El Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto puso en marcha una nueva modalidad de atención para la liberación de vehículos secuestrados en la vía pública. A partir del 1 de febrero, este trámite se realiza exclusivamente mediante turno previo, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y mejorar la atención a los vecinos.

Así lo explicó el juez del Tribunal de Faltas, Stéfano Quaglia, quien señaló que el cambio responde al incremento en la cantidad de vehículos retenidos como consecuencia del aumento de controles en la vía pública. “La idea es que el vecino no tenga que ir y venir varias veces al tribunal y pierda tiempo porque le falta documentación. Queremos que llegue con todo lo necesario y que el trámite sea más rápido y ordenado”, aseguró.

Según detalló, el sistema de turnos se aplica únicamente para las liberaciones del corralón, es decir, para el retiro de autos y motos secuestrados. El resto de los trámites, como certificados de libre multa, buena conducta vial o pagos en cajas municipales, continúan realizándose sin turno previo.

Quaglia indicó que el Tribunal habilitó un número de WhatsApp para facilitar el contacto y el asesoramiento inicial. El número es 3462-310341, disponible para consultas durante todo el día, aunque las respuestas personalizadas se brindan en el horario administrativo, de 7 a 15.

“El vecino puede escribir apenas ocurre el secuestro y recibir indicaciones sobre la documentación que necesita según su caso. Incluso, el inspector de tránsito o el personal policial entrega en el momento un comprobante con toda la información de contacto, QR y mail del Tribunal”, explicó.

El funcionario remarcó que muchas demoras se generan por problemas de documentación, especialmente en motos que no fueron transferidas correctamente. “La motocicleta es un vehículo como cualquier otro: tiene título y requiere transferencia. Muchas personas compran una moto y no hacen el trámite, y después no pueden ubicar al titular registral”, advirtió.

Consultado sobre la situación del corralón municipal, Quaglia reconoció que el espacio se encuentra prácticamente colmado. “Estamos con una ocupación cercana al 95%. Por eso estamos en la previa de una nueva compactación”, señaló.

Indicó que ya se publicaron los edictos correspondientes y que, una vez definida la fecha, se informará con anticipación y se difundirá el listado de vehículos a compactar. Recordó además que, una vez transcurridos seis meses desde el secuestro, el vehículo queda habilitado legalmente para su compactación si el titular no realizó ninguna gestión.

“El problema no suele ser el pago de la multa, porque el Tribunal ofrece descuentos, planes de cuotas e incluso la posibilidad de trabajo comunitario. En la mayoría de los casos, los vehículos quedan en el corralón por la falta de documentación”, explicó.

El juez de Faltas insistió en la importancia de circular con toda la documentación obligatoria: título o cédula, licencia de conducir habilitante, seguro obligatorio y autorización correspondiente. También recordó que la falta de casco, espejos reglamentarios o el uso de escapes no originales constituyen causales de secuestro.

En ese sentido, aclaró que el Decreto 460/2022 amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para retener vehículos por razones de seguridad vial. “No son exigencias arbitrarias, son medidas que buscan proteger al conductor y a terceros”, concluyó.

Días atrás, el Juzgado de Faltas de Venado Tuerto clausuró nuevamente una quinta ubicada en calle Eterovich al 1000, luego de constatar que el inmueble volvió a ser utilizado para la realización de eventos pese a contar con una faja de clausura vigente. En este marco, el juez de Faltas Stéfano Quaglia, explicó que se trató de una violación reiterada de la medida previamente impuesta por el Tribunal.

Quaglia recordó que la organización de eventos en quintas de alquiler se encuentra regulada por la ordenanza N° 5486, sancionada en 2022, una normativa que buscó reordenar un rubro que durante años funcionó de manera informal. “Hace prácticamente tres años que existe esta ordenanza y establece con claridad que estos establecimientos deben contar con habilitación municipal y cumplir con todos los controles correspondientes”, señaló.

En el caso puntual de la quinta clausurada, el magistrado explicó que el lugar ya se encontraba cerrado por una resolución judicial que prohibía expresamente cualquier tipo de actividad hasta tanto se obtuviera la habilitación municipal. “Evidentemente, los responsables siguieron alquilando el predio y realizando eventos, lo cual está claramente prohibido”, afirmó.

El juez de Faltas aclaró que, si bien se trata de una propiedad privada, el uso permitido mientras dure la clausura es únicamente domiciliario. “Puede haber personas viviendo en el lugar, pero no puede destinarse al alquiler ni a la realización de eventos. El uso lucrativo está expresamente vedado”, remarcó, diferenciando ese escenario de una reunión familiar ocasional, que no tiene carácter comercial.

Quaglia subrayó que la regulación no apunta únicamente a una cuestión administrativa, sino fundamentalmente a garantizar condiciones mínimas de seguridad e higiene. “Muchas de estas quintas cuentan con piletas y suelen concurrir menores de edad. Por eso es indispensable que el municipio realice controles previos y periódicos”, explicó, al tiempo que indicó que la normativa también exige adecuarse a los criterios de la Dirección de Industria y Comercio en cuanto al alcance del uso habilitado.

Consultado sobre si existen otros inmuebles en situación similar, el juez indicó que este es el único caso actualmente clausurado con violaciones reiteradas, aunque aclaró que hay otros establecimientos notificados por distintas infracciones, como ruidos molestos, exceso de decibeles o falta de habilitación. “En esos casos se los insta a regularizar su situación para evitar sanciones más graves”, precisó.

En ese marco, el juez destacó especialmente el rol de los vecinos. “Muchas veces estos lugares se detectan a partir de denuncias vecinales, porque se generan ruidos, movimientos de vehículos, circulación a alta velocidad o situaciones que no son compatibles con un uso residencial normal”, explicó. Según indicó, ante esos reclamos el Municipio interviene de oficio y activa los procedimientos correspondientes.

El magistrado también recordó que estas quintas deben tramitar una habilitación equivalente a la de cualquier comercio, conforme a lo dispuesto por la ordenanza general N° 4343. Además, señaló que las multas y sanciones se aplican al titular del inmueble, independientemente de los acuerdos privados que pueda tener con quienes alquilan el lugar. “Luego el propietario resolverá contractualmente con el inquilino, pero ante el Municipio el responsable es el dueño”, afirmó.

Para denuncias vinculadas a quintas, ruidos molestos, pirotecnia o posibles irregularidades, Quaglia recordó que se encuentra habilitado el WhatsApp de Inspección General y Control Urbano: 3462-520066, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima.

El juez de Faltas también brindó un panorama detallado sobre la situación de los hogares de convivencia para adultos mayores en la ciudad. Recordó que la actividad se encuentra regulada por la ordenanza N° 5707, sancionada en 2023, y que existe una mesa de trabajo interdisciplinaria integrada por áreas municipales, provinciales y del Poder Judicial.

Según explicó, se trata de un rubro especialmente sensible, que durante muchos años funcionó en la informalidad y que resulta complejo de detectar. “A veces hay cuatro o cinco adultos mayores viviendo en una casa y eso puede pasar desapercibido si no hay denuncias o situaciones llamativas”, indicó.

Quaglia señaló que actualmente la mayoría de los hogares cuenta con habilitación municipal o se encuentra en proceso de regularización, gracias a un trabajo de acompañamiento sostenido por parte del Estado. No obstante, reconoció que en algunos casos fue necesario avanzar con clausuras cuando se detectó falta de compromiso o desidia por parte de los responsables.

“El objetivo es sacar a estos lugares de la clandestinidad, garantizar controles permanentes y priorizar la seguridad, la higiene y la calidad de vida de los adultos mayores, que son una población altamente vulnerable”, afirmó. En ese sentido, recordó antecedentes graves ocurridos en la ciudad que marcaron la necesidad de profundizar los controles.

Finalmente, aclaró que por el momento no hay nuevas clausuras inminentes, aunque sí establecimientos bajo seguimiento. “Se les está dando un último plazo de acompañamiento para que cumplan con las exigencias. Si no lo hacen, eventualmente se llegará a la clausura”, advirtió.

Por otro lado, el juez resaltó la plena vigencia de la ordenanza de Pirotecnia Cero, convocando a los vecinos a realizar las denuncias correspondiente en caso de detectar, principalmente, la venta de estos elementos que está totalmente prohibida en la ciudad.

El Tribunal de Faltas de Venado Tuerto resolvió aplicar una sanción ejemplar en un caso de arrojo ilegal de residuos en la vía pública. El juez municipal, Stéfano Quaglia, contó que el infractor fue identificado gracias a la denuncia anónima de un vecino y, tras reconocer su falta, aceptó reemplazar parte de la multa por trabajo comunitario.

“El hecho ocurrió hace tres o cuatro semanas, cuando se viralizó un video que mostraba el descarte de basura en la intersección de Jujuy y Brouckere, en la zona periurbana”, relató Quaglia. El registro permitió identificar el dominio del vehículo, y tras la investigación de la Secretaría de Control Urbano, la causa llegó al Tribunal de Faltas. En paralelo, el juez realizó una denuncia penal por contaminación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la audiencia celebrada con el infractor, Quaglia destacó su predisposición: “Alex, el joven involucrado, reflexionó sobre lo sucedido, lo reconoció de inmediato y se puso a disposición para pagar una multa o realizar cualquier acción que repare el error”.

De esta manera, se aplicó lo que permiten las ordenanzas locales: sustituir parte de la multa por tareas comunitarias. “Coordinamos con la Secretaría de Servicios Públicos que limpie cuatro minibasurales en cuatro domingos consecutivos”, explicó el magistrado.

La primera jornada ya se concretó en calle Marenghini, entre Juan B. Justo y Alem, donde se recolectaron residuos y se mejoró visiblemente el lugar. “El cambio fue notorio y sirve para mostrar que la cuestión ambiental es una responsabilidad individual y colectiva”, señaló.

Aún restan tres sitios por definir, aunque el juez adelantó que serán elegidos entre los numerosos minibasurales que se forman en la periferia de la ciudad. “En el sector de Marenghini ya se instaló una cámara que será monitoreada por Servicios Públicos. La idea es limpiar a fondo y evitar que se vuelvan a generar”, sostuvo.

Quaglia vinculó esta decisión con la política de saneamiento ambiental que impulsa el intendente Leonel Chiarella, orientada a erradicar minibasurales y avanzar con el cierre del basural a cielo abierto.

Consultado por la denuncia radicada en Fiscalía, Quaglia explicó: “Creo que quedará en suspenso hasta que el infractor cumpla con todas las tareas comunitarias. Después, el MPA deberá definir si archiva la causa”.

Si bien el caso no encuadra como delito, sí lo hizo como contravención por contaminación ambiental, una figura prevista en el Código de Convivencia que puede implicar multa o incluso arresto. “Es más grave que una simple infracción administrativa y sienta un precedente importante”, aclaró.

El juez reconoció que los minibasurales son un problema recurrente: “A veces se limpian y en 15 o 20 días vuelven a generarse. Muchas veces ni siquiera son vecinos del barrio, sino de otras zonas que van a tirar residuos allí”.

Para enfrentar esta problemática, Quaglia llamó a la colaboración ciudadana: “Cualquier vecino puede enviar fotos o videos a Control Urbano al teléfono 3462-520066, que también funciona como Whatsapp. Esto nos permite sancionar a quienes incumplen y mejorar la convivencia”.

El magistrado valoró la actitud del joven infractor: “Lo importante es que reconoció el error y se ofreció a repararlo con un aporte positivo. Todos podemos equivocarnos, pero lo destacable es rectificarse”.

Y agregó: “Así como quien tala un árbol debe donar y plantar nuevos ejemplares, en este caso se buscó una medida educativa y correctiva. No se trata de un fin recaudatorio, sino de generar conciencia”.

Finalmente, recordó que ya hubo otros casos de vecinos sancionados con multas económicas elevadas, pero que este es el primero en el que se aplica trabajo comunitario como salida reparadora.

Stefano Quaglia, juez de faltas de Venado Tuerto, brindó más detalles sobre la clausura preventiva de un hogar para adultos mayores ubicado en calle Aufranc 134, en el marco de un operativo que reveló serias irregularidades en las condiciones de habitabilidad y el trato a los residentes. La intervención, que forma parte de una serie de controles intensificados a raíz de la ola de frío extremo, desnudó una realidad alarmante sobre el estado de este establecimiento.

Quaglia explicó que los operativos comenzaron hace unas semanas debido a las bajas temperaturas que generaron riesgos adicionales para los adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable. "La inspección en este hogar reveló que el establecimiento estaba en condiciones totalmente inadecuadas para la convivencia de adultos mayores. Sin calefacción, sin un mínimo de higiene y con un desorden generalizado, la situación era absolutamente insostenible", explicó el juez.

Una de las situaciones más graves que se encontró fue la de una mujer residente, de avanzada edad, que fue hallada atada a una cama en una habitación helada. "El caso de esta mujer fue el más preocupante. Estaba en estado de abandono, en una habitación sin calefacción, con cuadros de desnutrición, fiebre y desorientación. Estaba atada a la cama con una cuerda, lo cual nos generó una profunda preocupación", relató Quaglia. El personal del 107 la evaluó inmediatamente y la trasladó al hospital para su atención médica.

Durante la inspección, además de la falta de calefacción y el desorden general, también se descubrió la presencia de un animal dentro del establecimiento, que mostraba signos de enfermedades dérmicas. Este hallazgo, según Quaglia, incrementó las preocupaciones sobre la salud y seguridad de los residentes. "El animal estaba durmiendo sobre la cama de un abuelo", señaló el juez. El animal fue atendido por personal veterinario del Imusca y se le brindó el tratamiento correspondiente.

El hogar había sido habilitado en el pasado, pero según las investigaciones, la persona responsable del lugar, una mujer mayor de 70 años, no pudo sostener las condiciones adecuadas para seguir operando. "La responsable del establecimiento confesó que la situación la superó. Ella misma reconoció que ya no podía hacerse cargo de los residentes, especialmente porque convivía con familiares que tampoco podían ayudarla. La falta de previsión y de recursos fue evidente", explicó Stefano Quaglia.

El juez también destacó que, además de las graves condiciones físicas del hogar, la situación evidenció una profunda desidia y falta de responsabilidad de los titulares del lugar. "A pesar de haber cumplido con los requisitos iniciales para la habilitación, el mantenimiento del establecimiento fue negligente. La normativa vigente exige que los responsables mantengan las condiciones adecuadas, y en este caso claramente no se cumplió", afirmó.

A raíz de estas irregularidades, se dispuso la clausura preventiva del lugar, con un plazo de 48 horas para que se desaloje a los seis residentes, a quienes se les proporcionó una reubicación en otros hogares. "Es fundamental que todos los hogares para adultos mayores mantengan un nivel mínimo de calidad en sus servicios. Este tipo de operativos son esenciales para evitar que situaciones como esta pasen desapercibidas", concluyó Quaglia.

Este caso no fue aislado, ya que el juez también mencionó que en el marco de los operativos se detectaron otros establecimientos con irregularidades similares. "Más de 25 hogares están bajo monitoreo, y en algunos casos se han tomado medidas preventivas o se ha solicitado la intervención de áreas correspondientes para mejorar las condiciones. Lo importante es que este tipo de situaciones se detecten a tiempo y no se repitan", subrayó el funcionario.

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La clausura preventiva de dos comercios en menos de 24 horas, un supermercado chino ubicado en Belgrano al 2000, el martes 2 de julio y un mayorista de alimentos situado en Colón al 400, el miércoles 3 de julio, sigue generando repercusiones en Venado Tuerto, sobre todo porque tratarse de dos negocios con una importante afluencia de público a diario. Ambos locales permanecerán cerrados hasta revertir la situación y abonar la multa correspondiente.

En el caso del supermercado, este miércoles se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Municipal de Faltas donde se estableció el monto a pagar por las infracciones detectadas. En total serán 13.325.608,92 pesos, además de cumplimentar con la habilitación correspondiente para volver a funcionar.

Según información a la que accedió Sur24, se constató el incumplimiento de 8 artículos de las ordenanzas 4343 y 5574 que establecen las medidas de seguridad agroalimentaria. A su vez, se puso énfasis en la falta de habilitación y la reincidencia, ya que es la tercera vez que se clausura un negocio del mismo propietario. Es más, el titular de este comercio hace pocas semanas tuvo que abonar cerca de 11 millones de pesos en concepto de actas de infracción que tenía pendiente con el juzgado municipal. 

De todos modos, el compromiso asumido fue el de saldar la multa esta semana y acondicionar el local para volver a abrir sus puertas.

Vale señalar que la clausura preventiva de este supermercado de origen oriental fue a raíz de una inspección que realizó el municipio local a partir de denuncias recibidas que daban cuenta de la presencia de alimentos vencidos y otros que habrían sufrido cortes en la cadena de frío. En el lugar se procedió a secuestran diferentes productos, además de constatar algunas irregularidades en cuanto a la seguridad e higiene. 

Mientras tanto, otro de los comercios clausurados el día miércoles pasado fue el mayorista de alimentos de calle Colón al 400. Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria brindaron algunas precisiones en torno a la cantidad de mercadería que fue incautada, la cual estaba vencida, con fecha de caducidad borrada o adulterada. En total hay más de 1.370 kilos de alimentos (harina, te, fiambres, conservas, golosinas, ente otros) y 4.500 litros de bebida (gaseosas, jugos, aceite), de los cuales 537 kg y 3.627 litros fueron secuestrados durante el procedimiento que llevó a cabo la Secretaría de Control Urbano y Convivencia el pasado miércoles en horas de la mañana, y 835 kg y 858 litros fueron entregados de manera voluntaria, ya que estaban en depósito. 

Cabe recordar que la clausura preventiva de este comercio que contaba con habilitación correspondiente fue solicitada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto a partir de la inspección que realizó el área de Control del gobierno local. Previamente, en las oficinas municipales se habían recepcionado una serie de denuncias y reclamos, no sólo por alimentos vencidos, sino también por falta de higiene y presencia de plagas, elementos que fueron constatados por los propios inspectores.

El pasado lunes, el titular del establecimiento tuvo su audiencia en el juzgado municipal, donde se le dio lugar al descargo. Ahora, restan dos cuestiones: el acondicionamiento del local y abonar la multa, cuyo monto será informado la semana entrante.  

Este lunes, el titular del mayorista de Colón al 400, uno de los comercios clausurados la semana pasada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, tuvo su audiencia en el Tribunal Municipal de Faltas, donde se le informó sobre las actuaciones y se le brindó la posibilidad de hacer su descargo. En los próximos días se informará sobe la multa que deberá abonar por las irregularidades detectadas.

Cabe recordar que ente el martes y miércoles último, se procedió a la clausura preventiva de dos locales comerciales, un supermercado en calle Belgrano al 2000 y el mayorista de calle Colón al 400, por detectarse diferentes incumplimientos de las normativas vigentes. Entre ellos había productos vencidos y con fechas de caducidad adulteradas, además de detectarse diferentes irregularidades, como en el caso del mayorista que presentaba graves problemas de higiene, limpieza y orden.

A partir de esta medida provisoria, se dispuso desde el Tribunal Municipal de Faltas la citación a los propietarios o responsables, dando la posibilidad de dar las explicaciones correspondientes.

La primera de ellas fue para el comercio de calle Colón, donde se encontró gran cantidad de alimentos que no estaban aptos para su consumo (harina, té, aceite, fiambres, conservas, bebidas, golosinas, chocolates), y este miércoles será el turno del supermercado, donde además de alimentos vencidos se registraron denuncias por cortes en la cadena de frío. 

Desde el Juzgado municipal adelantaron que ambos comercios deberán cumplimentar con las respectivas tareas de limpieza, desinfección y orden para poder volver a funcionar, además de abonar las multas, cuyos montos serán determinados e comunicados la semana entrante. En el caso del super, deberá avanzar con la habilitación, trámite que tenían incompleto. 

Vale remarcar que las irregularidades detectadas tienen una penalidad que van de las mil a las 10 mil UTM (Unidad Tributaria Municipal), que actualmente tiene un valor de 172 pesos, es decir que pueden variar entre los 1.720 y 1.720.000 pesos. También se pueden aplicar normativas provinciales y nacionales, que establecen multas más elevadas de acuerdo a cada caso.

Por orden del Tribunal Municipal de Faltas, la Secretaría de Control y Convivencia Urbana procedió, en poco más de 24 horas, a la clausura de dos comercios dedicados a la venta de alimentos: un supermercado de origen chino, ubicado en Belgrano al 2000, y una distribuidora, situada en Colón al 400. Como resultado de estos operativos, se incautaron grandes cantidades de productos vencidos y con fechas de caducidad adulteradas, además de detectarse diferentes irregularidades.

Ahora, las causas continuarán su trámite en el Tribunal de Faltas, que luego será el encargado de establecer las sanciones que le corresponden a cada uno, que serán acordes a lo detectado que está detallado en cada actuación de los inspectores municipales. 

En este marco, el juez de Faltas, Stéfano Quaglia explicó que Venado Tuerto tienen vigente la ordenanza 5574 del 2022, que establece el código de seguridad agroalimentaria, regulando en su articulado el funcionamiento de los comercios que se dedican a la venta de alimentos. “Allí se determinan aspectos a las condiciones que deben cumplir estos establecimientos y los productos alimenticios. A su vez, se determinan las sanciones para quienes las incumplen”, señaló. 

Haciendo uso de las facultades que aporta esta normativa, se procedió a la clausura preventiva de ambos locales hasta que se regulen todas las faltas y se decomisen todos los productos que no están aptos para su consumo. Como siguiente paso, se pautará una audiencia, para que los propietarios puedan ejercer su derecho de defensa y descargo. 

Una vez que la Dirección de Salud Alimentaria informe que estos comercios “no cuentan con productos o situaciones que puedan generar un riesgo o peligro para la población, y tras cumplimentar con las infracciones correspondientes, podrán volver a abrir sus puertas”, enfatizó el juez municipal.  

Según precisó Quaglia, en el comercio de calle Colón, “los inspectores detectaron alimentos vencidos, presencia de plagas, falta de higiene, limpieza y orden. Si bien se trata de un mayorista que estaba habilitado para funcionar, las condiciones no eran las adecuadas para hacerlo, más allá que en su momento cumplimentó con todo lo necesario”. 

En cuanto al supermercado de calle Belgrano, que no contaba con el proceso de habilitación terminado, se constató la presencia de alimentos vencidos y otros afectados por cortes de la cadena de frío. 

Cabe señalar que todos estos alimentos fueron destruidos y desnaturalizados, para evitar su consumo. A su vez, en caso de confirmarse la presencia de fechas de vencimiento borradas o adulteradas, se dará intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para encabezar la investigación correspondiente, ya que se estaría frente a un delito penal.  

Por otro lado, y en cuanto a las sanciones, el titular del Tribunal Municipal de Faltas, detalló: “Las irregularidades detectadas tienen una penalidad que van de las mil a las diez mil UTN (Unidad Tributaria Municipal), que actualmente tiene un valor de 172 pesos, es decir que pueden variar entre los 1.720 y 1.720.000 pesos. También se pueden aplicar normativas provinciales y nacionales, que establecen multas más elevadas de acuerdo a cada caso”. Y añadió: “Las multas están directamente relacionadas al volumen o cantidad de alimentos que se decomisaron y al análisis de la situación, porque podemos estar frente a una sumatoria de faltas o de incumplimientos de artículos de las normas”. 

Por último, precisó que el comercio de calle Colón no contaba con sanciones anteriores, mientras que el supermercado de calle Belgrano, ya cuenta con clausuras previas, incluso es el mismo propietario de otro establecimiento, en calle Valdez, que también fue sancionado. 

El juez del Tribunal de Faltas, Stefano Quaglia, brindó detalles de la intervención municipal tras el trágico accidente que derivó en la muerte de Kiara, la niña de 7 años que cayó de un toro mecánico en el salón de eventos ubicado en calle Moreno al 1100 en la ciudad de Venado Tuerto. 

En este marco, el funcionario explicó que, una vez conocido el hecho, desde el tribunal se pusieron a total disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del fiscal en turno Damián Casullo, quien solicitó la clausura preventiva del establecimiento, que se efectuó en horas de la tarde del mismo domingo.    

“Nos plegamos al pedido del fiscal que solicitó esta clausura hasta que se pueda determinar cómo fue la mecánica del hecho y poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del propietario o de la persona que estaba manejando la máquina. Se trata de una medida administrativa preventiva de un local que contaba con habilitación municipal vigente desde el año 2022 hasta octubre del 2024”, explicó.

Asimismo, precisó que “hasta que no se esclarezcan los hechos o que la Fiscalía entienda que no hay riesgos de entorpecimiento de la investigación, el local no podrá funcionar, quedando todas las actividades suspendidas”. 

Quaglia también aclaró que, si bien el local estaba habilitado para funcionar como salón de eventos, tener esa autorización no implica dejar de cumplir con todos los requerimientos, pensando principalmente en la seguridad e higiene de quienes asisten. “Al momento de habilitar un local se exigen ciertas medidas de seguridad, que con el correr del tiempo se pueden ir modificando, habiendo situaciones irregulares posteriores, las cuales, de ser constatadas, se pueden determinar sanciones desde el Tribunal de Faltas municipal”, precisó.

Seguidamente detalló que una habilitación comercial puede obtenerse por un plazo de hasta cuatro años. “En el medio, sabemos que hay cuestiones de seguridad que tienen tiempos más acotados, como por ejemplo un matafuego que debe recargarse una vez al año. Tener esto en regla es responsabilidad exclusiva de los propietarios o titulares. Lo mismo el mantenimiento de los equipos”, enfatizó.

El juez de Faltas aseguró además que, previo a la reapertura del local, en caso de que la Fiscalía plantee la necesidad de revisar algunos aspectos puntuales de la seguridad del establecimiento se hará a través del área correspondiente. 

“No hay una ordenanza que regule el funcionamiento de los peloteros, ni en Venado ni en prácticamente ninguna ciudad, por ello estaba habilitado como salón de eventos”, afirmó el funcionario, agregando que tampoco está normado el uso de cierto equipamiento que tiene un riesgo, como puede ser un toro mecánico.

“Imagino que, luego de lo sucedido, el funcionamiento de estos locales será un tema que despertará el interés del Concejo Deliberante, quienes serán los encargados de evaluar si es necesario diseñar una norma específica. De todos modos, hay cuestiones de mantenimiento y seguridad que sí están reglamentados y que deben cumplimentarse”, sentenció.

El caso del geriátrico de calle Santa Fe al 500 donde falleciera una abuela durante el mes de julio y que desembocara en la detención de su propietaria, que se encuentra con prisión preventiva a la espera de la correspondiente audiencia imputativa en la causa en la que se la investiga por abandono de persona seguido de muerte y que convulsionara a Venado Tuerto y la región sigue generando acciones por parte del municipio venadense.  

Esta vez, luego de la correspondiente clausura del local de Santa FE al 500 efectivizada el pasado viernes, se procedió a la clausura del establecimiento de calle Dean Funes al 100, propiedad de la misma titular.  

El titular del área de Seguridad Alimentaria del gobierno de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, afirmó a Sur24 que “a la fecha hay dos clausuras preventivas realizadas, una en calle Santa Fe y la otra en calle Dean Funes al 100; en ambos casos no se contaba con la habilitación correspondiente para poder funcionar bajo el rubro ‘Residencia de Adultos Mayores’ para el cual hay una ordenanza que establece cuáles son las condiciones que tienen que cumplimentar”. 

Además, Quaglia ratificó que “los dos establecimientos tienen una misma propietaria”, subrayando que “se la viene notificando y haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo por el tema de las habilitaciones, por la parte de seguridad alimentaria e higiene y se le fueron brindando los requerimientos necesarios para poder aggionarse a la normativa, pero no fueron cumplimentados”.  

A su vez, el funcionario municipal destacó que desde las distintas áreas se fueron labrando las actuaciones correspondientes y constatando las irregularidades, “las que fueron analizadas y procesadas por el Tribunal de Faltas, quien terminó dictaminando que se clausuren preventivamente ambos locales, el último fue el de calle Dean Funes que se efectivizó este lunes”.  

Clausura del “Hogar” de ancianos de calle Santa Fe 

Respecto a los procedimientos y las causas que terminan en la clausura de un local, Quaglia reconoció que “la clausura es una medida bastante severa, y no es algo que ocurre inmediatamente, sino que se van dando posibilidades. La normativa nos faculta para poder dar plazos de prórroga para que el establecimiento cumpla con los requerimientos, pero cuando esto no sucede hay que tomar determinaciones”. 

Los “Hogares” para adultos mayores son lugares que, ante el lamentable hecho ocurrido quedaron el ojo de la tormenta ya que quedó al desnudo una falta de regulación conjunta entre municipio y provincia. Por parte de la provincia, solo hay una residencia de adultos mayores habilitada en Venado Tuerto pero, en funcionamiento, hay muchas más.    

Las clausuras de un establecimiento de este tipo, según el director de Seguridad Alimentaria venadense no son fáciles, ya que “es un rubro que tiene varias peculiaridades. No es lo mismo proceder a la clausura de un comercio común que este caso, donde están involucrados adultos mayores con un montón de situaciones diversas y con familiares involucrados, con los que hay que estar en contacto previamente y hacer un trabajo mancomunado entre las áreas de la municipalidad y la provincia”.

Dictaron prisión preventiva para dueña de geriátricos por abandono de persona seguido de muerte

En este caso, además el Tribunal de Faltas de Venado Tuerto quien llevó adelante la medida a través de la jueza de Faltas, Janina Ferreyra y la Dirección de Inspección General; Desarrollo Social y Salud a través de las trabajadoras sociales que fueron las que contactaron a los familiares, “actuó también la Defensoría General, estando presente en el procedimiento la defensora Gabriela del Castillo para resguardar los derechos humanos de las personas que estaban ahí”, destacó Quaglia.  

Por último, Quaglia destacó a Sur24 que “antes de que los abuelos sean retirados por sus familiares, el SIES 107 chuequeó el estado de salud general de todos y una vez constatado que no había ninguno de ellos que requiera traslado o atención médica en el momento se llevó adelante la clausura, que inició al mediodía y terminó cerca de las 17 horas, una vez que se pudo desalojar completamente el lugar que quedó vacía y con la faja de clausura hasta tanto la propietaria cumpla con todas las medidas para lograr la habilitación municipal”.    

Durante la mañana de este miércoles, la jueza de Faltas de la municipalidad de Venado Tuerto, Janina Ferreyra, encabezó la audiencia por la clausura de los establecimientos anteriormente mencionados.  

Acuerdan protocolos para lograr más controles en geriátricos venadenses 

En contacto con Sur24,  Ferreyra informó que “en ambos casos el procedimiento se inicia con actas de comprobación que labra la Dirección de Inspección General y la de Comercio e Industria de la municipalidad”, añadiendo que eso, “más los informes correspondientes, se elevó al Juzgado de Faltas para la aplicación de sanciones previstas en el Código de Faltas municipal y ordenanzas vigentes que, para este caso, es la clausura de los dos lugares”. 

Además, la jueza de Faltas municipal señaló que “hoy puntualmente (por este miércoles) se tomó audiencia del art. 40 del Código de Faltas”, lo que, aseguró “es parte del procedimiento, en la que se formaliza la imputación (lectura de actas) a la infraccionada y en la que puede ejercer su derecho de defensa”. A posteriori, se dictará la resolución fijando el monto de la multa correspondiente.         

Desde el Juzgado de Faltas Municipal procedieron a la clausura de dos bares céntricos por “no contar con la habilitación definitiva” correspondiente y trasgredir “restricciones relacionadas con la pandemia”, según informaron fuentes oficiales.

El primero es un local ubicado sobre calle Moreno a metros de 25 de Mayo, mientras que el segundo se encuentra en la esquina de San Martín e Iturraspe.

La noticia fue confirmada a Sur 24 por la Jueza de Faltas, Janina Ferreyra, informando que “se trató de una serie de infracciones. La clausura preventiva es la última opción. En lo previo desde la Municipalidad se van labrando las actas correspondientes, hasta llegar a esta instancia”.

Desde el Tribunal de Faltas, aclararon que los titulares de dichos locales comerciales cuentan con el margen legal correspondiente para revertir la situación.

Igualmente, por el momento deberán tener las puertas cerradas.

A uno de los locales (ubicado frente a plaza San Martín) le habían labrado actas durante los meses de mayores restricciones relacionadas con la pandemia. principalmente en ese momento las infracciones tenían que ver con no respetar el Decreto Provincial en cuanto al horario límite de cierre del local comercial.