Un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales GSO, recibió una condena de 12 años de prisión efectiva tras comprobarse su responsabilidad en graves delitos contra la integridad sexual y violencia de género. La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Rufino. La investigación, que permitió esclarecer los hechos y lograr la condena, fue liderada por la fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante todo el proceso judicial.

Según detalló la fiscal Rafaela Florit, los abusos sexuales fueron perpetrados de manera reiterada entre junio de 2017 y octubre de 2024. El condenado aprovechó la convivencia en la vivienda que compartía con la familia para cometer los ilícitos. La funcionaria judicial subrayó que el agresor se valió de su posición de poder y autoridad sobre la menor para vulnerar su integridad de forma sistemática. Estos actos fueron calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos agravados por la guarda y la convivencia.

Además de los abusos contra la menor, el fallo contempló la violencia ejercida contra la madre de la niña. El 13 de octubre de 2024, el hombre protagonizó un episodio de extrema violencia tras una discusión. En esa oportunidad, amenazó de muerte a su pareja para evitar que lo denunciara y posteriormente le propinó golpes en el rostro. Por estos hechos, fue condenado por amenazas simples y lesiones leves dolosas, agravadas por el vínculo y la violencia de género. También se le sumó el delito de desobediencia judicial.

Durante la audiencia de juicio abreviado, el imputado admitió expresamente su culpabilidad en todos los hechos atribuidos por la Fiscalía. Junto a su defensa técnica, manifestó su conformidad con la calificación legal y la pena impuesta por la magistrada. La fiscal Rafaela Florit confirmó que la víctima mayor de edad fue debidamente informada sobre los alcances de la resolución judicial y expresó su acuerdo con el veredicto, tanto por los ataques que ella misma sufrió como por los delitos cometidos contra su hija menor de edad.

Es importante destacar que, para preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización, las autoridades judiciales han decidido no difundir el nombre completo ni el apellido del condenado. Este caso pone de manifiesto la importancia de las denuncias en contextos de violencia intrafamiliar y el trabajo de las instituciones para garantizar justicia en situaciones de vulnerabilidad. La sentencia de 12 años de prisión representa un paso fundamental en la protección de los derechos de las víctimas y la sanción de los delitos de género en la región.