La Justicia Federal condenó a tres integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el sur de Santa Fe y que había sido investigada tras el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína en un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 90. Con estas nuevas sentencias, ya son 10 las personas condenadas, de una banda integrada por 12 miembros.

El fallo fue dictado la semana pasada por el juez de Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, luego de homologar acuerdos de procedimientos abreviados presentados por la Fiscalía Federal. Se suman a las siete condenas establecidas anteriormente por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

Organización narco

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, encabezada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Venado Tuerto de Gendarmería Nacional Argentina.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de una organización narcocriminal que habría operado entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con presencia en distintas localidades del sur provincial como Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Durante la investigación se identificaron distintos roles dentro de la estructura, entre ellos proveedores, distribuidores, transportistas y vendedores de estupefacientes.

El operativo clave en la Ruta 90

El procedimiento que dio origen a la investigación central ocurrió en noviembre de 2025, cuando efectivos de la UNIPROJUD Venado Tuerto, con colaboración de la Sección Vial de Gendarmería Nacional, interceptaron un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo.

En el automóvil viajaban Manuel E. y Carina A., a quienes se les secuestraron cuatro ladrillos de cocaína con un peso cercano a los 4 kilos y medio, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A partir de ese operativo, la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en seis domicilios y en tres celdas pertenecientes a internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda y en la Alcaidía de Melincué.

Las nuevas condenas dictadas por la Justicia Federal

Los acuerdos homologados contemplaron penas de entre cuatro y quince años de prisión, según el grado de participación atribuido a cada integrante de la organización.

Entre los nuevos condenados se encuentran:

Además, la Justicia dispuso el decomiso de dinero en efectivo, motocicletas, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos vinculados a la actividad investigada. También ordenó la destrucción de la droga secuestrada.

Nuevo sistema procesal

Desde la Fiscalía Federal destacaron que, a unos nueve meses de realizados los allanamientos principales, la investigación permitió llevar adelante una acusación contra 12 personas por delitos considerados de extrema gravedad.

Según indicaron, el avance del expediente fue posible mediante la aplicación del Código Procesal Penal Federal, que impulsa procesos más ágiles, audiencias orales y mecanismos alternativos para resolver causas judiciales.

Las dos personas restantes vinculadas a la organización serán próximamente citadas a juicio oral y público.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró la resolución favorable en el recurso de amparo presentado por el estado de las rutas nacionales 33, 8 y 7 y consideró que el avance judicial adquiere una dimensión que va mucho más allá del reclamo por el mantenimiento de tres corredores.

Para la legisladora, se trata de empezar a encontrar una respuesta después de años en los que miles de habitantes del departamento General López tuvieron que incorporar como parte de su vida cotidiana el deterioro de rutas que utilizan para trabajar, estudiar, atender su salud, visitar a sus familias o trasladar la producción.

“Para nosotros la ruta 33, la 8 y la 7 no son líneas en un mapa. Son las rutas que usamos todos los días. Sabemos lo que significa salir de casa y tener que estar permanentemente atentos a un pozo, a una banquina deteriorada, a los camiones o a una maniobra para esquivar un tramo en mal estado. Por eso este fallo tiene un significado muy importante para toda nuestra región”, sostuvo Di Gregorio.

Una ruta que también concentra la salida de la producción

La situación adquiere además una dimensión productiva. La ruta nacional 33 constituye uno de los principales corredores utilizados para transportar la producción del sur santafesino hacia los puertos del Gran Rosario, con una circulación permanente de transporte pesado que convive con los desplazamientos cotidianos entre las localidades de la región.

Di Gregorio remarcó que el deterioro acumulado no solamente implica mayores riesgos. También genera roturas de neumáticos, daños en trenes delanteros, mayores tiempos de viaje y costos adicionales para familias, trabajadores, transportistas y empresas.

“Durante demasiado tiempo nos acostumbramos a calcular cuánto más vamos a tardar, por dónde conviene pasar o qué pozo tenemos que esquivar. Y detrás de eso hay algo todavía más difícil de medir: la preocupación de una familia cuando alguien sale todos los días a trabajar por estas rutas. No podemos aceptar que eso sea normal”, afirmó.

694 siniestros y 81 víctimas fatales en la ruta 33

Los registros de siniestralidad permiten dimensionar el problema. Entre 2020 y 2026 se contabilizaron 694 siniestros viales en la ruta nacional 33, con 81 víctimas fatales, 384 personas lesionadas y 1.050 vehículos involucrados.

Solamente durante 2026 ya se registraron 77 siniestros, tres víctimas fatales, 30 personas lesionadas y 99 vehículos involucrados. De ese total, 50 hechos ocurrieron durante el segundo trimestre del año, período en el que también se contabilizó una víctima fatal, 18 personas lesionadas y 70 vehículos involucrados.

Di Gregorio señaló que las causas de un siniestro vial pueden ser múltiples, pero consideró que las condiciones de la infraestructura forman parte de una discusión que el Estado nacional no puede eludir.

“Un pozo obliga a maniobrar, una banquina deteriorada reduce el margen ante una emergencia y una ruta cargada de camiones exige atención permanente. No podemos analizar la seguridad vial sin discutir también por qué durante tantos años se permitió este nivel de deterioro”, planteó.

Los usuarios pagan cada vez que cargan combustible

La senadora volvió además sobre otro de los puntos que viene planteando ante el Gobierno nacional: el destino de los recursos provenientes de los impuestos aplicados a los combustibles.

Según explicó, alrededor del 16 por ciento de lo que un usuario paga al cargar combustible corresponde al componente impositivo al que viene haciendo referencia en sus reclamos, cuyos recursos tienen entre sus destinos el financiamiento de infraestructura vial.

“Hay una manera muy sencilla de entenderlo: cuando una persona llena el tanque y paga 100 mil pesos, alrededor de 16 mil corresponden a este impuesto. El vecino paga, pero después sale a la ruta y ese aporte no vuelve en el mantenimiento que necesita”, sostuvo.

Di Gregorio cuestionó que, mientras las rutas continúan deterioradas, recursos recaudados para financiar infraestructura permanezcan colocados en instrumentos financieros en lugar de traducirse en las intervenciones que requieren los corredores nacionales.

“Acá no estamos reclamando que inventen un recurso nuevo ni que le cobren algo más a la gente. Estamos diciendo que los argentinos ya pagan cuando cargan combustible y que esos fondos tienen que cumplir con la finalidad para la cual fueron recaudados”, señaló.

Un avance después de años de reclamos

En ese contexto, Di Gregorio consideró que el resultado favorable del recurso de amparo representa un cambio importante porque lleva a la Justicia una problemática que durante años fue planteada ante distintas dependencias nacionales sin obtener las respuestas necesarias.

La legisladora sostuvo que el reclamo continuará hasta que las decisiones se traduzcan en trabajos concretos y condiciones adecuadas de circulación. Al mismo tiempo, remarcó que las rutas nacionales 33, 8 y 7 continúan bajo responsabilidad del Estado nacional y que los procesos de concesión anunciados no modifican la situación actual ni solucionan de manera inmediata el deterioro acumulado.

“Este fallo no tapa los pozos de un día para el otro, pero después de tantos años de reclamar significa que alguien finalmente está obligando a mirar lo que pasa en nuestras rutas. Hay vidas, trabajo y producción detrás de este reclamo. Los vecinos ya pagan para tener rutas en condiciones cada vez que cargan combustible. Ahora necesitamos que esos recursos vuelvan donde tienen que volver y que podamos transitar sin sentir que llegar a destino depende de esquivar un pozo”, concluyó Di Gregorio.

El Gobierno de Sancti Spiritu inició trabajos sobre la banquina de la ruta nacional 33 ante el deterioro del sector y la falta de respuestas de Vialidad Nacional. Según informó el presidente comunal Cristian Vincenti, el desnivel existente representaba un riesgo para quienes transitan por la zona y ya había provocado accidentes.

Intervención comunal 

La decisión fue tomada por la comuna de Sancti Spiritu luego de reclamos de vecinos y usuarios habituales de la ruta nacional 33, una traza clave para la circulación del sur santafesino y el transporte productivo de la región.

Desde el gobierno local indicaron que las banquinas se encontraban “totalmente descalzadas”, una situación que obliga a los conductores a realizar maniobras riesgosas cuando deben salir parcialmente de la cinta asfáltica o esquivar pozos y roturas.

Ante ese escenario, la comuna resolvió avanzar con mano de obra y recursos propios para tapar los sectores más comprometidos y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Reclamos y una orden judicial pendiente

La intervención se da en un contexto de reiterados reclamos por el estado de la ruta 33. En marzo de 2025, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a una medida cautelar presentada por la senadora Leticia Di Gregorio para que Vialidad Nacional señalice, establezca desvíos si correspondiera y ejecute tareas de bacheo y relleno en sectores críticos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López.

En el caso de la ruta 33, la resolución alcanzaba el tramo comprendido entre Sancti Spíritu y Firmat. Sin embargo, los trabajos realizados por Nación avanzaron sólo hasta inmediaciones de Murphy, por lo que quedó sin atención un sector de aproximadamente 70 kilómetros.

Desde la administración comunal remarcaron que la intervención no reemplaza la responsabilidad nacional sobre la traza, pero busca dar una solución urgente a un problema que afecta de manera directa a vecinos, transportistas y automovilistas.

“Por sugerencia de los vecinos y ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, decidimos intervenir con recursos propios de la comuna la banquina de ruta nacional N° 33 para brindar una solución y mejorar la seguridad de quienes circulan por la zona”, expresaron.

Y agregaron: “Cuando las respuestas no llegan, elegimos actuar. Ese es nuestro compromiso: estar presentes, escuchar y hacer”.

Una ruta clave con problemas recurrentes

La Ruta Nacional 33 conecta localidades del sur provincial y forma parte de un corredor estratégico para la producción agropecuaria e industrial. En distintos tramos, especialmente entre Firmat, Murphy, Venado Tuerto y Sancti Spíritu, se vienen acumulando reclamos por baches, deformaciones, falta de mantenimiento y banquinas descalzadas.

La falta de conservación no sólo afecta la transitabilidad diaria, sino que también incrementa el riesgo de siniestros viales, en particular durante los períodos de mayor circulación de camiones vinculados a la actividad productiva.

La intervención de Sancti Spíritu expone una situación que se repite en varias localidades atravesadas por rutas nacionales: ante la demora o ausencia de obras estructurales y los reclamos sin respuesta, los gobiernos locales terminan actuando con recursos propios para reducir riesgos inmediatos. Mientras tanto, vecinos y usuarios de la ruta 33 esperan una solución integral y sostenida por parte de Vialidad Nacional.

Dos personas fueron condenadas este viernes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la utilización de menores de edad.

Las audiencias se desarrollaron ante el juez federal de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, quien homologó los acuerdos abreviados presentados por la Fiscalía Federal, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada, junto a las defensas de los acusados.

Como resultado, Natalia A. fue condenada a seis años de prisión efectiva, mientras que Javier O. recibió una pena de tres años de prisión efectiva, ambos por su participación en maniobras vinculadas a la venta de cocaína y marihuana.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Rocío Soledad Estrada detalló que la investigación comenzó en enero de 2025, inicialmente ante la Unidad Fiscal de Microtráfico de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Nahuel Pasquinelli, coordinador del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en la que se daba cuenta de la presunta venta de drogas en un domicilio ubicado en la zona de Rivadavia al 2100, en Venado Tuerto.

Posteriormente, en diciembre de 2025, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal, donde continuó la investigación.

En una primera etapa, las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Microtráfico de Venado Tuerto de la Policía de Investigaciones. Luego, tras una nueva denuncia recibida en febrero de este año, intervino la UNIPROJUD Venado Tuerto de Gendarmería Nacional Argentina.

En el marco de la causa, ambas fuerzas llevaron adelante allanamientos en domicilios vinculados a los imputados. Durante esos procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, balanzas, elementos de corte, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación.

De acuerdo con la acusación fiscal, la evidencia reunida permitió determinar que la venta de estupefacientes era realizada por Natalia A., con la participación de Javier O.

Además, la investigación estableció que en esas maniobras habrían sido utilizados dos hijos menores de edad de la mujer, circunstancia que agravó la calificación legal del comercio de sustancias ilícitas.

Con esos elementos, las partes arribaron a acuerdos de juicio abreviado, que fueron presentados ante el Juzgado Federal y finalmente homologados.

De esta manera, los dos imputados quedaron condenados a penas de prisión efectiva por venta de drogas agravada por la utilización de menores.

Una paciente de Venado Tuerto logró acceder a una cirugía de altísima complejidad en un hospital de Córdoba, luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal local. La intervención fue necesaria a raíz de una patología oncológica poco frecuente y requirió la utilización de una tecnología específica para garantizar la oxigenación durante el procedimiento.

El caso fue explicado por Carolina Regis, abogada especialista en derechos de salud, y por María Emilia Visentín, médica clínica y especialista en medicina del trabajo, quienes brindaron detalles sobre el proceso judicial, la complejidad médica de la práctica y la evolución favorable de la paciente.

Según relató Regis, la mujer “ya se venía atendiendo desde finales del año pasado por un problema grave que le habían descubierto, un tema cancerígeno”, y llegó a ser evaluada por equipos especializados en Córdoba. Allí se determinó la necesidad de una cirugía urgente, de alta complejidad y de muy elevado costo.

La abogada explicó que la prestación requerida no solo implicaba una intervención médica compleja, sino también la provisión de un dispositivo de alto valor económico. “Esto era incalculable, porque el dispositivo que se necesitó tenía muchísimo costo, mayor a 50 millones de pesos en el momento de la cirugía, más allá de los honorarios médicos, gastos sanatoriales y demás”, precisó.

Además, señaló que tampoco podía estimarse con exactitud cuántos días iba a requerirse el uso del equipamiento durante el proceso de recuperación. La paciente contaba con una empresa de medicina prepaga y un plan de alta complejidad, contratado desde hacía más de 20 años, por lo que desde la representación legal entendieron que la cobertura debía ser respetada.

“Tenía un plan antiguo, fue mutando incluso con distintos nombres de la prepaga, pero en su momento adquirió ese plan de alta complejidad y ellos lo tenían que respetar”, remarcó Regis.

Ante la falta de una respuesta favorable por la vía administrativa, el equipo jurídico decidió iniciar una acción de amparo en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, debido a que la paciente reside en la ciudad. El objetivo fue obtener la cobertura integral de la cirugía, la provisión del dispositivo necesario y todos los estudios prequirúrgicos.

Regis destacó la rapidez con la que actuó la Justicia ante la urgencia del caso. Según indicó, una vez presentadas las actuaciones y escuchada la parte demandada, el juez resolvió rápidamente mediante una medida cautelar, que permitió avanzar con la intervención.

“Esto fue por una medida cautelar, una sentencia que se obtiene al principio del juicio, pero el juicio todavía está en trámite”, aclaró la abogada. En ese sentido, remarcó que la medida judicial permitió resolver la urgencia, aunque el proceso legal debe continuar hasta una sentencia definitiva.

La cirugía finalmente se realizó y, de acuerdo con lo informado por las profesionales, la paciente atraviesa una excelente recuperación.

La médica María Emilia Visentín explicó que la complejidad de la cirugía estuvo dada por la localización de la lesión y por la necesidad de mantener una oxigenación adecuada durante el procedimiento.

“Esta cirugía es compleja porque se usa una máquina que se llama ECMO, una membrana de oxigenación extracorpórea, que permitió al equipo de cirujanos y anestesistas acceder al pulmón con la paciente oxigenada al 100%”, detalló.

La paciente presentaba una imagen en el pulmón izquierdo, más precisamente en el bronquio izquierdo, lo que dificultaba el abordaje mediante técnicas convencionales. Visentín explicó que el uso de ECMO permitió una técnica más precisa.

“Con este sistema se oxigenó a la paciente durante la intervención y se pudo sacar el tumor del bronquio, que es la conexión de la vía de oxigenación del pulmón con la tráquea”, señaló.

La intervención demandó varias horas y fue realizada en dos tiempos. Visentín contó que pudo hablar con una de las cirujanas que participó del procedimiento, quien le confirmó que la evolución de la paciente era muy buena.

Durante la entrevista también se explicó que la patología de la paciente puede enmarcarse dentro de las enfermedades poco frecuentes. Regis indicó que se trató de “un tumor raro” y que, por ese motivo, se le explicó a la paciente el alcance de la normativa nacional sobre EPOF, a la que también adhiere la provincia de Santa Fe.

La abogada remarcó la importancia de difundir la existencia del registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes, ya que muchas veces las personas desconocen que pueden inscribirse y acceder a herramientas de reconocimiento y acompañamiento.

Existe una ley, es positivo inscribir al paciente y la inscripción lleva poco tiempo. No es como tramitar un certificado de discapacidad. Incluso hay personas que tienen una enfermedad poco frecuente y no necesariamente ameritan, al menos por el momento, un certificado de discapacidad”, explicó.

Visentín señaló que la intervención se realizó en Córdoba porque allí se contaba con la experiencia y el equipamiento adecuado para este tipo de procedimiento. “Hay muy pocas máquinas. En Córdoba tenían esa experiencia y creo que era el mejor lugar”, afirmó.

La médica explicó que el sistema ECMO también se utiliza en otras prácticas complejas, como trasplantes pulmonares y cirugías cardiopulmonares, y recordó que se volvió más conocido durante la pandemia de COVID-19.

Otro dato destacado fue que una de las cirujanas que integró el equipo médico cordobés tuvo formación en Venado Tuerto. “Pasó cuatro años con nosotros, por eso tuve la suerte de llamarla para que pudiera contarme sobre la cirugía”, comentó Visentín.

La Justicia Federal llevó adelante este miércoles una serie de procedimientos en Venado Tuerto en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y otras normas vinculadas a la preservación de bienes culturales.

Los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y autorizados por el juez federal de garantías subrogante Carlos Villafuerte Ruzo.

En total se realizaron cuatro procedimientos en simultáneo en distintos puntos de la ciudad.

Participación de Gendarmería Nacional

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina, con apoyo de personal de la Sección Vialidad y Seguridad de la misma fuerza.

Además, participó una gendarme especializada en la temática de patrimonio cultural, perteneciente a la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental y enlace con Interpol, lo que permitió reforzar el análisis inicial de los objetos hallados.

La denuncia que inició la causa

La investigación comenzó a partir de una noticia criminis recibida por Gendarmería Nacional. Según la información aportada, una persona (que decidió mantener su identidad en reserva) denunció que un individuo identificado como Maximiliano B. estaría ofreciendo a la venta piezas arqueológicas de origen prehispánico a través de la plataforma Facebook Marketplace.

A partir de ese dato inicial, la Fiscalía Federal impulsó las tareas investigativas que derivaron en los allanamientos realizados durante la jornada.

Secuestro de bienes culturales y piezas arqueológicas

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron alrededor de 100 objetos considerados bienes culturales, entre ellos:

Además, se incautaron 32 piezas presuntamente arqueológicas, entre las que se encuentran:

Durante los allanamientos también se secuestraron dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y discos rígidos, además de documentación vinculada a la investigación.

En uno de los domicilios también se encontró un arma de fuego y municiones, que quedaron a disposición de la Justicia.

Pericias para determinar el origen de las piezas

Las autoridades informaron que en los próximos días se realizarán pericias técnicas especializadas para determinar con precisión el origen, la antigüedad y la valuación de las piezas secuestradas.

Mientras tanto, la persona investigada quedó supeditada a la causa, a la espera de los resultados de los análisis y del avance de la investigación judicial.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio volvió a reclamar a Vialidad Nacional por el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López y, junto al Juzgado Federal de Venado Tuerto, impulsó una nueva intimación judicial para que se retomen de manera inmediata los trabajos que permanecen paralizados desde diciembre.

La medida fue dispuesta el martes 3 de marzo por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien emitió una nueva intimación para que la empresa contratista encargada de las tareas continúe con las reparaciones comprometidas. Según se informó, Vialidad Nacional cuenta con un plazo acotado de días para responder al requerimiento.

La representante del departamento General López explicó que la situación se arrastra desde fines del año pasado y advirtió que los trabajos nunca se retomaron. “Los últimos arreglos datan de diciembre y desde entonces no se volvió a intervenir en las rutas. Lo que estamos pidiendo es algo básico: que cumplan con el mantenimiento que corresponde”, señaló Di Gregorio.

En el marco de la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal, los trabajos previstos sobre la ruta nacional 33 contemplaban intervenciones desde Firmat hasta Sancti Spíritu. Sin embargo, según se indicó, la empresa Rovial sólo realizó tareas en el tramo que va desde Firmat hasta aproximadamente la zona ubicada entre el cruce de Chovet y Elortondo.

En cuanto a la ruta nacional 8, las intervenciones fueron aún más limitadas: se concentraron únicamente en la curva de Pastorino y parte del acceso, cuando el alcance previsto abarcaba desde Venado Tuerto hasta el cruce con la ruta provincial 94.

Promesas incumplidas

Durante los últimos meses se presentaron distintos escritos en los que se anunciaban fechas de inicio de los trabajos que finalmente no se concretaron. Frente a esa situación, el Juzgado Federal fue emitiendo sucesivas intimaciones para exigir que se cumpla con lo dispuesto.

En ese sentido, la senadora provincial sostuvo que la falta de respuestas obligó a reiterar el reclamo judicial. “Nos dijeron varias veces que iban a empezar en tal día o en tal semana, pero después de verificarlo, nunca comenzaron. Por eso se tuvieron que emitir nuevas intimaciones para que la empresa contratista inicie las tareas”, explicó la legisladora.

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino. “Estas rutas son fundamentales para nuestros vecinos, para el transporte y para la producción del departamento General López. No podemos seguir esperando mientras se deterioran cada vez más”, afirmó.

Hasta el momento, Vialidad Nacional no emitió respuesta a la última notificación judicial. “La intimación, que deberán responder en los próximos días, salió la semana pasada. Lo que esperamos es que de una vez por todas empiecen a trabajar. Lo que está en juego es la vida y el esfuerzo de miles de santafesinos”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Acompañamiento a Villada

En paralelo, el equipo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio también viene trabajando junto a la comuna de Villada (departamento Caseros), que impulsa la presentación de un recurso de amparo para exigir la reparación del tramo de la ruta nacional 33 que atraviesa esa localidad, en reclamo por el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.

A través de una resolución firmada durante la feria judicial, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, le ordenó a Vialidad Nacional que proceda en un plazo de 48 horas al corte de pasto en las banquinas de las rutas nacionales 33 y 8, en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La decisión judicial fue tomada a raíz de una medida cautelar presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, en el marco de un proceso de amparo por el estado de deterioro vial de la región.

Además del corte de pasto, el magistrado recordó que Vialidad debe reanudar los trabajos de bacheo en la ruta nacional 33, entre Paraje Rabiola y Venado Tuerto, según lo establecido en decretos previos.

Habilitación extraordinaria de la feria judicial

En el fallo, el juez Cuello Murúa consideró que estaban debidamente acreditados los motivos de urgencia y los requisitos legales necesarios.

Por ello, resolvió habilitar la feria judicial específicamente para que la Dirección Nacional de Vialidad cumpla con la medida cautelar dispuesta el 28 de marzo de 2025 y prorrogada el 30 de diciembre del mismo año. En ella se ordena la ejecución inmediata de tareas de mantenimiento vial.

Exigen informes en 48 horas

El fallo también establece que la DNV deberá informar en un plazo máximo de 48 horas sobre el cumplimiento del corte de pasto y sobre la reanudación de las obras en la Ruta 33 en sentido descendente, tal como se había comprometido el organismo antes del receso de fin de año.

En ese sentido, la resolución cita expresamente el compromiso asumido por Vialidad:

“Posteriormente, y luego de las fiestas, se retomarán los trabajos en sentido contrario, dando cumplimiento a lo indicado”.

Reclamo por seguridad vial

La iniciativa de la senadora Di Gregorio surge en respuesta a reiteradas quejas de vecinos y usuarios de las rutas nacionales del sur santafesino, quienes denuncian el peligro que representa la acumulación de pasto alto en las banquinas, lo que reduce la visibilidad y puede favorecer accidentes.

Además, el deterioro de la traza, especialmente en la ruta 33 (arteria vital para la región agroindustrial), ha sido objeto de múltiples reclamos a lo largo de 2025.

Este lunes por la mañana, en el Juzgado Federal de Venado Tuerto comenzó un juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de infringir la Ley 23.737. Se trata de una causa por comercio agravado de estupefacientes, que incluye además, en uno de los casos, el cargo de cultivo y siembra de plantas destinadas a la producción de drogas.

Imágenes clave y denuncia municipal

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto. El área municipal había remitido a la entonces Fiscalía Federal imágenes del sistema de videovigilancia donde se observaría una transacción presuntamente vinculada a la venta de estupefacientes.

Según consta en el expediente, en las grabaciones se identificó a una persona en la esquina de Rivadavia y San Martín que se dirigía hacia un vehículo estacionado, donde se habría producido un intercambio de dinero por sustancias. Luego del hecho, el sospechoso abandonó el lugar en otro automóvil.

Tribunal, fiscales y defensas

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, conformado por los jueces Osvaldo Facciano, Mariano Gambacorta y Eugenio Martínez. El Ministerio Público Fiscal está representado por el auxiliar Mariano Barabani.

En tanto, las defensas están a cargo de la Defensoría Oficial —representada por los abogados Julio Agnoli y Julieta Espósito— y del defensor particular Oni Visley Mura.

Avance de la causa y allanamientos

Con el avance de la pesquisa, se incorporó una segunda causa conexa —identificada como “NN Castelli 2700”— también iniciada por una denuncia del municipio en relación a maniobras compatibles con la venta de drogas.

Las diligencias judiciales permitieron establecer la participación de los imputados en las actividades ilícitas. En el marco de los allanamientos ordenados por el juez interviniente, se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa.

El proceso judicial

La audiencia se desarrolla en la sala del Juzgado Federal de Venado Tuerto. Se prevé la declaración de testigos, la producción de prueba documental y pericial, y los alegatos de las partes.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio repasó la extensa secuencia de gestiones judiciales y políticas que, tras meses de reclamos y medidas cautelares, obligaron a Vialidad Nacional y al Gobierno de Javier Milei a poner en marcha obras en las rutas nacionales del sur santafesino.

La legisladora recordó que el 11 de marzo de este año se inició la demanda contra el organismo nacional, que fue notificado el 14 del mismo mes. A partir de allí, se sucedieron distintas presentaciones: el 25 de marzo Vialidad contestó la demanda; el 28 de marzo se otorgó de manera favorable la medida cautelar, que luego fue apelada por la demandada el 2 de abril. Posteriormente, el 9 de mayo compareció Corredores Viales S.A., mientras que en los meses siguientes se incorporaron informes presupuestarios sin mayor impacto en la causa.

Di Gregorio destacó como hecho clave la decisión del 25 de junio, cuando solicitó prorrogar la medida cautelar, que obtuvo resolución favorable el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas”, explicó. El 8 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida cautelar, consolidando la obligación de la Nación.

En paralelo, se sostuvo la presión política: el 2 de agosto se llevó adelante un multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con la participación de vecinos de toda la región. Días más tarde fue llevado a Buenos Aires el petitorio allí rubricado con más de 500 firmas. Luego, el 12 de agosto se celebró la audiencia oral y pública prevista por el artículo 360.

Los resultados comenzaron a verse: el 19 de agosto arrancaron las obras en la ruta 33 y, a mediados de septiembre, se iniciaron los trabajos en la ruta 8. Más recientemente, el 29 de septiembre se solicitó una nueva prórroga de la cautelar, que aguarda resolución.

Hoy, además de los trabajos de bacheo en las rutas nacionales 8 y 33, en la ruta 7 se está llevando adelante una obra de mayor envergadura.

“Todo este proceso demuestra que la perseverancia, la vía judicial y el trabajo conjunto con las instituciones de la región dieron sus frutos. Hoy podemos decir con claridad que, gracias a la Justicia, Vialidad Nacional está haciendo los trabajos que nos debía a los santafesinos”, concluyó Leticia Di Gregorio.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio estuvo este jueves en la zona donde comenzaron los primeros trabajos de bacheo sobre la ruta nacional N° 33, luego de la decisión del Juzgado Federal que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la legisladora.

En su presentación, Di Gregorio había impulsado dos acciones judiciales: por un lado, un recurso de amparo, con el que se exige a Vialidad Nacional la repavimentación integral de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López; y, por otro lado, una medida cautelar urgente, destinada a ordenar intervenciones inmediatas en los tramos más deteriorados de las rutas 7, 8 y 33.

Gracias a esta última acción judicial, Vialidad Nacional debió comenzar este jueves con el bacheo de la ruta 33 en su paso por Venado Tuerto. No obstante, la senadora remarcó que se trata de una respuesta transitoria y no de una solución estructural: “Valoramos que finalmente se inicien los trabajos, pero sabemos que no alcanza. Lo que la región necesita es una obra integral de repavimentación, porque tapar los pozos no resuelve el problema de fondo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta que eso ocurra”.

La cautelar también alcanza a las otras rutas nacionales que cruzan la región: en la ruta 7 ya se están realizando reparaciones, mientras que la ruta 8 permanece concesionada al sistema de peaje.

“La seguridad vial y el desarrollo de nuestras comunidades dependen de una red de rutas en condiciones. Seguiremos reclamando con firmeza ante Vialidad Nacional y el gobierno central para que se hagan las obras que verdaderamente hacen falta”, subrayó Leticia Di Gregorio.

Petitorio exitoso

Por otro lado, la legisladora radical resaltó la importancia de convocarnos y participar en la firma del petitorio, “el encuentro de la Rotonda marca un antes y un después en la efectividad de estos espacios de participación. Esta vez, todos juntos, instituciones, particulares, presidentes comunales, intendentes, funcionarios, vecinos de General López y Caseros; logramos que nos escuchen. Estoy muy agradecida con todos los que participaron y sumaron su granito de arena”, finalizó la senadora.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) designó al doctor Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe. La medida estará vigente entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, en un contexto político y judicial de especial sensibilidad, y en cuyo lapso se celebrarán las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuello Murúa ejerce como titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto desde mayo de 2018 y cuenta con experiencia previa como juez subrogante en los juzgados federales de Rafaela, San Nicolás y la propia ciudad de Santa Fe. Esta trayectoria en distintos puntos del fuero federal le otorga un conocimiento amplio del funcionamiento judicial en la región.

La designación se produce tras la decisión de la CNE de apartar al juez Gastón Salmain, quien venía subrogando la competencia electoral en Santa Fe y había sido blanco de múltiples cuestionamientos. Su historial incluía resoluciones polémicas, antecedentes poco claros y presuntos vínculos con el imputado-arrepentido Juan Ignacio Vaudagna (ex titular del ARCA de Rosario y Santa Fe), lo que motivó incluso una investigación ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

En reemplazo de Salmain, Cuello Murúa asume en una jurisdicción clave para el calendario electoral, con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad institucional. Su función, definida por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incluye la aplicación de la normativa electoral, el control del patrimonio de los partidos políticos, la organización y fiscalización de los comicios, y la proclamación de autoridades partidarias, entre otras atribuciones sensibles.

La resolución fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en el sur provincial, que culminó con la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban desde la localidad de Alcorta y abastecían de droga a Elortondo.

A pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron siete allanamientos simultáneos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras nueve unidades, totalizando alrededor de 45 agentes.

Una investigación bajo el nuevo Código Procesal Penal

La pesquisa comenzó en abril tras una denuncia anónima, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal. A partir del trabajo investigativo, se logró identificar a dos líderes de las bandas narco, Melchor P. y Ana F., quienes fueron detenidos tras los allanamientos. En los próximos días serán formalmente imputados en audiencia judicial.

Además, otras ocho personas quedaron bajo investigación, aunque por el momento no fueron privadas de su libertad.

Importante secuestro de droga, armas y dinero

Los procedimientos se realizaron en Alcorta, Elortondo y la Alcaidía de Melincué. Como resultado, se incautaron casi un kilo de marihuana y cocaína, elementos de fraccionamiento como balanzas de precisión y picadores, además de una escopeta, un rifle con mira telescópica, municiones, y una importante suma de dinero en efectivo —más de 4 millones de pesos argentinos y dólares—.

También se secuestraron 2 automóviles, 8 motos, un cuatriciclo, 14 teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para la causa.

La Fiscalía de Distrito de Rosario organizó el segundo encuentro del ciclo de capacitaciones 2025 en la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Venado Tuerto dirigido a las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que rige plenamente en la provincia de Santa Fe desde hace un año, cuando se implementó en mayo de 2024.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la actividad se desarrolló el 23 de abril pasado en un espacio cedido por la Asociación Civil Colaboradora de Universidades en Venado Tuerto (ACCUVT), ubicada en la calle Santa Fe al 1800 de esa ciudad santafesina. La organización estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito Rosario, cuyo titular es el fiscal general interino con funciones de coordinación, Javier Arzubi Calvo.

Presentes

Del ciclo participaron funcionarios de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de la provincia de Santa Fe, que además incorporó a integrantes de la Guardia Rural Los Pumas y de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, asistieron agentes de las comisarías de Venado Tuerto, Firmat, Villa Cañás y localidades cercanas.

Todos los miembros de la fuerza que tomaron la capacitación tienen distintos roles y funciones en la realización de operativos de control y prevención en general, o forman parte de equipos de investigadores que presten colaboración en causas penales

El curso tuvo un tramo teórico y otro práctico, con un primer módulo de “Prevención-Investigación”, donde se abordaron temas relacionados a las técnicas especiales de investigación previstas en la Ley N°27.319, de Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos.

Luego, se ofreció una capacitación práctica sobre el sistema acusatorio (se facilitó material de cuatro casos para problematizar los temas) dictada por la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada, ambas funcionarias de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto; y la fiscal coadyuvante del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, María Virginia Sosa.

La jornada contó con la coordinación de la contadora Marina Marsili, funcionaria de la Fiscalía de Distrito Rosario.

Un Tribunal de Juicio colegiado de Rosario impuso 11 años de prisión a Julián Mariano Gutiérrez, quien junto a otro hombre y una mujer -ya condenados- había sido declarado culpable del secuestro extorsivo de una mujer motivado en deudas por narcotráfico que mantenía su hermano, un hecho ocurrido en agosto de 2024 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

El monto de la pena para este tercer implicado se resolvió en la primera audiencia de determinación de pena (llamada también cesura de juicio) de ese distrito de Rosario, en el que en mayo de 2024 se implementó el sistema acusatorio. 

El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, dictó sentencia respecto de Gutiérrez como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser cometido con la participación de tres o más personas, y tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra.

La pena de 11 años de prisión fue en línea con la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal general a cargo la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y por la fiscal coadyuvante de esa misma jurisdicción, Daniela Ghiorzi.

El hombre había sido declarado penalmente responsable en oportunidad de homologarse un acuerdo que, en su caso, fue parcial respecto de su participación en los hechos y la calificación legal, y en el de otros dos imputados, fue pleno. En esa instancia, el juez federal Aníbal Pineda condenó a Raúl Oscar Gerez (49) y Araceli Lucrecia Pena (33) a 6 años de prisión por los mismos delitos. Sin embargo, las partes no acordaron la pena respecto de Gutiérrez.

Cesura de juicio

Como lo contempla el artículo 304 del CPPF paras esos casos, ese aspecto se definió en una audiencia de determinación de pena, celebrada el 10 de abril pasado, donde el tribunal consideró el monto y la modalidad de cumplimiento, además de resolver el destino de los elementos secuestrados durante la investigación.

Durante ese trámite, la fiscal Ghiorzi solicitó la reproducción de un video para ilustrar al tribunal sobre los hechos, explicó cómo ocurrieron y expuso su teoría del caso, que se inició con una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, y dio lugar al allanamiento, posterior declaración de incompetencia y remisión de la carpeta judicial a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

Además, se proyectaron fotografías y reprodujeron audios de WhatsApp pertenecientes al teléfono de Gutiérrez. Al tomar la palabra, el fiscal Reynares Solari fundamentó la hipótesis oficial y sustentó el apartamiento del mínimo de la pena, solicitada por la defensa en oportunidad de la audiencia de control de la acusación.

Entre las razones subjetivas, señaló la aceptación de Gutiérrez de los hechos, pero describió cómo recurrió al delito de secuestro extorsivo para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes y solicitó al tribunal que se le impongan 11 años de prisión efectiva.

Finalmente, al evaluar la gravedad del caso, el fiscal subrayó que era la primera vez que se registró un delito de esta naturaleza en la región del Departamento General López donde está la ciudad de Venado Tuerto.

Luego del alegato fiscal, la defensa rechazó el monto de la pena solicitada y en su lugar fundamentó que debería ajustarse al mínimo de 10 años de prisión.

Finalmente, el tribunal avaló el pedido del MPF y condenó a Gutiérrez a 11 años de prisión, multa de 6.310.000 pesos e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la pena como autor de los hechos que fueron objeto del acuerdo parcial celebrado el 27 de febrero pasado.

El secuestro

El caso comenzó a investigarse el 17 de agosto de 2024 cuando la víctima, identificada como N.G., realizó una denuncia en la Comisaría 12 de Venado Tuerto, donde relató que dos días antes, Pena, quien era su excuñada, y Gutiérrez, irrumpieron con un arma en su casa.

Gutiérrez le reclamó una mochila con dinero, drogas y armas de fuego que habría sustraído su hermano, identificado como C.A.G., alias “Maradona”. En esas circunstancias, la sacaron por la fuerza y la trasladaron en una motocicleta hasta una casa ubicada en inmediaciones de las calles España y Huhn, de Venado Tuerto.

La mujer narró que fue amenazada y golpeada, y pudo observar que en un sector de la vivienda había armas de fuego, material estupefaciente, balanzas y otras personas armadas, entre las que se encontraba el condenado Gerez, alias “Cachavacha”.

Además, mencionó que la hicieron participar de una videollamada en la que, a través de una tablet, un hombre al cual se referían como “Enano” (la investigación lo identifica como líder de la organización) le advirtió que para liberarla tenía que recuperar las cosas que le reclamaban a su hermano o recibir algo en garantía, de lo contrario, la matarían.

Con el correr de las horas, Gutiérrez se comunicó por teléfono con el padre de la víctima, a quien le exigió la devolución de lo sustraído y la entrega de cuatro millones de pesos para liberar a su hija.

También contactaron al hijo de 15 años de la víctima, que por esas horas había recorrido distintos barrios de la ciudad para hallar a su tío. Durante esa búsqueda, dio con el domicilio donde estaba cautiva su mamá. Allí, Gutiérrez lo recibió con un arma de fuego y le reiteró cuáles eran las condiciones para la liberación.

Más tarde, el adolescente recibió un mensaje de Gutiérrez, quien exigió el boleto de compra venta de la casa familiar. Enterado de esas negociaciones, el padre de la víctima se comunicó con el captor, quien le aclaró que recuperarían la documentación contra entrega de la mochila que estaba en poder de su hijo.

A las 22 del mismo día, el hijo de la mujer se presentó ante los captores, entrego los papeles de la vivienda y logró que la liberaran. N.G fue en busca de su hermano y, tras encontrarlo en la Villa Moisés de Venado Tuerto, le contó lo ocurrido y le reclamó la mochila, que contenía un arma de fuego, dinero en efectivo y una bolsa con balas.

Luego, regresó a la casa donde había estado secuestrada y se la entregó Gutiérrez, quien le advirtió que faltaba más dinero y droga. Al día siguiente, el hijo de la mujer recibió un nuevo mensaje, donde le avisaban que tenía “hasta las cinco de la tarde para desalojar la parte de atrás de la casa. Y que recién cuando cancelaran todo, le devolverían la vivienda y los papeles”.

La denuncia fue recibida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, que el 18 de agosto ordenó el allanamiento de la vivienda donde se concretó el secuestro. Allí se detuvo a Pena, y se incautaron dos revólveres y municiones de distintos calibres.

El mismo día, Gerez y Gutiérrez fueron detenidos en la vía pública mientras merodeaban cerca de un auto Volkswagen Gol. Al requisarse el vehículo, se secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación personal y del automóvil, entre otros objetos.

La sede Fiscal de Venado Tuerto (antes Fiscalía Federal), a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Daniela Ghiorzi imputó en horas de la mañana de este viernes a tres personas sospechadas de haber secuestrado a una mujer para cobrar una deuda por drogas de su hermano.

Se trata de un hecho ocurrido la semana pasada, cuando la víctima fue secuestrada de su casa y trasladada, primero en moto y luego subida a un auto hasta un domicilio de calles España y Huhn, donde la golpearon y continuaron amenazando para que entregue droga, dinero y armas. 

En ese domicilio, luego del allanamiento, se encontraron armas, municiones y droga. 

La audiencia de este viernes fue encabezada por el Juez Federal de Garantías, Dr. Aurelio Cuello Murua, y durante la misma se dictó la prisión preventiva a los tres imputados, Araceli P., Julián G. y Raíl G., quienes fueron asistidos por la Defensora Pública, Cindi Bertola. 

Este sábado, se realizaron 24 allanamientos simultáneos por infracción a la Ley 23.737 (ley de drogas), solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, y ordenados por el doctor Aurelio Cuello Murúa titular del Juzgado Federal venadense.

Se trata de dos causas delegadas desde su inicio en la Fiscalía Federal, una de ellas formulada a partir de la recepción de varias denuncias en el Buzón de la Vida del edificio municipal de Venado Tuerto y la restante por el producido de las intervenciones telefónicas de otra investigación.

Una de las causas refiere a una persona detenida que cumple condena por delitos vinculados a la ley 23.737 en la cárcel de Coronda quien a través de su hermana y su cuñado y con la colaboración de otra mujer conductora de un vehículo de alquiler transportaban el material estupefaciente para su distribución y venta en Venado Tuerto y las localidades de San Gregorio, María Teresa, Santa Isabel e Intendente Alvear (provincia de La Pampa).

La restante corresponde a una organización que distribuía y comercializaba estupefacientes en la ciudad de Rufino, principalmente a través una empresa de remises siendo proveídos por una persona de Rosario que en varias ocasiones viajaba hasta la ciudad de Rufino con dicho material.

Las tareas investigativas y los operativos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina con la colaboración de otras 14 unidades y un total aproximado de 150 efectivos.  

A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro material estupefaciente (cocaína, marihuana y plantas); 13 vehículos; 6 armas de fuego; aproximadamente 200 municiones; $6.000.000 en efectivo y más de 50 teléfonos celulares.

Seis personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal y serán indagadas en los próximos días.   

En la mañana de este sábado, la División Unidad Operativa Federal de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, realizó un allanamiento por Infracción a la Ley 23.737 (estupefaciente), en la localidad de María Teresa. 

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Italia al 700, donde se procedió a la detención de un sujeto mayor de edad, quien era investigado por venta de estupefaciente. 

Las pesquisas venían realizando tareas de recolección de pruebas y en la fecha el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, y a requerimiento de la fiscalía, a cargo de Andrés Montefeltro, emitió la orden de allanamiento. 

En la vivienda se secuestró gran cantidad de cogollos, semillas y plantas de marihuana, fraccionado listo para la venta, balanzas, dinero en efectivo, dinero de moneda estadounidense y un vehículo, quedando detenido un hombre mayor de edad, a disposición del magistrado.

Un total de 19 personas fueron condenadas por formar parte de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Venado Tuerto y localidades del sur provincial. Desde la justicia federal sindicaron a Mauro Nahuel Novelino como organizador de los ilícitos y se le impuso una pena unificada de 15 años de prisión, al ser encontrado también culpable de una balacera registrada en el año 2019.

El fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, encabezado por Tomás Eugenio Malaponte, da detalles de los domicilios en donde se acopiaba principalmente la cocaína y la marihuana, como así también precisiones de los elementos secuestrados en distintos allanamientos que se llevaron adelante, principalmente por agentes de la Gendarmería Nacional, en Venado Tuerto, Elortondo, Capitán Bermúdez y el penal de Piñero.

Operativos 

En un allanamiento realizado en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero los uniformados incautaron una bolsa de nylon con 6 gramos de marihuana, una bolsita de nylon con 4 gramos de cocaína y colillas de cigarrillos artesanales de cannabis sativa. Y en otra celda dieron con 9 gramos de marihuana. 

En un domicilio de calle Strenitz al 1.300 en Venado Tuerto secuestraron 16 tabletas de pastillas varias, 2.1 gramos aproximados de cannabis sativa, tres envoltorios de plástico tipo bocha con una sustancia polvorienta de color blanco, once restos de cigarrillos artesanales semi combustionados. 

En Pasaje Paz al 700 dieron con envoltorios con sustancia vegetal, la cual arroja un peso de 2.6 gramos aproximados y seis cigarrillos de armados casero. Mientras que en Pasaje Torres al 2.700 incautaron varias bolsas con marihuana y cocaína, más una balanza.

A la lista se suma lo hallado en un automóvil estacionado en calle Italia al 2.000, que arrojó aproximadamente medio kilo de marihuana y 164 gramos de cocaína. 

Condenas

En el marco de un juicio abreviado acordado por las partes, Mauro Nahuel Novelino fue condenado la pena de quince años de prisión (tres penas unificadas) por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber sido organizador de dichas actividades.

También por organizar y dirigir una balacera el 30 de octubre de 2019 contra un domicilio de calle Giacaglia al 500 que tuvo como meta amedrentar a dos sujetos con el objetivo de someterlos a la colaboración subordinada con el tráfico de estupefacientes.

El tribunal también condenó a Maximiliano Ezequiel Ríos a una pena unificada de 7 años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A Denis Yanet Suárez a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y a Diego Alejandro Galván a la pena de seis años de cumplimiento efectivo por considerarlo responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas. 

Jésica Paola Flores fue condenada a 9 años de prisión (pena unificada) por tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Como parte de la organización, Gonzalo Román Pérez, deberá cumplir seis años de prisión. Matías Ezequiel Carranza, una condena de tres años y medio. Gabriela Fernanda Carreras una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva (pena unificada) al igual que Omar Daniel. En tanto, Romina Natalí García, cumplirá tres años y seis meses de prisión. 

A la lista se suman Alejandra Tamara Garbes, Hugo Omar Novelino, María Verónica Loza y Micaela Daiana Garbes con una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. 

Entre los sentenciados están Marcelo Daniel Camelino, con seis años de prisión al igual que Brian David Galván. Mientras que Marisol Ramírez recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al igual que Jorge Daniel Zarandón.

Por último, Jésica Daniela González fue condenada a 7 años y 6 mes de prisión de ejecución efectiva (pena unificada). 

El 8 de abril de este año personal de la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe detuvo la marcha de un remis en la Ruta nacional 33 a la altura de la ciudad de Firmat donde se trasladaba una mujer identificada como Natalí Analía O. quien entre sus pertenencias trasladaba un ladrillo de cocaína con un peso de 1 kilogramo que tenía como sello distintivo el logo turístico de Perú.

Ese ladrillo sometido a peritaje arrojó un aproximado de 90% de pureza.

En dicho procedimiento tomó intervención el Juzgado Federal de Venado y la Fiscalía Federal. Luego del trámite correspondiente, en el mes de junio la causa fue elevada a juicio y finalmente el 30 de noviembre Natalí Analía O. fue condenada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión por el Tribunal Oral nº2 de Rosario.

Oportunamente, la Fiscalía Federal a cargo de los doctores Javier Arzubi Calvo y Andres Montefeltro había dispuesto una serie de medidas de prueba referidas al procedimiento, entre las que se destaca el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados a la imputada.

El análisis del contenido de los mismos permitió ascender en la escala de responsables, de esta forma se determinó que el enlace de la imputada para el traslado de la cocaína desde la ciudad de Rosario a Venado Tuerto y su posterior fraccionamiento y distribución era un detenido que se encuentra alojado en la cárcel de Coronda, cumpliendo condena por delitos vinculados a la ley 23.737, llamado José Miguel A., quien fue condenado oportunamente a la pena cinco años y seis meses de prisión (comprensiva de dos causas) y es oriundo de Venado Tuerto.

En el transcurso de los meses de marzo y abril del año 2023 desde dicha unidad realizaba los contactos necesarios para la logística en la adquisición y reventa de material estupefaciente, conforme se desprende del chat de la aplicación de WhatsApp que mantenía con Natalí O..

El último mensaje entre ambos se da en la madrugada 8 de abril cuanto Natalí O. luego de retirar la cocaína le señala “ya estoy en la ruta”. Minutos antes le había enviado una fotografía del ladrillo de cocaína con el logo turístico de Perú que resultó secuestrado.

En función del avance de la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, Secretaría del doctor Emiliano Cristaldi, el allanamiento de la celda de la unidad de detención que fue realizado con colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de santa Fe, la detención y la indagatoria del imputado.

En dicho registro no fueron hallados elementos de interés para la investigación disponiendo el juzgado recibirle declaración indagatoria por el comercio de material estupefaciente.