La Justicia Federal llevó adelante este miércoles una serie de procedimientos en Venado Tuerto en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y otras normas vinculadas a la preservación de bienes culturales.

Los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y autorizados por el juez federal de garantías subrogante Carlos Villafuerte Ruzo.

En total se realizaron cuatro procedimientos en simultáneo en distintos puntos de la ciudad.

Participación de Gendarmería Nacional

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina, con apoyo de personal de la Sección Vialidad y Seguridad de la misma fuerza.

Además, participó una gendarme especializada en la temática de patrimonio cultural, perteneciente a la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental y enlace con Interpol, lo que permitió reforzar el análisis inicial de los objetos hallados.

La denuncia que inició la causa

La investigación comenzó a partir de una noticia criminis recibida por Gendarmería Nacional. Según la información aportada, una persona (que decidió mantener su identidad en reserva) denunció que un individuo identificado como Maximiliano B. estaría ofreciendo a la venta piezas arqueológicas de origen prehispánico a través de la plataforma Facebook Marketplace.

A partir de ese dato inicial, la Fiscalía Federal impulsó las tareas investigativas que derivaron en los allanamientos realizados durante la jornada.

Secuestro de bienes culturales y piezas arqueológicas

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron alrededor de 100 objetos considerados bienes culturales, entre ellos:

Además, se incautaron 32 piezas presuntamente arqueológicas, entre las que se encuentran:

Durante los allanamientos también se secuestraron dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y discos rígidos, además de documentación vinculada a la investigación.

En uno de los domicilios también se encontró un arma de fuego y municiones, que quedaron a disposición de la Justicia.

Pericias para determinar el origen de las piezas

Las autoridades informaron que en los próximos días se realizarán pericias técnicas especializadas para determinar con precisión el origen, la antigüedad y la valuación de las piezas secuestradas.

Mientras tanto, la persona investigada quedó supeditada a la causa, a la espera de los resultados de los análisis y del avance de la investigación judicial.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio volvió a reclamar a Vialidad Nacional por el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López y, junto al Juzgado Federal de Venado Tuerto, impulsó una nueva intimación judicial para que se retomen de manera inmediata los trabajos que permanecen paralizados desde diciembre.

La medida fue dispuesta el martes 3 de marzo por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien emitió una nueva intimación para que la empresa contratista encargada de las tareas continúe con las reparaciones comprometidas. Según se informó, Vialidad Nacional cuenta con un plazo acotado de días para responder al requerimiento.

La representante del departamento General López explicó que la situación se arrastra desde fines del año pasado y advirtió que los trabajos nunca se retomaron. “Los últimos arreglos datan de diciembre y desde entonces no se volvió a intervenir en las rutas. Lo que estamos pidiendo es algo básico: que cumplan con el mantenimiento que corresponde”, señaló Di Gregorio.

En el marco de la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal, los trabajos previstos sobre la ruta nacional 33 contemplaban intervenciones desde Firmat hasta Sancti Spíritu. Sin embargo, según se indicó, la empresa Rovial sólo realizó tareas en el tramo que va desde Firmat hasta aproximadamente la zona ubicada entre el cruce de Chovet y Elortondo.

En cuanto a la ruta nacional 8, las intervenciones fueron aún más limitadas: se concentraron únicamente en la curva de Pastorino y parte del acceso, cuando el alcance previsto abarcaba desde Venado Tuerto hasta el cruce con la ruta provincial 94.

Promesas incumplidas

Durante los últimos meses se presentaron distintos escritos en los que se anunciaban fechas de inicio de los trabajos que finalmente no se concretaron. Frente a esa situación, el Juzgado Federal fue emitiendo sucesivas intimaciones para exigir que se cumpla con lo dispuesto.

En ese sentido, la senadora provincial sostuvo que la falta de respuestas obligó a reiterar el reclamo judicial. “Nos dijeron varias veces que iban a empezar en tal día o en tal semana, pero después de verificarlo, nunca comenzaron. Por eso se tuvieron que emitir nuevas intimaciones para que la empresa contratista inicie las tareas”, explicó la legisladora.

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino. “Estas rutas son fundamentales para nuestros vecinos, para el transporte y para la producción del departamento General López. No podemos seguir esperando mientras se deterioran cada vez más”, afirmó.

Hasta el momento, Vialidad Nacional no emitió respuesta a la última notificación judicial. “La intimación, que deberán responder en los próximos días, salió la semana pasada. Lo que esperamos es que de una vez por todas empiecen a trabajar. Lo que está en juego es la vida y el esfuerzo de miles de santafesinos”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Acompañamiento a Villada

En paralelo, el equipo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio también viene trabajando junto a la comuna de Villada (departamento Caseros), que impulsa la presentación de un recurso de amparo para exigir la reparación del tramo de la ruta nacional 33 que atraviesa esa localidad, en reclamo por el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.

A través de una resolución firmada durante la feria judicial, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, le ordenó a Vialidad Nacional que proceda en un plazo de 48 horas al corte de pasto en las banquinas de las rutas nacionales 33 y 8, en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La decisión judicial fue tomada a raíz de una medida cautelar presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, en el marco de un proceso de amparo por el estado de deterioro vial de la región.

Además del corte de pasto, el magistrado recordó que Vialidad debe reanudar los trabajos de bacheo en la ruta nacional 33, entre Paraje Rabiola y Venado Tuerto, según lo establecido en decretos previos.

Habilitación extraordinaria de la feria judicial

En el fallo, el juez Cuello Murúa consideró que estaban debidamente acreditados los motivos de urgencia y los requisitos legales necesarios.

Por ello, resolvió habilitar la feria judicial específicamente para que la Dirección Nacional de Vialidad cumpla con la medida cautelar dispuesta el 28 de marzo de 2025 y prorrogada el 30 de diciembre del mismo año. En ella se ordena la ejecución inmediata de tareas de mantenimiento vial.

Exigen informes en 48 horas

El fallo también establece que la DNV deberá informar en un plazo máximo de 48 horas sobre el cumplimiento del corte de pasto y sobre la reanudación de las obras en la Ruta 33 en sentido descendente, tal como se había comprometido el organismo antes del receso de fin de año.

En ese sentido, la resolución cita expresamente el compromiso asumido por Vialidad:

“Posteriormente, y luego de las fiestas, se retomarán los trabajos en sentido contrario, dando cumplimiento a lo indicado”.

Reclamo por seguridad vial

La iniciativa de la senadora Di Gregorio surge en respuesta a reiteradas quejas de vecinos y usuarios de las rutas nacionales del sur santafesino, quienes denuncian el peligro que representa la acumulación de pasto alto en las banquinas, lo que reduce la visibilidad y puede favorecer accidentes.

Además, el deterioro de la traza, especialmente en la ruta 33 (arteria vital para la región agroindustrial), ha sido objeto de múltiples reclamos a lo largo de 2025.

Este lunes por la mañana, en el Juzgado Federal de Venado Tuerto comenzó un juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de infringir la Ley 23.737. Se trata de una causa por comercio agravado de estupefacientes, que incluye además, en uno de los casos, el cargo de cultivo y siembra de plantas destinadas a la producción de drogas.

Imágenes clave y denuncia municipal

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto. El área municipal había remitido a la entonces Fiscalía Federal imágenes del sistema de videovigilancia donde se observaría una transacción presuntamente vinculada a la venta de estupefacientes.

Según consta en el expediente, en las grabaciones se identificó a una persona en la esquina de Rivadavia y San Martín que se dirigía hacia un vehículo estacionado, donde se habría producido un intercambio de dinero por sustancias. Luego del hecho, el sospechoso abandonó el lugar en otro automóvil.

Tribunal, fiscales y defensas

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, conformado por los jueces Osvaldo Facciano, Mariano Gambacorta y Eugenio Martínez. El Ministerio Público Fiscal está representado por el auxiliar Mariano Barabani.

En tanto, las defensas están a cargo de la Defensoría Oficial —representada por los abogados Julio Agnoli y Julieta Espósito— y del defensor particular Oni Visley Mura.

Avance de la causa y allanamientos

Con el avance de la pesquisa, se incorporó una segunda causa conexa —identificada como “NN Castelli 2700”— también iniciada por una denuncia del municipio en relación a maniobras compatibles con la venta de drogas.

Las diligencias judiciales permitieron establecer la participación de los imputados en las actividades ilícitas. En el marco de los allanamientos ordenados por el juez interviniente, se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa.

El proceso judicial

La audiencia se desarrolla en la sala del Juzgado Federal de Venado Tuerto. Se prevé la declaración de testigos, la producción de prueba documental y pericial, y los alegatos de las partes.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio repasó la extensa secuencia de gestiones judiciales y políticas que, tras meses de reclamos y medidas cautelares, obligaron a Vialidad Nacional y al Gobierno de Javier Milei a poner en marcha obras en las rutas nacionales del sur santafesino.

La legisladora recordó que el 11 de marzo de este año se inició la demanda contra el organismo nacional, que fue notificado el 14 del mismo mes. A partir de allí, se sucedieron distintas presentaciones: el 25 de marzo Vialidad contestó la demanda; el 28 de marzo se otorgó de manera favorable la medida cautelar, que luego fue apelada por la demandada el 2 de abril. Posteriormente, el 9 de mayo compareció Corredores Viales S.A., mientras que en los meses siguientes se incorporaron informes presupuestarios sin mayor impacto en la causa.

Di Gregorio destacó como hecho clave la decisión del 25 de junio, cuando solicitó prorrogar la medida cautelar, que obtuvo resolución favorable el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas”, explicó. El 8 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida cautelar, consolidando la obligación de la Nación.

En paralelo, se sostuvo la presión política: el 2 de agosto se llevó adelante un multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con la participación de vecinos de toda la región. Días más tarde fue llevado a Buenos Aires el petitorio allí rubricado con más de 500 firmas. Luego, el 12 de agosto se celebró la audiencia oral y pública prevista por el artículo 360.

Los resultados comenzaron a verse: el 19 de agosto arrancaron las obras en la ruta 33 y, a mediados de septiembre, se iniciaron los trabajos en la ruta 8. Más recientemente, el 29 de septiembre se solicitó una nueva prórroga de la cautelar, que aguarda resolución.

Hoy, además de los trabajos de bacheo en las rutas nacionales 8 y 33, en la ruta 7 se está llevando adelante una obra de mayor envergadura.

“Todo este proceso demuestra que la perseverancia, la vía judicial y el trabajo conjunto con las instituciones de la región dieron sus frutos. Hoy podemos decir con claridad que, gracias a la Justicia, Vialidad Nacional está haciendo los trabajos que nos debía a los santafesinos”, concluyó Leticia Di Gregorio.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio estuvo este jueves en la zona donde comenzaron los primeros trabajos de bacheo sobre la ruta nacional N° 33, luego de la decisión del Juzgado Federal que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la legisladora.

En su presentación, Di Gregorio había impulsado dos acciones judiciales: por un lado, un recurso de amparo, con el que se exige a Vialidad Nacional la repavimentación integral de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López; y, por otro lado, una medida cautelar urgente, destinada a ordenar intervenciones inmediatas en los tramos más deteriorados de las rutas 7, 8 y 33.

Gracias a esta última acción judicial, Vialidad Nacional debió comenzar este jueves con el bacheo de la ruta 33 en su paso por Venado Tuerto. No obstante, la senadora remarcó que se trata de una respuesta transitoria y no de una solución estructural: “Valoramos que finalmente se inicien los trabajos, pero sabemos que no alcanza. Lo que la región necesita es una obra integral de repavimentación, porque tapar los pozos no resuelve el problema de fondo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta que eso ocurra”.

La cautelar también alcanza a las otras rutas nacionales que cruzan la región: en la ruta 7 ya se están realizando reparaciones, mientras que la ruta 8 permanece concesionada al sistema de peaje.

“La seguridad vial y el desarrollo de nuestras comunidades dependen de una red de rutas en condiciones. Seguiremos reclamando con firmeza ante Vialidad Nacional y el gobierno central para que se hagan las obras que verdaderamente hacen falta”, subrayó Leticia Di Gregorio.

Petitorio exitoso

Por otro lado, la legisladora radical resaltó la importancia de convocarnos y participar en la firma del petitorio, “el encuentro de la Rotonda marca un antes y un después en la efectividad de estos espacios de participación. Esta vez, todos juntos, instituciones, particulares, presidentes comunales, intendentes, funcionarios, vecinos de General López y Caseros; logramos que nos escuchen. Estoy muy agradecida con todos los que participaron y sumaron su granito de arena”, finalizó la senadora.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) designó al doctor Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe. La medida estará vigente entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, en un contexto político y judicial de especial sensibilidad, y en cuyo lapso se celebrarán las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuello Murúa ejerce como titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto desde mayo de 2018 y cuenta con experiencia previa como juez subrogante en los juzgados federales de Rafaela, San Nicolás y la propia ciudad de Santa Fe. Esta trayectoria en distintos puntos del fuero federal le otorga un conocimiento amplio del funcionamiento judicial en la región.

La designación se produce tras la decisión de la CNE de apartar al juez Gastón Salmain, quien venía subrogando la competencia electoral en Santa Fe y había sido blanco de múltiples cuestionamientos. Su historial incluía resoluciones polémicas, antecedentes poco claros y presuntos vínculos con el imputado-arrepentido Juan Ignacio Vaudagna (ex titular del ARCA de Rosario y Santa Fe), lo que motivó incluso una investigación ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

En reemplazo de Salmain, Cuello Murúa asume en una jurisdicción clave para el calendario electoral, con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad institucional. Su función, definida por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incluye la aplicación de la normativa electoral, el control del patrimonio de los partidos políticos, la organización y fiscalización de los comicios, y la proclamación de autoridades partidarias, entre otras atribuciones sensibles.

La resolución fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en el sur provincial, que culminó con la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban desde la localidad de Alcorta y abastecían de droga a Elortondo.

A pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron siete allanamientos simultáneos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras nueve unidades, totalizando alrededor de 45 agentes.

Una investigación bajo el nuevo Código Procesal Penal

La pesquisa comenzó en abril tras una denuncia anónima, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal. A partir del trabajo investigativo, se logró identificar a dos líderes de las bandas narco, Melchor P. y Ana F., quienes fueron detenidos tras los allanamientos. En los próximos días serán formalmente imputados en audiencia judicial.

Además, otras ocho personas quedaron bajo investigación, aunque por el momento no fueron privadas de su libertad.

Importante secuestro de droga, armas y dinero

Los procedimientos se realizaron en Alcorta, Elortondo y la Alcaidía de Melincué. Como resultado, se incautaron casi un kilo de marihuana y cocaína, elementos de fraccionamiento como balanzas de precisión y picadores, además de una escopeta, un rifle con mira telescópica, municiones, y una importante suma de dinero en efectivo —más de 4 millones de pesos argentinos y dólares—.

También se secuestraron 2 automóviles, 8 motos, un cuatriciclo, 14 teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para la causa.

La Fiscalía de Distrito de Rosario organizó el segundo encuentro del ciclo de capacitaciones 2025 en la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Venado Tuerto dirigido a las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que rige plenamente en la provincia de Santa Fe desde hace un año, cuando se implementó en mayo de 2024.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la actividad se desarrolló el 23 de abril pasado en un espacio cedido por la Asociación Civil Colaboradora de Universidades en Venado Tuerto (ACCUVT), ubicada en la calle Santa Fe al 1800 de esa ciudad santafesina. La organización estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito Rosario, cuyo titular es el fiscal general interino con funciones de coordinación, Javier Arzubi Calvo.

Presentes

Del ciclo participaron funcionarios de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de la provincia de Santa Fe, que además incorporó a integrantes de la Guardia Rural Los Pumas y de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, asistieron agentes de las comisarías de Venado Tuerto, Firmat, Villa Cañás y localidades cercanas.

Todos los miembros de la fuerza que tomaron la capacitación tienen distintos roles y funciones en la realización de operativos de control y prevención en general, o forman parte de equipos de investigadores que presten colaboración en causas penales

El curso tuvo un tramo teórico y otro práctico, con un primer módulo de “Prevención-Investigación”, donde se abordaron temas relacionados a las técnicas especiales de investigación previstas en la Ley N°27.319, de Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos.

Luego, se ofreció una capacitación práctica sobre el sistema acusatorio (se facilitó material de cuatro casos para problematizar los temas) dictada por la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada, ambas funcionarias de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto; y la fiscal coadyuvante del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, María Virginia Sosa.

La jornada contó con la coordinación de la contadora Marina Marsili, funcionaria de la Fiscalía de Distrito Rosario.

Un Tribunal de Juicio colegiado de Rosario impuso 11 años de prisión a Julián Mariano Gutiérrez, quien junto a otro hombre y una mujer -ya condenados- había sido declarado culpable del secuestro extorsivo de una mujer motivado en deudas por narcotráfico que mantenía su hermano, un hecho ocurrido en agosto de 2024 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

El monto de la pena para este tercer implicado se resolvió en la primera audiencia de determinación de pena (llamada también cesura de juicio) de ese distrito de Rosario, en el que en mayo de 2024 se implementó el sistema acusatorio. 

El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, dictó sentencia respecto de Gutiérrez como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser cometido con la participación de tres o más personas, y tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra.

La pena de 11 años de prisión fue en línea con la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal general a cargo la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y por la fiscal coadyuvante de esa misma jurisdicción, Daniela Ghiorzi.

El hombre había sido declarado penalmente responsable en oportunidad de homologarse un acuerdo que, en su caso, fue parcial respecto de su participación en los hechos y la calificación legal, y en el de otros dos imputados, fue pleno. En esa instancia, el juez federal Aníbal Pineda condenó a Raúl Oscar Gerez (49) y Araceli Lucrecia Pena (33) a 6 años de prisión por los mismos delitos. Sin embargo, las partes no acordaron la pena respecto de Gutiérrez.

Cesura de juicio

Como lo contempla el artículo 304 del CPPF paras esos casos, ese aspecto se definió en una audiencia de determinación de pena, celebrada el 10 de abril pasado, donde el tribunal consideró el monto y la modalidad de cumplimiento, además de resolver el destino de los elementos secuestrados durante la investigación.

Durante ese trámite, la fiscal Ghiorzi solicitó la reproducción de un video para ilustrar al tribunal sobre los hechos, explicó cómo ocurrieron y expuso su teoría del caso, que se inició con una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, y dio lugar al allanamiento, posterior declaración de incompetencia y remisión de la carpeta judicial a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

Además, se proyectaron fotografías y reprodujeron audios de WhatsApp pertenecientes al teléfono de Gutiérrez. Al tomar la palabra, el fiscal Reynares Solari fundamentó la hipótesis oficial y sustentó el apartamiento del mínimo de la pena, solicitada por la defensa en oportunidad de la audiencia de control de la acusación.

Entre las razones subjetivas, señaló la aceptación de Gutiérrez de los hechos, pero describió cómo recurrió al delito de secuestro extorsivo para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes y solicitó al tribunal que se le impongan 11 años de prisión efectiva.

Finalmente, al evaluar la gravedad del caso, el fiscal subrayó que era la primera vez que se registró un delito de esta naturaleza en la región del Departamento General López donde está la ciudad de Venado Tuerto.

Luego del alegato fiscal, la defensa rechazó el monto de la pena solicitada y en su lugar fundamentó que debería ajustarse al mínimo de 10 años de prisión.

Finalmente, el tribunal avaló el pedido del MPF y condenó a Gutiérrez a 11 años de prisión, multa de 6.310.000 pesos e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la pena como autor de los hechos que fueron objeto del acuerdo parcial celebrado el 27 de febrero pasado.

El secuestro

El caso comenzó a investigarse el 17 de agosto de 2024 cuando la víctima, identificada como N.G., realizó una denuncia en la Comisaría 12 de Venado Tuerto, donde relató que dos días antes, Pena, quien era su excuñada, y Gutiérrez, irrumpieron con un arma en su casa.

Gutiérrez le reclamó una mochila con dinero, drogas y armas de fuego que habría sustraído su hermano, identificado como C.A.G., alias “Maradona”. En esas circunstancias, la sacaron por la fuerza y la trasladaron en una motocicleta hasta una casa ubicada en inmediaciones de las calles España y Huhn, de Venado Tuerto.

La mujer narró que fue amenazada y golpeada, y pudo observar que en un sector de la vivienda había armas de fuego, material estupefaciente, balanzas y otras personas armadas, entre las que se encontraba el condenado Gerez, alias “Cachavacha”.

Además, mencionó que la hicieron participar de una videollamada en la que, a través de una tablet, un hombre al cual se referían como “Enano” (la investigación lo identifica como líder de la organización) le advirtió que para liberarla tenía que recuperar las cosas que le reclamaban a su hermano o recibir algo en garantía, de lo contrario, la matarían.

Con el correr de las horas, Gutiérrez se comunicó por teléfono con el padre de la víctima, a quien le exigió la devolución de lo sustraído y la entrega de cuatro millones de pesos para liberar a su hija.

También contactaron al hijo de 15 años de la víctima, que por esas horas había recorrido distintos barrios de la ciudad para hallar a su tío. Durante esa búsqueda, dio con el domicilio donde estaba cautiva su mamá. Allí, Gutiérrez lo recibió con un arma de fuego y le reiteró cuáles eran las condiciones para la liberación.

Más tarde, el adolescente recibió un mensaje de Gutiérrez, quien exigió el boleto de compra venta de la casa familiar. Enterado de esas negociaciones, el padre de la víctima se comunicó con el captor, quien le aclaró que recuperarían la documentación contra entrega de la mochila que estaba en poder de su hijo.

A las 22 del mismo día, el hijo de la mujer se presentó ante los captores, entrego los papeles de la vivienda y logró que la liberaran. N.G fue en busca de su hermano y, tras encontrarlo en la Villa Moisés de Venado Tuerto, le contó lo ocurrido y le reclamó la mochila, que contenía un arma de fuego, dinero en efectivo y una bolsa con balas.

Luego, regresó a la casa donde había estado secuestrada y se la entregó Gutiérrez, quien le advirtió que faltaba más dinero y droga. Al día siguiente, el hijo de la mujer recibió un nuevo mensaje, donde le avisaban que tenía “hasta las cinco de la tarde para desalojar la parte de atrás de la casa. Y que recién cuando cancelaran todo, le devolverían la vivienda y los papeles”.

La denuncia fue recibida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, que el 18 de agosto ordenó el allanamiento de la vivienda donde se concretó el secuestro. Allí se detuvo a Pena, y se incautaron dos revólveres y municiones de distintos calibres.

El mismo día, Gerez y Gutiérrez fueron detenidos en la vía pública mientras merodeaban cerca de un auto Volkswagen Gol. Al requisarse el vehículo, se secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación personal y del automóvil, entre otros objetos.

La sede Fiscal de Venado Tuerto (antes Fiscalía Federal), a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Daniela Ghiorzi imputó en horas de la mañana de este viernes a tres personas sospechadas de haber secuestrado a una mujer para cobrar una deuda por drogas de su hermano.

Se trata de un hecho ocurrido la semana pasada, cuando la víctima fue secuestrada de su casa y trasladada, primero en moto y luego subida a un auto hasta un domicilio de calles España y Huhn, donde la golpearon y continuaron amenazando para que entregue droga, dinero y armas. 

En ese domicilio, luego del allanamiento, se encontraron armas, municiones y droga. 

La audiencia de este viernes fue encabezada por el Juez Federal de Garantías, Dr. Aurelio Cuello Murua, y durante la misma se dictó la prisión preventiva a los tres imputados, Araceli P., Julián G. y Raíl G., quienes fueron asistidos por la Defensora Pública, Cindi Bertola. 

Este sábado, se realizaron 24 allanamientos simultáneos por infracción a la Ley 23.737 (ley de drogas), solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, y ordenados por el doctor Aurelio Cuello Murúa titular del Juzgado Federal venadense.

Se trata de dos causas delegadas desde su inicio en la Fiscalía Federal, una de ellas formulada a partir de la recepción de varias denuncias en el Buzón de la Vida del edificio municipal de Venado Tuerto y la restante por el producido de las intervenciones telefónicas de otra investigación.

Una de las causas refiere a una persona detenida que cumple condena por delitos vinculados a la ley 23.737 en la cárcel de Coronda quien a través de su hermana y su cuñado y con la colaboración de otra mujer conductora de un vehículo de alquiler transportaban el material estupefaciente para su distribución y venta en Venado Tuerto y las localidades de San Gregorio, María Teresa, Santa Isabel e Intendente Alvear (provincia de La Pampa).

La restante corresponde a una organización que distribuía y comercializaba estupefacientes en la ciudad de Rufino, principalmente a través una empresa de remises siendo proveídos por una persona de Rosario que en varias ocasiones viajaba hasta la ciudad de Rufino con dicho material.

Las tareas investigativas y los operativos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina con la colaboración de otras 14 unidades y un total aproximado de 150 efectivos.  

A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro material estupefaciente (cocaína, marihuana y plantas); 13 vehículos; 6 armas de fuego; aproximadamente 200 municiones; $6.000.000 en efectivo y más de 50 teléfonos celulares.

Seis personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal y serán indagadas en los próximos días.   

En la mañana de este sábado, la División Unidad Operativa Federal de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, realizó un allanamiento por Infracción a la Ley 23.737 (estupefaciente), en la localidad de María Teresa. 

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Italia al 700, donde se procedió a la detención de un sujeto mayor de edad, quien era investigado por venta de estupefaciente. 

Las pesquisas venían realizando tareas de recolección de pruebas y en la fecha el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, y a requerimiento de la fiscalía, a cargo de Andrés Montefeltro, emitió la orden de allanamiento. 

En la vivienda se secuestró gran cantidad de cogollos, semillas y plantas de marihuana, fraccionado listo para la venta, balanzas, dinero en efectivo, dinero de moneda estadounidense y un vehículo, quedando detenido un hombre mayor de edad, a disposición del magistrado.

Un total de 19 personas fueron condenadas por formar parte de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Venado Tuerto y localidades del sur provincial. Desde la justicia federal sindicaron a Mauro Nahuel Novelino como organizador de los ilícitos y se le impuso una pena unificada de 15 años de prisión, al ser encontrado también culpable de una balacera registrada en el año 2019.

El fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, encabezado por Tomás Eugenio Malaponte, da detalles de los domicilios en donde se acopiaba principalmente la cocaína y la marihuana, como así también precisiones de los elementos secuestrados en distintos allanamientos que se llevaron adelante, principalmente por agentes de la Gendarmería Nacional, en Venado Tuerto, Elortondo, Capitán Bermúdez y el penal de Piñero.

Operativos 

En un allanamiento realizado en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero los uniformados incautaron una bolsa de nylon con 6 gramos de marihuana, una bolsita de nylon con 4 gramos de cocaína y colillas de cigarrillos artesanales de cannabis sativa. Y en otra celda dieron con 9 gramos de marihuana. 

En un domicilio de calle Strenitz al 1.300 en Venado Tuerto secuestraron 16 tabletas de pastillas varias, 2.1 gramos aproximados de cannabis sativa, tres envoltorios de plástico tipo bocha con una sustancia polvorienta de color blanco, once restos de cigarrillos artesanales semi combustionados. 

En Pasaje Paz al 700 dieron con envoltorios con sustancia vegetal, la cual arroja un peso de 2.6 gramos aproximados y seis cigarrillos de armados casero. Mientras que en Pasaje Torres al 2.700 incautaron varias bolsas con marihuana y cocaína, más una balanza.

A la lista se suma lo hallado en un automóvil estacionado en calle Italia al 2.000, que arrojó aproximadamente medio kilo de marihuana y 164 gramos de cocaína. 

Condenas

En el marco de un juicio abreviado acordado por las partes, Mauro Nahuel Novelino fue condenado la pena de quince años de prisión (tres penas unificadas) por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber sido organizador de dichas actividades.

También por organizar y dirigir una balacera el 30 de octubre de 2019 contra un domicilio de calle Giacaglia al 500 que tuvo como meta amedrentar a dos sujetos con el objetivo de someterlos a la colaboración subordinada con el tráfico de estupefacientes.

El tribunal también condenó a Maximiliano Ezequiel Ríos a una pena unificada de 7 años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A Denis Yanet Suárez a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y a Diego Alejandro Galván a la pena de seis años de cumplimiento efectivo por considerarlo responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas. 

Jésica Paola Flores fue condenada a 9 años de prisión (pena unificada) por tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como parte de la organización, Gonzalo Román Pérez, deberá cumplir seis años de prisión. Matías Ezequiel Carranza, una condena de tres años y medio. Gabriela Fernanda Carreras una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva (pena unificada) al igual que Omar Daniel. En tanto, Romina Natalí García, cumplirá tres años y seis meses de prisión. 

A la lista se suman Alejandra Tamara Garbes, Hugo Omar Novelino, María Verónica Loza y Micaela Daiana Garbes con una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. 

Entre los sentenciados están Marcelo Daniel Camelino, con seis años de prisión al igual que Brian David Galván. Mientras que Marisol Ramírez recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al igual que Jorge Daniel Zarandón.

Por último, Jésica Daniela González fue condenada a 7 años y 6 mes de prisión de ejecución efectiva (pena unificada). 

El 8 de abril de este año personal de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe detuvo la marcha de un remis en la Ruta nacional 33 a la altura de la ciudad de Firmat donde se trasladaba una mujer identificada como Natalí Analía O. quien entre sus pertenencias trasladaba un ladrillo de cocaína con un peso de 1 kilogramo que tenía como sello distintivo el logo turístico de Perú.

Ese ladrillo sometido a peritaje arrojó un aproximado de 90% de pureza.

En dicho procedimiento tomó intervención el Juzgado Federal de Venado y la Fiscalía Federal. Luego del trámite correspondiente, en el mes de junio la causa fue elevada a juicio y finalmente el 30 de noviembre Natalí Analía O. fue condenada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión por el Tribunal Oral nº2 de Rosario.

Oportunamente, la Fiscalía Federal a cargo de los doctores Javier Arzubi Calvo y Andres Montefeltro había dispuesto una serie de medidas de prueba referidas al procedimiento, entre las que se destaca el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados a la imputada.

El análisis del contenido de los mismos permitió ascender en la escala de responsables, de esta forma se determinó que el enlace de la imputada para el traslado de la cocaína desde la ciudad de Rosario a Venado Tuerto y su posterior fraccionamiento y distribución era un detenido que se encuentra alojado en la cárcel de Coronda, cumpliendo condena por delitos vinculados a la ley 23.737, llamado José Miguel A., quien fue condenado oportunamente a la pena cinco años y seis meses de prisión (comprensiva de dos causas) y es oriundo de Venado Tuerto.

En el transcurso de los meses de marzo y abril del año 2023 desde dicha unidad realizaba los contactos necesarios para la logística en la adquisición y reventa de material estupefaciente, conforme se desprende del chat de la aplicación de WhatsApp que mantenía con Natalí O..

El último mensaje entre ambos se da en la madrugada 8 de abril cuanto Natalí O. luego de retirar la cocaína le señala “ya estoy en la ruta”. Minutos antes le había enviado una fotografía del ladrillo de cocaína con el logo turístico de Perú que resultó secuestrado.

En función del avance de la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, Secretaría del doctor Emiliano Cristaldi, el allanamiento de la celda de la unidad de detención que fue realizado con colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de santa Fe, la detención y la indagatoria del imputado.

En dicho registro no fueron hallados elementos de interés para la investigación disponiendo el juzgado recibirle declaración indagatoria por el comercio de material estupefaciente.

Este miércoles, se realizó un procedimiento por incumplimiento a la Ley 23.737 (Ley de Droga), en un domicilio del Barrio Malvinas Argentinas, donde sus propietarios poseían Plantas de cannabis sativa (Marihuana) para su posterior comercialización.

La investigación, tuvo su origen e inicio en el mes de septiembre del presente año, por medio de una denuncia anónima que se recepcionó en la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, dando intervención al Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa.

La secretaría del Juzgado liderada por Emiliano Cristaldi, dispuso que la Fiscalía Federal también de esta ciudad, encabezada por Andrés Montefeltro, proceda a realizar mancomunadamente con la Brigada de la División Unidad Operativa Venado Tuerto de la Policía Federal, tareas de inteligencia que en los meses que se realizaron arrojaron los resultados esperados, respecto a la certificación y vinculación de sus responsables en la conducta delictiva.

En este caso, el delito está vinculado a la plantación, germinación, acopio y posterior venta de cannabis sativa (Marihuana) en su estado natural (cogollos y hojas). 

Comprobada la conducta delictiva (descripta en el Art. 5, inc. a y d de la Ley 23.737), mediante distintas pruebas fílmicas, vistas fotográficas y declaraciones de los interventores, el Juzgado Federal ordenó en la fecha se realice el allanamiento del domicilio investigado, ubicado sobre calle Almafuerte al 2300 de Venado Tuerto, donde  fueron identificados sus moradores y al secuestro de gran cantidad de Plantas de cannabis sativa, semillas para su cultivo y producción; frascos de fertilizantes, balanza, celulares y armas de fuego, de diferentes calibres.

Respecto a sus moradores, un masculino y dos femeninos, todos mayores de edad, el magistrado dispuso su trasladado a sede policial a fin de realizar fichas prontuarial y de no tener impedimento su retiro de la dependencia, quedando afectado a la causa.

El Juzgado Federal de Venado Tuerto sobreseyó a la joven María Victoria Marti en la causa conocida como “Novelino, Mauro Nahuel y otros s/Infracción Ley 23.737, asociación ilícita y otros”, en la cual estaba procesada y había permanecido en prisión preventiva por venta de drogas, entre otros delitos. 

La decisión se basa en la aplicación de la perspectiva de género, a partir de una ampliación de declaración indagatoria que solicitó la propia Marti luego de estar en prisión por más de un año y medio, cuando se atrevió a denunciar la violencia de género que ejercía su pareja Eric Gualpa, oriundo de Sancti Spiritu y miembro de la banda capitaneada por Mauro Novelino, el delincuente tantas veces mencionado por el intendente Leonel Chiarella en los últimos años.

En junio de 2020, en la Guardia del Juzgado Federal recibieron una denuncia anónima contra Novelino por comercio de estupefacientes, sumado a que habría estado planeando un atentado contra el edificio de calle Chacabuco al 700. De inmediato se abrió la investigación y el 19 de julio de 2020, en plena pandemia, ordenaron allanamientos y detenciones de varios miembros de la narcobanda en un operativo simultáneo donde las fuerzas policiales hallaron drogas y armas. Entre ellos, cayeron Eric Gualpa y María Victoria Marti, que esa noche se había quedado en casa de su novio, en Iturraspe al 700, aunque vivía con sus padres en el barrio de la Carne.

Para el caso de Marti, se dispuso el procesamiento con prisión preventiva por considerarla coautora del delito de tráfico de estupefacientes, entre otros.

Hasta que, tras más de 20 meses de detención, el 9 de marzo de 2022, María Victoria Marti accedió a una ampliación de la declaración indagatoria para profundizar sobre las particularidades de su relación con Gualpa, donde surgió que sufría violencia física y amenazas constantes hacia ella y su familia, sobre todo desde que le insinuó a Eric la posibilidad, conociendo sus andanzas al margen de la ley, de interrumpir una relación que se tornaba cada día más tóxica.

Tras la indagatoria, el caso sufrió un imprevisto giro de 180 grados, la defensora pública Silvina Costa asumió la defensa de la joven y el 27 de mayo de 2022 presentó un escrito instando su sobreseimiento y excarcelación. En tal sentido, sugirió la funcionaria que “no puede pretenderse que una persona, dos meses después de haber cumplido 18 años de edad, tenga plena autodeterminación y madurez, experiencia de vida, responsabilidad, etc.; ello es una ficción legal y en cada caso concreto deben de extremarse recaudos al momento de analizar su responsabilidad penal”. Además, recordó que Victoria carecía de antecedentes penales.

Además de aludir a la “perspectiva de género y el deber estatal de diligencia reforzada” en relación a las mujeres víctimas de violencia, especificó Costa que se encuentra acreditado, en atención a la nueva prueba incorporada al proceso, que “el ejercicio de poder efectuado por el señor Gualpa anulaba el consentimiento de voluntad de Victoria”.

Como consecuencia de la actuación de la defensora pública, se corrió vista al fiscal federal y se estableció el 3 de junio de 2022 el arresto domiciliario subsidiario de María Victoria, hasta que el 4 de julio de 2022 se dispuso el cese de su prisión preventiva. Y respecto del pedido de sobreseimiento, una vez declarada la incompetencia de la justicia federal para intervenir en la materia, se giraron los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano competente para llevar adelante dicha pesquisa.

En este marco, el 12 de abril de 2023, se lo imputó a Eric Gualpa por los hechos de amedrentamiento y amenazas en perjuicio de Victoria y su familia. Y ocho días más tarde se le dictó la prisión preventiva por violencia de género, al tiempo que continuaba con preventiva por la causa de narcotráfico en el fuero federal. 

Mientras esta nueva causa avanzaba en la justicia ordinaria, restaba resolver, en el ámbito federal, el pedido de sobreseimiento de Marti por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, llegando al nudo de la cuestión, observó que “el caso debe ser analizado con perspectiva de género y dentro del marco normativo internacional y local para la protección de los derechos de las mujeres compuesto por la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485), la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos (Ley 27.372)”.

En uno de los párrafos sustanciales, el magistrado sostiene que el “pedido de sobreseimiento nos conduce en el plano jurídico, más concretamente en el derecho penal, a analizar qué líneas dogmáticas permiten hacer frente a este fenómeno, que requiere atención inmediata y brindar una respuesta cuando, como en el caso de autos, una mujer alegó miedo y amenazas, propias y a su familia, y que se encuentra ligada a un proceso penal por narcotráfico”. 

Y añadió: “Como advierte (Claus) Roxin, en los casos en que se trata de explicar el alcance de la intervención de cada una de las personas que se vinculan conjuntamente en un hecho delictivo, ‘se plantea la cuestión de si tiene dominio del hecho aquel que realiza el tipo completo de propia mano y dolosamente, pero que se encuentra coaccionado por otro o por una situación de peligro que se cierne sobre él’, tal sería el caso de Marti”.

Recurriendo una vez más al jurista alemán, argumenta Cuello Murúa que “éste enseña que, entre los defensores de la teoría del dominio del hecho, se destaca Welzel, quien defiende ‘la postura de que el estado de necesidad coactivo excluye la autoría del que actúa directamente’. Para ello, ha expresado que quien actúa coaccionado lo hace sin el dominio final del hecho por falta de voluntad, mientras que últimamente refiere a un dominio menor que denomina ‘inferior’ o ‘subordinado’”.

Adelantando su criterio de modificar la situación procesal de la joven, el juez federal especificó que “al momento de su detención, ésta contaba con apenas 18 años de edad; que su pareja, Gualpa, era mayor que ella; que sufría de violencia de género sistemática; y que su situación socio-económica, sin llegar a la vulnerabilidad, tampoco era la más propicia. En otras palabras, la nombrada reunía las características típicas de las mujeres vulnerables involucradas en el narcotráfico”.

En este orden, en su informe anual de 2018, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha especificado que “en general, si bien son muchos los factores que explican la participación de las mujeres en el comercio de drogas, se ha demostrado que está condicionada por la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia, las relaciones íntimas y las consideraciones de índole económica”.

En síntesis, Cuello Murúa consideró que “la situación de violencia de género sufrida por Marti habría anulado su ámbito de autodeterminación, sea que se recurra para ello a decir que en la causa federal obró coaccionada y sin el dominio final del hecho por falta de voluntad”, dando lugar al sobreseimiento en los hechos que le fueran imputados, haciendo expresa mención que “la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

El último martes, el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa, esta vez en su condición de subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Matías Houriet y María Belén Marcos, en representación de su hijo Samuel, de 14 meses de edad, con diagnóstico de AME tipo 1, y ordenar a la obra social de la cual son afiliados que proceda a la provisión del 100% del medicamento Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma), requerido por prescripción de su médica tratante, y su plan de tratamiento para el combate de esta enfermedad genética progresiva que afecta la estructura de las neuronas del Sistema Nervioso Periférico (SNP), encargadas de guiar el movimiento muscular, complicando además la función respiratoria.

Con el diagnóstico confirmado el 25 de julio último, la indicación médica del segundo fármaco más caro del mundo (dos millones de dólares) fue inmediata: “Se solicita de manera urgente terapia génica (Zolgensma) debido al buen estado clínico del paciente y su edad, conociendo que esta es una enfermedad evolutiva y dicho estado puede modificarse”, justificó la doctora María Inés Malatini. 

Ante las evasivas de la prepaga, el 28 de agosto, la familia Houriet hizo el requerimiento por escrito, que dos días después fue contestado, incluyendo un dictamen de la Comisión Nacional de Atrofia Muscular Espinal (Coname), organismo creado por el Ministerio de Salud de la Nación a los fines de evaluar a pacientes con AME y establecer pautas de inclusión y exclusión específicas para iniciar o mantener los tratamientos destinados a pacientes en base a la mejor evidencia clínica disponible, el cual consideró que el paciente "no cumple con las pautas de cobertura establecidas en el anexo 3 de la Resolución 1234/2023", además de advertir, la obra social, que “dicho tratamiento (con Zolgensma) no está exento de efectos adversos severos, tales como hepatotoxicidad y cardiotoxicidad, microangiopatía trombótica y plaquetopenia, entre otras”, para luego sugerir alternativas terapéuticas, como Spinraza y Risdiplam.

Sobre este anexo 3, que excluye la aplicación de Zolgensma para pacientes mayores de nueve meses al momento de la prescripción (Samuel tiene 14 meses), Cuello Murúa aclara que “esta terapia génica basada en vectores de virus adeno-asociados está indicada para el tratamiento de pacientes pediátricos menores de dos años con atrofia muscular espinal (AME)…”. Asimismo, en líneas generales, en relación con los puntos neurálgicos de su decisorio, afirma que el dictamen de la Coname no es vinculante y, además, que la exclusión no está debidamente fundada. En consecuencia, en otro ítem relevante de la resolución judicial del último martes 19, emplazó a la Coname para que en 10 días “proceda a fundar debidamente, y en su caso rever, el criterio de exclusión”.

Mientras la prepaga insistía con el ofrecimiento de Spinraza, la neuróloga infantil Malatini señaló que el mismo “podría ser una alternativa terapéutica”, pero argumentó que este caso amerita la indicación de Zolgensma, “considerando la edad del paciente, menor de dos años, su buen estado clínico, que no se encuentra con requerimiento de asistencia ventilatoria, que puede alimentarse por vía oral, ya que tiene preservada su deglución con buena actitud alimentaria…”.

“Según lo que indicó su medica tratante, el paciente se encuentra en condiciones de recibir el tratamiento con la edad que tiene y su situación clínica, por lo cual una mera resolución administrativa carente de fundamentos médicos (en alusión al dictamen de la Coname), jamás puede vulnerar el derecho de un niño menor de edad que cuenta con un diagnóstico y tratamiento realizado por especialistas que lo tratan”, sostuvo Cuello Murúa.

Sobre las especificidades del tratamiento, describió que “a los pacientes con AME les falta un gen que Zolgensma se los aporta, es decir, cura su enfermedad en una única aplicación endovenosa”, mientras que “la aplicación de Spinraza requiere de un quirófano y estar bajo anestesia, ya que es intratecal (se pincha la espalda), necesitándose de cuatro dosis el primer mes, y luego una cada cuatro meses, de por vida. Asimismo, la droga tiene un costo altísimo y de por vida. Conforme lo expuesto, el sometimiento del niño de tan corta edad y su familia a estas situaciones, no tendría sentido alguno cuando pueden ser plenamente evitadas”, se pronunció el magistrado.

Al respecto, cabe agregar que la jurisprudencia prioriza la opinión del médico tratante sobre la del agente de seguro de salud cuando éstas no son coincidentes, y cita un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario: “Cuando lo indicado por el médico tratante colisiona con la opinión de otro profesional perteneciente a la obra social, debe atenderse, como regla, a lo prescripto por el primero, ya que es dable presumir que posee un conocimiento más acabado del caso concreto y de lo que resulta más apropiado para el paciente”.

También incorporó el funcionario judicial a los fundamentos para otorgar la medida cautelar que “todas las publicaciones científicas que abordan la Atrofia Muscular Espinal coinciden en que el tratamiento debe ser iniciado lo más temprano posible, pues la administración en la temprana edad sugiere una mejor evolución de la patología”.

Tras valorar que en este tipo de afecciones “hay un gran peligro en la demora”, el responsable del juzgado de la ciudad capital provincial, enfatizó: “No debe olvidarse que la finalidad de las medidas cautelares como la solicitada en los presentes radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, por lo que no puede soslayarse la gravedad del cuadro de salud que presenta el actor ni los daños irreparables que se producirían de mantenerse la situación de hecho existente hasta el dictado de la sentencia”.

En su resolución, Cuello Murúa recordó su fallo de tenor similar de fines de noviembre de 2021, en su condición de titular del Juzgado Federal N° 1 de Venado Tuerto, en el caso de la pequeña Helena Vivone, de la localidad de María Teresa, en donde también se solicitaba un amparo para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) con el mismo fármaco, el cual, tras la medida cautelar, le fue suministrado y los progresos en el estado de salud de la pequeña son evidentes desde entonces hasta el presente.

En horas de la madrugada por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto se realizaron 2 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, solicitados en forma simultánea por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo.

El procedimiento se originó a partir de un control vehicular desarrollado por el Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto sobre dos personas que se movilizaban en una motocicleta transportando marihuana.

En función del hallazgo, la Fiscalía solicitó el allanamiento de los domicilios de las personas involucradas procediéndose en uno de ellos al secuestro de más material estupefaciente y un arma de fuego. 

Uno de los operativos se llevó adelante en el complejo habitacional Mateo Fernández. Mientras que el segundo, en una vivienda de calle Gobernador Candioti al 1.400.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe.

Una de las personas quedó detenida y la otra sujeta a la causa y serán indagada por videoconferencia.

En la madrugada de este domingo falleció, a los 45 años, Paolo Pratelli, jaqueado desde comienzos de 2018 por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que fue minando sus fuerzas y su masa muscular, hasta que ya no resistió, a pesar de que hasta sus últimos momentos se mantuvo digno, lúcido, y con un estado anímico que contrastaba con su estado general de salud.

Sin embargo, no era la ELA su única amenaza; también el sistema de salud se ocupó de complicarle la vida aún más, pues sus últimos años los transitó en medio de reclamos, tanto judiciales como extrajudiciales, ante la obra social de los jubilados (PAMI), en busca del reconocimiento de sus derechos (cobertura correspondiente por leyes de discapacidad y enfermedades poco frecuentes).  

Desde 2019, cuando contó con el diagnóstico certero de su enfermedad, inició juicios de amparo contra el PAMI ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, cuatro en total (ver más abajo), y en virtud del último de ellos, iniciado en diciembre de 2021, por la internación domiciliaria con cuidados paliativos, el exfutbolista de clubes de la Liga Venadense logró sobrevivir este último tiempo, junto a sus afectos. 

Mucho lo había ayudado el sistema Irisbond (obtenido en virtud de una demanda judicial), un dispositivo que permite controlar un ordenador a través de la mirada, con lo que se logra que las personas afectadas de parálisis o daño cerebral, tetraplejia, ELA, etc., puedan comunicarse mediante el movimiento de sus ojos. Dicho sistema hace posible escribir con la mirada en un teclado virtual, hablar mediante un sintetizador de voz, navegar en internet, enviar emails o whatsapp.

El principio del fin comenzó la semana pasada, cuando el deterioro de su organismo obligó a internarlo entre jueves y viernes para estabilizarlo y someterlo a diversos análisis. Sin embargo, las cartas estaban echadas. Pratelli lucía muy debilitado después de varios años de desigual batalla.

La primera presentación judicial la promovió el propio Pratelli por intermedio de la Defensoría a los fines de obtener la cobertura de dos medicamentos y el segundo lo inició con la asesoría del estudio jurídico Regis & Sbrizzi a fin de obtener de manera inmediata la cobertura integral de medicación, equipamiento para internación domiciliaria, consultas con especialistas y traslados a centros médicos.

El tercer juicio contra el PAMI que dirige Luana Volnovich fue para contar con el sistema Irisbond. Y la cuarta demanda, la hizo también con el patrocinio de los abogados María Carolina Regis y Matías Sbrizzi, a los efectos de obtener la internación domiciliaria con modalidad de cuidados paliativos, que comprende personal de enfermería permanente especializado en ELA y respirador mecánico permanente, entre otros requerimientos propios de la patología.

En reiteradas oportunidades, los incumplimientos del organismo nacional a las resoluciones del Jugado Federal dieron lugar a multas, que nunca se abonaron en tiempo y forma en beneficio de Paolo y su familia, aun cuando dichas sumas eran insignificantes en relación con el monto necesario para afrontar las prestaciones que PAMI no pagaba o demoraba largos meses en hacerlo.

No fueron acciones judiciales descabelladas ni mucho menos. Prueba de ello es que, según pudo averiguar Sur24, las dos demandas iniciadas desde la Defensoría ya tienen sentencia firme, en tanto que las dos del estudio Regis & Sbrizzi hace unos pocos días bajaron de la Cámara de Apelaciones y también quedaron firmes. De todo esto, Paolo llegó a tomar conocimiento, supo que la razón le asistía. Y lo cierto es que estuvo consciente hasta último momento, comunicándose a través del Irisbond con los enfermeros, cuidadores, médicos y su familia y amigos. 

Desde el entorno de Paolo Pratelli agradecieron el apoyo brindado en todo momento por la Fundación Esteban Bullrich, dedicada a sostener a quienes sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), analizar los tratamientos y, principalmente, promover investigaciones para lograr su cura. Así, financia investigaciones e innovación para el tratamiento y la cura de la ELA, y brinda apoyo a las familias y a aquellos que sufren la enfermedad, ayudándoles a acceder al apoyo médico, la investigación y las herramientas de diagnóstico.

Además, hicieron especial mención a la contención y el respaldo permanente de la Asociación ELA Argentina. Al respecto, cabe acotar que, en junio de 2022, a través del sistema Irisbond, Paolo se comunicó con Sur24 para agradecer a ELA Argentina: “Siempre estuvieron a la par desde un principio, asesorando, otorgando medicación que PAMI no me daba, brindando un Irisbond por adelantado para que pueda comunicarme, y siempre estando pendientes en ayudarme en todo lo posible. Obviamente, todo mi agradecimiento al diario por darme el espacio y hacer público el manoseo, destrato y abandono de PAMI, y la lentitud de la Justicia, cosas que no solamente sufro yo, sino miles de afiliados”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que se pueden controlar, como los de los brazos y las piernas. Al principio, causa problemas musculares leves. Tarde o temprano, la persona pierde la fuerza y la movilidad. Cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se dificulta. Y la mayoría de las personas con esta enfermedad fallece por insuficiencia respiratoria.