Tres magistrados habilitaron la feria judicial de verano para que avancen las causas penales que investigan presuntas maniobras de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión permite que las medidas de prueba sigan tramitándose en enero, a pesar del receso.

La primera de las investigaciones está a cargo del juez federal Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Allí se investigan desvíos de dinero mediante Sur Finanzas y TourProdEnter LLC, empresas vinculadas a Ariel Vallejo y Javier Faroni. La hipótesis es que la AFA intermedió en operaciones de financiamiento y sponsoreo usando fondos de los derechos televisivos del fútbol.

Entre las medidas ordenadas figuran allanamientos en domicilios de Faroni y sedes de la AFA, además del levantamiento del secreto fiscal y financiero. Faroni deberá declarar el 19 de enero.

Otra de las causas habilitadas la lleva el juez penal económico Marcelo Aguinsky. El expediente gira en torno a una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar, registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, aunque se sospecha que el verdadero dueño sería Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La Justicia también investiga 54 vehículos de alta gama asociados al mismo entorno.

Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA, y se tomó testimonio a los pilotos de un helicóptero que aterrizó en el predio. La causa aún discute jurisdicción con el juzgado federal de Campana.

La tercera causa es instruida por el juez Diego Amarante, con impulso del fiscal Claudio Navas Rial. Se investiga una presunta retención indebida de unos 17.000 millones de pesos en aportes previsionales, denunciada por el organismo ARCA. Los imputados son Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal. Con la feria judicial habilitada, las causas seguirán activas durante todo enero.

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la detención del “arrepentido” Leonardo Fariña en el marco de la causa por la “ruta del dinero K”. Ya había sido condenado pero nunca comenzó a purgar la pena. Días atrás lo encontraron en el interior de una financiera del barrio porteño de Belgrano y lo apresaron.

La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Actualmente, Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya le negó la excarcelación en esta investigación.

El "imputado colaborador" en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, estaba beneficiado con libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.

Pero días atrás, volvió a estar en primera plana cuando su foto lo mostraba en el interior de una financiera que quedó bajo investigación de la justicia por presunto lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

"El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación", consideró el juez Costabel.

Fariña aseguró que él no trabaja allí ni es el dueño del lugar, y que estaba en esas oficinas porque había ido ir a "visitar unos amigos". Sin embargo, cayó preso y fue acusado otra vez por lavado de dinero y quedó a disposición de lo que resuelva el juez en lo penal económico Pablo Yadarola. Incluso, cuando fue detenido portaba una tobillera electrónica que le permitía moverse en un rango de 150 kilómetros desde su domicilio.

Pero el fiscal que había acusado al “arrepentido”, Abel Córdoba, consideró que incumplía con las reglas de su libertad y que había peligro de fuga porque él aún tenía los contactos y el dinero para llevarla a cabo si así lo quería y también que podría haber un entorpecimiento de la investigación, todo a partir de su detención en la financiera.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se suma la “expectativa de nuevas condenas” por el juicio del Entrevero, la compra de un campo en Uruguay por la que comenzó hace poco a ser juzgado, y por esta otra causa en el fuero penal económico a raíz de su posible vínculo con la financiera.

Ante esta situación, el juez Costabel consideró que "corresponde revocar la libertad condicional concedida a quien se encuentra detenido en el marco de otro proceso, pues dicha circunstancia impide al encartado cumplir con las condiciones que prevé el art. 13 del Código Penal a efectos de lograr su reinserción social".

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del dinero K. Esta petición se realiza debido a que ya fue detenido en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña fue detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien lo encontró en una financiera del barrio porteño de Belgrano. Se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario, a lo que alegó que no es el propietario de la financiera, sino que estaba allí para visitar a sus amigos, quienes son los dueños.

La detención de Fariña complica su situación en otras causas, como la de la “ruta del dinero K”, donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses, pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que ordene su detención y le haga cumplir la pena.

Fariña estaba en libertad mientras se discutía la ejecución de la condena, que estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido preventivamente en el juicio iniciado recientemente por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, una maniobra por la cual también está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba argumentó que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la “expectativa de nuevas condenas” por los juicios del Entrevero y esta otra causa en el fuero penal económico.

La justicia ordenó realizar distintos peritajes en una computadora de Martín Insaurralde, como así también en dos teléfonos celulares de la modelo Sofía Clerici, quien recientemente lo acompañó en un viaje de placer por España.

El juez federal Ernesto Kreplak solicitó esos informes, que estarán a cargo del personal de Gendarmería Nacional.

En un country de la localidad de San Vicente, en el sur del conurbano, donde el ex intendente de Lomas de Zamora posee algunas propiedades, la policía se llevó una computadora, una tablet y un pendrive.

Asimismo, y en la vivienda de Clerici, ubicada en el barrio privado Nordelta, la policía secuestró dos Iphone, una Macbook, dos Ipad y una notebook, que podrían contener información vital para avanzar en la causa. Durante el mismo allanamiento, las autoridades retuvieron casi 600 mil dólares, 2 millones de pesos y 2.000 pesos uruguayos.

Por otra parte, el magistrado sigue investigando sobre los bienes de Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio, y la propia Clerici, como así también la estadía el ex funcionario bonaerense junto a la modelo en Marbella.

De hecho, envió un exhorto a España para saber quien es el dueño del yate 'Bandido', alquilado por Insaurralde y Clerici para pasar unos días descanso.

Kreplak también está investigando la separación de bienes de Insaurralde y Cirio, quien habría recibido una millonaria suma en dólares tras haberse dictado el divorcio de la pareja.

El viaje con Clerici fue uno de los tantos al exterior que realizó Insaurralde en los últimos tiempos, y que desató un escándalo a pocos días de las elecciones realizadas el mes pasado. De hecho, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pidió la renuncia al ex jefe comunal lomense, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros.

En una sesión que se realizó el martes, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora resolvió prorrogar la licencia de Martín Insaurralde como intendente del municipio, a pesar de estar denunciado e investigado por malversación de fondos públicos a raíz de su viaje a Europa junto a la modelo Sofía Clerici.

El beneficio hacia el ahora ex jefe de Gabinete bonaerense fue acompañado por el oficialismo, pero también por concejales que representan a Juntos por el Cambio, y se extenderá hasta la renovación de autoridades en el distrito, cuando asuma Federico Otermin como nuevo jefe comunal.

Con relación a la investigación, el último avance de la causa tuvo lugar a finales de octubre, con el exhorto del juez federal Ernesto para saber quién alquiló el yate “Bandido” y cómo se pagó la estadía en Marbella de Insaurralde y Clerici.

En primer lugar, el magistrado quiere saber quién es el dueño del lujoso yate y si realmente fue alquilado. Según un sitio especializado, en el mes de septiembre el costo del alquiler rondaba los 8.400 euros por una jornada de ocho horas.

Tras el escándalo, el yate se puso a la venta en James Edition, un sitio web que se dedica a la compra y venta de bienes de lujo, como propiedades, coches, yates, relojes, joyas, aviones y otros artículos. El precio inicial es de USD 4.950.000 millones. En el aviso se destaca que tiene una capacidad de alojamiento de hasta nueve personas, con una suite principal en la cubierta principal y tres camarotes en la cubierta inferior.

El mismo magistrado, antes, había ordenado una serie de allanamientos que se realizaron en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Policía Federal, en las propiedades de Clerici, Insaurralde y de su ex pareja, la conductora de televisión Jésica Cirio.

El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia está imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego de que se acumularon dos denuncias presentadas en los tribunales de Lomas de Zamora. Además de los allanamientos, Kreplak pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV y a una docena de organismos públicos.

Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer país se realizó el viaje que destapó el escándalo y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.

Por otro lado, en los próximos días, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, se ordenará un peritaje sobre los teléfonos de Clerici, lo que podría exponer las últimas conversaciones con el ex jefe de Gabinete provincial.

En la casa del barrio Los Lagos, en Nordelta, la Policía secuestró dos Iphone, una Macbook, dos Ipad, un Ipod con cámara, y una notebook marca Samsung. Esos dispositivos contienen cientos de conversaciones que podrían ser valiosas para la investigación. Un peritaje podría demostrar, entre otras cosas, si hubo una “negociación” entre los protagonistas antes de la publicación de las fotos en Marbella.

En el mencionado allanamiento en la vivienda de Clerici, la Policía Federal secuestró USD 569.911, $2.000.000 y unos 2000 pesos uruguayos. Sobre el dinero, según pudo saber este medio, no se descarta que un tercero, cercano a la modelo, se presente en el expediente para adjudicarse esa fortuna.

De los casi 40 allanamientos realizados a empresas y un grupo de personas de diferentes provincias del país, uno fue ordenado en la localidad de Murphy, siendo la Policía Federal Argentina (PFA) la encargada de desarticular una organización que llevaba a cabo maniobras de contrabando y lavado de activos. De esa manera, habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas. Así, lograron dar con una red de firmas y personas física vinculadas entre sí, las cuales se dedicarían, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y, posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, para darle apariencia lícita.

La investigación comenzó en noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.

Entonces, informaron a la Justicia que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

Red de empresas

Tal organización se encontraba compuesta por al menos 45 personas y 19 empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores, notar que algunas firmas obrantes como exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “Empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Los investigadores pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados en la actividad ilícita, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA, y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. De ese modo, quedó al descubierto una organización criminal, con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, que cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de las personas implicadas y se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.

El juez federal Ariel Lijo decidió enviar a juicio oral a la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, que tiene 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, informaron este lunes fuentes judiciales. Además, dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano, rechazando los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas.

A través de un escrito con más de 400 páginas, en la elevación a juicio se les imputó a los acusados "haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual".

Además, se apuntó que "captaba personas mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el único objetivo de explotar a sus miembros y obtener un beneficio económico".

Y "construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes".

La organización contaba con la que participación de aproximadamente 179 alumnos, repartidos entre sus diversas sedes ubicadas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y en las ciudades de Las Vegas, Chicago y Nueva York, a quienes se le otorgaba un rango.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías, en las que cada número tenía un significado: 4) "el ser humano filosóficamente equilibrado"; 5) "el genio"; 6) "el santo" y 7) "el ángel".

En la cúspide estaba Juan Percowicz, a quien llamaban "el ángel", "maestro" o "papi", y sobre quien los testigos que declararon en la causa dijeron "llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo Dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos", según surge de la causa judicial.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Juan Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix, un monto que no pueden justificar de acuerdo con el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

En ese sentido, el escrito aseguró que se logró probar que los acusados "efectivamente formaban parte de una organización delictiva con rasgos de secta coercitiva".

También que "lograron montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de por lo menos siete alumnas, estructura que les permitía mantener sus abultados gastos, inversiones, compras y viajes".

Además, se verificó que la organización contaba, al menos, con tres ámbitos de captación y despersonalización de nuevos miembros: la "Clínica CMI Abasto", la empresa de coaching "BA Group" y las clases impartidas en el Café de la sede central.

La investigación seinició a raíz de la denuncia realizada por la Protex. en el marco de la Investigación Preliminar Nro. 3540/21, por el funcionamiento de una organización denominada Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80 y que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo, contando también con sedes en los Estados Unidos.

La comisión directiva de Independiente, con el presidente Fabián Doman a la cabeza, oficializó la denuncia contra la gestión de Hugo Moyano por “administración fraudulenta y lavado de activos”. La institución de Avellaneda presentó ante la Justicia federal una denuncia penal contra Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Maldonado, Nazareno Marcollese, Gonzalo Verón, el ex abogado del club José Luis Barredo y las autoridades de la empresa OCA.

Los casos por los que la dirigencia acudió a la Justicia son la compra y el posterior juicio laboral de Gonzalo Verón, el no cobro del sponsoreo de la camiseta a la empresa OCA, la doble intermediación en la llegada del jugador Cecilio Domínguez del América de México y la venta del defensor Nicolás Figal, actualmente en Boca.

La medida había sido anunciada días atrás mediante un comunicado oficial de Independiente: “En el día de la fecha, la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente resolvió por unanimidad facultar al presidente y al secretario general de la entidad a denunciar penalmente a exdirigentes, socios y terceros ajenos a la institución por las irregularidades encontradas en los expedientes judiciales de Gonzalo Verón, el sponsoreo no cobrado de OCA y la venta de los derechos económicos de Jorge Nicolás Figal a la MLS”, indicó el escrito.

Y añadió sobre la condena a pagar 2.332 millones de pesos al ex delantero de San Lorenzo: “En el Caso Verón, el club realizará las apelaciones correspondientes en los diferentes tribunales provinciales para evitar la aplicación y ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Laboral 2 de Avellaneda”.

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente reunida, resuelve por unanimidad: pic.twitter.com/GObf0yurZ6

— C. A. Independiente (@Independiente) March 29, 2023

Además, la denuncia asegura que la dirigencia anterior habría pagado a dos agentes por la misma operación en la compra del atacante paraguayo Cecilio Domínguez y que la venta de Figal se llevó a cabo con un monto inferior al nominal.

Por último, en lo referido al Caso OCA, el objetivo del club es “recuperar el dinero no percibido por uso de la imagen de la institución a través del sponsoreo en la indumentaria”.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

Los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Arena destacó que “es un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad y a delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir al crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que estamos firmando son un paso más, nuevas medidas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

Seguridad: Brilloni pidió al Senado la ley de Emergencia

El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).

Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.

A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales. En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, consideró importante que la provincia pueda acceder a la base de datos que tiene en Registro de la Propiedad Automotor. Anunció que la provincia terminó el proceso licitatorio para la instalación y puesta en funcionamiento de radares para el control vial.

El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.

Con el respaldo de los senadores nacionales, Carolina Losada y Dionisio Scarpin, se pidió la declaración de interés en el Senado de la Nación de la ordenanza municipal de Rosario para la creación de un Sistema de Control Financiero para la prevención del lavado de activos. 

La iniciativa, que tiene como objetivo dotar al gobierno local con una herramienta más para frenar el lavado de activos del narcotráfico y delitos provenientes del comercio ilegal, fue en primer lugar impulsada por el concejal de Juntos por el Cambio y referente de la UCR santafesina, Martín Rosúa. Luego de complementarse con aportes del propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, y otros concejales, el proyecto de Agencia Antilavado fue aprobado el pasado 11 de agosto. 

Ante una situación de violencia urbana inédita en Rosario, Rosúa presentó a principios de año un proyecto para dotar al municipio de una herramienta que le permita actuar con mayor peso y protagonismo frente a los embates de las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico. 

“Buscamos pegarle al narcotráfico donde más le duele, en sus negocios”, explicó Rosúa sobre la ordenanza que pondrá en marcha la agencia que, mediante el entrecruzamiento de datos que posee el Municipio, en convenios con otros organismos provinciales y nacionales, podrá detectar incongruencias entre los patrimonios o bienes de una persona con nula o inexistente actividad económica que lo justifique.  

“Esta ordenanza no solo vino a constituirse en una herramienta más para combatir al narcotráfico, sino que se transformó en la primera norma en su tipo dictada desde un Municipio en la República Argentina”, señaló Carolina Losada, quien confía que, a través de la declaración de interés por parte del Senado, pueda constituirse en un modelo a ser tomado por otras ciudades y localidades en todo el país.  

La crisis en seguridad que vive la provincia de Santa Fe tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, que hace más de 10 años viene padeciendo el flagelo del narcotráfico con una magnitud jamás vista en nuestro país. “La inseguridad es hoy la principal preocupación de los santafesinos, que viven acorralados por el miedo ante la inacción y la falta de un plan, tanto del gobierno provincial como el nacional”, expresó Losada. La senadora viene pidiendo la aprobación de su proyecto para la declaración de “Emergencia en seguridad” para todo el territorio provincial.  

“Mientras el kirchnerismo sólo se encolumna detrás de la ex presidente para solucionar sus problemas con la justicia, en mi provincia los vecinos viven con miedo”. En lo que va del año, Santa Fe registra 287 homicidios, más de 500 heridos, figurando entre los muertos, 22 menores de edad y 45 mujeres. 

“La situación es crítica y la ciudadanía necesita que la dirigencia, en todos sus estratos, trabaje codo a codo para hacerle frente a una situación tan compleja como urgente”, agregó Rosúa, quien detalló que la principal  función de la Agencia Antilavado es el entrecruzamiento de datos ya digitalizados de los distintos entes y registros (Registro automotor, embarcaciones, Registro Propiedad, API, Rosario Digital, etc., con AFIP, MPA y UIF), unificando y relacionando la información suministrada sobre los bienes que posee una persona con sus actividades económicas lícitas y sus antecedentes penales. “Cuando el resultado de la investigación encuentre una situación de incongruencia entre los bienes que posee y sus ingresos económicos, la Agencia elevará un informe al organismo judicial correspondiente. Para combatir al crimen organizado es necesario que todos los poderes del estado, en todos sus niveles, estén alineados”.