esa fiesta circulaba el rumor sobre esta relación cuando Cirio quiso impedir que trascienda públicamente: "Elías es hermano de un funcionario del Estado, es empresario de bienes raíces. A Jésica la sentí incómoda todo el día, había un clima raro”, era uno de los comentarios.

Cirio se separó el verano pasado de Martín Insaurralde, pero blanqueó la ruptura en junio. Luego ella viajó a Europa con su nuevo amor, al tiempo que Insaurralde se tomó unas vacaciones similares junto a Sofía Clerici, haciendo ostentación de varios lujos que derivaron en denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Su versión

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, explicó Cirio en un reportaje.

Sobre el trabajo y los ingresos del político, la conductora destacó que no vio nada raro: “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”.

“Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”, remarcó la modelo.

Tras la publicación de las fotos de Insaurralde con Clerici, Cirio lo llamó para pedirle explicaciones, pero él se enojó y la bloqueó: “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte. Fue muy angustiante -la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración”.

Leonardo Fariña, el "arrepentido" de la causa "la ruta del dinero k", fue detenido en una financiera de Belgrano al momento de ser allanada por la Policía Federal y la Aduana por violación al régimen cambiario.

En el lugar se secuestraron unos 1000 millones de pesos y Fariña, sindicado responsable de esa financiera en Juramento al 1400, tenía una tobillera puesta.

El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual se investiga.

Fue por "tareas de campo" que se realizaron en torno a la actividad de las cuevas y al entrar Policía Federal y Aduana a una oficina del quinto piso del edificio, se encontró con Fariña y otras tres personas.

El allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como "El Croata", una de la cuevas más grandes de la city porteña.

Incluso, cuando la Policía entro al lugar, uno de ellos intentó tirarse por el quinto piso, pero fue frenado a tiempo.

Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K" en 2021 a la pena de cinco años de prisión y por su colaboración como "arrepentido" siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma con la cual llevaba consigo ahora al ser detenido.

En el lugar se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, principalmente pesos argentinos. Según fuentes de la Aduana, el monto ascendería a $1000 millones.

Fariña mantuvo silencio mientras lo arrestaban. Varios investigadores señalan que Fariña podría ser el dueño de la cueva. El alias de “El Pela” o “El Pelado” aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llevó al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si el tal “Pela” es el financista y ex marido de Karina Jelinek.

La misma División, que pertenece a la Superintendencia de Investigaciones Federales, también allanó otra cueva en la avenida Luis María Campos al 1100, en una causa bajo las órdenes del Juzgado en lo Penal Económico N°9, a cargo de María Verónica Straccia.

Allí, se identificó a un hombre de 63 años y se secuestraron 22 millones de pesos, 15 mil dólares y mil euros, así como monedas de oro, ocho máquinas contadoras de billetes, una computadora y documentación de interés para la causa.

Juliano Salierno

El Ministerio Público Fiscal de la Nación con base en Santa Fe y Rafaela elaboró un informe, a través del cual pretende mostrar los resultados, obtenidos en ambas jurisdicciones, en la persecución del delito de lavado de activos.

La tarea emprendida por los fiscales federales Walter Rodríguez (fiscalía Nº 1 de Santa Fe), Gustavo Onel (fiscalía Nº 2 de Santa Fe y Rafaela) y Martín Suárez Faisal (fiscalía general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe), tiene su anclaje temporal a mediados de 2019, año a partir del cual realizaron el cohorte para el análisis.

Desde entonces y hasta una semana atrás, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe emitió 7 sentencias condenatorias para 14 personas por el delito de “lavado de activos de origen ilícito”, todas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Dichas investigaciones fueron impulsadas por las fiscalías de primera instancia antes mencionadas (Nº 1 y 2 de Santa Fe y de Rafaela) y una vez finalizadas, elevadas a juicio ante el TOF que conforman los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y completa un tercer magistrado que subroga el cargo que quedó vacante por jubilación de la Dra. María Ivón Vella.

Además, existen otras seis “causas en trámite con imputaciones” por lavado, de las cuales sólo una es ajena al negocio de la venta de drogas y es la ‘precuela’ de la “causa Bolsafe”, vinculada a los mercados bursátiles. Son aquellos expedientes que han superado la instancia de elevación a juicio y están prontos a resolución, ya sea por la vía del juicio oral y público como del juicio abreviado.

Del primer grupo, se trata en su mayoría de causas que tuvieron gran exposición pública en su surgimiento, pero con el correr del tiempo su publicidad ha ido menguando y quedando fuera de la agenda mediática, especialmente cuando primero se juzgaron hechos por infracción a la ley nacional de estupefacientes Nº 23.737 y luego por lavado.

CAMIÓN DEL LEYES: Entre las más reconocidas se encuentran las maniobras de lavado derivadas de la causa por el “camión del Leyes”.

El 12 de junio de 2019 el TOF impuso 4 años de cárcel y una multa millonaria para el ex sargento de policía Alejandro “Aguja” Agüero; ya condenado en 2017 por el secuestro de 1662 kilos de marihuana en 2014 en Arroyo Leyes. La sentencia alcanzó a su esposa, una enfermera del hospital de Niños y su padre, jubilado como portero de escuela

CLAN GALLARDO: Más acá en el tiempo, en 2021, el mismo tribunal condenó a miembros del clan de Peregrino Gallardo, una mafia narco santafesino-cordobesa que operaba en el límite interprovincial de Frontera y San Francisco.

EL PADRE DEL FANTASMA: La llamada “causa Paz” también fue llevada a juicio oral en los tribunales santafesinos, donde el narco rosarino Luis Paz, que se mudó a la capital provincial escapando de Los Monos fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión por narcotráfico y lavado.

UN NARCO EN EL COUNTRY: Otro caso de enorme trascendencia pública fue el del narco Vicente Pignata, buscado en una casa del country El Paso de Santo Tomé en 2018 y desaparecido desde entonces. La justicia siguió la pista del dinero y llegó hasta su esposa, Elizabet Campos y el padre de ésta, Ramón Darío Campos, quienes no pudieron justificar el origen de 12 vehículos y 6 inmuebles que tenían a su nombre. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado el 13 de mayo de 2022 a la pena de 3 años de prisión.

EL “TURCO” PAIDUJ: El 7 de junio de 2023 fueron condenados Julio César Paiduj, el “Turco” (4 años) y su hija Valentina (3 años en suspenso) luego de que el hombre oriundo de Rafaela atravesara varios procesos penales -federales y provinciales-. En su momento se constató que tenían un mini Cooper y una Toyota Hilux, pero ninguno de los dos tenía un trabajo que permita justificar ingresos legales.

CUMBIA, DROGAS Y LAVADO: Otro personaje que tuvo su época de esplendor como representante de grupos de música tropical, pero sucumbió al negocio de las drogas es Raúl Narciso “Beto” Basimiani, quien purga una condena que en total suma 20 años de prisión en una cárcel federal. La última, por lavado de activos junto con su ex pareja Angélica Soledad González.

La mujer recibió pena de 1 año y medio en suspenso como partícipe secundaria de lavado. Para la justicia, prestó su nombre para ocultar dos vehículos, una casa y el 50% de otra propiedad que estaba a su nombre.

400 KG DE COCAÍNA: Por último, el 23 de octubre último el TOF condenó a dos hombres y una mujer que en 2021 quedaron fuertemente vinculados al tráfico de 400 kilos de cocaína, que fueron secuestrados en una cochera de Villa Gobernador Gálvez.

La banda, integrada por Sebastián Romera, Gustavo Daniel Núñez y Jorgelina Galligani, fue condenada por delitos de organización del tráfico y almacenamiento de estupefacientes y lavado de activos.

Por el último delito se les decomisó una flota de 30 vehículos, 4 inmuebles, casi un millón de pesos en efectivo; 1930 dólares y otras sumas de dinero en moneda extranjera (9.000 guaraníes, 50 pesos uruguayos, 160 euros y 174 reales).

Media docena de causa en trámite superaron la instancia del requerimiento de elevación a juicio (REJ):

La primera, y única que no tiene vínculos con el negocio de las drogas, es la que se desprende de la “causa Bolsafe” y que tiene al contador condenado Mario José Enrique Rossini como imputado principal. Con él se encuentran procesados Favio Carlos Meijome; Antonio Iturrioz y Leonardo Perrotta, los tres empleados de Valfinsa Bursátil SA, donde las empresas de Rossini tenían cuentas comitentes que luego fueron investigadas.

En segundo lugar aparece una vieja causa asociada al narco de Alto Verde, Sergio Villarroel, a quien la justicia le secuestró hace ya tiempo una cupé BMW Z-4 que perteneció al “Fantasma” Paz, el hijo de Luis Paz, el narco rosarino que supo ser mánager de boxeo y que terminó condenado en Santa Fe. Pero también tiene como implicados a dos personas que eran los encargados de disimular los bienes que el “Zurdo” acopiaba de manera ilícita.

La tercera investigación que podría tener sentencia en los próximos meses refiere a los bienes que el narco de Barranquitas, Diego Martín Mustafá -asesinado el 6 de julio de 2022 en Sauce Viejo-, puso a nombre de su hermana, que ahora es la única implicada en la causa.

En cuarto orden aparece parte del clan Paz, que encabeza el propio Luis Paz, e involucraba a el “enano” Emanuel Maximiliano González, quien fue hallado sin vida en la cárcel de Coronda a fines de 2021, donde purgaba condena por narcotráfico. En total, serían once personas las procesadas por narcolavado, entre ellas las tres hijas y la exesposa del narco rosariono.

La quinta causa refiere a “El Sabalero” Marcelo Raúl Ferreyra y su pareja Ivana Lía Mendoza, quienes bajo distintas pantallas administraban un comercio de venta de drogas en su casa del barrio Los Troncos, en la zona noroeste de la ciudad capital. Además, la justicia detectó que la empresa criminal había crecido a punto tal que tenían a su nombre 15 autos, motos y una embarcación, además de inmuebles.

Por último y en sexto lugar aparece otra narcofamilia que operaba en la zona de Barranquitas y Villa del Parque en Santa Fe y que recibió condena en 2021 en la “causa Baigoría”, liderada por un expolicía provincial.

El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak envió una batería de exhortos a los Estados Unidos, Uruguay y España, en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio.

La razón no sólo es el viaje que encararon Insaurralde y Clerici en septiembre pasado, sino además los bienes de todos ellos.

En un exhorto hacia España vía Cancillería fue con requisito ante la autoridad judicial de ese país conocer el itinerario de ambos, desde que llegaron a Madrid pasaron por Marbella y luego retornaron. Ella viajó el 7 y el el 15 de septiembre, y ambos volvieron por vuelos distintos el 21 de ese mes.

Kreplak quiere saber cómo fue el viaje desde Madrid a Marbella de Insaurralde y Clerici, la forma, cómo se pagó y donde se hospedaron ambos. Toda la información se canalizó vía Cancillería y es para que sea respondida por una autoridad judicial española.

También el juez remitió a los Estados Unidos vía Ministerio de Justicia, a raíz del pacto de colaboración que tiene con aquel país, para conocer si el ex jefe de Gabinete cuenta con bienes allí y teniendo en cuenta que registra muchos viajes con ese destino.

Otro de los exhortos vía Cancillería fue a Uruguay pidiendo información ante un posible acuerdo de divorcio que habrían hecho Insaurralde y Cirio, del cual trascendió que podría ser de 20 millones de dólares aunque ella lo niega.

En Uruguay el Banco Central por un lado y un fiscal iniciaron una investigación a raíz de una presentación de Graciela Ocaña y se intenta determinar si hubo un acuerdo, y si efectivamente esa suma existió.

La investigación sobre el escandaloso viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella arrojó más resultados que son llamativos en la investigación que se sigue por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según los datos que llegaron a manos del juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola, ambos pagaron sus pasajes de distinta forma.

Clerici sacó el pasaje el 17 de agosto para emprender por Air Europa el 7 de septiembre a Barajas vía Madrid y pagó $3.801.993,60 en efectivo. Lo sacó a través de una agencia de viaje que ahora es investigada.

Insaurralde viajó por Iberia a través de un pasaje sacado con una tarjeta de crédito emitida en los Estados Unidos y fue comprado vía una agencia de turismo en ese país.

Lo curioso es que el pasaje fue sacado un día antes del vuelo, o sea el 14 de septiembres se pagó un total de US$8.139,30 con una tarjeta American Express, de la cual ahora se está averiguando al titularidad. En su caso, el vuelo ida y vuelta de Madrid fue también en business.

Según la información que aportó la Dirección Nacional de Migraciones, Clerici viajó el 7 de septiembre y volvió el 21 de ese mes. Ella, en un breve descargo que hizo en la Justicia, dijo que viajó para visitar a su hermana, y que el yate donde se fotografió con Insaurralde se lo prestó para navegar por el Mediterráneo un amigo de aquella.

Insaurralde viajó el 15 de septiembre por Air Europa y retornó en otro vuelo al de Clerici el 21 de ese mes.

Ahora, la Justicia quiere saber cómo fue el trayecto de ambos desde Madrid, primer destino luego de Argentina, hacia Marbella, donde estuvieron juntos.

Unos 569.700 dólares fueron secuestrados por la Policía Federal en la casa que tiene la modelo Sofía Clerici en el barrio de Nordelta, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que surgió tras el polémico viaje de Martín Insaurralde a Marbella.

El operativo, que incluyó siete inmuebles, se realizó en un barrio cerrado donde vive la modelo y esa fue la suma encontrada por agentes del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal en el operativo.

También se hallaron algunos dispositivos como computadoras y celulares en los domicilios de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense, en Banfield, Lomas de Zamora y San Vicente.

En tanto, en el domicilio de Jésica Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas, se encontraron dispositivos pero también algunos relojes de lujo que fueron secuestrados.

Todo lo encontrado en los allanamientos fue secuestrado y quedará incautado en la causa porque, según fuentes del caso, queda sujeto a investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Sergio Mola y se tuvo que realizar un trabajo de inteligencia para verificar cuáles eran los lugares de movimiento frecuente de los tres imputados en función a que se pretendía secuestrar sus teléfonos y otros dispositivos.

Si bien pasaron varias semanas desde el inicio de la investigación y se contemplaba que no hubiese resultado positivo de los allanamientos, fue una sorpresa el hallazgo de dinero en la vivienda de Clerici.

En total se realizaron 13 allanamientos en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por infracción a los artículos 268 y 303 (enriquecimiento ilícito), ambos del Código Penal de la Nación.

Durante los operativos llevados a cabo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el partido de San Vicente, en la localidad de Banfield y en el Nordelta, se secuestraron 569.911 dólares, más de 8 millones de pesos, un alhajero conteniendo pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas algunas de ellas con inscripción CD, Tiffany & Co y Louis Vuitton.

También se incautaron siete carteras Louis Vuitton, dos teléfonos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad y un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y demás elementos de interés a la presente investigación.

Ahora, la Justicia trabaja sobre exhortos al extranjero y también pedidos de información para indagar sobre el historial patrimonial de Insauralde, Clerici y Cirio. En ese tramo de la causa, la Fiscalía anti lavado de Diego Velasco está realizando averiguaciones sobre el origen de los fondos atribuidos a los tres imputados.

En una entrevista exclusiva transmitida en vivo por Telefe, Jesica Cirio, de 38 años, se pronunció sobre los rumores que circularon recientemente, después de que salieran a la luz imágenes de su ex esposo, Insaurralde con Sofía Clerici, acerca de su vida personal y financiera.

La modelo y empresaria desmintió categóricamente varias afirmaciones que circularon en las redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los puntos destacados fue su divorcio, del cual se rumoreaba un acuerdo por una cifra exorbitante. Cirio afirmó: "Nunca hubo un arreglo por 20 millones de dólares. No existió esa cifra por el divorcio. No hubo arreglo, firmamos el divorcio hace tres meses y aún está en proceso".

Además, la modelo negó rotundamente tener cuentas en Uruguay y desmintió cualquier transferencia millonaria. "Nunca existió esa transferencia de dinero", aclaró Cirio, buscando poner fin a las especulaciones sobre sus finanzas.

Respecto a un viaje a Colombia, Cirio explicó que su visita se debió a motivos familiares. "Iba a Colombia para estar con mis primos porque había fallecido mi tío", compartió, destacando la razón detrás de sus reiteradas visitas a ese país y desvinculando cualquier otra especulación.

En cuanto a los motivos de su separación, Jésica Cirio comentó que la relación se fue desgastando por diversas razones, algunas de las cuales se hicieron públicas. Sin entrar en detalles específicos, la modelo expresó que la relación se fue desgastando.

La Fiscalía General de Colombia presentó este lunes una acusación formal contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ante los tribunales de Barranquilla, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que el legislador regional será sometido a juicio, un paso que el joven atribuyó a que buscaron convertirlo “en un arma” contra su padre.

Petro, de 37 años, es investigado por la Fiscalía por la presunta recepción de dineros ilegales de manos de personas bajo sospecha, una parte de la cual habría usado para gastos de la campaña de su padre en el norte del país, sin informar de sus actos.

Nicolás Petro Burgos y su defensora en una audiencia en Bogotá, Colombia, durante el mes de agosto. Crédito: Fiscalía de Colombia

La Fiscalía aseguró que el caso contra Nicolás Petro apenas se inicia, y adelantó que "informará oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar".

El hijo del presidente fue arrestado a inicios de agosto, junto con su exesposa Daysuris Vásquez, por decisión del ente investigador.

Durante la imputación de cargos en ese momento, Nicolás Petro ofreció colaborar con la investigación, pero la imputación de este lunes muestra que no se alcanzó un acuerdo.

La Fiscalía descartó la propuesta de un acuerdo por considerar que no cumplió nada de lo prometido sobre el caso, a diferencia de Vásquez, que sí ofreció datos clave para el curso de la investigación.

“Hoy inicia la lucha de mi vida; sabía que la Fiscalía de (Francisco) Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, escribió el asambleísta en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Crédito: Nadja Wohlleben / Reuters

Barbosa, fiscal general del país, está duramente enfrentado con el gobierno de Petro, sobre todo por el proceso de la llamada “paz total” que el Ejecutivo puso en marcha y que implica negociaciones con organizaciones ilegales.

Una vez imputado formalmente Nicolás Petro, el caso irá obligatoriamente a juicio en un proceso en el que la Fiscalía presentará todas sus pruebas.

El escrito de acusación fue presentado en los juzgados de la norteña ciudad de Barranquilla, que sortearán qué despacho juzgará a Petro.

La Fiscalía acusa a Petro de recibir millones de pesos por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro -que fue extraditado y condenado por narcotráfico, en los 90, en Estados Unidos- y por un emisario del empresario Alfonso del Cristo Hilsaca, alias el Turco, quien actualmente enfrenta varios procesos judiciales.

Samuel Santander Lopesierra, el "Hombre Malboro".

Vásquez declaró que Nicolás Petro recibió en su propia casa en Barranquilla a emisarios de Lopesierra e Hilsaca, y que el dinero que le entregaron, en efectivo, fue utilizado para la compra de un departamento en un exclusivo sector en la capital del Atlántico, artículos de lujo (entre ellos zapatos y relojes) y el pago de deudas.

El presidente Petro negó en todo momento estar al tanto de las operaciones de su hijo.

Está previsto que Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, salga de prisión este miércoles 13 de septiembre.

Coronel fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre de 2021 por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionados con el imperio de narcóticos de su esposo. En junio de ese año, Coronel se declaró culpable de los cargos y recibió crédito por el tiempo ya cumplido.

Emma Coronel, con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles y permaneció detenida en espera de juicio.

La Oficina Federal de Prisiones confirmó la fecha prevista para que Coronel salga de prisión. Y añadió: “Por razones de privacidad y seguridad, no damos detalles sobre planes de liberación específicos”.

Según el localizador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones, la esposa del Chapo se encuentra actualmente en un centro de Gestión de Reingreso Residencial en Long Beach, California.

Antes de su sentencia en noviembre, Coronel se dirigió al tribunal y expresó un profundo remordimiento por su participación con Guzmán y el Cartel de Sinaloa y el daño que pudo haber causado a los ciudadanos de Estados Unidos.

Ella aceptó toda la responsabilidad y le rogó al juez que considere a sus gemelas, entonces de 9 años, que se verían obligadas a crecer sin sus padres.

Los fiscales habían pedido 48 meses de prisión, nueve meses por debajo del mínimo de las pautas de sentencia, cinco años de libertad supervisada y el decomiso de US$ 1,5 millones, después de considerar varios factores, incluido que consideran que su papel en la conspiración es mínimo y en apoyo de su esposo, que la eximió de responsabilidad rápidamente después de su arresto, ahorrándole tiempo y recursos al gobierno en las audiencias en la preparación del juicio, y que no tiene antecedentes penales previos.

El juez fue por debajo de la recomendación hecha por los fiscales, ya que consideró no solo esos factores, sino también que ella conoció a Guzmán cuando era menor de edad, de 17 años, y se casó con él a los 18.

Al final de la audiencia de condena, el juez le dijo a Coronel: "Buena suerte. Espero que críe a sus gemelas en un entorno diferente al que ha experimentado hasta hoy. Buena suerte".

Por César Rodríguez

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes-a instancias del fiscal Guillermo Marijuán- a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “ruta del dinero”.

Casanello desvinculó a la titular del Senado del expediente porque desapareció la acusación porque tanto el fiscal, como la UIF y la AFIP, consideraron que no había elementos para inculparla.

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”, explicó Casanello.

“En el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”, añadió.

Casanello no podía adoptar otra decisión que la que tomó: “el juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado”.

En una breve resolución, el juez dio por cerrada una investigación que insumió más de un lustro y en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado por “lavado”.

El dictamen exculpatorio del fiscal Marijuán fue clave en la decisión, pues desistió de la imputación “tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

“Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron la solución postulada”, subrayó Casanello. El juez también desestimó una presentación de una asociación civil denominada “Bases”, que tiene como abogado al ex fiscal porteño Luis Cevasco.

Entre otras razones, el juez aludió a la extemporaneidad de la presentación y a que la documentación presentada por la Asociación Civil es incongruente, pues tiene una fecha anterior al dictamen de Marijuán, que es lo que motivó el pedido para ser tenida como querellante.

“La presentación presenta serias deficiencias en torno a la personería y la capacidad para actuar, que comprometen su admisibilidad”, resumió el juez.

Un total de 13 personas, relacionadas con “Los Monos”, fueron detenidas en las últimas horas por efectivos de la Policía Federal, acusadas por lavado de activos de organizaciones narcocriminales de Rosario, entre ellas aparecían “Los Monos”.

Agentes de la División Unidad Operativa Federal Rosario realizaron 29 allanamientos en viviendas ubicadas en barrios de zona sur (como Tablada y La Granada) y de la zona costera de Puerto Norte.

Dos de esas casas pertenecen a Lorena Verdún, la viuda del cabecilla de la banda de “los Monos” Claudio “Pájaro” Cantero, quien actualmente se encuentra en prisión por causas de acopio de armas, asociación ilícita y droga.

Por relación con la banda narco “Los Monos”, L-Gante ya no es visitante distinguido de Rosario

Los procedimientos en esta ocasión fueron ordenados por el Juzgado Federal número 3, a cargo de Carlos Alberto Vera Barros, Secretaría “B” del doctor Flores se secuestraron cuatro vehículos, cuatro armas de fuego, municiones, una gran cantidad de marihuana y cocaína, piezas de oro, 2.940.280 de pesos, 13.594 dólares y 460 euros acompañados de elementos considerados de interés para la investigación.

El hecho se inició por una investigación que encabezó el titular de la Fiscalía Federal número 1, Javier Arzubi Calvo, luego de una denuncia anónima por venta de droga en la zona sur de Rosario.

Los detenidos, ocho hombres y cinco mujeres todos mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Infracción a la Ley 23.737”, más conocida como “Ley de Drogas”.

Al ser un operativo con múltiples allanamientos, en forma simultánea, también se contó con la colaboración de varias dependencias pertenecientes a la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal.

La Justicia Federal de Corrientes autorizó el remate de tres autos deportivos que permanecen secuestrados desde 2014, cuando se desbarató a una organización que, en dos años, lavó cerca de 160 millones de pesos provenientes del narcotráfico. 

El grupo era liderado por Roberto Eduardo Rodríguez (42), quien actuaba junto a dos ex parejas (Griselda Romina Sosa y Daniela Rocío Villalba), su madre (Santa Elba Aquino), su cuñada (Rosa Gladys Ramos), su socio (José Rafael Glibota) y la pareja de éste (María de los Ángeles Herrera). 

La banda no sólo operaba la concesionaria, sino también una empresa de viajes, un complejo turístico y un corralón de materiales en Misiones. 

Rodríguez, que ya había sido sentenciado a nueve años de prisión por tráfico de estupefacientes, fue condenado a trece años por el lavado de activos en un juicio que finalizó en marzo de 2018. 

En la misma causa fueron condenados a diez años de cárcel Elba Aquino (madre de Rodríguez), José Glibota (socio) y Griselda Romina Sosa (ex pareja). María de los Ángeles Herrera (pareja de Glibota), Daniela Villalba (ex pareja de Rodríguez) y Rosa Ramos (cuñada de Rodríguez), se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión respectivamente. 

En su momento, desde la Justicia Federal de Corrientes señalaron que a Rodríguez se le impuso el máximo de la pena establecida para el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. 

Los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaro decidieron condenar a los siete imputados como coautores penalmente responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse con habitualidad y en banda. 

La investigación comenzó en enero de 2012, cuando Gendarmería estableció que una banda enviaba desde Misiones importantes cantidades de marihuana con destino a Mendoza, Chile y Buenos Aires. Y que el dinero que obtenían por esas ventas lo volcaban en las cuatro empresas que abrieron para ese fin. 

Según establecieron, Rodríguez no percibía ingresos económicos ni registraba propiedades a su nombre. Tampoco presentaba declaraciones juradas, ni tributaba impuestos. Pese a ello, era propietario de un Porsche Coupé Cayman modelo 2010. 

El Tribunal de Casación confirmó la condena, que también obliga a los acusados a pagar millonarias sumas en concepto de multas, pero el fallo aún no está firme. 

Es por eso que el Tribunal Oral Federal de Corrientes autorizó la subasta pública del Porsche Cayman de Rodríguez, además de un Toyota Coupé 86 y un BMW Z4 que están depositados desde hace ocho años en un predio de Posadas. 

Los vehículos serán entregados ahora a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para el remate. 

Lo obtenido será depositado en un plazo fijo hasta que el fallo quede firme, detallaron los jueces en su resolución. 

Gabriel Real, máximo referente provincial del PDP.

“El Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe expresa profunda preocupación e indignación por los arrebatos judiciales de las últimas horas en nuestro país. No es posible que, ante las profusas pruebas de evasión y lavado de dinero, se decida el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Esto nos sitúa, como país y ante el mundo, como ejemplo de todo lo que no debe ser: la política de privilegios y la corrupción que debilita cualquier sistema republicano”.

“Hotesur y Los Sauces SA eran sociedades de la ex Presidenta de la Nación y está debidamente acreditado que no cumplían con ninguna normativa: no tenían balances, no actualizaban el directorio, no pagaban tasas, no actuaban los organismos de control y tenían un domicilio falso. En escena, involucrados los empresarios contratistas del Estado: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza”.

“Ocupación de habitaciones y salones en los hoteles, alquiler de inmuebles y el supuesto circuito de pago de coimas que es un escándalo. Se presentaron las denuncias respectivas y hubo investigaciones judiciales, que tuvieron la intervención de diferentes fiscales, jueces y camaristas. Se llegó a un procesamiento y, al arribar la causa al Tribunal Oral Federal 5, para el inicio del juicio oral, resuelve que no se van a conocer las pruebas ni que es posible la condena, mediante un juicio”.

“Solicitamos la reacción del fiscal para apelar esta vergüenza nacional. La política y la justicia se dan la mano de la peor manera, dejando al descubierto la falta de independencia de poderes. Evidentemente, parece funcionar la lucha sistemática del Gobierno Nacional para lograr impunidad, cueste lo que cueste. Quienes estamos en un partido político que entiende que la decencia no puede ser una excepción y la corrupción debe ser siempre condenada, venga de quien venga, estamos alertas exigiendo los pasos institucionales correctos. Le pedimos a la sociedad que también esté atenta. Lisandro de la Torre entregó su vida por la lucha contra la corrupción; tantos años después seguimos asistiendo a estas miserias judiciales que retrasan a pasos agigantados el progreso de nuestra Nación”.