(Por María José Valdéz e Ilenana Hotschewer) - El 20° Congreso Internacional de Fopea fue un punto de encuentro para pensar el periodismo en tiempos de hiperconexión, automatización y producción acelerada de contenidos. Entre las charlas más comentadas estuvo la que compartieron Gustavo Grabia e Hernán Lascano, bajo el eje “De la política al estrado: el expediente como noticia”.

Después de su exposición, Grabia conversó con este medio y profundizó sobre la relación entre el periodismo judicial y el territorio. Su mirada fue directa: “Se ha perdido la costumbre de salir a la calle a buscar la noticia”.

Grabia no se refiere solamente a ir a juzgados, comisarías o fiscalías. Para él, la calle es el espacio donde los hechos adquieren textura, contexto y humanidad. Es el lugar donde la información deja de ser archivo y vuelve a ser experiencia.

“Estamos acostumbrados a la virtualidad y al mensaje por whatsapp. Pero ir al lugar de los hechos cambia completamente la mirada”, señaló.

Durante la charla, Grabia recordó una anécdota de sus primeros años en Clarín, que sintetiza su concepción del oficio.

“Cuando pusieron la tarjeta de entrada, me decían que estaba poco en la redacción”, contó. “Un día el director me llamó y me dijo que no estaba cumpliendo las siete horas. Y yo le contesté: preocúpate cuando me veas siete horas acá adentro. Porque eso significa que no voy a traerte ninguna nota de verdad”.

Grabia destacó la importancia de “volver a la calle” como práctica profesional.

Para Grabia, el riesgo de producir periodismo desde la comodidad de la pantalla es evidente: la información se vuelve repetición, y la agenda se uniforma. “Si estoy sentado mirando lo que pasa en la televisión o en redes, voy a terminar contando lo mismo que cuentan otros”, dijo.

El periodismo judicial carga con el mito de que la información se encuentra únicamente en manos de jueces y fiscales. Grabia desarma esa idea: “La fuente no es solo quien lleva la causa. El expediente lo ven muchas personas. Hay abogados, defensores, investigadores, empleados. El acceso es más amplio de lo que se cree”.

Sin embargo, también advierte sobre los límites éticos. “Cuando una causa está bajo secreto de sumario, solo la conocen el fiscal y el juez. Y ahí es donde entra la responsabilidad del periodista. Aunque uno tenga información, debe preguntarse si publicarla entorpece la investigación o afecta a víctimas”.

La noción de responsabilidad aparece como un tema central. No se trata solo de contar. Se trata de comprender la dimensión del daño posible. “No todo lo que se sabe debe publicarse. Ese límite lo define el criterio, y el criterio se construye con experiencia”.

Grabia lleva años investigando episodios vinculados a barras bravas y violencia en el fútbol argentino. Es autor de libros que se han convertido en referencia para entender este fenómeno social y cultural. Pero, aun con trayectoria, reconoce que hay casos que lo marcaron.

“No está bien decir que uno le toma cariño a una causa, pero pasa. Sobre todo cuando la víctima no tenía nada que ver con lo que ocurrió. Cuando alguien muere porque estaba cerca, porque pasaba por ahí. En esos casos, el vínculo con la familia te cambia”.

Esa conexión, dice, también moldea la escritura. La precisión se vuelve una forma de respeto. La distancia entre investigación y empatía se vuelve delgada. Y la humanidad debe pesar más que la primicia.

El reciente episodio violento ocurrido en el partido entre Independiente y la selección de Chile volvió a abrir la conversación sobre el rol de las barras y la cultura futbolera.

Para Grabia, nada ocurre de manera espontánea. “Para que algo así pase, se tienen que conectar varias redes neurales. Y ese día se conectaron todas mal”.

El panel abordó la relación entre el expediente judicial, las fuentes y la responsabilidad periodística.

Explicó que todo comenzó con la provocación desde la tribuna visitante, pero la respuesta escaló a niveles extremos por la interacción entre distintos actores: hinchas, barras, fuerzas de seguridad y autoridades del estadio.

“No fue solo la barra. Parte del estadio alentó que fueran a enfrentarse. Y después hubo facilidades internas para que eso sucediera. Hubo puertas que se abrieron. Hubo policías que miraron hacia otro lado”.

Grabia sostiene que la violencia en el fútbol persiste porque es un fenómeno culturalmente aceptado. “No hablo de todos, pero sí de buena parte del hincha argentino, que cree que la barra ‘defiende los colores’. Está metido en el imaginario”.

Por eso, modificar esa lógica requiere más que reforzar controles. Requiere discutir el sentido mismo de pertenencia y rivalidad en el fútbol.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe estableció nuevas reglas para la interposición de demandas y contestaciones ante los juzgados, con el propósito de agilizar los trámites procesales y reducir los tiempos de respuesta.

A partir del 1 de noviembre de 2025, todas las demandas que se inicien ante órganos jurisdiccionales de primera instancia, como así también las contestaciones a las mismas, deberán ajustarse a una extensión máxima de cuarenta páginas, con veintiséis renglones y letra claramente legible (no menor a tamaño de 12 puntos).

Los escritos no deberán exceder las 40 páginas. Archivo El Litoral.

La decisión fue adoptada mediante Acta Acuerdo N° 39, Punto 10, firmada por el presidente Roberto Falistocco y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, actuales integrantes del cuerpo.

La medida se inscribe en una línea de trabajo que la Corte viene desarrollando desde hace varios años, con hitos como el “Inicio Electrónico de Demandas” y la “Presentación Electrónica de Escritos”, ambos ampliamente aceptados por la judicatura y el foro de abogados.

La resolución fue firmada por el presidente Roberto Falistocco y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, actuales integrantes del cuerpo. Archivo El Litoral.

En esta oportunidad, se refuerza el criterio de evitar la mera transposición del formato papel al digital, promoviendo en cambio una lógica de gestión que optimice tiempos procesales y eleve los índices de respuesta del sistema judicial.

“Esta inteligencia requiere de un esfuerzo conjunto en el diseño de un nuevo escenario de trabajo, que nos interpela a todos: jueces, funcionarios, agentes, abogados, peritos y demás usuarios”, señala el texto del acuerdo.

Además, se establece que los escritos que no cumplan con los requisitos formales serán intimados a subsanarse en el plazo de dos días hábiles. De no hacerlo, se tendrán por no presentados y se ordenará su devolución sin otro trámite.

La Corte también reiteró la vigencia de los lineamientos sobre presentación de prueba documental, recordando que, salvo casos excepcionales, los profesionales deberán describir expresamente los elementos probatorios ofrecidos, los cuales serán requeridos por la magistratura en la etapa procesal correspondiente.

La medida apuesta a agilizar trámites y mejorar los plazos de respuesta en los juzgados de primera instancia. Flavio Raina

Esta nueva reglamentación pretende consolidar un modelo de litigación digital que busca dejar atrás “viejos arquetipos que no comulgan con los actuales estándares de funcionamiento”, aclara el texto firmado por los ministros de la Corte.

Con el inicio del mes de octubre, los juzgados de Circuito de los tribunales de las ciudades Santa Fe y de Rosario se transformaron en juzgados de Distrito, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Ley N° 14.264 sancionada, a instancias del Poder Ejecutivo, en mayo del año pasado. Fue la llamada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.

La mencionada norma tiene un alcance muy amplio, ya que introduce una reforma estructural en el Poder Judicial al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 10160) y el Código Procesal Civil y Comercial (Ley N° 5531). Los alcances principales se centran en la reorganización de los tribunales y la modificación de distintos aspectos procesales.

"Es la puesta en marcha de la tercera etapa de la implementación de la norma" señaló a El Litoral, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Esa ley tiene 53 artículos y prevé la progresiva entrada en vigencia de las nuevas disposiciones.

Secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni Créditos: Flavio Raina

La Corte Suprema de Justicia informó de la transformación de los juzgados de Circuito en Distrito así como de que las nuevas causas de índole sucesoria ingresarán a un juzgado con competencia exclusiva en la materia. En tanto, las Oficinas de Procesos Sucesorios quedaron asignadas a un juzgado de distrito único. Las modificaciones fueron dispuestas en la menciona norma jurídica.

Mascheroni recordó que la Ley N° 14.264 tuvo como eje tres reformas estructurales que implicaron tres pasos o tres etapas. La primera fue convertir los tribunales Colegiados de Familia y Responsabilidad Extracontractual en unipersonales, puesto ya en práctica y que incluso en la última Asamblea Legislativa se votaron tres pliegos para que subrogantes ocupen otros tantos juzgados vacantes.

La segunda etapa fue la transformación de las Cámaras de Apelación de Circuito de las dos principales ciudades en Cámaras de Apelación Civil y Comercial. La tercera es el actual paso de Circuito a Distrito que se completará de acá a diciembre en el resto de la provincia.

En el comunicado difundido ayer, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hizo saber que, desde el miércoles 1 de octubre, los juzgados de Primera Instancia de Circuito de los Distritos Judiciales n.° 1 y 2 (Santa Fe y Rosario) comienzan a funcionar como juzgados de Primera Instancia de Distrito de conformidad a lo dispuesto por la Ley 14.264.

Se precisó que de esta forma, en el Distrito Judicial n.° 1 – Santa Fe- los juzgados de Primera Instancia de Circuito n.° 1, 2, y 3 pasan a ser Juzgados de Distrito en lo Civil y Comercial n.°12, 13 y 14.

En el Distrito Judicial n.° 2 – Rosario- los Juzgados de Primera Instancia de Circuito 1, 2, 3 y 5, pasan a denominarse juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial n.°19, 20, 21 y 22.

La de los tribunales en la capital santafesina. Foto: Flavio Raina.

Asimismo, la Corte Suprema informó que en miras a reforzar estructuras y con el fin de optimizar los actuales procesos de gestión judicial, desde esta semana, las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y Rosario comenzaron a funcionar asignadas a un solo juzgado Civil y Comercial de cada distrito.

Estos Juzgados de Distrito – tanto en Santa Fe como en Rosario- atenderán todas las causas referentes a "Juicios Sucesorios" que ingresen por las Mesas de Entradas Únicas (MEU) de estos distritos.

Se precisó que serán asignadas esas funciones en Santa Fe, al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial n.° 13.

En el Poder Ejecutivo se señaló que la Ley 14.264 busca una readecuación y modernización del sistema judicial civil, comercial y de familia en Santa Fe, con un impacto significativo en la competencia, la organización de los jueces y la tramitación de los recursos judiciales.

El Poder Judicial santafesino espera contar con el trámite de expediente digital en todo el ámbito del derecho privado para fines de este año y está en condiciones de incorporar de esa manera a todos los entes que puedan estar vinculados a cada uno de los procesos. También prevé llegar con la oralidad en los procedimientos a todos los juzgados civiles y comerciales. A la vez, propone al Poder Ejecutivo trabajar en la implementación de un sistema informático único e integrado en todos los ámbitos del derecho penal, cosa que actualmente no existe, lo que "atenta contra los deseables niveles de eficacia, eficiencia y seguridad que se esperan de esta compleja y delicada área del mundo judicial".

Estas cuestiones fueron planteadas en el marco del relevamiento de avances y necesidades de la prestación del servicio de justicia que formuló el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, en el marco del acto de apertura del año judicial.

Lo hizo al dar cuenta del curso del proyecto integral de informatización del Poder Judicial que está en marcha desde hace varios años, y cobró marcado incluso en el contexto de la pandemia. Y que, según el magistrado, introdujo cambios que "han tenido una profunda aceptación en el marco de la comunidad jurídica santafesina", a la vez que se sostiene y desenvuelve de manera sostenida.

Esto es así a tal punto que permitió a Gutiérrez asegurar que "el expediente digital hoy en día ya es una realidad". Y es como resultado de un proceso implementación iniciado en 2022 con los expedientes que tramitan en toda la provincia por parte de la Administración Provincial de Impuestos y las municipalidades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, en el marco de las ejecuciones fiscales.

Crédito: Gentileza Poder Judicial.

A la vez, fueron incorporados los procesos en trámite en las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y Rosario. Luego de que más de 3500 declaratorias de herederos se tramitasen de manera enteramente digital (con un promedio de tres meses entre el inicio y el dictado de la sentencia), se avanzó en otra materias. Así es como fueron incluidos expedientes de Violencia Familiar; del Plan Piloto de Oralidad Civil -tanto en los fueros de Distrito como de Circuito-, de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales en el fuero Laboral, de Daños en materia de Responsabilidad Extracontractual; y en lo que hace a la instancia revisora, a los Recursos de Queja que se interponen por ante las Cámaras y la propia Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la Corte dio cuenta en su discurso de que, a la fecha, hay más de 340 mil expedientes digitales, y que la modalidad digital llegó de una manera u otra a todos los tribunales de la provincia. La idea es que antes del fin de 2024 se haya llegado a la implementación global del proyecto.

"Esto quiere decir que, Dios mediante, y con un laborioso camino por delante, al finalizar el 2024, todo el ámbito del Derecho Privado santafesino estará enmarcado en un nuevo formato de trabajo, mucho más ágil y dinámico; lo cual sin lugar a dudas, marcará un beneficioso punto de partida para la labor diaria de todos los operadores del servicio judicial", enunció Gutiérrez. A la vez, puso de resalto que este diseño de trabajo "generó nuevos esquemas de gestionamiento de las unidades jurisdiccionales, las cuales debieron adaptar y refuncionalizar tareas".

En este punto se refería, entre otras cosas, a dos medidas concretas y mensurables: la ampliación de la capacidad de los archivos informáticos en los que sean presentadas demandas y contestaciones de demandas al doble de la capacidad actual; y la extensión del horario de presentación electrónica de escritos en el sistema de gestión Sisfe, que quedó habilitado de lunes a viernes en horario matutino y vespertino.

Crédito: Gentileza Poder Judicial.

Luego de la firma de más de 30 convenios con diferentes entidades públicas y privadas, para que puedan ingresar en el sistema de gestión y vincularse como una parte más del proceso a través de firmas digitales, esta posibilidad ya está abierta parta todos los entes que vayan a tener intervención en alguno "con la seguridad y resguardo que otorga el uso de servidores propios y la tecnología de firma digital, de la cual este Poder Judicial reviste la calidad de Autoridad Certificante", remarcó el presidente de la Corte en su discurso.

Pasando la cuestión a cifras concretas, hasta el año pasado se presentaron en toda la provincia un total de 580.000 demandas y más de 9.200.000 escritos digitales mediante el sistema de Autoconsulta – SISFE.

Gutiérrez también dio cuenta en su alocución de la intención de extender la oralidad efectiva a todos los juzgados del fuero civil y comercial de la Provincia (actualmente, funciona en varios de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Rafaela). "Hemos comprobado cabalmente los beneficios que traen aparejados la tramitación de causas en el mundo del derecho privado bajo esta modalidad, con su consecuente acotamiento de plazos y disminución de incidencias procesales. A tales fines, estaremos dotando de modernas salas de oralidad al resto de los órganos que así lo requieran, para trazar una implementación progresiva y escalonada", aseguró.

En el mismo plano, mencionó que se avanza con el fortalecimiento de elementos de conectividad e informatización a una nueva tanda de Juzgados Comunitarios de las Pequeñas Causas. Esta decisión se basa en lo dispuesto por el Alto Tribunal el año pasado, cuando por primera vez se proveyó de equipos informáticos, firma digital y conexión a internet a más de 40 de estos juzgados.

Con todo, en un significativo segmento del discurso, Gutiérrez apuntó a que, en esta materia, "en el mundo del derecho penal el panorama no se replica de igual forma. Conforme manifestaciones de los propios usuarios, esto es, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y los Colegios de Jueces, la carencia de un sistema único e integrado que cuente con la totalidad de las funcionalidades requeridas por cada sector, atenta contra los deseables niveles de eficacia, eficiencia y seguridad que se esperan de esta compleja y delicada área del mundo judicial".

Se trata de un problema de antiguo arrastre, en atención al modo en que se resolvió la cuestión en el momento de implementar el nuevo sistema procesal penal, 10 años atrás, y que ya había generado desacuerdos y discusiones en ese momento. En atención a eso, Gutiérrez propuso al Poder Ejecutivo arribar a un acuerdo para impulsar el desarrollo e implementación de un nuevo sistema, "que satisfaga los requerimientos actuales de todas las partes que hacen a la tramitación de las causas penales, en pos de un moderno sistema informático que de sostén e información de calidad a Fiscales, Defensores y Magistrados".

"Las tecnologías de la información en el mundo que vivimos son cada vez más cambiantes y vertiginosas. Es nuestro deber como cabeza del Poder Judicial, saber aprovechar su uso y darle el mejor destino posible para el beneficio de nuestros ciudadanos", remató el presidente de la Corte.

El procedimiento oral ya se encuentra en funcionamiento en Santa Fe y Rosario, (Civil y Comercial/Circuito) Solo Rosario

Distrito 6 (Civil y Comercial/Circuito)

Distrito 7 (Civil y Comercial/ Circuito)

Distrito 12 (Civil y Comercial/Circuito)

Distrito 14 (Civil y Comercial/Circuito)

Venado Tuerto

Distrito 3 (Civil y Comercial y circuito) Solo Venado

Reconquista: Distrito 4 (Civil y Comercial y Circuito) Solo Reconquista

Distrito 13 (Civil y Comercial y circuito)

Rafaela (Distrito 5)

Civil y Comercial y Circuito. Solo Rafaela

Falta para este año a poner en funcionamiento: Distrito San Jorge, San Javier, Esperanza, San justo, Melincué, firmat, Rufino, Villa Ocampo, San Cristóbal, Ceres, Tostado.

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto el nombramiento de 13 secretarios de juzgados comunales, efectuado en el último tramo de la gestión de Omar Perotti, y que ya habían sido oportunamente comunicados a la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, ya antes de asumir en el cargo, el ministro de Gobierno Fabián Bastia había solicitado expresamente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que no tomase juramento a los funcionarios, por entender “que fueron designados fuera de tiempo y sin cumplir ningún marco legal”.

Para Bastia, según sostuvo oportunamente, “las designaciones realizadas por Perotti para la Justicia viola el régimen legal vigente” y queda claro que “en el fondo apuntan a crear cargos para militantes, allegados o actuales funcionarios”.

Entre otros cuestionamientos, señaló que las designaciones se daban en un plazo que la ley prohíbe: la legislación establece que en los dos últimos trimestres previos al cambio de gobierno -es decir desde el 10 de junio-, queda prohibido cualquier incremento permanente de gasto corriente, y estos nombramientos ocurrieron en septiembre.

La decisión de dejar sin efecto el decreto 2056/2023 se produjo para anticiparse a la eventualidad de que los designados prestasen juramento en la Corte, como estaba previsto. La norma, fechada el viernes 8 de septiembre, designaba secretarios y secretarias en 13 juzgados comunitarios de pequeñas causas, en diversas localidades santafesinas, y que dependen del Ministerio de Justicia. Según se advirtió, en varios casos se desempeñaron como personal político en la gestión anterior.

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

Según la información recogida por Parlamentario.com, la reunión fue convocada para el próximo miércoles 22 a las 10, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Dicho informe estimó ese costo en $1.106 millones anuales, aproximadamente.

La amenaza a Messi activó en el Congreso el tratamiento de los juzgados para Santa Fe

Si se siguen los plazos establecidos y se obtiene el dictamen de la tercera comisión de la Cámara baja, el proyecto de ley podría ser tratado en el recinto de sesiones el próximo 28 de marzo.

El cualquier caso, como ya anticiparon legisladores de ambas càmaras, la aprobación de la ley no va a significar una solución inmediata a la crisis de inseguridad en Rosario, pero si va a constituir una herramienta fundamental en el abordaje de las causas de narcotráfico que -coinciden- son las que alientan buena parte de los hechos de violencia que enlutan a esa ciudad.

El proyecto de ley, que impulsan legisladoras y legisladores de distintos signos políticos, es el resultado de la convocatoria que se realizó en mayo de 2022 en la Universidad Nacional de Rosario donde asistieron autoridades de los tres poderes del Estado para analizar estrategias que permitan abordar la grave crisis de inseguridad en la ciudad del sur; escenario que se volvió aún más complejo en los últimos meses.

Los principales puntos que impulsa son:

– La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Orciani y Ciancio insisten en la creación de más juzgados para Santa Fe 

– La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

– La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

– La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

– La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.

Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.

Aníbal Fernández expondrá en Diputados sobre la crisis de seguridad en Rosario

A todo esto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal del proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe será de $1.106 millones anuales, aproximadamente.

El informe señala que “las erogaciones en personal se estiman en $1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.

“Esta estimación no contempla los gastos que demandaría la eventual aprobación del proyecto, vinculados a los organismos que se conformarán a partir de lo dispuesto: la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, gastos de limpieza, entre otros) y de inversión (oficina, mobiliario, equipos informáticos, equipos de comunicaciones, entre otros) que pudieran generarse”, se subrayó.

“A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación tributan el Impuesto a las Ganancias. Se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad al 2017 por lo que estarían alcanzados por el impuesto”, agrega.

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se convirtió en ley el proyecto impulsado por la diputada Georgina Orciani para la creación de un Juzgado Laboral y un Juzgado de Familia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto. “Es una gran noticia para todos los trabajadores que esperan una justicia más cercana y por otro lado se acelerarán todos los procesos para las familias, desde divorcios hasta casos de violencia de género”, celebró la legisladora radical.

El proyecto tuvo media sanción en agosto de 2020 y pasó a la Cámara de Senadores, donde con algunas modificaciones volvió a Diputados para convertirse en ley. Gracias a esta iniciativa de la legisladora radical se creará un nuevo Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral y otro de Familia en el Distrito Judicial Nº 3 de la provincia con sede en Venado Tuerto, ampliando la respuesta de la justicia para todo el sur santafesino.

En cuanto al proyecto, Orciani destacó que existe “una necesidad imperiosa” de contar con estos dos juzgados más para administrar los procesos judiciales que están vinculados a la problemática del mundo laboral ya que ingresan más de 2000 causas nuevas por año como así también a todos los procesos vinculados con la Familia. “Cuando el derecho llega tarde se vuelve ilusorio y deja de ser justo. A esto se agregan muchos trámites administrativos, traslados entre partes, audiencias, constataciones; generando grandes dificultades en el acceso a la justicia de los ciudadanos en un área tan vulnerable como son los derechos de los trabajadores”, explicó la diputada radical. Asimismo, destacó que la creación de un nuevo Juzgado de Familia permitirá agilizar trámites como divorcios, cuotas alimentarias, cuidado personal, regímenes de comunicación y casos de violencia de género. “Va a ser más ágil y eficiente –aportó-, y brindará soluciones concretas a problemas urgentes”.

Venado Tuerto es un importante polo de desarrollo en el Departamento General López –región del sur santafesino donde viven cerca de 200 mil habitantes- que concentra una importante cantidad de personas en relación de dependencia dada la densidad poblacional de todo el sur santafesino. “Con la sanción de este proyecto daríamos respuesta a esta gran necesidad, dejando atrás la actual demora en la gestión de las causas y, fundamentalmente, resguardando derechos de jerarquía constitucional y convencional. Sabemos que los procesos laborales tienen características particulares, por eso este avance viene a descomprimir la situación”, amplió la legisladora, quien mencionó el impacto negativo de la pandemia del coronavirus en el mundo del trabajo: “Aumentaron los despidos y las desvinculaciones laborales debido a la fuerte crisis generada por el parate de muchas actividades. Un nuevo juzgado también agilizará la situación de estos trabajadores que perdieron el empleo”.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados regional.

Este viernes 14, a las 10.30, concurrirá al Concejo Municipal el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, en respuesta a la Resolución N° 5265 del 14 de abril último, que le solicitó “una reunión a la brevedad con este cuerpo legislativo a los efectos de que nos brinde información” sobre una serie de planteos que los abogados vienen realizando a través de los medios de comunicación locales y regionales, ante lo que consideran un virtual “colapso del sistema de justicia” en la ciudad.

Según adelantó Turcato a este portal, aprovechará la oportunidad para reflejar ante los ediles la preocupación del Colegio de Abogados por la demora en el nombramiento de nuevos magistrados en juzgados estratégicos como Familia, Laboral y Circuito. Cabe acotar que en el primero de ellos la Provincia llamó a concurso para designar el nuevo juez tras la jubilación de la anterior titular del cargo (Nancy Grasso), pero los otros organismos continúan desprovistos de jueces.

También se hará hincapié en la grave e insostenible situación de tener a los dos jueces en lo Civil y Comercial (María Celeste Rosso y Gabriel Carlini) tomando a su cargo las actuaciones en los tres juzgados acéfalos, con la consiguiente sobrecarga para ellos y, por supuesto, la acumulación de causas que afecta el servicio de justicia que el Estado provincial debe proveer a los ciudadanos y además perjudica la actividad profesional de los abogados.

Con esta presentación en el Concejo, el Colegio de Abogados buscará una mayor resonancia política y mediática para los reclamos que ya hizo en sendas ocasiones, primero en forma personal y luego por nota, ante el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, para que se normalice cuanto antes esta situación irregular en la ciudad.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, Turcato adelantó a Sur24 que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó, admitiendo que los clientes se disgustan con los abogados ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto se suman las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y disminución de personal judicial disponible por los protocolos sanitarios.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial reina la decepción ante la falta de respuesta a las solicitudes de cobertura de vacantes en juzgados neurálgicos de Venado Tuerto, entre otras peticiones desatendidas hasta el momento. Con notoria preocupación, el máximo referente de los colegiados, Alberto Turcato, puntualizó que así como lo hizo dos meses atrás en forma personal, el martes 6 del corriente envió sendas notas al secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, expresando “nuestra fuerte inquietud respecto de la configuración y estado de situación relacionado con los distintos juzgados de esta 3° Circunscripción y sus vacancias provisorias y definitivas, en los cuales en el día de ayer (5/4/21) ha podido verificarse la presencia efectiva de dos jueces a cargo de los ocho juzgados de toda la Circunscripción”.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“En febrero último, apenas se reanudó la actividad judicial, el presidente de la Cámara de Apelación en lo Comercial, Civil y Laboral, Juan Ignacio Prola, me comunicó la compleja situación que atravesaban el Juzgado de Circuito, a cargo del doctor Vicente Militello, y el Juzgado Laboral, en manos del doctor Jorge Verna, que por razones de salud no se reintegraron luego de la feria. Además, la doctora Nancy Grasso, en virtud de su jubilación, tampoco está en funciones”, describió Turcato.

También señaló el directivo en dichos escritos que “esta situación ha venido motivando una serie de presentaciones, entrevistas personales y un cúmulo de tramitaciones destinadas a resolver y paliar estos hechos, tanto ante esa Secretaría de Justicia, como ante la propia Corte Suprema, pero más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

Por estos días los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo cubren sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino también el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito, “con el agravante de que el de Familia y el Laboral son los más saturados por el mayor caudal de trabajo”, acentuó. Para más datos, ambos jueces debieron asumir por unos días las funciones del juez de Rufino, Luis Cignoli, quien dio positivo de Covid-19 y recién se reintegró en la víspera.

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“… más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

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“Tanto Rosso como Carlini, al igual que sus colaboradores, están muy sobrecargados y esto coloca el sistema al borde del colapso”, reforzó el ex concejal venadense. “Jamás dudamos de la buena voluntad ni de la capacidad de trabajo de estos jueces, pero humanamente hay un límite, y es esperable que en breve sobrevengan demoras que no sólo perjudicarán nuestra tarea profesional como abogados, y por lo tanto nuestra fuente de ingresos, sino también, que es lo más importante, se lesionarán los derechos de los justiciables”, remarcó.

En cuanto a los necesarios reemplazos transitorios de Militello y Verna, el dirigente cuestionó que la actual ley de subrogancias no contribuye a un trámite expeditivo para facilitar esas suplencias. Y con igual énfasis reprochó que aún no se haya llamado a concurso para cubrir el cargo de juez de Familia, pese a que desde hace largo tiempo se sabía que Grasso dejaría ese rol para acogerse al beneficio jubilatorio.

Al respecto, en el texto remitido al secretario de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualiza que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas, que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder de alguna manera definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.

Asimismo, Turcato recordó que en la Circunscripción hay dos juzgados creados por ley, uno de Familia y otro Laboral, esenciales para reforzar la estructura existente, “pero faltan las partidas presupuestarias”, lamentó. “Y ni siquiera están contempladas esas asignaciones para este año”, añadió, aunque lejos de resignarse, volvió a reclamar en tal sentido ante los funcionarios provinciales y judiciales: “No exigimos que sea inmediato, pero sí que se inicie el proceso, pues un concurso suele demandar meses, y más aún la instalación de un nuevo juzgado”, completó.

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