(Por Mauro Dalmazzo y Juan Franco) - Sobre el mediodía de este lunes 17, en su salón de actos de Mitre y Belgrano, la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto dio comienzo a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el nuevo cambio de facturación en virtud de la acción judicial que promovió la empresa y a la que hizo lugar el Juzgado Federal de Venado Tuerto a través de un reciente fallo. 

En primer lugar, el presidente del Consejo de Administración, Ademar Aznar, se ocupó de la presentación de la problemática; luego el asesor Miguel Murtagh dio detalles de los aspectos técnicos de la resolución judicial; el auditor externo de la CEVT, CPN Roberto Figueredo, expuso sobre el impacto económico que sufrió la concesionaria a raíz de la Resolución N° 267; y cerró la lista de oradores el gerente técnico Alberto Corradini.

Cabe señalar que el Juzgado Federal de Venado Tuerto dictó un fallo que suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267 del Gobierno Nacional, la cual impedía a las prestadoras de servicios públicos incluir en sus facturas conceptos ajenos al consumo de energía. En tal sentido, la empresa venadense había promovido una acción judicial argumentando que los ítems eliminados, como la tasa de alumbrado público y otros tributos, estaban respaldados por normativas provinciales, ordenanzas municipales y el contrato de concesión con el poder concedente.

En la apertura de la conferencia de prensa, el presidente anfitrión, Ademar Aznar, explicó que la Resolución 267, dictada en septiembre de 2024, afectó a todas las prestadoras del país al prohibir la inclusión de servicios adicionales en la factura. "Desde un primer momento consideramos que no estábamos alcanzados por esta medida, ya que los conceptos que facturábamos estaban respaldados por ley, ordenanza o el contrato de concesión. Sin embargo, fuimos denunciados y obligados a modificar el esquema de facturación, lo que generó un fuerte impacto económico y técnico para la cooperativa", sostuvo.

El dirigente remarcó que la CEVT siempre actuó conforme a la legislación vigente. "Los ítems que figuraban en la factura, como la tasa de alumbrado público y el tributo provincial del 6% sobre la facturación, están previstos en normativas provinciales y municipales. No estamos hablando de servicios opcionales, sino de obligaciones que debemos cumplir como parte del contrato de concesión. La eliminación de estos conceptos generó incertidumbre y dificultades para la cooperativa, que ahora, con este fallo, puede volver a operar con mayor previsibilidad", explicó.

Aznar también señaló que la resolución impuesta por el Gobierno nacional llevó a una situación de incertidumbre para los asociados. "Hubo confusión entre los usuarios, ya que muchos pensaron que ciertos ítems habían sido eliminados definitivamente, cuando en realidad su cobro era obligatorio por normativas provinciales y municipales. Esto generó dificultades en la administración y un perjuicio económico para la cooperativa".

El asesor legal de la CEVT, Miguel Murtagh, brindó detalles sobre el fallo y cómo impactará en la facturación. "Nuestra acción judicial tuvo como objetivo obtener certeza sobre qué normativa debía prevalecer: la Resolución 267 o el contrato de concesión, que nos obliga a recaudar ciertos tributos. La Justicia ha determinado que la tasa de alumbrado público debe volver a facturarse de manera obligatoria, mientras que otros conceptos podrán incluirse, pero con la aclaración de que su falta de pago no afectará el servicio eléctrico", explicó, aunque sí se aclaró que generarán una deuda.

El fallo establece que la CEVT podrá volver a incluir en la factura de luz la tasa de alumbrado público dentro del apartado de impuestos y gravámenes, lo que significa que su pago será obligatorio para evitar la suspensión del servicio. En cuanto a otros rubros, como el aporte a energías renovables, la capitalización de infraestructura eléctrica y la tasa municipal establecida por la Ley 10.014, la cooperativa deberá facturarlos de manera separada, con la aclaración de que su falta de pago no afectará la continuidad del suministro eléctrico.

Además, Murtagh aclaró que la cooperativa ya ha solicitado una aclaración del fallo y, en caso de ser necesario, presentará una apelación. "Consideramos que algunos aspectos de la decisión pueden prestarse a interpretaciones erróneas, sobre todo en lo referido a los rubros adicionales. El fallo menciona que deben incluirse en la factura, pero troquelados y con la aclaración de que su falta de pago no implicará la suspensión del servicio. No estamos del todo conformes con esta interpretación, ya que creemos que estos rubros forman parte de la prestación principal del servicio eléctrico y no deberían considerarse 'servicios adicionales'. Por ello, hemos solicitado una aclaración y, subsidiariamente, estamos dispuestos a apelar", afirmó.

El asesor legal también destacó que la decisión judicial genera interrogantes sobre el período en que la cooperativa no pudo facturar estos conceptos. "La eliminación de estos rubros durante varios meses representó un perjuicio económico significativo para la cooperativa. Aún no está claro si se podrá recuperar ese monto de alguna manera o si será absorbido por la entidad. Es un tema que analizaremos en las próximas semanas", agregó.

A su turno, el auditor externo Roberto Figueredo brindó precisiones sobre el impacto económico de la medida nacional en las arcas de la empresa, que estimó, incluyendo todos los rubros, y en función de los datos de septiembre y octubre últimos, en 6.500 millones de pesos en la proyección anual . 

“Hay dos rubros fundamentales: uno es Alumbrado público y dependencias municipales, que anualizado implica 2.127 millones, y ahora se vuelve a introducir en la factura, es decir, sin troquelado; y el otro es Capitalización, lo que se cobra para poder hacer obras, y que representa 1.825 millones, también anualizado”, explicó el contador público para dimensionar la magnitud del impacto. Y agregó que “con el cambio, la Capitalización estará en la factura con un troquelado, es decir que no tendrá el mismo efecto que antes”, en alusión a que la falta de pago no implicará el corte del servicio. 

Además, el auditor hizo una evaluación del balance económico del actual ejercicio económico de la empresa, iniciado en septiembre de 2024, sobre el cual puntualizó que, por Capitalización, se recaudaron 220 millones en septiembre, 187 millones en octubre, 83 millones en noviembre y 11 millones en diciembre, en una evidente declinación de ingresos, para agregar que lo invertido en obras en ese lapso fue $ 506 millones, al mismo tiempo que se invirtieron 793 millones en esa área, obligando a echar mano a las reservas existentes.

El presidente Aznar subrayó la importancia de este fallo como un antecedente clave para otras cooperativas del país afectadas por la Resolución 267. "Somos la única cooperativa que promovió una acción judicial contra esta normativa y esperamos que este fallo sirva como un precedente para otras entidades que están en la misma situación. La facturación de estos conceptos es parte del funcionamiento normal de las cooperativas y eliminarlos sin un criterio claro solo genera incertidumbre y perjuicio económico", expresó.

La medida tendrá vigencia hasta agosto de 2025. Mientras tanto, la CEVT continúa con su reclamo administrativo y evalúa la posibilidad de solicitar una ampliación de la medida cautelar si el conflicto no se resuelve en el plazo estipulado. "Seguimos atentos al desarrollo del caso, ya que el Gobierno Nacional ha presentado su descargo y está buscando que la medida cautelar sea revocada. Si el conflicto no se resuelve en este período, pediremos que la suspensión de la Resolución 267 se extienda hasta que se dicte una sentencia definitiva", concluyó Murtagh.

A su vez, el asesor legal destacó que la cooperativa está trabajando en los ajustes administrativos necesarios para cumplir con el fallo judicial. "Ya hemos comenzado a readecuar el esquema de facturación para cumplir con la sentencia. Los usuarios verán nuevamente en su boleta los conceptos de alumbrado público dentro del ítem de impuestos y gravámenes, mientras que otros rubros estarán detallados de manera diferenciada. Es un cambio que devuelve previsibilidad a la cooperativa y a los asociados", indicó.

En tanto, Aznar reafirmó el compromiso de la CEVT con sus asociados y su intención de defender el esquema de facturación tradicional. "Nuestro objetivo es garantizar un servicio eficiente y sustentable. La Resolución 267 ponía en riesgo la estabilidad financiera de la cooperativa y la prestación de servicios esenciales. Vamos a seguir trabajando para que se reconozca la validez de nuestra facturación y se respeten las normativas provinciales y municipales", concluyó.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, a cargo de la subrogancia en el Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás, hizo lugar este martes a la medida cautelar solicitada el 9 de septiembre último por un afiliado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la persona del Gerente de Prestaciones Médicas, para que en el término de 48 horas le autorice y provea la vacuna Qdenga (vacuna tetravalente contra el dengue) -en sus dos dosis con intervalo de tres meses- prescripta, y bajo la responsabilidad de su médica tratante Andrea Ruiz. 

Si bien no puede asegurarse que se trate de una decisión judicial inédita en torno a la problemática del dengue, Cuello Murúa informó que en el Juzgado de Venado Tuerto, donde ejerce la titularidad de la repartición con sede en calle Chacabuco, no se habían presentado casos semejantes, ni tampoco en la ciudad bonaerense donde también presta funciones.

En este caso, el hombre de 64 años de edad presentó el pedido de medida cautelar solicitando la vacunación urgente contra el dengue, debido a una nueva ola de la enfermedad -cuyo vector es el mosquito de la variedad aedes aegypti- anunciada en los medios de todo el país. 

Sin embargo, la obra social demandada se opuso a proporcionar la vacuna Qdenga alegando que no está incluida en el calendario de vacunación ni en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros argumentos, el afiliado sostuvo que la médica de cabecera le recomendó la vacunación urgente debido a factores de riesgo graves, a la vez que presentó un certificado médico y las referidas notas periodísticas de medios nacionales y provinciales avisando sobre la inminente ola de dengue.

Mientras tanto, desde la demandada arguyeron que, si bien la vacuna Qdenga fue aprobada por la Anmat, no está recomendada por organismos internacionales para su inclusión en el calendario nacional de vacunación. Asimismo, alegó en su descargo que no hay estudios concluyentes sobre su eficacia y seguridad en personas mayores de 60 años.

Dada la acción judicial en curso, Cuello Murúa solicitó en su momento un informe al médico venadense Miguel Pedrola, reconocido especialista en VIH y Director Científico para Latino América y Caribe de la AIDS Healthcare Foundation, quien detalló que la vacuna contra el dengue es efectiva en personas de 4 a 16 años y que se extrapolan los datos a personas de 17 a 60 años. 

Además, especificó que en los mayores de 60 años no existen estudios sobre eficacia clínica ni datos sobre la inmunización en esta franja etaria, aunque la OMS plantea que podrían ser alcanzadas por la inmunización, aquellas personas con patologías tales como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión.

Por su parte, la médica clínica sostuvo la recomendación de vacunación, considerando la historia clínica del paciente.

Sobre la base de los antecedentes colectados, el Tribunal Federal nicoleño consideró que debía primar la opinión de la médica tratante, quien está en mejores condiciones de evaluar la situación particular del actor. En este sentido, el magistrado recurrió a jurisprudencia obrante sobre la materia, como la siguiente: “… Privilegio la opinión del médico de cabecera o tratante, quien examinó cuidadosamente a su paciente, frente a la opinión, no menos seria, pero basada en parámetros generales, o estándares médicos, de la obra social, por lo tanto, no específicos…”.

Y subrayó Cuello Murúa que la medida cautelar se concede considerando el riesgo para la salud del actor, quien ya padeció dengue y tiene otros problemas de salud concomitantes, como diabetes. Asimismo, observó, en cuanto al requisito del peligro en la demora, que el mismo se encuentra acreditado, ya que de no acogerse a la medida, se pondría en riesgo la salud del amparista, atendiendo especialmente a la cuestión de que se trata de un paciente que ya ha padecido dengue. En consecuencia, se ordenó a la obra social la vacunación del afiliado bajo la responsabilidad de la médica tratante.

La Sede Fiscal de Venado Tuerto allanó durante la mañana de este viernes 9 la vivienda en la intersección de calles Rivadavia y Cabral, donde funcionaría una financiera ilegal, la cual fue asaltada el pasado 27 de junio, en horas de la mañana.

El operativo, que comenzó cerca de las 8.30 de la mañana de este viernes, fue solicitado por el Fiscal Federal Javier Arzubi Calvo al Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto y se realizó con colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación.Se trata de una causa iniciada de oficio por la nueva Sede Fiscal Descentraliza de Venado Tuerto -que tiene ese nombre desde que el 6 de mayo comenzara a regir el procedimiento acusatorio en materia federal- luego de que se conociera que el domicilio había sufrido un violento robo a fines de junio pasado y que allí funcionaba una financiera ilegal operada por los dueños de casa, dos contadores. Durante la investigación, la Sede Fiscal pudo determinar que ni el domicilio ni sus dueños tenían autorización del Banco Central para operar en cambio.  

A partir del allanamiento, personal de la Gendarmería Nacional Argentina halló gran cantidad de documentación, libretas de pagarés, 8 teléfonos celulares, computadoras, dinero en moneda nacional y extranjera (dólares, reales, etc.) 5 máquinas de contar billetes, un arma y un detector de billetes falsos.

La investigación posterior a la financiera ilegal, surgió a partir del robo ocurrido el pasado 27 de junio, se produjo a plena luz del día, alrededor de las 10.30 cuando desconocidos ingresaron a cara descubierta y escaparon a pie por casi 100 metros, para luego subirse a un automóvil y emprender la huida.

Tras un intenso operativo cerrojo en todo el sur de Santa Fe, el número de patente fue cargado en el identificador que tiene la ciudad de Firmat sobre la ruta 33 que alertó el paso del mismo. Así fue que el Comando Radioeléctrico inició un seguimiento controlado, finalizando en la localidad de Villada, donde fueron aprendidas las cuatro personas, tres masculinos y una femenina, y secuestraron elementos probatorios para la causa.

Desde el poder judicial dictaminaron a principios de julio la prisión preventiva ordinaria para tres de los sujetos acusados de robar la financiera venadense. En tanto, una mujer accedió al beneficio de la “domiciliaria” por ser madre de cuatro niños, de los cuales tres son pequeños.

Los cuatro fueron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por cometerse en poblado y en banda”. Se trata de Juan Valentín A. de 59 años (policía santafesino retirado), Matías Alejandro C. 29 años, Alejandro A. 36 años y Carla Sabrina A. de 37 años. 

Con la firma de su titular Aurelio Cuello Murúa, el Juzgado Federal de Venado Tuerto dictó este jueves 11 una medida cautelar en beneficio de una familia venadense compuesta por un matrimonio (él de 71 años y ella de 58) y una hija con discapacidad (retraso mental grave), de 30 años, quienes presentaron la acción de amparo el 29 de febrero último contra una empresa de medicina prepaga, a fin de que se ordene dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados por ella en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. Además, apuntaron a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU suscripto por el presidente Javier Milei.

Luego de una investigación de la delicada problemática, Cuello Murúa dispuso que el valor de la cuota del grupo familiar se ajustara en la medida y frecuencia que se ajusten los haberes previsionales, desde el mes de enero y hasta el dictado de la sentencia definitiva. Además, observó en la resolución que la demandada deberá refacturar los períodos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2024, tomando los pagos efectuados por la actora hasta la actualidad por dichos períodos, a cuenta de la suma total.

Para el magistrado, a partir de la vigencia del decreto -se aprobó el 29 de diciembre último-, los aumentos en la cuota de los servicios de salud son “desproporcionados e irrazonables”, debiendo ajustarlos “en la misma medida y con la misma frecuencia que los haberes previsionales” a partir de la vigencia del DNU, y teniendo en cuenta para la refacturación que las subas para pasivos fueron del 0% en enero; 0% en febrero; 27,18% en marzo y 12,70% en abril.

En su reclamo, los demandantes consignaron que la desregulación “llevó a que la cuota de la prepaga se incremente indiscriminada y ostentosamente”, habiendo abonado en diciembre de 2023 la suma de $249.787,63; en enero de 2024, $364.062,54; en febrero, $452.945,52; en marzo, $533.896,25 y en abril, $617.167,54.

Seguidamente, refieren que sus ingresos familiares son exiguos y están constituidos por la jubilación mínima y la pensión por discapacidad de su hija, sumando $229.829,23. Luego, con una actividad comercial complementaria, en algunos meses logran recaudar unos $200.000 más, aunque sólo el alquiler de la vivienda les representa $85.000 mensuales, demostrando la inviabilidad de seguir abonando las cuotas de la prepaga en las condiciones previas a la presentación judicial.

En síntesis, desde la entrada en vigencia del DNU, y por lo tanto desde que las empresas pueden fijar los precios sin intervención de la autoridad de aplicación, la prepaga escaló sus cuotas entre diciembre y abril un 147,08%, con ajustes todos los meses, en tanto que, en el mismo lapso, con dos actualizaciones, los haberes previsionales se incrementaron sólo un 43,36%. 

En este contexto, alegó el juez venadense, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “si bien la actividad de las empresas de medicina prepaga presenta ciertos rasgos mercantiles, dichas entidades adquieren, paralelamente, un compromiso social para con los usuarios, lo cual supone una responsabilidad que trasciende el mero plano negocial”.

Basada en una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que se desempeña en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, la Casa Rosada oficializó este miércoles la decisión de que algunas empresas de salud privada retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación (IPC).

Cabe señalar que son siete las empresas de medicina prepaga y hospitales de comunidad que integran la lista alcanzada por la medida de acuerdo al incremento de sus cuotas por encima de un 160% promedio, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Como surge de la lectura de ambos pronunciamientos, el planteo que este miércoles divulgó el gobierno nacional reconoce semejanzas conceptuales con la resolución adoptada seis días antes por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, que además de ponerle un límite a los aumentos de las cuotas de la prepaga en cuestión, estableció que los futuros ajustes mensuales se adecuen a la suba de los haberes jubilatorios.

Cabe señalar que, en paralelo a la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, que alcanza, a través de siete empresas, al 75% de los afiliados a prepagas, la Casa Rosada solicitó ante el Poder Judicial una medida cautelar para frenar la escalada de aumentos, y que en este caso comprende a 18 empresas que aglutinan el 90% de los afiliados a los sistemas de salud privada.

No es la primera vez que Aurelio Cuello Murúa tiene entre manos planteos semejantes, y en anteriores oportunidades los había rechazado, pero esta vez hizo lugar a la medida cautelar porque, más allá de la presunción de legitimidad del DNU vigente, que permite fijar libremente las cuotas de los servicios médicos, interpretó que esa facultad fue ejercida de “modo irrazonable” por la empresa, sobre todo cuando se trata de un jubilado (con haberes mínimos), su esposa monotributista (también de la mínima) y una hija con discapacidad; además de ser inquilinos y acreditar 27 años de afiliación a la prepaga cuestionada.

El juez federal contempló en su decisión “las circunstancias particularísimas que envuelven el presente caso”, tales como una doble vulnerabilidad -jubilación y discapacidad-; la antigüedad en la prepaga demandada, la delicada situación patrimonial familiar y el impacto del aumento de las cuotas en su realidad económica.

“Si bien me he pronunciado en otro sentido en casos con el mismo objeto de los presentes, en el caso de marras, el resultado arribado es en razón de estas circunstancias extraordinarias…”, argumentó el también juez federal subrogante en la ciudad de Santa Fe.

Con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de sendos artículos del DNU, consideró Aurelio Cuello Murúa que, encontrándose el mismo bajo la revisión del Poder Legislativo -Cámara de Diputados-, “como es de público conocimiento, goza de validez hasta tanto este órgano dictamine lo contrario, resultando apresurado en esta instancia ordenar la suspensión de los efectos jurídicos del mismo, como lo solicita la actora”, acotando que “el análisis de razonabilidad del DNU 70/23 corresponderá efectuarlo una vez finalizado que estuviere su proceso de control y aprobación legislativa”.

Oficiales de la Policía Federal de Venado Tuerto realizaron este jueves 29, en horas de la tarde noche, un allanamiento por infracción a la Ley N° 23.737 con intervención de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal venadenses, en un domicilio de la localidad de Villada, donde se procedió a la detención de una pareja que comercializaba marihuana con sistema delivery en las localidades de Firmat, Murphy y Venado Tuerto.

En esta vivienda, los uniformados secuestraron un ladrillo compacto de marihuana de casi un kilogramo; unos 200 gramos de marihuana fraccionada para su venta; más de 300 cigarrillos de armado casero de marihuana (porros); un arma de fuego; distintos elementos de corte y fraccionamiento; y una gran cantidad de dinero en efectivo (producto de la venta y comercialización de dicha sustancia). También se secuestraron vehículos con los que distribuian en las localidades mencionadas.

El domicilio allanado se ubica a tres cuadras y ocho cuadras de sendas escuelas, y trascendió que algunos estudiantes concurrían al lugar para adquirir droga. 

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea reclamó por la falta de respuestas por parte del Juzgado Federal de Venado Tuerto en torno a las denuncias que los vecinos hicieron, utilizando los Buzones de la Vida que fueron instalados en la localidad. “Nos vendieron un buzón”, exclamó a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. 

“Confiamos que los Buzones de la Vida era una herramienta interesante para que vecinos y vecinas de nuestra localidad pudiesen hacer denuncias anónimas por diferentes delitos, principalmente por venta de drogas y estupefacientes y que la justicia actúe”, comentó Goyechea, recordando que “consultamos con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia y nos asesoraron de cómo realizarlo”.

Seguidamente indicó: “Los vecinos y las vecinas confiaron y cumplieron. La Comuna confió y cumplió. Se colocaron tres Buzones de la Vida y en la primera apertura había cerca de 30 denuncias anónimas. Una vez por mes se siguieron abriendo, al día de hoy hubo 5 aperturas y en cada una, sin ver los nombres y apellidos denunciados, los papeles se colocaban en un sobre y se labraba un acta para ser enviadas al Juzgado Federal”.

“¿El resultado? Nada de nada”, señaló. Y agregó: “La Justicia Federal hizo eso nada, pero cuando digo nada es nada. Consultamos por teléfonos para informarnos y la respuesta fue que no podían dar información al respecto sobre ninguna causa en particular. Decidimos por lo tanto mandar una nota más general, consultando sobre si se inició alguna investigación desde marzo del 2023 (enviada el 12/07/23) y al día de hoy no hay ninguna respuesta. Otra vez, nada de nada”.

“Obviamente las denuncias fueron disminuyendo, -continuó- en la quinta apertura de los buzones no hubo ninguna denuncia, es totalmente entendible, a meses de la instalación de los Buzones nada cambió en nuestro pueblo, nada se investigó, ninguna causa se inició, ni hubo acciones referidas a delitos relacionados con el tráfico de drogas y estupefacientes”.

El mandatario por otro lado explicó que “modificamos el procedimiento para ver si conseguimos que la justicia actúe; a partir de ahora, por la Ordenanza 32/23 se abrirán los Buzones, se dejará constancia en un acta y como presidente comunal realizaré en forma personal la denuncia penal en la Fiscalía Federal de Venado Tuerto para tener un mayor control sobre las mismas y poder hacer un seguimiento a futuro de las causas iniciadas”.

“Quizá los juzgados tienen causas de mayor gravedad pero no puede haber causas importantes y menos importantes, los delitos son delitos y necesitamos un Estado presente que tenga un Poder Judicial activo que brinde seguridad y tranquilidad, necesitamos saber que la participación ciudadana ante un tema que preocupa no queda en un cajón de un juzgado para llenarse de polvo”, enfatizó. 

Y cerró: “Que los buzones sean verdaderos Buzones de la Vida y no Buzones de una Farsa”.

La diputada provincial Georgina Orciani, quien integra el bloque UCR-Evolución liderado por el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, logró acercar localidades del sur santafesino al Juzgado Federal de Venado Tuerto. 

Orciani, junto a los presidentes comunales de Arequito y actual candidata a Senadora Paola Forcada, y de Chañar Ladeado Federico Vallé, se reunieron con autoridades de dicho juzgado. 

En este marco, comentó que el objetivo del encuentro fue establecer un diálogo constructivo, con el fin de acercar a cada vecino la posibilidad de trabajar conjuntamente en la lucha contra los hechos delictivos. “Es un avance muy importante para las localidades del departamento Caseros, ya que con este tipo de acciones concretas logramos darle a la comunidad respuestas específicas, posibilitando que las localidades cuenten con más herramientas”, indicó. 

En la misma línea, legisladora y los mandatarios solicitaron ante el Juzgado Federal la implementación de “Buzones de la vida”, instrumento que brinda un servicio comunitario, el cual  recibe denuncias anónimas, permitiendo activar investigaciones delictivas, como por ejemplo las vinculadas a la venta de droga. 

“Es una herramienta muy útil y directa de las municipalidades y comunas, que aportan periódicamente las denuncias. El mecanismo es muy simple, cualquier dato, aunque pueda parecer mínimo es de mucha utilidad para la investigación”, señaló Orciani.

Cabe remarcar que en algunos casos, los vecinos aportan una descripción del domicilio, o de la persona, o sus características físicas; no necesariamente quien denuncia tiene que tener conocimiento sobre los datos de identidad concretos. Ese anoticiamiento que el denunciante formula es una herramienta que luego la Fiscalía, con intervención de las fuerzas de seguridad, profundiza para determinar concretamente la existencia de maniobras en infracción a la ley de estupefacientes. 

La legisladora resalto la importancia de este acercamiento, donde de forma mancomunada es que se confeccionan los diferentes planes de acción. “Buscamos lo mismo, yo desde mi lugar, los presidentes comunales y todo el personal que componen al Juzgado Federal  queremos una respuesta eficaz y eficiente por parte de la Justicia, contemplando todas las herramientas a disposición”. 

Por último, reitero su agradecimiento a las autoridades del Juzgado Federal y al equipo de trabajo, por demostrar predisposición, compromiso y responsabilidad como así también a los jefes comunales por apoyar la iniciativa, permitiendo que cada vecino cuente con la posibilidad de denunciar y luchar de este modo contra cada delito especialmente contra el narcotráfico. 

El Consejo de la Magistratura llevó adelante un trabajo de modernización y adecuación de las instalaciones en la sede del Juzgado Federal N°1 de Venado Tuerto, ubicado en la calle Chacabuco 743.

De este modo, se llevó adelante la instalación de 22 puestos de trabajo, la instalación de un Racks de 15 unidades, de un tablero de circuito eléctrico y sus respectivos estabilizadores de tensión, la instalación de cablecanal y tuberías por cielo raso, el tendido de montante eléctrica y cableado estructurado categoría 6 y la instalación de 22 periscopios completos.

El gobierno nacional promulgó la ley de fortalecimiento de la Justicia federal de Santa Fe, para aumentar el número de jueces, fiscales y defensores. La iniciativa nació a partir de la grave crisis desatada por el avance del narcotráfico, sobre todo en el sur santafesino, fue impulsada por legisladores nacionales de la provincia de distintos partidos, y se aprobó por unanimidad en el Congreso el 13 de abril.

Este mismo miércoles, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, solicitó por nota al presidente del organismo encargado de la selección de los candidatos a cubrir vacantes judiciales, Horacio Rosatti, que se abran los concursos para 14 cargos.

La aprobación de la ley fue impulsada decididamente por el gobernador Omar Perotti, que participó de la jornada en la que obtuvo media sanción en Diputados, e hizo mención a ella en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, para remarcar el hecho de que todos los diputados y senadores nacionales santafesinos avalaran la iniciativa, sin distinción de filiaciones partidarias.

La norma recién promulgada establece la creación de veintisiete cargos de fiscal federal penal, quince de los cuales tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe. Pero habrá uno además en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde terminan impactando numerosas causas que tienen origen en territorio santafesino. Además, se crean nueve cargos de defensor público oficial federal, de los cuales tres tendrán asiento en la ciudad de Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Entre otros puestos, crea seis cargos de juez penal federal con funciones de Garantía, con asiento en las siguientes ciudades: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Los jueces del Juzgado Federal Nº 3 y Nº 4 de Rosario y el Nº 2 de San Nicolás pasarán a ejercer simultáneamente, sin perder las funciones actuales, las funciones de garantía en la aplicación del Código Procesal Penal Federal.

La ley que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo Nacional establece que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán simultáneamente, sin perder las funciones actuales, como jueces con funciones de revisión. Ley de Alcohol Cero El gobierno nacional promulgó también la Ley de Alcohol Cero en las rutas nacionales y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

Después de la aprobación en Diputados y Senadores la normativa comenzó a regir a nivel nacional. La Ley de Tránsito (27.714) reglamentada modifica uno de los artículos de la anterior (Ley 24.449) donde se establecía una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre para conductores de autos. Con respecto a los choferes de las motos y ciclomotores era de 200 miligramos (0,2) y para los de transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”, indica el documento en el Boletín Oficial.

El siguiente paso que buscan aprobar es que la normativa de Alcohol Cero alcance los caminos provinciales en aquellas jurisdicciones donde todavía no hay leyes similares. Hasta la sanción de esta ley de alcance federal, 13 provincias y más de 50 ciudades argentinas ya tenían una normativa de alcohol cero al volante.

Emerio Agretti

La diputada provincial Silvana Di Stefano se reunió el sábado con Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, para trabajar en forma conjunta en el avance del proceso de creación. De la reunión participaron funcionarios municipales, concejales e integrantes del Colegio y la Asociación de Abogados de San Lorenzo. “Estamos convencidos que esta reunión es el puntal inicial para promover desde todas las instituciones y la comunidad general de la región un hito importantísimo para la mejora de la justicia y la seguridad”.

Desde hace años se reclama la creación de un juzgado federal que descentralice las causas, alivie el trabajo de los actuales juzgados y brinde una lucha más eficaz para la lucha contra los delitos federales y la resolución de conflictos civiles, comerciales, laborales, administrativos, tributarios y aduaneros, de la seguridad social y la salud. Al respecto la legisladora que integra el bloque del precandidato a gobernador Maxi Pullaro, mantuvo un encuentro este sábado por la mañana con Miguel Piedecasas, consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación y Luciano Rotman, colaborador de Piedecasas, para analizar las estraregias de trabajo para concretarlo.

Di Stefano pide al gobierno provincial que gestione mejoras en la atención de PAMI

“San Lorenzo es un polo regional importante en muchos sentidos, en lo económico, en lo productivo y en lo habitacional. Coincidimos con Miguel en la necesidad y estamos dispuestos a encabezar las acciones junto con todos los actores politicos y sociales de la región, que lleve a la concreción del proyecto que es tan necesario para la ciudad y la zona. Si no visibilizamos la necesidad y exponemos el impacto positivo que tendría desde el mismo territorio, no se va a hacer”, manifestó.

La legisladora propone sumar a todas las organizaciones regionales, a empresarios y vecinos de la ciudad para generar una masa crítica y volumen político favorable a la creación, sosteniendo una serie de acciones y manteniendo un seguimiento de los avances para lograr el objetivo. Convocaremos a la Delegación del Colegio de abogados, Intendencias y Comunas, Concejos Municipales, Diputados provinciales y nacionales de la región, Senadores Nacionales y Provinciales, ONGs de la Sociedad Civil y al Poder Judicial.

Maxi Pullaro y Silvana Di Stefano recorrieron empresas del Cordón Industrial

“Desde hace años lo reclamamos porque entendemos que en la actualidad es insuficiente el servicio judicial federal en la zona, siendo una problemática cada vez más creciente. El juzgado federal en San Lorenzo es una promesa del gobierno nacional que esperamos que se cumpla lo antes posible. Esta reunión va ser el puntal inicial para que la misma sociedad lo tome como un reclamo propio que beneficie a futuro a la vida en comunidad ”, señaló.

Participaron de la reunión Alfredo Alberdi, subsecretario de Gobierno de San Lorenzo, Hernán Ore, presidente del Concejo de San Lorenzo, la concejal Luciana Resquin, Ramón Pedro Soques e Iván Ludueña de los equipos técnicos de Maxi Pullaro y Silvana Di Stefano, Ariana Rearte de la Asociación de Abogados del departamento San Lorenzo y Marina Martinez, por parte de la delegación San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario.

Este jueves, se llevaron a cabo más de 35 allanamientos ordenados por el el titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa en 7 unidades de detención (Rawson, Rosario, Coronda, Piñero, Córdoba, Ezeiza y CABA) y en las ciudades de Venado Tuerto, Rosario y Córdoba Capital. El oprativo estuvo a cargo del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe (DRI CRI) y Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos URSA IV de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Hasta el momento fueron secuestrados material estupefaciente, precursores químicos, balanzas, teléfonos, papeles con anotaciones, máquinas para contar billetes, dinero en efectivo (aproximadamente $3.000.000) y otros elementos de interés para la causa.

Las tareas de investigación correspondientes a las ciudades de Córdoba fueron llevadas a cabo por la Unidad Rosario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La causa se encuentra en trámite desde el año 2021 donde se investigaba a Mauro Nahuel N. quien junto a su novia Lucía Estefanía U. -desde la prisión federal de Salta y desde la Unidad de Detención N°5 de Rosario- se dedicaban al comercio de estupefacientes principalmente en la ciudad de Venado Tuerto.

En el transcurso de la investigación fueron secuestrados más de 10 teléfonos a Mauro Nahuel N. en sus distintos lugares de detención, todos fueron peritados determinándose que el más antiguo de todos y el que en peores condiciones se encontraba era el que utilizaba para organizar todas las maniobras.

Del mismo en aproximadamente 30 días de uso (en función de las fecha de las conversaciones) se obtuvieron más de 140 chats de la aplicación Whatsapp, más de 11.200 archivos de audio, más de 35.000 archivos de audio y más de 570 archivos de video.

Aproximadamente 50 de esos chats refieren a distintos hechos ilícitos entre ellos: adquisición de estupefacientes, precursores químicos, elaboración de estupefacientes, compra de armas, distribución y traslado de drogas, dinero, armas, municiones, etc..

Todo ese contenido fue transcripto por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo, agregándose a cada conversación las imágenes, audios y videos correspondiente.

Mauro Nahuel N. y Lucía Estefanía U. se mantenían desde sus lugares de alojamiento contacto permanente de manera telefónica, las transcripciones de los chats de whatsapp entre ellos en aproximadamente un mes de uso contienen más de 5200 páginas, se pudo incluso reconstruir que todos los días los mismos preparaban la cena y luego se unían a través de videoconferencias para compartir ese momento.

No solo a través de whatsapp, sino que también lo hacían mediante Snapchat, Facebook, etc..

Incluso además de las conductas referidas al comercio de material estupefaciente los mismos explotaron un negocio de indumentaria en la ciudad de Rosario en calle Paraguay al 2600, donde por temor a la inseguridad y los robos habían instalado en el mismo varias cámaras de vigilancia que controlaban desde sus teléfonos en las unidades de detención. Al mismo se acercaban las personas con el fin de abonar el material estupefaciente adquirido.

En todas esas conductas Lucía Estefanía U. contaba con la colaboración con de su madre, su hermana y su cuñado, quienes también prestaban sus datos para que los vehículos adquiridos fueran puestos a su nombre.

Respecto del material estupefaciente se determinó que éste adquiría los materiales principalmente en la ciudad de Córdoba Capital a través de una persona que se desempeñó como policía (actualmente jubilado) y a través de la mujer llamada Ingrid F., quienes lo proveían de precursores químicos, cocaína de máxima pureza, armas de fuego, municiones, etc.

Ingrid F. manifestaba a lo largo de la conversación que se encontraba en un juicio y que el fiscal tenía un par de fotos con las que la iba a perjudicar. En una oportunidad desde el mismo teléfono otra persona le indicó a Mauro Nahuel N.: “la señora quedó en cana soy el hijo”.

El cruce de información llevado a cabo por la Fiscalía Federal a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo permitió determinar que una mujer llamada Ingrid Roxana F. había sido condenada por el Tribunal Oral Federal de Córdoba por el tráfico de 300 kilos de marihuana y que el Ministerio Público Fiscal había aportado fotografías de la misma correspondientes a las redes sociales donde se advertía que encontrándose en prisión domiciliaria había asistido a un recital sacándose y publicando fotos con el cantante.

A partir de ese momento, su hijo de 20 años recibiendo órdenes de su madre desde la cárcel cordobesa, siguió a cargo de la provisión de materiales y armas de fuego, ofreciéndole a Lucía y Nahuel mejoras en los precios con respecto al policía jubilado.

Mauro Nahuel N. mantenía conversaciones diarias con todas las personas que estaban bajo su dirección, digitando y coordinando cada uno de los movimientos de la asociación ilícita, diariamente intercambiaba más de 500 mensajes de audio y video con cada uno de ellos.

En Venado Tuerto su hermana y su cuñado (quienes fueron detenidos con anterioridad a las medidas desarrolladas este jueves en allanamientos donde se procedió al secuestro de material estupefaciente, precursores químicos, moldes, prensas, etc.) con la colaboración de otra persona llamada Romina G. eran quienes estiraban el material y organizaban la distribución, el cobro, el pago de los insumos. Todos esos pasos eran detallados e informados a Nahuel quien solicitaba imágenes que compartía con Lucía.

En otras oportunidades contrataron a distintas personas de la ciudad de Rosario agendadas como “Sicario 1”; “Sicario 2”, “Perrito sicario” con el fin de “hacer un par de boletas” intercambiando distintos mensajes referidos a los precios de los homicidios, las amenazas, etc.

Al arribar a la ciudad eran recibidos por Nadia y Santiago quienes se ocupaban de toda la logística (marcar a las víctimas, sus domicilios, proveerlos de alojamiento, armas, vehículos, pago de viáticos etc.).

Ninguno de esos hechos llegó finalmente a concretarse.

A los ladrillos de cocaína les ponía como sellos una corona, las siglas L.N. (Lucía y Nahuel), o una tijera dependiendo del grado de pureza, en una oportunidad le solicitó a su hermana que sacara fotografías de los panes en proceso de secado y pusiera un cartel con su nombre y apellido, tanto él como Lucía compartieron esas fotos con quienes adquirían el material.

Diariamente Lucía y Nahuel intercambiaban mensajes referidos a la cantidad de material producido y vendido, las deudas a cobrar, los materiales a abonar, los vehículos que adquirían, etc.

La mayoría de las personas involucradas en la investigación se encuentran detenidas en distintas unidades y eran quienes a través de otras personas adquirían el material para su reventa.

Las principales tareas de investigación estuvieron a cargo del personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe (DRI CRI). Dicho departamento colaboró en el análisis de las conversaciones transcriptas y en la identificación de las personas, dado que las mismas se encontraban agendadas de diferentes maneras.

Una de esas personas, agendada como “Rolex Hermano” se encuentra detenida en la cárcel de Piñero (condenado por la justicia provincial) siendo una de los socios de mayor confianza de Nahuel y Lucía, y quien, conforme sus mensajes se encargaba de la logística del tráfico de marihuana.

Por otra parte, una denuncia anónima había ingresado a través del mecanismo “Buzón de la Vida” de la Municipalidad de Venado Tuerto e indicaba “Diego F. preso en Piñero vende droga en Venado Tuerto”. La consulta formulada a las empresas de telefonía determinó que una de las líneas se encontraba a su nombre y era aquella con la que Nahuel se comunicaba bajo el alias “Rolex.Hermano”.

Mauro Nahuel N. se encuentra actualmente en pareja con una persona llamada Carla R. quien concurre a la Unidad de Detención de Rawson semanalmente a visitarlo y, además, ambos publican los mismos videos en TikTok, donde exhiben los viajes en avión que ella realiza a Rawson, grandes cantidades de dinero, etc.

Por otra parte, al igual que hacía con Lucía, instaló un negocio de indumentaria en pleno centro de la ciudad de Venado Tuerto llamado “Mambo Black” siendo Carla R. la encargada del mismo donde comercializaban ropa presumiblemente de marca apócrifa.

En total son 31 las personas imputadas en esta causa que está caratulada como Asociación ilícita y comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

Mauro Nahuel N. (considerado jefe de la Asociación Ilícita) condenado por el TOF 2 Rosario por Ley 23.737, condenado por justicia provincial por Robo y otros delitos, con 3 causas en trámite ante el TOF Rosario por Ley 23.737, una causa en trámite ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto procesado por Asociación ilícita, ley 23.737 y robo calificado. Se encuentra alojado en la cárcel de Rawson.

Lucía Estefanía U. condenada a la pena de 20 años de prisión por justicia provincial Rosario por distintas balaceras contra domicilios de jueces, Centro de Justicia Penal, edificios judiciales y particulares. Se encuentra en la Unidad de Detención N° 5 de Rosario.

Nadia Lionela N. -hermana de Mauro Nahuel N.- procesada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto por Infracción Ley 23.737 tenencia ilegítima de armas de uso civil y encubrimiento. Está en la Unidad N° 5 de Rosario.

Santiago Nicolás C. -cuñado de Mauro Nahuel N- procesado por el Juzgado Federal de Venado Tuerto por acopio de armas, piezas y municiones. Se encuentra en la Unidad de Detención N°1 de Coronda.

Facundo Alejandro Ramiro R. condenado por el TOF 3 Rosario a la pena de 4 años de prisión por Ley 23.737. Detenido en la Unidad de Detención N° 1 Coronda

Eric Elián E. procesado Juzgado Federal de Venado Tuerto por Asociación ilícita, ley 23.737, tenencia ilegítima de arma de guerra, de uso civil y encubrimiento. Se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Maximiliano Daniel A. condenado por TOF 3 Rosario a la pena de 7 años de prisión por Infracción ley 23.737. Alojado en el Complejo Penitenciario Federal Ezeiza

Diego F. condenado por justicia provincial a la pena unificada de 10 años y 6 meses de prisión por robo y otros delitos. Está en la Unidad de Detención N° 11 de Piñero

Elbio Sebastián R. condenado por justicia provincial. Alojado en la Unidad de Detención N° 11 de Piñero.

Fabricio Martín M. condenado por justicia provincial, condenado por TOF 3 Rosario a la pena penas de siete años y seis meses de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, procesado recientemente por el Juzgado Federal de Venado Tuerto. Detenido en la Unidad N° 1 de Coronda.

Leonel David I. condenado por justicia provincial. Se encuentra en la Unidad N° 11 de Piñero.

Alejandro G. condenado por TOF 2 Rosario a la pena de 3 años de prisión –a disposición de justicia provincial por Lesiones Graves agravadas en contexto de género-. Alojado en la Unidad N° 11 de Piñero.

Ingrid Roxana F. condenada por TOF 1 de Córdoba a la pena de 6 años y 9 meses de prisión por Infracción Ley 23.737 donde se dispuso además revocar la prisión domiciliaria. Alojada en el Establecimiento Penal N° 3 para Mujeres SPF de Córdoba.

Romina Natalí G. con causa en trámite ante el TOF 2 Rosario por Infracción Ley 23.737. Actualmente en prisión domiciliaria.

Jésica Paola F. condenada por TOF 2 Rosario Ley 23.737 y actualmente con causa en trámite ante el TOF 2 Rosario por Infracción Ley 23.737. Estaba con prisión domiciliaria.

Fabricio Gonzalo S.

Idalia G.S.

Valeria Susana H. procesada por Infracción Ley 23.737 Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Enrique Exequiel G. procesado por Infracción Ley 23.737 Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Denise Yanet S. con causa en trámite ante el TOF 2 Rosario por Infracción Ley 23.737.

Agustín N.

Sofía Mailén B. con causas en trámite ante justicia provincial.

Carla R.

Noelia Berenice L.

Carolina Vanina U. (hermana de Lucía Estefanía U.)

Lucas Emanuel A. (cuñado de Lucía Estefanía U.)

Romina Trinidad P. (madre de Lucía U.)

Daniel Alberto B. (Policía de la provincia de Córdoba jubilado)

Francisco Agustín M. (hijo de Ingrid Roxana F.)

Adriana Yolanda H.

Sandra Beatriz B.

El Departamento de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial realizó en horas de la noche del martes chequeos de vehículos y personas al azar.

En este marco, procedieron a la identificación de un automóvil Fiat Palio con un cartel de remisería en Ruta Nacional N° 8 y su intercepción con calle Goumond de la localidad de Venado Tuerto, en el que se trasladaban un hombre y una menor de 16 años. Los efectivos, al ordenarle que detenga la marcha requisaron el vehículo y observaron sobre el piso en la parte trasera una bolsa con estupefacientes que contenía cocaína y 2 kilos de marihuana.

Dinero, droga y celulares secuestrados. Foto: Gentileza AIC.

A raíz de este hecho, se realizaron dos allanamientos en Edison al 1200 y Saavedra al 2500. En total se incautaron una quincena de celulares, cantidad de dinero en efectivo ($67.000 pesos), un trozo compacto con marihuana, un cigarrillo y un envoltorio de cannabis y documentación de interés para la causa. Además se aprehendió a otra mujer.

Se efectuaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en Saavedra al 2500 y Edison al 1200. Foto: Gentileza AIC.

En relación a las personas se las detuvo preventivamente según lo dispuesto por la magistratura interviniente; se le formó causa por infracción a la Ley 23.737 a la menor y posterior entrega a sus progenitores; al remisero se lo citó sin formación de causa y la restante femenina ya se hallaba con arresto domiciliario por infracción a la Ley 23.737 y queda sujeta a la causa. Intervino el Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Paolo Pratelli no se resigna y lucha por sus derechos ante la obra social de los jubilados.

Este martes 28 de junio se sumará otro capítulo a la historia de vida de Paolo Pratelli, oriundo de San Eduardo, quien desde hace más de cuatro años sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y desde entonces se debate en permanentes reclamos, tanto judiciales como extrajudiciales, ante el PAMI, por el reconocimiento de sus derechos y cobertura que corresponde en virtud de leyes de discapacidad y enfermedades poco frecuentes (EPOF).

En esta oportunidad, Paolo, de 43 años, con la asesoría del mismo estudio jurídico que ayudó a la pequeña Helena Álvarez, de María Teresa, a conseguir “el medicamento más caro del mundo”, será representado en la audiencia presencial en el Juzgado Federal por su hermana y la abogada Carolina Regis, y en función de los resultados que se logren se fijaría una nueva audiencia, pero esta vez en el domicilio del paciente o en modalidad virtual, donde Pratelli podría intervenir con el auxilio del dispositivo de comunicación visual Irisbond, en busca de que la obra social arbitre los medios necesarios para agilizar el circuito de pagos, garantizando el acceso efectivo que el paciente necesita para sus prestaciones médicas.

“Junto con mi colega Matías Sbrizzi, asesoramos a Paolo y su familia y estamos llevando adelante dos de los cuatro juicios que debió iniciar contra el PAMI ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto”, puntualizó Regis, aclarando que los otros dos juicios los promovió Pratelli a través de la Defensoría estatal.

“En el primero de los juicios que impulsamos se requerían numerosas prestaciones (medicación, silla postural, cuidador domiciliario, entre otras) y con medida cautelar mediante hubo que hacer numerosas intimaciones para su cumplimiento, e incluso hay una multa diaria de astreintes (imposición judicial de una condena pecuniaria que afecta al demandado mientras no cumpla con la resolución judicial) fijada por las demoras de PAMI”, especificó la especialista en Derecho de Salud, quien además agradeció el apoyo que reciben de la Fundación Esteban Bullrich, creada por el ex senador, junto a familiares y amigos, para luchar contra la ELA.

“Muchas veces, cuando conseguíamos el cumplimiento de una prestación, Paolo ya no la necesitaba porque estaba cursando otra etapa de la enfermedad y con otros requerimientos. Justamente este jueves 23 de junio salió publicada la sentencia final favorable de ese juicio, un fallo de 65 páginas con mucha labor judicial y de las partes del proceso”, elogió la profesional.

Mientras tanto, continúa el juicio iniciado a finales del año pasado, donde se solicitaba la internación domiciliaria con cuidados paliativos, la cual permitió que el ex futbolista de la Liga Venadense pueda estar en su domicilio, con todos los insumos y recursos humanos que requiere y llevar la mejor calidad de vida posible, aún en el marco del avance de su enfermedad y las limitaciones que la misma genera.

Cabe recordar que Pratelli, en diciembre de 2021, recibió el alta voluntaria luego de casi 40 días en terapia intensiva y continuó en internación domiciliaria en Venado Tuerto, pero sin gozar de los requerimientos indispensables ante la renuencia de la obra social de los jubilados a cumplir con sus obligaciones.

“Las coberturas, autorizaciones, pagos y reintegros por parte de PAMI, llegan por lo general muy tarde, por el propio ‘circuito de pago’ burocrático que expone a los afiliados beneficiarios a depender de ayuda familiar, colectas sociales o rifas para recaudar fondos. Los costos son altísimos y es difícil sostener los pagos de alquiler de los equipos e insumos, de los profesionales que lo atienden, cuando PAMI está tardando dos meses aproximadamente para el pago desde la presentación de cada factura”, argumentó la abogada y graficó la situación recordando que el juez federal Aurelio Cuello Murúa envió el año pasado, al inicio del juicio, un oficio a la directora nacional del PAMI, Luana Volnovich, y “jamás contestaron nada”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que se pueden controlar, como los de los brazos y las piernas. Al principio, causa problemas musculares leves. Tarde o temprano, la persona pierde la fuerza y la movilidad. Cuando comienzan a fallar los músculos del pecho, la respiración se dificulta. Y la mayoría de las personas con esta enfermedad fallece por insuficiencia respiratoria.

Irisbond es un novedoso dispositivo que permite controlar un ordenador a través de la mirada, con lo que se logra que las personas afectadas de parálisis o daño cerebral, tetraplejia, ELA, etc., puedan comunicarse mediante el movimiento de sus ojos.

Este sistema informático hace posible escribir con la mirada en un teclado virtual, hablar mediante un sintetizador de voz, navegar en internet, enviar emails o whatsapp.

Pero no solo permite al usuario comunicarse con los demás, sino también leer, escuchar música, ver películas, jugar, trabajar, estudiar… todo de una manera cómoda, sencilla, intuitiva y, sobre todo, de forma autónoma.

Precisamente a través de este sistema, Paolo Pratelli se comunicó con Sur24 para remarcar su especial agradecimiento a la Asociación ELA Argentina: “Siempre estuvieron a la par desde un principio, asesorando, otorgando medicación que PAMI no me daba, brindando un Irisbond por adelantado para que pueda comunicarme, y siempre estando pendientes en ayudarme en todo lo posible. Obviamente, todo mi agradecimiento al diario por darme el espacio y hacer público el manoseo, destrato y abandono de PAMI, y la lentitud de la Justicia, cosas que no solamente sufro yo, sino miles de afiliados”.

El objetivo de la Fundación Esteban Bullrich es colaborar con quienes sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y lo hace financiando investigaciones e innovación para el tratamiento y la cura de la ELA, y brinda apoyo a las familias y a aquellos que sufren la enfermedad, ayudándoles a acceder al apoyo médico, la investigación y las herramientas de diagnóstico.

Marcos Cleri, diputado nacional por Santa Fe del Frente de Todos, habló tras la reunión con el gobernador Omar Perotti en Gobernación en Rosario. Desde el Poder Legislativo nacional se busca avanzar en la creación de más juzgados federales para poder abordar la problemática del lavado de activos y el crimen organizado.

En diálogo con la prensa, Cleri aseveró: “Todos los legisladores teníamos algún proyecto para poder presentar. Hemos decidido que los proyectos individuales se tenían que ir consensuando para lograr un proyecto unificado con las 19 firmas de los diputados y diputadas nacionales. Va a tener el acompañamiento de los tres senadores nacionales. Buscamos el mensaje de unidad de lo que está necesitando la provincia de Santa Fe. Desde diciembre venimos trabajando en la unificación. La semana del 25 de mayo estará presentado el proyecto unificado (con el proyecto de ley para crear más juzgados)”. El diputado agregó: “Trabajaríamos para que en junio podamos tener una respuesta legislativa. También se le hace el reclamo a los que son titulares del Poder Judicial que van a estar reunidos miércoles y jueves acá en Rosario para que den las respuestas concretas”. Cleri pidió que haya más recursos a los fiscales actuales. “Hemos dado un paso que es que se tenga un edificio (que estará en funcionamiento en Sarmiento entre 3 de Febrero y 9 de Julio) en Rosario. También vamos a avanzar que se tengan mayor cantidad de edificios en la ciudad de Santa Fe. A eso hay que dotarlo de recursos, tecnología e infraestructura”. “Frente al crimen organizado la sociedad hoy tiene que estar toda unida para poder enfrentarlo. Estamos dando esta señal con todas las fuerzas políticas de la provincia junto al gobernador”, afirmó Marcos Cleri. En relación a las medidas concretas, el diputado nacional expresó: “Se crean fiscalías especializadas contra el crimen organizado y el lavado de activos en Rosario y en Santa Fe. Se necesitan tres fiscalías, pero algunos consideran que son más. Se crean los juzgados y las respectivas cámaras”.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónica entre los entonces secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, el momento de los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de la entonces mandataria.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Este jueves, la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó cinco allanamientos en los Barrios Victoria, Ciudad Nueva y San Martín, y otro en la localidad de Firmat, por Infracción a le Ley de Estupefacientes (23.737). Se contó con la colaboración de Brigadas de Rosario, Rafaela y Pergamino de la Policía Federal Argentina.

Cabe destacar que las ordenes de allanamientos fueron libradas por el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, con la conducción investigativa de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo y del secretario, Andrés Montefeltro. Como resultado, se secuestraron 18 kilos de marihuana en sus diferentes estados -plantas, deshoje, cogollos, flores y picadura-, además de elementos de interés para la causa, como celulares y dinero en efectivo. A su vez, se procedió a identificar a 17 personas de ambos sexo todas mayores de edad.

Al momento de hacer uno de los allanamientos, un masculino mayor de edad que pasaba por la vía pública insultó al personal policial por lo que se lo identificó y él mismo llevaba un envoltorio con estupefaciente por lo que fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal de esta ciudad.

La Policía de Acción Táctica (PAT), que presta servicio en la ciudad de Rufino, detuvo en horas de la noche un sujeto de 26 años de edad, sobre quien está vigente un pedido de captura del Juzgado Federal de Venado Tuerto

El procedimiento se efectuó a las 21:30 horas del martes en inmediaciones de Bolívar y calle Arenales, en el marco de controles preventivos de personas y vehículos.

En la oportunidad se detuvo la circulación de un hombre quien conducía un motovehículo Honda Tornado 250 cc. y se procedió a cotejar sus datos filiatorios con sistema OJO, arrojando que posee un pedido de detención activo del Juzgado Federal de Venado Tuerto, de fecha junio 2020.

Se trasladó procedimiento a la Comisaría 3ra a los efectos legales que correspondan.

En los últimos tiempos son numerosos los casos en nuestra región de pacientes con enfermedades poco frecuentes (EPOF) que hicieron cumplir el derecho a la atención médica correspondiente, aun cuando los obstáculos siguen existiendo. En el departamento General López, el caso de Helena Álvarez Vivone, la niña de María Teresa con atrofia muscula espinal (AME tipo 1), se constituyó en un caso emblemático en la lucha por obtener el medicamento indispensable para su tratamiento. Al respecto, Sur24 dialogó con los abogados María Carolina Regis y Matías Sbrizzi, quienes explicaron que “así como muchos colegas se especializan en las ramas penal, familia o laboral, por ejemplo, el Derecho a la Salud se ha ido independizando y exigiendo cierta exclusividad a los que nos dedicamos a esta área”. Y amplió Regis: “Todos estos casos que son muy poco frecuentes, nos obligan, como profesionales, a estudiar en detalle en qué  consiste la patología o síndrome, y lo hacemos en permanente contacto con los médicos y terapeutas del paciente, trabajando en equipo para acompañarlo en el peregrinaje judicial”.

“Esta rama del Derecho abarca la protección del derecho a la salud desde su origen más primario, desde el derecho a la vida y, sobre todo, a la dignidad de las personas. Es un derecho consagrado por la Constitución y tratados internacionales. Debe ser respetado y garantizado por el Estado y por las obligaciones que tienen también las obras sociales y prepagas para con sus afiliados. Y cuando se vulnera es necesario recurrir a las vías administrativas o judiciales en busca de resguardar esos derechos constitucionales”, enfatizó Sbrizzi.

María Carolina Regis, abogada especialista en Derecho de Salud.

Más adelante, precisó la abogada que, en los últimos tres años, las consultas por enfermedades poco frecuentes (EPOF) se multiplicaron, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen certificado único de discapacidad (CUD) y que requieren estudios de diagnósticos, tratamientos, etc. “Estos casos están obteniendo más visibilidad y las personas comienzan a conocerlas, saber que existen, que hay un listado mundial de EPOF y que hay una ley que las protege. Sin dudas que hay más información, y a la vez más recursos para llegar a la prensa, a las redes sociales y hasta a los influencers. Y cuando estas problemáticas salen de la oscuridad y ganan la luz pública, los actores involucrados quedan expuestos y son mayores las posibilidades de hacer cumplir los derechos”, analizó.

Además especificó en otro tramo que están en contacto con asociaciones de pacientes de distintas EPOF en el país, siempre con el objetivo de visibilizar su existencia, como sucedió el último 28 de febrero, en el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, donde todas las ciudades se iluminaron con los colores que representan a las enfermedades poco frecuentes. “En Venado Tuerto es el segundo año consecutivo que se iluminan las letras corpóreas de la plaza San Martín”, destacó (ver imagen principal). “Pudimos convocar a varias familias y empezar a conocernos y tomar la iniciativa de volver a juntarnos, con acompañamiento del área de Salud de la Municipalidad para encarar proyectos, ideas, capacitaciones a profesionales”, enumeró.

Sin embargo, reconoció que “siempre hubo incumplimientos, hasta de las obras sociales y prepagas más prestigiosas. Hace años que nos dedicamos a esta especialidad y en algún caso resultó necesario acudir a la justicia penal por desobediencia a la sentencia del juez civil en un amparo. Y recién allí, la prepaga cumplía con las prestaciones que ordenaba el juez”, dimensionó Regis, quien contó que “tenemos muchos juicios en Venado Tuerto y otros en Rosario, Santa Fe y Córdoba. Entre los más conocidos, se cuentan el de Helena Vivone, que aún sigue en trámite en la Cámara de Apelaciones, y el de Paolo Pratelli, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en el cual, a dos meses de la sentencia cautelar, el PAMI aún no la cumple totalmente”. “Estas dilaciones son agotadoras para él y su familia, y provocan un dispendio innecesario por trámites burocráticos para hacer cumplir la orden judicial”, añadió.

También adquirió fuerte repercusión mediática el caso del joven de 19 años con discapacidad, quien en tiempo récord, en virtud de una medida cautelar del Juzgado Federal, fue trasladado al Sanatorio Parque de Rosario en una ambulancia de alta complejidad, para su internación en UTI, como lo habían indicado sus médicos.

Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto.

“Años atrás trabajábamos con los juicios de amparo en el Juzgado Federal de Rosario o en los juzgados provinciales de calle San Martín, pero el escenario cambió a partir de la inauguración del Juzgado Federal de Venado Tuerto; al menos en el área que nosotros conocemos, la de los amparos federales por vulneración del derecho a la salud, ya que los procedimientos son rápidos, ordenados y acorde a los tiempos del Código Procesal, incluso durante la época más dura de la pandemia. Sin ir más lejos, a mediados de febrero, en el caso del joven que necesitaba la ambulancia y la internación en Rosario, el trabajo del juzgado fue excelente, estuvo de guardia día y noche con nuestros escritos y garantizando el seguimiento riguroso de todas las resoluciones”, valorizó Regis.

Notable mejoría de Helena después de la terapia génica que ordenó la medida cautelar.

La abogada Carolina Regis puntualizó que en varios de los hechos judicializados, luego de las medidas cautelares que debieron acatar las prepagas, es notable la satisfactoria evolución de los pacientes. Y en tal sentido citó el caso de Helena, la niña de 20 meses con AME 1, cuyo juicio de amparo se inició el 25 de octubre de 2021, y luego de distintas medidas pedidas por el juez Aurelio Cuello Murúa (informes médicos y otros requerimientos), se dictó la medida cautelar el 30 de noviembre y dos semanas después le aplicaron Zolgensma, el medicamento más caro del mundo, que ella necesitaba para mejorar su calidad de vida. “Es impresionante ver semana a semana su evolución, sus logros, sus conquistas. Su movilidad y fuerza muscular mejoraron notablemente. Sigue con controles médicos y sus terapias habituales”, describió, aunque aclaró: “El juicio no está terminado, sino que se encuentra para resolver en la Cámara de Apelaciones de Rosario, tras los recursos que interpusieron la prepaga, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud”.

Y el 16 de febrero se registró otro caso emblemático con un joven de 19 años con EPOF (hidrocéfalo congénito, trastornos mixtos de la conducta y de las emociones, estrabismo concomitante divergente, retraso mental no especificado y otros trastornos especificados del encéfalo) que necesitaba ser trasladado en ambulancia de alta complejidad desde un sanatorio local donde se encontraba internado luego de haber ingresado por un cuadro de Covid-19 y agravarse en su internación en UTI. “Habían pasado varias semanas y los padres vieron que su estado empeoraba y no iba a salir de allí con vida. En tanto, la prepaga no otorgaba la ambulancia, y en el Sanatorio Parque de Rosario ya lo estaban esperando. Así, iniciamos el juicio y en un tiempo récord el juez resolvió la medida cautelar ordenando la cobertura de la ambulancia, con médico terapista y todo lo requerido, más la internación en UTI del Sanatorio Parque. Los cambios fueron notables, poco a poco le retiraron el respirador y hoy se encuentra apto para comenzar su rehabilitación en una clínica de la misma ciudad de Rosario. El juicio continúa y también le ofrece un marco de garantía a la familia del joven, de resguardo de los derechos de su hijo, y de tener las vías de reclamo directas, tanto civiles o penales, si la prepaga no cumple”.

El 65% de las enfermedades raras son graves, crónicas, invalidantes y degenerativas

Un importante procedimiento ordenando por la Justicia Federal con asiento en nuestra ciudad se originó en base a una denuncia depositada en el Buzón de la Vida, la herramienta participativa del Gobierno municipal para que los vecinos puedan efectuar denuncias anónimas sobre venta de drogas y trata de personas. 

En rigor se trató de dos allanamientos domiciliarios, en el marco de una investigación sobre personas que comercializaban estupefacientes, los que fueron secuestrados junto a balanzas, elementos de fraccionamiento y corte, dinero, armas, municiones y celulares. También se halló una nota amenazante dirigida a una persona. 

Hubo dos detenidos que quedaron a disposición del Juzgado, que los indagará en las próximas horas. 

Con datos precisos sobre nombre de personas, domicilios y referencias de la actividad ilícita, el receptor de denuncias anónimas permitió el inicio de las investigaciones a cargo de la Fiscalía federal.   

Vale recordar que los Buzones de la Vida están ubicados en la entrada del Palacio Municipal (San Martín y Marconi), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), el Centro de Atención Primaria (CAP) de Brown 478 y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835). 

La última apertura, en noviembre de 2021, recolectó 17 sobres con denuncias anónimas de vecinos, las que fueron elevadas a Fiscalía para su evaluación. 

Este jueves, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se infundió con el fármaco más caro del mundo (su costo en el mercado supera los dos millones de dólares) a Helena Álvarez Vivone, la niña de 17 meses que padece atrofia muscular espinal tipo 1 (AME 1) y necesitaba con urgencia dicha terapia génica prescripta por los médicos especialistas para dejar atrás los embates de la afección neurodegenerativa comprendida entre las enfermedades poco frecuentes (EPOF), representando la causa genética más frecuente de mortalidad infantil.

El medicamento que infundieron a Helena Álvarez Vivone en el Hospital Italiano.

El jueves 9 del corriente, Sur24 había adelantado en su versión web que antes de Navidad, la pequeña residente en la localidad de María Teresa podría recibir el indispensable tratamiento. Y así fue, para alegría de sus familiares y allegados. Y también de toda la comunidad del sur santafesino, que se emocionó con la imagen de Helena en el Hospital Italiano, acompañada de su madre María Emilia y su abuela “Marisa” Rodríguez Lahitte.

A sólo cuatro días de la aplicación del medicamento, ahora se aguarda por su satisfactoria evolución, dado que, como lo simplificó María Emilia, “es una terapia que revierte la condición genética del cuerpo. Con una sola aplicación endovenosa ingresa un gen en perfecto estado que reemplazaría el gen mutado que tiene Helena y es el que no produce la proteína para mover los músculos”.

El 25 de octubre último, los familiares de Helena, representados por los abogados María Carolina Regis y Carlos Matías Sbrizzi, interpusieron una acción de amparo contra la empresa de medicina prepaga a fin de que se ordene a la misma que proceda a proveer la inmediata e íntegra cobertura de la colocación de una dosis de Onasesmnogén abeparvovec a la niña, dado la discapacidad que la condiciona, indicado por la neuróloga especialista en neuromuscular pediátrica, Lilia Edith Mesa, a practicarse por la misma en el Hospital Italiano de Buenos Aires, solicitando que se haga lugar a lo solicitado y al traslado (María Teresa-Ciudad Autónoma de Buenos Aires-María Teresa), alojamiento y/o estadía en CABA, con expresa imposición de costas.

Como es de público conocimiento, luego de diligencias probatorias, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dictó, el 30 de noviembre, la medida cautelar que ordenó a la prepaga, en un 60%, y a los terceros citados en garantía: Estado Nacional (Ministerio de Salud y Superintendencia de Servicios de Salud), en un 40% y solidariamente responsables, para que en forma inmediata brinden a Helena la cobertura integral (100%) del fármaco, bajo la responsabilidad de la mencionada especialista.

Sin embargo, en este punto se mantiene una estricta reserva, y aún no se precisó si la aplicación se dio en el marco del cumplimiento de la resolución por parte de la demandada, o si la decisión judicial favorable a la familia y el impacto mediático del caso, dieron lugar a que el medicamento se obtuviera con notoria rapidez por otra vía.