La Justicia investiga un presunto caso bajo la modalidad conocida popularmente como “viuda negra”, ocurrido durante la noche del 7 de agosto en una vivienda de Villa Cañás. La víctima es un adulto mayor que mantenía un vínculo con la mujer señalada en el expediente.

La investigación fue dirigida por el fiscal coordinador Iván Raposo y desarrollada junto con la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de su equipo de trabajo, quien intervino en el análisis de la evidencia, la definición de las medidas investigativas y la coordinación de las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

A partir de los elementos incorporados al legajo, la Fiscalía dispuso el 14 de agosto la detención de Leticia González. La calificación legal provisoria es robo simple, sin perjuicio de que pueda ser modificada de acuerdo con el avance de la investigación.

La hipótesis fiscal sostiene que la mujer habría aprovechado un momento de distracción para colocar un fármaco con efectos somníferos en la bebida del hombre. Una vez reducida su capacidad de reacción, presuntamente se apoderó de cuatro millones de pesos y siete mil dólares antes de retirarse del domicilio.

Uno de los elementos centrales del caso fue la reacción de la cuidadora del adulto mayor, quien declaró que todas las noches se comunicaba con él para conocer su estado.

Durante la madrugada recibió por WhatsApp un mensaje cuya forma de escritura le resultó inusual. Según explicó, el hombre acostumbraba enviar audios que luego eran transcriptos automáticamente, por lo que le llamó la atención recibir una respuesta escrita y con signos de puntuación.

Ante la falta de nuevas contestaciones, decidió acercarse a la vivienda. Cuando estaba llegando, habría visto retirarse de las inmediaciones a la mujer posteriormente investigada.

Al ingresar encontró puertas abiertas, luces encendidas y al dueño de casa acostado, somnoliento y en un estado que le pareció anormal. Horas después, el hombre sufrió una caída y permaneció durante un tiempo sin poder levantarse.

Finalmente debió ser asistido y trasladado a un sanatorio de Firmat, donde quedó internado con un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración, según lo informado por familiares cercanos a la victima.

La desaparición del dinero fue advertida cuando la familia se preparaba para trasladar al adulto mayor a un centro médico. Al revisar el lugar donde guardaba sus ahorros, comprobaron que faltaban aproximadamente cuatro millones de pesos y siete mil dólares.

Según ese relevamiento, el vehículo de la víctima habría realizado durante la noche un recorrido hasta la cuadra donde reside la sospechosa y luego regresado al domicilio. Las imágenes también ubicarían a una mujer retirándose a pie de la casa del adulto mayor alrededor de las 00.35.

El análisis conjunto de estos elementos permitió al equipo fiscal reconstruir de manera preliminar los movimientos registrados durante la noche y solicitar nuevas medidas destinadas a localizar a la investigada y obtener pruebas vinculadas con el hecho.

Como parte de la investigación coordinada por Raposo y desarrollada junto con Barucca, se solicitó autorización judicial para allanar la vivienda de la mujer.

La medida tenía como objetivo secuestrar teléfonos celulares, medicamentos, psicofármacos o sustancias capaces de provocar somnolencia, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y cualquier otro elemento relacionado con la causa.

La solicitud también menciona un episodio anterior relacionado con cheques que habrían sido sustraídos y utilizados en comercios de Villa Cañás. Ese antecedente integra una de las líneas investigativas, aunque no implica por sí mismo una condena ni permite afirmar responsabilidad penal.

Al referirse al trabajo realizado, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó la intervención del equipo y la importancia de la articulación con el personal policial:

“Desde el primer momento abordamos el caso mediante un trabajo coordinado. La fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante de nuestro equipo, tuvo una intervención relevante en el análisis de la evidencia y en la planificación de las distintas medidas de investigación. La rápida articulación con el personal policial permitió reconstruir preliminarmente lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento de un hecho especialmente delicado por la situación de vulnerabilidad de la víctima”, señaló Raposo.

La causa continúa en etapa de investigación con la "viuda negra" detenida. La acusación y la participación atribuida a la sospechosa son de carácter provisional, por lo que deberá respetarse su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

El Ministerio Público de la Acusación presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual se dispuso para Ernesto David Romero una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, una multa de 10.000 pesos y la declaración de reincidencia, como autor de los delitos de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas, en concurso ideal.

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, y estuvo directamente a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien condujo las medidas investigativas y formalizó el acuerdo de procedimiento abreviado.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de San Eduardo, cuando Romero se presentó en el domicilio de un vecino y comenzó a proferir graves amenazas contra él y su familia. De acuerdo con la investigación, amenazó con incendiar la vivienda con sus ocupantes en el interior y, posteriormente, rompió una botella de vidrio y utilizó uno de sus fragmentos para intentar agredir a la víctima.

Durante el episodio también profirió amenazas de muerte y expresiones de contenido sexual contra integrantes del grupo familiar, al tiempo que realizó exhibiciones obscenas. Cuando arribó el personal policial, el acusado continuó con su comportamiento amenazante y luego se dio a la fuga.

La acusación se sustentó en el acta de procedimiento policial, las denuncias y declaraciones testimoniales de las víctimas, el informe de la Central de Emergencias 911, la inspección ocular, el croquis y las fotografías obtenidas en el lugar, además de los restantes elementos incorporados a la investigación.

A partir de la valoración conjunta de esas evidencias, la fiscal adjunta Larisa Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa, mediante el cual Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal y la pena acordada.

Asimismo, en razón de los antecedentes condenatorios que registraba y de haber cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad, Romero fue declarado reincidente, con las consecuencias legales que ello implica.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó la respuesta brindada desde la unidad especializada y el trabajo investigativo llevado adelante por la fiscal adjunta Barucca, que permitió alcanzar una condena de cumplimiento efectivo frente a un episodio que generó temor y puso en riesgo a todo un grupo familiar.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Brandon Andrés Rodríguez, de 23 años, a una pena única de siete años y seis meses de prisión efectiva por un hurto cometido en un comercio y un violento asalto a una vivienda. El fallo también lo declaró reincidente y dispuso que continúe detenido en una unidad penitenciaria provincial.

La resolución fue adoptada mediante un procedimiento abreviado homologado por la jueza Andrea Cavallero. El acuerdo fue presentado por la fiscal Larisa Barucca y la defensora pública María Cecilia Tosco. El imputado aceptó su responsabilidad y las víctimas expresaron su conformidad con la aplicación de este mecanismo judicial.

Ingreso a un comercio

El primero de los hechos ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:25, en el comercio Burger Club, ubicado en Casey al 200 de Venado Tuerto.

Según quedó establecido en el acuerdo judicial, Rodríguez sustrajo previamente la llave de acceso al negocio a una joven que en ese momento era su pareja. Luego utilizó esa llave para ingresar al establecimiento y apoderarse de aproximadamente 100.000 pesos.

Por este episodio fue considerado autor del delito de hurto calificado.

Asalto en una vivienda

El segundo hecho fue cometido durante la madrugada del 5 de enero de 2026. De acuerdo con la acusación, Rodríguez ingresó junto con otro hombre —que todavía no fue identificado— a una vivienda de calle Belgrano al 1500.

En el interior del inmueble se encontraba un hombre de 68 años. Los asaltantes lo amenazaron con un arma blanca tipo cuchillo y le exigieron la entrega de dinero.

Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 67.600 pesos, documentación personal y otros elementos. Después escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

Rodríguez fue localizado poco después durante un operativo policial realizado en inmediaciones de Avellaneda al 300. Según consta en la causa, estaba oculto detrás de un tapial e intentó escapar cuando advirtió la presencia de los agentes.

Por este episodio fue condenado como coautor de robo calificado por el uso de arma.

La unificación de las penas

Por los dos hechos, la Fiscalía y la Defensa habían acordado una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

Sin embargo, Rodríguez tenía una condena condicional anterior, dictada el 5 de septiembre de 2025. El tribunal resolvió revocar ese beneficio y unificar las dos sanciones, estableciendo una pena única y total de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La jueza también hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y declaró reincidente al condenado.

Para calcular el vencimiento definitivo de la pena deberán contemplarse los períodos en los que Rodríguez estuvo privado de su libertad. El joven permaneció detenido entre el 27 de julio y el 5 de septiembre de 2025, durante un mes y nueve días, y volvió a quedar preso el 5 de enero de 2026.

La Justicia resolvió otorgar un plazo máximo de 60 días para que una familia abandone una vivienda de Villa Cañás, ubicada en calle 61, que había sido ocupada sin autorización de su propietaria. La decisión fue tomada luego de una audiencia en la que se analizó el pedido de desalojo presentado desde el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Larisa Barucca, quien solicitó la restitución del inmueble, con la conformidad de la jueza Andrea Cavallero. El pedido fue aceptado y se estableció un período de tiempo para que la familia pueda encontrar otra alternativa habitacional.

La denuncia

La causa comenzó a partir de la denuncia realizada por la dueña de la propiedad, ubicada en Villa Cañás, quien informó que el inmueble había sido ocupado por una familia.

Según se detalló durante la audiencia, se trata de un grupo familiar conformado por una mujer junto a sus dos hijas mayores de edad. Una de ellas tiene a su cargo dos niños: uno de 10 años y un bebé de un año.

Intervención social

Además de la resolución judicial, se busca articular acciones con el área de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás para acompañar a la familia durante este proceso.

Desde la Justicia se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del grupo familiar y la presencia de menores de edad, por lo que se apunta a que el traslado pueda realizarse con asistencia y contención.

Un nuevo caso

Este episodio representa la segunda situación de características similares registrada en Villa Cañás, según se informó.

La intervención conjunta entre la Justicia y el municipio apunta a garantizar el cumplimiento de la resolución judicial, pero también a brindar herramientas para que la familia pueda acceder a una nueva solución habitacional dentro del plazo establecido.

Nahiara Joselin Fernández, la adolescente de 13 años que era buscada desde este sábado tras ausentarse de su domicilio en Arias, Córdoba, fue localizada en Venado Tuerto. La joven fue hallada en la intersección de las rutas nacionales 8 y 33, identificada por personal policial y puesta a resguardo.

El hallazgo se produjo luego de un intenso trabajo llevado adelante por la policía de la provincia Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación, con las fiscales Larisa Barucca y Mayra Vuletic. Las tareas incluyeron patrullajes en distintos sectores de Venado Tuerto y un allanamiento autorizado por la Justicia.

El operativo en Venado Tuerto

Desde la Comisaría de Arias habían informado a la Comisaría 2° de Venado Tuerto sobre la búsqueda de la adolescente, que había desaparecido de su domicilio en la localidad cordobesa.

Más tarde, desde la Fiscalía de La Carlota se solicitó una medida judicial en Venado Tuerto. El juez Adrián Godoy autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada a personas cercanas a la joven. El procedimiento arrojó resultado negativo, pero los investigadores continuaron con recorridas preventivas y tareas de patrullaje.

En ese marco, Nahiara fue encontrada en la zona de la rotonda de las rutas 8 y 33. Tras ser identificada, quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

El pedido de paradero

La búsqueda había sido difundida este sábado 4 de julio por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y la Policía de Córdoba, luego de activarse el protocolo para intentar establecer el paradero de la adolescente.

Nahiara reside en Arias, en el sudeste de Córdoba, una localidad cercana a Venado Tuerto. Había sido vista por última vez el viernes 3 de julio, alrededor de las 19. La investigación inicial quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky.

La coordinación entre jurisdicciones resultó clave para avanzar con las medidas solicitadas desde Córdoba y sostener los patrullajes en Venado Tuerto hasta dar con la adolescente.

La Justicia dictó la prisión preventiva ordinaria para Juan Ramón P., acusado de haber ingresado a robar a la panadería “Masa Nostra”, situada en San Martín al 100 de Venado Tuerto.

El hecho investigado ocurrió el martes 26 de mayo, alrededor de las 3:38 de la madrugada. De acuerdo con la atribución fiscal, el hombre habría violentado y roto la puerta de blindex del frente del comercio para acceder al interior del local, provocando un daño económico de consideración.

Audiencia imputativa

La audiencia se desarrolló el viernes y estuvo encabezada por la fiscal Larisa Barucca, en representación del Ministerio Público de la Acusación. Por la Defensa Pública intervino la doctora Gisela Figuera.

En ese marco, la Fiscalía le atribuyó al acusado el delito de robo simple en carácter de autor.

Según la investigación, una vez dentro de la panadería, el imputado habría sustraído un teléfono celular Samsung A22 y una suma aproximada de 100.000 pesos que se encontraba en la caja registradora.

Además, la Fiscalía sostuvo que el acusado habría reunido mercadería con el objetivo de sustraerlas, entre ella helados, botellas de gaseosa, tortas y bolsas de pan, que fueron colocadas en bolsas tipo consorcio.

Oculto en el baño

El procedimiento policial concluyó dentro del propio comercio. Según consta en la imputación, el hombre permanecía oculto en el baño de hombres del local cuando fue aprehendido por personal policial.

Tras analizar el planteo fiscal, la jueza tuvo por formulada la atribución delictiva y resolvió imponerle prisión preventiva ordinaria por el plazo de 60 días.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Facundo Ezequiel Cornejo, de 28 años, como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas simples y desobediencia a la autoridad, en concurso real.

El fallo fue dictado tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la fiscal Larisa Barucca, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora pública Antonela Dalzotto, en representación del imputado.

Según consta en la acusación, el hecho investigado ocurrió en inmediaciones de calle Heber Sinclair al 1300, en la ciudad de Venado Tuerto. Allí, Cornejo habría insultado y agraviado verbalmente a sus vecinos, mientras pasaba frente al domicilio de ambos a bordo de una motocicleta junto a otra persona.

Amenazas pese a una prohibición judicial

De acuerdo con la descripción del caso, luego de llegar a su domicilio, el acusado descendió del rodado y se dirigió hacia la vivienda de sus vecinos, donde les manifestó a viva voz que los iba a matar.

La conducta se agravó porque Cornejo tenía vigente una resolución judicial que le prohibía acercarse y mantener contacto con las víctimas, ya sea de manera directa, por intermedio de terceros o por cualquier medio. La medida alcanzaba los lugares de residencia, trabajo y estudio de las personas protegidas.

Por ese motivo, la Fiscalía encuadró la conducta en los delitos de amenazas simples y desobediencia a la autoridad.

La condena y la unificación de penas

En el acuerdo homologado, Cornejo recibió inicialmente una pena de seis meses de prisión efectiva por este nuevo hecho. Además, fue declarado reincidente conforme al artículo 50 del Código Penal.

Sin embargo, el tribunal resolvió unificar esa pena con una condena anterior de tres años de prisión de ejecución condicional, dictada el 2 de julio de 2025. Como consecuencia, se revocó la condicionalidad de esa sanción previa.

Finalmente, la Justicia impuso a Facundo Ezequiel Cornejo una pena única, total y definitiva de tres años y un mes de prisión de ejecución efectiva, con accesorias legales y costas del proceso.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Alexander Bordes a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de una serie de delitos cometidos en distintos puntos de la ciudad. La resolución se dio en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa particular del imputado.

La causa fue impulsada por la fiscal Larisa Barucca, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación.

Hechos delictivos

De acuerdo con la investigación judicial, Bordes fue vinculado a distintos episodios ocurridos entre 2024 y 2025, relacionados con robos, encubrimiento, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

Uno de los hechos atribuidos ocurrió cuando el joven fue interceptado mientras trasladaba una motocicleta Motomel 110cc que había sido robada previamente de una vivienda ubicada en calle Azcuénaga al 2900. El procedimiento tuvo lugar en avenida Chapuis y Valdez, luego de que intentara escapar al advertir la presencia policial.

Otro episodio investigado corresponde al robo de una bicicleta rodado 29. Según consta en la causa, el acusado sustrajo el rodado desde calle Chapuis al 2200 y posteriormente lo abandonó detrás del anfiteatro de Plaza Italia. Más tarde fue detenido en la terminal de ómnibus local.

Robo de motocicleta y herramientas

La investigación también incluyó un hecho ocurrido el 15 de diciembre de 2025 en una vivienda de calle Santa Cruz al 600. Allí, Bordes ingresó al garaje de la propiedad y sustrajo una motocicleta Keller 110 junto con herramientas y otros elementos personales.

Según la acusación, para concretar el robo ejerció violencia sobre el sistema de arranque y la traba del manubrio del vehículo.

Resistencia a la autoridad y violación de domicilio

Horas después de ese episodio, el joven volvió a ser interceptado por personal del Comando Radioeléctrico mientras circulaba con una motocicleta a la par. Al intentar evitar el procedimiento policial, ingresó sin autorización a una vivienda ubicada en Antártida Argentina al 600.

Siempre según la acusación fiscal, el imputado mantuvo una actitud hostil hacia los efectivos policiales, profirió insultos y se resistió físicamente a su aprehensión.

La condena y las reglas de conducta

La conducta de Bordes fue encuadrada judicialmente como autor de los delitos de encubrimiento, hurto en grado de tentativa, robo simple, resistencia a la autoridad y violación de domicilio en concurso real.

Como resultado del acuerdo abreviado, se dispuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir condena efectiva en prisión mientras respete las condiciones impuestas por la Justicia.

Entre las pautas de conducta fijadas se encuentran: