El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, subrayó hoy que, tras la suspensión de retenciones por 90 días anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el sector lácteo se regirá por el tope mensual de 5% del programa Precios Justos, al tiempo que destacó que la actual edición del "dólar agro" se encamina al objetivo de ingresos de divisas por US$ 2.000 millones.

"Esta quita de retenciones, que en principio llega al bolsillo del exportador, se tiene que trasladar en una mejora de precios para el productor, y la otra condición, indispensable e insalvable, es que esto no se traslade a los precios para el consumidor", enfatizó Bahillo en declaraciones radiales.

Consultado sobre cuál será el tope de aumentos comprometido por el sector lácteo, Bahillo confirmó que será "el sendero que plantea (el programa) Precios Justos", es decir, de un máximo del 5% mensual.

Tras una reunión con representantes de la cadena lechera y funcionarios de las provincias productoras en la localidad santafesina de Pilar, Massa anunció ayer la suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos, actualmente gravados en 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca.

Bahillo explicó que la medida responde a dos problemáticas que afronta el sector lácteo.

"Primero está la sequía que vienen padeciendo de los productores desde hace más de un año, que fue la peor sequía de la historia y que pulverizó todo lo que es la disponibilidad de pasto y la oferta forrajera para alimentar a los animales", señaló.

Esto provocó que algunos productores recurrieran a "alimentos balanceados u otros productos, encareciendo los costos de los productores".

El otro elemento es "la fuerte bajante del precio de la leche en polvo a nivel internacional en el último mes".

"Atento a este diagnóstico, el ministro, con buen criterio, habló directamente con los productores, industriales, trabajadores representantes del gremio y los ministros de producción de las provincias; los escuchó, evaluó las alternativas y rápidamente tomó la decisión de suspender las retenciones", valoró el titular de Agricultura.

Además de la quita temporal de las retenciones, Massa anunció un aumento del 20% de la segunda cuota y la extensión hasta fin de año de la segunda edición del programa Impulso Tambero, el cual se implementó con el objetivo de compensar las subas en los costos de producción del sector a raíz de la puesta en marcha de sucesivos Programas de Incremento Exportador (PIE).

La edición vigente destina $20 por litro para aquellos productores que no superen el promedio de 1.500 litros diarios, y $15 por litro para los que producen entre 1.500 y 7.000 litros diarios, con un tope de $800.000 por mes.

"Los tamberos reciben, de acuerdo con la escala, hasta $800.000 y ahora van a recibir hasta $960.000. Esto transmite claramente la voluntad del ministro de fortalecer esas actividades y darles sostenibilidad hasta que la economía de ellos se recomponga", sostuvo Bahillo.

Finalmente, señaló que la actual edición del PIE o "dólar agro" acumuló "alrededor de US$ 1.350 millones de liquidación por más de 3 millones de toneladas".

"El objetivo que nosotros estimábamos es llegar a las 3.800 millones de toneladas y los US$ 2.000 millones. Creo que se va a cumplir el objetivo", sostuvo.

La última edición del PIE que comenzó el 4 de septiembre y que se extenderá sólo durante este mes, establece un esquema cambiario combinado, en el cual lo exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

(Por Juan Manuel Fernández) – La vuelta de los aprietes a empresas alimenticias para intentar controlar los precios en góndola podría integrar una lista de castigos autoinflingidos que mantiene al país en el estancamiento permanente.

Tras el “rumor” sobre una amenaza a las industrias lácteas del Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para que moderen la suba de precio de la materia prima a los productores so pena de cerrarles las exportaciones, el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, afirmó que es la falta de “reglas de juego claras y estables en el tiempo” lo que impide a la Argentina agregar valor a su producción y generar desarrollo económico y humano en el vasto territorio rural que la configura.

“Son rumores, yo también los escuché; no sabría qué hay de verdad”, dijo el industrial, acerca de la intimidación oficial. En cambio, admitió: “lo cierto es que algunas empresas que habían anunciado aumentos hoy están anunciando aumentos menores a los previstos anteriormente”. Concretamente, la versión indica que el 7% de incremento que las usinas habían anticipado a sus proveedores por la materia prima de enero, ahora sería sólo del 4% a raíz del accionar del funcionario.

“No me consta, pero de ser cierto hasta daría para hacer una presentación en la justicia por la gravedad que ello significa”, sostuvo Felippa. A su criterio sería “una barbaridad” que atenta contra el funcionamiento del libre mercado, en “un sector que viene siendo extremadamente castigado, donde todas las medidas que se tomaron últimamente no fueron para beneficiarlo sino al contrario, como el dólar soja”.

Más allá de la coyuntura, al ser consultado sobre las razones que mantienen a la producción láctea nacional casi en los mismos litros de leche al año de hace 25 años, el industrial hizo un análisis que concluyó en la necesidad de establecer “una agenda de competitividad” que permita superar la matriz primaria de exportaciones. Vale decir, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que en 2022 se produjeron 11.700 millones de litros, mientras en el pico de la década de los 90 fueron 10.329 millones en 1999.

“No es sólo cuestión de volumen o escala, sino de productividad; relacionado muchas veces a la gestión y el manejo” dentro de las empresas, sostuvo. Y remarcó que se mantiene el nivel de producción, pero con la mitad de los tambos, por lo que hubo “un incremento importante de la productividad”. Sobre este aspecto, remarcó que el promedio de los tambos en Argentina ronda los 7.500 litros de leche por hectárea al año. Pero mientras algunos alcanzan los 15.000, “alambrado de por medio” otro puede estar en 3.500/4.000.

Al margen de la eficiencia con que se produce, si hubiera un volumen mayor -además de abaratar el producto en el mercado interno- podría suponerse que sería posible incrementar exportaciones para hacer crecer al sector. Pero no es tan sencillo.

“Como sector deberíamos tener una agenda de competitividad” dijo Felippa. Porque, por ejemplo, cuando hay saldos exportables importantes, “terminan significando situaciones de crisis para el sector” que, al no tener un mercado externo robusto, satura el doméstico y le baja el precio al productor.

“No se puede hoy tener el 9% de DEX para leche en polvo y 4.5% en quesos, en productos de similar valor agregado con el 100% de diferencia; no resiste ningún razonamiento lógico”, graficó.

También mencionó que, aún con los granos caros por la guerra en Europa, “se tomaron medidas que lejos de amortiguar eso, las han agravado como el dólar soja I y II”. Y si bien luego hubo una compensación, abarca al 75% de los productores, pero “significa el 35% de la leche”. En definitiva, “aspectos que no ayudan a darle previsibilidad a la actividad”.

¿Y quienes deberían implementar esa “agenda de competitividad” y en qué consistiría? Felippa valoró el ejemplo de FunPel (Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina), donde conviven y trabajan organizaciones de productores e industriales, más organismos técnicos del Estado.

Pero allí no están representados los resortes del poder, por lo cual consideró que se debería sumar “a los gobiernos nacional y provinciales”. No ya para debatir impuestos, sino para atender necesidades más urgentes: “ver qué se hace en materia de infraestructura, porque tenemos los mismos caminos de hace 100 años, pero en vez de carros con caballos hoy los usan camiones cargados; o la falta de conectividad”.

Según el industrial, son “un montón de aspectos; si pretendemos que la gente viva en el campo, tienen que tener viviendas dignas, buenos caminos, y no puede ser que cuando llueva un poco más de lo normal no solo no se puede sacar la producción, sino que los chicos o los maestros no pueden llegar a la escuela”. En resumen: “no podemos pretender ser un país desarrollado cuando no podemos resolver esas cuestiones que son básicas”.