El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los ex fiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un "error histórico" el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de "tortura psicológica" que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como "algo armado" la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.

El magistrado afirmó que los agentes públicos "se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes" y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

Luiz Inácio Lula da Silva. Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters

De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los "sistemas de sobornos" que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro.

La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación y posteriormente la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en 2018 puede haber sido "uno de los mayores errores judiciales en la historia del país".

Lula fue preso en abril de ese año acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

Posteriormente, en 2021, la corte anuló las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria de Jair Bolsonaro en los comicios de ese año.

De esa forma, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2022, que venció con 60 millones de votos, por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

Por su parte, Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.

"Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley", dijo Toffoli en parte de la decisión.

También indicó que la detención de Lula "fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal".

El fallo de este miércoles fue rechazado por Moro, quien dijo que la corrupción durante los gobiernos del PT "fue real".

"La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras", señaló en las redes sociales el exjuez.

"Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia", añadió.

Luiz Inacio Lula da Silva. Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters

Por el contrario, el ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial que deja atrás "una de las páginas oscuras" de la historia del país.

"La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia", manifestó en redes sociales.

"Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos", agregó.

El expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992), fue condenado este miércoles (31.05.2023) por la Corte Suprema a ocho años y diez meses de prisión por corrupción, en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

Collor, de 73 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (4 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de Petrobras.

Por 8 votos contra 2, el Supremo Tribunal Federal (STF) lo halló culpable el jueves pasado por los delitos de corrupción y lavado de dinero y este miércoles dictó su sentencia.

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“La pena total queda fijada en ocho años y diez meses” de prisión, anunció al final del juicio la presidenta del STF, Rosa Weber.

El juez relator del caso, Edson Fachin, había sugerido una pena de hasta 33 años de prisión, pero el tiempo de la sentencia fue reducido por el conjunto de la Corte.

Los hechos “comprobados” en el proceso son “gravísimos” y “retratan el nefasto uso indebido de funciones públicas para promoción personal y patrimonial”, dijo Fachin este miércoles, último día del juicio.

En su voto, Fachin consideró que “el entonces senador se valió de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio de (la filial de Petrobras) BR Distribuidora y crear facilidades para el establecimiento de contratos”, según el sitio oficial del tribunal.

La investigación cayó bajo el paraguas de la megacausa Lava Jato, que salpicó al conjunto de la clase política brasileña desde 2014.

El blanqueo del dinero fue realizado mediante más de 40 depósitos en cuentas a nombre de Collor y en 65 cuentas de empresas de su propiedad.

Su defensa niega las acusaciones.

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Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar (1964-85), Collor renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de desvíos y corrupción.

Sin embargo, su triunfo electoral en 1989, con solo 40 años, frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, había generado muchas expectativas.

Con un discurso inconformista y una imagen jovial, Collor había prometido reformar en profundidad la vida política y social de Brasil, tomando el apodo de “cazador de marajás”, como llamaba a los altos funcionarios de altos sueldos.

Excampeón nacional de karate, aprovechaba su imagen de atleta exitoso.

Pero pronto los brasileños se cansaron. Tras apenas dos años en el poder, renunció luego de que el Congreso abriera un proceso de destitución tras denuncias de corrupción.

Miles de personas salieron a las calles para pedir su salida, en un movimiento impulsado por los “caras pintadas”, jóvenes con los rostros pintados de verde y amarillo, colores de la bandera de Brasil.

Posteriormente, fue acusado en la justicia ordinaria de recibir sobornos a cambio de facilitar contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, pero fue absuelto de los cargos, por falta de pruebas.

Logró volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta el final del año pasado.

En los últimos años, Collor se acercó al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, por quien hizo campaña en 2022, frente a Lula.

Actualmente es miembro del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de centro-derecha.

Desde el regreso de la democracia en Brasil, otros dos expresidentes fueron llevados a prisión, también por corrupción.

Lula estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato, antes de ser liberado por orden de la Corte Suprema.

El expresidente de centroderecha Michel Temer (2016-2018) fue puesto bajo detención preventiva en marzo de 2019, pero fue liberado cuatro días después por un juez de apelaciones.