Por Ana Inés Dobal

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe puso en funcionamiento nuevas salas de audiencias en los Tribunales con asiento en la ciudad de Rufino, destinadas tanto al fuero penal como civil.

Los nuevos espacios fueron equipados con tecnología de última generación, lo que permitirá la realización de audiencias multipropósito y una mejora sustancial en el funcionamiento de la dependencia en todas sus áreas.

Estas incorporaciones facilitarán el desarrollo de juicios tradicionales y también de juicios por jurados, fortaleciendo la infraestructura del Distrito Judicial en la ciudad más austral de la provincia.

La iniciativa forma parte del plan de mejora edilicia que el máximo tribunal impulsa en distintas sedes de Santa Fe, con el objetivo de optimizar el servicio de justicia y garantizar un mejor acceso para la ciudadanía.

Con esta habilitación, Rufino da un paso importante en la modernización de su sistema judicial, con dependencias renovadas tanto en su infraestructura interna como externa.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe implementó durante 2025 el sistema de juicio por jurados establecido por la ley Nº 14.253, que habilita la intervención ciudadana en causas de especial gravedad, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. La puesta en marcha de este mecanismo significó un avance sustancial hacia un modelo de justicia más participativo y transparente.

El primer juicio por jurados se realizó en junio, en los Tribunales de San Cristóbal, pertenecientes a la Circunscripción Judicial N.º 5. Se trató de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio, en el que intervinieron 12 jurados titulares y dos suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo del padrón electoral.

Al evaluar la experiencia, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, destacó que “este año, a partir de una iniciativa parlamentaria y luego de un largo camino institucional, se logró implementar el juicio por jurados para delitos graves, algo que no había sido posible hasta ahora en la provincia”. El funcionario subrayó además una particularidad del modelo santafesino: “Se adoptó un criterio distinto al de otras provincias, ya que el veredicto de culpabilidad requiere diez votos sobre doce, sin exigir unanimidad, lo que reduce el riesgo de que el juicio fracase por falta de acuerdo”.

Hasta el momento, se realizaron cuatro juicios en tres jurisdicciones distintas. “Comenzamos en la Circunscripción Nº 5, con un juicio en San Cristóbal; continuamos en la ciudad de Santa Fe, por un homicidio calificado en ocasión de robo; luego en San Javier, por el homicidio de una jubilada; y el último fue en Reconquista, por un caso de femicidio”, precisó Mascheroni. Para completar el esquema previsto, resta que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije las audiencias correspondientes a la tercera circunscripción, Venado Tuerto, y a la segunda, Rosario.

La implementación del juicio por jurados requirió un intenso trabajo preparatorio y coordinado entre distintos organismos. Participaron la Secretaría Electoral y el Poder Judicial, entre otros actores, para definir los criterios de conformación del padrón inicial, denominado “nube”, del cual se sortean los jurados para cada proceso.

Ese padrón está integrado por hombres y mujeres en condiciones de paridad, respetando la proporcionalidad del padrón electoral de cada una de las cinco circunscripciones judiciales. Incluye a personas de entre 18 y 75 años que no sean abogados ni profesionales del derecho, que no registren deudas alimentarias, condenas penales ni situaciones de quiebra, y que no integren fuerzas de seguridad, fuerzas armadas ni cargos jerárquicos del Estado en ninguno de los tres poderes.

Mascheroni recordó que la ley delimita de manera precisa las figuras penales alcanzadas por este sistema. “Son solo cuatro delitos, los más graves. En el futuro podrá discutirse una eventual ampliación, como ocurrió en otras provincias, pero hoy la prioridad es consolidar la experiencia y mejorar su funcionamiento”, señaló.

El secretario de Justicia también se refirió a los desafíos pendientes del sistema judicial provincial. “Aún resta avanzar en la discusión de un nuevo código penal, más moderno, que incorpore experiencias de otras jurisdicciones y permita un trámite más ágil de los procesos, superando un esquema que sigue siendo predominantemente escriturario”, afirmó.

En ese marco, destacó los avances en mediación, digitalización y, especialmente, en la problemática de la litigiosidad laboral. Recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro asumió un compromiso público para abordar esta cuestión y que recientemente se firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Ese acuerdo permitirá la designación de peritos médicos judiciales y la puesta en marcha definitiva del observatorio de comisiones médicas, con el objetivo de reducir la conflictividad vinculada a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. “Están dadas las condiciones para comenzar a abordar este problema de manera estructural, con herramientas institucionales y reformas legislativas en curso”, concluyó Mascheroni.

Por segundo martes consecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia no pudo lograr un acuerdo para designar el presidente 2026 y resolvió pasar el tema al próximo acuerdo, que en principio, será el martes venidero.

Un escueto comunicado entregado esta tarde informa que la elección del presidente 2026, luego de la deliberación de sus integrantes, pasó a un nuevo cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según el acta número 46.

Del encuentro participaron los siete ministros, encabezados por su presidente actual, Roberto Falistocco, más Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

La elección de presidente para el ejercicio siguiente, de acuerdo a la ley orgánica, debe realizarse en el último acuerdo del mes de noviembre.

El Consejo de la Magistratura santafesino realiza nuevas pruebas de oposición y entrevistas para cubrir vacantes en los ministerios Público de la Acusación, de la Defensa y del Poder Judicial responsabilidad en distintas circunscripciones de la provincia.

El Consejo de la Magistratura de Santa Fe continúa desarrollando los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes en diversas circunscripciones judiciales. Durante los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre se realizaron en Rosario las pruebas de oposición y entrevistas personales para cubrir las vacantes en la Fiscalía Regional 3, Defensoría Regional 3 y Juzgados de Familia y Responsabilidad Extracontractual. Para los cargos únicos de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación y Defensor Regional del Ministerio Público Provincial para la Defensa Penal, ambos pertenecientes a la Circunscripción Judicial Nº 3.

En paralelo, este jueves y viernes se llevaron adelante en la sede Rosario de la UCA las pruebas de oposición destinadas a cubrir cargos de Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia para las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 2, con un total de 89 postulantes convocados. 

Finalmente, los días 18 y 19 de noviembre, también en la UCA Rosario, se desarrollarán las pruebas de oposición del concurso para Jueces de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual, correspondientes a las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 2, con la participación de 79 postulantes.Con este cronograma, el Consejo ratifica su compromiso con el funcionamiento del sistema judicial y la cobertura de cargos para el servicio de justicia en toda la provincia.

Por Emerio Agretti

El tiempo que los jueces argentinos dedican en promedio a las audiencias es sumamente dispar entre los diferentes distritos, pero en general, si bien se registran notorios avances, el nivel de oralidad en los procesos sigue siendo insuficiente en todo el país. En ese marco, Santa Fe se encuentra entre las provincias con índice más elevado, a continuación de San Juan y Neuquén.

Así surge de un reciente análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que pone en evidencia las limitaciones en el avance hacia sistemas judiciales más transparentes y eficientes en Argentina.

El informe resalta desigualdades notables tanto entre provincias como al interior de cada una, lo que refleja variaciones en la implementación del modelo acusatorio y en la organización de oficinas judiciales, diseñadas para separar tareas administrativas de las jurisdiccionales y optimizar el rol de los jueces.

El estudio se basa en información recolectada durante 2023 de los tribunales penales provinciales, nacionales y federales. Y pone la lupa sobre un indicador determinante: las horas promedio que pasan los jueces de primera instancia en salas de audiencia, excluyendo etapas de revisión o impugnación donde predomina el trámite escrito.

Según los investigadores, la oralidad representa el pilar fundamental de un sistema acusatorio moderno, ya que favorece la resolución de conflictos mediante el diálogo directo, asegura la participación activa de víctimas e imputados, y promueve la publicidad de los actos judiciales.

“Es la herramienta que permite pacificar disputas de manera democrática, respetando la inmediatez y la transparencia”, explican en el documento. Sin embargo, el informe alerta sobre prácticas persistentes que invisibilizan etapas intermedias o de investigación, donde a menudo se recurre a procedimientos escritos o rutinarios que afectan derechos y garantías.

En términos metodológicos, el cálculo se realizó sumando las horas totales en audiencias de cada juez durante el año, promediándolas y dividiéndolas por 11 meses.

El Inecip propone un estándar mínimo de 72 horas mensuales por magistrado, equivalente a tres días semanales de seis horas en sala, dejando espacio para deliberaciones y redacción de fallos. En ese sentido, los datos obtenidos no son alentadores: ninguna de las jurisdicciones que reportan datos precisos llega a ese nivel.

“Hay avances, pero persisten deficiencias en la producción de estadísticas y en su uso para tomar decisiones”, señalaron las autoras Sidonie Porterie, Aldana Romano y Creusa Videla.

De acuerdo con los datos procesados, San Juan lidera con un promedio de 33,1 horas mensuales por juez, seguido por Neuquén (26,16) y Santa Fe (25,45). En el otro extremo, provincias como Entre Ríos reportan apenas 5,22 horas, mientras que otras como Buenos Aires, Salta o la Justicia Nacional no proporcionan información completa o no contestan.

Jurisdicciones como Catamarca, Chaco o Córdoba informan parcialmente, y San Luis, Santa Cruz y Tucumán no ofrecen datos en absoluto. Este panorama subraya la necesidad de mejorar los sistemas de medición y estandarizar indicadores para evaluar la calidad del servicio judicial.

El objetivo principal de esta microinvestigación consiste en medir la cantidad de tiempo que jueces y juezas se encuentran en audiencia. Si bien se admite que ésas no es la única variable que puede analizarse para evaluar la oralidad de los procesos penales, se parte de la base de que es una manera apropiada de poner en el centro de la discusión el nivel de oralidad en Argentina, y la importancia de gestionar el tiempo de jueces y juezas de la mejor manera posible.

En las conclusiones advierten que, aunque fueron pocas las provincias que remitieron la información desagregada por tipo de audiencia, no pareciera haber una diferencia sustancial en el tiempo dedicado a audiencias de investigación y de etapa intermedia, con respecto a las de debate. A priori, este dato podría indicar el bajo nivel de oralidad de las audiencias previas al juicio, siendo que en los sistemas acusatorios, la etapa preliminar es donde se debiera concentrar el mayor caudal de trabajo.

En otro orden, fueron muy pocas las provincias que pudieron reconstruir la información de hora de juez en audiencia por modalidad (virtual o presencial). Y los resultados entre ellas también difieren: las provincias de San Juan, Chubut y La Pampa tuvieron mayor carga de hora en audiencias presenciales (94.9% en San Juan, 98.7% en Chubut y 80% en La Pampa). En la provincia de Jujuy los resultados se invierten: 88,6% de las horas fueron en audiencias virtuales (audiencias de investigación, etapa intermedia, ejecución y abreviado) y 11,4% en audiencias presenciales (de juicio).

El uso de las audiencias virtuales se ha ido incrementando luego de la pandemia de COVID-19. Y si bien la tecnología puede ser un soporte válido para agilizar procesos y garantizar el desarrollo de algunas audiencias, los investigadores entienden que esto “debería ser la excepción y no la regla”.

Consignan que “la sala virtual es incapaz de reemplazar a una sala de audiencias como espacio de resolución de los graves conflictos humanos que gestiona la justicia penal. Debe siempre tenerse presente que las salas de audiencia cumplen con una función central en la administración de justicia penal: son el espacio en el que los conflictos se traducen en palabras”.

Por la importancia que asignan a esta cuestión, resaltan que incluso el diseño y arquitectura de la sala de audiencia son aspectos esencialmente críticos, en la medida en que pueden favorecer u obstaculizar la oralidad y el litigio.

“La virtualidad supone muchas veces un obstáculo para promover una participación activa de las partes y facilitar un litigio más dinámico y fluido. Más aún en contextos en los que la dinámica del litigio adversarial, el ejercicio de la contradicción y la fluidez en la presentación de la información en las audiencias previas al juicio, continúa siendo en muchos casos deficiente. La sala de audiencia debe además proyectar solemnidad; es importante que en ella se jerarquice el lugar del juez o jueza”, advierten.

Y, al respecto, hacen hincapié en las características que deben reunir las salas de audiencia, entre otras cosas el mobiliario y los símbolos, para jerarquizar el lugar de jueces, juezas y jurados. Elementos que, como se observa, “jamás pueden garantizarse por igual en salas virtuales”.

En este sentido, advierten sobre los efectos distorsivos del uso de la tecnología en las audiencias penales, sobre todo el riesgo inmenso que representa la virtualización de las audiencias de juicio. “La virtualización del juicio oral puede impactar muy severamente sobre la calidad del litigio y afectar derechos y garantías”, que no pueden ponerse en peligro en atención a la mayor celeridad. En atención a ello, convocan a un debate serio, para “construir consensos razonables sobre el uso de la virtualidad para las audiencias penales”.

Y concluyen expresando la expectativa de que los resultados del informe “permitan avanzar en una discusión honesta sobre el mejoramiento técnico y de gestión de las estadísticas de la justicia penal, así como sobre la calidad y nivel de oralidad que tenemos hoy en nuestro país”.

Por Federico Aldao*

Una maestra de primaria, un joven recién egresado del secundario, una jubilada, un empleado de comercio, una taxista, un albañil, una estudiante universitaria, un inspector de tránsito, una empresaria local, un comerciante, una médica. No se conocen. No han sido elegidos por títulos, méritos o afiliaciones. No comparten ideología, ni historia, ni vocabulario político o jurídico. No son expertos o funcionarios, ni se han postulado para ocupar ese lugar. Han sido elegidos por sorteo y, de pronto, se sientan en una sala y deben hacer algo extraordinario: escuchar, pensar, discutir, decidir juntos. Lo que digan definirá el destino de alguien más, y también de la comunidad.

Parece un asunto técnico, un trámite judicial más, una carga pública. Pero, al mirar con atención, puede ser que aparezca otra cosa, algo más que se ponga en juego. Algo extraño, olvidado. ¿Y si esa escena —tan sencilla— fuera uno de los últimos lugares donde todavía puede nacer lo político? Porque si lo político es, como pensaba Hannah Arendt, la aparición de un espacio entre personas que, sin necesidad de pensar igual, deciden deliberar y construir algo en común, entonces un jurado es más que un procedimiento técnico: es un ensayo de política, un punto de partida para volver a pensar lo político en tiempos de desencanto.

Hoy hablar de política se ha vuelto incómodo y aburrido. La palabra aparece gastada, saturada, contaminada. Para muchos, “la política” es sinónimo de corrupción, burocracia, lucha de intereses, promesas vacías. Se percibe como algo lejano, ajeno y manipulado. La ciudadanía, mientras tanto, se replegó. Se volvió escéptica, desconfiada. A esto se suma una cultura que premia el consumo rápido, la reacción inmediata, el aislamiento voluntario. El resultado es una paradoja inquietante: las sociedades siguen siendo profundamente conflictivas, desiguales y diversas, pero sus ciudadanos cuentan cada vez con menos lugares concretos para aparecer, hablar, escuchar, decidir. Y sin esos lugares, no hay experiencia política en sentido fuerte.

Tal vez el problema sea que lo político no simplemente está en crisis. Está ausente. No colapsó. Se evaporó. Vivimos en una época marcada por el olvido de lo político.

Es necesario pensar el juicio por jurados, como que se realizó en nuestra provincia, como un “minuto cero”. No como política plena, sino como un umbral. Un ejercicio donde se reactivan, en condiciones mínimas, algunos gestos fundamentales de lo político: juicio, deliberación entre iguales, exposición ante otros, responsabilidad compartida. 

Lo político es acción y palabra entre seres humanos que se atreven a mostrarse y a juzgar. Eso ocurre, de forma mínima pero real, en un jurado. El juicio por jurados encarna ese “entre” —siempre frágil— que sostiene la vida pública. No es debate partidario, pero sí deliberación entre libres e iguales. No es representación, pero sí presencia. No es discurso político, pero sí palabra compartida. Es lo político sin “política”: sin partidos, sin anuncios, sin grandes relatos. Pero con algo fundamental: personas que, sin conocerse, deben hacer algo juntas.

Ese gesto —escuchar, considerar, argumentar, cambiar de opinión, llegar a una decisión compartida— puede parecer menor. Pero en un contexto donde la política se volvió espectáculo, cálculo o enfrentamiento, recuperar el valor de la palabra entre iguales tiene una potencia inesperada. No es automático. No es natural. Es un aprendizaje. Y, como tal, tiene un valor político profundo.No es el ágora ateniense. No es la revolución americana. Es otra cosa: el minuto cero de lo político. Un reinicio. La punta de un hilo que podemos empezar a tirar. Un lugar donde todavía puede prenderse la chispa. Porque ahí hay algo que ya no vemos en ningún lado: extraños que se escuchan de verdad. Que no pueden silenciar al otro, ni bloquearlo, ni insultarlo con emojis. Tienen que argumentar, cambiar de idea, sostener una decisión que los trasciende.

El juicio por jurados no es una respuesta a todas las carencias de la democracia. 

Es legítimo preguntarse si no estamos viendo política donde solo hay procedimiento. Podría objetarse que no todo lo que implica deliberación es político. Que el juicio por jurados sigue siendo una práctica limitada, regulada, con márgenes acotados. Que no hay creación de mundo, sino evaluación de hechos. Y todo eso es cierto. Pero justamente por eso hablamos de minuto cero, no de política en su plenitud. Es un punto de partida. Una escena que contiene, en estado latente, gestos políticos fundamentales. Allí donde ya no confiamos en las instituciones, donde la palabra pública parece agotada, donde la acción colectiva se debilita, debemos recuperar espacios donde pensar juntos sea todavía posible.

Y no, no es perfecto. A veces habrá prejuicios, errores, manipulaciones. Pero la perfección no es política. Lo político es lo que se juega en lo frágil, en lo incompleto, en lo que podría fallar... en lo humano.

Lo que el juicio por jurados pone en juego es una política en estado germinal: sin aparato, sin representación, sin ideología. Pero con algo esencial: la posibilidad de que ciudadanos elegidos por sorteo ejerzan su capacidad de juzgar con otros, reactiven una forma de lo común. Su legitimidad radica en el ejercicio compartido del juicio. En el hecho de que cada uno debe pensar por sí mismo, pero no puede decidir solo.

Esto no resuelve la crisis de la democracia. Pero en tiempos donde lo común se desintegra, donde el diálogo cede ante el algoritmo, donde la diferencia se convierte en amenaza, sentar a un grupo de desconocidos en una misma mesa y pedirles que piensen juntos puede parecer ingenuo. Pero quizás —y esto lo sabían muy bien quienes pensaron la democracia en sus orígenes— sea justo allí, en ese gesto tan frágil como insistente, donde la política aún tenga algo que decir.

* Profesor de Filosofía y tesista de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Miembro y becario de investigación del Instituto de Filosofía en la misma facultad. 

Por Juliano Salierno

Un hombre de 57 años, detenido el miércoles pasado en la ciudad de Laguna Paiva por un grave episodio de violencia de género, resultó condenado este martes en los tribunales de Santa Fe.

La jueza en lo Penal, Susana Luna, impuso pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para Guillermo Alberto Ríos, por dos hechos violentos cometidos entre el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, en una vivienda del barrio Dupont, que compartía con su expareja y los hijos de ésta.

La sentencia se produjo a instancias de un juicio abreviado, impulsado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin y Manuel Cecchini; y que contó con la conformidad del imputado Ríos y la abogada del Servicio Público de la Defensa, Sonia Bustos.

La fiscalía le atribuyó a Ríos haber agredido a la mujer con golpes de puño, la tarde del 11 de agosto, en el interior de la vivienda que compartían, a pesar de que la relación estaba terminada. Y para evitar que lo denunciara, la amenazó con matarla o hacerle daño al hijo de 6 años que tienen en común.

No conforme con eso, la mantuvo retenida contra su voluntad, encerrada en la casa, y sin su teléfono celular, el cual rompió al advertir que ella se estaba mensajeando con otra persona.

El cautiverio se extendió hasta la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando uno de los hijos adolescentes de la mujer hizo llegar a la policía una nota escrita de puño y letra que decía: “Necesito ayuda, sin celular, golpeada, auxilio”.

El escrito entregado al personal de guardia de la Comisaría 13º en horas de la mañana, aportaba el nombre de la mujer y daba los datos de la vivienda en la que se encontraba encerrada.

Minutos después, la mujer recuperó la libertad y por contrapartida, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la justicia penal.

Los hechos, cometidos en un contexto de violencia de género, fueron calificados como “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo” y “amenazas simples” el primero; y “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con uso de la violencia”, el segundo.

Así lo informó la fiscal Peresin en la audiencia de juicio abreviado, realizada este martes en la Sala 4 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe. La representante del MPA destacó el “total sentimiento de libertad e impunidad, sin temor a reproche” con el que se condujo Ríos al cometer los hechos por los cuales la jueza Luna terminó por condenarlo a 3 años de prisión.

Por Juliano Salierno

La Justicia Federal de Santa Fe dictó este martes el procesamiento de un diseñador santafesino, acusado de comercializar indumentaria deportiva con marcas falsificadas de Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El imputado, Mauro Del Rosso (34), habría operado al menos desde diciembre de 2022 bajo el nombre de fantasía “Camisetas Thunder”.

El caso comenzó con una denuncia presentada el 28 de diciembre de 2022 por representantes legales de Adidas AG y la AFA, quienes alertaron sobre la presunta venta de camisetas apócrifas a través de redes sociales y un sitio web, ambos administrados por Del Rosso.

Según el expediente, la comercialización se realizaba mediante la cuenta de Instagram @camisetasthunder, el portal thunderinternacional.com y un número de WhatsApp vinculado al imputado.

Durante la investigación impulsada por el Fiscal General a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Santa Fe, Martín Suárez Faisal, se comprobó que se ofrecían camisetas de la selección argentina con marcas y elementos visuales similares a los originales, incluso con el escudo de campeón del mundo 2022 y el nombre de Lionel Messi en la espalda.

Personal de Adidas concretó una compra para constatar que se trataba de un producto fraguado y en abril de 2024 se realizó una segunda adquisición por vía judicial -a través de un agente revelador- y la camiseta adquirida resultó ser falsificada según pericias técnicas de la Policía Federal Argentina.

Además, la justicia detectó que los pagos se realizaban a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de Del Rosso, quien también figuraba como remitente del paquete enviado por Correo Argentino.

En su defensa, el imputado negó haber tenido conocimiento de la falsificación de los productos y afirmó que solo diseñaba el sitio web y las redes sociales para un tercero que le proveía la mercadería.

Asesorado por el abogado particular Pedro Busico, Del Rosso sostuvo que abandonó la actividad en 2022 al radicarse temporalmente en Brasil. Sin embargo, la investigación logró acreditar que las actividades comerciales continuaron durante 2023 y 2024 con recursos asociados directamente a su persona, como cuentas de correo, perfiles digitales y registros en el correo oficial.

El juez federal Aldo Mario Alurralde, a cargo del Juzgado N° 2 de Santa Fe, consideró que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de que Del Rosso actuó como autor del delito previsto en el artículo 31 inciso “d” de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, que penaliza la comercialización de productos con marcas registradas falsificadas.

En ese marco, dispuso su procesamiento sin prisión preventiva, junto con medidas de coerción, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio. Además, se ordenó el embargo de sus bienes por un millón de pesos.

El modelo fraguado era la camiseta titular año 2022 con las tres estrellas sobre el escudo, el apellido de Messi y el número diez en la espalda. También tenía estampado el parche “Fifa World Champions 2022” en el frente.

Para detectar si se trataba de una prenda auténtica o fraudulenta, la Justicia ordenó la realización de “un estudio scopométrico” sobre la pieza adquirida a través del agente revelador y la comparó con una original que fuera aportada por la empresa denunciante.

Como conclusión se pudo determinar que “la camiseta adquirida por el agente revelador presenta marcas falsificadas y fraudulentamente imitadas”. Para la justicia ello “permite sostener que la indumentaria es falsa, imitando las características de una original y, a su vez, sería idónea para generar un engaño”.

A diferencia de una original, cuyo precio de venta hoy es de $ 139.999 la titular 2024 para hombre -según la web oficial de Adidas-, la imitación costó $ 46.600 en abril del año pasado.

Y aunque no hay cifras de ventas, se estima que Del Rosso realizó operaciones de colocación de dicha indumentaria desde diciembre de 2022 a la actualidad, siendo los últimos registros en mayo de 2025, cuando se constató que continuaba ofreciendo el producto.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Consejo de la Magistratura, lleva adelante los procesos de concurso para la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Son 16 concursos en marcha convocando en una primera etapa a la cobertura de 112 cargos judiciales en toda la provincia, entre fiscales, fiscal regional de Rosario, jueces penales de primera instancia, jueces de menores, cámara penal, y defensores; como así también para los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, laboral, familia, fuero pleno, de circuito y para la cámara laboral.

“Desde que comenzamos la gestión que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro comenzamos a trabajar para cumplir con lo que la sociedad demanda: una justicia más eficiente, más cercana, que dé respuestas y comprenda la importancia del momento histórico que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe, con la posibilidad plena de poder reformar la Constitución después de 63 años”, expresó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial.

Para poder cubrir todos los cargos vacantes del Poder Judicial provincial, es necesario cumplimentar diferentes etapas del proceso previsto en la reglamentación. En primera instancia se convoca a los postulantes con un período de apertura de inscripción al concurso. Hecho esto en el plazo fijado, luego se realiza el análisis de admisibilidad de acuerdo a los requisitos constitucionales referidos al título, antigüedad en el ejercicio de la profesión o la función judicial. Cabe destacar que también es un requisito fundamental que los postulantes no tengan antecedentes penales ni tengan un certificado positivo del registro de deudores alimentarios morosos. 

Tras superar la admisibilidad, los concursantes deben realizar la prueba de oposición, que consta de un examen que puede ser de modalidad escrito u oral y que exige para el caso de jueces no penales la presentación de un plan de gestión como requisito excluyente. De ser superado el examen, se los convoca a las entrevistas personales con los integrantes del mismo cuerpo evaluador que confeccionó y realizó los exámenes, que se compone por representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de las universidades. Y en el caso de los concursos para fiscales y defensores penales, se suman representantes de los respectivos órganos: Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal respectivamente.

Cómo última etapa, una vez realizados los exámenes psicotécnicos, el Consejo de la Magistratura conforma un listado definitivo que eleva la propuesta al gobernador dando por finalizado el proceso de concurso.

Por Ivana Fux y Emerio Agretti

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a remarcar su convicción de que "tenemos que tener una conducción de la Justicia que permita que sea eficiente, que dé respuestas, que sea más barata y que pueda resolver los problema de los santafesinos".

El mandatario fue consultado por el periodismo en el marco del acto de lanzamiento en Rosario del Programa Nexo Empleo, en momentos en que dos comisiones de la Cámara de Diputados comienzan a analizar este jueves, en reunión conjunta, los tres proyectos que apuntan a modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia (llevando el número de ministros a siete) y otras reformas al funcionamiento del sistema judicial.

"Tenemos que tener para esto una mirada mas profunda, que vaya más allá del reclamo de recursos que le puede hacer un poder a otro. Lo dijimos con mucha claridad: el Poder Judicial en seis meses ejecutó todo su presupuesto y este año la demanda era muy superior al Presupuesto que tenía la provincia: habían pedido tres veces mas de lo que tenían. Necesitamos que sean austeros y eficientes. Para que nosotros también seamos eficientes", sostuvo.

En cuanto a la renovación de la Corte, el gobernador reiteró que "no cuestionamos en términos personales" a los actuales magistrados, pero consideró que los que tienen más de 75 años, en atención al tope de edad que pone la Constitución Nacional, "sería muy noble" que se retirasen. Pero también asumió que "sin tensión y sin debates profundos no hay cambios, y vinimos para cambiar muchas cosas en la provincia".

Pullaro también fue consultado sobre la situación del juez federal Marcelo Bailaque, cuyo nombre figura entre los pliegos para ascender a camarista, pero que está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura acusado de proteger al narcotráfico y de no investigar al clan de Esteban Alvarado, por venta de drogas y lavado de dinero.

Para el mandatario, es "muy contundente la denuncia de (la diputada provincial, Lionella) Catalini, como también la que hizo el fiscal Luis Schiappa Pietra. La Justicia también tiene responsabilidad en la construcción de la seguridad. Si no, aumenta la impunidad y la violencia en el territorio. Por eso es muy importante la función que el ejecutivo tiene para llevar su política de seguridad, pero también ver qué rol han tenido los estamentos de la Justicia, tanto provincial como federal. Eso también es importante que lo discutamos: que la Justicia esté involucrada en la política de seguridad".

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe María Angélica Gastaldi aseguró que su decisión de renunciar al Tribunal está tomada "desde hace varios meses" y ya era conocida. Lamentó el nivel de "agresión" que se produjo en el marco de la discusión por la renovación del cuerpo, aunque dejó a salvo al gobernador Maximiliano Pullaro. Consideró que su reemplazante debe ser mujer, en cumplimiento con la ley de paridad, y dejó entrever la posibilidad de volver a ejercer la presidencia del organismo en 2025, hasta su retiro el 2 de abril.

"La verdad es que hace rato que tomé la decisión, hace cinco o seis meses", consignó, y aclaró que se había anticipado esa decisión a sus colegas. En el interín, admitió que hubo "mucho ruido, mucha agresión injustificada", aunque se aseguró de dejar a salvo al gobernador de ese reproche.

En una entrevista concedida en Rosario a Radio 2, la magistrada admitió que el trato del gobierno hacia la Corte (que tuvo como coronación el encuentro del domingo 8 de septiembre a las 7.30 de la mañana) es "duro, pero me pareció muy razonable. Yo cuando salí de esa reunión dije que había sido muy constructiva, porque tenemos distintas formas de ver las cosas, pero hay que decirlas con franqueza. Yo participé en la actividad política como diputada, y recuerdo cómo veía las cosas" desde ese lugar. Creo que con la sabiduría que he adquirido con el tiempo, o con lo que he aprendido, me doy cuenta de errores que cometí y entiendo que hay cosas que pasan tanto en el Ejecutivo como en el Judicial. Creo que nos debemos un poco más de respeto".

En ese sentido, Gastaldi lamentó el contexto generado alrededor del debate por la renovación de la Corte. "Yo lo excluyo el gobernador, porque con nosotros fue muy respetuoso, y también a muchas personas con las que hablamos. Pero el clima no fue de respeto. Hay mucha gente que hasta decía 'se quieren quedar como ratas' ". Y también hizo notar que la fecha de su renuncia (posterior a la entrada en vigencia de la reforma previsional que, entre otras cosas, pone un tope más bajo a las jubilaciones máximas) tiene que ver con que "no hubiera ninguna especulación, por parte de gente que dijera que nos hemos querido aprovechar. Ninguno de mis colegas hizo eso tampoco, y esto hay que decirlo, porque si no lo que se repite y se repite es otra cosa".

En particular, indicó que la fecha elegida para retirarse, "aparte de Malvinas", es por una cuestión personal muy cara a sus afectos. Ante la insistencia periodística, aclaró que "es el día de la fecha del nacimiento de una de las personas que más me quiso en la vida, que es mi madre norteamericana".

En cuanto a las cuestiones pendientes de resolución en la Corte, la magistrada confió en que antes de su salida pueda quedar resuelta la cuestión de la validez del acuerdo de la firma Vicentín con sus acreedores concursales, que fue además uno de los temas planteados en la reunión del gobierno con los magistrados. "Yo pienso que sí. Yo ya he tomado una decisión, así que bueno, está circulando. Hay muchas cuestiones en el Tribunal, es un lugar muy complejo. Hay que conseguir mayorías, votos, combinar...en todos los casos es igual".

Del mismo modo, al ser consultada sobre la reforma previsional (que no solo se convirtió en un punto de conflicto con el Poder Judicial, sino que también se prevé será llevada ante los tribunales), asumió que "se dio en un tiempo muy corto, con mucha vehemencia, a mucha gente se le cambió el panorama de vida", y lamentó la virulencia que el debate asumió, fundamentalmente en el espacio público. Sin adelantar criterio al respecto, recordó posiciones previas en las que dio cuenta de la crisis del sistema previsional en el país. Y también como un objetivo deseable, en términos generales, que los conflictos se resuelvan individualmente, sin llegar en la medida de lo posible a quiebres de tanto impacto como la declaración de inconstitucionalidad de una ley.

Ante otra pregunta, admitió la posibilidad de ocupar nuevamente la presidencia del organismo durante los meses que medien hasta su alejamiento, en atención a que, según el acuerdo de rotación vigente, el cargo debería recaer sobre alguien de Rosario. Y, en su caso particular, si bien la cuestión no la desvela, "mis colegas creen que sí, me lo manifestaron. Dios quiere que una llegue con vida y sana, y que la mente me acompañe", se rió.

Finalmente, sobre quien vaya en el futuro a ocupar el lugar que deja vacante (que no es solo un cargo, sino el de la única ministra que alguna vez integró la Corte santafesina), avaló la idea de que sea una mujer. "Me parece que sí. Tenemos paridad en la provincia, gracias a Dios".

Un hombre de 65 años fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por haber amenazado de muerte a una mujer que se negó a tener una relación de pareja con él. La pena también se le impuso por haber incumplido una medida de distancia respecto de ella y porque en una oportunidad agredió y amenazó a un hombre que estaba con la víctima.

La condena a Julio Enrique Villani fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Milagros Parodi realizó la investigación que permitió arribar a la condena por los delitos de "desobediencia de mandato judicial" en tres oportunidades, "amenazas coactivas" y "agresión con arma y amenazas"."Villani acosó y hostigó a la víctima, a quien conoció porque él tenía una relación de amistad con la madre de ella", explicó.

En la audiencia de juicio abreviado, el condenado admitió expresamente su responsabilidad penal en los ilícitos atribuidos. Además, junto con su abogado defensor, manifestaron su conformidad con los hechos endilgados, con la calificación legal definida por la fiscalía y con el procedimiento elegido para llegar a la condena.

"Los ilícitos que investigamos fueron cometidos entre mediados de 2022 y el año pasado, no obstante, el condenado ya venía hostigando a la víctima desde antes", aclaró la fiscal. "El primer hecho fue el 11 de agosto de 2022, y consistió en desobedecer una medida de distancia que ya le había impuesto en junio de ese año el juzgado de Circuito número 28 de Santo Tomé, a raíz de lo denunciado por la víctima", agregó Parodi.

La funcionaria del MPA relató que "hubo otros dos hechos en los que Villani incumplió la prohibición de acercamiento. Uno de ellos fue el 14 de marzo y otro el 15 de junio, en ambos casos, de 2023".

Villani también fue condenado por haber agredido con un fierro a un hombre que estaba con la mujer. "Fue el jueves 9 de junio de 2022, en la vía pública en la localidad de Franck, donde interceptó con su auto a la víctima y a su acompañante, la amenazó de muerte a ella y lo golpeó a él en las manos", indicó la fiscal.

Parodi puntualizó que "las desobediencias de las medidas de distancia consistían en persecuciones callejeras y hostigamientos permanentes", y especificó que "el condenado le exigía a la víctima que fuera su pareja, ella se negaba sistemáticamente y entonces él la amenazaba de muerte".

"En uno de los casos, Villani la persiguió hasta la puerta de la comisaría número 23 de Santo Tomé, adonde ella estaba yendo a denunciarlo", remarcó la fiscal. "En otra oportunidad, la contactó telefónicamente, la amenazó de muerte, le infundió temor y le impidió el libre ejercicio de sus acciones", añadió.

En relación a la tercera desobediencia, Parodi detalló que fue en Franck. "A raíz de la relación de amistad que tenía con la madre de la mujer, contrató una empresa de rastreo satelital de vehículos, hizo colocar un dispositivo en el automóvil de la víctima y la siguió hasta la localidad del departamento Las Colonias", concluyó.

La provincia de Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional y de una escuela procesalista y constitucional distinguida en el país, se encamina a cumplir con el mandato imperativo de instaurar el juicio por jurados en materia criminal. Es la última provincia “grande” de Argentina en sumarse a las ya doce provincias que juzgan por jurados. Esa demora tuvo su ventaja, ya que los más de 800 juicios realizados con todo éxito han generado los consensos necesarios para que su sanción en Santa Fe no se demore más.

El texto que aprobará el Senado recepta el modelo clásico y constitucional de juicio ante doce jurados con igualdad de género. El INECIP suma a la discusión pública la necesidad de dos cambios muy importantes, ya vigentes en casi todo el país y exigidos por el Anteproyecto de Ley Federal enviado por el Gobierno Nacional al Congreso de la Nación: 1) adoptar la regla plena de la unanimidad (sin la alternativa a veredictos con 10 votos) y 2) que el jurado sea obligatorio, como recientemente lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Canales” (2019), en consonancia con la letra escrita del art. 118 de la Constitución (“Los juicios criminales se terminarán por jurados”).

También alertamos que debe mantenerse la edad mínima de 18 años para ser jurado y que de ningún modo puede ponerse en 25 años.

Por supuesto que, como cada vez que se está por implementar el jurado, aparecen voces críticas pregonando el apocalipsis y el caos, lo cual nunca sucedió ni sucederá. Las notas esenciales del jurado que propone Santa Fe han sido validadas en su totalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018 RVP v Nicaragua), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2010, Taxquet vs Bélgica) y nuestra Corte Suprema (2019 Canales). Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elogió a las leyes argentinas de jurado clásico en ese fallo y las puso como modelo a seguir en la región.

El texto con media sanción contiene dos aspectos centrales que podrían ser mejorados para evitar futuras declaraciones de inconstitucionalidad, tal como señalaron diputados oficialistas y opositores en la votación en particular en esa cámara:

• Unanimidad, sin excepción: El proyecto exige, correctamente, la imprescindible regla de la unanimidad para condenar o para absolver. Sin embargo, en su artículo 83 introduce una excepción para que, si no se alcanza la unanimidad, el jurado dicte veredictos con tan solo 10 votos. La excepción es inconveniente, ya que atenta contra la legitimidad del veredicto, amplía la posibilidad de error judicial, y corre riesgo de ser declarado inconstitucional, como hizo la Corte Suprema de Justicia de los EEUU en su reciente fallo “Ramos vs. Louisana” del 2020. En Argentina, las leyes más modernas (Mendoza, Chaco, Entre Ríos, CABA, Catamarca) exigen la unanimidad sin excepciones y su funcionamiento es impecable. 97% de los veredictos son unánimes, sea para absolver o para condenar.

• Obligatoriedad: La amplitud que se le otorga a la competencia del jurado debe ser ponderada por la Legislatura. Hay sistemas que establecen un listado de tipos penales (como en la media sanción), y otros, tal vez más convenientes, que se guían por el monto de la pena en abstracto del delito. Pero sea cual sea el modelo elegido, sería necesario eliminar la posibilidad de “renuncia” que prevén los últimos dos párrafos del artículo 2 del texto con media sanción. Como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case “Canales”, el juicio por jurados no es solo un derecho del imputado, sino también de la ciudadanía, que se vería afectado en caso de habilitar la renuncia, aún cuando se exija el acuerdo de todas las partes.

Críticas infundadas: la edad para ser jurado debe ser 18 añosAlgunos han sugerido a último momento que debe excluirse a la amplísima franja etaria de personas de entre 18 y 24 años edad porque la Constitución de Santa Fe exige 25 años para ser juez técnico. Es un argumento insostenible y discriminatorio, que además va contra toda la legislación de jurados del país y del mundo.

Esto es desconocer la diferencia constitucional entre jueces profesionales y jurados, y sería tan irracional como exigirles a los jurados cumplir con los otros requisitos de los jueces, como poseer título de abogado. La edad mínima debe ser 18 años, que es la misma para votar, para ir a la guerra, para pagar impuestos, etc.

Además, afectaría una de las principales virtudes del juicio por jurados, que es la de ser una herramienta de inclusión cívica sin parangón en nuestro sistema institucional y generador de mejor ciudadanía, como demuestran las investigaciones empíricas. Las personas que cumplen con su servicio de jurados emergen como mejores ciudadanos y experimentan una gran transformación cívica.

Esperamos, con estos breves apuntes, colaborar en el necesario debate sobre un proyecto que, de ser aprobado, permitirá darle al sistema judicial santafesino una herramienta imprescindible para fortalecer su legitimidad y su calidad.

*Andrés Harfuch: Director del Programa de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), profesor de derecho penal y doctor en Derecho UBA

El gobierno nacional enviaría al Senado los pliegos para cubrir los cargos de unos 70 jueces, fiscales y defensores federales. La medida abarcaría cerca de una tercera parte de las vacantes existentes, luego de la decisión de retirar en diciembre pasado los 62 pliegos que Alberto Fernández había remitido; incluyendo a Daniel Rafecas como procurador de la Corte, puesto que en esta tanda no estaría contemplado.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, actualmente hay un total de 283 vacantes, de las cuales 176 tienen concursos en trámite, 19 están para acumular o sortear, 86 ya están con ternas en manos del Poder Ejecutivo y 2 tienen pliegos en el Senado.

Cabe apuntar que esa cantidad de cargos sin cubrir, de jueces, fiscales y defensores, representa un 28 %, pero que ese total ascendió a 1002 puestos el año pasado, luego de la aprobación de la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que incorpora 27 cargos de fiscales, 14 de jueces y 9 defensores.

Esas vacantes incluyen 20 cargos correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que abarca la provincia y se extiende hasta San Nicolás, sobre un total de 42. Corresponden a la propia Cámara, y a cargos en Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Consultado por El Litoral, el consejero de la Magistratura, Miguel Piedecasas, consideró "una muy buena noticia" que el Poder Ejecutivo Nacional avance con el envío de pliegos, con la expectativa de que entre ellos esté comprendida la jurisdicción de nuestra provincia. Al respecto, cabe apuntar que entre los retirados había solamente uno, el de Daniel Alonso para la Cámara Federal de Rosario.

En tanto, Piedecasas señaló que el Consejo está avanzando con los trámites referidos a los nuevos cargos creados por la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe. "La primera de las evaluaciones se tomó en diciembre (precisamente, en la capital santafesina, en dependencias de la UNL) y está en etapa de corrección y evaluación de antecedentes y de la prueba de oposición". Para los otros dos juzgados, las pruebas se tomarían entre marzo y abril.

Con respecto a los concursos en trámite, otra de las novedades es que se fijó el 21 de marzo para tomar las entrevistas para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Más allá de lo cual Piedecasas expresó sus expectativas de que este año "tengamos una mayor cantidad de producción de ternas por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, y ojalá el Poder Ejecutivo Nacional siga con la decisión de enviar lo más rápidamente posible los pliegos al Senado de la Nación para que obtengan los acuerdos respectivos".

Precisamente, desde que se resolvió retirar los pliegos del anterior gobierno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició una ronda de consultas con jueces, camaristas y representantes de la abogacía, e incluso mantuvo algunas entrevistas con candidatos, para confeccionar la nómina que luego puso a consideración del presidente Javier Milei, conforme publica La Nación.

El mecanismo para nombrar a un juez consiste en que el Consejo de la Magistratura realiza un concurso. Tras la corrección de los exámenes escritos hay una audiencia oral y luego se elabora un orden de mérito de los candidatos. La comisión de selección eleva al pleno del Consejo una o varias ternas de candidatos para cada cargo y se vota. Si cuenta con los dos tercios de los votos, la terna va al Poder Ejecutivo.

La etapa siguiente es que el Presidente o el ministro de Justicia eligen a uno de la terna y envían su pliego al Senado. Para convertirse en juez debe contar con el voto mayoritario de los senadores. Ya con el acuerdo del Senado, el Presidente lo designa por decreto.

En este caso, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel cuentan con solo siete senadores de 72 integrantes que tiene la Cámara alta, con lo que deberá negociar con el resto de los bloques para obtener la mayoría. Ello obligará a repartir los cargos entre los candidatos favoritos de cada bloque.

La situación se plantea luego de que, como se apuntara, el gobierno de Alberto Fernández dejó sin tratar 62 pliegos en el Senado, incluido el de su candidato a procurador Daniel Rafecas. A los dos días de la asunción de Milei como presidente mandó a retirar todos esos pliegos. Eran candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que nunca fueron tratados en la Cámara alta.

Pero en rigor esos pliegos no fueron efectivamente retirados, porque el Senado nunca se reunió desde que asumió el nuevo Gobierno. Por eso la primera medida que pretende tomar el oficialismo en la primera sesión del cuerpo es efectivizar el retiro de los pliegos anteriores y enviar esos nuevos pliegos, en algunos casos con los mismos nombres.

El retiro de los pliegos no es automático, sino que debe ser votado en el recinto. Eso va a ocurrir cuando se convoque a sesiones. Y para retirar los pliegos, el Gobierno va a necesitar una mayoría, que le puede costar conseguir si es que el kirchnerismo insiste con sus candidatos.

Se trata de 29 pliegos de jueces, nueve vocales de Cámara, 10 fiscales del Ministerio Público Fiscal y 14 defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.

La cantidad de cargos sin cubrir, de jueces, fiscales y defensores, representa un 28 %, pero que ese total ascendió a 1002 puestos el año pasado, luego de la aprobación de la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que incorpora 27 cargos de fiscales, 14 de jueces y 9 defensores.

Las vacantes incluyen 20 cargos correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que abarca la provincia y se extiende hasta San Nicolás, sobre un total de 42. Corresponden a la propia Cámara, y a cargos en Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

El Consejo de la Magistratura tomará en los tres primeros días de noviembre las pruebas de oposición en los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario. Son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición se hará el 1° de noviembre; 180 para el segundo concurso cuya prueba de oposición tendrá lugar el 2 de noviembre y 145 para el tercero con fecha del 3 de noviembre.

Esos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias.

En dos de los concursos figura como inscripto Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista por la Legislatura santafesina que se encuentra ahora analizando en la Comisión de Acuerdos su posible destitución en el cargo. El miércoles último pasaron por Acuerdos varios testigos convocados oportunamente e incluso declaró el fiscal regional, Rubén Martínez. Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimizacióń de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. La instructora del caso en Acuerdos, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó la destitución del funcionario. Gerosa se inscribió en los concursos 493 y 494.

También se inscribió en los concursos el fiscal rosarino Adrián Spelta quien había sido suspendido en 2021 para investigar su conducta, pero no fue destituido en el cargo.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

En el concurso 493 son jurados Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti; en el 494 Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell y en el 495 Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

Dos de los siete concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura y que tienen para definir cargos en la justicia federal de Santa Fe se encuentran en etapa de realizar las entrevistas a los concursantes que ya rindieron la prueba de oposición.

Son los concursos para el cargo de juez federal de primera instancia para Rafaela y un cargo en el Tribunal Oral Federal n° 1 de esta capital. En el caso de Rafaela, en noviembre del año pasado, el jurado elevó el orden de mérito entre los 20 participantes. Los tres primeros lugares fueron para Santiago Díaz Cafferata; Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

En el caso del TOF 1 los tres primeros según el concurso son Gonzalo Fernández; Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti.

En cuanto al concurso para el cargo de juez federal n° de Santa Fe, se está en la etapa de evaluación de las impugnaciones y los tres mejor clasificados en lo que va del concurso son Walter Alberto Rodríguez; Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se refirió a la decisión del Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta en relación a una presentación realizada por el mencionado espacio político con relación a una tercera banca para ese espacio político en la futura Cámara de Diputados.

"No debe sorprender a nadie la decisión porque es la misma postura que Erbetta sostuvo cada vez que la Corte, por abrumadora mayoría, convalidó la vigencia del requisito del piso 3% para la distribución de cargos en cuerpos legislativos. Fue la decisión personal de Erbetta la que generó esta situación de crisis e incertidumbre que existe. Decisión que adelantó cuando, el mismo día en que finalizó el escrutinio definitivo, ordenó difundir un listado de diputados electos y diputadas electas desconociendo la normativa vigente", sostuvo.

El actual diputado sostuvo que "sabía exactamente cómo se iba a expedir el Tribunal Electoral en torno a nuestra presentación y lo único que estamos haciendo es agotar las instancias necesarias y obligatorias para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, descontando que resolverá en favor de la vigencia del artículo 5 de la ley 9280, como lo hizo en los cinco antecedentes jurisprudenciales existentes".

Aclaró que "se están cumpliendo los pasos necesarios para llegar a la Corte provincial y cada uno de ellos se está concretando conforme a lo que preveíamos, así que este fallo de Erbetta no agrega ni quita nada a la situación planteada".

Lisandro Enrico, Senador Provincial 

La situación de la narcocriminalidad que se vive en Rosario y en otras regiones de la provincia santafesina, otra vez nos pone frente a la necesidad de cambiar el enfoque del Estado Provincial respecto de los delitos de narcotráfico y la cadena delictiva que ésta genera.  

Santa Fe es la única provincia del centro del país que todavía sostiene un sistema de persecución de delitos de narcotráfico basado únicamente en la Justicia Federal. Es decir, que uno de los delitos que más ha crecido, se ha masificado y se ha esparcido sigue siendo considerado como un delito de carácter excepcional y no común, dando intervención sólo a la Justicia Federal sin la participación de la Justicia Provincial. 

Es por ello, que seguimos teniendo una congestión y aglomeración de causas en dos juzgados federales y solamente se cuenta con dos jueces para juzgar los delitos de narcotráfico para una población cercana a los dos millones de habitantes como es la de Rosario y su zona contigua, como así también sucede con el resto del territorio provincial donde se esparce y agrava esta problemática.  

El diseño por el cual los delitos de narcotráfico son tenidos en cuenta como federales proviene de la mirada de la década del ´70 y´ 80 del siglo pasado, cuando estos delitos estaban vinculados a los pasos fronterizos y a la producción de sustancias médicas y legales. 35 años después, nadie puede dudar de que son delitos comunes en donde la producción, distribución y venta de droga se hace en el interior del país y su ramificación está en todas las ciudades argentinas.  

Esta ley que proponemos busca que la Justicia Provincial (sus fiscales, agencia de investigaciones y jueces) se aboque conjuntamente con la Justicia Federal a la investigación y juzgamiento de estos delitos.  

La Fiscalía Regional de Rosario el MPA cuenta solamente con 87 fiscales y más de 40 jueces penales. El contraste es evidente y la consecuencia de este atraso legislativo es la falta de respuesta al problema. 

La ley que se propone, ya la vienen aplicando las provincias de Bs As, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco, entre otras. Santa Fe es la única provincia en el centro del país que mantiene un esquema judicial de la década del ´80 del siglo XX y las promesas de más jueces y fiscales nacionales tienen la misma antigüedad. 

Esta ley no es condición suficiente pero sí necesaria para empezar a abordar eficientemente el problema del narcotráfico en Rosario y otras zonas de Santa Fe. Es sin duda, ineludible para  empezar un camino distinto y superador a fin de ir contrarrestando el crecimiento del narcotráfico en la ciudad y terminar con la peregrina idea de que dos jueces federales, que se deben a organismos nacionales en la capital del país, puedan abordar esta gruesa  problemática santafesina con mejores resultados de los que obtendrían con la gran cantidad de recursos provinciales que tenemos en materia penal y que hoy no participan en la investigación y juzgamiento de los delitos de narcotráfico. 

El resto de las provincias nos han sacado una ventaja importante en el diseño e implementación de sistemas de persecución y juzgamiento del narcotráfico y si bien la problemática es fuerte en todo el país, en ningún lugar es tan fuerte como en Rosario.  

Por ello, es impostergable dar inicio a este cambio de modelo judicial que va a llevar un tiempo en implementarse pero que es imprescindible antes de que sigamos insistiendo con remedios que ya no funcionan. 

Hace dos años que la Justicia Federal rosarina en materia de narcotráfico está sobrepasada por la situación. De las cerca de 3000 causas de narcotráfico que atienden sólo 2 juzgados, casi el 80% son de tenencia para consumo personal, lo que claramente no es el problema que nos lacera como sociedad. El 20% de las causas restantes que están vinculadas al narcotráfico se encuentran demoradas por una Justicia Federal lenta y poco eficiente.  

Volvemos a poner de relieve la necesidad de que Santa Fe esté a tono con el resto de las provincias y dar inicio a un sistema de abordaje penal al problema de la venta de droga más abarcativo, amplio y eficiente que la situación actual exige.