En una audiencia realizada este lunes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, homologó acuerdos abreviados y condenó a dos imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva que, al unificarse con una pena anterior, alcanza los 18 años de cumplimiento efectivo, además de multa, inhabilitación absoluta y costas judiciales.

El otro acusado, Mauro Gastón M., recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, que se unifica en 6 años, junto con sanciones económicas e inhabilitación.

Operaban desde prisiónLa investigación, llevada adelante por la Fiscalía Federal,a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de Gendarmería Nacional, permitió desarticular una banda narcocriminal que funcionaba desde el interior de la cárcel de Coronda.

Según se determinó, la organización desarrollaba actividades de venta de estupefacientes en Venado y la región entre el 13 de enero y el 16 de agosto de 2025, con una estructura organizada que incluía la coordinación desde el ámbito penitenciario.

Condenas anteriores Estas resoluciones se suman a las dictadas el pasado 17 de abril, cuando otras seis personas fueron condenadas con penas que van desde los 3 años de ejecución condicional hasta los 11 años:

• Valeria Judith D. condenada a la pena unificada de 11 años de prisión efectiva, multa de 56 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Comprende una pena anterior de 9 años y la de 3 años y 6 meses en este caso.

• Rodrigo Manuel D. condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva, multa de 68 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• María Laura A. condenada a la pena de 6 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Camila Soledad A. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Lara Yuliana B. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Naiara Lucrecia G. condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, multa de 24 unidades fijas, costas del proceso y reglas de conducta.

Elementos secuestrados y decomisosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el decomiso de motocicletas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas digitales y documentación secuestrada durante los allanamientos. También se ordenó la destrucción de los estupefacientes incautados.

Etapa final del procesoLa causa aún no está cerrada: tres imputados deberán definir si avanzan hacia un juicio oral o si optan por acuerdos abreviados, lo que podría concluir el proceso judicial en el corto plazo.

Este lunes, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Federal de Venado Tuerto llevaron adelante un allanamiento en una conocida agencia de turismo de la ciudad. El procedimiento se realizó de manera coordinada con otro operativo en la vivienda del titular de la firma.

Fuentes oficiales confirmaron que ambas medidas forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles maniobras ilegales relacionadas con el mercado cambiario.

Hipótesis: conexión con bandas narcoSegún las primeras informaciones, la causa estaría vinculada al presunto cambio ilegal de pesos a dólares para abastecer a organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto.

De acuerdo a los investigadores, al menos una de las bandas obtenía ganancias en moneda local por la venta de droga y luego recurría a la agencia para convertir esos ingresos a dólares estadounidenses.

La operatoria, siempre según fuentes cercanas a la pesquisa, respondía a una exigencia del proveedor de cocaína, radicado en Rosario, quien requería pagos en moneda extranjera. Esto habría generado un circuito ilegal donde el dinero proveniente del narcotráfico era “blanqueado” mediante operaciones cambiarias informales.

El origen de la investigaciónLa causa se remonta a comienzos de 2025, cuando una testigo protegida aportó datos clave sobre el funcionamiento de al menos dos bandas narco en la ciudad. A partir de esa declaración, los investigadores comenzaron a reconstruir la ruta del dinero y detectaron posibles conexiones con actores del ámbito comercial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario condenó este miércoles a tres personas por tráfico de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. En el mismo fallo, una cuarta imputada fue absuelta por el beneficio de la duda.

La sentencia se conoció este 19 de noviembre durante una audiencia pública desarrollada en Venado Tuerto, con la participación de los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero (vocales), y con la intervención del auxiliar fiscal Mariano Barabani.

 Los condenados

Los condenados son:

Una absuelta por el beneficio de la duda

Por otra parte, Claudia Alejandra F. (51 años), también imputada en la causa, fue absuelta por el beneficio de la duda, principio que establece que ante la falta de pruebas concluyentes no puede dictarse una condena.

Decomisos y medidas adicionales

El tribunal también resolvió mantener en libertad a los condenados hasta tanto la sentencia quede firme. Además, se ordenó el decomiso de bienes utilizados o vinculados al delito, entre ellos:

Este domingo, un operativo coordinado por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba en distintas localidades del sur de Santa Fe. La investigación, iniciada a partir de denuncias anónimas en el “Buzón de la Vida”, derivó en nueve allanamientos simultáneos y el secuestro de más de 4,4 kilos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa.

La pesquisa estuvo a cargo de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención del juez federal Aurelio Cuello Murúa, y fue ejecutada por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con apoyo de distintas unidades de Rosario y Carcarañá.

Origen y conexión con otras causas

La investigación comenzó en abril de 2025, tras denuncias recibidas en el sistema anónimo de Venado Tuerto. A partir de esta información se cruzaron datos con una causa anterior que en febrero había permitido desarticular un clan familiar liderado por mujeres que comercializaban estupefacientes en el barrio Villa Moisés.

Ambas investigaciones confluyeron en una red más amplia, que incluyó a proveedores, transportistas y distribuidores de droga con base en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.

Detención clave en Elortondo

Uno de los golpes más significativos se produjo cuando efectivos de la UNIPROJUD y la Sección Vial de Gendarmería interceptaron un vehículo en cercanías de Elortondo, sobre la Ruta Provincial 90. En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., quienes transportaban cuatro ladrillos de cocaína, con un peso total de casi 4,5 kilos, además de más de $400.000 en efectivo, una navaja y teléfonos celulares. Los implicados volvían a Venado Tuerto luego de abastecerse en Cañada de Gómez.

Allanamientos y operativos simultáneos

A partir de esa detención, se desplegaron nueve allanamientos: seis viviendas particulares, una celda de la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué. La investigación confirmó que la banda mantenía conexiones con personas privadas de libertad, desde donde se coordinaban maniobras logísticas.

En los procedimientos se secuestraron alrededor de 5 millones de pesos, una importante cantidad de teléfonos celulares, cocaína, marihuana y otros elementos de valor para la causa.

Cuatro detenidos

Como resultado del operativo quedaron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. En los próximos días serán imputados por delitos contemplados en la Ley 23.737 de estupefacientes, en una audiencia ante el juez federal de Venado Tuerto.

En total participaron 40 efectivos de Gendarmería y 12 vehículos oficiales, en lo que se considera uno de los procedimientos más importantes del año en materia de lucha contra el narcotráfico en la región.

En el marco del primer juicio oral celebrado bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal en el sur santafesino, un hombre oriundo de Villa Cañás fue condenado a cinco años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y tenencia ilegal de arma de fuego. El fallo se conoció este martes en los Tribunales Orales Federales de Rosario, en un proceso que tuvo como eje una investigación iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El acusado, identificado como Leandro Sebastián Montoto., fue encontrado culpable de cultivar cinco plantas de cannabis sativa de entre 2,64 y 3,35 metros de altura —con un peso total superior a los 31 kilos—, guardar 177 semillas de marihuana con fines de producción, y poseer 2,46 kilos de la misma sustancia con intención de comercialización. Además, se le adjudicó la tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

El tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Elena Dilario, dispuso también el decomiso de los elementos secuestrados durante el operativo, la destrucción de la droga incautada, el pago de una multa de 55 unidades fijas y una sanción económica adicional de $8.000 por la tenencia del arma. Asimismo, se ordenó el secuestro de una suma de $460.000, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Denuncia anónima

La investigación se originó a partir de dos denuncias anónimas recibidas en el Buzón de la Vida de Villa Cañás, mecanismo que permite a los vecinos alertar sobre delitos vinculados al narcotráfico. La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con intervención del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

El caso fue impulsado por el fiscal federal Dr. Federico Reynares Solari, junto a las doctoras Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada, quienes lograron probar la hipótesis acusatoria durante el juicio que se extendió por cuatro jornadas. El proceso completo, desde el inicio de la investigación hasta el veredicto condenatorio, se desarrolló en menos de ocho meses, un plazo que representa un ejemplo de celeridad dentro del nuevo sistema acusatorio.

Un fallo que marca un precedente

Este veredicto no solo condena a un individuo por delitos vinculados al narcotráfico, sino que marca el inicio formal de la implementación del nuevo sistema acusatorio federal en el sur de la provincia. El mismo otorga mayor protagonismo a las fiscalías, promueve la oralidad de los procesos y agiliza los tiempos judiciales.

En la jornada del miércoles, habiendo tomado conocimiento por un pedido de captura, detectives de la D.U.O.F. Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, luego de realizar tareas investigativas en la ciudad de Firmat dio con el paradero de M.L.A, quien poseía una orden de detención por una causa de infracción a la ley de drogas expedida por el Juzgado Federal de Venado tuerto.

M.L.A. circulaba por las calles de dicha ciudad y mantenía residencia en el domicilio particular de su hermano. Es por ello que se procedió a la detención y posterior traslado a dicha unidad a la espera de disposiciones judiciales. 

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, radicó la cuarta denuncia contra vendedores de drogas de la localidad, mostrando su malestar por la inacción de la justicia federal, a la cual criticó duramente. 

El primer mandatario realizó una publicación en la red social Instagram en donde aseguró que “estaba equivocado cuando pensaba que la justicia es una tortuga, es más lenta que un gusano de seda”. También ironizó diciendo que “solo falta que quienes venden hagan una feria con gazebos y la Justicia va a seguir investigando y quizá hasta la auspicien”.

Destacó que sostuvo una reunión con el fiscal, quien le aseguró que están investigando, aunque “muy linda la charla, pero nada”.

En el posteo, Goyechea describe que “ayer (por el viernes) me presenté en la Comisaría para hacer la cuarta denuncia en los últimos tiempos por ventas de drogas en nuestra localidad. Estaba equivocado cuando pensaba que la justicia es una tortuga, es más lenta que un gusano de seda”.En la primer denuncia “fueron dos nombres que aporté a la justicia, al ver que no pasaba nada a los pocos días repetí la denuncia con los mismos nombres, pasaron unos días y al ver que no pasaba nada hice una tercera, a la cual sumé otro nombre, al ver que tampoco pasaba nada y que seguían vendiendo drogas como caramelos, en la denuncia de ayer aporté otro nombre más”.

A fines de diciembre “nos reunimos con el fiscal federal para trasladarle la preocupación de la inacción, nos recibió muy bien, tuvimos una charla amena, estaba al tanto de todo, según nos dijo están investigando... muy linda la charla, pero nada”, expresó ofuscado. 

En ese momento “le explicamos nuestro convencimiento que en cualquier momento va a haber una tragedia en nuestro pueblo mayor que la que está ocurriendo día a día y que no es poca, con la salud y con la destrucción física y mental de muchos consumidores. Si, si, pero nada”, señaló el jefe comunal.

En este marco, agregó que “la investigación que realizan, la verdad es que debe ser muy prolija muy minuciosa, muy meticulosa, totalmente subrepticia, porque veo que se toman su tiempo, muuuucho tiempo y no se ve ningún movimiento ni avance en el tema”.

A su vez, fue irónico sosteniendo que “solo falta que quienes venden hagan una feria con gazebos y la Justicia va a seguir investigando y quizá hasta la auspicien. Se me ocurren algunas publicidades: ‘Feria de drogas en MT, auspiciada por la Justicia Federal’ o ‘La Justicia Federal en línea con los emprendedores’".por último destacó: “Uno por ahí duda si nos agarran de boludos o para la joda... pinta que las dos cosas pero seguiremos”.

Personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe llevó a cabo en la mañana del miércoles un allanamiento por comercio de estupefacientes en la ciudad de Firmat.

El mismo fue ordenado por el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa.

La investigación se inició los primeros días del mes de julio a partir de una denuncia que daba cuenta que una persona que cumplía arresto domiciliario comercializaba drogas principalmente en horas de la madrugada en el mismo domicilio donde cumplía la medida.

Dicha investigación fue delegada, desde el inicio, en la Fiscalía Federal a cargo de Javier Arzubi Calvo.

Efectivamente en dicho domicilio una mujer cumplía arresto domiciliario en función de la condena impuesta por el Tribunal Oral de la ciudad de Rosario en el marco de una causa por infracción a la ley 23.737 (condenada en el mes de mayo del corriente año).

Al momento de desarrollarse la medida se procedió al secuestro de aproximadamente 50 envoltorios de marihuana y cocaína.

En tanto, la mujer como su pareja quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal siendo trasladados a la Alcaidía de Melincué.

En la jornada del jueves se realizaron tres allanamientos por infracción a la Ley 23.737, los cuales fueron solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier M. Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, y ordenados por el juez Aurelio Cuello Murúa. 

Se trata de dos causas por comercio de estupefacientes, en donde las investigaciones desde su inicio fueron delegadas en la Fiscalía Federal. Las tareas de investigación y los allanamientos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Venado Tuerto de la Gendarmería Nacional Argentina.

La causa correspondiente a la ciudad de Venado Tuerto se originó a partir de una denuncia realizada con imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal sobre un masculino que comercializaba estupefacientes en lugares públicos.

Las tareas de investigación permitieron la identificación del mismo y de su domicilio. En el allanamiento se procedió al secuestro de material estupefaciente (más de medio kilo de marihuana), semillas y plantines de marihuana, elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y documentación relacionada a la investigación.

Por su parte la investigación de Rufino permitió determinar que dos mujeres junto al hijo menor de edad de una de ellas comercializaban estupefacientes tanto en sus domicilios como en la modalidad de delivery.

En los allanamientos se secuestró material estupefaciente, teléfonos y otros elementos de interés.

Las personas quedaron detenidas a disposición del Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa y serán indagadas por el delito de comercio de estupefaciente.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, participó del III Encuentro de la Mesa de trabajo para el Fortalecimiento de la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fe, que tuvo lugar en el Senado de la Nación, junto a legisladores de todos los partidos políticos, representantes de las Universidades Nacionales de Rosario y El Litoral y autoridades del poder judicial.

“Una de las aristas más importantes que tenemos es el tema de cómo fortalecemos la justicia federal en mi provincia. Una justicia más ágil, más rápida, más transparente. Queremos que se implemente el sistema acusatorio. Recién vamos por Salta y Jujuy. La próxima jurisdicción es precisamente la provincia de Santa Fe. Tuvimos varias reuniones con el gobernador Perotti y todos los legisladores de Santa Fe de todos los partidos pudimos unificar un texto y presentar un proyecto para que tengamos más fiscalías, que se dediquen a la investigación, más juzgados de garantía y podamos tener una justicia federal a tono para el combate a la narco criminalidad”, señaló Mirabella.

También estuvieron presentes los senadores santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpín y los diputados Carolina Castests, Juan Martín, Federico Angelini, Enrique Estévez, Germán Figueroa Casas, el periodista Germán De Los Santos, el vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, entre otros. El encuentro tuvo como objetivo impulsar el proyecto de ley que busca fortalecer la Justicia federal en Santa Fe, que cuenta con el apoyo de los legisladores nacionales de la provincia de todos los partidos políticos y del propio gobernador Omar Perotti.

“El sistema acusatorio lo que va a permitir es que haya un rol claro de los fiscales, que son los que investigan, el juez que oficia de garantía y la defensa del imputado. Las audiencias son públicas, todo tiene tiempos más rápidos, es mucho más ágil y no van a quedar expedientes escritos en cajones, como se ha demostrado en algunos juicios que quedaron durante años de investigaciones que se llevaban adelante”, remarcó Mirabella.

En Santa Fe, la escasa estructura de la Justicia Federal resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Por eso, el proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en Rosario, tres en Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

El proyecto se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento sólo se implementó en Salta y Jujuy. Es el resultado de más de seis meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la legislatura nacional.

Asimismo, la iniciativa busca crear seis cargos en diversos puntos de la provincia en lo que respecta a jueces con funciones de garantía; tres cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario y dos con funciones de juicio y ejecución, uno con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires) y otro sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

De la Mesa de Trabajo, también participaron autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); los senadores, Guadalupe Tagliaferri; Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Luis Naidenoff; representantes de los Colegios de Abogados de Rosario y de Reconquista y el representante del Ministerio Público de la Acusación, Juan Casanovas.

Se está llevando adelante en Venado Tuerto el primer Juicio Oral y Público en el marco de una investigación del Juzgado Federal de nuestra ciudad, con Aurelio Cuello Murúa como Juez y Javier Arzubi Calvo como fiscal. En el banquillo están sentadas 22 personas acusadas de producir y comercializar estupefacientes. Actualmente seis se encuentran detenidas en el penal de Piñero, dos en el de Coronda y una mujer con prisión domiciliaria.

El Tribunal en lo Criminal Oral N°3 de Rosario, integrado por Mario Gambacorta, como Presidente, Eugenio Martínez y Osvaldo Fasciano, como vocales, será el que debe definir una sentencia, una vez finalizadas las audiencias.

La investigación

Las actuaciones se iniciaron el 7 de octubre de 2018, a raíz de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía de la provincia de Santa Fe, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de material estupefaciente, y que en ese lugar viviría “el gordo C.”.

En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaron al comercio de material estupefaciente, llevando a cabo las maniobras en las localidades de Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda.

Asimismo, se determinó que en algunas de las maniobras estaría implicado Luis Emiliano B. C., integrante de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, quien habría tomado conocimiento de la investigación que se llevaba a cabo sobre algunos de los

imputados, omitiendo efectuar la denuncia correspondiente, y ayudándolos a eludir las investigaciones realizadas por la Policía de la provincia de Santa Fe.

En consecuencia, se hicieron efectivos 20 allanamiento el 27 de febrero 2019, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos. Y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas.

A un número importante de los aprehendidos se les atribuyó “sembrar, cultivar y guardar para producir estupefacientes” distintas plantas de cannabis sativa que fueron encontradas en los domicilios. Como así también, en otros casos, la comercialización de cocaína.

Agente Federal

Respecto a Luis Emiliano B. C., al momento de recibirle declaración indagatoria se le atribuyó: “Haber ayudado a eludir las investigaciones de la autoridad pertinente de un delito grave y haber omitido denunciar su perpetración, sin identificar a los autores y/o partícipes del mismo, habiendo dejado, de tal manera, de promover la persecución y represión de los delincuentes. Y se le imputa, haber revelado hechos y/o actuaciones y/o datos sobre una causa penal en trámite que por ley deben ser secretos.

Pruebas suficientes

El Juzgado Federal de Venado Tuerto consideró que “la ultraintención de comercializar el material estupefaciente se encuentra acreditada en razón de la manera en que estaba acondicionado y en las condiciones en que fue hallado, es decir, de la forma que comúnmente se comercializa, fraccionado en bochitas y en trozos compactos. Como así también en que se procedió al secuestro de bolsas de nailon y balanzas, elementos que se utilizan para la preparación de dicho material”.

En uno de los casos, se comprobó que Guillermo Sebastián L. era quien conseguía la droga mediante el uso de su teléfono celular desde el interior de la cárcel de Coronda donde estaba detenido, siendo su pareja la persona encargada de buscar el material estupefaciente en la ciudad de Rosario y en otras localidades de la provincia de Santa Fe, para comercializarlo en Firmat, Venado Tuerto, Rufino, Melincué y Coronda.

Acusación

En el marco del juicio que se lleva adelante por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Rosario, los imputados son acusados de los siguientes hechos: Natalí Rafaela C., Guillermo Sebastián L., Walter Oscar C., Lucas Damián S., Natalí Caroline M. G. y Jesús Alberto B. se los acusa como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravados por la intervención de tres o más personas en forma organizada y sirviéndose de menores de 18 años.

A Lucas V. M. y Ángeles Tatiana B. como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y de cultivo de plantas para producir estupefacientes, agravados por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza (jardín de infantes).

Para Florencia Natalí P. A. como autora del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización en Melincué.

Cristian L. P. y Juliana Anahí C. como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y de cultivo de plantas para producir estupefacientes en Venado Tuerto.

En tanto, Fabricio Martín M., Maira Jaquelina C., Belén Cristina F., Georgina Ayelén F., Martín Ezequiel C., Lucas Leonel B. y Romina Daiana P. como autores del delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse cometido por tres o más personas en forma organizada.

Además, a Rosa Haydee R. como autora de delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse cometido por tres o más personas en forma organizada.

Mientras que a Denis Enrique T. como autor del delito de comercio de estupefacientes. Facundo Alejandro R. como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Luis Emiliano B. C. como autor de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y por omisión de denuncia, doblemente agravado por ser funcionario público y por ser especialmente grave e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto, a un policía de la provincia de Santa Fe que prestaba servicios en Rufino, la cámara federal revocó el procesamiento dispuesto por el Juzgado de Venado Tuerto y en consecuencia el fiscal solicitó el sobreseimiento.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 13 DE JUNIO.

El Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, ordenó este martes el procesamiento con “prisión preventiva” de los dos imputados cuyos domicilios fueron allanados el pasado 13 de enero y donde encontró una nota que indicaba “Plata o plomo”, además de droga y armas.

Cabe recordar que los procedimientos fueron realizados en calle Moreno al 2700 y en Valdez al 1600 de Venado Tuerto donde se produjo el secuestro de material estupefaciente, una escopeta y más de 20 cartuchos; además de una nota dirigida a una persona que indicaba: “dígale a (…) que pague la plata de la falopa y conteste el teléfono. plata o plomo”.

Los allanamientos habían sido solicitados por el doctor Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal.

Las dos personas fueron procesadas por delitos previstos en la Ley 23.737 (Estupefacientes) y la tenencia del arma incautada. Se ordenó la prisión preventiva permaneciendo alojados hasta el momento en la Alcaidía de Melincué. El Juzgado requirió también al Servicio Penitenciario Federal cupo para el alojamiento de ambos en dependencias bajo la órbita del mismo.

Desde la Fiscalía del Juzgado Federal de Venado Tuerto destacaron la importancia y los resultados obtenidos como consecuencia de las denuncias anónimas realizadas en los Buzones de la Vida, tanto en nuestra ciudad, como en distintas localidades de la región.

De esta manera, observaron que, gracias al involucramiento de los vecinos, consiguieron llevar adelante investigaciones que desembocaron en desbaratar bandas que comercializaban estupefacientes en el sur provincial.

Al mismo tiempo, las autoridades municipales agradecieron el compromiso de los ciudadanos y los resultados que se están obteniendo en virtud de la aplicación de este programa que busca reducir la venta de drogas en el distrito.

Breve historia

El sistema denominado Buzones de la Vida fue creado por Ordenanza N° 3.268, en 2005, durante el último gobierno de Roberto Scott.

El objetivo principal era recibir denuncias anónimas sobre temas de drogadicción (Ley N° 23.737) y trata de personas (Ley N° 26.364).

Los sobres u hojas que se encontraban dentro de las urnas eran enviados directamente al Juzgado Federal de Rosario, donde se daba inicio a las investigaciones en caso de que lo ameritaran las denuncias.

Lo cierto es que la problemática en cuanto al narcotráfico de la ciudad más grande de la provincia (Rosario), cualquier caso surgido del sur profundo siempre parecía un “pequeño problema”, comparado con las bandas narcocriminales que operan en dicho distrito. Con lo cual, muchas veces las investigaciones se demoraban o quedaban en un segundo plano.

La historia cambió mucho con la apertura del Juzgado Federal de Venado Tuerto, en mayo de 2018, cuando el fiscal Javier Arzubi Calvo y el juez Aurelio Cuello Murúa se volcaron de lleno a la problemática específica del sur-sur santafesino.

Herramienta clave

Desde la Fiscalía del Juzgado Federal destacaron ante Sur24 la importancia de las denuncias que surgen en los Buzones de la Vida instalados en distintos distritos del departamento General López.

“Desde la habilitación de la Fiscalía se recibieron aproximadamente 400 denuncias de los Buzones de la Vida, entre Venado Tuerto, Firmat, Wheelwright, entre otras. Muchas de ellas permitieron desbaratar organizaciones dedicadas al comercio de estupefacientes con muchas personas involucradas y otras referidas a domicilios específicos”, precisaron desde la Fiscalía a cargo de Arzubi Calvo.

Javier Arzubi Calvo, Fiscal Federal

Por ejemplo, “una correspondiente a Venado Tuerto originó una causa que culminó en más de 20 allanamientos (incluso en unidades penitenciarias de Rosario), con más de 21 personas imputadas, que actualmente está en etapa de juicio”, agregaron.

Buzones en la región

El buzón de Wheelwright recibió una denuncia que ponía en conocimiento que una persona (solo indicaba algunos datos sobre su domicilio) se dedicaba al comercio de estupefacientes. Luego, esa investigación condujo a una organización que operaba en Wheelwright, Venado Tuerto, Juncal, Villa Divisa de Mayo, Firmat, y se proveían desde una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, en la ciudad de Firmat, el Buzón se abrió el 26 de septiembre de 2021 y “se formuló la causa con intervención de la Policía Federal, que en una semana logró confirmar los datos del domicilio, identificar a los moradores y acreditar muchas maniobras de comercio de drogas ilegales. La Fiscalía solicitó el allanamiento y fue realizado el 6 de octubre de 2021”, señalaron desde Fiscalía.

Un programa que los vecinos hicieron suyo

Desde la Fiscalía del Juzgado Federal definieron a los Buzones de la Vida como “una herramienta muy útil y directa de las municipalidades y comunas, que aportan periódicamente las denuncias. El mecanismo es muy simple, cualquier dato, aunque pueda parecer mínimo es de mucha utilidad para la investigación”.

En algunos casos “el/la vecina/o aporta una descripción del domicilio, o de la persona, o sus características físicas. No necesariamente quien denuncia tiene que tener conocimiento sobre los datos de identidad concretos. Ese anoticiamiento que el denunciante formula es una herramienta que luego la Fiscalía, con intervención de las fuerzas de seguridad, profundiza para determinar concretamente la existencia de maniobras en infracción a la ley de estupefacientes”, manifestaron desde la Fiscalía.

En Venado Tuerto, los Buzones están dispuestos en la entrada del Palacio Municipal (San Martín y Marconi); Centro Integrador Comunitario (Falucho y Vuelta de Obligado); Centro de Atención Primaria (CAP) de Brown 478 y los CAP de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR 24 DEL LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Juzgado Federal de Venado Tuerto denegó la solicitud de prisión domiciliaria de un recluso por mediar violencia de género hacia su madre. El detenido había solicitado ese beneficio aludiendo la necesidad de brindar cuidado y atención a su progenitora por los problemas de salud de esta última, pero su pedido fue rechazado al existir una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento dispuesta por el Juzgado de Familia de Casilda, e incorporada a la causa federal por Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

El imputado había presentado por quinta vez la solicitud de arresto domiciliario. En su último pedido, esbozó que su regreso al hogar familiar sería de gran ayuda para su madre dado su estado de salud. La mujer cuenta con un certificado de discapacidad vigente por artritis reumatoidea y además sufre de ansiedad y estrés crónico, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Además, su grupo familiar es unipersonal, ya que perdió el vínculo hace veinte años con su otro hijo.

El 24 de septiembre pasado, el Juzgado de Familia de Casilda dispuso la exclusión del hogar del detenido y la prohibición de acercamiento hacia su madre hasta un radio de cien metros junto con el cese del hostigamiento hacia ella, medidas que continúan vigentes a la fecha. En ese decisorio, el juzgado argumentó que su retorno al hogar familiar “implicaría un serio riesgo para la integridad física y psicológica” de su madre. En su último pedido, su defensa arguyó que, de otorgársele el arresto domiciliario con permiso de salidas laborales para desempeñarse como ayudante de albañil, podría ser el sostén económico del hogar.

A la fecha, la madre del detenido cuenta con asistencia de la Comuna de Chabás, donde reside, que cubre sus necesidades básicas y le ha aportado una acompañante diaria que se encarga, entre otras cuestiones, de atender sus requerimientos de salud. De acuerdo a un informe elaborado por la comuna, con anterioridad a su detención, el peticionante no tenía vínculo con ella, y los intentos de revinculación fracasaron al resultar la mujer víctima de violencia de género por su propio hijo, lo cual motivó que el juzgado provincial competente dispusiera la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y el cese del hostigamiento.

El fiscal señaló que los derechos de la madre del imputado “no ceden ante las supuestas necesidades de su agresor”. “Lejos estarían de las políticas y los compromisos asumidos por la República Argentina ponderar con mayor o menor medida los derechos y la integridad física y psíquica” de la mujer, señaló el fiscal Arzubi Calvo. Al respecto, recordó que la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

El detenido se encuentra procesado con prisión preventiva como autor del delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y cultivo y guarda de semillas para producir estupefacientes. En su más reciente pedido, el imputado también mencionó como agravante a la pandemia de Covid-19, sin presentar ninguna prueba o documentación al respecto que indicase que se encuentra dentro de alguno de los denominados grupos de riesgo.

La justicia federal había concedido al detenido el beneficio de arresto domiciliario en 2020. El 8 de octubre de ese año, personal policial se hizo presente en el hogar tras un llamado telefónico de una vecina que informó que momentos antes le habían disparado con un arma al hoy peticionante, por lo que había sido trasladado a una sala de emergencias. Posteriormente, la policía se entrevistó con la madre, quien espontáneamente expresó que, contra su voluntad, su hijo tenía plantas de marihuana en la vivienda, por lo que solicitó que se las llevasen. También afirmó que, a pesar de contar con prisión domiciliaria establecida por el juzgado federal, salía con frecuencia del hogar y la maltrataba y tenía actos violentos. De acuerdo a su versión, su hijo le habría amenazado con lastimarla si la denunciaba ante la policía.

En su decisión, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, destacó la incorporación de la prohibición de acercamiento, que continúan vigentes a la fecha. Para el magistrado, no sólo se constató una nueva presunta infracción a la ley 23.737 por parte del imputado, “sino que también se vislumbra una situación de violencia de género que, sin perjuicio de no resultar de competencia de este Juzgado, demanda actuar con debida diligencia a fin de prevenir la violencia contra” su madre. Por ese motivo, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y denegó la solicitud de arresto domiciliario.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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Se secuestraron 50 plantas de marihuana

Según información oficial desde las primeras horas de la mañana de hoy  se realizaron 15 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, en cinco causas distintas, los que fueron solicitados en forma simultánea por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo, y ordenados por el Juzgado Federal de la mencionada ciudad.

Los mismos fueron llevados a cabo en Venado Tuerto (Barrios Centro 1, 2 y 3; Malvinas, Juan XXIII, Ciudad Nueva y San José Obrero), Elortondo, Teodelina y en una Unidad de Detención de la ciudad de Rosario donde se encuentra alojado, actualmente, una de las personas investigadas.

Los operativos fueron realizados por personal de División Unidad Operativa Federal “Venado Tuerto” de la Policía Federal Argentina (Venado Tuerto-Elortondo-Rosario)  y la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina (Teodelina).

A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro de material estupefaciente compuesto por  más de 30 plantas de marihuana cuyo deshoje arrojó un peso aproximado de 50 kilos; cogollos, material prensado y en proceso de secado con un peso de 5 kilos, semillas 100, aproximadamente 150 dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, dinero en efectivo ($100.000.-), armas de fuego y municiones, teléfonos celulares y vehículos.

Centro de Monitoreo de la Municipalidad

Dos de esas causas fueron iniciadas por denuncias realizadas por el Gobierno de Venado Tuerto a partir de algunas imágenes captadas por las distintas cámaras ubicadas en la ciudad pertenecientes al Centro de Monitoreo.

Las mismas fueron presentadas en el mes de enero del corriente año y daban cuenta de presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes.

A partir de las tareas realizadas por la División Unidad Operativa Federal “Venado Tuerto” de la Policía Federal Argentina se determinó que en las maniobras se encontraban involucradas 5 personas que almacenaban y comercializaban los estupefacientes en al menos 3 domicilios y muchas entregas las realizaban en la modalidad “delivery”, motivo por el cual las causas se acumularon.

Imputaron a 5 personas  en un total de 7 allanamientos

En la totalidad de las causas fueron imputadas 16 personas, las que quedaron sujetas a las distintas causas y serán indagadas por el Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, en los próximos días por sistema de videoconferencia; hasta el momento el Juzgado dispuso la detención de 6 de ellas y restricciones en relación con las restantes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]