La Justicia federal de Lomas de Zamora procesó con prisión preventiva a Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas. El juez Luis Armella la acusó formalmente por el delito de encubrimiento, en el marco de una causa que investiga a la financiera por presunto lavado de activos.

Micaela Sánchez fue procesada por encubrimiento y seguirá detenida.

El fallo se conoció este martes, luego del allanamiento realizado en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, donde Sánchez se encontraba junto a dos choferes. En el procedimiento se incautaron seis celulares, una computadora, documentación y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos acompañantes también fueron procesados, aunque el magistrado les concedió prisión domiciliaria tras el pedido de sus abogados.

El juez Armella ordenó tres allanamientos y secuestró celulares y documentos.

Sur Finanzas pertenece a Ariel Vallejo, un empresario con vínculos directos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La investigación apunta a determinar si desde esta firma se habrían canalizado fondos de origen ilícito vinculados a negocios del fútbol y otros rubros.

Tras el operativo en Turdera, la Justicia ordenó dos nuevos allanamientos: uno en el mismo depósito y otro en el domicilio de Sánchez. Los resultados de esos procedimientos aún no fueron informados públicamente.

El expediente avanza con reserva, pero todo indica que se ampliarán las medidas y que podría haber nuevos imputados en las próximas semanas.

Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo.

Dos mujeres y un hombre fueron condenados a tres años de prisión por la autoría del delito de lavado de activos cometido en Melincué y en otras localidades del sur provincial. Así fue resuelto por el juez Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral y público, en el cual el MPA fue representado por el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial, Matías Merlo.

Las condenadas son Ana Inés Llovera, de 80 años, y Andresa Ramona Baéz, de 47 (de nacionalidad paraguaya), mientras que el hombre condenado es Gustavo David López, de 51. Además de la pena de prisión -que en los tres casos será de cumplimiento condicional-, se les impuso el pago de multas.

Llovera deberá abonar 2.873.462 pesos; Baéz tendrá que pagar 1.437.912 pesos; y la multa impuesta a López es de 4.311.374 pesos.

En su resolución, el juez Baravalle también dispuso el decomiso de dos camiones y de dos acoplados. Asimismo, rechazó los planteos de incompetencia, nulidad e incongruencia que fueron presentados por el abogado defensor.

Merlo detalló que “en este caso, el dinero había sido obtenido por López del facilitación y la explotación económica de la prostitución de mujeres que prestaban y ofertaban sus servicios sexuales en el bar nocturno El Encuentro”. El funcionario del MPA recordó que “el condenado y otro hombre eran los administradores del local comercial”.

“En el debate pudimos demostrar que se configuró el lavado de activos”, remarcó Merlo. “Aportamos pruebas que permitieron establecer con certeza la relación entre las ganancias ilícitas, la explotación sexual de las mujeres y la compra de los bienes para introducirlos en el mercado legal”, añadió.

Merlo se mostró conforme con la decisión de condenar a los acusados. Sin embargo, dijo que “leeremos en profundidad los argumentos del juez para poder sacar conclusiones y analizaremos los pasos a seguir”.

Por último, el fiscal subrayó que “si bien en la provincia hay algún registro de condenas por lavado de activos, habían sido impuestas en procedimientos abreviados, por lo que la del juicio oral y público que finalizó hoy fue la primera por este delito”.